El Gobierno recurre a una medida excepcional para avanzar con los nombramientos sin consenso legislativo. La maniobra busca cambiar la agenda tras el escándalo del token $LIBRA, que involucra al Presidente.

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la designación “en comisión” de los juristas Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. La medida, tomada por decreto, se produce tras el fracaso en conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los pliegos en el Senado.

El nombramiento se concretó en el último tramo del receso legislativo, una posibilidad que había sido descartada en el caso de Lijo, pero que ahora se retomó ante la imposibilidad de lograr consenso. El juez federal cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdo, aunque su nominación fue resistida dentro y fuera del oficialismo. En cambio, el catedrático García-Mansilla, de perfil más cercano al Gobierno, nunca fue excluido de la posibilidad de ser designado por decreto.

El decreto de nombramiento debe publicarse antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el sábado 1 de marzo. Según versiones, el texto ya está en la Secretaría Legal y Técnica, a la espera de la firma presidencial.

El viernes pasado, el oficialismo intentó sin éxito convocar una sesión especial del Senado para tratar el pliego de Lijo. Sin embargo, el escándalo del token $LIBRA, una criptomoneda fraudulenta promocionada por Milei, tensionó el clima político y ni siquiera los sectores dialoguistas accedieron a dar quórum. Días antes, La Libertad Avanza y sus aliados bloquearon la creación de una comisión investigadora sobre el caso.

Aunque el Gobierno había dejado trascender que los nombramientos solo avanzarían con el aval del Senado, ahora se optó por el decreto. Esta decisión podría responder a la necesidad de un cambio de agenda, justo cuando la Justicia inició una investigación que podría derivar en la imputación de Milei por abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Los nombramientos por decreto tendrán vigencia hasta el último día hábil de noviembre, cuando finaliza el período parlamentario. En ese lapso, el Senado podría rechazar la medida. Desde el peronismo, que es clave para alcanzar los dos tercios requeridos, ya adelantaron que buscarán anular el decreto. En el PRO, Mauricio Macri se manifestó en contra de la designación de Lijo y podría impulsar a sus senadores a votar en contra.

El antecedente de Mauricio Macri

El mecanismo utilizado por Milei tiene un precedente reciente en la presidencia de Mauricio Macri. En diciembre de 2015, apenas asumido, Macri intentó designar por decreto “en comisión” a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema. La medida generó un fuerte rechazo político y jurídico, lo que obligó al entonces mandatario a retroceder y enviar los pliegos al Senado.

A diferencia del intento de Milei, Macri contaba con un escenario más favorable, ya que el peronismo negoció y terminó avalando las designaciones en el Congreso. Sin embargo, la maniobra de designar jueces por decreto fue severamente cuestionada en aquel momento, lo que reaviva el debate sobre la institucionalidad y el respeto a los procedimientos democráticos en la designación de magistrados.

Según el último parte médico emitido por el Vaticano, su estado es “crítico” pero “estable”. Además, informaron que el pontífice ha retomado algunas de sus actividades laborales desde su habitación en el hospital.

El papa Francisco, de 88 años, continúa hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral. Según el último parte médico emitido por el Vaticano, su estado es “crítico” pero “estable”. No se han registrado episodios respiratorios agudos recientes, y sus parámetros hemodinámicos permanecen estables. Una tomografía computarizada realizada recientemente evaluará la evolución de la neumonía en los próximos días.

A pesar de la gravedad de su condición, el pontífice ha retomado algunas de sus actividades laborales desde su habitación en el hospital. Ha recibido a altos funcionarios del Vaticano, incluyendo al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y al sustituto para Asuntos Generales, Edgar Peña Parra. Además, ha firmado nombramientos y decretos de canonización.

El papa Francisco fue ingresado inicialmente por una bronquitis con infección polimicrobiana, que evolucionó a neumonía bilateral. Durante su hospitalización, ha presentado anemia y trombocitopenia, lo que requirió transfusiones de sangre. Aunque se detectó una insuficiencia renal leve, esta se considera controlada y no suscita preocupación entre los médicos. Actualmente, continúa con terapia de oxígeno, aunque con un flujo ligeramente reducido.

