Según se informa, los nuevos agentes, ejercerán funciones en “modalidades de intervención física y digital”.

El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del control policial de la sociedad al anunciar la creación de una Unidad de Agentes Encubiertos. Esta medida, que incluye operaciones tanto físicas como digitales, marca según el ministerio, un hito en la centralización y profesionalización de las fuerzas de seguridad en Argentina. Aunque la resolución aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, ya se han conocido detalles del plan a través de documentos oficiales.

Control sin precedentes

Entre las medidas más destacadas se encuentra la autorización para que estos agentes actúen también en redes sociales, ampliando su capacidad de vigilancia y adaptándose a los espacios digitales. Además, se vincula esta iniciativa a otros avances recientes en investigación criminal, como la implementación de un nuevo protocolo de reconocimiento facial (similar al utilizado por el partido comunista en China) con alcances confidenciales, lo que refuerza la tendencia hacia un monitoreo integral de la población.

Unidad con objetivos amplios

El organismo, que será liderado por Graciela Valeria Kowalewsky, experta en investigación criminal, tiene como metas:

• Identificar agentes especializados dentro de las fuerzas de seguridad y centralizar su información en un legajo único y confidencial.
• Desarrollar un curso de formación específica para agentes encubiertos, con colaboración de instructores policiales.
• Fomentar operaciones encubiertas en todo el país, tanto en el ámbito físico como digital.
• Proveer asistencia profesional y herramientas operativas para los agentes designados.

Implicaciones y críticas

Aunque se asegura que esta medida “no implica erogación presupuestaria alguna al Estado”, su implementación refleja un enfoque cada vez más intensivo en el uso de tecnología y agentes especializados para vigilar e intervenir en la sociedad. Los críticos han señalado que este tipo de medidas pueden derivar en excesos de control estatal y posibles vulneraciones a la privacidad y derechos civiles, al no estar acompañadas de una supervisión o auditoria independiente adecuada.

Este nuevo paso del Ministerio de Seguridad subraya la estrategia de Bullrich de profundizar las capacidades policiales hasta niveles inéditos, despertando tanto elogios como preocupaciones respecto a sus implicancias para las libertades individuales y el estado de derecho.

Según el periodista ultramacrista Luis Majul, Milei ya está trabajando en una reforma constitucional que le permita eternizarse en el poder.

El presidente argentino, Javier Milei, parece estar siguiendo el ejemplo de líderes autócratas como Nayib Bukele, Volodymyr Zelensky y Nicolás Maduro al planificar una reforma constitucional que podría extender su mandato y consolidar su poder. Según trascendió, Milei confía en una victoria arrasadora en las elecciones legislativas de 2025, lo que le permitiría reunir la mayoría parlamentaria necesaria para avanzar en una transformación profunda del régimen político argentino. Según el periodista macrista “ Milei sueña con un cambio de régimen radical que perdure décadas”.

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la eliminación de la figura del vicepresidente, adoptando un modelo similar al chileno. En caso de vacante presidencial, el poder sería asumido por el Jefe de Gabinete o el Ministro del Interior, lo que le permitiría a Milei designar a su hermana en una posición clave sin necesidad de someterla al voto popular.

Además, se baraja la posibilidad de modificar el artículo 90 de la Constitución para extender el mandato presidencial de cuatro a seis años, con opciones de alternancia que podrían facilitar su permanencia en el poder por varios períodos. Inspirado en el “modelo Bukele”, Milei argumenta que cuatro años no son suficientes para implementar las reformas profundas que propone su gobierno.

En el ámbito legislativo, la reforma contempla reducir el número de diputados de 257 a 150, transformando la Cámara en un organismo más compacto llamado Cámara de Representantes. Aunque el Senado no sufriría cambios significativos, se modificaría la forma de elección de su presidente, exigiendo una mayoría especial.

Otro aspecto polémico de la reforma sería la modificación del artículo 14 bis de la Constitución, redefiniendo derechos laborales y priorizando el derecho a circular sobre el derecho a huelga. Incluso podría eliminarse la figura del salario mínimo, una medida que los críticos consideran regresiva y favorable a las grandes corporaciones.

