El tribunal rechazó la pretensión del Gobierno de difundir un “número nacional” en las elecciones legislativas. La medida había sido impugnada por Fuerza Patria, la UCR y la izquierda, que denunciaron un intento de manipular la lectura política del resultado.

La Cámara Nacional Electoral le impuso este martes un límite al Gobierno al ordenar que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del próximo domingo se difundan por distrito, tal como establece la Constitución, y no como un total nacional, como pretendía hacer la administración de Javier Milei.

El fallo, firmado por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, fue unánime y repuso las reglas tradicionales del escrutinio provisorio frente a un intento del oficialismo de alterar la presentación de los datos.

El planteo fue impulsado por Fuerza Patria y acompañado por la UCR y el Frente de Izquierda, luego de que en el simulacro del fin de semana pasado el Gobierno mostrara resultados unificados que sumaban los votos libertarios en todo el país. Esa metodología, según los partidos opositores, buscaba “fabricar una mayoría artificial” y ofrecer un “relato triunfalista” en la noche electoral.

La CNE fue tajante: los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional son claros al definir que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deben considerarse distritos independientes en la elección de senadores y diputados nacionales.

En su resolución, los jueces subrayaron que “no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global”, recordando que ese tipo de conteo solo corresponde a comicios presidenciales.

El fallo tiene un peso político evidente: impide al Gobierno presentar un “resultado nacional” que lo favorecía, ya que La Libertad Avanza compite con su sello en las 24 jurisdicciones, mientras que el peronismo y otras fuerzas lo hacen solo en algunas.

Con esta decisión, la Justicia Electoral le recordó al Ejecutivo que el conteo no es una operación de marketing, sino un acto institucional sujeto a la ley. Milei, que esperaba una “foto de victoria nacional” el domingo a la noche, deberá ahora conformarse con los resultados provincia por provincia.

Tras la dimisión del titular de la cartera de exteriores, crecen las tensiones internas y disputas de poder dentro del Gabinete. Su salida refleja el creciente peso del asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado a los diplomáticos tradicionales.

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei, confirmando lo que desde hace días era un secreto a voces en la Casa Rosada. El diplomático, hombre del establishment financiero y exembajador en Washington, decidió dar un paso al costado luego de una serie de tropiezos diplomáticos y de choques con el núcleo más duro del oficialismo.

La gota que rebalsó el vaso fue el confuso episodio durante la reunión entre Milei y Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense pareció desconocer la naturaleza de las elecciones argentinas, un desliz que expuso la falta de coordinación del Palacio San Martín. Desde entonces, el entorno del Presidente —y en particular el sector ligado a Santiago Caputo— comenzó a marcarle la cancha al canciller.

Werthein no ocultaba su incomodidad con la posible incorporación de Caputo al Gabinete, a quien consideraba una amenaza directa a la autonomía de la Cancillería. El “Gordo Dan”, operador de las milicias digitales libertarias, lo había acusado días atrás de “traicionar la línea del Presidente”, acelerando su desgaste político.

Con su salida, Milei pierde al último diplomático de carrera con vínculos sólidos en Washington, y se abre una nueva interna por la sucesión. Entre los posibles reemplazantes suenan nombres dispares: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el empresario Alec Oxenford, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, e incluso viejos conocidos del macrismo como Jorge Faurie o Federico Pinedo.

Werthein había asumido hace menos de un año, tras el desplazamiento de Diana Mondino, quien cayó en desgracia luego del voto argentino en la ONU contra el bloqueo a Cuba. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad en un gobierno que acumula renuncias y fracturas en su frente interno.

El Palacio San Martín, símbolo de la diplomacia profesional argentina, vuelve a quedar vacante y bajo amenaza de ser absorbido por el poder informal que hoy rodea al Presidente.