La comunidad internacional ha mostrado su apoyo al pontífice durante su convalecencia. Fieles se han congregado frente al Hospital Gemelli, dejando flores y velas en señal de solidaridad. Además, personalidades del mundo del deporte, como el técnico Javier Mascherano, han expresado públicamente sus deseos de pronta recuperación para el papa Francisco.

El Vaticano ha informado que, aunque la salud del papa muestra una ligera mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado debido a la complejidad de su cuadro clínico. Los médicos continúan monitoreando su evolución de cerca, y se espera que en los próximos días se realicen nuevas evaluaciones para determinar los siguientes pasos en su tratamiento.

La comunidad católica mundial permanece en oración por la pronta recuperación del papa Francisco, mientras el Vaticano continúa proporcionando actualizaciones sobre su estado de salud.

Mientras la crisis escala y la desconfianza en el gobierno crece, la revista Forbes analizó el caso y lo calificó como la mayor estafa cripto de la historia, que sigue sumando denuncias e indignación en Argentina y el mundo.

Un escándalo sin precedentes sacude al gobierno de Javier Milei. Según Forbes, Argentina es el epicentro del mayor robo de criptomonedas de la historia, con una pérdida estimada de 46.000 millones de dólares. La investigación apunta directamente al presidente libertario, quien habría jugado un rol clave en la promoción de una moneda digital fraudulenta.

El informe de Forbes detalla cómo miles de inversores fueron arrastrados a una estafa masiva luego de que Milei impulsara públicamente la criptomoneda $LIBRA. El mandatario la promocionó en sus redes sociales, generando un repunte en su valor antes de que colapsara estrepitosamente, dejando a más de 40.000 afectados.

El escándalo no tardó en escalar a los tribunales. Más de 100 denuncias ya fueron presentadas en la Corte Suprema de Argentina contra Milei, acusándolo de fraude financiero y manipulación de mercado. Figuras de la oposición, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo tildaron de “estafador cripto”, mientras que el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, vinculado al proyecto, lo responsabilizó del colapso de $LIBRA.

Para intentar desviar la atención, Milei viajó a Estados Unidos, donde participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí, en un gesto polémico, regaló una motosierra a Elon Musk, reforzando su imagen de “destructor del Estado”.

Milei, ¿presidente o influencer?

Analistas cuestionan la estrategia del libertario de separar su rol presidencial de sus acciones en redes sociales. El periodista español Ignacio Escolar ironizó sobre su conducta: “Cree que es Batman y Robin a la vez; eso está bien cuando tenés quince años”.

Mientras la crisis escala y la desconfianza en el gobierno crece, el caso de la mayor estafa cripto de la historia sigue sumando denuncias e indignación en Argentina y el mundo.

El Grupo que lidera Héctor Magnetto adquirió Telefónica y el gobierno salió al cruce.

A través de un comunicado en redes de la Oficina del Presidente (OPRA), Javier Milei anunció que pondrá a disposición al ENACOM y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para investigar si el Grupo Clarín está configurando un monopolio. La medida llega luego de que se oficializara la compra de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, empresa controlada por el holding mediático.

Se trata de la materialización del conflicto entre el Gobierno y el grupo empresario, que hasta ahora Milei había limitado a críticas en discursos y publicaciones en su cuenta de X.

Telefónica cerró la venta de su filial argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares, una operación que redefine el mercado de las telecomunicaciones en el país. Sin embargo, el Gobierno intervino con un llamado a la defensa de la competencia, a pesar de que este tipo de procesos suelen resolverse automáticamente.

“Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo”, advirtió la OPRA en su comunicado del lunes.