Estas propuestas revelan una estrategia que busca concentrar poder y reorganizar las instituciones para alinear el sistema político con los intereses del oficialismo, los indicios de este nuevo rumbo parecen verse reflejados en la compulsión del ejecutivo a gobernador por decreto, el intento de modificar el sistema electoral argentino eliminando las PASO, el nombramiento de jueces por decreto y la restricción pública del acceso a la información. en un camino que recuerda a otros mandatarios que han utilizado reformas constitucionales para extender su influencia más allá de los límites democráticos tradicionales.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA Córdoba), señalan que los intentos de evadir el pago del pasaje han crecido significativamente en el contexto de la recesión económica.

La recesión económica y el deterioro del poder adquisitivo están profundizando un problema creciente en Córdoba: la evasión del pasaje en el transporte público. La semana pasada, un chofer de la línea 51 de Tamse fue agredido en el barrio Nuestro Hogar 3 por un pasajero que intentaba viajar sin pagar, lo que provocó la suspensión del servicio en la punta de línea durante varias horas como medida de protesta.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA Córdoba), advierten que los intentos de evadir el pago del boleto se han disparado en los últimos meses. “En barrios periféricos como Nuestro Hogar 3, Angelelli, Rivadavia, Comercial, Villa El Libertador y Ampliación Cabildo, la conflictividad entre choferes y pasajeros es cada vez más frecuente. A diario suben usuarios que no quieren pagar el pasaje”, señaló Sergio Acosta, secretario adjunto del gremio.

Según Acosta, muchos conductores optan por evitar confrontaciones para resguardar la seguridad del resto de los pasajeros, lo que a menudo implica permitir que algunos viajen sin abonar. Sin embargo, esta estrategia no siempre logra evitar episodios de violencia.

Los usuarios suelen argumentar falta de dinero o problemas para recargar saldo como justificación para no pagar. Además, la carencia de puntos de recarga en las zonas más vulnerables y las demoras en la acreditación de pagos digitales empeoran la situación. Una pasajera relató: “A veces he esperado hasta 48 horas para que se acredite un pago desde mi billetera virtual. Siempre trato de cumplir, pero entiendo que otros usen esta demora como excusa”.

Con el boleto a $1.200 tras un reciente aumento del 30%, la crisis económica está empujando a más personas a buscar formas de evitar el costo, exacerbando las tensiones sociales y convirtiendo esta problemática en un desafío urgente tanto para trabajadores como para pasajeros del sistema de transporte público.

Un joven de 17 años murió y varias personas resultaron heridas tras un tiroteo infernal ocurrido en la madrugada del domingo en Villa Lugano.

Mientras la Ciudad despliega cinematográficos operativos policiales para detener a vendedores ambulantes, como el reciente caso en Plaza Congreso donde cuatro trabajadores que vendían salchipapas fueron arrestados en un procedimiento que muchos calificaron de excesivo, la inseguridad en barrios como Villa Lugano sigue escalando de manera alarmante.

En la madrugada del domingo, un joven de 17 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un tiroteo en las calles Chilavert y Araujo, en el Barrio 20 de Villa Lugano. La violencia, aparentemente ligada a disputas narco o enfrentamientos entre clanes por territorio, dejó un saldo trágico: un fallecido con antecedentes por robo y múltiples heridos, dos de ellos trasladados al Hospital Cecilia Grierson y cuatro al Hospital Piñero.

Aunque la Policía de la Ciudad actuó en el lugar y detuvo a un presunto autor del tiroteo, el contexto revela una problemática más profunda: el avance de la inseguridad vinculada al narcotráfico. Apenas dos días antes de este enfrentamiento, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, se jactaba en redes sociales de la realización de un operativo en el Barrio 20 que resultó en la detención de cuatro personas por posesión de drogas y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes ante el crecimiento de la violencia y el control territorial narco, que amenaza la tranquilidad de los vecinos. La paradoja es evidente: mientras se movilizan recursos policiales para perseguir a vendedores informales que intentan ganarse la vida en un contexto de recesión económica, o desalojar a personas en situación de calle, en zonas como Lugano el conflicto narco sigue cobrando vidas. Esto deja en evidencia una falta de enfoque estratégico en las prioridades de seguridad y protección ciudadana.

