En 2026, el presupuesto de viáticos y pasajes de la Presidencia —administrado por Karina Milei— pasó de $2.531 millones ejecutados en 2025 a una proyección de $4.112 millones, un aumento del 62,5%.

A pesar de sostener un discurso centrado en el ajuste del gasto público y la crítica a “la casta”, el gobierno de Javier Milei incrementó de manera significativa el presupuesto destinado a viajes oficiales. En 2026, el ítem de viáticos y pasajes de la Presidencia —bajo la órbita de Karina Milei— asciende a $4.112 millones, frente a los $2.531 millones ejecutados en 2025, lo que representa un aumento del 62,5%.

Este crecimiento se explica en parte por la intensa agenda internacional del mandatario: en lo que va de su gestión ya realizó 37 viajes al exterior y acumuló 116 días fuera del país, es decir, cerca del 14% de su tiempo en el cargo. Estados Unidos encabeza la lista de destinos con 16 visitas, seguido por Italia, España y otros países europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, varios de estos viajes fueron cuestionados por su carácter no institucional. Algunas giras incluyeron participación en eventos privados o encuentros políticos, como foros ideológicos o reuniones con referentes de la derecha internacional, sin agendas bilaterales formales con otros jefes de Estado. Incluso hubo viajes con resultados fallidos, como el intento de encuentro en Noruega con la activista Corina Machado.

Las críticas también apuntan a contradicciones en las medidas de austeridad. Aunque una norma oficial limitaba las comitivas a un funcionario por evento para reducir gastos, se registraron excepciones y situaciones irregulares, como la presencia de personas no autorizadas en vuelos oficiales. Además, se señalaron gastos elevados en alojamiento y logística, incluyendo estadías en hoteles de lujo.

La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El gobierno sufrió un fuerte revés judicial luego de que el juez Raúl Ojeda suspendiera más de 80 artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El fallo deja en pausa 82 artículos de la ley al considerar que podrían vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución, al implicar una posible regresión de derechos laborales. Como consecuencia, el sistema laboral vuelve, por ahora, al régimen anterior, incluyendo indemnizaciones y normas de protección al trabajador.

La resolución afecta el núcleo de la reforma: quedan suspendidos cambios en indemnizaciones, condiciones laborales, negociación colectiva, derecho a huelga y regulación del teletrabajo, entre otros puntos. Además, el juez advirtió que aplicar estas medidas podría generar “daños irreparables” en millones de relaciones laborales si luego fueran declaradas inconstitucionales.

Aunque se trata de una medida provisoria, el Gobierno puede apelar. El fallo representa la primera gran victoria judicial de la CGT frente a la reforma y marca un freno significativo a uno de los ejes centrales del plan laboral de Milei.

Luego del fallo en Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por YPF, el diputado nacional Máximo Kirchner impulsó un proyecto de ley que busca blindar la expropiación de la petrolera, en un contexto marcado por las señales privatizadoras del presidente Javier Milei.

La iniciativa, acompañada por otros diputados de Unión por la Patria, apunta a que el Congreso reafirme la expropiación como una política estratégica de “soberanía hidrocarburífera”, con el objetivo de fortalecer la posición jurídica del país frente a futuros reclamos internacionales.

De este modo, el proyecto traslada el debate al ámbito legislativo y fuerza una definición política en un escenario de creciente tensión, especialmente porque Milei ya había planteado la posibilidad de privatizar la compañía tanto en la primera versión de la Ley Bases como en reiteradas declaraciones públicas.

En ese marco, Kirchner interpretó el fallo como una “validación internacional de la soberanía jurídica” argentina y cuestionó con dureza la postura del oficialismo: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que sólo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional”, sostuvo.

Una nueva denuncia judicial complica aun más la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación, realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, señala presuntos contratos millonarios de la consultora de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado.

El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y describe un supuesto entramado de relaciones entre firmas privadas y organismos públicos en la órbita del funcionario.

El eje de la denuncia sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Según la presentación, la naviera —que mantiene contratos históricos con la petrolera— habría contratado servicios de capacitación de +BE en tres oportunidades entre 2024 y 2025 por un total de 6,37 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, este vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera como representante del Estado. Desde la empresa naviera, sin embargo, señalaron que su relación contractual con la petrolera lleva casi tres décadas y que la designación del funcionario fue posterior a las capacitaciones.

LA ESPOSA DE ADORNI HABRÍA FACTURADO $6,3 MILLONES EN 3 DÍAS DE COACHING A UNA NAVIERA DE YPF

+BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching entre noviembre de 2024 y… pic.twitter.com/mxKWwnsL3p

— Martín Carrizo (@martincarrizo_) March 29, 2026

Tecnópolis y nuevas conexiones empresariales

La denuncia también apunta a la licitación del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Entre las firmas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que —según la presentación— sería cliente de la consultora +BE. Para Pagano, este vínculo podría configurar otro posible conflicto de intereses dentro del esquema denunciado.

Además, se menciona la relación de una asesora de la Secretaría General de la Presidencia con el grupo empresario, lo que amplía el entramado de conexiones bajo análisis.

