El gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, pero persiste la opacidad: no se conoce la composición exacta de la canasta del IPC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,8%, marcando una desaceleración respecto al 3,7% de marzo. Sin embargo, persiste una falta de transparencia en la metodología utilizada: el INDEC no publica la composición detallada de la canasta que utiliza para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque se conoce que el IPC se construye a partir de una canasta representativa del consumo de los hogares, el INDEC no ofrece un listado público de los productos específicos que la integran, lo que dificulta la evaluación crítica y la replicabilidad de sus mediciones.

Esta falta de transparencia se suma a la preocupación de que, mientras el gobierno celebra la desaceleración de la inflación, los datos disponibles no permiten una comprensión completa de cómo se calcula este indicador clave.

La inflación de abril también se enmarca en un contexto de cambios en las políticas económicas, como el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de un régimen de flotación entre bandas en el valor del dólar. Estas medidas han generado expectativas sobre su impacto en los precios, pero la falta de información detallada sobre la canasta del IPC limita el análisis profundo de estos efectos.

En resumen, aunque la inflación muestra señales de desaceleración, la opacidad en la metodología del INDEC plantea interrogantes sobre la precisión y representatividad de las mediciones oficiales.

¿Qué necesita una familia para no ser pobre?

Según los últimos datos del INDEC, en abril una familia tipo necesitó $1.110.000 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye no solo los alimentos necesarios para una dieta adecuada (como la Canasta Básica Alimentaria o CBA), sino también otros gastos imprescindibles como transporte, salud, educación, vestimenta y servicios.

Este monto es el umbral a partir del cual una familia comienza a dejar de ser considerada pobre. Si los ingresos de una familia no alcanzan a cubrir este total, se la clasifica en situación de pobreza. En paralelo, aquellos hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la CBA, que es aún más estricta y solo contempla lo esencial para subsistir, son considerados indigentes.

Estos datos reflejan un panorama preocupante para la mayoría de las familias argentinas, que luchan cada vez más por alcanzar este mínimo para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Mientras Javier Milei celebra supuestos logros macroeconómicos, la realidad golpea a millones: en abril, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no caer bajo la línea de pobreza. Los datos del INDEC exponen un modelo que empobrece.

La última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirma lo que millones de argentinos ya sienten en el bolsillo: en abril de 2025, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no ser considerada pobre. Un incremento brutal que refleja cómo el ajuste y la “motosierra” de Javier Milei no sólo no resolvieron los problemas estructurales del país, sino que profundizaron la desigualdad.

El número corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que mide el costo de bienes y servicios esenciales como alimentos, transporte, salud, vestimenta y educación. Es decir, lo indispensable para vivir con un mínimo de dignidad. En diciembre del año pasado, el mismo indicador se ubicaba en $1.024.435. En apenas cuatro meses, el costo de no ser pobre subió casi $90.000.

Mientras tanto, desde el gobierno libertario insisten en festejar el “superávit fiscal” y el control del tipo de cambio, pero omiten que estos supuestos logros descansan sobre un recorte brutal en jubilaciones, salarios, obras públicas y subsidios, y en una inflación que, aunque desacelerada, dejó precios por las nubes y un consumo en picada.

Los datos del INDEC son contundentes y desnudan una verdad incómoda: el modelo económico de Milei beneficia a una minoría especuladora y condena a la mayoría al empobrecimiento. El sacrificio al que llama el presidente tiene nombre y apellido: lo pagan los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes.

La libertad que promete el oficialismo viene atada, paradójicamente, a la imposibilidad de vivir con dignidad. Por más que Milei y su junta se esfuercen en instalar otro relato, la realidad es que ser libre, bajo este gobierno, cuesta cada vez más caro.

Así lo aseguró la ex funcionaria de PAMI y diputada de LLA Viviana Aguirre. “Hay centros de jubilados que no existen y se siguen pagando. Están matando a los jubilados”, advirtió.

Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y Diputada de La Libertad Avanza, denunció una red de corrupción dentro del organismo. “Me fui de PAMI por no aceptar ser parte de la corrupción de La Libertad Avanza”, afirmó.

Según Aguirre, desde la cúpula del PAMI le exigieron un millón de pesos mensuales de su sueldo en efectivo, además de firmar documentos irregulares para ingresar prestadores sin licitación. “Me dijeron que el que no aporta se va. La motosierra fue para el pueblo, no para los corruptos”, lanzó.

También denunció sobreprecios en geriátricos, prestadores médicos y farmacias, así como el uso político del organismo por parte de funcionarios como Sebastián Pareja y Juan Esteban Osaba, apoderado y tesorero de LLA. “Hay centros de jubilados que no existen y se siguen pagando. Están matando a los jubilados”, advirtió.

Aguirre aseguró que presentó la denuncia en 2023, pero fue cajoneada hasta que los medios la difundieron. “Voy a ir a Comodoro Py con toda la documentación. Esto no puede seguir así”, cerró.

Grabois apuntó contra Javier y Karina Milei por el escándalo del token $LIBRA y advirtió: “Van a terminar presos”. Los acusó de estafa, tráfico de influencias y corrupción.

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, volvió a apuntar con dureza contra Javier y Karina Milei por su involucramiento en el escándalo del criptoactivo $LIBRA. En declaraciones recientes, aseguró que “los hermanitos van a terminar presos”, y fundamentó esa afirmación en la causa judicial que impulsa en Estados Unidos por estafa y corrupción.

“El plazo depende fundamentalmente de cuánto tiempo conserven el poder político”, explicó Grabois. “Roma no paga traidores y ‘mi ley’ es un bufón de corte del imperio. Cuando no tenga poder en la Argentina y no le sirva de peón geopolítico, ya no lo recibe Trump”, ironizó.

El referente social explicó que la querella internacional que impulsan “avanza muy, muy bien” y que el delito “ya está probado por el solo tweet del presidente”. En esa línea, detalló que hay tres delitos bien diferenciados: “Negociaciones incompatibles con la función pública, que es el tweet; un delito posterior, que es la estafa a miles y miles de personas; y un delito anterior, que es el de Karina: el tráfico de influencias, hacer la valijera de los ‘cryptobros’ que venían a la Argentina a enganchar al presidente”.

Para Grabois, no se trató de un error ni de ingenuidad: “Esto fue pura codicia. Esto es plata. Juntó mucha plata con esto. Por lo menos 280 millones de dólares fue la ganancia de los tenedores de los tokens. Es mucha plata para cualquier corrupto. Y él tiene una porción muy importante de esa plata, según nuestros análisis, que son bastante exhaustivos”.

Confiado en el camino judicial, destacó que su equipo técnico y jurídico “viene ganando todas las causas” y que hasta “la Cámara más gorila de la Argentina” les dio la razón. “La querella la vamos a poner al servicio de revelar la verdad de un tipo que es un estafador. Es simple y sencillamente un estafador global, en política y en criptomonedas”, sentenció.

Mientras la inflación golpea los bolsillos y los sueldos pierden contra la canasta básica, el Gobierno de Milei frenó la homologación del último acuerdo salarial del gremio más numeroso del país.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresariales del sector habían firmado el pasado 29 de abril un acuerdo salarial que establecía un incremento del 5,4% en tres tramos para los meses de abril, mayo y junio. Ese ajuste iba a llevar el salario básico a $1.123.000. Sin embargo, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, se negó a homologar el acuerdo y exigió su readecuación, generando incertidumbre entre más de dos millones de trabajadores del sector.

Tras conocer los términos del acuerdo, el Gobierno convocó a las partes a una reunión y pidió modificar los porcentajes pactados. Desde FAECYS rechazaron el pedido y emitieron un comunicado ratificando la vigencia del convenio firmado. El sindicato recordó que, según una cláusula del acuerdo, no era necesario esperar la homologación para que los empresarios comenzaran a pagar el aumento.

