El presidente anunció que no asistirá al acto en la provincia donde se firmó la Independencia argentina. El Servicio Meteorológico Nacional desmintió las alertas que habría usado la Casa Rosada como justificación.

La decisión del presidente Javier Milei de no viajar a Tucumán para participar del acto central del 9 de Julio , fecha en la que se conmemora la firma del Acta de Independencia en esa provincia en 1816, generó un fuerte escándalo político. Inicialmente, desde la Casa Rosada se informó que la ausencia del mandatario se debía a “alertas meteorológicas” emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) relacionadas con condiciones climáticas adversas, especialmente niebla persistente . Sin embargo, minutos después, fuentes oficiales del propio SMN desmintieron públicamente que existieran alertas rojas o naranjas para ese día, y aseguraron que las condiciones climáticas no representaban un impedimento técnico para el desarrollo normal de los eventos.

Esta contradicción generó críticas inmediatas desde distintos sectores políticos y medios de comunicación. La versión oficial fue cuestionada incluso por algunos analistas meteorológicos independientes, quienes remarcaron que no había pronóstico alguno que justificara la cancelación del viaje presidencial. En paralelo, voceros del gobierno nacional insistieron en mantener su postura, sin ofrecer mayores explicaciones técnicas detrás de la decisión tomada horas antes de la celebración patria más importante del año.

Entre las posibles razones detrás de esta cancelación repentina estaría el clima de tensión entre el gobierno nacional y varios gobernadores, particularmente por el conflicto por los fondos coparticipables. Fuentes cercanas al ámbito político señalan que Milei atraviesa un momento de distanciamiento con varios mandatarios provinciales, incluido Juan Manzur, gobernador de Tucumán , quien tampoco confirmó su presencia en el acto organizado por Nación. Esta situación refleja un malestar generalizado en varias provincias ante la falta de diálogo y la redistribución de recursos que impuso el Ejecutivo nacional.

Mientras el gobierno mantiene su discurso optimista sobre la marcha de la economía, la polémica por la cancelación del viaje de Milei a Tucumán pone en evidencia una crisis de credibilidad institucional. Además, crece la sospecha de que la supuesta niebla haya sido utilizada como una excusa para evitar un evento simbólico de alto valor histórico y político, en un año electoral. Hasta ahora, desde Presidencia no se han brindado precisiones adicionales sobre el tema, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia del manejo de la agenda presidencial.

El contraste entre el relato oficial y la realidad objetiva sigue generando ruido en el ambiente político argentino. Con el 9 de Julio a la vuelta de la esquina, todo indica que la ausencia del presidente en Tucumán será uno de los temas centrales del debate público durante la jornada patria. Mientras tanto, el SMN mantiene su postura técnica, los gobernadores siguen en sus provincias, y el pueblo aguarda una explicación clara del primer mandatario.

Mientras los argentinos luchan contra la inflación, un pastor amigo de Milei asegura que 100.000 pesos se le convirtieron en dólares… por milagro divino.

El entorno de Javier Milei sigue generando polémica, pero esta vez por declaraciones más cercanas a la fe que a la economía. Un pastor evangélico muy cercano al presidente argentino aseguró haber vivido un “milagro económico” cuando recibió 100.000 pesos en efectivo de un fiel, los guardó en su casa y, según contó él mismo, estos se transformaron en dólares. La historia, publicada por Crónica , da cuenta de un relato cargado de misticismo que pone en evidencia el tipo de vínculos que rodean al mandatario libertario.

Lo llamativo del caso no es solo la naturaleza sobrenatural del testimonio religioso, sino que haya sido difundido públicamente sin que ninguna autoridad del gobierno lo desmienta. Al contrario: el pastor asegura tener una relación directa con Milei y haber compartido múltiples encuentros espirituales con él, incluso antes de que fuera presidente. Esto abre preguntas sobre el peso real que tienen ciertos líderes religiosos en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Mientras Argentina atraviesa una crisis económica profunda, con inflación récord y una moneda que pierde valor cada día, este tipo de relatos parecen flotar en otra realidad. ¿Cómo explicarle a un jubilado que debe hacer malabarates para llegar a fin de mes, que hay quien asegura haber visto billetes locales convertirse en divisas por obra divina? Es difícil no ver en estas declaraciones una desconexión absoluta con la vida real de millones de argentinos.

