En medio de las fuertes fricciones entre el PRO y La Libertad Avanza, el expresidente Mauricio Macri y el influyente asesor presidencial Santiago Caputo protagonizaron un inesperado abrazo durante la cena anual de la Fundación Libertad.

La imagen resultó difícil de anticipar. Mauricio Macri, fundador del PRO, y Santiago Caputo, el enigmático asesor de Javier Milei y pieza clave del llamado “triángulo de hierro” que completa Karina Milei, se fundieron en un abrazo y un cruce de sonrisas durante el evento que reunió a lo más selecto del liberalismo argentino.

El gesto, que incluyó palabras al oído y fue iniciado por Caputo, quien llegó fumando y esquivando cámaras, sorprendió a propios y ajenos. Macri aceptó el apretón de manos y respondió con afecto, a pesar de los recientes cruces mediáticos y políticos.

Cruces previos: acusaciones y pases de factura

No hay que retroceder demasiado para encontrar la tensión. Macri ha responsabilizado públicamente a Caputo por la ruptura de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para conformar un frente común en la Ciudad de Buenos Aires. Según el expresidente, Caputo fue uno de los responsables de dinamitar el acuerdo y sembrar desconfianza entre ambas fuerzas.

Además, en declaraciones recientes, Macri lanzó una dura crítica:

“Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio. Tenemos valores”.

Aunque no mencionó nombres, el propio Milei recogió el guante y lo desafió a “traer la factura y mostrarla”, avivando la interna entre ambos espacios.

Negociaciones en suspenso

Mientras se profundiza la ruptura electoral en la Ciudad —donde competirán por separado el próximo 18 de mayo—, ambas fuerzas todavía mantienen conversaciones para una posible alianza en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los ánimos están lejos de calmarse.

La diputada María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO en CABA, también arrojó leña al fuego al responsabilizar directamente a Karina Milei por la falta de acuerdo electoral:

“Lamento que no hayamos podido acordar en la Ciudad por decisión de Karina. Eso le da ventaja a (Leandro) Santoro”.

El inesperado saludo entre Caputo y Macri puede leerse de distintas maneras: ¿una señal de distensión en medio del fuego cruzado o un simple gesto de corrección política en una noche de gala?

Lo cierto es que, pese a la cordialidad del momento, las tensiones de fondo entre el PRO y La Libertad Avanza siguen tan vigentes como el enigma que representa Santiago Caputo dentro del gobierno libertario: un monotributista sin cargo oficial, pero con poder de veto y de construcción política.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el intento de excluir a damnificados de la causa por la estafa con la criptomoneda promovida por el presidente argentino.​

En un fallo clave, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el pedido de los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes buscaban impedir que las víctimas de la estafa con la criptomoneda $LIBRA actuaran como querellantes en la causa judicial.

La criptomoneda $LIBRA fue lanzada el 14 de febrero de 2025 y promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Poco después, su valor se desplomó abruptamente, generando pérdidas millonarias para miles de inversores. Se estima que más de 74.000 personas perdieron cerca de 286 millones de dólares en lo que expertos describen como una estafa de salida o “rug pull”, una maniobra clásica del ecosistema cripto donde los promotores retiran los fondos y abandonan el proyecto tras inflar su valor artificialmente.

El tribunal consideró inadmisible el recurso presentado por Novelli y Terrones Godoy, afirmando que los damnificados tienen derecho a participar activamente en la investigación penal como querellantes y a impulsar medidas de prueba. Actualmente, hay cinco querellantes admitidos en la causa, entre ellos Martín Romeo, un especialista en criptomonedas que perdió 2.000 dólares tras invertir en $LIBRA luego de ver la promoción de Javier Milei.

La causa, que investiga posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y fue delegada por la jueza María Servini. Además, se convocó a una audiencia de mediación para el 15 de mayo entre los funcionarios denunciados —incluidos Javier Milei y su hermana Karina— y 25 inversores damnificados, la cual podría derivar en una demanda civil millonaria.

Este fallo representa un revés para los socios del presidente involucrados en el escándalo y refuerza la posición de las víctimas en la búsqueda de justicia por las pérdidas sufridas

¿Por qué Milei está acusado de estafar millones con $LIBRA?

