Por Víctor Ego Ducrot y Santiago Masetti/ ¿Son esas conductas hoy habituales entre las fuerzas más conservadoras de América Latina? Si lo son, ¿se trata de subjetividades criminales, o acaso la actual etapa del sistema global de poder requiere que personajes de baja estofa y comportamientos individuales y colectivos sicopatológicos rijan en la vida política y en el accionar de los Estados?

Tal vez sea prematuro arriesgar una respuesta definitiva para esos interrogantes. Sin embargo y según se desprende de un cúmulo de informaciones circulantes en la prensa tradicional y en las redes sociales, surgen indicadores suficientes para afirmar que se trata de tendencias psicológicas, sociológicas y política propias de lo que algunos definimos como fase superior del Imperio Global Privatizado (IGP), la era de la mercancía absoluta.

Ya trataremos de echar luz sobre ello, pero antes revisemos cuáles son los indicadores, los rastros, que deberían encender las alarmas de las fuerzas democráticas y de las izquierdas latinoamericanas y del Caribe, quizás del globo todo.

En primer lugar hay que advertir que los comportamientos criminales en las cúpulas del poder político en manos de las derechas no son patrimonios originales de sus personeros vernáculos.

Estos siguen un patrón que expresa la administración de Donald Trump. Para muchos, el presidente de Estados Unidos exhibe personalidad imprevisible y con desequilibrios emocionales.

Sin embargo se trata de un fenómeno mucho más grave y de gran peligrosidad para todo el planeta.

Poco antes de asumir su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump fue declarado culpable en 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130 mil dólares en 2016 a la ex actriz de cine porno Stormy Daniels, con quien habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial diez años antes.

Además, existen testimonios fotográficos de sus vinculaciones prostibularias en la pasada década del 90, incluso aparecidos en la entonces famosa revista Playboy.

Pero más graves son las innumerables denuncias que vinculan a Trump con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero condenado por delitos sexuales que involucraban a menores, según publicara, entre otros medios, el sitio de la británica BBC, insospechada de pertenecer al partido Demócrata, ni mucho menos a la izquierda internacional.

Por el mismo escándalo criminal hace pocos días el hermano del británico Carlos III, el príncipe Andrés, acorralado por el caso Epstein, renunció a todos sus títulos reales, conforme circuló por todos los titulares periodísticos del mundo.

Las huellas de Jeffrey Epstein en Honduras

Las derechas se comportan al unísono. Un video que se hizo viral en las redes sociales mostró al candidato liberal Salvador Nasralla en un abrazo repudiable a una niña durante un acto de su campaña electoral.

Fue el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, quien puso las cosas en su lugar al calificar de “inapropiado” el abrazo de Nasralla, a quien llamó el “Jeffrey Epstein de Honduras”.

La conducta repugnante del candidato derechista provocó una ola de indignación social, más allá de los intentos justificadores de los medios más recalcitrantemente reaccionarios.

Y algunos miles de kilómetros al Sur, en una Argentina desquiciada, de la cual Trump acaba de decir «no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir”, su presidente Javier Milei es un repetidor serial de frases con manifiesto contenido pedófilo.

En su carrera hacia la Casa Rosada, el actual jefe de Estado de los argentinos lanzó frases tan repugnantes como los gestos de Nasralla: “El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina”.

“Al universo semántico de violadores y pedófilos, al tortuoso devenir de la carrera política de Milei hay que agregar la venta de niños. Es que, tras afirmar que está a favor de la venta de órganos, defendió también la venta de menores”, señalaba entonces el diario Página 12.

Durante los dos años que lleva de mandato se encargó de desmantelar las agencias del Estado dedicadas a la protección de la minoridad y de los derechos de género.

Uno de los principales ideólogos de Milei, Agustín Laje, aparece vinculado a Varones Unidos, una organización machista y misógina fundada en Uruguay, en el ojo del huracán desde que uno de sus fundadores, Pablo Laurta, fue detenido tras asesinar a su ex pareja, Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio.

El tal Laje niega sus relaciones con el autor del doble femicidio, pero fueron publicadas fotografías en las que se puede ver a los dos nefastos personajes en compañía de otros militantes contra las mujeres y las diversidades.