Es por la compra de tres submarinos clase “Scorpene” al astillero de mayoría estatal francés Naval Group, el costo de cada unidad rondaría los 766 millones de dólares.

El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha dado un paso significativo hacia la adquisición de tres submarinos “Clase Riachuelo” (versión del submarino francés Scorpene diseñada para Brasil) a través de la firma de una carta de intención a con Naval Group, empresa controlada mayoritariamente por el Estado francés. Esta negociación implica una inversión de 2.310 millones de dólares, financiada mediante un crédito plurianual que se encuentra incluido en el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo.

Durante una visita oficial a Francia en octubre, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe de la Armada, VL Carlos Allievi, firmaron una Carta de Intención (LOI) que, aunque no vinculante, establece las bases para avanzar en un contrato definitivo. Los submarinos propuestos, diseñados específicamente para misiones de largo alcance, cuentan con una autonomía de hasta 70 días bajo el agua, una eslora de 71,6 metros, y la capacidad de lanzar hasta 18 torpedos F-21 o misiles como el SM-39 Exocet y el Harpoon. La construcción de estas unidades podría realizarse íntegramente en Francia (la opción que suena con más fuerza), con la posibilidad de fabricar/ensamblar algunas piezas en Argentina, aunque el proyecto descarta la participación de Brasil, pese a las similitudes con el modelo brasileño.

Impacto presupuestario y prioridades cuestionadas

La decisión de priorizar esta millonaria inversión militar ha generado fuertes críticas, ya que se da en un contexto donde la educación, la ciencia y la investigación enfrentan recortes presupuestarios severos que ponen en riesgo su funcionamiento. Según analistas, el presupuesto destinado a estos sectores se encuentra en uno de los niveles más bajos de la historia reciente, afectando directamente la calidad educativa, el acceso a becas y el financiamiento de proyectos científicos esenciales para el desarrollo del país.

En contraste, el gasto en defensa para reponer la capacidad submarina perdida tras el siniestro y hundimiento del ARA San Juan en 2017—tragedia que marcó al país y desató controversias políticas por las irregularidades en la gestión del gobierno de Mauricio Macri que entre otras cosas incluyó el espionaje ilegal a los familiares de los marinos fallecidos—aparece como una prioridad para la administración actual. Aunque se reconoce la importancia de contar con una flota moderna para proteger la soberanía marítima, semejante inversión de una compra “llave en mano” genera preguntas sobre el equilibrio entre seguridad nacional y desarrollo.

Argumentos a favor y en contra

Los defensores del proyecto señalan que los submarinos “Clase Riachuelo” son necesarios para recuperar capacidades estratégicas en un contexto de creciente actividad y relevancia geopolítica del Atlántico Sur, como la explotación de recursos naturales y la presencia de flotas extranjeras. Además, subrayan que la incorporación de tecnología avanzada y sistemas de armas modernos posicionará a Argentina entre los países con una defensa marítima de primer nivel.

No obstante la aprobación del crédito para los submarinos aún depende del Congres Nacional, lo que abre la puerta a un debate sobre el rumbo que debe tomar Argentina en un contexto de crisis económica y discursos de austeridad con ajuste selectivo. Mientras el gobierno avanza con este proyecto, la comunidad educativa y científica espera respuestas ante un panorama que amenaza con profundizar la precarización en sectores clave para el desarrollo del país, un ajuste que va a contramano del rumbo tomando hace décadas por los países hoy desarrollados admirados por la administración libertaria.

El expresidente, publicó un insólito tuit donde declaro que “la Academia es su segundo equipo”.

Mauricio Macri generó una fuerte polémica y repudio tras felicitar públicamente a Racing Club por la obtención de la Copa Sudamericana 2024. El expresidente, identificado históricamente con Boca Juniors, sorprendió al declarar en redes sociales que la “Academia” es su “segundo equipo”. “¡Enorme alegría! Felicitaciones a la Academia. Siempre dije que Racing era mi segundo equipo. Mi reconocimiento a los jugadores y al cuerpo técnico por este logro”, publicó en X (ex Twitter).

