Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

La oposición en el Congreso Nacional se moviliza para poner un freno a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la polémica denuncia contra periodistas que difundieron audios de Karina Milei. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

El conflicto surgió a raíz del decreto 383/2025, firmado este año por Bullrich y Milei, que reestructuró funciones de la Policía Federal, incorporando tareas de espionaje. Según la oposición, estas competencias entran en conflicto con la Ley de Inteligencia Nacional Nº25.520 y eliminan el control parlamentario sobre las actividades de inteligencia.

El senador Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral que supervisa las tareas de espionaje, junto a su correligionaria Mariela Colett y legisladores de UP, enviaron notas a los presidentes de ambas cámaras, cuestionando el decreto. En ellas, señalan que la medida habilita a la Policía Federal a actuar en el marco de la Ley 25.520 sin el necesario control legislativo, generando riesgos de uso arbitrario de información y vulneración de derechos.

“La PFA debe observar lineamientos claros en el desarrollo de sus tareas y respetar el control parlamentario, un pilar esencial del Estado de Derecho”, advirtieron Lousteau y los legisladores opositores. Agregaron que la superposición de funciones debilita la coordinación del sistema de inteligencia y compromete la transparencia de las acciones estatales.

La nota de la bicameral deja en claro que la ministra no puede atribuirse facultades sobre inteligencia sin pasar por la supervisión legislativa, como ocurre regularmente con los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según la oposición, la cercanía de Bullrich con Milei podría estar motivada por la pérdida de confianza de este último en los servicios tradicionales de inteligencia.

Lousteau calificó de “acto de autoritarismo” el pedido de allanamiento a periodistas, destacando que se trata de un ataque a la democracia y al secreto de las fuentes, en medio de denuncias de corrupción, incluido el desvío de fondos para personas con discapacidad.

La unidad opositora anticipa que el decreto que amplía los poderes de Bullrich podría ser rechazado en el recinto mediante una mayoría simple en ambas cámaras, fácilmente alcanzable con los acuerdos ya consolidados. No obstante, la ministra podría conservar influencia hasta diciembre, cuando planea asumir un cargo en el Senado, postulada por Milei como presidenta provisional. Sin embargo, UP no garantiza su aval a la línea sucesoria, y podrían negociar otras alternativas con La Libertad Avanza.

La medida refleja un evidente seguidismo de la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”.

En una decisión que marca un fuerte giro en la política exterior argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que el país dejará de participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los principales órganos internacionales dedicados a la promoción y protección de las libertades fundamentales.

La medida refleja una clara sintonía con la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”. Ahora, la Casa Rosada justifica su salida con un discurso similar, al afirmar que la Argentina no se someterá a “estructuras burocráticas internacionales” que, según el oficialismo, limitan la soberanía nacional.

Sin embargo, el costo político y simbólico es elevado. Argentina había consolidado en este ámbito un prestigio singular: desde la recuperación democrática en 1983, el país fue referente en materia de derechos humanos, en gran parte gracias a la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa tradición le permitió ocupar un rol de liderazgo, presidiendo en varias ocasiones el Consejo y promoviendo resoluciones clave en la agenda global.

Amnistía Internacional lamenta que Argentina retire su candidatura al @UN_HRC de la ONU. Este órgano, integrado por 47 Estados, es central para promover y proteger los DD.HH. en el mundo. ¿Qué significa la retirada de nuestro país del Consejo de Derechos Humanos? Abrimos hilo: pic.twitter.com/QYsDwtoo5m

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 26, 2025

La salida del organismo implica, por tanto, un retroceso histórico y una pérdida de influencia diplomática. Expertos en política internacional señalan que con esta decisión Milei no solo aísla a la Argentina de los consensos multilaterales, sino que también erosiona un capital simbólico que le otorgaba al país legitimidad moral en foros internacionales. En un escenario global marcado por conflictos bélicos, crisis humanitarias, el genocidio en curso en Gaza ( no casualmente avalado por el gobierno de Javier Milei) y un creciente cuestionamiento a las democracias, la ausencia de Argentina en este espacio debilita su capacidad de incidencia y reduce su margen de negociación frente a otras potencias.

El anuncio ya generó críticas de sectores opositores, organismos de derechos humanos y especialistas en relaciones internacionales, quienes advierten que este tipo de gestos pueden deteriorar aún más la posición de la Argentina en el mundo, en un momento en que el gobierno de Milei apuesta por una política exterior centrada en alianzas de subordinación bilaterales selectivas y en un marcado sometimiento a las agendas de política exterior de Estados Unidos e Israel.

La comparación con Donald Trump, lejos de ser casual, es inevitable: ambos líderes, con discursos disruptivos, ven en los organismos multilaterales un obstáculo antes que una oportunidad de cooperación. Pero mientras Estados Unidos puede sostener su influencia global por su peso económico y militar, Argentina carece de esos recursos y dependía, en gran medida, de su prestigio diplomático para proyectar poder en la escena internacional.

Con esta decisión, el gobierno libertario rompe con una de las tradiciones más reconocidas de la política exterior argentina y deja al país más aislado que nunca en el terreno de los derechos humanos, un ámbito donde supo ser escuchado, respetado y considerado ejemplo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a quedar en el centro de la polémica por las demoras en modificar la metodología con la que mide la inflación. Pese a los anuncios oficiales sobre la necesidad de “modernizar” el índice, la actualización quedó postergada sin plazos claros, lo que genera dudas sobre la transparencia de los datos y sobre la verdadera dimensión de la suba de precios que sufren los argentinos.

