Por Santiago Masetti

El  Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, abrió una investigación para determinar las responsabilidades en lo que, en Tegucigalpa nadie lo duda, es un atentado cívico militar contra el sistema democrático de Honduras, a un mes de la elecciones generales que, según las encuestas, le darían la victoria a la candidata a la presidencia de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

La Fiscalía informó que cuenta con una serie de audios y transcripciones que documentan una estrategia concertada para sabotear la transmisión de resultados y construir un relato de deslegitimación de la oficialista Rixi Moncada, quien, reiteramos se impone en los comicios previsto para el 30 de noviembre próximo.

Los archivos grabados muestran las operaciones realizadas entre el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, también del Partido Nacional y un militar activo del que no se identificada su identidad. 

Las conversaciones desnudan cómo se piensa desarrollar un fraude electoral ante una casi segura victoria de Libre.

En ellas se detallan la intención de influir en contrataciones logísticas (transporte y personal acreditado), controlar la observación electoral mediante infiltrados, manipular interrupciones en la transmisión de datos y lanzar un anuncio público —según una línea ya trazada—, para instalar como ganador al candidato derechista  del Partido Liberal, Salvador Nasralla, violando el mandato de las urnas y la Constitución Nacional.

Hay frases textuales que ilustran la intención operativa. Cossette lo dice sin ambages: “Lo importante es que se anuncie que va ganando Salvador Nasralla, no Rixi Moncada”.

En otros pasajes se planifica usar empresas afines para el transporte del material electoral y se señala la necesidad de “anunciar” resultados parciales favorables que luego sirvan de coartada para impugnar y suspender el proceso.

Los audios describen un método y Zambrano propone generar contenidos mediáticos que siembren las sospechas sobre el desempeño de los comicios.

El militar aún no identificado propone controles ilegales sobre el sistema de comunicaciones y “operaciones” desestabilizadoras de diversas naturalezas.

El cóctel político-militar-empresarial que surge de las grabaciones es, en el argot técnico, un riesgo sistémico: no solo socava la transparencia operativa, sino que construye la narrativa con la que se pretende violar la voluntad popular.

La gravedad mayor no es solo el contenido de las conversaciones sino su encaje en un patrón histórico.

Honduras arrastra episodios pasados donde la manipulación del escrutinio y la intervención de actores armados y estructuras clientelares tuvieron consecuencias dramáticas.

Hoy, quienes fueron señalados en aquellos capítulos vuelven a aparecer (con menos máscaras y mucha más tecnología) dispuestos a explotar brechas técnicas y administrativas: conectividad, control de centros de votación, credenciales de veedores y la potestad para anunciar “cortes” de resultados.

Las grabaciones reveladas por la Fiscalía dan cuenta de un plan para presionar a actores externos, en la que se desataca a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa con el fin de que no reconozcan eventuales victorias de Libre. Eso convertiría una disputa interna en una crisis de reconocimiento internacional, con efectos duraderos sobre la soberanía y la gobernabilidad.

Demás está añadir, como lo enseña la historia, que detrás de esta intentona está la mano directriz de la activa plantilla de servicio de inteligencia con que cuenta la propia Embajada de Estados Unidos.

Tras conocerse las filtraciones de los audios, el Fiscal aseguró en una conferencia de prensa que “cualquier intento deliberado para alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria de naturaleza imprescriptible”. 

“El orden constitucional y el Estado de Derecho son bienes jurídicos superiores a cualquier interés privado o partidario”, y luego Zelaya añadió que la suplantación de la soberanía popular “se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena”.

La política hondureña enfrenta, de nuevo, una encrucijada: o se refuerzan las reglas del juego y se asegura el escrutinio público, o se abre la puerta a un ciclo de deslegitimación que terminará por erosionar la frágil institucionalidad. Si el país quiere mirar al futuro, como dicen quienes imaginan cambios profundos, tendrá que defender hoy la letra fría de los procedimientos y la voluntad caliente de las urnas.

Seguramente está no será la última operación en la que el bipartidismo que gobernó durante varias décadas está nación centroamericana – en componendas con el sistema de poder militar y empresario-,  busque agredir a la frágil democracia hondureña, en beneficio de lo que denominan “las diez familias” y de los intereses foráneos.