Enorme alegría!!! Felicitaciones a la Academia! Siempre dije que Racing era mi segundo equipo. Mi reconocimiento por este logro a todos los jugadores y al cuerpo técnico 👏👏👏

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 23, 2024

Sin embargo, sus palabras no tardaron en desatar críticas y rechazos desde distintos sectores del mundo futbolístico, acusándolo de hipócrita y oportunista. Dirigentes cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se mofaron del exmandatario, señalando: “Ojalá el Gobierno advierta que el problema con la AFA sos justamente vos”.

Relación con las SAD y la historia de Racing

El vínculo entre Macri y Racing remite a la gestión de Fernando “Pipo” Marín, su aliado político en la AFA y responsable del polémico gerenciamiento de Racing a través de Blanquiceleste S.A. entre 2000 y 2008. Aunque esa etapa trajo el histórico título de 2001 con Reinaldo “Mostaza” Merlo, también dejó al club al borde de la quiebra y luchando por el descenso en 2008.

La publicación de Macri reavivó el rechazo a las sociedades anónimas deportivas (SAD), modelo que el exmandatario impulsó durante su gestión política. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, fue especialmente crítico: “¡Qué lindo falso e hipócrita sos! Nada de lo que tocás termina bien. Ojalá el Gobierno advierta que el problema con la AFA sos justamente vos”, escribió, subrayando que Racing es una asociación civil, un formato que Macri ha intentado reemplazar en el fútbol argentino.

Qué lindo falso e hipócrita Sos !! Inútil. Nada de lo que tocas, termina bien !! Ojalá el Gobierno advierta, que el problema con AFA, sos Justamente Vos !! Ahora …. a comerlaaaaaa !! Felicitaciones a la ASOCIACIÓN CIVIL RACING CLUB !! Linda Mañana para el Futbol Argentino !! https://t.co/8LOO1CKe34

— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 24, 2024

Un triunfo que refuerza a la AFA y la oposición a las SAD

El título de Racing, encabezado por Víctor Blanco, actual secretario general de la AFA y aliado de Tapia, fue destacado como un ejemplo de gestión institucional. Blanco, firme opositor a las SAD, declaró recientemente: “Demostramos que lo que se promete con una SAD también puede lograrse siendo una asociación civil. Racing hoy es un ejemplo de cómo se maneja un club de esta forma”.

La celebración de Macri no logró ocultar el rechazo generalizado, evidenciando una tensión persistente entre su figura y un modelo de fútbol que busca fortalecer la identidad de los clubes como asociaciones civiles.

El gobierno busca replicar la estrategia de Mauricio Macri en 2015, cuando quiso designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El Gobierno admite que evalúa designar jueces en la Corte Suprema por decreto, una maniobra que busca asegurar una mayoría afín en el máximo tribunal. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, confirmó que se analiza la posibilidad de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla si no se consiguen los votos necesarios en el Senado. Esta estrategia recuerda a la polémica decisión de Mauricio Macri en 2015 de intentar designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Francos, en diálogo con Radio Mitre, reconoció que la intención oficial es someter las designaciones al Senado, pero admitió las complicaciones derivadas de la falta de mayoría oficialista: “Cuando estás en minoría todo cuesta más. Ojalá pudiera funcionar, pero evaluamos todas las alternativas”. Según Alejandro Bercovich, quien adelantó esta posibilidad en su columna “LOBBY” en elDiarioAR, la maniobra buscaría neutralizar un eventual bloqueo opositor y fortalecer el control gubernamental sobre la Corte Suprema.

La propuesta ha generado críticas por evocar prácticas como la “mayoría automática” del menemismo, que subordinó políticamente a la Corte Suprema, despertando preocupaciones sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en un momento crítico para el país.

La empresa ocupó los últimos puestos de un ranking internacional: quedó entre las 6 peores líneas aéreas del mundo. En solo una semana, canceló 28 vuelos.

