El presidente celebró en las redes sociales el triunfo del veto que rechazaba la nueva ley de movilidad jubilatoria, calificando de “héroes” a los diputados que “defendieron el superávit fiscal contra los degenerados fiscales”.
Sin embargo, mientras Milei se vanagloriaba de negar a los jubilados un miserable aumento, quedando aun más desprotegidos frente a inflación, otras áreas del gobierno disponen de amplios fondos sin restricciones.
“Hoy, 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, señaló el mandatario en sus redes sociales, haciendo caso omiso de las necesidades urgentes de los jubilados, quienes esperaban una mejora significativa en sus ingresos. Mientras tanto, se destinan recursos sin límite a otras áreas gubernamentales, dejando a los sectores más vulnerables sin el apoyo necesario.
RECHAZO AL AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO
Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograromos conseguir.
Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos…
Milei añadió: “Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que, por primera vez, elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es INNEGOCIABLE”. Sin embargo, esta “verdad incómoda” parece castigar a los jubilados, quienes han visto cómo sus pensiones se ajustan de manera insignificante mientras abultados recursos siguen fluyendo hacia otras áreas del gobierno como la secretaría de presidencia dirigida por su hermana o la SIDE.
El proyecto, que llegó al recinto sin dictamen de comisión, requería el respaldo de dos tercios de los presentes para su habilitación y posterior aprobación. Con el apoyo del oficialismo y una votación a mano alzada, se logró blindar el veto que negó a los jubilados un incremento moderado. Este triunfo para el gobierno es una derrota para quienes dependen de sus pensiones, mientras que otros sectores siguen gozando de fondos amplios y sin restricciones.
El quiebre en el bloque radical se hizo evidente cuando cinco diputados de la UCR—Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi—se fotografiaron junto a Milei en la Casa Rosada, anunciando su voto en contra del proyecto que habían apoyado previamente en junio, dejando a los jubilados en una situación cada vez más precaria.
En agosto, los precios de vivienda, agua, electricidad y combustibles aumentaron un 7%, liderando los incrementos de los distintos segmentos, a pesar de los reiterados anuncios oficiales que buscan contener la inflación.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), estas subas se atribuyen a los aumentos en los costos de alquiler, servicios básicos como el agua, electricidad y gas, así como los combustibles.
La inflación también se reflejó en otros sectores: la educación registró un incremento del 6,6% debido a los aumentos en todos los niveles y tipos de enseñanza, mientras que el transporte subió un 5,1% impulsado por el alza en las tarifas del transporte público. A nivel nacional, la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 3,6%, afectando principalmente productos como carnes, verduras, tubérculos y legumbres, aunque en la región del Gran Buenos Aires (GBA) fue el transporte el que tuvo mayor impacto con su aumento del 5,1%.
A pesar del fuerte ajuste del gobierno sobre los sectores populares, las tarifas de servicios públicos, que forman parte de la categoría de precios Regulados, aumentaron un 5,9%, lo que lideró el incremento general de precios en agosto. Por su parte, el índice de Precios al Consumidor núcleo subió un 4,1%, mientras que los productos estacionales tuvieron una variación más moderada del 1,5%.
Aunque las divisiones de prendas de vestir y calzado (2,1%) y bienes y servicios varios (2,3%) registraron los menores incrementos del mes, el panorama inflacionario sigue siendo preocupante, demostrando que los ajustes y medidas oficiales no han logrado frenar el aumento constante en los precios básicos para la población.
El gobernador bonaerense volvió a cargar contra el presidente Javier Milei por la paralización de la obra en CAREM, el primer reactor nuclear argentino que posiciona al país a la vanguardia mundial en la materia.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó duramente al presidente Javier Milei por la paralización del proyecto estratégico CAREM, el primer reactor nuclear diseñado y construido íntegramente en Argentina, y por los más de 200 despidos que esto ha generado en la Central Argentina de Elementos Modulares.
