El ajuste del gobierno de Javier Milei sigue impactando: el 65,5 por ciento de los niños vive en situación de pobreza y el 35,3 por ciento de los trabajadores es pobre. El nivel de indigencia trepó al 12,9 por ciento.

La pobreza en Argentina sigue golpeando con fuerza. Según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi la mitad de los argentinos (49,9%) vivió en situación de pobreza entre julio y octubre de 2024, mientras que la indigencia afectó al 12,9% de la población. Estas cifras son alarmantes, pues, aunque reflejan apenas una leve mejoría respecto al pico histórico del primer trimestre de 2024 (55,9%), se mantienen cerca de los máximos de las últimas dos décadas y muestran un deterioro significativo en comparación con el 44,7% registrado a finales de 2023.

El informe titulado “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto”, presentado por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), describe un panorama devastador. Salvia destacó que Argentina atraviesa una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modelo político-económico fallido basado en consumo financiado con déficit y endeudamiento. Las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei, como devaluaciones y recortes en el gasto público, si bien no alcanzaron la magnitud esperada, han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de la población.

“La población no siente alivio en el bolsillo porque si bien bajó la inflación cambiaron los gastos fijos en los hogares destinados a pagar servicios como luz o agua. A su vez en el IPC no está bien representada esta ponderación. La mejora en la inflación no está yendo al consumo“, explicó Salvia.

La niñez, la cara más trágica de la pobreza

Los más afectados por esta crisis son los niños. El 65,5% de los menores de entre 0 y 17 años vive en pobreza, y dos de cada diez están en condiciones de pobreza extrema. Este índice ha empeorado ininterrumpidamente desde 2018, evidenciando una desinversión generacional profunda. Mientras que en 2011-2012 el 40% de los niños eran pobres, hoy esa cifra se ha disparado, afectando especialmente a los hogares con menos capital social, donde se concentra la pobreza extrema.

El rol de los planes sociales

En este contexto, los programas de asistencia social se han convertido en un pilar para evitar un desastre aún mayor. Según la UCA, el 36,3% de los hogares en áreas urbanas recibe algún tipo de ayuda estatal. Sin estos programas, la pobreza ascendería al 55,4% y la indigencia alcanzaría un alarmante 23,2%. A pesar de una leve disminución de la inflación y del desempleo, las mejoras en los indicadores son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Las deudas sociales acumuladas durante dos décadas de crecimiento desigual, estancamiento y crisis estructural siguen siendo una amenaza para el futuro del país. El panorama es sombrío y refleja la necesidad urgente de políticas que no solo detengan el deterioro, sino que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en Argentina.

Esta vez las declaraciones corresponden al diputado libertario Manuel Quintar, quien aseguró que en el PAMI hubo una “fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”.

Desde el oficialismo, continúan las declaraciones en defensa y celebración del recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, argumentando que se trata de una medida “necesaria” para racionalizar los recursos del Estado. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, se convirtió en una de las voces principales en justificar la decisión, calificando la política previa como “una fiesta de excesos”.

“Hubo una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”, afirmó Quintar, quien sostuvo que la medida busca garantizar los beneficios solo para quienes realmente los necesitan. Según el legislador, el nuevo esquema permitirá “racionalizar el uso de medicamentos” al priorizar a los jubilados de menores ingresos.

Restricciones justificadas como eficiencia

El recorte establece que quienes perciban más de $388.500 mensuales deberán realizar un trámite para demostrar que necesitan los medicamentos gratuitos, lo que desde el oficialismo se presenta como un paso lógico para evitar abusos. Quintar incluso sugirió que muchos beneficiarios cuentan con ingresos adicionales “en blanco o en negro” o con otras coberturas, lo que, según él, justificaría la restricción.

Además, el diputado defendió el recorte como un ejemplo de “responsabilidad fiscal”, asegurando que el gobierno de Javier Milei no permitirá “seguir tirando plata a todos lados”. Desde su perspectiva, esta medida garantiza un uso eficiente de los recursos, alineándose con la agenda de austeridad promovida por el oficialismo.