Flybondi, la aerolínea low-cost dirigida por Mauricio Sana, atraviesa un periodo crítico que la posicionó entre las 6 peores aerolíneas del mundo según un reciente ranking internacional. En solo una semana, la empresa canceló 28 vuelos, lo que equivale a un promedio de cuatro vuelos diarios, evidenciando serias falencias operativas y una evidente incapacidad de satisfacer las necesidades del mercado interno argentino.

Cancelaciones masivas y reclamos de los pasajeros

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) había notificado previamente a Flybondi por sus cancelaciones recurrentes, acumulando al menos 23 vuelos suspendidos en semanas anteriores. Esto generó un aluvión de quejas por parte de pasajeros que enfrentaron retrasos y cancelaciones inesperadas. Estas irregularidades no solo afectan la confianza de los usuarios, sino que también plantean dudas sobre la capacidad de la aerolínea para operar de manera eficiente en un contexto de creciente demanda de vuelos domésticos.

Problemas técnicos y seguridad en tela de juicio

A las cancelaciones se suman preocupaciones relacionadas con la seguridad. Recientemente, un vuelo de Flybondi (FO5020) que iba de Aeroparque a Córdoba sufrió un desperfecto técnico en pleno trayecto, obligándolo a aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según voceros de la empresa, el avión presentó una “novedad técnica” que requirió la intervención del equipo de mantenimiento antes de poder continuar su recorrido. Aunque la compañía minimizó el incidente, este tipo de situaciones alimenta el escepticismo respecto a la calidad y el mantenimiento de su flota.

Un modelo low-cost que no despega

El desempeño de Flybondi pone en evidencia los límites de un modelo low-cost que parece priorizar la reducción de costos por encima de la seguridad, calidad del servicio y la satisfacción del cliente. En un país donde el transporte aéreo cumple un rol clave para conectar regiones y estimular el turismo interno, la aerolínea no solo incumple expectativas, sino que también genera trastornos significativos para los pasajeros.

Las recientes cancelaciones masivas, problemas técnicos y el pésimo lugar en rankings internacionales refuerzan la necesidad de una regulación más estricta y un replanteo en el modelo operativo de Flybondi. Si la aerolínea no toma medidas inmediatas para mejorar su performance, corre el riesgo de perder su posición en un mercado interno que exige estándares de calidad y seguridad mucho más elevados.

Un informe de la UBA revela que el salario mínimo cayó 28% en el último año, ubicándose en niveles inferiores a los de 2001, año en el que se desató una profunda crisis socioeconómica.

Un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) sufrió una caída real del 28% en el último año, ubicándose en niveles inferiores a los de 2001, año marcado por una profunda crisis socioeconómica. A pesar de la estabilidad relativa del empleo formal, el poder adquisitivo de los trabajadores continúa en franco deterioro debido a una inflación persistente y el aumento de costos básicos.

Según el informe, titulado Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones, esta tendencia negativa comenzó en diciembre de 2023, con una contracción del 15%, y continuó en enero de 2024 con una caída adicional del 17%. Aunque se registró cierta estabilidad durante algunos meses, la pérdida del poder adquisitivo se intensificó nuevamente desde junio y se prolongó hasta octubre. En términos históricos, el SMVM acumula una pérdida real del 60% desde 2011, año en el que alcanzó su punto más alto.

Consumo y mercado laboral en crisis

El empleo formal, aunque estable, no ha logrado compensar el impacto de la caída salarial. En agosto de 2024, los trabajadores registrados en los sectores público, privado y de casas particulares totalizaron 10,1 millones, un leve incremento de 1.600 puestos respecto al mes anterior. Sin embargo, este número sigue reflejando una contracción prolongada, con niveles similares a los de noviembre de 2022, en plena recuperación pospandemia.

Los coordinadores del estudio, Roxana Maurizio y Luis Beccaria, señalaron que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores tiene un impacto directo en la economía. La pérdida de ingresos afecta el consumo interno, que es uno de los motores fundamentales del crecimiento, y genera un círculo vicioso que perpetúa la desaceleración económica y la recesión.

Contexto estructural y desafíos

La caída del salario mínimo se da en un contexto de crisis estructural marcado por el aumento sostenido de precios, ajustes tarifarios y la falta de políticas salariales que compensen la inflación. Este fenómeno no solo profundiza las desigualdades sociales, sino que también limita la capacidad de recuperación de la economía al restringir el acceso a bienes y servicios básicos para gran parte de la población.