En un contundente comunicado, las universidades públicas de todo el país rechazaron la decisión del presidente Javier Milei de suspender por decreto la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, y anunciaron que recurrirán de manera unificada a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En un contundente comunicado conjunto, las universidades públicas de todo el país rechazaron la decisión del presidente Javier Milei de suspender por decreto la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente (Ley Nº 27.795) y anunciaron que recurrirán de manera unificada a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

La resolución fue aprobada por unanimidad en un plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reunió a rectoras y rectores de las 73 universidades nacionales en la Facultad de Derecho de la UBA. Durante el encuentro, la dirigencia universitaria denunció que el Gobierno nacional desconoce la división de poderes al bloquear por decreto una ley aprobada por el Congreso y promulgada oficialmente.

“Un decreto no puede suspender una ley. Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional”, afirmó el rector anfitrión, Leandro Vergara (UBA), al presentar el texto del comunicado.
“Las universidades exigimos respeto al sistema republicano y al Estado de Derecho”, agregó el presidente del CIN, Oscar Alpa.

💪 Las universidades públicas irán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
https://t.co/oKB33EVQuV pic.twitter.com/SH9NDhUrEB

— CIN (@CINoficial) October 22, 2025

El comunicado del CIN recuerda que la ley fue votada en agosto, vetada parcialmente por Milei y luego ratificada por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, lo que obliga constitucionalmente a su cumplimiento. Sin embargo, pese a haber sido promulgada, el Poder Ejecutivo mantiene bloqueada su ejecución presupuestaria.

“Hemos sido responsables y agotamos los canales institucionales de diálogo. Ahora corresponde acudir a la Justicia para frenar este atropello y garantizar la vigencia de la ley”, sostuvo el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

Además de la acción judicial, el plenario resolvió elevar una solicitud formal al Congreso para que incluya en el Presupuesto 2026 los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento, que prevé incrementos progresivos para sostener el funcionamiento y el salario docente en el sistema universitario público.

The Wall Street Journal (WSJ) reveló que la administración de Donald Trump está exigiendo contrapartidas estratégicas al salvataje financiero: acceso preferencial al uranio argentino y el desplazamiento de China del sector de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

Aunque el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo aseguró públicamente que el salvataje financiero estadounidense a la Argentina no implicaría condicionamientos políticos ni económicos, un informe publicado por The Wall Street Journal (WSJ) reveló que la administración de Donald Trump sí está exigiendo contrapartidas estratégicas: acceso preferencial al uranio argentino y el desplazamiento de China del sector de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

Según el diario financiero, Caputo mantuvo reuniones recientes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en las que se discutió cómo garantizar a Washington el control de minerales críticos, con especial foco en el uranio que posee la Argentina en provincias como Chubut, Mendoza, Neuquén y Salta.

El pedido forma parte de la negociación por el paquete de asistencia financiera de 40.000 millones de dólares que impulsa la Casa Blanca: 20.000 millones en un crédito de bancos privados de Wall Street y otros 20.000 millones a través de un nuevo swap de monedas. Aunque el ministro argentino negó públicamente que existan exigencias geopolíticas detrás del acuerdo, la publicación del WSJ desmiente esa versión.

Washington apunta al uranio y a China

El medio estadounidense plantea con claridad la estrategia de fondo: “dividir a la Argentina de China” y sacar a Beijing de sectores clave de la economía nacional. Para eso, Estados Unidos presiona para convertirse en socio exclusivo de la explotación de uranio, recurso que considera crítico tanto para su industria energética como para su desarrollo militar.

Además del uranio, el Tesoro norteamericano también apuntó contra el rol de China en el país. Según el WSJ, Washington demandó que empresas estadounidenses reemplacen a las compañías chinas en telecomunicaciones e Internet, sectores en los que actualmente dominan firmas vinculadas a Huawei y ZTE.

“Si hacés negocios militares con China, me va a molestar mucho”

El artículo cita incluso declaraciones recientes de Donald Trump durante su encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca. Según el WSJ, el presidente estadounidense fue explícito:

“Podés comerciar un poco, pero no deberías avanzar más. Nada con China en el ámbito militar. Y si eso ocurre, me va a molestar mucho”.

Pese a ese tono de advertencia, Milei declaró después que Estados Unidos no le exigió romper relaciones con China ni restringir acuerdos estratégicos. El informe del WSJ vuelve a contradecir la versión oficial.