Silencio y críticas

Mientras Quintar celebraba el ajuste, su colega de bancada Lisandro Almirón evitó responder preguntas al respecto y se limitó a cuestionar el enfoque de la prensa.

Las justificaciones del oficialismo han generado críticas desde diversos sectores, que advierten sobre las consecuencias de esta medida para los jubilados más vulnerables. A pesar de ello, las declaraciones de Quintar reflejan una postura firme en la defensa de la política, presentada como una acción necesaria para el “ordenamiento” de los recursos públicos.

El comisario general Luis Rolle está acusado de trasladar en un avión de la fuerza a sus parientes y allegados a la boda que celebró el pasado 5 de octubre en una estancia.

El comisario general Luis Rolle, máxima autoridad de la Policía Federal, enfrenta duras críticas tras conocerse que usó un avión de la Policía Federal para transportar familiares y allegados a la fiesta de su casamiento, celebrada el pasado 5 de octubre en una estancia en Corrientes.

El polémico viaje, realizado el 3 de octubre desde el hangar de la Policía Federal en Ezeiza, habría involucrado un Viking DHC-6-400 Twin Otter matricula LQ-JKE, una aeronave adquirida en 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El avión, con capacidad para poco más de diez personas, fue utilizado para llevar a los invitados a la celebración, que inicialmente estaba planeada para 300 asistentes pero finalmente se redujo a un evento más íntimo.

Contexto y antecedentes

La decisión de Rolle de restringir la magnitud de la fiesta habría respondido a dos factores: el reciente escándalo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el uso indebido de una casona para eventos VIP, y rumores en el Ministerio de Seguridad sobre posibles cambios en la cúpula de la Policía Federal.

El caso recuerda el episodio que terminó con la salida del ex titular de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo, quien también fue acusado de usar aviones oficiales para fines personales, incluyendo reuniones sociales en Entre Ríos.

Repercusiones

El uso de recursos oficiales para fines personales por parte de Rolle intensifica el malestar en las fuerzas de seguridad, ya golpeadas por recientes escándalos de corrupción y mala gestión. Aunque el comisario buscaba evitar motivos para su desplazamiento, el episodio podría precipitar su salida, en un contexto en el que ya se discutían cambios en la cúpula policial desde la llegada de Bullrich al ministerio.

Este incidente subraya la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en el manejo de recursos públicos en las fuerzas de seguridad, una problemática recurrente que sigue minando la confianza en las instituciones.

Las polémicas declaraciones pertenecen a Martín Ardohain, diputado nacional y presidente del PRO pampeano, fue uno de los legisladores que apoyó el veto del presidente Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios.

Cada vez más funcionarios alineados al gobierno libertario justifican la quita de medicamentos a los jubilados, evidenciando un creciente respaldo al ajuste en políticas sociales y una desconexión total con la dura realidad de millones de jubilados. En recientes declaraciones televisivas, el diputado nacional y presidente del PRO en La Pampa, Martín Ardohain, generó polémica al defender medidas que afectan directamente a los jubilados.

Ardohain, quien ya había apoyado el veto del presidente Javier Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios, argumentó que aquellos jubilados que perciben $400 mil pueden “bancarse” no recibir un aumento o incluso enfrentar recortes en la entrega gratuita de medicamentos. Estas afirmaciones han intensificado el debate sobre el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad.

El legislador también respaldó la gestión de Milei en términos del “déficit cero” y la “reducción de la inflación”, celebrando la austeridad fiscal como un objetivo prioritario. Sin embargo, lanzó una advertencia sobre el uso de estas medidas: “Creo que la gente bancó la motosierra, pero a partir de ahora hay que tener mucho más cuidado con la motosierra”.

Aunque Ardohain intentó matizar sus declaraciones con una crítica leve al estilo de gobierno, señalando la necesidad de mayor diálogo, enfatizó que el PRO sigue alineado con las directrices del libertarismo económico. “Nos gustaría un presidente con mucho más diálogo. Nosotros somos un partido de diálogo y le pedimos eso al presidente. Mauricio (Macri) se lo pide en cada reunión que tenemos, porque, aunque se puede gobernar en minoría, necesitamos una Argentina integrada”, concluyó.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que las políticas de ajuste están siendo justificadas por sectores políticos afines, incluso cuando afectan de manera directa a los jubilados y otros grupos vulnerables pese a que en su discurso el gobierno afirma que solo ajusta a la “casta política”.

