La solicitud también incluye a los empresarios imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además del exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales

El escándalo por la estafa con el token $LIBRA sumó este viernes un nuevo capítulo. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que se levante el secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia. La medida apunta a investigar sus movimientos financieros en el marco de la causa que los vincula con la promoción y presunta participación en la operatoria de la criptomoneda.

La solicitud también incluye a los empresarios imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además del exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Será la jueza María Servini quien defina si acepta el pedido del fiscal.

Gregorio Dalbón, abogado querellante, ya había reclamado que se congelen los activos financieros de los hermanos Milei en Estados Unidos. Ahora, la fiscalía avanza con un enfoque patrimonial, intentando determinar si existieron beneficios económicos vinculados al token.

La causa fue trasladada a los tribunales de Comodoro Py por decisión de la Cámara Federal de San Martín, que desplazó a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien había retenido el expediente alegando que los mensajes promocionales del token se habían emitido desde la Quinta de Olivos. Los camaristas, sin embargo, cuestionaron que el fiscal interviniente no impulsó la acción penal y señalaron que el juzgado actuó sin contar con atribuciones para hacerlo.

Los principales rubros que impulsaron la suba fueron “Educación”, con un fuerte aumento del 21,6%, y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, así lo informó el INDEC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de marzo de 2025 fue del 3,7%, superando las proyecciones privadas que estimaban entre un 2,8% y un 2,9%. Este incremento llevó la inflación acumulada en el primer trimestre del año al 8,6% y al 55,9% en los últimos 12 meses.

Los principales rubros que impulsaron la suba fueron “Educación”, con un fuerte aumento del 21,6%, y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que registraron una suba cercana al 6%. Se trató del registro mensual más alto desde agosto de 2024, cuando la inflación había alcanzado el 4,2%.

La aceleración de la inflación estuvo impulsada principalmente por los rubros “Educación” y “Alimentos” que saltaron 21,6% y casi 6%, respectivamente.

Con este dato que cayó como un golpe en la Casa Rosada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no solo profundizó la aceleración que ya había mostrado en febrero cuando había llegado al 2,4%, sino que es además el nivel más alto desde agosto del 2024 cuando el índice fue del 4,2%.

De hecho este dato también está muy por encima del esperado ya que las consultoras privadas calculaban entre un 2,8% o 2,9% y el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) un 2,6%.

En tanto los precios estacionales saltaron un 8,4% seguidos de los regulados, con el 3,2%.

Si bien el dato fue muy malo, desde el ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, hicieron una mención al dato: “En marzo de 2025, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 3,7%, una caída sustancial respecto al mismo mes del año pasado, que fue de 11%. Asimismo, la variación interanual fue de 55,9%, marcando una fuerte tendencia de desinflación en el último año”.

En una insólita maniobra para deslegitimar el paro general, el gobierno de Milei utilizó las estaciones de trenes para difundir un video que acusa a los sindicatos de “atentar contra la República”.

En la antesala del tercer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei, el oficialismo respondió con una nueva ofensiva comunicacional: difundió un video en estaciones de trenes que tilda la medida de fuerza como un “ataque a la República” y acusa a la central obrera de “extorsionar” a los trabajadores.

“El video, que apareció en las pantallas del sistema ferroviario metropolitano, afirmaba: ‘La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denunciá al 134’”, en una clara muestra del intento del gobierno por desacreditar la protesta sindical y fomentar la delación anónima.

El mensaje fue replicado por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales, quien lo acompañó con su habitual firma: “Fin”. No es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza recurre a este tipo de recursos. Ya lo había hecho con carteles en el transporte público durante el tratamiento de la Ley Ómnibus y en otras jornadas de protesta.

Un paro nacional con amplio alcance

Pese al intento de deslegitimación, el paro tiene fuerte impacto en el país. La medida comenzó a las 00:00 y se extiende por 24 horas. Afecta al transporte público, el sector aeronáutico, actividades portuarias y distintos servicios públicos y privados. Es el tercer paro general contra el gobierno de Milei, que en apenas cuatro meses ya enfrentó dos movilizaciones masivas organizadas por la CGT y numerosas protestas de sindicatos y organizaciones sociales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el impacto en la movilidad es notable:

• Trenes, subtes y premetro: completamente paralizados.
• Transporte marítimo y fluvial: sin actividad, por adhesión del Centro de Patrones.
• Vuelos: afectados por la adhesión de gremios aeronáuticos como APA, APLA y UPSA.
• Colectivos: funcionan con normalidad, ya que la UTA no se plegó al paro.