Además, ya en 2018, el mismo Laje y demás misóginos activos “disponían de un red internacional en connivencia con una parte del Estado que les permitía sentar las bases por la cruzada antifeminista que actualmente es parte del plan de gobierno en Argentina”, como también apunta el ya citado Página 12.

En Argentina, asesinan a una mujer por día y ya volveremos sobre la cuestión al tratar la compleja red narco que involucra a uno de los dirigentes políticos más allegados a Milei, a un candidato de la derecha hondureña, a un asesor estratégico de Trump, a un connotado traficante y lavador de activos ilegales, y a un dizque periodista vinculado a los servicios de inteligencia de Estado Unidos.

Los personajes de una macabra historia

José Luis Espert: diputado, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja y hasta hace pocos días principal candidato oficialista para la elecciones legislativas de medio término del domingo próximo.

Nasry Asfura: candidato a la presidencia de Honduras en las elecciones del 30 de noviembre próximo, perteneciente al partido Nacional.

Fred Machado: narcotraficante y lavador de activos argentino, detenido en su país y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

Dick Morris: reconocido estratega estadounidense que asesoró en su momento tanto a Bill Clinton como a Donald Trump. También señalado como asesor de la derecha hondureña.

Luis Rosales: periodista argentino y ex candidato a la vicepresidencia de su país en la fórmula que postulaba a José Luis Espert a la primera magistratura, en 2023.

Trama, finales y acciones en suspenso

Espert es un economista de extrema derecha, asesor de empresas devenido en político, de estilo bravucón y amenazante.

Aspiraba a renovar su mandato de diputado por la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico por su densidad demográfica, pero se supo que su anterior campaña electoral había sido financiada por el narcotraficante y lavador de activos Fred Machado.

Negó las acusaciones en su contra, pero en un tribunal estadounidense aparecieron pruebas de depósitos bancarios sin justificaciones. El presidente Milei lo defendió a capa y espada, pero el escándalo escaló hasta otros funcionarios gubernamentales y tuvo que renunciar a sus aspiraciones. Sin embargo, en una actitud deplorable, la cámara de Diputados le concedió licencia con goces de haberes, cuando ya tendría que haberlo expulsado.

El nexo entre Espert y Fred Machado fue obra del periodista Luis Rosales, compañero de fórmula para la presidencia en 2023 del ahora legislador caído en desgracia; allegado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y cercano al consultor y estratega Dick Morris.

Este acercó a Rosales a funcionarios de Trump y al candidato derechista hondureño Nasry Asfura, en una suerte de madeja sospechosa hasta para el sistema judicial estadounidense.

“Si yo hablo, se cae el país mañana», acaba de decir en una entrevista el narco Fred Machado. El financista de Milei reveló mensajes entre él y funcionarios de primera línea de la Casa Rosada y hasta una respuesta escueta que le enviara el asesor estrella de la presidencia, un tal Santiago Caputo, quien sin cargo formal en el gobierno maneja nada menos que los servicios de inteligencia y a un nutrido y bien pago plantel de operadores en medios y redes de ultraderecha.

Caputo – pariente de otro Caputo, ministro de Economía de Milei y endeudador y fugador serial de activos- surgió de las consultoras del ecuatoriano Jaime Durán Barba, conspicuo asesor de dirigentes y presidentes de la derecha latinoamericana. En la últimas horas su nombre suena cómo próximo canciller de Argentina.

La entrevista radial y televisiva concedida por Machado tuvo lugar el 8 de octubre pasado poco después de enterarse de que la Justicia argentina disponía su extradición hacia Estados Unidos.

Apuntó contra distintos funcionarios allegados al presidente Milei, contra el propio Espert, a quién había financiado, contra la ex montonera y ultraderechista ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra el gobernador de una provincia patagónica, Alberto Weretilneck.

Al mismo tiempo, la prensa argentina revelaba que la diputada y candidata patagónica al Senado nacional, Lorena Villaverde,- próxima a Machado- tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos debido a una causa por narcotráfico.