Kicillof señaló que, mientras los países desarrollados impulsan la innovación tecnológica, el gobierno nacional, encabezado por Milei, ha optado por detener un proyecto clave para la industria nuclear del país, que posicionaba a Argentina a la vanguardia mundial. La obra del reactor CAREM no solo era un avance tecnológico significativo, sino también una oportunidad para que el país se consolidara entre los líderes del sector a nivel global, junto a naciones como Estados Unidos, China y Rusia.
El jefe de gabinete Francos había visitado el reactor hace un mes y destacó que se trataba de una obra “imprescindible” para el país.
La paralización de este proyecto, que seguía una larga tradición en el desarrollo de energía nuclear en Argentina, ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores, quienes protestaron en Zárate tras el anuncio de los despidos. Los sindicatos denunciaron que la obra estaba cerca de completarse, pero la nueva gerenta del proyecto decidió detenerla por completo, dejando en suspenso el futuro de un proyecto estratégico.
Kicillof denunció que la decisión de paralizar el CAREM es parte de una política más amplia del gobierno de desmantelar el ecosistema científico y tecnológico del país. Esta política incluye la desfinanciación de organismos clave como el CONICET, la CNEA, y el INTI, y afecta directamente a la capacidad de Argentina para competir en el ámbito científico a nivel global. Según el gobernador, el daño causado a la ciencia y tecnología nacionales por las acciones del gobierno actual compromete seriamente el futuro del país.
La contradicción del gobierno se evidencia aún más cuando se recuerda que, apenas un mes atrás, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, había visitado la obra del CAREM y asegurado que se estaba apoyando al equipo de ingeniería nuclear argentino. Sin embargo, la decisión de detener la obra muestra la falta de compromiso real con el avance tecnológico del país.
El proyecto CAREM era visto como una solución innovadora para llevar energía a zonas alejadas y a polos industriales con alta demanda energética. Su paralización no solo frena el desarrollo tecnológico, sino que priva al país de una oportunidad de generar ingresos como exportador en el creciente mercado de pequeños reactores nucleares.
El Gobierno solicitó una sesión secreta para tratar el polémico decreto que asigna millonarios fondos a la SIDE, movida que se ha intentado realizar a espaldas del pueblo, la propuesta llega luego del polémico veto a la ley de movilidad jubilatoria.
El Gobierno solicitó una sesión secreta para tratar el polémico decreto que asigna millonarios fondos a la SIDE, movida que se ha intentado realizar a espaldas del pueblo. Mientras que este jueves el Senado discutirá sobre el financiamiento universitario y la boleta única de papel, la fecha de esta sesión reservada aún no ha sido definida.
La petición fue realizada por el Ejecutivo Nacional a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con el fin de que se convoque una Sesión Secreta Especial para abordar el decreto presidencial 656/24, que otorga fondos reservados al área de Inteligencia. Para “dar explicaciones” sobre este decreto, también se convocó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al ministro de Defensa, Luis Petri; y al secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert.
El argumento oficial para realizar la sesión a puertas cerradas es que la “publicidad” de los fondos destinados a la SIDE afectaría al “normal desarrollo” de las actividades del sistema de inteligencia, lo que ha generado suspicacias sobre la falta de transparencia en el manejo de estos fondos considerados hoy una verdadera caja negra de la que el gobierno podría servirse para fines partidarios utilizando como excusa la seguridad nacional.
Aunque en un principio el Senado iba a debatir la posible derogación del decreto, tras una reunión de Labor Parlamentaria se decidió que este jueves solo se abordarán los temas de Boleta Única de Papel y Financiamiento Universitario. En cuanto a la fecha de la sesión secreta, todavía no se ha alcanzado un acuerdo, dejando en el aire una discusión clave sobre el manejo de recursos millonarios sin la debida transparencia ante la sociedad.