En ese marco de peligrosidad para la democracia debe ser entendida la solicitud del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, para obtener copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos en el nivel presidencial al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, el periódico hondureño La Prensa acaba de publicar:

“El abogado constitucionalista Oliver Erazo fue contundente al señalar que la Constitución de la República no otorga, ni sugiere, ni insinúa facultad alguna a las Fuerzas Armadas para solicitar actas electorales. El artículo 272 y el 273 de la Constitución delimitan claramente las atribuciones del órgano militar. Bajo ningún contexto, la Carta Magna ni la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas le permiten peticionar al CNE copias de las actas”. 

Todas estas acciones de la derecha, que decididamente deben ser consideradas golpistas, se dan en un marco regional e internacional signado por la agresividad que viene demostrando el gobierno de Donald Trump.

Al respecto, resulta destacable lo publicado este miércoles 29 de octubre por el sitio de análisis internacional Other News, cuando reproduce el artículo “Washington redibuja el Caribe…”, del colega mexicano-estadounidense Jorge Luis Sierra, del Diario Red:

“El Caribe está ocupando un lugar central en la geopolítica de Estados Unidos (…). El gobierno de Trump lo ha convertido en un mero espacio de proyección militar. Las operaciones navales de la Armada estadounidense en el mar Caribe y las costas de Colombia, los bombardeos de embarcaciones sospechosas y la presencia de destructores y fragatas norteamericanas evocan una escena de tiempos pasados, cuando la Doctrina Monroe justificaba la intervención. Hoy, bajo el discurso de la ‘guerra contra el narcotráfico’, Washington intenta reconfigurar el mapa de seguridad del hemisferio occidental y ha reinstalado en el Caribe un dispositivo militar que altera el equilibrio político regional. El argumento oficial es familiar: combatir las rutas del narcotráfico y neutralizar las redes criminales transnacionales. Sin embargo, bajo el prisma del análisis estratégico, esta narrativa opera como un velo. En realidad, se está reacomodando la doctrina de defensa estadounidense hacia una visión hemisférica que busca reafirmar su presencia militar frente a China, Rusia y, en menor medida, Irán. El narcotráfico es el pretexto”.

Si alguien alberga alguna duda sobre la presencia del gobierno de Estados Unidos como directriz de esta intentona golpista en Honduras, a leer con atención una frase lapidaria de la consejera del CNE, Cossette López-Osorio, en los audios que la incriminan.

Dijo: “Utilizamos las herramientas que nos dio la gente de la Embajada”.

Con salarios pulverizados y presupuestos congelados, la Facultad de Agronomía sufre una fuga inédita de docentes e investigadores. Denuncian una política deliberada de desmantelamiento del sistema universitario.

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) atraviesa una crisis sin precedentes: en los últimos dos años perdió cerca del 15 % de su planta docente, víctima directa del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre las universidades públicas. La caída salarial, el vaciamiento presupuestario y el desinterés oficial amenazan con paralizar una de las instituciones científicas más importantes del país.

Según datos de la propia facultad, los sueldos docentes cayeron más del 50 % frente a la inflación, dejando incluso a los cargos de dedicación exclusiva por debajo del costo de vida. Las renuncias se multiplicaron entre investigadores y especialistas con posgrado, muchos de los cuales emigraron al exterior o al sector privado. “Estamos perdiendo generaciones enteras de conocimiento”, advirtieron desde el claustro docente.

La falta de recursos también golpea la investigación y la infraestructura. Laboratorios sin insumos, cortes de servicios y proyectos suspendidos son parte del cuadro cotidiano. Mientras tanto, las transferencias nacionales al sistema universitario se mantienen congeladas desde 2023, lo que llevó el financiamiento educativo a mínimos históricos —menos del 0,9 % del PBI—.

El gobierno nacional, lejos de rectificar el rumbo, profundizó su enfrentamiento con el ámbito académico. Milei ha calificado a las universidades como “nidos de adoctrinamiento” y se negó a actualizar los presupuestos, pese a las movilizaciones masivas que exigieron en abril y agosto una recomposición de fondos. Rectores y decanos advierten que se trata de una “estrategia de demolición” del sistema público.

