En medio de un clima de tensión y represión, el gobierno de Javier Milei se niega a aumentar las jubilaciones y amenaza con vetar cualquier iniciativa que busque mejorar la situación de los jubilados.

La situación de los jubilados en Argentina se torna cada vez más crítica, y la represión sufrida por ellos frente al Congreso es un claro reflejo de la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei. A pesar de las demandas de aumento en las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, la Casa Rosada presiona a gobernadores y diputados para boicotear cualquier intento de mejora. La oposición, que busca llevar al recinto un aumento del 7.2% en las jubilaciones, se enfrenta a un gobierno que ya ha anticipado su intención de vetar cualquier proyecto que comprometa su objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dejado en claro que Milei no permitirá modificaciones al régimen previsional, argumentando que cualquier aumento se traduciría en un mayor déficit. Esta postura no solo ignora las necesidades básicas de los jubilados, sino que también refleja una falta de empatía hacia un sector de la población que ha sido históricamente vulnerable. Mientras el 27% de los jubilados percibe la mínima, que se encuentra congelada en 70 mil pesos desde que Milei asumió, el gobierno se niega a reconocer la urgencia de una solución.

La falta de quórum en la Cámara de Diputados se ha convertido en un obstáculo significativo para la oposición, que intenta avanzar con proyectos que beneficien a los jubilados. La estrategia del gobierno es clara: boicotear el quórum para evitar que se discutan iniciativas que incomoden a la administración de Milei. Esta táctica no solo demuestra la falta de voluntad política para abordar las necesidades de los jubilados, sino que también evidencia un desprecio por el proceso democrático y la voz de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos.

La responsabilidad de esta crisis recae directamente en Javier Milei y su gobierno, que han optado por un camino de ajuste y represión en lugar de buscar soluciones que garanticen el bienestar de los jubilados. La lucha por un aumento de emergencia y la defensa de los derechos de los jubilados no solo es una cuestión de justicia social, sino también un llamado a la dignidad de quienes han contribuido al país durante toda su vida. La sociedad no puede permitir que la represión y el ajuste se conviertan en la norma; es hora de exigir un cambio y poner fin a esta política que desatiende a los más vulnerables.

Empresarios de EE.UU. nucleados en AmCham marcaron diferencias con el modelo libertario: reclamos por la falta de institucionalidad, blanqueo a delitos financieros y ausencia de reglas claras

En una escena que dejó al descubierto un inédito cortocircuito, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) le bajó el pulgar al rumbo económico de Javier Milei y puso sobre la mesa críticas que incomodaron a la comitiva libertaria. Fue en el marco del AmCham Summit, el evento que reúne a representantes de las principales multinacionales norteamericanas en el país, donde por primera vez se escuchó un reclamo tan directo como inesperado: la falta de condiciones institucionales, la inseguridad jurídica y el aval implícito al ingreso de capitales sin control ni origen claro.

Facundo Gómez Minujín, presidente de AmCham y representante de JP Morgan en Argentina, fue la voz que encarnó la disconformidad. En un discurso que no pasó desapercibido, sostuvo que “Argentina no tiene la calidad institucional suficiente para garantizar inversiones a largo plazo” y cuestionó las señales contradictorias del gobierno, incluyendo su beneplácito hacia mecanismos como el “blanqueo de capitales” sin distinción entre fondos legales e ilegales.

“En ningún país serio se premia el narcotráfico, el contrabando o el delito financiero con un blanqueo”, sostuvo Gómez Minujín ante una sala repleta de CEOs, diplomáticos y funcionarios. El mensaje cayó como una bomba en Balcarce 50, que había apostado a este foro como vidriera internacional para atraer inversiones. La respuesta, sin embargo, fue un llamado de atención.