Con el eslogan “pauta cero” Milei había prometido que su gobierno no destinaría fondos a la publicidad oficial durante un año. Sin embargo, esta promesa duró apenas unas semanas.
Así lo revelo un informe de la revista Noticias, a partir de enero, la pauta oficial empezó a aparecer en los medios que han sido afines a su gobierno desde el comienzo, mientras que los medios críticos, han sido excluidos de la distribución de estos recursos. La supuesta “pauta cero” no se aplica para los medios que apoyan a Milei; para ellos, el flujo de recursos ha estado completamente abierto.
Un informe de la empresa Kantar Ibope Media, especializado en mediciones de audiencia, revela los números detrás de esta estrategia.
Aunque la pauta no llega directamente desde la Presidencia, sí se distribuye a través de organismos estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación a las cuales el gobierno utiliza para repartir fondos a medios aliados. En los primeros seis meses del año, YPF ha destinado más de 125 mil millones de pesos en pauta oficial, principalmente en televisión. Aerolíneas Argentinas ha contribuido con 547 millones, y el Banco Nación con 539 millones, sumando un total de 126.505 millones de pesos.
En lugar de “pauta cero”, el gasto asciende a más de 126 mil millones de pesos, a lo que se suman otros 100 mil millones de pesos en fondos reservados que, por decreto, Milei asignó a la SIDE. Estos fondos, que ya han sido utilizados en gran parte, no requieren rendición de cuentas, y existe una fuerte sospecha de que han sido destinados a cooptar periodistas y medios.
Los responsables detrás de la pauta
Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, está al frente de la “gran vaca lechera” de la publicidad estatal. Garat es cercano a Santiago Caputo, asesor principal de Milei, encargado de distribuir la pauta y gestionar la relación con los medios. Ambos, junto con Rodrigo Lugones, formaron parte de la consultora Move y tienen vínculos estrechos desde la época en que trabajaban bajo la tutela de Jaime Durán Barba, el gurú ecuatoriano que asesoró a Mauricio Macri.
Caputo, según diversos empresarios de medios, es quien decide a dedo qué medios reciben publicidad oficial, y Garat se limita a ejecutar las órdenes desde YPF. En julio, el gasto publicitario del gobierno alcanzó su punto más alto, pasando de 76 mil millones en junio a 125 mil millones de pesos en un solo mes. Coincidentemente, también en julio, se promulgó el decreto presidencial que otorgaba 100 mil millones de pesos discrecionales a la SIDE, el organismo donde Caputo también ejerce gran influencia.
La estrategia de tercerización
Otra entidad estatal clave en la distribución de pauta es Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, que, al igual que YPF, dependen de Caputo para decidir cómo y dónde colocar la publicidad. Estas empresas, que no dependen directamente de la Presidencia, permiten al gobierno evitar cumplir con los criterios de distribución de pauta establecidos por la Corte Suprema el cual dictamina que los medios deben recibir un trato equitativo. Sin embargo, la pauta hoy se concentra en grandes medios y, curiosamente, en pequeñas publicaciones que no entrarían en los rankings de audiencia.
El papel de los intermediarios
Varios medios mencionan la presencia de consultoras como Alejandra Rafuls, quien asesoró a Caputoen el manejo de la pauta estatal, aunque asegura no tener un contrato formal con el gobierno. Rafuls tiene un largo historial de vínculos con operadores políticos, como Enrique “Coti” Nosiglia, y con Lugones, socio de Caputo y colaborador en la reestructuración de la SIDE.
Otra consultora involucrada en la distribución de pauta es Tonal, dirigida por los hermanos Jorge y Tomás Noguer. Aunque Tonal afirma que no maneja pauta de YPF, Aerolíneas o Banco Nación, varias fuentes aseguran que actúa como intermediaria entre el gobierno y los medios. En este esquema, los medios deben pagar comisiones a estas consultoras para recibir la pauta oficial.