En el caso de Agronomía, la situación resulta especialmente grave por su papel estratégico en la formación de profesionales vinculados al agro, la alimentación y el ambiente, pilares de la economía argentina. La pérdida de docentes no sólo afecta la enseñanza: también desarticula equipos científicos que aportan innovación al sector productivo.

“Lo que ocurre en FAUBA es un síntoma de algo más grande: la universidad pública está siendo estrangulada”, sintetizó una fuente del Consejo Directivo. Mientras tanto, los pasillos antes colmados de estudiantes e investigadores hoy reflejan el clima de desánimo de una comunidad que resiste, pero ve cómo el Estado abandona una de sus principales herramientas de desarrollo y soberanía.

El asalto policial a las favelas de Alemão y Penha dejó al menos 122 fallecidos y abrió una crisis política entre el gobierno de Río (vinculado a Jair Bolsonaro) y el de Lula da Silva.

Una operación policial de gran escala en las favelas de Alemão y Penha derivó este martes en la jornada más sangrienta en la historia reciente de Río de Janeiro, con un saldo de al menos 122 muertos tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del Comando Vermelho, la principal facción narco del país.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado del bolsonarismo, responsabilizó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por “no haber enviado refuerzos federales” pese —dijo— a “tres pedidos formales”. Desde Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, rechazó esa versión y aseguró que “nunca se recibió solicitud alguna”, lo que desató un nuevo conflicto político entre el gobierno estadual y el federal.

La operación comenzó al amanecer, con unos 2.500 efectivos desplegados para desmantelar la cúpula del Comando Vermelho. A lo largo del día, las favelas fueron escenario de intensos tiroteos, incendios y barricadas. Varios barrios quedaron paralizados, con transporte suspendido y comercios cerrados. La prensa local reportó escenas de pánico y cuerpos tendidos en las calles, mientras el Centro de Operaciones de Río elevó el nivel de emergencia al grado 2, de una escala de 5.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su “horror” ante la magnitud del operativo y exigió una investigación “rápida, independiente y efectiva”, alertando que este tipo de intervenciones “acentúa el patrón de violencia letal en comunidades pobres y racializadas”.

En respuesta a la crisis, el gobierno federal enviará a Río una misión encabezada por los ministros de Justicia y de la Casa Civil, junto al director de la Policía Federal, para evaluar la situación y coordinar eventuales medidas.

El Comando Vermelho, surgido en 1979 dentro del penal de Ilha Grande, evolucionó desde un grupo de autodefensa carcelaria hasta convertirse en una red criminal con presencia en más de una decena de estados brasileños. Su expansión reciente en el área metropolitana de Río, según informes oficiales, ha sido la más rápida entre las organizaciones delictivas del país.

Tras los comicios legislativos, el Gobierno libertario se siente con margen político para profundizar su plan de ajuste y aplicar medidas que afectarían derechos laborales y jubilatorios.

Con el nuevo reparto de bancas tras las elecciones del domingo, el presidente Javier Milei se dispone a acelerar su paquete de reformas estructurales, entre ellas la laboral, la previsional y la tributaria. El oficialismo interpreta el resultado como un aval para profundizar su programa de shock económico y avanzar sin contrapesos en el Congreso.

“Vamos a hacer las reformas que nos comprometimos con los argentinos”, reiteró Milei, convencido de que el recambio legislativo del 10 de diciembre abrirá el camino para imponer su agenda. En la práctica, ese plan incluye flexibilizar convenios colectivos, modificar el sistema jubilatorio y reducir tributos bajo el argumento de promover “eficiencia y libertad económica”.

Desde sectores opositores y sindicales advierten que la nueva correlación de fuerzas podría traducirse en un ataque directo a derechos conquistados. Las reformas previsional y laboral, presentadas como “modernizadoras”, implicarían —según expertos— un retroceso en materia de seguridad social y condiciones de trabajo.

Mientras Milei celebra su nuevo poder parlamentario, el país se prepara para un verano de tensión política y social. El Gobierno apuesta a consolidar su modelo económico con respaldo legislativo, pero el costo político y humano del “shock” libertario ya genera preocupación incluso en algunos aliados.