Pese al acuerdo firmado, no todas las patronales cumplieron con el pago del aumento correspondiente. Supermercadistas y mayoristas, en particular, no lo abonaron durante el mes de abril, lo que encendió la alarma entre los delegados sindicales. La falta de cumplimiento por parte de los empleadores, sumada a la negativa del Gobierno a homologar el acuerdo, profundizó la incertidumbre y el malestar en el sector.

Una vez más, la actitud del Gobierno de Milei dejó en evidencia una política que priorizó el ajuste fiscal por sobre el bienestar de los trabajadores. Al bloquear la homologación de un acuerdo paritario legítimamente firmado, obstaculizó la mejora del poder adquisitivo de millones de empleados de comercio, en un contexto de alta inflación y creciente precarización laboral.

La expresidenta destacó las coincidencias entre la elección del nuevo Pontífice y una fecha emblemática para la fe argentina. Con un guiño político y religioso, volvió a dejar en claro que no cree en las casualidades.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacer sentir su voz en un momento cargado de simbolismo. A través de sus redes sociales, la expresidenta se refirió a la asunción del nuevo Papa, León XIV, destacando una serie de coincidencias que, según afirmó, no cree que sean casuales.

El nuevo Pontífice, un cardenal estadounidense, fue elegido el mismo día en que se celebra a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina y también de Río Gallegos. Cristina no pasó por alto esa coincidencia: “No hace falta aclarar que no creo en las casualidades, y hoy, una vez más, lo vuelvo a confirmar”.

El mensaje no se limitó a lo religioso. Cristina remarcó que León XIV habló en español, recordó con afecto a su antecesor Francisco y pidió por la paz. Pero lo más llamativo fue su elección del nombre pontificio: León XIV. Un nombre que remite directamente a León XIII, conocido como el Papa del trabajo y padre de la doctrina social de la Iglesia, por su encíclica Rerum Novarum.

En un contexto político en el que el presidente Javier Milei se apropia simbólicamente de la figura del “león”, la elección de este nombre por parte del nuevo Papa adquiere múltiples lecturas. Cristina no lo dijo directamente, pero lo sugirió con fuerza: “Lo dicho… no creo en las casualidades”.

Mientras el gobierno impulsa proscribir a Cristina, el Senado blindó a Karina Milei y Luis Caputo por el escándalo de la criptomoneda LIBRA

El oficialismo volvió a mostrar su doble vara. Mientras impulsaban con fuerza el proyecto de Ficha Limpia para impedir que Cristina Fernández de Kirchner pudiera competir en 2025, en el Senado decidieron bloquear la citación de Karina Milei y Luis Caputo por su rol en el escándalo de LIBRA, la criptomoneda promocionada por el propio presidente.

La supuesta búsqueda de transparencia no alcanzó para permitir que dos de las figuras más importantes del gobierno dieran explicaciones públicas. Caputo, como ministro de Economía, y Karina, como la arquitecta del armado político oficialista, quedaron a resguardo del Congreso, en una decisión que exhibió el miedo a que el escándalo escale aún más.

El caso LIBRA dejó miles de personas afectadas. La criptomoneda, respaldada públicamente por Javier Milei, se desplomó a los pocos días, generando pérdidas millonarias. La Justicia investigaba si hubo uso indebido de información pública, tráfico de influencias y hasta pedidos de coimas en el entorno presidencial.

Pese a la gravedad de las acusaciones, los mismos sectores que pedían “transparencia” y “reglas claras” para otros, se negaron a someter a los suyos al mismo estándar. La vara fue diferente cuando los nombres comprometidos eran los de Karina y Caputo.

Así, mientras la llamada Ficha Limpia se convertía en un instrumento para proscribir adversarios políticos, el blindaje oficialista evitaba que se avance en el esclarecimiento de un posible caso de corrupción con alcance internacional.

La lógica fue clara: perseguir a Cristina con fallos discutidos y evitar que se hable de lo que realmente preocupa en Casa Rosada. Transparencia, sí. Pero sólo cuando conviene.