Quienes siguen de cerca las alternativas de estos casos afirman que el narco Machado también puede tener información comprometedora para la derecha hondureña y funcionarios y agentes de la inteligencia estadounidense.

Una pista paralela sobre otros posibles ilícitos de dirigentes y funcionarios de la derecha en Honduras surgió del sitio noticioso de ese país Pulso Directo.

Hace pocos días, ese medio difundió lo siguiente. “La familia de Roberto Contreras (empresario y alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad de esa nación centroamericana) está bajo la lupa por adquirir nueve propiedades a un costo de más de 71 millones de lempiras (algo más de dos millones 700 mil dólares) en apenas tres años, pagadas al contado y sin recurrir a préstamos bancarios. ¿Cómo puede Contreras hacer compras millonarias con un sueldo mensual de solo 125 mil 690 lempiras (casi cuatro mil 800 dólares?”

Mientras en Argentina se derrumbaba Espert y el caso se esparcía con furia entre los medios periodísticos, aumentaba la certeza de que la política y las instituciones gubernamentales de ese país están profundamente infiltradas por el narcotráfico, y algunos de los crímenes de genero o femicidios más resonantes de las últimas semanas forman parte de las tramas objetivas del propio narcotráfico.

Alrededor de un mes atrás, las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas en la zona sur del Conurbano bonaerense por los integrantes peruanos y argentinos de una banda dedicada al narcomenudeo en barriadas populares.
Muchos de los datos fueron aportados por investigadores de Trujillo, Perú, y entre los pesquisantes argentinos está firme la hipótesis de que eso crímenes y esas bandas son funcionales al aparato de crimen organizado que se está apropiando del Estado.

El crimen, paradigma del capitalismo global

Tal cual lo anticipáramos en los primeros párrafos de este texto, intentaremos fundar algunas ideas sobre la naturaleza de las relaciones que consideramos son paradigmáticas entre la etapa actual del sistema capitalista global, el crimen y lo que puede denominarse tendencia a la psicopatización de la vida política.

En primer lugar. ¿A qué nos referimos al escribir etapa actual de sistema capitalista global?

A principios del actual siglo, adoptando como hechos sintomáticos los registrados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington (los atentados que contaron con la anuencia de ciertos sectores del gobierno estadounidense y de las corporaciones financieras), se puede decir que se plasmó un estadio diferente del orden neoliberal.

Lo denominamos Imperio Global Privatizado (IGP). Se caracteriza por la ocupación del Estado por parte de cuadros directivos de la tramas empresariales corporativas (la administración de George W. Bush fue un cabal ejemplo de ello) y la privatización integral de ciertas funciones estatales (defensa e inteligencia en especial).

Un cuarto de siglo después, y teniendo en el centro de su matriz a las aceleradas y vertiginosas innovaciones tecnológicas, sobre todo las referidas a la comunicación y a la información, nos encontramos en la fase superior del IGP.

Su dato crucial es la totalización de la vida como mercancía, la era de la mercancía absoluta, y en términos políticos la tendencia a remplazar al Estado y al conjunto de sus funciones por las corporaciones mismas.

A partir de los orígenes del capitalismo como sistema-mundo hegemónico todos los bienes materiales e inmateriales pasaron a ser mercancías, pero la vida social y económica reconocía intersticios simbólicos de relativa autonomía.

Ya no. Las nuevas tecnologías hicieron que todo lo humano sea mera mercancía, hasta nuestros mundos oníricos, toda vez que a través de la misma pantalla en la que transcurre nuestra cotidianidad podemos entablar relaciones psicoterapéuticas, y en ella cada segundo implica beneficios para las empresas tecnológicas y de las comunicaciones: la humanidad misma como plusvalía al infinito.

Nos encontramos ante sociedades que viven sobre escenarios psicopatizados y que así, de manera psicopática, se expresan en sus conductas individuales y colectivas, en el terreno de las relaciones sociales y de las conductas políticas.

En la era de la mercancía absoluta las sociedades están altamente expuestas al desquicio sicológico y cultural, y a dirigentes psicópatas. Y el Estado desaparecido entre los pliegues sigilosos del capitalismo actual- así entre sigilos y nocturnidades operaban los genocidas de las últimas dictaduras latinoamericanas- se funde entre criminales no siempre organizados.