Caracas acusó a Washington de preparar una operación “de falsa bandera” en el Caribe y convocó a movilizaciones militares en todo el país para defender su soberanía.

El gobierno de Nicolás Maduro denunció este lunes la existencia de un presunto plan de Estados Unidos para ejecutar una operación de “falsa bandera” con el fin de justificar una agresión militar contra Venezuela. En ese marco, las autoridades confirmaron la detención de tres personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El anuncio fue realizado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello, quien advirtió que las maniobras militares que Estados Unidos realiza junto a Trinidad y Tobago representan “una provocación directa al pueblo venezolano”. Cabello llamó a sostener movilizaciones permanentes en todo el país y a fortalecer la “unidad cívico-militar” frente a lo que calificó como “una nueva amenaza imperial”.

Según el gobierno venezolano, los arrestados habrían participado en la planificación de un supuesto ataque a una embarcación estadounidense en aguas caribeñas, con el objetivo de culpar a Caracas y legitimar una respuesta armada. “Hemos encontrado teléfonos, documentos y manuales operativos que prueban la injerencia de la CIA en territorio nacional”, sostuvo Cabello.

El canciller Yván Gil también se refirió al tema y aseguró que Venezuela “no cederá ante las provocaciones” de Washington. “Sabemos que buscan fabricar un incidente que sirva de excusa para intervenir, pero nuestro pueblo está alerta y movilizado”, expresó.

La denuncia se produce en medio de un clima regional tenso, marcado por el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y las reiteradas acusaciones de Caracas sobre intentos de desestabilización por parte de potencias extranjeras.

El precio de los productos de primera necesidad registró un aumento del 3% durante octubre, según un informe de la consultora LCG. La aceleración se produce en medio de la campaña electoral y profundiza la presión sobre los ingresos familiares.

El relevamiento de LCG detalló que el incremento promedio de octubre alcanzó el 3%, con un crecimiento de 1% solo en la última semana del mes. Los productos de consumo diario, especialmente lácteos y huevos, fueron los más afectados, mostrando subas de hasta 4%. En contraste, algunas categorías como azúcar y verduras presentaron ligeras bajas, insuficientes para equilibrar el impacto general en el costo de vida.

El avance de los precios contradice la narrativa oficial sobre un «traslado limitado» de la devaluación a los alimentos. Analistas advierten que la combinación de inflación acumulada y pérdida de poder adquisitivo deja al gobierno con una presión social directa a pocas semanas de las elecciones.

Por Víctor Ego Ducrot y Santiago Masetti/ ¿Son esas conductas hoy habituales entre las fuerzas más conservadoras de América Latina? Si lo son, ¿se trata de subjetividades criminales, o acaso la actual etapa del sistema global de poder requiere que personajes de baja estofa y comportamientos individuales y colectivos sicopatológicos rijan en la vida política y en el accionar de los Estados?

Tal vez sea prematuro arriesgar una respuesta definitiva para esos interrogantes. Sin embargo y según se desprende de un cúmulo de informaciones circulantes en la prensa tradicional y en las redes sociales, surgen indicadores suficientes para afirmar que se trata de tendencias psicológicas, sociológicas y política propias de lo que algunos definimos como fase superior del Imperio Global Privatizado (IGP), la era de la mercancía absoluta.

Ya trataremos de echar luz sobre ello, pero antes revisemos cuáles son los indicadores, los rastros, que deberían encender las alarmas de las fuerzas democráticas y de las izquierdas latinoamericanas y del Caribe, quizás del globo todo.

En primer lugar hay que advertir que los comportamientos criminales en las cúpulas del poder político en manos de las derechas no son patrimonios originales de sus personeros vernáculos.

Estos siguen un patrón que expresa la administración de Donald Trump. Para muchos, el presidente de Estados Unidos exhibe personalidad imprevisible y con desequilibrios emocionales.

Sin embargo se trata de un fenómeno mucho más grave y de gran peligrosidad para todo el planeta.

Poco antes de asumir su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump fue declarado culpable en 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130 mil dólares en 2016 a la ex actriz de cine porno Stormy Daniels, con quien habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial diez años antes.

Además, existen testimonios fotográficos de sus vinculaciones prostibularias en la pasada década del 90, incluso aparecidos en la entonces famosa revista Playboy.