Recursos provinciales y tensiones internas

Otro punto clave que menciona el diario es que, según la Constitución argentina, los recursos minerales pertenecen a las provincias. Esto implica que cualquier acuerdo sobre uranio deberá contar con la aprobación de los gobernadores. En ese escenario, Estados Unidos podría negociar directamente con las provincias, debilitando la posición del Gobierno nacional.

Martín Varsavsky, inversor cercano al presidente, admitió que la extensión del horario laboral forma parte de un borrador oficial “negociable y opcional”. La aclaración generó mayor preocupación entre gremios y sectores opositores, que advierten un intento de retroceso en derechos laborales básicos.

El empresario Martín Varsavsky, uno de los referentes del círculo económico más próximo a Javier Milei, buscó poner paños fríos a la controversia sobre la reforma laboral que el Gobierno prepara para 2026, pero terminó confirmando lo que muchos sospechaban: la Casa Rosada estudia permitir jornadas de hasta 13 horas diarias.

Según Varsavsky, la medida “no sería obligatoria”, sino una “opción negociable” entre empleadores y trabajadores, inspirada en el reciente modelo implementado en Grecia. El argumento oficial apunta a “aumentar la productividad” y “flexibilizar” el mercado laboral, aunque la propuesta desató una ola de críticas por su evidente sesgo en favor del empresariado.

Los borradores filtrados incluyen además la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese; la posibilidad de pactar salarios en cualquier moneda —incluido el dólar— y la creación de un “banco de horas” para compensar tiempo libre en lugar de pagar horas extras.

“Es apenas una idea en evaluación, no una decisión del Presidente”, aclaró Varsavsky. Sin embargo, el reconocimiento de que se estudia formalmente un esquema de 60 horas semanales bastó para encender las alarmas en los sindicatos, que lo consideran un ataque frontal al corazón de las conquistas laborales argentinas.

Desde la CGT advirtieron que la iniciativa representa “una vuelta al siglo XIX disfrazada de modernización”. En redes sociales, miles de usuarios replicaron el rechazo con el hashtag #13HorasNo, denunciando lo que definen como “un nuevo experimento libertario sobre el cuerpo de los trabajadores”.

Mientras el Gobierno insiste en presentar la reforma como un paso hacia “la libertad económica”, la oposición y el movimiento obrero ven en la propuesta un intento de reinstalar condiciones laborales propias del pasado. En un país donde la informalidad ya supera el 50%, el anuncio se lee menos como un proyecto de modernización y más como una advertencia sobre el rumbo que Milei pretende imponer.

Un querellante presentó pruebas que vinculan a los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy con transferencias millonarias desde cuentas del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token. Los acusan de triangular fondos y borrar rastros de las operaciones.

El caso $Libra, la criptomoneda impulsada desde el entorno presidencial y que terminó en un colapso financiero, sumó un nuevo capítulo judicial: Martín Romeo, uno de los querellantes, pidió la detención de los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes acusó de recibir más de dos millones de dólares en activos digitales provenientes del empresario norteamericano Hayden Davis.

Según la denuncia, ambos traders habrían actuado como intermediarios entre Davis y sectores cercanos al presidente Javier Milei, triangulando fondos que luego se convirtieron en efectivo. Las operaciones fueron registradas en enero y febrero de 2025, en coincidencia con el lanzamiento y posterior derrumbe del token.

Romeo identificó dos transferencias centrales: una de 1.015.000 USDT y otra de 1.191.000 USDT, enviadas desde billeteras vinculadas al creador de $Libra hacia una financiera manejada por Novelli y Terrones Godoy. Esa billetera cerró abruptamente el 26 de febrero, apenas días después del colapso de la criptomoneda.

“La conexión es directa: Davis envía el dinero, ellos lo reciben, lo fraccionan y lo retiran en efectivo. Luego cierran todo para borrar el rastro”, sostuvo el querellante en su presentación.

El pedido de detención se basa en el riesgo de fuga, dado que Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy cuenta con pasaporte mexicano. Ambos, según la acusación, habrían convertido parte de los fondos en Ethereum para eludir el congelamiento judicial.