Duro comunicado de la oposición ante el intento del gobierno de Javier Milei y el macrismo de impulsar la sanción de la llamada “Ley de Ficha Limpia” como parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.

El Partido Justicialista denunció que el gobierno de Javier Milei impulsa la sanción de la llamada “Ley de Ficha Limpia” como parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, principal referente opositora al proyecto de ajuste, entrega y exclusión que lleva adelante el presidente libertario. En un comunicado titulado “No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, el PJ advirtió que se trata de una maniobra burda, disfrazada de institucionalidad, para excluir del juego político a quien representa el mayor obstáculo para el avance del modelo neoliberal.

“El PJ rechaza categóricamente este nuevo intento de exclusión política contra su presidenta”, expresa el documento, que recuerda que Cristina no sólo fue dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación, sino que continúa siendo “figura central del movimiento nacional y popular”. Según denuncian, el proyecto que el Senado se apresta a debatir fue redactado por los mismos sectores que históricamente legislaron “a espaldas del pueblo y al servicio del poder económico”.

Lejos de ser una política ética o transparente, el peronismo sostiene que esta iniciativa es la continuidad de una persecución judicial y mediática sistemática que busca eliminar a Cristina del escenario político por vías no democráticas. “Es la misma justicia que organizaba viajes secretos con los mismos medios de comunicación y los mismos empresarios a Lago Escondido”, recuerda el comunicado, que también apunta contra la impunidad con que se manejan las causas de corrupción que involucran a la familia Macri.

La “Ficha Limpia” no sería otra cosa que una legalización de la proscripción. El documento recuerda que ya se intentó sacar a Cristina de la cancha a través de una condena sin pruebas en la causa “Vialidad”, y que ahora se pretende completar esa operación con una ley hecha a medida. “Quieren sacarla de la cancha porque su presencia reaviva el recuerdo de que se puede vivir mejor”, señala el texto, en clara alusión al contraste entre el presente de ajuste y el pasado de ampliación de derechos.

Más aún, el PJ no elude recordar el intento de magnicidio contra la ex presidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuya investigación sigue estancada. “El atentado fue la expresión más brutal del odio alimentado durante años desde los medios hegemónicos, sectores del poder judicial y actores políticos que hoy impulsan esta ley”, advierten.

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, tituló Clarín en su tapa. Hoy, con la Ley de Ficha Limpia, el oficialismo buscaría escribir el capítulo siguiente de esa hoja de ruta: borrar del mapa político a quien se atrevió a desafiar los intereses del poder económico.

Para el justicialismo, no se trata de una disputa personal ni de una jugada partidaria. “Cristina no representa solo una candidatura. Es sinónimo de un proyecto de país justo, inclusivo, con soberanía política, independencia económica y justicia social”, afirmaron. Por eso la persiguen, por eso la quieren proscribir: porque no se entrega, porque no se rinde, porque sigue representando a millones.

“No hay república posible con una justicia al servicio del poder económico. No hay democracia plena si se persigue a quien defiende al pueblo. No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, concluye el comunicado.

Mientras el gobierno habilita el ingreso de dólares sin control ni impuestos, avanza con despidos masivos, precarización laboral y un ajuste que golpea a quienes viven de su trabajo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su plan económico con una nueva tanda de desregulaciones que favorecen a los sectores más concentrados, mientras golpean de lleno a las y los trabajadores. Entre las últimas medidas que prepara el Ministerio de Economía se encuentra la creación de un régimen para el ingreso irrestricto de dólares sin necesidad de justificar su origen. En la práctica, significaría habilitar un blanqueo permanente para el capital no declarado, sin impuestos ni controles.

Este nuevo sistema permitiría legalizar fondos que podrían provenir de la evasión, el contrabando, la corrupción o incluso el narcotráfico. Lejos de fomentar inversiones productivas, lo que se habilita es un canal opaco para el ingreso de divisas sospechosas, violando estándares internacionales contra el lavado de dinero. En lugar de construir un sistema tributario más justo, se premia a quienes operaron al margen de la ley durante años.