Pero más graves son las innumerables denuncias que vinculan a Trump con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero condenado por delitos sexuales que involucraban a menores, según publicara, entre otros medios, el sitio de la británica BBC, insospechada de pertenecer al partido Demócrata, ni mucho menos a la izquierda internacional.

Por el mismo escándalo criminal hace pocos días el hermano del británico Carlos III, el príncipe Andrés, acorralado por el caso Epstein, renunció a todos sus títulos reales, conforme circuló por todos los titulares periodísticos del mundo.

Las huellas de Jeffrey Epstein en Honduras

Las derechas se comportan al unísono. Un video que se hizo viral en las redes sociales mostró al candidato liberal Salvador Nasralla en un abrazo repudiable a una niña durante un acto de su campaña electoral.

Fue el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, quien puso las cosas en su lugar al calificar de “inapropiado” el abrazo de Nasralla, a quien llamó el “Jeffrey Epstein de Honduras”.

La conducta repugnante del candidato derechista provocó una ola de indignación social, más allá de los intentos justificadores de los medios más recalcitrantemente reaccionarios.

Y algunos miles de kilómetros al Sur, en una Argentina desquiciada, de la cual Trump acaba de decir «no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir”, su presidente Javier Milei es un repetidor serial de frases con manifiesto contenido pedófilo.

En su carrera hacia la Casa Rosada, el actual jefe de Estado de los argentinos lanzó frases tan repugnantes como los gestos de Nasralla: “El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina”.

“Al universo semántico de violadores y pedófilos, al tortuoso devenir de la carrera política de Milei hay que agregar la venta de niños. Es que, tras afirmar que está a favor de la venta de órganos, defendió también la venta de menores”, señalaba entonces el diario Página 12.

Durante los dos años que lleva de mandato se encargó de desmantelar las agencias del Estado dedicadas a la protección de la minoridad y de los derechos de género.

Uno de los principales ideólogos de Milei, Agustín Laje, aparece vinculado a Varones Unidos, una organización machista y misógina fundada en Uruguay, en el ojo del huracán desde que uno de sus fundadores, Pablo Laurta, fue detenido tras asesinar a su ex pareja, Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio.

El tal Laje niega sus relaciones con el autor del doble femicidio, pero fueron publicadas fotografías en las que se puede ver a los dos nefastos personajes en compañía de otros militantes contra las mujeres y las diversidades.

Además, ya en 2018, el mismo Laje y demás misóginos activos “disponían de un red internacional en connivencia con una parte del Estado que les permitía sentar las bases por la cruzada antifeminista que actualmente es parte del plan de gobierno en Argentina”, como también apunta el ya citado Página 12.

En Argentina, asesinan a una mujer por día y ya volveremos sobre la cuestión al tratar la compleja red narco que involucra a uno de los dirigentes políticos más allegados a Milei, a un candidato de la derecha hondureña, a un asesor estratégico de Trump, a un connotado traficante y lavador de activos ilegales, y a un dizque periodista vinculado a los servicios de inteligencia de Estado Unidos.

Los personajes de una macabra historia

José Luis Espert: diputado, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja y hasta hace pocos días principal candidato oficialista para la elecciones legislativas de medio término del domingo próximo.

Nasry Asfura: candidato a la presidencia de Honduras en las elecciones del 30 de noviembre próximo, perteneciente al partido Nacional.

Fred Machado: narcotraficante y lavador de activos argentino, detenido en su país y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

Dick Morris: reconocido estratega estadounidense que asesoró en su momento tanto a Bill Clinton como a Donald Trump. También señalado como asesor de la derecha hondureña.

Luis Rosales: periodista argentino y ex candidato a la vicepresidencia de su país en la fórmula que postulaba a José Luis Espert a la primera magistratura, en 2023.

Trama, finales y acciones en suspenso

Espert es un economista de extrema derecha, asesor de empresas devenido en político, de estilo bravucón y amenazante.

Aspiraba a renovar su mandato de diputado por la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico por su densidad demográfica, pero se supo que su anterior campaña electoral había sido financiada por el narcotraficante y lavador de activos Fred Machado.