El expediente, que pasó del juzgado de María Servini al de Marcelo Martínez de Giorgi, avanza con lentitud. El fiscal Eduardo Taiano investiga posibles delitos de cohecho, estafa y asociación ilícita.

Mientras tanto, expertos en blockchain confirman que las transacciones existen y que coinciden con fechas clave, incluso con la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con Davis, el 30 de enero de 2025.

“Hay más de cuatro millones de dólares que se movieron en esos días. Si Bitget responde a la justicia, se va a destapar toda la maniobra”, advirtió el ingeniero Fernando Molina, uno de los analistas que sigue el rastro del dinero.

El caso $Libra se convierte así en el primer escándalo financiero que golpea de lleno al corazón del gobierno libertario, donde la promesa de libertad económica parece haber derivado en una estafa millonaria y un creciente cerco judicial.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados logró avances que superan a la propia Justicia Federal y empiezan a cercar al entorno directo del presidente Javier Milei.

La causa por la estafa global de la criptomoneda $LIBRA ingresó en un punto de máxima tensión política e institucional. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados logró avances que superan a la propia Justicia Federal y empiezan a cercar al entorno directo del presidente Javier Milei. Documentación incorporada al expediente revela que dos asesores presidenciales recibieron transferencias vinculadas al operador cripto estadounidense Hayden Mark Davis, principal acusado del esquema financiero internacional bajo investigación.

Según información obtenida a partir de un oficio parlamentario, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy —ambos colaboradores cercanos al presidente— habrían recibido fondos derivados del circuito ilícito de $LIBRA, blanqueados a través de una “financiera de confianza” que convertía criptodólares en efectivo. Novelli, además, abrió y vació cajas de seguridad en la sucursal del Banco Galicia de Martínez, mientras que una de sus hermanas —sin empleo registrado— movió miles de dólares en paralelo. La madre del propio Hayden Davis también quedó bajo sospecha: habría contratado a Milei para promocionar criptoactivos que terminaron en fraudes masivos.

Lejos de tratarse de figuras marginales, Novelli y Terrones Godoy forman parte del primer anillo político del oficialismo libertario. Ambos organizaron el Tech Forum 2024, evento que cerró el propio Milei con el clan Davis sentado en primera fila. Hoy, ambos asesores están bajo investigación en la Argentina y en el exterior: Novelli tiene pasaporte italiano y Terrones Godoy ciudadanía española con residencia en México, motivo por el cual la querella —representada por el abogado Martín Romeo— pidió su inmediata detención ante riesgo de fuga.

Los movimientos de dinero son precisos y verificables: las transferencias se realizaron poco después de que Davis se reunió y se fotografiara con Milei en la Quinta de Olivos, apenas horas antes de que estallara públicamente el fraude el 14 de febrero. Las operaciones fueron detectadas gracias al analista financiero Fernando Molina, quien rastreó una billetera digital usada por Davis. Desde allí salieron cinco millones de dólares destinados a acallar reclamos y se pagaron presuntos sobornos en Argentina.

Avance político y bloqueo institucional

A pesar de estas evidencias, la causa local se empantanó en maniobras judiciales y políticas que favorecieron la impunidad. Tras pasar por tres juzgados distintos, quedó en manos del juez federal Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes no impulsaron medidas decisivas. De hecho, Taiano contaba desde hace meses con informes de billeteras internacionales, pero delegó la pericia en una división del propio Ministerio de Seguridad, lo que implicó que el Ejecutivo terminara investigándose a sí mismo. Para coronar el blindaje, la “Oficina Anticorrupción” se negó a colaborar con el Congreso y cerró su expediente sin investigar ni a Milei ni a su hermana Karina.

Frente a la parálisis judicial, la investigación parlamentaria tomó la delantera. La comisión que preside Maximiliano Ferraro citó formalmente al presidente Milei a declarar. Y desmontó una afirmación central del discurso presidencial: mientras Milei dijo públicamente que solo había “cinco argentinos damnificados” por $LIBRA, datos de la plataforma Ripio revelan más de 1.300 víctimas en el país.