Esta macabra historia que relatamos no trató sobre locos, narcos y asesinos. Trata sobre cómo vivimos en el sistema capitalista contemporáneo.

El tribunal rechazó la pretensión del Gobierno de difundir un “número nacional” en las elecciones legislativas. La medida había sido impugnada por Fuerza Patria, la UCR y la izquierda, que denunciaron un intento de manipular la lectura política del resultado.

La Cámara Nacional Electoral le impuso este martes un límite al Gobierno al ordenar que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del próximo domingo se difundan por distrito, tal como establece la Constitución, y no como un total nacional, como pretendía hacer la administración de Javier Milei.

El fallo, firmado por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, fue unánime y repuso las reglas tradicionales del escrutinio provisorio frente a un intento del oficialismo de alterar la presentación de los datos.

El planteo fue impulsado por Fuerza Patria y acompañado por la UCR y el Frente de Izquierda, luego de que en el simulacro del fin de semana pasado el Gobierno mostrara resultados unificados que sumaban los votos libertarios en todo el país. Esa metodología, según los partidos opositores, buscaba “fabricar una mayoría artificial” y ofrecer un “relato triunfalista” en la noche electoral.

La CNE fue tajante: los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional son claros al definir que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deben considerarse distritos independientes en la elección de senadores y diputados nacionales.

En su resolución, los jueces subrayaron que “no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global”, recordando que ese tipo de conteo solo corresponde a comicios presidenciales.

El fallo tiene un peso político evidente: impide al Gobierno presentar un “resultado nacional” que lo favorecía, ya que La Libertad Avanza compite con su sello en las 24 jurisdicciones, mientras que el peronismo y otras fuerzas lo hacen solo en algunas.

Con esta decisión, la Justicia Electoral le recordó al Ejecutivo que el conteo no es una operación de marketing, sino un acto institucional sujeto a la ley. Milei, que esperaba una “foto de victoria nacional” el domingo a la noche, deberá ahora conformarse con los resultados provincia por provincia.

Tras la dimisión del titular de la cartera de exteriores, crecen las tensiones internas y disputas de poder dentro del Gabinete. Su salida refleja el creciente peso del asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado a los diplomáticos tradicionales.

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei, confirmando lo que desde hace días era un secreto a voces en la Casa Rosada. El diplomático, hombre del establishment financiero y exembajador en Washington, decidió dar un paso al costado luego de una serie de tropiezos diplomáticos y de choques con el núcleo más duro del oficialismo.

La gota que rebalsó el vaso fue el confuso episodio durante la reunión entre Milei y Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense pareció desconocer la naturaleza de las elecciones argentinas, un desliz que expuso la falta de coordinación del Palacio San Martín. Desde entonces, el entorno del Presidente —y en particular el sector ligado a Santiago Caputo— comenzó a marcarle la cancha al canciller.

Werthein no ocultaba su incomodidad con la posible incorporación de Caputo al Gabinete, a quien consideraba una amenaza directa a la autonomía de la Cancillería. El “Gordo Dan”, operador de las milicias digitales libertarias, lo había acusado días atrás de “traicionar la línea del Presidente”, acelerando su desgaste político.

Con su salida, Milei pierde al último diplomático de carrera con vínculos sólidos en Washington, y se abre una nueva interna por la sucesión. Entre los posibles reemplazantes suenan nombres dispares: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el empresario Alec Oxenford, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, e incluso viejos conocidos del macrismo como Jorge Faurie o Federico Pinedo.

Werthein había asumido hace menos de un año, tras el desplazamiento de Diana Mondino, quien cayó en desgracia luego del voto argentino en la ONU contra el bloqueo a Cuba. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad en un gobierno que acumula renuncias y fracturas en su frente interno.

El Palacio San Martín, símbolo de la diplomacia profesional argentina, vuelve a quedar vacante y bajo amenaza de ser absorbido por el poder informal que hoy rodea al Presidente.