El Gobierno Nacional prepara una serie de modificaciones a algunos artículos de las leyes de Defensa y de Seguridad interior para permitir el empleo de las Fuerzas Armadas en acciones policiales.

El gobierno de Javier Milei avanza en la modificación de normativas clave para permitir que las Fuerzas Armadas actúen “contra el terrorismo y el narcotráfico“, especialmente en zonas fronterizas. La iniciativa, que incluye cambios en las leyes de Defensa y Seguridad Interior, se aceleró tras un video donde presuntos narcotraficantes amenazaron con armas de guerra a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, lo que ha despertado fuertes sospechas sobre la autenticidad de su contenido y las intenciones del mismo.

Modificaciones propuestas y su alcance

El principal cambio busca alterar el Decreto 727 de 2006, que restringe la intervención militar a conflictos internacionales. Esta normativa había sido flexibilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue restablecida en 2020 bajo la administración de Alberto Fernández. Con las nuevas modificaciones, las Fuerzas Armadas podrían realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, e intervenir en flagrancia en casos que se consideren amenazas graves, como narcotráfico o terrorismo.

Además, se evalúan cambios en la Ley de Seguridad Interior para extender la actuación militar a posibles ataques de grupos extranjeros como Hamás o Hezbollah, lo que evidencia una fuerte influencia de la política de seguridad de Israel y Estados Unidos. Durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas en Mendoza, el ministro Luis Petri adelantó que el Ejército podría desplegarse en ciudades fronterizas con Paraguay, Bolivia y Brasil para tareas de vigilancia y control.

El debate sobre la seguridad interior

La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior ha generado polémica. Mientras el gobierno argumenta que el contexto actual exige un enfoque más amplio, críticos advierten que esto contradice la tradición constitucional de limitar el accionar militar a conflictos externos. También se cuestiona la potestad otorgada al Ministro de Defensa para autorizar estas intervenciones, una facultad que históricamente ha recaído en el Presidente como Comandante en Jefe.

Un contexto de tensión social y económica

Este movimiento se da en un marco de creciente conflictividad social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Milei, junto con llamados a la paciencia mientras se estabiliza la economía, han provocado malestar en la población. Según analistas, el énfasis en el discurso de seguridad podría ser una estrategia para desviar la atención de la crisis social y justificar medidas represivas, incluyendo la participación militar en tareas de seguridad interna.

Influencias externas y agendas regionales

El alineamiento de la administración Milei con Estados Unidos e Israel ha reforzado la adopción de políticas de seguridad orientadas a sus intereses geopolíticos. Esto incluye la visión de América Latina como un socio estratégico para la seguridad global de EE.UU., una postura defendida por figuras como Patricia Bullrich. Este enfoque podría consolidar el papel de Argentina como gendarme regional, pero a costa de derechos humanos y sociales, la soberanía y el equilibrio de poderes interno.

El debate sigue abierto y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos constitucionales, en un contexto de profundas tensiones sociales y creciente desigualdad, el gobierno parece estar dispuesto a avasallar cualquier oposición en nombre de “la libertad, el orden y el progreso”.

Bajo el argumento de “equilibrar el mercado”, la Secretaría de Energía estableció nuevos precios de referencia para el gas envasado .

A partir del 3 de diciembre, el precio del gas envasado aumentó un 24%, llevando la garrafa de 10 kilos a $10.500. Si bien la Secretaría de Energía justificó esta medida como un intento de “equilibrar el mercado” y garantizar el suministro, el ajuste afecta directamente a los hogares más vulnerables, que dependen de este recurso para cocinar y calefaccionarse, especialmente en zonas donde no llega la red de gas natural.