Estados Unidos mira a Milei

El avance también se da en el exterior. En Estados Unidos, la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, investiga más de 100 millones de dólares “provenientes de Argentina” que Davis reconoció manejar. En un dictamen reciente, Rochon no descartó que parte de esos fondos estén vinculados a Javier Milei y a Karina Milei, y lo dejó asentado en un expediente que involucra a fondos internacionales que litigan contra el país en Nueva York y Londres.

El cerco se cierra

La investigación parlamentaria dejó de ser un expediente político y se convirtió en una amenaza real para el gobierno libertario. Por primera vez en 20 años, una comisión del Congreso ha logrado superar la inacción de la Justicia Federal y avanzar directamente sobre el círculo presidencial. Las pruebas financieras, los vínculos personales con la familia Milei y el intento de encubrimiento institucional dibujan el mapa de un escándalo que ya es internacional.

Los próximos meses serán decisivos: si el Congreso demuestra que los fondos de $LIBRA terminaron en el entorno presidencial, el caso dejará de ser una estafa financiera para convertirse en un episodio de corrupción de Estado con ramificaciones en Argentina, Estados Unidos y Europa. Y Milei, que llegó con la promesa de “no robar”, enfrentará su mayor crisis desde que asumió el poder.

A once días de las elecciones legislativas, el oficialismo libertario reconoce que afrontará un escenario complejo en buena parte del mapa. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes figuran entre las provincias más adversas para La Libertad Avanza.

También se proyectan resultados negativos en La Pampa, donde el peronismo de Sergio Ziliotto aventaja por nueve puntos al candidato oficialista Adrián Ravier, y en distritos dominados por fuertes liderazgos provinciales, como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Formosa. En total, se esperan derrotas en 17 provincias.

En el comando de campaña admiten además dificultades en Santiago del Estero y Misiones, donde los oficialismos locales, encabezados por Gerardo Zamora y Oscar Herrera Ahuad, respectivamente, gozan de amplia ventaja. En Río Negro, la ruptura de último momento de la alianza con el PRO dejó a los libertarios “cabeza a cabeza” con el peronismo, mientras que en Neuquén se consolida el frente provincial de Rolando Figueroa. También se prevé una elección pareja en San Juan, con una distribución de bancas entre tres fuerzas, y un panorama abierto en Chubut, donde el candidato de Unidos Podemos, Juan Carlos Luque, disputa voto a voto con el oficialismo de Ignacio Torres.

En contraste, los estrategas libertarios confían en un buen desempeño en solo siete provincias . Descuentan triunfos en Mendoza, Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Salta y San Luis. En esos distritos, las alianzas locales refuerzan la estructura del oficialismo: en Mendoza, Milei compite junto al gobernador Alfredo Cornejo; en Chaco, con Leandro Zdero; y en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, detrás de Joaquín Benegas Lynch. En la Capital, el acuerdo con el PRO y la candidatura de Patricia Bullrich al Senado aseguran un escenario favorable, mientras que en San Luis y Santa Cruz proyectan ventajas cómodas sobre el peronismo.

El principal desafío para el Gobierno será reducir la diferencia en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria le sacó 13 puntos en los comicios del 7 de septiembre. “La distancia se está achicando, va a ser mucho menos de 10 puntos”, sostienen en el entorno presidencial. Aun con ese margen, el oficialismo confía en que la sumatoria nacional de votos le permitirá imponerse por un estrecho margen sobre el peronismo. “Vamos a ganar, así sea por un punto y medio”, aseguran los armadores libertarios, convencidos de que el domingo 26 marcará una consolidación de su fuerza en el mapa político del país.

Mientras desde el Gobierno se celebraba el ingreso a Estados Unidos como una oportunidad histórica para el sector agroexportador, la administración de Donald Trump bajó drásticamente las expectativas: solo comprará “poca carne argentina” y mantiene serias preocupaciones sanitarias por la fiebre aftosa que afecta al país.