Conclusión: el control de la opinión pública
A pesar de la promesa inicial de Milei de reducir a cero la publicidad oficial, el gobierno ha destinado grandes sumas a medios afines mientras discrimina a los críticos. El presidente ha demostrado tener una particular fijación con medios y periodistas críticos a quienes ha atacado públicamente, expresando su deseo de verlos quebrar. Las viejas mañas, como el uso de la pauta oficial para castigar a la prensa libre, siguen vigentes en la Argentina actual pese al discurso de combate a la casta y a la política. Incluso en una contradicción fenomenal el Gobierno anti estado se sirve del aparato del mismo para repartir pauta desde las empresas estatales.
Se trata de áreas claves como telecomunicaciones, desarrollo espacial y energía nuclear. Las mismas están siendo afectadas por políticas de ajuste y vaciamiento, que priorizan la reducción del gasto público por encima del desarrollo y el interés nacional.
El gobierno de Milei está avanzando con un plan que amenaza con desmantelar sectores estratégicos para el desarrollo tecnológico y soberano de Argentina, como ARSAT, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Estas áreas, claves para la autonomía en telecomunicaciones, el desarrollo espacial y la energía nuclear, están siendo severamente afectadas por políticas de ajuste y vaciamiento, que parecen priorizar la reducción del gasto público por encima del interés nacional.
ARSAT
Instalaciones de ARSAT, la empresa cuenta con uno de los mayore y mas avanzados data center de la región.
En ARSAT, la estrategia parece enfocarse en el desgaste gradual de una empresa pública que no solo es rentable, sino que desempeña un papel fundamental en la infraestructura de telecomunicaciones del país. Según Claudio Marín, secretario general del sindicato de telecomunicaciones FOETRA, los salarios en la empresa no se ajustan desde diciembre, lo que ha provocado una pérdida del 52% del poder adquisitivo debido a la inflación. Este deterioro salarial no tiene comparación en otras áreas del sector público y parece una maniobra deliberada para generar un éxodo de trabajadores, facilitando un vaciamiento progresivo de la compañía.
La falta de pago de aumentos salariales ya acordados muestra el desinterés del gobierno por mantener en pie una empresa estratégica, a pesar de que ARSAT genera importantes ganancias y provee servicios esenciales al Estado y a las provincias. A medida que los trabajadores se ven forzados a dejar sus empleos por las malas condiciones laborales, el futuro de la empresa queda cada vez más comprometido.
CONAE
Ensamble del satélite SAOCOM 1B, muestra la impresionante antena radar banda L. CONAE Córdoba, Abril 2019
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), otro pilar de la soberanía tecnológica argentina, también está sufriendo el abandono por parte del gobierno. CONAE lleva más de ocho meses sin directorio, lo que ha paralizado varios proyectos claves, como el desarrollo del lanzador Tronador II y los satélites de observación terrena. Argentina ha sido un referente en Sudamérica en la actividad espacial durante décadas, con colaboraciones internacionales de alto nivel, incluyendo acuerdos con la NASA y la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, la falta de nombramientos y recursos está poniendo en riesgo esta posición de liderazgo.
A pesar de las reiteradas denuncias ante organismos internacionales y nacionales, como la OIT y el Ministerio de Trabajo, el gobierno no ha dado respuesta a los reclamos de los trabajadores de CONAE y VENG (subsidiaria de la CONAE). Esta actitud refleja una clara intención de desmantelar un equipo altamente especializado, difícil de reemplazar, que ha sido clave para los avances tecnológicos del país. La situación es tan crítica que incluso la operación de satélites en órbita está en peligro, debido a la falta de fondos y personal capacitado para su mantenimiento.
CNEA
Reactor CAREM.