Cargos penales en curso: La causa judicial abierta investiga delitos como estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias, debido al rol activo de Milei y la posible utilización de su figura presidencial para manipular el mercado en favor de un negocio fraudulento.

Promoción directa: Javier Milei promocionó públicamente la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales el mismo día del lanzamiento (14 de febrero de 2025), dándole legitimidad ante sus seguidores e inversores, muchos de los cuales decidieron invertir por su respaldo.

Colapso repentino: A los pocos días, el valor de $LIBRA se desplomó abruptamente, lo que provocó la pérdida total de los fondos para más de 74.000 personas. El mecanismo tiene características típicas de un “rug pull”, una estafa cripto donde se abandona el proyecto tras vaciar los fondos.

Vínculos con los promotores: Los principales impulsores del proyecto (Novelli y Terrones Godoy) tenían vínculos con sectores libertarios y empresarios cercanos al oficialismo.

Con una amplia mayoría, la Legislatura bonaerense suspendió las PASO para 2025, modificando el calendario electoral y eliminando la instancia de internas abiertas.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2025. La medida fue sancionada con el respaldo de una amplia mayoría en ambas cámaras, sin que se haya generado un debate profundo al respecto. Con esta decisión, los partidos políticos bonaerenses no deberán realizar internas abiertas, y podrán definir sus candidaturas de manera interna dentro de sus respectivos espacios.​

La modificación del calendario electoral fue impulsada por el oficialismo, que argumentó que las PASO representan un gasto innecesario y redundante, especialmente en un contexto donde la simplificación del proceso electoral podría reducir costos. Además, se señaló que la eliminación de esta instancia facilitaría la organización de los comicios.​

Por otro lado, las elecciones generales, tanto provinciales como nacionales, se mantienen con las fechas previstas inicialmente, pero en un hecho que marca un cambio importante, se prevé que las elecciones provinciales se desdoblen de las nacionales. Esto implica que los bonaerenses votarán en fechas separadas para cargos provinciales y nacionales, un proceso que se espera aligere la logística electoral, aunque también genera cuestionamientos sobre su impacto en la participación y en los costos.

Con el respaldo de Milei, el “Proyecto Digesto” avanza para vaciar organismos públicos, eliminar derechos y profundizar un ajuste que golpea a los trabajadores y debilita las funciones esenciales del Estado.

Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, puso en marcha una nueva etapa del ajuste impulsado por Javier Milei. Bajo la etiqueta de “Proyecto Digesto”, el Gobierno busca eliminar miles de leyes, resoluciones y decretos, al mismo tiempo que acelera la disolución de organismos públicos clave, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Lejos de ser una simple “limpieza administrativa”, el plan de Sturzenegger representa un ataque directo contra las estructuras estatales que garantizan derechos básicos y regulan sectores estratégicos. La justificación oficial habla de “simplificación” y “modernización”, pero en los hechos se trata de un vaciamiento del Estado para abrirle paso al mercado sin ningún tipo de control.

Según admitió el propio Sturzenegger, existen 42 mil leyes y más de 900 mil decretos y resoluciones, de los cuales apenas el 10% están digitalizados. A partir de esa cifra, el Gobierno pretende eliminar normativas en masa, sin un análisis serio sobre su impacto social, laboral o económico. En paralelo, se anunció la eliminación de al menos 60 organismos mediante decretos, afectando miles de puestos de trabajo y dejando áreas sensibles —como derechos humanos, protección al consumidor y transporte público— libradas a su suerte.

La motosierra de Milei y Sturzenegger avanza con un sesgo ideológico claro: destruir el Estado para reforzar los negocios privados. No hay preocupación real por mejorar la calidad institucional o hacer más eficiente la gestión pública; lo que se busca es desmantelar cualquier resquicio de protección social que contradiga el dogma libertario.

Mientras el discurso oficial promete “libertad” y “desburocratización”, en los hechos millones de argentinos se enfrentan al desguace de organismos que sostienen derechos conquistados con décadas de lucha. Como ya advirtieron sindicatos, universidades y organizaciones sociales, el costo de esta motosierra no lo pagan los “privilegios”, sino la sociedad en su conjunto.