Martín Varsavsky, inversor cercano al presidente, admitió que la extensión del horario laboral forma parte de un borrador oficial “negociable y opcional”. La aclaración generó mayor preocupación entre gremios y sectores opositores, que advierten un intento de retroceso en derechos laborales básicos.

El empresario Martín Varsavsky, uno de los referentes del círculo económico más próximo a Javier Milei, buscó poner paños fríos a la controversia sobre la reforma laboral que el Gobierno prepara para 2026, pero terminó confirmando lo que muchos sospechaban: la Casa Rosada estudia permitir jornadas de hasta 13 horas diarias.

Según Varsavsky, la medida “no sería obligatoria”, sino una “opción negociable” entre empleadores y trabajadores, inspirada en el reciente modelo implementado en Grecia. El argumento oficial apunta a “aumentar la productividad” y “flexibilizar” el mercado laboral, aunque la propuesta desató una ola de críticas por su evidente sesgo en favor del empresariado.

Los borradores filtrados incluyen además la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese; la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda —incluido el dólar— y la creación de un “banco de horas” para compensar tiempo libre en lugar de pagar horas extras.

“Es apenas una idea en evaluación, no una decisión del Presidente”, aclaró Varsavsky. Sin embargo, el reconocimiento de que se estudia formalmente un esquema de 60 horas semanales bastó para encender las alarmas en los sindicatos, que lo consideran un ataque frontal al corazón de las conquistas laborales argentinas.

Desde la CGT advirtieron que la iniciativa representa “una vuelta al siglo XIX disfrazada de modernización”. En redes sociales, miles de usuarios replicaron el rechazo con el hashtag #13HorasNo, denunciando lo que definen como “un nuevo experimento libertario sobre el cuerpo de los trabajadores”.

Mientras el Gobierno insiste en presentar la reforma como un paso hacia “la libertad económica”, la oposición y el movimiento obrero ven en la propuesta un intento de reinstalar condiciones laborales propias del pasado. En un país donde la informalidad ya supera el 50%, el anuncio se lee menos como un proyecto de modernización y más como una advertencia sobre el rumbo que Milei pretende imponer.

Un querellante presentó pruebas que vinculan a los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy con transferencias millonarias desde cuentas del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token. Los acusan de triangular fondos y borrar rastros de las operaciones.

El caso $Libra, la criptomoneda impulsada desde el entorno presidencial y que terminó en un colapso financiero, sumó un nuevo capítulo judicial: Martín Romeo, uno de los querellantes, pidió la detención de los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes acusó de recibir más de dos millones de dólares en activos digitales provenientes del empresario norteamericano Hayden Davis.

Según la denuncia, ambos traders habrían actuado como intermediarios entre Davis y sectores cercanos al presidente Javier Milei, triangulando fondos que luego se convirtieron en efectivo. Las operaciones fueron registradas en enero y febrero de 2025, en coincidencia con el lanzamiento y posterior derrumbe del token.

Romeo identificó dos transferencias centrales: una de 1.015.000 USDT y otra de 1.191.000 USDT, enviadas desde billeteras vinculadas al creador de $Libra hacia una financiera manejada por Novelli y Terrones Godoy. Esa billetera cerró abruptamente el 26 de febrero, apenas días después del colapso de la criptomoneda.

“La conexión es directa: Davis envía el dinero, ellos lo reciben, lo fraccionan y lo retiran en efectivo. Luego cierran todo para borrar el rastro”, sostuvo el querellante en su presentación.

El pedido de detención se basa en el riesgo de fuga, dado que Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy cuenta con pasaporte mexicano. Ambos, según la acusación, habrían convertido parte de los fondos en Ethereum para eludir el congelamiento judicial.

El expediente, que pasó del juzgado de María Servini al de Marcelo Martínez de Giorgi, avanza con lentitud. El fiscal Eduardo Taiano investiga posibles delitos de cohecho, estafa y asociación ilícita.

Mientras tanto, expertos en blockchain confirman que las transacciones existen y que coinciden con fechas clave, incluso con la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con Davis, el 30 de enero de 2025.

“Hay más de cuatro millones de dólares que se movieron en esos días. Si Bitget responde a la justicia, se va a destapar toda la maniobra”, advirtió el ingeniero Fernando Molina, uno de los analistas que sigue el rastro del dinero.