Milei ha construido su imagen pública sobre un discurso supuestamente racional, basado en el liberalismo económico y la crítica al intervencionismo estatal. Sin embargo, su entorno inmediato parece moverse entre la fe, los milagros y las redes eclesiásticas. Esta contradicción entre el mensaje económico y las prácticas políticas y personales del presidente empieza a ser imposible de ignorar.

¿Hasta cuándo seguirán pasando cosas… “milagrosas” mientras el país sigue hundiéndose?

La Cámara Federal de Casación Penal retiró el recurso contra la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, un giro que deja sin efecto el intento de trasladarla a una unidad carcelaria.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el intento de revertir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner , luego de que el fiscal general Mario Villar decidiera retirar el recurso presentado por la Fiscalía en contra de esta modalidad de cumplimiento de pena.

La decisión fue comunicada minutos antes del inicio de la audiencia oral en la que se analizarían cuestiones vinculadas a las condiciones de la prisión domiciliaria, como el uso de tobillera electrónica, el régimen de visitas y la validez del domicilio elegido en el barrio porteño de Constitución .

El fiscal Villar se desligó del planteo de Luciani y Mola

El criterio de Villar se opone al de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola , quienes habían apelado la prisión domiciliaria y solicitaban que Cristina Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria , o alternativamente, que sea trasladada a otro domicilio distinto al de San José 1111.

Tras el retiro del recurso por parte de Villar, la Cámara no tiene margen para revisar la modalidad de detención , por lo que queda firme la continuidad de CFK en prisión domiciliaria.

No obstante, Villar mantiene el pedido para que se evalúe el cambio de domicilio , argumentando que el actual “no aporta mayores garantías” debido a las constantes concentraciones de militantes en el barrio, lo cual “incrementa el riesgo” para la seguridad del lugar.

“La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución”, señaló Villar en su escrito.

Por su parte, Luciani y Mola insistieron en sus críticas , señalando que desde el Ministerio de Seguridad se identificaron unidades penitenciarias viables donde podría cumplir la pena, y rechazaron que haya “trato inhumano” en ese tipo de alojamiento.

También destacaron que Cristina Kirchner no difiere en condiciones de salud ni de edad de otros condenados en el mismo proceso, quienes ya están cumpliendo sus penas en unidades carcelarias.

Los fiscales adjuntaron imágenes de las aglomeraciones frente al edificio donde reside CFK, incluyendo personas en balcones y terrazas de viviendas cercanas, y citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad que advierte sobre disturbios, ruidos molestos y afectación de servicios esenciales en el barrio.

“El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia”, remarcaron Luciani y Mola.

A pesar del retiro del recurso por parte de Villar, la disputa por el lugar donde debe cumplirse la prisión domiciliaria sigue abierta , y será definida en la audiencia correspondiente.

El gobierno de Milei permitió que el gas de uso doméstico tuviera más potencia de la que pueden soportar los aparatos, y eso generó que se libere un gas invisible y mortal: el monóxido de carbono.

La decisión del gobierno de Javier Milei y su ministro de desregulación Federico Sturzenegger de modificar los parámetros técnicos del gas natural inyectado en los ductos del país está teniendo consecuencias fatales. Según datos recopilados por distintas instituciones y confirmados por el sitio Chequeado , las intoxicaciones por monóxido de carbono han subido un 57% en comparación con el mismo período del año anterior , convirtiéndose en una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.

Este repunte coincide con una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que autorizó un aumento en el poder calorífico del gas transportado vía ductos, una medida alineada con los intereses de las empresas productoras radicadas en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. Sin embargo, esta modificación no fue acompañada por ajustes en la infraestructura ni en los artefactos domésticos e industriales, muchos de los cuales siguen calibrados para funcionar con el nivel calórico anterior.

Cuando el gas tiene un mayor poder calorífico y se quema sin suficiente oxígeno, la llama cambia de color: pasa de azul a amarilla . Este cambio visual esconde un riesgo letal: la combustión incompleta genera monóxido de carbono , un gas tóxico, inodoro e invisible que puede provocar desde mareos hasta la muerte. Los equipos domésticos están diseñados para trabajar bajo ciertos estándares técnicos, y cualquier alteración en la composición del gas sin previo aviso o adaptación tecnológica pone en riesgo a millones de usuarios.

Empresas distribuidoras como Camuzzi, Naturgy, Ecogas y Litoralgas advirtieron antes de la medida que no podían garantizar la seguridad de los usuarios si se modificaban los parámetros actuales. Fabricantes de artefactos como Coppens también deslindaron responsabilidades, mientras que cámaras industriales alertaron sobre posibles daños irreversibles en maquinaria sensible. Pero sus advertencias no fueron escuchadas.