El entretelón del Proyecto Digesto

Mientras vende su proyecto como una cruzada contra la burocracia, Milei y Sturzenegger avanzan en silencio con dos nuevos decretos. Uno buscará eliminar cientos de miles de normas que consideran “obsoletas” y el otro apunta a seguir recortando organismos estatales. Todo planeado para lanzarse antes del 9 de julio, en una puesta en escena que intentará mostrar una “revolución legal”. Sin embargo, entre los pasillos del Gobierno ya admiten que se trata de otro decreto que no tiene nada de necesidad ni de urgencia, y que apunta más a desproteger derechos que a mejorar la vida de la gente.

En plena recesión y ajuste, los trabajadores de la carne denuncian despidos, salarios de miseria y el derrumbe del consumo interno. “Con 5.000 pesos la hora no alcanza ni para dos kilos de carne”, advierten.

La crisis golpea con fuerza al corazón productivo de la Argentina. En medio de despidos en frigoríficos, caída del consumo interno y un derrumbe de las exportaciones, los trabajadores de la carne advirtieron sobre el deterioro dramático de sus condiciones de vida. “Estamos cobrando 5.000 o 6.000 pesos la hora y un kilo de pulpa de cuadril cuesta entre 13.000 y 14.000 pesos. Tenemos que trabajar dos horas para poder comprar dos kilos de carne”, denunció Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicato de Trabajadores de la Carne.

Mientras el gobierno de Javier Milei festeja cifras de ajuste fiscal, en las góndolas los precios son imposibles y el consumo de carne cayó a niveles históricos. “Estamos en pisos de consumo por cápita como nunca antes”, remarcó Vallejos. “No hay trabajador, ni de la carne ni de ningún sector, que pueda consumir carne tres o cuatro veces por semana como antes. Es imposible pagar 14.000 o 15.000 pesos por un kilo de carne”.

La situación también se agrava por los despidos que empiezan a registrarse en el sector. Vallejos mencionó cesantías “por goteo” y conflictos abiertos en frigoríficos como Las Ceras, mientras crece la preocupación en provincias como Azul y La Pampa. “El sector está pasando por problemas serios”, alertó.

La combinación del ajuste brutal sobre organismos como el SENASA, que deterioró los controles y habilitaciones para exportar, junto al atraso cambiario y la caída del mercado interno, empujó a los trabajadores a una situación límite. “Con este modelo económico se repite la foto de los ’90, cuando cerraron decenas de frigoríficos”, advirtió el dirigente sindical.

En paralelo, la paritaria sigue estancada. Tras rechazar ofertas de apenas 1,5% de aumento, el sindicato reclama actualizaciones salariales que, al menos, sigan el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Tenemos en teoría un gobierno libertario, pero lo que menos hay es libertad para discutir salarios”, cuestionó Vallejos.

Mientras Milei se jacta de haber logrado “superávit”, los trabajadores apenas pueden acceder al alimento que históricamente fue símbolo de la mesa argentina. “Va a estar muy difícil hacer un asado el primero de mayo”, ironizó Vallejos. Y no exagera: en la Argentina actual, comer carne se volvió un privilegio para pocos.

La ministra de Capital Humano está acusada de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La transferencia millonaria, destinada a la compra de alimentos, aún no se concretó.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación surge de una transferencia de 14.000 millones de pesos que la funcionaria autorizó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de adquirir alimentos para comedores populares y programas de asistencia social.

Según la denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, el 8 de febrero de 2024, Pettovello firmó la transferencia de los fondos destinados a la compra de productos como arroz, fideos y leche en polvo. Sin embargo, la legislación vigente en materia de administración financiera establece que los desembolsos superiores a los 2.700 millones de pesos deben contar con la autorización expresa del jefe de Gabinete. En ese momento, Nicolás Posse ocupaba dicho cargo, pero no se obtuvo su aprobación para el giro de los recursos.

A pesar de la transferencia millonaria, la compra de alimentos aún no se ha concretado. El PNUD, organismo internacional encargado de gestionar los fondos, se encuentra a la espera de nuevas instrucciones por parte del Ministerio de Capital Humano para continuar con el proceso de licitación. Esta falta de ejecución ha generado preocupación en un contexto de emergencia alimentaria, donde muchos sectores sociales señalan la falta de recursos y asistencia en comedores y merenderos populares.