En el texto, Milei asegura estar “comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio”. No obstante, casi un año atrás, en el 10º Latam Economic Forum, había declarado que “los monopolios pueden ser maravillosos si son el resultado de que quedó uno”. Para matizar la contradicción, el comunicado enfatiza en dos oportunidades la idea de que el poder del Grupo Clarín proviene de “beneficios estatales”.

Tras la publicación del documento, el Presidente retuiteó varios mensajes en contra de la compra de Telefónica, algunos comparando la situación con la decisión de Ronald Reagan en 1982 de frenar el monopolio de AT&T.

El Grupo Clarín tiene como accionistas controlantes a las familias Noble Herrera, Magnetto, Pagliaro y Aranda, que poseen el 44% de la compañía. Otro 20% de su capital flotante cotiza en el Merval. Dentro de su estructura, Cablevisión Holding controla Telecom Argentina S.A., la firma que concretó la adquisición de Telefónica.

La empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

La ciudad de Concepción del Uruguay vivió una de las movilizaciones más masivas de la historia de Entre Ríos, con la participación de familias enteras y allegados a los trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos. La convocatoria surgió como respuesta al posible cierre de la empresa, que se encuentra al borde de la quiebra debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han golpeado duramente a la industria local.

La situación se agravó cuando la empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

El conflicto comenzó cuando un grupo de operarios recibió la noticia de que la empresa suspendía la faena “hasta nuevo aviso”. El cartel en la entrada y el impedimento para que los trabajadores ingresaran a la planta desbordaron la paciencia de las 1.000 personas que desempeñan allí sus tareas, quienes desde el año pasado enfrentan una serie de ajustes y recortes a raíz de la crisis.

Un reclamo colectivo y solidario

Con el apoyo de los familiares de los trabajadores, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU), el Polo Obrero y otras agrupaciones sociales, los trabajadores realizaron una masiva movilización el día de ayer, que partió desde la intersección de 9 de Julio y Los Constituyentes hasta la Plaza General Francisco Ramírez.

La crisis de la avícola

El conflicto tiene como origen la grave crisis que atraviesa la empresa, cuyo golpe más fuerte llegó con la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el mercado chino para la exportación de productos avícolas. Esta medida, junto a otras decisiones de política económica, disparó los costos de producción y laborales.

Granja Tres Arroyos, la avícola más grande de Argentina, opera ocho plantas y procesa alrededor de 700.000 animales por día, con una facturación anual estimada en 1,3 millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la empresa está desviando la producción a otras plantas en Gualeguay y Buenos Aires, lo que, según el sindicato, busca reducir el personal o recortar salarios.

“Con esta maniobra, la empresa rompió la conciliación obligatoria que debía haberse resuelto el lunes. En vez de buscar una solución, cierran la planta”, expresó Miguel Klenner, secretario general del STIA.

El dirigente gremial instó a la intervención del intendente José Eduardo Lauritto en el conflicto, envió un mensaje similar al gobernador Rogelio Frigerio e hizo un llamado a los dueños de la empresa para que “recapaciten” y reviertan la situación.

La cara más cruel del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Cómo impacta la decisión y la reacción de una ciudadanía cada vez menos protegida.

En un contexto donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha asestado un duro golpe al sistema de salud al desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y recortar de manera drástica el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

Creado en 2016, este programa era esencial para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. La medida, que incluye la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona y el despido de gran parte del equipo especializado, ha generado una fuerte ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares de pacientes que dependen de estos servicios cruciales.

El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos fundamentales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país. Según denuncias de la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado a la iniciativa sin capacidad operativa, con solo dos de sus ocho integrantes originales. Esta reducción pone en peligro el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.

El impacto de la decisión: más problemas y menos cobertura

Las consecuencias de esta decisión son graves. Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento del sufrimiento físico, mientras que la falta de formación de nuevos especialistas agrava la ya escasa cobertura en cuidados paliativos en Argentina, donde solo el 14% de quienes los necesitan los reciben.

El desmantelamiento del INC forma parte de un recorte presupuestario más amplio: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también pone en jaque el futuro de las políticas oncológicas en el país.