Con este incremento, los precios de referencia son los siguientes:

• 10 kilos: $10.500
• 12 kilos: $12.600
• 15 kilos: $15.750

La medida, detallada en la Resolución 394/2024, busca acercar el precio local al valor de exportación, alineándose con un proceso de desregulación del mercado. Sin embargo, mientras el gobierno se enorgullece de ser un importante exportador de gas, millones de argentinos enfrentan dificultades para acceder a un bien esencial que ahora es más caro.

Este aumento no solo refuerza las desigualdades energéticas, sino que también profundiza la precariedad de quienes ya enfrentan problemas económicos. La garrafa, imprescindible en muchas comunidades, se convierte en un lujo difícil de costear, mientras la narrativa oficial prioriza objetivos macroeconómicos sobre el bienestar inmediato de los sectores más desprotegidos.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Julio Moreno Ovalle, justificó las nuevas restricciones implementadas por el PAMI para el acceso gratuito a medicamentos, argumentando que los recortes buscan priorizar el “déficit fiscal cero”.

La implementación de nuevas restricciones para el acceso gratuito a medicamentos a través del PAMI, defendida con frialdad por el diputado libertario Julio Moreno Ovalle, expone una vez más la insensibilidad del gobierno hacia los jubilados, priorizando una supuesta responsabilidad fiscal sobre el derecho a la salud de los ciudadanos más vulnerables.

“No creo que sea para tanto”, “los parientes pueden ayudar”, “No creo que los jubilados se mueran por esto”, “cuando la situación mejore, yo le garantizo que van a volver a tener los mismos beneficios todos los jubilados” fueron algunas de las afirmaciones del legislador libertario, quien evidentemente desestima la realidad de miles de jubilados que dependen de estos medicamentos para sobrevivir en el día a día.

"No creo que los jubilados se mueran por esto"

Después de que el Gobierno dispusiera que los jubilados que ganan más de $390 mil no reciban medicamentos gratis, el diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle sostuvo: "Pueden tener parientes que les ayuden". pic.twitter.com/nqGNw1EqwP

— Corta 🏆 (@somoscorta) December 3, 2024

El nuevo esquema impone condiciones que excluyen a una parte significativa de los afiliados, como no poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad o ganar ingresos inferiores a $390.000 mensuales. Este criterio ignora las complejidades de la vida de los adultos mayores, para quienes estos medicamentos no son un lujo, sino una necesidad vital. Además, el trámite burocrático para acceder a un “subsidio social” no solo representa una barrera adicional, sino que denota una falta de comprensión sobre la urgencia de estas necesidades.

La medida, presentada como una “gestión planificada y eficiente”, no es más que un ajuste cruel que sacrifica la salud de los jubilados en pos de un “déficit cero” que beneficia a pocos mientras perjudica a muchos. Lo más alarmante es la normalización del discurso que minimiza las consecuencias humanas de estas políticas. Al señalar que algunos jubilados poseen casas o autos de alta gama como justificación para las restricciones, Moreno Ovalle invisibiliza a quienes no tienen esa realidad y cuyas vidas penden de un hilo por la falta de acceso a sus tratamientos.

Este tipo de decisiones envían un mensaje claro: para el gobierno, los números son más importantes que las vidas humanas. La salud y el bienestar de los jubilados, quienes han contribuido durante toda su vida al sistema, son tratados como un costo prescindible. La indiferencia y desdén de los responsables solo profundizan la desesperación y la vulnerabilidad de quienes deberían ser prioridad en cualquier sociedad que se considere justa.

En el sector hotelero denuncian una “campaña de desprestigio” por parte del Gobierno Nacional para instalar que Brasil es un mejor destino que la costa bonaerense.

En los principales destinos turísticos de la costa bonaerense, el sector hotelero enfrenta una temporada de verano incierta, marcada por un alarmante nivel de reservas y consultas inusualmente bajo. Representantes del rubro denuncian que el Gobierno, lejos de proteger el turismo nacional, promueve a Brasil como destino prioritario, poniendo en jaque a miles de trabajadores y empresarios argentinos.