Una tragedia anunciada

Lo que hoy se vive en todo el país parece haber sido una tragedia anunciada . Ya en octubre del año pasado, voces especializadas alertaron sobre los riesgos de aumentar las calorías del gas sin realizar una adecuada campaña de comunicación ni adaptaciones técnicas. Aunque se argumentó que estudios realizados por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) avalaban la medida, empresas del sector cuestionaron la metodología y el alcance de dichos análisis, señalando que representaban los intereses de los productores, no de los usuarios.

Un caso emblemático es el de una familia de Villa Devoto que perdió la vida por intoxicación con monóxido de carbono. Trágicamente, no fue un hecho aislado. En distintas provincias del país se han registrado múltiples casos de intoxicaciones y fallecimientos vinculados al gas. Familias enteras han sido encontradas inconscientes en sus hogares, muchas veces sin síntomas claros que les permitieran reaccionar a tiempo.

¿Por qué no se revierte la medida?

Una clave del problema está en el Gasoducto Néstor Kirchner , que por falta de obra pública en plena ola polar opera apenas al 70% de su capacidad, lo que reduce la presión necesaria para garantizar una correcta distribución del gas. Para algunos expertos, esto obliga a mezclar el gas con otras sustancias —como alcoholes— que mejoran su fluidez pero interfieren con la odorización del mercaptano, el compuesto que permite detectar fugas por olor.

Además, hay quienes señalan que un mayor poder calorífico hace que el gas combustione más rápido , lo que no solo multiplica los casos de intoxicación, sino también el riesgo de incendios domésticos e industriales.

Crisis energética y doméstica

Esta situación no solo afecta a los hogares, sino también a la industria. La falta de estabilidad en la calidad del gas ha generado cortes de suministro, cierres de estaciones de GNC, pérdidas millonarias por la suspensión de exportaciones a Chile y una creciente dependencia de importaciones urgentes que ponen presión sobre las reservas del Banco Central.

Las muertes por monóxido de carbono son parte de la misma película: una política energética que prioriza la exportación del recurso antes que la seguridad de los ciudadanos, que ignora las advertencias técnicas y que, en lugar de resolver problemas, los multiplica.

La medida fue adoptada luego de que Abaigar permaneciera más de 10 días detenida en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza por escrachar el domicilio de Espert.

En medio del fuerte rechazo social y político generado por la detención de un grupo de militantes acusados de realizar un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió este viernes otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a Alessia Abaigar , una de las cinco jóvenes detenidas.

La medida fue adoptada luego de que Abaigar permaneciera más de 10 días detenida en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, pese a padecer una enfermedad autoinmune que requiere atención médica constante. La jueza dispuso que deberá cumplir su arresto con tobillera electrónica , y dio un plazo de una hora a su defensa para presentar el domicilio donde se cumplirá la medida.

El caso tomó estado público cuando los cinco detenidos —entre ellos Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes— fueron imputados por hechos que consistieron en la colocación de un pasacalles y estiércol frente a la residencia del legislador libertario. Para sectores de la oposición, la detención fue una respuesta desproporcionada ante una acción política simbólica.

Denuncias de persecución judicial

Desde sus defensas, los imputados denunciaron una “persecución judicial y mediática” , al considerar que se les está criminalizando una acción política sin violencia ni afectación real de bienes. Incluso, organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Procuración Penitenciaria de la Nación pidieron la excarcelación inmediata de los detenidos, señalando que la decisión de encarcelarlos fue “forzada y desproporcionada” .

Según estas entidades, la privación de la libertad solo debería aplicarse si existen riesgos reales de fuga o de obstaculización de la justicia, algo que no estaría presente en este caso. Además, recordaron que el hecho investigado podría ser catalogado como una simple contravención municipal.

Denuncia contra la jueza

Este viernes también se presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley acusaron a la magistrada por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por ordenar allanamientos violentos, mantener incomunicados a los detenidos, secuestrarles celulares y trasladarlos a cárceles de máxima seguridad por una contravención menor.

“Presentamos una denuncia por mal desempeño contra Sandra Arroyo Salgado por la arbitraria detención de militantes por expresarse políticamente”, aseguró Recalde. Por su parte, Siley describió una serie de irregularidades durante el operativo: allanamientos en horas de la madrugada, perturbación de hogares ajenos al caso, malos tratos y falta de claridad sobre los delitos imputados.