Mientras tanto, las y los trabajadores padecen las consecuencias de un ajuste brutal. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 17.000 empleados estatales fueron despedidos solo en los primeros meses de 2024, y la cifra total desde el inicio del gobierno supera los 42.000. Este recorte afecta el funcionamiento de áreas esenciales como salud, educación, ciencia y políticas sociales. El discurso contra “la casta” termina siendo, en los hechos, un ataque directo contra el empleo público.

A esto se suma la reforma laboral incluida en el paquete fiscal aprobado recientemente en Diputados, que implica una fuerte flexibilización del mercado de trabajo. Entre otras cosas, se amplía el período de prueba, se reduce el costo de las indemnizaciones y se permite contratar “colaboradores” sin relación de dependencia formal. Todo esto debilita los derechos laborales y facilita la precarización, en un contexto donde los salarios ya han perdido más del 20% de su poder adquisitivo.

El impacto social de estas políticas ya es visible. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), el 55,5% de la población está por debajo de la línea de pobreza y la indigencia afecta al 17,5%. Más del 65% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres. En lugar de corregir desigualdades, el modelo económico actual las profundiza, apuntando contra los sectores más vulnerables mientras protege a los grandes capitales.

Un modelo para pocos

La Argentina que está diseñando el gobierno se orienta a facilitar negocios financieros sin control y a premiar a quienes se enriquecen desde la ilegalidad. Mientras se garantiza libertad absoluta para los dólares que vienen de cualquier parte, se limita la libertad de quienes trabajan, estudian o intentan sostener su vida cotidiana en un país cada vez más hostil. Por más que el discurso hable de libertad, en los hechos el modelo solo beneficia a unos pocos.

La ex presidenta recusó al juez, acusándolo de falta de imparcialidad y de intentar excluirla del proceso electoral mediante un fallo apresurado en la causa Vialidad.

Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. La exmandataria argumentó que el magistrado incurrió en una grave falta de imparcialidad al anticipar públicamente que el fallo será emitido antes de la feria judicial de julio, en plena campaña electoral. Para CFK, se trata de una jugada orquestada para dejarla fuera de la contienda electoral.

La recusación se basó en declaraciones recientes de Lorenzetti durante una entrevista televisiva, donde sostuvo que el máximo tribunal buscará acelerar la resolución del caso. Para la defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, estas expresiones vulneran las garantías del debido proceso y evidencian una decisión política disfrazada de procedimiento judicial.

Los abogados recordaron que la causa Vialidad está plagada de irregularidades desde su origen: comenzó sin peritajes concluidos, se mantuvo abierta con jueces designados a dedo durante el macrismo y permitió la incorporación de pruebas cuando ya habían finalizado las audiencias, negando así el derecho a defensa. En ese marco, alertaron que la Corte no sólo avaló el proceso, sino que ahora parece querer apurarlo para interferir en el calendario electoral.

Cristina Kirchner anunció la recusación a través de sus redes sociales, y vinculó las declaraciones de Lorenzetti con amenazas previas y con un intento deliberado de proscripción. “Lo que dije en diciembre del 2022 sobre la voluntad de proscribirme, está ocurriendo ahora mismo”, advirtió.

Desde el Senado, la senadora Anabel Fernández Sagasti denunció el mismo operativo. Señaló que hay una clara intencionalidad política detrás del accionar de la Corte y que este tipo de maniobras judiciales atentan contra la democracia. En su intervención, remarcó que no se trata sólo de una persecución a CFK, sino de un modelo de disciplinamiento hacia toda la dirigencia que enfrente al poder real.

El intento de acelerar el fallo en medio del año electoral reaviva las denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial en causas contra referentes del peronismo. Para la expresidenta, lo que está en juego no es sólo su figura, sino el derecho del pueblo argentino a elegir sin condicionamientos ni proscripciones.