Preocupación por el futuro de las políticas públicas de salud

Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo. Además, el desmantelamiento del programa pone en riesgo avances legislativos, como la Ley de Oncopediatría (2022), que podría verse afectada por la reducción de recursos.

Marcha en defensa del sistema público de salud

En respuesta a esta situación, trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para defender el sistema público de salud y visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono por parte del Estado.

Así lo aseguró una nueva revelación del periodista Hugo Alconada Mon. “Pidieron tragos varios y brindaron con champagne”, detalló.

El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, reveló nuevos detalles del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y enumeró una serie de hechos entre Javier Milei y el polémico Hayden Davis. Uno de los momentos claves ocurrió el 21 de noviembre de 2024 en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, donde Davis y su equipo brindaron con champagne despues de cerrar el acuerdo contractual con el propio presidente.

Según trascendió, Davis y su grupo alardeaban de haber conseguido la representación del Estado en áreas estratégicas como criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial, lo que les otorgaría un papel clave en el desarrollo de estas tecnologías en el país. “Pidieron tragos varios y brindaron con champagne”, detalló la publicación.

Sin embargo, aunque hasta el momento no se ha encontrado documentación oficial que respalde la existencia de dicho acuerdo, sí está comprobado que horas antes del festejo, Hayden Mark Davis y su socio, Mauricio Novelli, ingresaron a la Casa Rosada. No obstante, en los registros oficiales de ingreso no figura con quién se reunieron ni qué temas se trataron.

Meses después, la criptomoneda $LIBRA colapsó, generando pérdidas millonarias para los inversores. ¿Cómo seguirá este escándalo?

Con un documento titulado “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, el gobernador bonaerense lanzó su espacio político.

Con el objetivo de consolidar su propio espacio dentro del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado el Movimiento Derecho al Futuro. Bajo el lema “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, la iniciativa busca fortalecer su liderazgo y marcar una alternativa a la gestión de Javier Milei.

La presentación del movimiento dejó en claro que Kicillof busca construir una estructura política con identidad propia. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, destacó: “Con el Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof nos convoca a ser protagonistas de un peronismo fuerte, amplio y unido”.

En su documento fundacional, el espacio subraya la necesidad de reorganizar el peronismo bajo una nueva conducción que desafíe el modelo de ajuste del gobierno nacional. “El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el gobierno de Javier Milei”, sostiene el texto.

Una apuesta a la construcción de poder propio

El movimiento enfatiza la necesidad de edificar una fuerza social y política que represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, el comercio, la ciencia y la educación. “Es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro, sin temor al debate interno”, resaltan desde el sector.

En ese sentido, el documento resalta el papel del gobierno bonaerense como “un escudo y una red de protección” frente a la desregulación impulsada por el gobierno nacional. “Mientras el gobierno de Javier Milei abandona sus responsabilidades, la provincia busca aliviar el daño social que provoca la apuesta por el mercado desregulado como única respuesta”.

Un armado con respaldo político, sindical y territorial

El Movimiento Derecho al Futuro cuenta con un sólido apoyo de intendentes, legisladores y gremios, lo que refuerza la base de poder de Kicillof. Entre los jefes comunales que respaldan la iniciativa se encuentran Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Federico Achaval (Pilar), entre otros.

En el ámbito legislativo, acompañan el movimiento figuras como los diputados nacionales Hugo Yasky, Daniel Gollán, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, además de legisladores provinciales y senadores.

El sector sindical es otro pilar fundamental en la estrategia del gobernador bonaerense, con el respaldo de la CGT, la CTA-T, la CTA-A y gremios clave como la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, las 62 Organizaciones, FEMPINRA, FEGEPPBA y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Diversas organizaciones políticas y sociales también se sumaron a la propuesta, entre ellas La Patria es el Otro, Movimiento Mayo, Patria y Futuro, Somos Barrios de Pie y la Corriente Nacional de la Militancia.