El caso $Libra se convierte así en el primer escándalo financiero que golpea de lleno al corazón del gobierno libertario, donde la promesa de libertad económica parece haber derivado en una estafa millonaria y un creciente cerco judicial.

El presidente oficializó las normas votadas por el Congreso, aunque suspendió su aplicación con un artilugio administrativo que le permite desentenderse de su ejecución. Las universidades y hospitales seguirán esperando.

El gobierno de Javier Milei promulgó finalmente las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, pero dispuso que ambas queden congeladas hasta nuevo aviso. Amparado en un tecnicismo legal, el Ejecutivo decidió postergar su cumplimiento hasta que “la oposición indique de dónde saldrán los fondos”, una excusa que en los hechos anula la vigencia de las normas aprobadas por el Congreso.

Las resoluciones 759 y 760 publicadas en el Boletín Oficial convierten en letra muerta dos leyes destinadas a reforzar la educación pública y el sistema de salud infantil, mientras el gobierno celebra su “equilibrio fiscal” y desatiende el deterioro de ambos sectores. La maniobra, presentada como un gesto de “responsabilidad presupuestaria”, equivale a un nuevo veto encubierto frente a demandas sociales y sanitarias urgentes.

Con esta jugada, el Ejecutivo repite el libreto que ha caracterizado su gestión: desentenderse de las políticas públicas, trasladar responsabilidades y refugiarse en el lenguaje contable mientras la crisis educativa y hospitalaria se agrava. Las universidades, que debían recibir actualizaciones automáticas por inflación, seguirán funcionando al borde del colapso. Los hospitales pediátricos, que esperaban recursos para medicamentos, insumos y personal, continuarán en emergencia.

El gobierno que se autoproclama defensor de la libertad volvió a demostrar que su idea de libertad excluye la educación y la salud pública. Promulga las leyes, pero las congela; promete un futuro, pero detiene el presente. En su cruzada por “no gastar”, Milei parece dispuesto a recortar incluso lo más elemental: la posibilidad de estudiar y de curarse en la Argentina.

Ignacio Contreras, dirigente del oficialismo en San Vicente, fue arrestado tras efectuar disparos con un arma de fuego en una vivienda rural. La policía halló vainas servidas, un arma 9 mm y signos de violencia en el lugar.

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio Contreras, fue detenido luego de protagonizar un violento episodio con su pareja que incluyó disparos dentro de una propiedad privada. El hecho ocurrió el domingo en el campo “Mi Viejo”, sobre el camino Once Boca, donde efectivos policiales acudieron tras recibir denuncias por detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, los agentes encontraron a Agustina Jiménez, de 24 años, quien denunció haber sido agredida por Contreras durante una discusión. Según su testimonio, el concejal habría efectuado al menos dos disparos dentro de la vivienda. En la inspección posterior, la policía halló un arma calibre 9 mm, vainas servidas y signos de desorden general en el interior del inmueble.

El dirigente liberal, que encabezó la lista local de La Libertad Avanza en las elecciones de septiembre y debía asumir su banca en diciembre, quedó imputado por amenazas agravadas. La fiscal de turno, Karina Guyot, ordenó su aprehensión y el secuestro del arma.

Mientras el gobierno nacional multiplica discursos sobre “orden” y “seguridad”, el caso vuelve a poner bajo la lupa la conducta de sus propios referentes locales. Entre promesas de moral y mano dura, el episodio de San Vicente revela un costado violento y descontrolado de quienes dicen encarnar la “nueva política”.

El sector metalúrgico se hundió 5,2% interanual en septiembre y el uso de la capacidad instalada bajó al 44,5%, el peor nivel desde la pandemia. Empresarios advierten que el ajuste del Gobierno paralizó la producción y pone en riesgo miles de empleos.

La política económica del Gobierno de Javier Milei continúa dejando secuelas en la industria nacional. Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la producción del sector retrocedió 5,2% interanual en septiembre y acumula una caída del 30% respecto de sus picos históricos.