Además, el banquero apuntó contra el clima de incertidumbre que genera el propio gobierno. Criticó las constantes modificaciones del régimen cambiario, la falta de previsibilidad tributaria, y la asfixia que sufren las empresas por un marco regulatorio difuso y sin horizonte. Fue una enumeración que sonó a reprimenda, justo frente al equipo económico liderado por Luis Caputo y en presencia del propio presidente.

Milei, por su parte, sorprendió con un discurso corto —menos de 20 minutos— y con escasa capacidad de respuesta a las críticas. Evitó cualquier referencia directa al planteo de AmCham y se limitó a repetir sus habituales latiguillos: arengó a los empresarios a “invertir ahora que Argentina está baratísima” y prometió que el país será “una potencia mundial dentro de 30 años”. Cerró con su ya famosa expresión: “Vamos a crecer como pedo de buzo”, pero la frase, lejos de distender el clima, dejó perpleja a gran parte de la audiencia.

Al terminar, el desaire fue evidente: más de la mitad de los presentes se retiraron sin saludarlo, marcando distancia con el presidente y evidenciando que, esta vez, el intento de Milei por seducir al capital extranjero terminó con un portazo. El contraste fue notorio con la exposición de Caputo, que recibió más aplausos y se mostró dispuesto al intercambio técnico con los empresarios.

Lo que quedó en el aire no fue sólo una molestia diplomática, sino una señal política: incluso aquellos a quienes Milei dice defender —el gran capital extranjero— comienzan a tomar distancia ante la falta de reglas claras, el desprecio por los marcos legales y la peligrosa lógica de que todo dinero vale, sin importar de dónde viene.

El sueño del “paraíso libertario” empieza a resquebrajarse cuando ni siquiera sus potenciales beneficiarios lo compran.

Mientras se discute en el Congreso una mejora para las jubilaciones, el presidente Milei advierte que vetará cualquier proyecto que “rompa el equilibrio fiscal”. Las y los jubilados siguen siendo las principales víctimas del ajuste.

Este martes, la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de proyectos que buscan recomponer los haberes de jubiladas y jubilados, gravemente deteriorados por la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo ya anticipó que, en caso de aprobarse, el presidente vetará cualquier ley que implique una mejora real para el sector.

Los bloques opositores intentan avanzar con una fórmula de movilidad más beneficiosa que la impuesta por el Ejecutivo vía DNU, y promueven además la restitución de la moratoria previsional, eliminada por el Gobierno, y la creación de una jubilación proporcional para quienes no llegan a los 30 años de aportes.

Mientras tanto, el Gobierno de La Libertad Avanza desplegó un operativo de presión sobre los gobernadores y bloques aliados para impedir que se alcance el quórum o se vote en contra de los intereses de la Casa Rosada. Aún así, el descontento por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables crece también dentro del Congreso.

En paralelo, organizaciones de jubilados se concentran todos los miércoles frente al Congreso para exigir una recomposición de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y el cese del desfinanciamiento del PAMI, que afectó prestaciones esenciales. ¿La respuesta? gases y palos para nuestros abuelos y abuelas mientras la sociedad entera mira por tv en vivo todo lo que pasa frente al Congreso.

AJUSTE A LOS JUBILADOS: EL PLAN DE MILEI EN MARCHA

Desde el inicio de su gestión, Milei avanzó con una serie de decisiones que perjudicaron directamente a las y los jubilados. A continuación, un repaso de las principales medidas que muestran cómo el ajuste recayó sobre quienes más lo necesitan:

• Veto al aumento por ley aprobado en el Congreso: En junio, el oficialismo vetó la ley sancionada por Diputados y el Senado que establecía un aumento por encima del índice de inflación. “No voy a permitir que se rompa el equilibrio fiscal”, dijo Milei al anunciar el veto.
• Eliminación de la moratoria previsional: Mediante el DNU 70/2023, el Gobierno eliminó la posibilidad de que miles de personas sin 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación, profundizando la exclusión de mujeres y trabajadores informales.
• Medicamentos y recortes en el PAMI: El Ejecutivo redujo el acceso a medicamentos gratuitos, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas. Además, se desfinanciaron convenios con clínicas y prestadores, lo que provocó demoras en turnos médicos, estudios y tratamientos.
• Nueva fórmula de movilidad impuesta por decreto: Milei reemplazó la fórmula anterior por una actualización mensual por IPC, pero sin ningún tipo de aumento compensatorio por la pérdida acumulada durante los primeros meses del año. Como resultado, las jubilaciones mínimas perdieron más de un 20% frente a la inflación.