La Cámara de Turismo de Pinamar acusa una “campaña de desprestigio” orquestada desde sectores oficialistas para instalar la idea de que vacacionar en Brasil es más económico que en la costa argentina. Este discurso, reforzado en redes sociales, amenaza con desviar turistas hacia el país vecino en detrimento de destinos tradicionales como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

Las críticas apuntan directamente al embajador Daniel Scioli, señalado por fomentar esta tendencia a través de las promociones de Aerolíneas Argentinas, que duplicará los vuelos a Brasil esta temporada con ofertas en cuotas sin interés.

“Nos da tristeza que se impulse a Brasil mientras acá no se toman medidas para reducir la carga impositiva que asfixia a los hoteleros locales. Eso destruye el trabajo argentino”, expresó Alfredo Baldini, titular de la Cámara de Turismo de Pinamar.

Además, se cuestiona la falta de respuesta del Gobierno ante los reclamos de competitividad. Según Jorge Cocco, de la Asociación Hotelera de Villa Gesell, la promoción de destinos vecinos podría reducir en un 20% el flujo turístico a la costa bonaerense. Este impacto amenaza no solo las inversiones, sino también los empleos: “He recibido más de 50 currículums de personas buscando trabajo en Pinamar, pero la realidad es que no podremos contratar a todos”, lamentó Baldini.

La situación se agrava con el reciente decreto que elimina los feriados puente para 2025, decisión que, según el sector, profundiza el golpe al turismo interno. A pesar de las consecuencias previsibles, Scioli se ha mantenido en silencio, lo que refuerza las críticas hacia una estrategia que prioriza destinos internacionales por encima de los locales.

La industria turística representa un motor clave para las economías regionales en Argentina, generando empleos y dinamizando mercados locales. Sin embargo, las políticas actuales parecen favorecer a Brasil como destino competitivo, dejando en segundo plano la protección de la actividad turística nacional. Empresarios y trabajadores exigen un cambio urgente en esta dirección para evitar un derrumbe del turismo local que podría tener consecuencias devastadoras en la economía argentina.

Diarco continua con el cierre de sucursales y ya suma más de 180 despidos, su situación es un reflejo de la crisis económica del país.

El reciente cierre de dos sucursales de Diarco en Concordia, Entre Ríos, que dejó a 38 trabajadores sin empleo, se suma a una serie de cierres similares en todo el país y pone de manifiesto el colapso del mercado interno. En total, más de 180 despidos y una disminución sostenida de operaciones reflejan el impacto devastador de la actual crisis económica, agravada por las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La cadena mayorista, que desempeñaba un rol clave en la provisión de productos tanto para pequeños comerciantes como para consumidores finales, enfrenta una caída de ventas derivada de la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo de la población. El cierre de sus sucursales es una señal clara de cómo el deterioro de la economía afecta a las empresas que dependen de un mercado interno robusto.

Trabajadores despedidos relataron que el cierre fue abrupto, sin previo aviso, y que se encontraron con la noticia al llegar a sus lugares de trabajo. Desde el sector sindical, el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti, señaló que las políticas neoliberales y los ajustes fiscales han llevado a una crisis que golpea particularmente a las pequeñas y medianas empresas, dejando a miles de empleados en la incertidumbre.

La situación de Diarco no es un caso aislado. Los cierres en otras localidades, como Lanús, Berazategui y Chaco, también han resultado en despidos masivos. Este fenómeno no solo afecta al comercio mayorista, sino que refleja un problema estructural más amplio: la debilidad del mercado interno, agravada por políticas que favorecen la liberalización de precios, importaciones descontroladas y flexibilización laboral, mientras ignoran la necesidad de estímulos para la demanda y la producción local.

En este contexto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, sin alternativas laborales inmediatas y con un poder adquisitivo en constante deterioro. Mientras tanto, las políticas económicas actuales parecen beneficiar a los grandes actores económicos a expensas de los sectores más vulnerables.

El cierre de sucursales de Diarco y otras empresas del sector es un indicador alarmante de un sistema económico que no logra sostener el empleo ni dinamizar el consumo interno. Este escenario plantea una urgente necesidad de medidas que prioricen el fortalecimiento del mercado interno, la protección de las PyMEs y la generación de empleo como pilares fundamentales para superar la crisis económica que atraviesa el país.