Anteriores denuncias y contexto

Este hecho no es el primero que involucra a Pettovello en denuncias relacionadas con la compra de alimentos. En marzo de 2024, la ministra también fue señalada por una transferencia de 6.700 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite y lentejas. En este caso, la denuncia sostiene que la transferencia se realizó sin la autorización correspondiente del jefe de Gabinete. A pesar de los recursos enviados, la compra de alimentos aún está en proceso y algunos fondos continúan sin ser utilizados.

El presidente Javier Milei salió en defensa de la ministra Pettovello, calificándola como “la mejor ministra en el área social desde el regreso de la democracia”. Sin embargo, esta imputación ha generado un fuerte debate político, con la oposición y diversas organizaciones sociales cuestionando la gestión del Ministerio de Capital Humano. Acusan a la ministra de no ser lo suficientemente transparente y eficaz en la distribución de los recursos destinados a la asistencia alimentaria, situación que ha puesto en evidencia la creciente preocupación por la crisis económica y social que atraviesa el país.

Denuncian el uso de fondos públicos para la compra de armamento, municiones y vehículos blindados, mientras se recortan presupuestos en áreas sociales.

Un informe de la revista Contraeditorial ha revelado que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, ha invertido más de 56.000 millones de pesos en la adquisición de equipamiento destinado a la represión de protestas y manifestaciones sociales. Esta cifra incluye armamento, municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos blindados, muchos de los cuales han sido utilizados en recientes operativos de represión.

Según el informe, mientras el gobierno implementa ajustes en áreas sensibles como salud, educación y programas sociales, el gasto en equipamiento represivo ha sido prioritario. Entre las adquisiciones destacan escopetas, bastones, escudos, granadas de gas y camiones blindados, los cuales fueron desplegados en distintos operativos, incluyendo aquellos contra movilizaciones de jubilados y otros sectores de la sociedad.

Este gasto se ha convertido en un punto de conflicto, especialmente tras el violento operativo de represión llevado a cabo durante una movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación, donde se empleó parte de este equipamiento para dispersar a los manifestantes y, en algunos casos, agredir a periodistas que cubrían la protesta.

Pedido de informes y crítica social

La diputada Natalia Zaracho presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, exigiendo una explicación detallada sobre el destino de estos fondos y la justificación de las compras. La preocupación en torno a este gasto se centra en la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la orientación punitiva que parece estar adoptando el Ministerio de Seguridad frente a las demandas sociales.

Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su rechazo a esta política, argumentando que se está priorizando el fortalecimiento del aparato represivo en lugar de destinar recursos a resolver las problemáticas sociales que atraviesan los sectores más vulnerables del país.

Un enfoque represivo que genera polémica

El incremento en la compra de equipamiento represivo se suma a las crecientes denuncias sobre la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, que ha sido criticada por su enfoque punitivo frente a las protestas sociales. Los sectores que se oponen a este enfoque sostienen que la represión no es la respuesta a las demandas populares y que se debería invertir en políticas públicas que aborden las causas profundas de la protesta.

A medida que avanza la gestión de Bullrich, la controversia sobre el uso de los fondos públicos en seguridad sigue siendo un tema central en el debate político, mientras la sociedad se enfrenta a la creciente desigualdad y las dificultades económicas.

La señal de noticias macrista cometió polémico error al vincular un incidente ocurrido en un colegio porteño con la inseguridad en el conurbano, desatando una ola de críticas en las redes sociales.

Durante una cobertura en vivo sobre un caso de acoso a una menor en el barrio porteño de Parque Chacabuco, el canal LN+ generó controversia al titular erróneamente: “Inseguridad en el Conurbano: alumnos en la mira”.​

El incidente ocurrió frente a un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, donde un cronista informaba sobre la preocupación de la comunidad educativa tras la denuncia de un intento de acoso a una alumna de aproximadamente 12 años. Sin embargo, el zócalo que acompañaba la transmisión indicaba que el hecho había sucedido en el conurbano bonaerense, lo que provocó críticas en redes sociales y entre referentes políticos.​

En las redes, varios usuarios replicaron la noticia e hicieron notar su malestar por lo que se interpretó como un intento de atribuir un hecho ocurrido en la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires, en medio de tensiones políticas entre el gobierno nacional y el bonaerense.​

Hasta el momento, LN+ no ha emitido ninguna corrección ni aclaración sobre lo sucedido, lo que ha alimentado las sospechas sobre la intencionalidad del mensaje. El hecho, grave por sí mismo y que merece toda la atención, quedó opacado por una gráfica errónea que volvió a poner en discusión el rol de algunos medios y su línea editorial frente a determinadas gestiones políticas.​

Mientras ajustan jubilaciones y despiden trabajadores del Estado, el gobierno de Milei engorda su aparato propagandístico: más empleados, más presupuesto y más blindaje para sostener el relato.