Negó las acusaciones en su contra, pero en un tribunal estadounidense aparecieron pruebas de depósitos bancarios sin justificaciones. El presidente Milei lo defendió a capa y espada, pero el escándalo escaló hasta otros funcionarios gubernamentales y tuvo que renunciar a sus aspiraciones. Sin embargo, en una actitud deplorable, la cámara de Diputados le concedió licencia con goces de haberes, cuando ya tendría que haberlo expulsado.

El nexo entre Espert y Fred Machado fue obra del periodista Luis Rosales, compañero de fórmula para la presidencia en 2023 del ahora legislador caído en desgracia; allegado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y cercano al consultor y estratega Dick Morris.

Este acercó a Rosales a funcionarios de Trump y al candidato derechista hondureño Nasry Asfura, en una suerte de madeja sospechosa hasta para el sistema judicial estadounidense.

“Si yo hablo, se cae el país mañana», acaba de decir en una entrevista el narco Fred Machado. El financista de Milei reveló mensajes entre él y funcionarios de primera línea de la Casa Rosada y hasta una respuesta escueta que le enviara el asesor estrella de la presidencia, un tal Santiago Caputo, quien sin cargo formal en el gobierno maneja nada menos que los servicios de inteligencia y a un nutrido y bien pago plantel de operadores en medios y redes de ultraderecha.

Caputo – pariente de otro Caputo, ministro de Economía de Milei y endeudador y fugador serial de activos- surgió de las consultoras del ecuatoriano Jaime Durán Barba, conspicuo asesor de dirigentes y presidentes de la derecha latinoamericana. En la últimas horas su nombre suena cómo próximo canciller de Argentina.

La entrevista radial y televisiva concedida por Machado tuvo lugar el 8 de octubre pasado poco después de enterarse de que la Justicia argentina disponía su extradición hacia Estados Unidos.

Apuntó contra distintos funcionarios allegados al presidente Milei, contra el propio Espert, a quién había financiado, contra la ex montonera y ultraderechista ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra el gobernador de una provincia patagónica, Alberto Weretilneck.

Al mismo tiempo, la prensa argentina revelaba que la diputada y candidata patagónica al Senado nacional, Lorena Villaverde,- próxima a Machado- tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos debido a una causa por narcotráfico.

Quienes siguen de cerca las alternativas de estos casos afirman que el narco Machado también puede tener información comprometedora para la derecha hondureña y funcionarios y agentes de la inteligencia estadounidense.

Una pista paralela sobre otros posibles ilícitos de dirigentes y funcionarios de la derecha en Honduras surgió del sitio noticioso de ese país Pulso Directo.

Hace pocos días, ese medio difundió lo siguiente. “La familia de Roberto Contreras (empresario y alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad de esa nación centroamericana) está bajo la lupa por adquirir nueve propiedades a un costo de más de 71 millones de lempiras (algo más de dos millones 700 mil dólares) en apenas tres años, pagadas al contado y sin recurrir a préstamos bancarios. ¿Cómo puede Contreras hacer compras millonarias con un sueldo mensual de solo 125 mil 690 lempiras (casi cuatro mil 800 dólares?”

Mientras en Argentina se derrumbaba Espert y el caso se esparcía con furia entre los medios periodísticos, aumentaba la certeza de que la política y las instituciones gubernamentales de ese país están profundamente infiltradas por el narcotráfico, y algunos de los crímenes de genero o femicidios más resonantes de las últimas semanas forman parte de las tramas objetivas del propio narcotráfico.

Alrededor de un mes atrás, las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas en la zona sur del Conurbano bonaerense por los integrantes peruanos y argentinos de una banda dedicada al narcomenudeo en barriadas populares.
Muchos de los datos fueron aportados por investigadores de Trujillo, Perú, y entre los pesquisantes argentinos está firme la hipótesis de que eso crímenes y esas bandas son funcionales al aparato de crimen organizado que se está apropiando del Estado.

El crimen, paradigma del capitalismo global

Tal cual lo anticipáramos en los primeros párrafos de este texto, intentaremos fundar algunas ideas sobre la naturaleza de las relaciones que consideramos son paradigmáticas entre la etapa actual del sistema capitalista global, el crimen y lo que puede denominarse tendencia a la psicopatización de la vida política.