El presidente anunció la cancelación del tradicional desfile militar por el 9 de Julio en Plaza de Mayo, medida que fue interpretada como parte de su política de ajuste y desconocimiento de símbolos históricos y patrios.

El Gobierno de Javier Milei decidió suspender el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia programado para el próximo miércoles. Según confirmó Noticias Argentinas, fuentes del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, indicaron que la decisión se tomó para ahorrar $1.000 millones.

Sin embargo, la medida no es el ajuste en si, columna vertebral del gobierno cuyo ahorro fue en detrimento de hospitales, universidades, ciencia, comedores populares y género, entre otras áreas, sino que el propio Milei remarcó en más de una ocasión que su Gobierno vino a reivindicar el rol de las fuerzas armadas.

Así, el año pasado, el desfile del 9 de julio se realizó sobre un tramo de Av. Libertador, en el barrio porteño de Palermo, donde se estuvieron más de 6.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto a más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas.

El del año pasado implicó un costo de más de 720 millones de pesos y, al actualizarlo por inflación, su realización de este año demandaría casi 1.000 millones de pesos.

El desfile militar del 9 de Julio fue una tradición durante décadas, hasta que se dejó de hacer con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, decisión que permaneció durante las dos gestiones posteriores de Cristina Kirchner. 

Mientras el gobierno de Javier Milei desmantela el Fondo de la ANSES, Ramiro Marra admitió que la jubilación está condenada a desaparecer y urge a los jóvenes a salvarse invirtiendo por su cuenta.

En un tuit que generó polémica, el diputado Ramiro Marra alertó a los jóvenes argentinos sobre el futuro incierto del sistema jubilatorio y reconoció el grave daño que la gestión del ministro de Economía Javier Milei ha causado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

“Uno de los consejos más importantes para los más jóvenes: Olvídense de su jubilación, NO VA A EXISTIR. Empiecen AHORA a ahorrar e invertir en su retiro, en el futuro la jubilación no va a existir, el fondo de pensión ya está quebrado”, escribió Marra.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra los recursos previsionales públicos, había alcanzado a fines de 2023 un valor total de 40,1 billones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 41.184 millones de dólares según el dólar CCL, reflejando un crecimiento anual del 320% nominal y 35% real en pesos.

Sin embargo, pese a estos números oficiales que muestran una valorización contable del fondo, Marra señala que la política económica implementada por Milei ha socavado la sostenibilidad del sistema. El diputado enfatizó que la cartera del FGS está compuesta mayoritariamente por títulos públicos nacionales (71%) y acciones (13,7%), instrumentos altamente expuestos a la volatilidad financiera y las decisiones del gobierno.

“Antes de que Milei asumiera, el Fondo de la ANSES era la principal garantía para las jubilaciones futuras, pero ahora está quebrado por la mala gestión y la destrucción del sistema previsional público”, afirmó Marra, en una advertencia que busca alertar sobre la necesidad de que los jóvenes comiencen a construir su propio ahorro para el retiro.

El diagnóstico de Marra se da en el marco de un contexto económico complejo, donde la inflación erosiona el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, y las medidas de ajuste dificultan la homologación de aumentos salariales y jubilatorios.

Mientras el gobierno actual anuncia supuestas “renovaciones” en defensa, en la práctica destruye mecanismos fundamentales para garantizar el derecho a la jubilación, dejando a las futuras generaciones con la responsabilidad individual de financiar su propio retiro.

Mientras el gobierno lo anuncia como una “modernización” de la defensa, la realidad muestra otra cosa: se trata de blindados con 25 años de antigüedad, comprados a Estados Unidos en medio de un brutal ajuste que castiga a jubilados, trabajadores y áreas sensibles como salud y educación.

La reciente firma de un acuerdo entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobierno de Estados Unidos para adquirir vehículos blindados M1126 Stryker vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué necesidad tiene la Argentina de comprar material militar de segunda mano, diseñado a fines del siglo pasado, y con un desempeño que ha sido ampliamente cuestionado incluso por el propio Pentágono?

Los Stryker son blindados 8×8 que comenzaron a fabricarse en el año 2002, a partir de una plataforma de diseño canadiense de los años 90. Tuvieron su debut operativo en Irak y Afganistán, donde enfrentaron enormes dificultades frente a entornos hostiles. En esos teatros, las tropas estadounidenses reportaron vulnerabilidades críticas ante artefactos explosivos improvisados (IED), limitaciones en la movilidad en terrenos difíciles, y un blindaje insuficiente frente a armamento moderno.