Además de los gremios de transporte, adhieren sindicatos docentes, bancarios, estatales y de la sanidad, así como organizaciones sociales y de trabajadores informales.

Una ofensiva contra el derecho a protestar

La difusión de un número de denuncia como el 134, utilizado históricamente para reportar delitos de trata o violencia laboral, ahora aparece en manos del gobierno como herramienta para desalentar la participación en medidas gremiales. Desde distintos sectores advirtieron que esta política busca criminalizar el derecho a huelga y fomentar la persecución contra los sindicatos.

Lejos de apaciguar el clima social, la ofensiva discursiva del gobierno profundiza la confrontación con el movimiento obrero, que reclama paritarias libres, aumentos de emergencia, freno a los despidos y una política económica que no recaiga sobre los sectores más vulnerables.

En un comunicado, la central obrera cuestionó el rumbo económico del gobierno libertario, al que calificó de “mercantilista, monetarista y financiero”.

Desde las 00:00 de este jueves comenzó el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se extenderá por 24 horas y afecta el normal funcionamiento de varios servicios, entre ellos el transporte público, el sector aeronáutico y actividades portuarias. La medida de fuerza se da en rechazo al modelo económico del gobierno de Javier Milei, al que la central obrera acusó de aplicar un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables mientras favorece al sistema financiero.

“El costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”, expresó la CGT a través de un comunicado.

Críticas al modelo económico y al desmantelamiento del Estado

En un tono crítico, la central obrera cuestionó el rumbo económico del oficialismo, al que calificó de “mercantilista, monetarista y financiera”, y denunció que el “ansiado equilibrio fiscal” se logró “a través del desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y del abandono de la obra pública”.

“Todo esto profundizó el desequilibrio social, debilitó el federalismo al desfinanciar a las provincias, deterioró las economías regionales y agudizó el centralismo”, remarcó el texto.

La CGT advirtió que el actual gobierno “degrada la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y desarrollo nacional”, al tiempo que mostró “insensibilidad frente a los problemas de la gente”.

Denuncia por represión y atropello institucional

En otro tramo del comunicado, la organización sindical denunció “actos de represión salvaje e injustificada”, así como la “violación permanente de los acuerdos institucionales”. También acusó al gobierno de desfinanciar áreas clave como educación y salud, abandonar la obra pública, despreciar a las minorías, ajustar a los jubilados e imponer límites a la negociación colectiva.

“La Argentina se ha convertido en un ejemplo burdo de fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el ‘sálvese quien pueda’”, expresó la central.

Reclamos concretos

Entre los principales reclamos que motivan la medida de fuerza, la CGT exige:

• Paritarias libres y homologación de los convenios colectivos de trabajo
• Aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones
• Actualización del bono
• Fin de la represión a la protesta social
• Incremento del presupuesto en salud y educación
• Un plan de desarrollo industrial con foco en las PYMES
• Cese de los despidos en el sector público y privado
• Un plan nacional de empleo

Además, la CGT rechazó la privatización del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y de “todas las empresas y organismos públicos amenazados”, y reclamó una política exterior alineada con los intereses nacionales. También reivindicó la soberanía sobre las Islas Malvinas y repudió “el alineamiento automático con decisiones foráneas” y los condicionamientos del FMI.

Qué servicios se ven afectados

El paro afecta a varios sectores clave:

• Transporte público: no funcionan trenes, subtes ni premetro.
• Aeronáutica: se espera cancelación de vuelos por la adhesión de gremios como APLA, APA y UPSA.
• Sector marítimo, fluvial y pesca: el Centro de Patrones garantizó la medida.
• Colectivos: funcionarán con normalidad, ya que la UTA no adhiere al paro.

Mientras el gobierno predica austeridad, el canciller está envuelto en un escándalo: regresó al país en un vuelo privado junto a una modelo neerlandesa con pasado en el show de Tinelli.