La situación en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es igualmente grave. El proyecto del reactor nuclear CAREM, que colocaría a Argentina a la vanguardia de los reactores nucleares modulares (SMR) a nivel mundial, está detenido por falta de financiación. Este proyecto, que está completado en un 85%, requeriría entre 200 y 300 millones de dólares para finalizarse, pero el gobierno ha optado por priorizar el ajuste fiscal, paralizando las obras y despidiendo a más de 230 trabajadores. Esto no solo afecta a la industria nuclear argentina, sino que también compromete su capacidad de competir en un mercado global emergente, donde los reactores modulares tienen un enorme potencial.
La paralización del CAREM ha generado protestas de los sindicatos involucrados, como ATE, UOCRA y Luz y Fuerza, quienes advierten que el gobierno está atacando no solo a los trabajadores, sino también a la ciencia y tecnología nacional. A nivel internacional, el reactor CAREM está considerado como uno de los más avanzados en construcción, compitiendo con proyectos en China y Rusia, lo que subraya la importancia estratégica de este desarrollo. Sin embargo, el gobierno de Milei parece ignorar estas oportunidades, enfocándose en recortes de gastos que ponen en riesgo décadas de avances en el campo nuclear.
El plan de ajuste del gobierno de Javier Milei también incluye la venta de IMPSA, una empresa insignia del desarrollo industrial argentino, especializada en la generación de energía y tecnología avanzada. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, busca vender el 21% de las acciones de la provincia a Nación, lo que abre la puerta a su eventual privatización y venta a intereses extranjeros.
IMPSA es una empresa estratégica que compite a nivel mundial en proyectos hidroeléctricos, turbinas, reactores nucleares y otras soluciones tecnológicas, y su privatización pondría en riesgo la soberanía tecnológica del país. Hoy, la Nación posee el 63,7% de las acciones, Mendoza el 21,2%, y el resto está en manos privadas. Cornejo ha impulsado una ley para avanzar con esta venta, alegando que IMPSA es deficitaria, aunque expertos y trabajadores aseguran que es una mentira, subrayando la importancia de la empresa para el desarrollo energético y tecnológico del país.
IMPSA
Horno NEC para la refinería de Lujan de Cuyo.
Esta empresa ha sido clave en la construcción de equipamiento para YPF, como los hornos para la refinería de Luján de Cuyo, y es una de las pocas empresas del mundo con capacidad para desarrollar turbinas, grúas pesadas y reactores. Además, ha participado en programas estratégicos, como la modernización de los tanques TAM 2C-A2 del Ejército Argentino. Sin embargo, la privatización genera dudas sobre la continuidad de estos proyectos estratégicos, fundamentales para la defensa y el desarrollo del país.
Reactor de hidrodesulfurización que permite refinar combustible haciéndolo más limpio y de mejor calidad.
La venta de IMPSA no solo representa una pérdida para los mendocinos, sino que coloca a Argentina en una situación de mayor dependencia tecnológica y energética del exterior. La falta de visión del gobierno y su enfoque en la reducción de costos a corto plazo pone en riesgo el futuro de una empresa que es irremplazable por su expertise y proyección global.
Conclusión
El desinterés del gobierno de Milei por los sectores estratégicos del país, como ARSAT, CONAE y la CNEA, revela una visión cortoplacista que prioriza la reducción del déficit fiscal a cualquier costo, incluso si eso implica el desmantelamiento de áreas clave para el desarrollo y la soberanía tecnológica de Argentina. Estos sectores no solo generan empleo y desarrollo económico, sino que son vitales para mantener la autonomía en áreas tan sensibles como la energía, las telecomunicaciones y el desarrollo espacial.
El enfoque del gobierno no solo pone en peligro los proyectos actuales, sino también la capacidad futura del país para competir en mercados globales de alta tecnología. La falta de una estrategia que contemple la importancia de la ciencia y la tecnología a largo plazo podría tener consecuencias devastadoras para las futuras generaciones de profesionales y para el crecimiento económico de Argentina.