En primer lugar. ¿A qué nos referimos al escribir etapa actual de sistema capitalista global?

A principios del actual siglo, adoptando como hechos sintomáticos los registrados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington (los atentados que contaron con la anuencia de ciertos sectores del gobierno estadounidense y de las corporaciones financieras), se puede decir que se plasmó un estadio diferente del orden neoliberal.

Lo denominamos Imperio Global Privatizado (IGP). Se caracteriza por la ocupación del Estado por parte de cuadros directivos de la tramas empresariales corporativas (la administración de George W. Bush fue un cabal ejemplo de ello) y la privatización integral de ciertas funciones estatales (defensa e inteligencia en especial).

Un cuarto de siglo después, y teniendo en el centro de su matriz a las aceleradas y vertiginosas innovaciones tecnológicas, sobre todo las referidas a la comunicación y a la información, nos encontramos en la fase superior del IGP.

Su dato crucial es la totalización de la vida como mercancía, la era de la mercancía absoluta, y en términos políticos la tendencia a remplazar al Estado y al conjunto de sus funciones por las corporaciones mismas.

A partir de los orígenes del capitalismo como sistema-mundo hegemónico todos los bienes materiales e inmateriales pasaron a ser mercancías, pero la vida social y económica reconocía intersticios simbólicos de relativa autonomía.

Ya no. Las nuevas tecnologías hicieron que todo lo humano sea mera mercancía, hasta nuestros mundos oníricos, toda vez que a través de la misma pantalla en la que transcurre nuestra cotidianidad podemos entablar relaciones psicoterapéuticas, y en ella cada segundo implica beneficios para las empresas tecnológicas y de las comunicaciones: la humanidad misma como plusvalía al infinito.

Nos encontramos ante sociedades que viven sobre escenarios psicopatizados y que así, de manera psicopática, se expresan en sus conductas individuales y colectivas, en el terreno de las relaciones sociales y de las conductas políticas.

En la era de la mercancía absoluta las sociedades están altamente expuestas al desquicio sicológico y cultural, y a dirigentes psicópatas. Y el Estado desaparecido entre los pliegues sigilosos del capitalismo actual- así entre sigilos y nocturnidades operaban los genocidas de las últimas dictaduras latinoamericanas- se funde entre criminales no siempre organizados.

Esta macabra historia que relatamos no trató sobre locos, narcos y asesinos. Trata sobre cómo vivimos en el sistema capitalista contemporáneo.

El tribunal rechazó la pretensión del Gobierno de difundir un “número nacional” en las elecciones legislativas. La medida había sido impugnada por Fuerza Patria, la UCR y la izquierda, que denunciaron un intento de manipular la lectura política del resultado.

La Cámara Nacional Electoral le impuso este martes un límite al Gobierno al ordenar que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del próximo domingo se difundan por distrito, tal como establece la Constitución, y no como un total nacional, como pretendía hacer la administración de Javier Milei.

El fallo, firmado por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, fue unánime y repuso las reglas tradicionales del escrutinio provisorio frente a un intento del oficialismo de alterar la presentación de los datos.

El planteo fue impulsado por Fuerza Patria y acompañado por la UCR y el Frente de Izquierda, luego de que en el simulacro del fin de semana pasado el Gobierno mostrara resultados unificados que sumaban los votos libertarios en todo el país. Esa metodología, según los partidos opositores, buscaba “fabricar una mayoría artificial” y ofrecer un “relato triunfalista” en la noche electoral.

La CNE fue tajante: los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional son claros al definir que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deben considerarse distritos independientes en la elección de senadores y diputados nacionales.

En su resolución, los jueces subrayaron que “no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global”, recordando que ese tipo de conteo solo corresponde a comicios presidenciales.

El fallo tiene un peso político evidente: impide al Gobierno presentar un “resultado nacional” que lo favorecía, ya que La Libertad Avanza compite con su sello en las 24 jurisdicciones, mientras que el peronismo y otras fuerzas lo hacen solo en algunas.

Con esta decisión, la Justicia Electoral le recordó al Ejecutivo que el conteo no es una operación de marketing, sino un acto institucional sujeto a la ley. Milei, que esperaba una “foto de victoria nacional” el domingo a la noche, deberá ahora conformarse con los resultados provincia por provincia.