El canciller argentino Gerardo Werthein, protagonizó un nuevo escándalo diplomático tras regresar a la Argentina en un vuelo privado de lujo desde Palm Beach, Florida, acompañado por la modelo holandesa Nina Francisca Schreuders. La joven, nacida en 1989, fue tapa de la revista Hombres y participó en el programa de Marcelo Tinelli, donde ganó visibilidad en el mundo del espectáculo argentino.

La información se conoció a través de una imagen filtrada en redes sociales. Según trascendidos en X (ex Twitter), la aeronave en la que viajaron Werthein y Schreuders fue vinculada al periodista ultraoficialista Agustín Laje, aunque este dato no fue confirmado oficialmente. En la documentación —una declaración general de vuelo de la empresa Pacific Ocean Private Flights— figuran como únicos pasajeros el funcionario y la modelo, con fecha de ingreso al país el 4 de abril de 2025, y con Aeroparque Jorge Newbery como destino final.

El manifiesto detalla además que el único equipaje registrado fueron “efectos personales”.

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en recortar privilegios y reducir el gasto del Estado, uno de sus representantes más importantes en el exterior regresa al país en vuelos privados, acompañado por figuras mediáticas y sin brindar explicaciones oficiales. La contradicción entre el discurso y los hechos es flagrante.

Hasta el momento, ni Cancillería argentina ni nadie del Gobierno salió a explicar públicamente sobre el viaje.

El alza fue liderada por el tomate, que casi duplicó su precio. El impacto en el IPC general se estima en 0,54%, según un informe del CEPA.

Los precios mayoristas de las verduras en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) registraron un aumento promedio del 43% en marzo de 2025, impulsados principalmente por fuertes subas en productos clave como el tomate, la lechuga y la papa, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este comportamiento tendría un impacto proyectado del 0,54% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, a través del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL), que forma parte de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo ponderador en el IPC es del 2,2%.

Los productos que más subieron

El informe analizó la evolución de las seis especies de hortalizas más comercializadas, que en conjunto representan el 75,3% del volumen operado en el MCBA. La variación mensual fue la siguiente:

• Tomate: +97,6%
• Lechuga: +77,9%
• Papa: +36,8%
• Cebolla: +1,4%
• Batata: -2,5%
• Zapallo: -6,4%

La variación interanual del segmento fue del 34,8%, con el tomate como el producto más afectado: subió un 110,9% en comparación con marzo de 2024.

Según el CEPA, este incremento está directamente vinculado con la necesidad de importar tomate desde Chile, Egipto y Brasil, donde el precio por kilo se ubica entre $3.089 y $3.442, generando una variación intermensual del 55,4% en los precios corrientes.

Caída en las frutas mayoristas

A diferencia del alza en hortalizas, el segmento de frutas mostró una tendencia opuesta. Las cuatro frutas más comercializadas —banana, limón, manzana y naranja— representan el 55% del volumen operado en el MCBA y registraron una baja promedio del 9% respecto a febrero.

• Banana: +17,1%
• Limón: -39,6%
• Naranja: -13,6%
• Manzana: -6%

La variación interanual del segmento fue apenas del 0,1%, aunque el limón volvió a destacarse con un aumento del 197,1% frente a marzo de 2024.

La caída de precios en frutas permite proyectar una baja del 10,1% en el subíndice de frutas del IPC, con un impacto estimado del -0,13% en la división Alimentos.

Supermercados y brecha de precios

El informe también revisa el comportamiento de los precios en supermercados. En enero, se observó una baja promedio del 11% en las seis hortalizas principales, aunque con subas puntuales:

• Cebolla: +36,9%
• Papa: +11,6%
• Batata: +7,4%

En contraste, bajaron los precios del:

• Tomate: -46,8%
• Zapallo: -14,3%
• Lechuga: -6,5%

La brecha de precios entre supermercados y el Mercado Central fue del 116,9% en enero, aunque cayó 22 puntos respecto del mes anterior, lo que refleja una leve tendencia a la convergencia.

Había sido designado por decreto, pero su pliego no fue aprobado por la Cámara alta. Una cautelar le impedía actuar como juez y este lunes presentó su renuncia indeclinable.