Un sistema que ya no cumple con los estándares de hoy

En la actualidad, buena parte de los ejércitos más avanzados están dando pasos hacia vehículos con mejor protección activa, mayor interoperabilidad digital, sistemas de control remoto de armamento y blindajes modulares de nueva generación. En ese contexto, el M1126 Stryker quedó relegado a tareas secundarias o directamente fue dado de baja en unidades estadounidenses.

De hecho, el Ejército de Estados Unidos lleva años desarrollando reemplazos para los Stryker, incluyendo variantes más modernas con torretas automatizadas, capacidad antiaérea y mejoras estructurales que no estarán presentes en los vehículos adquiridos por la Argentina.

Expertos en defensa advierten que los modelos ofrecidos en el marco del programa Foreign Military Sales suelen ser lotes excedentes del stock norteamericano, reacondicionados para la exportación. Es decir, no se trata de equipamiento de última generación, como intenta vender el gobierno de Javier Milei, sino de tecnología pasada de moda con altos costos de mantenimiento y bajo rendimiento en operaciones reales.

Compra sin sentido estratégico

Lejos de responder a una necesidad táctica o a un plan de defensa nacional, la incorporación de estos blindados parece tener más que ver con una alineación ideológica con Estados Unidos que con una decisión técnica racional. No hay hipótesis de conflicto que justifique la incorporación de este material. Tampoco existe una industria nacional que pueda integrarse a este sistema, por lo que se incrementará la dependencia en repuestos importados y asistencia logística externa.

Además, la llegada de las unidades está prevista para 2025 o 2026, lo que echa por tierra cualquier argumento sobre la urgencia de modernización. Para entonces, los Stryker tendrán casi tres décadas de antigüedad desde su diseño original, y seguirán quedando más atrás frente a los avances tecnológicos globales.

Tecnología vieja a precio de nueva

Todo esto en un contexto económico crítico, en el que el gobierno se niega a homologar paritarias, congela jubilaciones y recorta áreas sensibles del Estado. Se gasta en blindados viejos lo que se le niega a la salud, la educación o la seguridad alimentaria. La defensa de la soberanía no se construye comprando chatarra militar, sino fortaleciendo una política propia, con industria nacional, innovación tecnológica y prioridades claras.

El verdadero “riesgo” que enfrenta hoy la Argentina no está en amenazas externas ficticias, sino en la destrucción sistemática de su tejido social. Y para eso, ningún blindado viejo servirá como escudo.

Mientras ajusta jubilados, ataca periodistas y sigue sin homologar paritarias el gobierno de Javier Milei volvió a dar muestras de cuáles son sus verdaderas prioridades.

En medio de una feroz ofensiva contra el pueblo trabajador, con jubilaciones de miseria, salarios pulverizados y tarifazos generalizados, el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció con entusiasmo la compra de vehículos militares usados a Estados Unidos. Se trata de los blindados 8×8 M1126 Stryker, con más de 25 años de antigüedad, que llegarían a la Argentina recién entre fines de 2025 y 2026.

La adquisición se formalizó en el Pentágono, donde Petri firmó junto al secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, una carta de aceptación en el marco del programa Foreign Military Sales. Según el funcionario argentino, esta operación forma parte de una “modernización” de las Fuerzas Armadas y un “fortalecimiento de la alianza estratégica” con Estados Unidos, país que Milei ha definido como su principal socio geopolítico.

Lo que no dijo el ministro es que los Stryker son vehículos retirados del servicio activo en otras partes del mundo, con un historial que incluye su uso en zonas de conflicto como Irak, Afganistán y, más recientemente, Ucrania. Tampoco mencionó el costo millonario que implicará este acuerdo, en un momento en que el gobierno se niega a homologar aumentos salariales, veta mejoras para jubilados y recorta partidas presupuestarias esenciales.

Ajuste para los de abajo, negocios para los de siempre

La decisión de destinar recursos a la compra de material bélico usado mientras se le niega un plato de comida caliente a miles de argentinos expone con crudeza el modelo de país que propone Milei. Un modelo donde se prioriza el alineamiento geopolítico con Washington, aunque eso implique hipotecar soberanía, endeudar al Estado y abandonar a su pueblo.