Mientras el presidente Javier Milei repite que está llevando adelante “el ajuste más grande de la historia”, uno de los despachos más cercanos al poder no parece sentir el rigor de la motosierra. Se trata de la Secretaría de Comunicación y Medios, dirigida por el vocero presidencial Manuel Adorni, que aumentó su planta de personal en un 25% y maneja un presupuesto que supera los 30 mil millones de pesos.

Los datos surgen del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó la semana pasada ante la Cámara de Diputados. Según el documento, la oficina de Adorni cuenta actualmente con 249 empleados —40 más que en noviembre del año pasado— y le fue asignado un presupuesto total de $25.412.859.403 para el ejercicio 2025, de acuerdo a la Decisión Administrativa 3/2025. A ese monto se le deben sumar los fondos de la ex Secretaría de Prensa, cuyas funciones fueron absorbidas por el área de Comunicación.

La periodista Mariel Fitz Patrick lo expuso con claridad en A24, bajo un título que sintetiza la contradicción: “Sin motosierra en Comunicación y Medios”. La referencia no es menor: fue el propio Adorni quien se fotografió con una motosierra frente a la sede del Gobierno porteño al lanzar su precandidatura a jefe de Gobierno en 2023. El símbolo libertario, sin embargo, parece haber esquivado su oficina.

Más allá del impacto simbólico, el crecimiento de la Secretaría de Comunicación genera críticas incluso dentro del propio oficialismo. El contraste entre el ajuste que se impone en áreas sensibles —como salud, educación y jubilaciones— y la expansión de una dependencia central para el blindaje mediático del Gobierno, no pasa desapercibido.

El informe de Francos incluye además un anexo con la nómina de empleados y contratados, entre los que figura Juan Doe, un operador digital conocido por manejar cuentas anónimas que militan en redes sociales a favor del gobierno de Milei.

En tiempos donde la prédica oficial pide “achicar el Estado” y recortar privilegios, la expansión de la maquinaria comunicacional del Presidente se convierte en un ejemplo elocuente de cómo el ajuste no siempre es para todos.

El expresidente apuntó contra quienes abandonaron el partido y avivó la crisis dentro del PRO, que atraviesa un momento de fuerte fragmentación tras su regreso a la conducción.

Mauricio Macri volvió a encender la mecha dentro del PRO con una frase que no pasó desapercibida. “Los que tenían precio ya fueron comprados”, lanzó en una entrevista radial, en clara alusión a exdirigentes que se alejaron del partido tras su regreso a la presidencia del espacio. La declaración se dio en medio de una fuerte interna que ya provocó la renuncia de la mayoría del Consejo Directivo del PRO bonaerense, en un clima que varios sectores califican como de intervención de hecho.

El expresidente no mencionó nombres, pero sus palabras cayeron como una piedra entre quienes cuestionan su estilo de conducción. En lugar de abrir el juego para reconstruir una fuerza política desgastada, Macri parece decidido a imponer su línea con mano dura, aun a costa de profundizar las rupturas. Lo que algunos interpretan como una reafirmación de liderazgo, otros lo leen como una muestra de autoritarismo que deja afuera a quienes no responden a sus intereses.

En paralelo, el PRO enfrenta una crisis de identidad: con la alianza con La Libertad Avanza todavía a prueba y sin una figura de recambio clara, el partido navega aguas inciertas. Macri insiste en que los que se fueron “ya estaban afuera”, y que “los valiosos están adentro”, pero lo cierto es que cada vez son más las voces críticas que cuestionan el rumbo del espacio y la falta de diálogo interno.

Con esta nueva declaración, el expresidente parece cerrar definitivamente la puerta a cualquier intento de unidad con los sectores que hoy miran con recelo la concentración de poder en su figura. Y aunque no lo diga, la pregunta que sobrevuela es si su liderazgo todavía tiene el respaldo suficiente para sostener al PRO como una fuerza competitiva en el futuro cercano.