Tras la dimisión del titular de la cartera de exteriores, crecen las tensiones internas y disputas de poder dentro del Gabinete. Su salida refleja el creciente peso del asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado a los diplomáticos tradicionales.

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei, confirmando lo que desde hace días era un secreto a voces en la Casa Rosada. El diplomático, hombre del establishment financiero y exembajador en Washington, decidió dar un paso al costado luego de una serie de tropiezos diplomáticos y de choques con el núcleo más duro del oficialismo.

La gota que rebalsó el vaso fue el confuso episodio durante la reunión entre Milei y Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense pareció desconocer la naturaleza de las elecciones argentinas, un desliz que expuso la falta de coordinación del Palacio San Martín. Desde entonces, el entorno del Presidente —y en particular el sector ligado a Santiago Caputo— comenzó a marcarle la cancha al canciller.

Werthein no ocultaba su incomodidad con la posible incorporación de Caputo al Gabinete, a quien consideraba una amenaza directa a la autonomía de la Cancillería. El “Gordo Dan”, operador de las milicias digitales libertarias, lo había acusado días atrás de “traicionar la línea del Presidente”, acelerando su desgaste político.

Con su salida, Milei pierde al último diplomático de carrera con vínculos sólidos en Washington, y se abre una nueva interna por la sucesión. Entre los posibles reemplazantes suenan nombres dispares: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el empresario Alec Oxenford, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, e incluso viejos conocidos del macrismo como Jorge Faurie o Federico Pinedo.

Werthein había asumido hace menos de un año, tras el desplazamiento de Diana Mondino, quien cayó en desgracia luego del voto argentino en la ONU contra el bloqueo a Cuba. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad en un gobierno que acumula renuncias y fracturas en su frente interno.

El Palacio San Martín, símbolo de la diplomacia profesional argentina, vuelve a quedar vacante y bajo amenaza de ser absorbido por el poder informal que hoy rodea al Presidente.

Martín Varsavsky, inversor cercano al presidente, admitió que la extensión del horario laboral forma parte de un borrador oficial “negociable y opcional”. La aclaración generó mayor preocupación entre gremios y sectores opositores, que advierten un intento de retroceso en derechos laborales básicos.

El empresario Martín Varsavsky, uno de los referentes del círculo económico más próximo a Javier Milei, buscó poner paños fríos a la controversia sobre la reforma laboral que el Gobierno prepara para 2026, pero terminó confirmando lo que muchos sospechaban: la Casa Rosada estudia permitir jornadas de hasta 13 horas diarias.

Según Varsavsky, la medida “no sería obligatoria”, sino una “opción negociable” entre empleadores y trabajadores, inspirada en el reciente modelo implementado en Grecia. El argumento oficial apunta a “aumentar la productividad” y “flexibilizar” el mercado laboral, aunque la propuesta desató una ola de críticas por su evidente sesgo en favor del empresariado.

Los borradores filtrados incluyen además la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese; la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda —incluido el dólar— y la creación de un “banco de horas” para compensar tiempo libre en lugar de pagar horas extras.

“Es apenas una idea en evaluación, no una decisión del Presidente”, aclaró Varsavsky. Sin embargo, el reconocimiento de que se estudia formalmente un esquema de 60 horas semanales bastó para encender las alarmas en los sindicatos, que lo consideran un ataque frontal al corazón de las conquistas laborales argentinas.

Desde la CGT advirtieron que la iniciativa representa “una vuelta al siglo XIX disfrazada de modernización”. En redes sociales, miles de usuarios replicaron el rechazo con el hashtag #13HorasNo, denunciando lo que definen como “un nuevo experimento libertario sobre el cuerpo de los trabajadores”.

Mientras el Gobierno insiste en presentar la reforma como un paso hacia “la libertad económica”, la oposición y el movimiento obrero ven en la propuesta un intento de reinstalar condiciones laborales propias del pasado. En un país donde la informalidad ya supera el 50%, el anuncio se lee menos como un proyecto de modernización y más como una advertencia sobre el rumbo que Milei pretende imponer.