El entusiasmo oficial por la supuesta reapertura del mercado estadounidense a la carne argentina volvió a desinflarse frente a los hechos. Mientras desde el Gobierno se celebraba el ingreso a Estados Unidos como una oportunidad histórica para el sector agroexportador, la administración de Donald Trump bajó drásticamente las expectativas: solo comprará “poca carne argentina” y mantiene serias preocupaciones sanitarias por la fiebre aftosa que afecta al país.

La advertencia llegó de parte de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, quien aclaró que el ingreso de carne vacuna desde Argentina será en volúmenes reducidos y bajo estrictas medidas de control sanitario. “No será mucho lo que compremos”, afirmó en una entrevista televisiva, dejando atrás la euforia de los anuncios oficiales.

Rollins explicó que Estados Unidos consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales 10 millones son de producción propia. “Los otros dos millones se importan, pero Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y debemos proteger nuestra industria ganadera”, remarcó la funcionaria, justificando la cautela de Washington.

Aunque reconoció que Trump “mencionó un par de veces” la posibilidad de habilitar exportaciones argentinas, dejó claro que no habrá compras significativas mientras persista el riesgo sanitario. “Este es un mercado complejo y vamos a actuar con responsabilidad”, subrayó.

De esta manera, el nuevo capítulo de anuncios triunfalistas del Gobierno vuelve a contrastar con la realidad internacional. Estados Unidos no solo enfrió la expectativa de un fuerte ingreso de dólares por exportaciones cárnicas, sino que además encendió las alarmas por el estatus sanitario del rodeo argentino, un punto clave que aún sigue sin resolverse.

El Presidente canceló sus actos en la provincia de Buenos Aires y no volverá a pisar el territorio donde su espacio sufrió una dura derrota frente a Axel Kicillof. La interna libertaria, los escraches y el escándalo Espert precipitaron su salida.

El Presidente puso punto final a su campaña en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei decidió cancelar todas las actividades previstas y no participará del acto de cierre de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. La decisión llegó después de una semana convulsionada, marcada por disputas internas, incidentes en actos y la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por el financiamiento narco de Fred Machado.

Su última aparición pública en la provincia fue el viernes pasado en Tres de Febrero. Ese acto terminó con choques entre militantes libertarios y manifestantes opositores, y una escena que recorrió las redes: una simpatizante armada con un cuchillo de guerra persiguiendo a fotógrafos. A esos episodios se sumaron los repudios y escraches en Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata, lo que terminó por sellar la decisión de bajar la campaña bonaerense.

Milei planeaba encabezar un acto junto a Diego Santilli en Ezeiza, bajo el lema “es La Libertad Avanza o Ezeiza”, orientado a captar el voto joven y frenar la migración por la crisis. El evento fue cancelado por decisión de los estrategas de campaña.

El comando libertario resolvió que el tramo final quedará en manos de Santilli, acompañado por Karen Reichardt. Desde la conducción bonaerense le dieron vía libre para rediseñar la estrategia y reducir la diferencia con Fuerza Patria, que en los comicios del 7 de septiembre le sacó 14 puntos de ventaja. Según las últimas encuestas de la Casa Rosada, Milei habría achicado la brecha a 8 puntos, aunque sin chances de revertir la derrota.

La retirada de Milei también arrastra a su hermana Karina, pieza central del armado en la provincia. Sin su presencia, Sebastián Pareja queda sin respaldo político y la estructura bonaerense de La Libertad Avanza entra en crisis y desorganización.

Mientras tanto, Milei enfocará el cierre nacional de campaña en el interior del país. Este martes viajará a Córdoba, donde el peronismo de Juan Schiaretti mantiene ventaja, y el jueves encabezará el acto final en Rosario junto a Gisela Scaglia. En ambos distritos, La Libertad Avanza intenta evitar un nuevo tercer puesto que profundice la crisis interna.

La decisión de abandonar Buenos Aires refleja el desgaste del Presidente y su equipo tras una campaña errática, marcada por el desorden, la violencia y el caso Espert. En medio de la inestabilidad económica y con un gabinete cada vez más fracturado, el retiro anticipado bonaerense es la señal más clara del peor momento político de Milei desde que llegó al poder.