Mientras el presidente celebra una reducción del 30,4% en el gasto público, el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por su hermana, ha crecido un 22% superando a la inflación.
Mientras el presidente Javier Milei celebra una reducción del 30,4% en el gasto público, el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por su hermana Karina Milei, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido un 22% en términos reales, superando la inflación. Esto revela que el ajuste no ha sido aplicado de manera equitativa, beneficiando a quienes están cerca del poder mientras otras áreas clave del país como ciencia, educación e infraestructura sufren fuertes recortes.
Según datos oficiales, el presupuesto total de la Secretaría General ha aumentado un impactante 244% en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada del 87%. La mayor parte de este incremento está destinada a la comunicación y difusión de los actos gubernamentales, que ha pasado a ser una prioridad dentro de la administración de Karina Milei. El dinero disponible para la Secretaría creció de $21.059 millones en enero a $72.472 millones en septiembre.
Prioridades desiguales: más para la comunicación, menos para la salud y la educación
El aumento en los fondos destinados a la comunicación institucional contrasta con las severas reducciones en áreas sensibles como la salud, la niñez, la educación y las políticas para personas con discapacidad. Mientras que las acciones relacionadas con la difusión de actividades presidenciales suman un presupuesto de $35.737 millones —diez veces más que el destinado a la prevención de enfermedades endémicas como el dengue—, programas clave para el bienestar de la población han visto caídas drásticas en sus partidas presupuestarias.
Por ejemplo, el programa de “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas” pasó de $3.816 millones a $3.629 millones, lo que representa una reducción significativa, especialmente en un contexto donde la comunicación gubernamental parece tener más prioridad. De hecho, si no se ajusta este presupuesto, el programa destinado a combatir enfermedades como el dengue tendrá un 63% menos recursos en 2024 en comparación con 2023.
Recortes en áreas críticas
El ajuste también golpeó duramente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo presupuesto actual es de $55.161 millones, $17 mil millones menos que lo destinado a la Secretaría de la Presidencia para funciones de prensa. Esto supone una caída real del 36% respecto a lo ejecutado en 2023, afectando todos los programas orientados a la infancia y adolescencia.
El panorama en la educación no es mejor. Los programas de “Información y evaluación de la calidad educativa” y “Acciones de formación docente” han sufrido caídas del 8% y 58%, respectivamente. Incluso en la Agencia Nacional de Discapacidad, las “Acciones de integración” y el programa de “Prevención y control de discapacidades” experimentaron reducciones del 60% y 54% en términos reales, lo que afecta directamente a las personas más vulnerables.
Aumentos en contrataciones y salarios en la Secretaría General
A pesar del discurso oficial sobre austeridad, la Secretaría General de la Presidencia ha sumado 269 contratos en sus subsecretarías y direcciones. Las remuneraciones de estos contratos varían entre los $274.000 y $1.872.000 al mes, según información obtenida por el diario Perfil. Esta situación pone en evidencia un desequilibrio en la gestión de los recursos públicos, donde los ajustes parecen no afectar a quienes están más cerca del poder.
A pesar de la reducción del Impuesto PAIS, que disminuyó del 17,5% al 7,5% a partir de este mes, su impacto en los precios de los alimentos ha sido prácticamente nulo.
En la primera semana de septiembre, los precios en supermercados aumentaron un 0,6%, lo que evidencia un incremento promedio del 2,3% en las últimas cuatro semanas, según datos de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).
La baja del impuesto, anunciada como una medida para contener la inflación por el ministro de Economía, Luis Caputo, no ha logrado revertir la tendencia de aumentos en las góndolas. Aunque la rebaja impositiva fue presentada como una herramienta para reducir los costos de los productos importados y aquellos con componentes extranjeros, los precios de los alimentos y bebidas continúan su escalada. De hecho, en algunos sectores, como el automotriz y productos 100% importados, sí se han observado leves reducciones, pero estos no representan la mayoría de los bienes consumidos diariamente.