Un liderazgo en construcción

El Movimiento Derecho al Futuro no solo busca fortalecer al peronismo, sino que también posiciona a Kicillof como un referente con una estructura propia dentro del espacio. “Convocamos a la construcción de una gran fuerza social y política que defienda los intereses nacionales y promueva el desarrollo con justicia social”, sostiene el documento.

El texto cierra con un mensaje de futuro: “Hacia allá nos dirigimos, derecho a un futuro mejor”.

Los vínculos de la familia presidencial con empresas y contratos públicos ponen en duda la supuesta vida pasada del presidente alejado de sospechas de corrupción.

Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, reveló que años antes de convertirse en secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a sus padres, Norberto Milei y Alicia Lucich, gestionó una sociedad comercial en Miami que adquirió cuatro propiedades por un valor cercano a los 2,7 millones de dólares.

Según la investigación, estas operaciones se realizaron a través de la empresa Alkary Investments LLC, constituida en enero de 2015 en Florida, Estados Unidos. El nombre de la sociedad es un acrónimo de “Alicia” y “Karina“, y en ella figuraron los tres como directivos.

Las propiedades, ubicadas en Miami y sus alrededores, fueron compradas entre 2018 y 2019, financiadas parcialmente con créditos hipotecarios. Sin embargo, entre 2021 y 2022, en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y el ascenso político de Javier Milei, la familia decidió vender los inmuebles. Estas ventas se realizaron a precios inferiores a los de compra, lo que resultó en una pérdida estimada de 400.000 dólares.

Problemas financieros y demandas judiciales

La gestión de las propiedades no fue sencilla. Alkary Investments dejó de pagar las cuotas de los créditos hipotecarios, lo que generó demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad. Los acreedores, como Italbank International e Invictus Residential Pooler LLC, reclamaron el pago de deudas acumuladas, lo que llevó a la familia a vender los inmuebles para saldar las obligaciones.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, las propiedades se adquirieron con fondos provenientes de la venta de empresas de Norberto Milei, y la intención era alquilarlas para cubrir los gastos. Sin embargo, la pandemia afectó el mercado inmobiliario, cancelando reservas y alquileres, lo que imposibilitó generar ingresos. Ante esta situación, la familia optó por liquidar las propiedades.

Vínculos y participación de Karina Milei

Karina Milei, quien siempre mantuvo una relación cercana con sus padres, jugó un papel clave en la decisión de invertir en Estados Unidos. A través de un amigo de la universidad, Javier Guezikaraian, agente inmobiliario radicado en Miami, la familia accedió a las propiedades. Guezikaraian también participó como directivo en Alkary Investments y otras sociedades vinculadas a la familia.

Adorni aclaró que Karina Milei no realizó aportes de capital a Alkary Investments y que su participación en la sociedad fue “por una decisión familiar”. Además, destacó que Javier Milei, en ese momento distanciado de sus padres, no estuvo involucrado en estas operaciones.

Declaraciones y patrimonio

Al asumir como secretaria general de la Presidencia en diciembre de 2023, Karina Milei declaró un patrimonio de 1,7 millones de pesos, consistente en una casa en Vicente López, valuada en 1,4 millones de pesos. No declaró propiedades, acciones o cuentas bancarias fuera de Argentina.

Además de Alkary Investments, la familia Milei estuvo vinculada a otras sociedades, como Alkanor Investments LLC, Piguez Wholesales Group LLC y Pan American Technology Corporation, aunque estas no llegaron a adquirir propiedades. Norberto Milei también enfrentó problemas financieros en Argentina, donde fue condenado por evasión de impuestos en 2002 y 2003.

En resumen, la incursión de la familia Milei en el mercado inmobiliario de Estados Unidos terminó con pérdidas financieras y complicaciones legales, en un contexto marcado por la pandemia y el ascenso político de Javier Milei.

El ex asesor de comunicación de Javier Milei, Augusto Grinner, expone acusaciones sobre pedidos de dinero a empresarios a cambio de reuniones con el Presidente, revelando un entramado de irregularidades que comprometen al entorno del mandatario.