El abogado y catedrático Manuel García Mansilla presentó este lunes su renuncia indeclinable como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a tan solo 40 días de haber jurado en el máximo tribunal. Su designación, que ya había generado fuertes cuestionamientos, terminó por derrumbarse en medio de una fuerte tensión política y judicial.

García Mansilla había asumido el pasado 27 de marzo, luego de un polémico proceso de nombramiento impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, su pliego fue rechazado en el Senado y, además, una medida cautelar le impedía firmar resoluciones mientras se resolvía la legalidad de su designación. En ese marco, la permanencia del jurista en la Corte se volvió insostenible.

Con su salida, el máximo tribunal vuelve a quedar con tres integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. La vacante profundiza la crisis institucional en uno de los poderes más sensibles del Estado, al tiempo que deja al oficialismo sin su primer intento de ampliar su influencia en el Poder Judicial.

La renuncia de García Mansilla podría interpretarse como un golpe a la estrategia del Ejecutivo, que había avanzado sin el consenso necesario y enfrentando cuestionamientos desde distintos sectores del sistema político y judicial.

“Estamos ante un verdadero golpe institucional”, sentenció el senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista.

El senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista, Martín Doñate, presentó hoy una contundente denuncia penal contra el Dr. Manuel García Mansilla por usurpación de autoridad pública. Esta acción se produce tras la persistencia de García Mansilla en el ejercicio ilegítimo de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de que más de dos tercios del Senado rechazaron su designación.

“Estamos ante un verdadero golpe institucional. La permanencia de García Mansilla en la Corte, luego de un nombramiento inconstitucional por decreto y el rechazo expreso del Senado, socava el contrato democrático y destruye la seguridad jurídica en Argentina”, afirmó Doñate.

El decreto presidencial que lo designó no solo violó el procedimiento establecido en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), sino que el Senado rechazó su pliego con una mayoría calificada el pasado 3 de abril. A pesar de ello, García Mansilla continúa firmando resoluciones en nombre de la Corte Suprema, lo que constituye una de las más graves afrentas al Estado de derecho desde el retorno de la democracia.

“La seguridad jurídica en Argentina ha quedado gravemente comprometida. ¿Qué garantías pueden tener un ciudadano, una PyME, una gran inversión extranjera, una empresa nacional o un trabajador si las decisiones del máximo tribunal pueden estar firmadas por alguien que usurpa un cargo en contra de la voluntad del Senado y de la Constitución?”, cuestionó el senador.

Doñate invocó el artículo 246 del Código Penal, que tipifica la usurpación de funciones públicas, como base de su denuncia. Sin embargo, advirtió que la investigación podría revelar otras figuras delictivas contempladas en el Código Penal, dada la magnitud institucional del hecho y sus consecuencias jurídicas.

“Esto no es una discusión académica, es la configuración concreta de un delito penal en ejercicio”, sostuvo. “Cada día que pasa agrava la situación jurídica de García Mansilla, quien es el máximo responsable de llevar a Argentina a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas en democracia, dejando una oscura mancha en la historia institucional del país”.

Finalmente, Doñate sentenció: “Si esto se permite y no se actúa de inmediato, mañana cualquier presidente podrá designar jueces por decreto, ignorando al Senado y reduciendo la República a una farsa. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene derecho a un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de la ley. La democracia no se negocia”.

Bullrich perdió la jurisdicción en la Ciudad tras la represión. Entre críticas, fallos adversos y protestas crecientes, su permanencia en el cargo está en duda.

Luego de la represión en la marcha de los jubilados, que dejó como saldo a varios manifestantes heridos y al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno incrustado en la cabeza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió un fuerte revés judicial: el juez Roberto Gallardo resolvió apartarla oficialmente de toda intervención en operativos de seguridad vinculados a protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

En su lugar, el control quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Gobierno porteño. De acuerdo al fallo, la medida responde a “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.

El despliegue del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por Bullrich desde el inicio de su gestión, quedó en el centro de la polémica tras la represión de la semana pasada. Diversos sectores políticos, sindicales y de derechos humanos reclamaron la renuncia de la funcionaria, a quien señalan como la principal responsable del accionar represivo. Según el fallo judicial, el Gobierno porteño nunca adhirió formalmente al plan del Ministerio de Seguridad, lo que debilita aún más su sustento legal.