Lejos de ofrecer soluciones, Milei redobló la apuesta y ratificó que vetará cualquier ley que implique un aumento del gasto previsional. En su habitual tono provocador, aseguró que la oposición quiere “reventar el país” y repitió que “el déficit cero no se negocia”.

La amenaza de veto presidencial no solo ratifica el rumbo del ajuste, sino que expone el desprecio del Gobierno por los sectores más castigados por la crisis. Las jubilaciones mínimas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo.

En este contexto, la sesión en Diputados pone en evidencia el contraste entre el cinismo del oficialismo y la urgencia de millones de personas que apenas sobreviven. Por más que a Milei y su junta les moleste, la pelea por los derechos de los jubilados sigue viva.

Un conductor fue apuñalado durante un intento de robo en La Tablada. Sus compañeros iniciaron una medida de fuerza y exigen mayor seguridad.

Este miercoles trabajadores de la línea 126 realizan un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la violenta agresión a un chofer durante un intento de robo en La Tablada.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando tres delincuentes abordaron el colectivo simulando ser pasajeros. Al quedarse solos con el conductor, lo apuñalaron en la cabeza, brazos y una pierna. El chofer logró defenderse, pero resultó con heridas que requirieron atención médica. Actualmente, se encuentra estable y en observación.**

En respuesta, sus compañeros iniciaron una medida de fuerza que incluye un corte en la rotonda de San Justo, sobre Ruta 4 y Monseñor Bufano. Exigen mayor seguridad y denuncian que La Matanza es una “tierra de nadie”. Julián, delegado de la línea 126, expresó: “Queremos vivir, esto es insostenible. No vamos a esperar a que maten a un chofer para tomar medidas”.**

La medida de fuerza se mantendrá durante toda la jornada y no se descarta que otras líneas se sumen al reclamo. Los trabajadores exigen respuestas concretas de las autoridades para garantizar la seguridad en el transporte público

El fotógrafo herido durante la represión a jubilados en marzo, enfrenta una nueva intervención quirúrgica por hidrocefalia, consecuencia del trauma craneal sufrido. Su familia denuncia la falta de apoyo oficial y exige justicia.

Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido durante la represión policial a una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo, será sometido a una nueva operación debido a un cuadro de hidrocefalia detectado recientemente. La intervención, considerada inminente, busca colocar una válvula para descomprimir la acumulación de líquido en su cerebro, consecuencia del traumatismo craneal sufrido por el impacto de una bala de gas lacrimógeno disparada por un agente de la Policía Federal Argentina.

Su padre, Fabián Grillo, explicó que la operación se realizará “ni bien puedan” y que la familia se mantiene en alerta ante cualquier novedad. Además, expresó la frustración de Pablo, quien, tras dos intentos fallidos de alta médica, se encuentra “cansado” y “aburrido”, aunque sigue recibiendo el apoyo constante de amigos y familiares.

La familia también ha manifestado su descontento por la falta de comunicación y apoyo por parte del Gobierno Nacional desde el incidente. La jueza federal María Servini ha solicitado información detallada sobre el operativo represivo, incluyendo la identificación de los funcionarios presentes y las órdenes impartidas, pero hasta el momento no ha habido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

Este nuevo revés en la salud de Pablo Grillo resalta las consecuencias duraderas de la violencia institucional y la necesidad urgente de justicia y reparación para las víctimas de la represión estatal.