Con un salario mínimo por debajo de los niveles de 2001, los trabajadores enfrentan un panorama complejo en el que la estabilidad laboral no garantiza un ingreso suficiente para sostener un nivel de vida adecuado. Este retroceso plantea la urgente necesidad de políticas públicas que protejan el poder adquisitivo y estimulen el mercado interno como vía para revertir el deterioro socioeconómico.

El intendente macrista de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sugirió que “le plantan” indigentes y delincuentes que no son de su ciudad.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, desató una nueva polémica al celebrar públicamente el desalojo de personas en situación de calle en Mar del Plata. A través de un video en sus redes sociales, mostró un operativo policial donde agentes interrumpen a una pareja de indigentes, advirtiéndoles que “se terminó el diálogo”. Con el lema “Se terminó”, Montenegro no solo validó la acción, sino que reforzó un discurso de criminalización hacia los sectores más vulnerables.

Desde distintos sectores políticos y sociales, surgieron críticas contundentes hacia esta postura. La dirigente de izquierda Myriam Bregman calificó de “basura” al intendente y denunció la violencia institucional como una herramienta sistemática contra los más pobres: “Todos matones contra los más débiles”. Nicolás Del Caño, también referente de la izquierda, lo tildó de “cobarde” y le reprochó la criminalización de la pobreza, una problemática que tiene raíces en las políticas que él mismo sostiene.

Montenegro, lejos de retroceder, intensificó su discurso al acusar a Juan Grabois y a organizaciones sociales de “enviar delincuentes” a la ciudad, buscando adjudicar a estos sectores una supuesta estrategia de desestabilización. En lugar de abordar el aumento de la indigencia en un distrito donde más de 360 mil personas viven por debajo de la línea de pobreza, el intendente recurrió a una narrativa securitista y deshumanizadora, asociando la marginalidad con la criminalidad.

Un patrón reiterado de odio y desprecio a los más necesitados

Este caso no es aislado, sino parte de un patrón creciente en sectores del PRO y libertarios que buscan instalar la securitización de la pobreza como una política de Estado. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, jefe de Gobierno, comparó recientemente a las personas en situación de calle con “basura” y minimizó su problemática al sugerir que los cajeros automáticos son sus “monoambientes”. Además, impulsó campañas de desalojo y hasta llegó a pedir que la ciudadanía deje de brindar ayuda solidaria: “No les den de comer”, enfatizó su ministro de Seguridad, Diego Kravetz, quien también amenazó con expulsar a estas personas de la ciudad.

¿Sacarle a una persona en situación de calle lo poco que tiene? Se ve que nunca te faltó nada, monigote. Sos una basura.

Para esto necesitamos tener ley provincial para personas en situación de calle. Para que los hijos de puta como Montenegro no se sigan creyendo impunes. https://t.co/LmFTxAKHB9

— Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) November 22, 2024

En un marco nacional, el presidente Javier Milei refuerza este paradigma de exclusión con declaraciones que naturalizan la desigualdad extrema. Al defender su postura de no intervención frente a la creciente crisis económica, afirmó: “Si la gente se muere de hambre, de alguna manera decidirá algo para no morirse”, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado ante la precarización de la vida.

La securitización de la pobreza como herramienta política

Estas actitudes reflejan una estrategia política que busca trasladar el foco de la crisis económica y social hacia los sectores más vulnerables, reforzando discursos de odio y estigmatización. En lugar de atender las raíces estructurales de la desigualdad, estas políticas priorizan la represión y la criminalización de quienes sufren las consecuencias más duras del modelo económico actual.

Mientras las cifras de pobreza y marginalidad alcanzan niveles alarmantes en Argentina, la respuesta de estos sectores políticos evidencia una desconexión total con la realidad de miles de personas a quienes prácticamente le niegan su condición humana. La insensibilidad ante la precarización de la vida no solo expone un desprecio por los derechos básicos, sino que profundiza un clima de polarización y violencia simbólica contra quienes menos tienen.