Fuertes sospechas por supuesto video narco y el discurso de Bullrich: ¿un arma política contra la provincia de Buenos Aires?.

La difusión de un video donde una supuesta banda narco amenaza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha generado escepticismo. El grupo, encapuchado y armado, asegura estar “internado en Buenos Aires” y advierte que comenzará a “dejar muertos” en la provincia. Este mensaje encendió las alarmas en el gobierno de Javier Milei, pero también abrió interrogantes sobre un posible trasfondo político del episodio.

En el video, uno de los hombres lanza acusaciones directas: “Hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, refiriéndose a Pullaro y Bullrich. Además, califican a la ministra de “vieja mafiosa” y la culpan de generar conflictos: “Dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego”. Las imágenes muestran armas de alto poder, como fusiles FAL, subfusiles FMK3 y pistolas Glock, lo que refuerza la impresión de profesionalismo armado, pero también abre dudas sobre la autenticidad del material.

¿Un golpe político y mediático dirigido a la provincia de Buenos Aires?

La insistencia de Bullrich en vincular estas amenazas con la provincia de Buenos Aires ha despertado suspicacias. En un contexto donde el gobierno nacional busca imponer un fuerte ajuste fiscal y asfixiar económicamente a la provincia —liderada por el gobernador opositor Axel Kicillof—, algunos analistas consideran que este episodio podría tratarse de una operación política para debilitar su imagen y posicionar a Buenos Aires como un foco de inseguridad.

La estrategia de Bullrich no sería casual. La provincia concentra un alto peso electoral y social, y su gobernación por un dirigente opositor resulta incómoda para un gobierno que, según críticos, busca centralizar el poder político y económico. Vincular a Buenos Aires con la amenaza narco podría ser funcional para justificar tanto una narrativa de descontrol provincial como nuevas restricciones presupuestarias, agravando la ya delicada situación financiera del distrito.

Un contexto de creciente conflictividad social

El video emerge en un clima de alta tensión social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, junto con el mensaje de “aguantar” durante dos o tres años, han generado un profundo malestar en la población. Incluso el FMI advirtió en informes recientes sobre el riesgo de un aumento del malestar social si las medidas de estabilización tardan en dar resultados.

En este escenario, el uso del discurso de la seguridad cobra relevancia. La amenaza narco, real o fabricada, podría servir como un instrumento para desviar la atención de la conflictividad social, mientras se legitima un abordaje policial y represivo que incluso pretende involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Este enfoque permitiría avanzar con las “reformas estructurales” que exigen los mercados y actores internacionales, a costa de derechos sociales y garantías constitucionales.

La geopolítica y el disciplinamiento interno

Además, el episodio se inscribe en un marco de realineamientos geopolíticos. La administración Milei ha optado por estrechar vínculos con Estados Unidos e Israel y adoptar sus agendas de seguridad, lo que podría reforzar la injerencia extranjera en las fuerzas armadas y agencias de inteligencia nacionales. Patricia Bullrich, en línea con esta postura, ha defendido la necesidad de “ver a América Latina como un socio en la seguridad global de EE.UU.”

Este alineamiento permite al gobierno justificar un endurecimiento interno bajo el discurso de lucha contra el narcotráfico, mientras fortalece su papel como gendarme regional para los intereses “occidentales”. En este contexto, no es casual que la provincia de Buenos Aires, un bastión opositor, se vea en el centro de una narrativa de inseguridad y amenaza.

¿Una operación de control político?

Para algunos sectores, el video y la respuesta oficial forman parte de una estrategia de control político más amplia. La provincia de Buenos Aires, con su peso electoral y simbólico, representa un desafío para un gobierno que busca avanzar con un modelo centralista y restrictivo. Vincularla con el crimen organizado, mientras se asfixia financieramente a su administración, parece una táctica calculada para erosionar la capacidad de Kicillof de resistir o cuestionar las políticas nacionales.

El impacto del video trasciende lo meramente criminal. En el tablero político actual, el miedo y la seguridad se utilizan como herramientas para disciplinar, justificar ajustes y consolidar el poder, mientras las provincias opositoras enfrentan una creciente presión económica y política.