A partir de ahora, las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— solo podrán actuar en las inmediaciones de edificios pertenecientes al Estado nacional, como el Congreso, y deberán abstenerse de intervenir en manifestaciones o cortes de calle. La única fuerza habilitada para intervenir será la Policía de la Ciudad.

Más adelante, el juez Gallardo argumentó su decisión en el contexto del paro general convocado por la CGT y las movilizaciones que se desarrollan todos los miércoles, señalando que existe “un riesgo cierto y razonablemente previsible” para la integridad física de quienes participan de las protestas. El magistrado también advirtió sobre el peligro de que se vulneren “la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física” de los manifestantes, por la presencia de fuerzas que no responden a la jurisdicción local.

En el mismo tono, el fallo remarca que este escenario “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. En ese sentido, Gallardo recordó que “hubo varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional que derivaron en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, generando violencia, conflictos y caos”.

La decisión judicial limita severamente el margen de acción de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, y confirma que, por más que desde el Gobierno nacional se intente imponer un modelo represivo, la Justicia porteña empieza a ponerle freno.

La expresidenta reapareció en redes y cuestionó el discurso de Milei por el 2 de abril, criticó su alineamiento con Donald Trump y advirtió sobre el impacto económico de los aranceles impuestos a las exportaciones argentinas.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este jueves con un extenso y filoso mensaje en redes sociales en el que cuestionó duramente al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, su alineamiento con Donald Trump y las consecuencias económicas de esa estrategia.

“Che Milei… ¿A dónde pensás llevar a la Argentina?”, comenzó el texto publicado en su cuenta de X (ex Twitter), donde acusó al jefe de Estado de “romper todo”, incluso “una de las pocas cosas en la que estamos de acuerdo todos los argentinos”.

Cristina apuntó principalmente contra el discurso que Milei dio el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que se refirió a los habitantes de las islas como “malvinenses” y propuso que “voten con los pies” para decidir su pertenencia nacional. Para la expresidenta, esas palabras “hicieron pelota 60 años de construcción política internacional” basada en el principio de integridad territorial. “No son ‘malvinenses’; son población plantada en nuestras islas desde 1833 para usurparlas”, remarcó.

Además, denunció que ese mismo día se “valló la plaza” y no se permitió el ingreso a excombatientes al acto oficial, algo que calificó como una “violación a la Constitución Nacional”.

En la segunda parte del mensaje, la exmandataria se concentró en los efectos del viaje de Milei a Estados Unidos y los recientes anuncios de aranceles por parte de Trump. “Después del bombazo de Trump imponiendo aranceles de importación a diestra y siniestra (…) ¿a vos lo único que se te ocurre es hacer un posteo en inglés con la canción de Queen ‘Friends Will Be Friends’? ¿En serio?”, ironizó.

Cristina criticó con dureza la falta de resultados concretos del viaje presidencial: “Te metieron el mismo arancel que al resto de América del Sur, incluidos los gobiernos que vos llamás ‘comunistas’”, escribió. Y advirtió que, con el “dólar planchado” y las trabas a las exportaciones, Argentina se encuentra sin herramientas para competir en el mercado estadounidense.

En un tono más pedagógico, también recordó que ya había anticipado en febrero los efectos del “proteccionismo” trumpista, al que definió como el verdadero obstáculo para el crecimiento argentino. “Haceme caso por favor… Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero”, sentenció.

En un contundente postdata, la exmandataria trazó un paralelismo geopolítico entre las declaraciones de Milei y la posición rusa sobre Crimea: “¿Sabías que con lo que dijiste el 2 de abril sobre Malvinas le estás dando la razón a Putin en su conflicto con Ucrania?”, le preguntó al presidente. Y recordó que, en 2014, su gobierno votó en la ONU en contra de la anexión de Crimea a Rusia para mantener la coherencia en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

Finalmente, dejó una crítica punzante a la ortodoxia económica: “Saludos cordiales a toda la gilada autóctona que se desgañitó durante décadas pontificando el libre comercio… ¡Bienvenidos al mundo real!”