La criptoestafa promovida por Javier Milei destapó una serie de irregularidades, acusaciones y presuntas coimas, características de la “casta” que el actual Gobierno prometió erradicar. Ante la evidencia del engaño respaldado por el Presidente, varias figuras políticas comienzan a distanciarse de él y a exponer denuncias sobre su accionar ilegal.

En ese sentido, este viernes en diálogo con el periodista Ari Lijalad, Augusto Grinner, ex asesor de comunicación de Javier Milei, detalló denuncias relacionadas con pedidos de coimas en el Gobierno a cambio de reuniones con el Presidente. La semana pasada, esta cuestión cobró notoriedad cuando fue mencionada por la periodista Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa, Luis Petri.

“Yo hice unas capturas por WhatsApp”, declaró Grinner, quien detalló que la información que compartió fue obtenida “en comunicación ad honorem, extraoficialmente, como amigo”.

Grinner recordó que en 2022, cuando Milei asumió como diputado, descubrió que estaba otorgando cargos a militantes y tuiteros para apoyar su campaña presidencial, lo que le resultó incompatible con lo que habían planteado hasta entonces: “Nos enteramos de que estaba metiendo a massistas y a personajes como Buzzi, quien vivió del Estado desde 1987 y metió a su familia y amigos. Esto es antiliberal”, relató.

En otro momento de la entrevista, Grinner confirmó los rumores sobre el pedido de dinero para mantener reuniones con el entonces candidato presidencial. “El 11 de junio de 2022 le escribí a Javier para informarle que varios empresarios me contaron que, para acercarse a él o a La Libertad Avanza, les pedían dinero. Principalmente, Carlos Kikuchi, que era la mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza en ese momento”.

Grinner añadió: “Nos enteramos de que Kikuchi pedía plata a empresarios que querían reunirse con Javier. Decían: ‘bueno, pero me vas a tener que pagar'”.

El ex asesor explicó cómo la reiteración de testimonios de distintos empresarios le hizo creer en la veracidad de la acusación: “Cuando lo dice uno, uno puede pensar que es una invención. Pero cuando lo repiten tres o cuatro personas, que no se conocen entre sí, no puede ser una coincidencia”. Ante esto, decidió comunicarle la situación a Milei, quien minimizó el tema: “Le escribí a Javier y le dije: ‘me están diciendo esto desde todos lados, no puedo asegurarlo, pero te lo comento’. Él me respondió que era ‘un chisme’, que se esparcían rumores”.

Grinner destacó que, a pesar de que Milei no actuó de inmediato sobre el asunto, le recomendó que se lo comentara a Karina Milei. “Yo le dije que Karina no me daba bola, y el tema quedó ahí. No cambió nada”.

Más adelante, Grinner subrayó que el entorno de Milei fue uno de los factores que lo distanció del Gobierno: “Milei empezó a rodearse de personas que no le discutían nada y que solo le decían ‘sí, Javier'”.

Aunque Grinner no tiene certeza sobre si Milei avala las prácticas denunciadas, dejó en claro que, de ser cierto, se trataría de un acto de corrupción: “Si Milei avala esto, estamos hablando de un hecho de corrupción. Pero hay que respetar el principio de inocencia”.

Para Grinner, lo grave de la situación radica en el uso de la investidura presidencial para obtener beneficios personales: “No es lo mismo que un artista cobre por un ‘meet & greet’ privado. Los empresarios que querían reunirse con él lo hacían porque él tenía poder político, porque ocupaba un cargo público”.

Finalmente, Grinner hizo referencia a Karina Milei y a la figura de Kikuchi, sugiriendo que “la situación de Kikuchi y la relación con Karina generan sospechas”. Según él, aunque Kikuchi ya no ocupe el cargo que tenía antes Santiago Caputo, las irregularidades continúan sin que se haya resuelto el problema de fondo.