Mientras los hospitales no tienen insumos, las universidades luchan por subsistir y los comedores populares cierran por falta de recursos, el gobierno festeja la llegada de un puñado de blindados viejos, a cuenta gotas, y celebra una “modernización” que tiene más de museo militar que de verdadera estrategia de defensa nacional.

Un discurso de guerra para encubrir la entrega

En un tono más propio de un operador del Pentágono que de un funcionario argentino, Petri reivindicó la política exterior de Donald Trump y lanzó declaraciones alarmantes sobre “nuevas amenazas híbridas”, “terrorismo internacional” y la defensa de “valores democráticos” compartidos. Palabras grandilocuentes que intentan justificar una agenda militarista en tiempos de hambre.

“El régimen iraní lo entendió con crudeza: la destrucción de sus instalaciones nucleares fue el resultado de una decisión valiente. Trump demostró que no se negocia con terroristas, se los derrota. Nosotros creemos lo mismo”, sentenció Petri, dejando en evidencia la peligrosa orientación ideológica que hoy domina la política de defensa argentina.

¿Soberanía o subordinación?

Lejos de garantizar soberanía, como pretende vender el gobierno, estas compras refuerzan una política de subordinación que ya se vio reflejada con la adquisición de los aviones F-16 a Dinamarca. En ambos casos, el discurso de “defensa nacional” encubre un modelo de dependencia y gasto militar injustificable en un país con más del 50% de pobreza infantil.

En definitiva, mientras el pueblo argentino paga la crisis con hambre, desempleo y represión, el gobierno de Milei gasta millones en equipamiento militar viejo para congraciarse con Washington. No se trata de fortalecer la defensa, sino de blindar un proyecto de ajuste que solo puede sostenerse con represión.

La frase es de Maximiliano Hilarza, una de las víctimas del excura Justo José Ilarraz tras el fallo de la Corte Suprema que dejó en libertad al sacerdote condenado por abusar de menores en el Seminario de Paraná.

Maximiliano Hilarza, una de las víctimas del excura Justo José Ilarraz, rompió el silencio luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera su sobreseimiento. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alegó que los delitos habían prescripto, pese a tratarse de abusos sexuales contra menores de entre 12 y 15 años, cometidos entre 1988 y 1992.

“La Corte Suprema no dijo que era inocente, sino que la acción penal estaba prescripta desde 2005”, explicó Hilarza en diálogo con AM530. “No lo absolvieron porque no cometió el delito, sino por un tecnicismo”. Ilarraz había sido condenado por la Justicia de Entre Ríos en 2018 a 25 años de prisión, pero cumplía condena bajo arresto domiciliario. “Hace unos días le sacaron la tobillera. Ahora anda libre”, denunció.

Hilarza dejó en claro la magnitud del daño: “Ilarraz abusó de más de setenta chicos”, afirmó. “Solo siete nos animamos a hacer la denuncia, años después, cuando pudimos hacerlo realmente. Este hombre hizo aberraciones con chicos de 12 y 13 años, muchos venían de pueblos rurales. Dormíamos cien chicos juntos en un pabellón y él se aprovechaba del llanto de los más vulnerables. También manipulaba a las familias”, relató.

La denuncia pública comenzó en 2012, gracias a la investigación de la revista Análisis. Pero la historia de encubrimiento fue mucho más larga. “La Iglesia de Paraná sabía todo desde 1985. Lo mandaron a Roma, después a Córdoba, más tarde a Tucumán. Nunca lo investigaron seriamente. A mí me llamaron tres veces para declarar en causas canónicas. La tercera vez ya no quise saber más nada”, contó.

En 2024, el Papa Francisco lo expulsó del estado clerical tras encontrarlo culpable en una investigación canónica. “La justicia civil lo condenó. La justicia vaticana también. Y ahora la Corte Suprema lo deja libre. Eligieron tomar este caso, entre tantos, para beneficiar a un abusador”, cuestionó Hilarza.

Finalmente, advirtió sobre los efectos concretos del fallo: “Hay un compañero que trabaja a 300 metros de donde vive Ilarraz. Se lo puede cruzar en cualquier momento. Imaginate lo que es eso después de haberlo llevado a juicio durante casi diez años”.

El sobreseimiento no solo desconoce la gravedad del daño causado, sino que vuelve a dejar a las víctimas solas. La Corte Suprema eligió aplicar la prescripción antes que garantizar justicia frente a delitos aberrantes cometidos contra niños.