La medida, tomada sin difundir resultados ni avances, refuerza las sospechas de encubrimiento y debilita el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción.

La reciente decisión del presidente Javier Milei de disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.

La UTI fue establecida en febrero de 2025 mediante el Decreto 114/2025, con el objetivo de colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la investigación de posibles hechos de corrupción vinculados a $Libra. Sin embargo, su disolución, formalizada por el Decreto 332/2025, se produjo sin que se hicieran públicos los resultados de sus indagaciones.

La falta de transparencia en la divulgación de los hallazgos de la UTI ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y la independencia de la comisión. La creación y posterior disolución de un organismo destinado a investigar al propio presidente, sin resultados públicos, plantea dudas sobre el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Este episodio se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei en su primer año de gobierno, caracterizado por una política de austeridad y reducción del gasto público. Entre estas acciones se incluyen la disolución de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la agencia de noticias Télam. Además, se ha llevado a cabo una significativa reducción del empleo público, con más de 31.000 empleados desvinculados desde el inicio de su gestión.

La disolución de la UTI, sin la publicación de sus conclusiones, refuerza las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el actual gobierno argentino.

El presidente defendió su proyecto de blanqueo de capitales y reconoció que podría ser usado por narcos. “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”, aseguró.

Javier Milei volvió a dejar declaraciones explosivas que generaron fuerte preocupación. Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+, el presidente admitió sin filtros que su proyecto de blanqueo de capitales puede ser utilizado por el narcotráfico.

Al ser consultado sobre los riesgos del nuevo régimen, Milei respondió: “¿Qué pasa si blanquea un narco? Y bueno, es un tema de seguridad. Mi trabajo es que la economía crezca, que los precios no suban”. Luego agregó, sin dudar: “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”.

El blanqueo de capitales forma parte de la Ley Bases impulsada por el oficialismo y permitiría legalizar dinero en efectivo, criptomonedas, bienes en el exterior o cuentas bancarias sin explicar su origen, con alícuotas mínimas y sin penalidades.

Lejos de tomar distancia de posibles usos ilícitos, Milei blanqueó que no le importa si el dinero proviene del narcotráfico, contrabando o evasión fiscal, siempre que entre al sistema. “Mi foco es el crecimiento económico, lo otro es problema de Bullrich”, ironizó en referencia a su ministra de Seguridad.

Las declaraciones del Presidente generaron fuertes críticas desde sectores judiciales, políticos y económicos, que advirtieron que un blanqueo sin controles puede facilitar el lavado de dinero y profundizar redes delictivas.

Además, varios especialistas recordaron que el narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un factor que distorsiona la economía, impulsa la violencia y corrompe estructuras estatales.

Con esta postura, Milei vuelve a mostrar su desprecio por los marcos legales y los controles institucionales, favoreciendo un modelo donde la impunidad financiera y la opacidad sean la norma

El funcionario de Javier Milei reconoció públicamente que elimina regulaciones de la ANMAT porque se lo piden empresarios conocidos. Lo hizo sin pudor durante un evento en la Bolsa de Comercio.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, volvió a generar polémica al reconocer sin filtros que desregula normativas estatales por pedido de empresarios amigos.”La semana pasada me escribe un conocido diciendo ‘Che, mi hermano compró un vaso Stanley por Amazon y le exigen un trámite en ANMAT porque el vaso va a estar en contacto con los alimentos. ¿Al Estado argentino lo pensó Kafka?’. No podría estar más de acuerdo”, arrancó su anuncio el exministro de Macri y la Alianza.

La frase, dicha con naturalidad y sin ningún reparo ético, confirma lo que muchos sectores vienen denunciando: el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno no responde a un plan institucional sino a intereses particulares.

La revelación dejó al descubierto la falta de controles, el favoritismo empresarial y la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de funcionarios que, en lugar de velar por el interés público, atienden pedidos personales.