El uso de la capacidad instalada se desplomó al 44,5%, un nivel comparable al del aislamiento de 2020, mientras el empleo industrial volvió a contraerse. En los últimos doce meses, el número de trabajadores del rubro cayó 3,2%, y las expectativas empresarias anticipan nuevos recortes.

La retracción golpea con fuerza a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde la actividad fabril concentra la mayor parte de las pymes metalúrgicas. “Estamos operando con plantas semi vacías y sin demanda interna. El ajuste destruyó la cadena productiva”, señaló un dirigente del sector.

El informe también revela que el 77% de las empresas prevé mantener o reducir su producción en los próximos meses, y más del 90% no planea incorporar personal. Para ADIMRA, el escenario refleja “la parálisis de la economía real” y la falta de políticas activas para sostener el empleo y la inversión.

“La industria argentina está en un punto crítico. Si el Estado no interviene, corremos el riesgo de perder capacidades que costaron décadas construir”, advirtió el presidente de la entidad, Elio Del Re.

Con fábricas trabajando a menos de la mitad y un consumo interno desplomado, la recesión industrial se consolida como el rostro más visible del ajuste libertario.

La principal coalición opositora reclamó que el escrutinio provisorio se publique por provincia y acusó al oficialismo de intentar manipular la lectura política de los comicios legislativos del 26 de octubre.

Fuerza Patria presentó este lunes un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que los resultados de las elecciones legislativas se informen exclusivamente por distrito y no de forma agregada a nivel nacional. La medida apunta a evitar que el Gobierno de Javier Milei utilice los datos del escrutinio provisorio con fines propagandísticos.

“El voto legislativo se define provincia por provincia. La suma nacional no tiene valor institucional y confunde deliberadamente a la ciudadanía”, sostiene el texto entregado por la alianza, que reúne a la mayoría de las fuerzas opositoras con representación parlamentaria.

El reclamo se produjo tras el simulacro electoral realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el Correo Argentino, donde —según denunció la oposición— se aplicaron criterios “opacos” y “sin control ciudadano” en la carga de datos. En Fuerza Patria sospechan que el Ejecutivo busca mostrar un resultado global favorable, pese a los retrocesos previstos en los grandes distritos.

“La transparencia no se declama, se garantiza”, afirmó una fuente del espacio opositor, que acusó al oficialismo de utilizar la DINE “como herramienta de marketing político en lugar de órgano técnico”.

La CNE deberá resolver el planteo antes del cierre de la semana, aunque la tensión política ya se instaló. El debate vuelve a poner en el centro la disputa por el sentido del federalismo y por el control del relato electoral, en un contexto de malestar económico y creciente desgaste del gobierno libertario.

El banco estadounidense advirtió que cualquiera sea el resultado de los comicios, el tipo de cambio subirá con fuerza y las reservas seguirán bajo presión.

BUENOS AIRES, 14 oct (Agencia) — El banco de inversión Morgan Stanley anticipó una escalada del dólar en la Argentina luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con distintos grados de impacto según el resultado electoral, pero sin escenarios de calma a la vista.

En su último informe a clientes, la entidad de Wall Street alertó que “la estabilidad cambiaria actual es insostenible” y que, tras los comicios, el Gobierno se verá obligado a ajustar el tipo de cambio y endurecer la política monetaria.

El documento plantea tres posibles resultados electorales, todos con una consecuencia común: una fuerte presión sobre el peso. En el mejor de los casos, con una victoria oficialista sólida, el dólar podría ubicarse cerca de $1.700 a fin de año. En un escenario intermedio, superaría los $1.800, y ante una derrota amplia del Gobierno, la cotización podría rebasar los $2.000, con impacto inmediato en precios y actividad económica.

El informe también advierte que un proceso de dolarización demandaría entre US$21.000 y US$86.000 millones, un volumen de divisas que el país no posee: las reservas netas del Banco Central rondan los US$10.000 millones, incluyendo el oro.

“Más allá del resultado electoral, la economía argentina enfrentará un período de tensión prolongada hasta que logre recomponer su stock de divisas”, concluye el banco, que remarca que ni siquiera el swap por US$20.000 millones con el Tesoro estadounidense alcanza para garantizar una transición ordenada.