Sin mejoras significativas en las góndolas
En comparación con julio, cuando también se registraron alzas similares, el panorama para septiembre no parece ser muy distinto. Aún con la reducción del impuesto, los precios en los supermercados subieron al mismo ritmo que en los meses anteriores. En agosto, por ejemplo, la última semana registró un incremento del 1,3%, lo que sugiere que la reducción de la presión fiscal no ha tenido un efecto real en el comportamiento de los precios de los alimentos. Esto se debe, en parte, a que los beneficios de la baja del impuesto no se han trasladado al consumidor final, pues las empresas aún no han renovado sus stocks de productos importados ni de insumos que podrían impactar en los costos.
Otro factor que ha frenado el impacto es la espera por parte de las empresas para ver cómo evolucionaba el impuesto antes de continuar con sus importaciones. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en productos con solo un 2% de componentes importados, la incidencia de la rebaja es mínima: apenas $11 por cada $1.000 netos de IVA.
La inflación no se detiene
Al mismo tiempo, la inflación semanal mantiene su curso. Otras consultoras, que abarcan más rubros que LCG, estiman que la inflación general en la primera semana de septiembre fue del 1,2%, lo que proyecta que el mes podría cerrar con un aumento del 3,2%.Esto refuerza las dudas sobre la efectividad de la baja del Impuesto PAIS como un mecanismo de contención de la inflación, especialmente en productos de consumo masivo, como los alimentos, donde los precios siguen siendo una preocupación para los consumidores.
Los gobernadores han colocado la infraestructura en el centro de sus agendas. Varias provincias han tenido que afrontar el costo de sus obras recursos propios ante el estrangulamiento del Gobierno Nacional.
El Gobierno nacional ha centrado su recorte presupuestario principalmente en la reducción de la obra pública, una decisión que ha generado tensiones con los gobernadores. Estos buscan desmarcarse de dicha política y han colocado la infraestructura en el centro de sus agendas. Varias provincias han tenido que adaptar sus necesidades a los recursos propios, ya que el ajuste en los fondos transferidos desde el Gobierno central está generando crecientes reclamos sociales.
En el más reciente informe de la Estrategia Federal Logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias presentaron un listado de 1.143 proyectos clave en desarrollo. Estos se clasifican en:
Trabajos en carreteras (635),
Plataformas logísticas (164),
Proyectos aéreos (103),
Proyectos ferroviarios (85),
Pasos de frontera (81),
Proyectos fluvio-marítimos (75).
La obra pública como foco de recortes y la respuesta de las provincias
Los proyectos propuestos incluyen una variedad de intervenciones, desde la creación de áreas de descanso para transportistas y el desarrollo de plataformas online que faciliten la interacción entre proveedores de carga y transportistas, hasta la mejora de accesos a puertos, rutas y tramos urbanos con alta siniestralidad. Además, se busca implementar sistemas eficientes de control de pesos y generar nuevas conexiones tanto nacionales como internacionales.
Del total de los proyectos respaldados por el CFI, el 37% se encuentra en fase de estudio, el 38% ya ha sido completado, el 14% cuenta con financiamiento, y el 11% está en ejecución. Según el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, la logística es un factor clave para el desarrollo federal. “En un país tan extenso como Argentina, el desafío logístico es enorme. Tenemos todo lo que el mundo necesita, pero debemos crear condiciones que hagan nuestras economías más competitivas y nuestra producción accesible al mercado global”, afirmó.
El impacto del ajuste en la obra pública
Sin embargo, pese a los esfuerzos de las provincias, el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei ha obstaculizado el desarrollo de muchos de estos proyectos de infraestructura. Los gobernadores, con recursos limitados, no pueden avanzar con todas las obras necesarias para responder a las demandas sociales, como el acceso a servicios esenciales como salud, educación y agua.
A diciembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas tenía 2.308 obras en ejecución de las 7.265 iniciadas durante la gestión de Gabriel Katopodis. Estas obras, que alcanzaron a todos los municipios del país, generaron empleo para 480.000 trabajadores de la construcción. La inversión de $309.888 millones ya destinada a proyectos como la gestión del recurso hídrico, infraestructura vial y conectividad ahora enfrenta el riesgo de deterioro, lo que incrementará sus costos cuando se decida retomarlas.
Proyectos detenidos en Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, con 899 proyectos detenidos, la situación es especialmente crítica. A pesar de la falta de transferencias desde el Gobierno nacional, la gestión de Axel Kicillof ha priorizado completar algunas obras clave, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Estos proyectos, que beneficiarán a más de 7.700 niños en 60 municipios, requieren una inversión provincial de $23.624 millones. Sin embargo, el impacto del ajuste también se siente en otras áreas como la seguridad, donde el recorte de fondos para la prevención del delito ha dejado a municipios como Morón con $660 millones menos para políticas de seguridad.
Además, proyectos de viviendas y educativos, como el Plan PROCREAR y el Centro Interuniversitario del sur de la provincia, han quedado paralizados. “El sueño de una casa de estudios superiores quedó trunco por la decisión de Nación de no cumplir con el convenio firmado”, criticó el intendente Lucas Ghi.
El futuro de la obra pública bajo incertidumbre
Ante este escenario, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ha dejado claro que la obra pública no será reactivada, lo que ha generado preocupación entre las provincias y los municipios que ven en estos proyectos una herramienta clave para impulsar la economía localen un contexto de recesión que aun no encuentra piso. Además, Sturzenegger expresó su apoyo al veto de Milei sobre el aumento a los jubilados, agudizando la tensión con los sectores más afectados.
Según el diputado libertario “estamos cada vez mejor”, una afirmación que suena cruelmente irónica frente a la cruda realidad que viven millones de argentinos.
El diputado libertario José Luis Espert sorprendió con sus recientes declaraciones, en las que negó categóricamente que el ajuste económico del gobierno de Javier Milei esté afectando a jubilados y trabajadores. Según Espert, “estamos cada vez mejor”, una afirmación que suena irónica frente a la cruda realidad que viven miles de argentinos.
A pesar de las fuertes críticas que ha recibido el gobierno por el veto presidencial a la ley jubilatoria, Espert defendió con vehemencia el modelo económico impulsado por Milei y su equipo, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo. “De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o sobre los trabajadores”, declaró, restando importancia al evidente deterioro del poder adquisitivo de la población.
Sin embargo, un informe privado contradice sus palabras, revelando que el gasto en jubilaciones ha caído un 20,3% en comparación con el año anterior. Mientras Espert insiste en que “las jubilaciones, los asalariados y los beneficiarios de planes están mejor que a fines del año pasado”, los datos muestran que la realidad es muy distinta.
Espert, sin inmutarse, incluso llegó a comparar la situación actual con la de un incendio apagado: “ya la casa dejó de prenderse fuego, ahora quedó hecha mierda” “¿Le vamos a echar la culpa al que apagó el incendio?“, preguntó, refiriéndose a la administración actual como los “bomberos” que supuestamente están salvando al país de un desastre mayor.
En contraste con las afirmaciones de Milei sobre un crecimiento real del 5% en las jubilaciones en 2024, Espert admitió que las jubilaciones “están abajo del año pasado”, pero rápidamente exculpó al gobierno, diciendo que “el sistema previsional está completamente quebrado” y que no es responsabilidad de la gestión actual.
A pesar de las pruebas contundentes de la crisis que atraviesan los jubilados y trabajadores, Espert insiste con promesas a futuro: “la gente va a vivir cada vez mejor” bajo las políticas de Milei. Con un discurso que parece desconectado de la realidad, el diputado libertario sigue defendiendo un ajuste que muchos argentinos sienten en carne propia.