En el mismo mensaje, Sturzenegger defendió el rumbo económico del gobierno y planteó que las regulaciones estatales solo generan “trabas”. Sin embargo, su ejemplo concreto con la ANMAT generó un fuerte rechazo, dado que este organismo cumple un rol clave en la fiscalización de medicamentos, alimentos y productos de salud pública.

Este lunes salió desde Haedo una formación cargada con donaciones, organizada por organizaciones sociales, sindicales y ferroviarias, para asistir a las comunidades afectadas por el reciente temporal en el norte bonaerense.

Una nueva formación del tren solidario partió este lunes desde la estación de Haedo con destino a las localidades de Zárate y Campana, dos de las zonas más castigadas por el último temporal que azotó el norte de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue organizada por la agrupación ferroviaria “Ferromaterials”, con el apoyo de organizaciones sociales, sindicatos y la comunidad educativa, y contó con la colaboración de Trenes Argentinos, que dispuso una locomotora y dos coches de pasajeros especialmente acondicionados para transportar los materiales.

Ropa, alimentos no perecederos, agua, colchones, artículos de limpieza y medicamentos fueron algunas de las donaciones que se recolectaron durante el fin de semana y que ya están en camino hacia las familias más afectadas por las inundaciones. La carga será distribuida por colectivos sociales y referentes territoriales, que conocen en profundidad las necesidades de cada barrio.

“La solidaridad es el motor de este tren, y cada viaje reafirma que la organización colectiva puede dar respuestas concretas en momentos de emergencia”, señalaron desde Ferromaterials.

El tren solidario no es una novedad: esta es la edición número 18 de una experiencia que se repite desde hace años, y que ha llevado ayuda a distintas provincias y regiones en contextos críticos. En esta oportunidad, la urgencia fue el temporal que dejó barrios enteros bajo el agua, cientos de evacuados y una fuerte pérdida de bienes materiales para muchas familias trabajadoras.

Desde la organización remarcaron que la emergencia continúa y que seguirán recolectando donaciones en distintos puntos del conurbano bonaerense. También hicieron un llamado a mantener viva la solidaridad frente a un contexto social cada vez más difícil.

Desde el oficialismo reconocieron el papelón: “Pareja se mandó una cagada”.

Las contradicciones en el oficialismo no dejan de acumularse. Esta vez, el escándalo estalló en pleno acto de cierre de campaña del vocero presidencial Manuel Adorni, cuando varios jóvenes admitieron ante cámaras haber sido convocados con la promesa de cobrar $25.000 por su presencia. El hecho ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y apunta directamente a Sebastián Pareja, principal armador de La Libertad Avanza en la provincia y hombre de confianza de Karina Milei.

Durante una transmisión en vivo de TN, algunos asistentes al acto reconocieron que habían ido por la paga. Aunque la entrevista fue interrumpida de forma brusca por un hombre que los retiró del lugar, el daño ya estaba hecho. Más tarde, un video publicado por el periodista Manu Jove mostró a decenas de personas haciendo fila al finalizar el evento, lo que reforzó la hipótesis de que esperaban cobrar por su participación.

Desde adentro del propio espacio libertario, la bronca no tardó en explotar. “Pareja se mandó una cagada”, fue la frase que trascendió entre referentes del partido, sorprendidos por el uso de prácticas que ellos mismos denuncian en otros sectores de la política.

Mientras el presidente Javier Milei repite en cada discurso su guerra contra la “casta” y exige a los argentinos que “no hay plata”, el armado libertario queda bajo sospecha por financiar movilizaciones con plata propia para mostrar una fuerza callejera que no tienen.

Por ahora, desde el entorno de Sebastián Pareja niegan todo, pero el daño ya está hecho. Las imágenes, los testimonios y las internas expuestas revelan que, por más que se disfracen de “nueva política”, los libertarios repiten lo peor de la vieja.