Empresas proveedoras del Estado y otras licitaciones

El escrito también señala que la consultora habría trabajado con el Grupo Datco, compañía que presta servicios a distintos organismos estatales como AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.

A su vez, la denuncia incorpora supuestas irregularidades en licitaciones para servicios de mensajería oficial, por más de 3.650 millones de pesos, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría sugerir un esquema de simulación de competencia.

Pedido de investigación patrimonial

Finalmente, Pagano solicitó investigar la evolución patrimonial de Adorni, al advertir un presunto incremento que no se correspondería con sus ingresos como funcionario, además de mencionar deudas con acreedores privados.

La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.

Argentina registró a finales de 2025 un nuevo máximo histórico en su deuda externa bruta, que alcanzó los 320.305 millones de dólares, consolidando un fuerte incremento del endeudamiento durante la actual gestión.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ‘stock’ de deuda aumentó en 1.709 millones de dólares respecto al trimestre anterior. El principal factor detrás de esta suba fue el mayor endeudamiento del Gobierno general —que incluye al Estado nacional y las provincias—, con un incremento de 3.647 millones de dólares.

Otros sectores también contribuyeron a la dinámica del endeudamiento: las sociedades captadoras de depósitos sumaron 2.777 millones de dólares en el cuarto trimestre, mientras que la deuda del Banco Central registró una leve baja de 310 millones.

En la comparación interanual, el aumento es aún más significativo: el stock de deuda externa bruta a valor nominal creció en 44.168 millones de dólares respecto al mismo período de 2024.

El nivel alcanzado a diciembre de 2025 representa el más alto desde que el Indec inició la serie en 1994. Además, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.

La decisión se tomó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una serie de medidas para analizar en profundidad el sospechoso patrimonio del funcionario.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal requirió una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de Adorni. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.

Entre las medidas dispuestas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintos organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. La intención es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con su situación declarada.

En particular, se solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de precisar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También se busca determinar quién afronta el pago de las expensas y si se gestionaron los permisos de construcción correspondientes.

Asimismo, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre de Adorni como de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones o inhibiciones.

La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, antecedentes laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, además de información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia. Finalmente, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos años, junto con sus anexos reservados, para evaluar la consistencia de la información presentada.

Bajo el rótulo aparentemente neutral de un “traslado”, Estados Unidos concretó la salida de 100 millones de dólares en oro venezolano hacia su territorio, en una operación anunciada por el propio secretario del Interior, Doug Burgum.

El funcionario confirmó que el metal fue llevado “físicamente” a Estados Unidos tras su reciente visita a Caracas, donde mantuvo reuniones con autoridades venezolanas y ejecutivos del sector energético y minero. Según sus declaraciones, se trata del primer envío de este tipo en más de dos décadas y será destinado a “usos industriales y comerciales”.

Sin embargo, este “traslado” no puede entenderse como un simple movimiento logístico. La operación fue posible tras la firma de nuevas licencias que habilitan el flujo de minerales críticos y metales preciosos entre ambos países, abriendo la puerta a la exportación de recursos estratégicos venezolanos hacia el mercado estadounidense.

El envío se produjo inmediatamente después de la visita de Burgum a Venezuela, donde sostuvo reuniones prolongadas con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en el marco de una agenda centrada en petróleo, minería y otros recursos naturales.

En este contexto, lo que se presenta oficialmente como cooperación económica o “intercambio” ocurre en paralelo a un renovado interés de Washington por las riquezas venezolanas. Además del petróleo —del que el país posee algunas de las mayores reservas del mundo—, Estados Unidos ha señalado su interés en el oro, la bauxita y otros minerales considerados críticos para la industria y la defensa .

Así, el uso del término “traslado” funciona como un encuadre discursivo que suaviza una dinámica más amplia: la salida de recursos estratégicos desde Venezuela bajo nuevas condiciones legales que favorecen su inserción en cadenas productivas controladas por actores externos.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión clave con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en un contexto de fuerte tensión financiera.

Allí, el mandatario provincial denunció la “asfixia” ejercida por el gobierno de Javier Milei y anunció una medida central para sostener a los distritos: la coparticipación de deudas nacionales con los municipios.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su equipo económico, Kicillof explicó que la crisis que atraviesan los municipios responde a tres factores: la ausencia de políticas del Estado nacional, los recortes de fondos y la caída de la recaudación producto del parate económico. En ese marco, aseguró que la Provincia no dejará solos a los bonaerenses, pese a la falta de recursos.

Durante el encuentro, el gobernador apuntó contra la Casa Rosada y denunció un plan “deliberado” para trasladar el peso de la crisis a provincias y municipios. En esa línea, remarcó que el deterioro económico no es responsabilidad de las familias ni de los comerciantes, sino de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Convocamos a las y los intendentes para renovar el reclamo ante los incumplimientos del Gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires. Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres… pic.twitter.com/Uibvr0XhLO

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Como respuesta, Kicillof anunció que la Provincia avanzará en la coparticipación de los fondos obtenidos a través del recupero de deudas que la Nación mantiene con Buenos Aires. “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita distribuir lo recaudado”, señaló. La iniciativa busca reforzar las finanzas municipales y amortiguar el impacto del ajuste nacional.

Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la deuda acumulada de la Nación con la Provincia asciende a 15 billones de pesos, cifra que se eleva a 22 billones si se suma la caída de la recaudación. El monto representa cerca del 50% del presupuesto anual bonaerense, lo que configura —según el gobierno provincial— un escenario crítico.

Ante esta realidad, proponemos a los 135 municipios adherir a una normativa que permitirá coparticipar lo recuperado de las deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables.

En este momento tenemos… pic.twitter.com/WDhLabZQT4

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

En paralelo, la Provincia confirmó que abonará el próximo 30 de abril la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objetivo de evitar que los distritos frenen obras y servicios. Además, Kicillof adelantó una nueva reunión con autoridades nacionales el 21 de abril para insistir con los reclamos por los recursos adeudados.

El encuentro cerró con una fuerte señal de unidad política entre intendentes de distintos espacios, quienes respaldaron las medidas y coincidieron en la necesidad de articular respuestas frente a la crisis. Para Kicillof, el camino es sostener el reclamo en la Justicia y defender los recursos provinciales para evitar que el ajuste impacte de lleno en la vida cotidiana de los bonaerenses.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

En medio de un escándalo que no deja de crecer, Manuel Adorni recibió un aumento salarial que ya lo ubica en torno a los $7 millones mensuales, una decisión que desató fuertes cuestionamientos por su timing y falta de sensibilidad política ante los recientes escándalos que involucran al jefe de gabinete libertario.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos sueldos estaban congelados desde diciembre de 2023, aunque excluyó al presidente y a la vicepresidenta.

Sin embargo, el caso de Adorni concentra la polémica. En plena controversia por su viaje a Punta del Este y en el marco de una investigación judicial en curso, el jefe de Gabinete terminó beneficiado con una suba cercana al 100%, lo que duplicó su salario, mientras millones de argentinos están con serias dificultades para llegar a fin de mes y mientras desde distintos sectores luchan por paritarias justas que equilibren la cancha ante la difícil situación inflacionaria.

Antes del decreto, los ministros percibían poco más de $3,5 millones y los secretarios alrededor de $3,2 millones. Con la actualización, los ingresos de los ministros treparon a casi $7 millones brutos, mientras que Adorni —por su jerarquía superior— quedó incluso por encima de esa cifra.

En los días previos a la firma ya se hablaba de una recomposición de entre el 60% y el 100%, aunque el texto oficial evitó detallar los nuevos montos. También se incluyó una cláusula que prevé el congelamiento automático de salarios en caso de déficit fiscal financiero acumulado.

Desde el Gobierno justificaron la medida al sostener que es necesario garantizar remuneraciones “adecuadas y competitivas” para quienes ocupan cargos de conducción. No obstante, la explicación no logró disipar las críticas, especialmente por el contexto en el que se produjo.

La confirmación del nuevo salario llega en el peor momento para Adorni, bajo la lupa por su viaje y con la causa judicial avanzando. De hecho, en las últimas horas un testigo clave se presentó a declarar en Comodoro Py, profundizando un escenario que combina cuestionamientos éticos, políticos y ahora también judiciales.

El caso del escandaloso vuelo privado a Punta del Este sumó un giro clave este jueves, cuando el piloto de la aeronave contradijo la versión oficial de Manuel Adorni y complicó aún más su situación judicial y política.

Agustín Issin, el broker que facturó el vuelo de regreso, declaró ante la Justicia que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandío, amigo cercano del jefe de Gabinete y vinculado a la TV Pública. Según precisó, no solo el tramo de vuelta formaba parte de un paquete de vuelos facturado a Grandío, sino que también la productora del periodista se hizo cargo del vuelo de ida.

Estas declaraciones desmienten de forma directa lo que había afirmado Adorni apenas un día antes. En una conferencia marcada por la tensión, el funcionario había insistido: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial”. Sin embargo, el testimonio del piloto ante el juez Ariel Lijo desarma esa versión y pone en duda la transparencia del financiamiento del viaje.

El impacto fue inmediato. La estrategia oficial para cerrar el tema terminó generando el efecto contrario: lejos de despejar dudas, profundizó las sospechas. Incluso, el propio Adorni quedó expuesto tras admitir la existencia de un departamento que no figuraba en su declaración jurada.

En este contexto, la situación del jefe de Gabinete se volvió aún más delicada. El hecho de que Grandío tuviera contratos con la TV Pública —organismo que dependía del área de Adorni— abre la puerta a una posible figura de dádivas. Por ese motivo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria avanzó con un allanamiento en la TV Pública en busca de documentación sobre esos vínculos.

Así, lo que comenzó como una explicación oficial para dar por cerrado el tema derivó en un nuevo foco de conflicto, con declaraciones que comprometen directamente al funcionario y lo dejan, una vez más, en el centro de la escena judicial y política.