El retraso no es menor: economistas advierten que la canasta de referencia con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está desfasada respecto del consumo real de los hogares. Con tecnologías, servicios y patrones de gasto que cambiaron radicalmente en los últimos años, seguir usando parámetros viejos implica maquillar la inflación y ofrecer una radiografía incompleta de la economía.

Desde el Gobierno intentan justificar la demora con argumentos técnicos y presupuestarios, pero lo cierto es que detrás subyace un problema político. El Ejecutivo teme que un cambio metodológico exponga una inflación mayor a la que hoy reporta el INDEC y que eso dinamite el relato de que el plan de ajuste está funcionando. Así, la postergación se convierte en una decisión funcional al oficialismo, aunque implique un retroceso en términos de calidad estadística.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue atada a cifras oficiales que no reflejan con precisión el impacto de la inflación en la vida cotidiana. La demora en la actualización del IPC erosiona la credibilidad del INDEC y alimenta las sospechas de manipulación. En un país marcado por la desconfianza hacia las estadísticas públicas, la falta de transparencia no hace más que profundizar la distancia entre lo que dice el Gobierno y lo que sienten los consumidores cada vez que van al supermercado.

En vivo por TN, un militante libertario agarró un cascote de un volquete y segundos después lo mostró como “ataque kirchnerista”. La opereta quedó registrada frente a cámara.

Un insólito momento quedó registrado durante un móvil en vivo de TN, cuando “Flavio”, un militante libertario al que el propio Luis Majul reconoció como alguien con quien habló “muchas veces”, salió a atacar al kirchnerismo con un insólito acting frente a las cámaras.

Días atrás, en plena cobertura del acto de Javier Milei en Lomas de Zamora —que terminó con corridas y con José Luis Espert, candidato libertario por la tercera sección electoral, huyendo en moto junto a un desconocido—, las cámaras registraron cómo el militante montaba una operación contra el kirchnerismo.

En vivo y en directo se lo vio tomar de un volquete un cascote de gran tamaño. “Ese que está agarrando es el famoso volquete con las piedras. Ese es Flavio, que habló muchas veces con nosotros”, admitió el propio Majul, periodista abiertamente anti-kirchnerista.

Lo más indignante ocurrió segundos después, cuando la movilera de TN lo consultó y él, mostrando la piedra que acababa de levantar, sostuvo sin pudor: “A centímetros de la cabeza del Presidente pasó esta piedra. Son estos kirchneristas que vinieron a agredirnos desde temprano. Esto casi me rompe la cabeza recién, me pegó en la espalda”. Todo, pese a que minutos antes había quedado claro que él mismo había tomado el cascote.

Para rematar la opereta, agitó la piedra frente a cámara y lanzó: “El amor vence al odio dicen, acá está el amor”. Una puesta en escena burda, pero transmitida en directo por la señal macrista.

La inflación de agosto se perfila como una señal preocupante para la administración de Javier Milei. Diversas consultoras privadas prevén un índice cercano al 2 %, incluso con estimaciones que lo ubican en 2,2 %. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con la inflación de años anteriores, lo cierto es que la tendencia muestra un freno en la desaceleración, justo cuando el Gobierno necesita consolidar resultados para mostrar cierta estabilidad macroeconómica.

El Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), intenta mostrar un escenario más optimista con una proyección de apenas 1,7 %. Sin embargo, los analistas privados no solo son más cautelosos, sino que advierten que los aumentos de alimentos y servicios están presionando de manera sostenida. Esta diferencia entre el discurso oficial y la realidad de los bolsillos refleja la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato económico creíble.

El malestar social se potencia porque el Gobierno prometió un derrumbe rápido de la inflación como prueba de su “plan motosierra” y su ajuste draconiano. No obstante, la aparente estabilidad se apoya en una fuerte recesión y en salarios que no logran recomponerse. La suba de precios en la canasta básica golpea de lleno a los sectores populares y pone en evidencia que el plan económico se sostiene más en recortes que en una estrategia de desarrollo sostenible.

En este contexto, el oficialismo corre el riesgo de que el leve repunte inflacionario erosione aún más su legitimidad política. La falta de resultados palpables en materia de crecimiento y poder adquisitivo deja a la gestión Milei con pocas cartas para mostrar. El discurso de que “la inflación está controlada” empieza a desdibujarse frente a la realidad de los aumentos cotidianos, y amenaza con convertirse en otro flanco de desgaste para un gobierno que ya enfrenta múltiples frentes de conflicto.

Una vez más la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos.

En lugar de dar explicaciones sobre el escándalo que salpica a Karina Milei por los audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos, como si se tratara de una burda remake de la Guerra Fría.

Bullrich justificó así los pedidos de allanamientos contra periodistas y medios críticos, asegurando que lo que en realidad está en juego es “una operación impresionante de inteligencia” para grabar reuniones en Casa Rosada. Lo que la ministra presentó como “inédito e increíble” no es que haya un funcionario hablando de coimas, sino que los audios se hayan difundido.

Lejos de reconocer la gravedad del contenido de esas grabaciones, Bullrich prefirió hablar de conspiraciones extranjeras. Con tono dramático, advirtió sobre “exagentes rusos” y el “chavismo”, mezclando en un mismo párrafo el avión venezolano, el Tren de Aragua y hasta el secuestro de un gendarme. Todo servía para sostener el relato de que detrás de los audios no hay corrupción, sino un plan internacional para desestabilizar al Gobierno.

Como si no bastara, también apuntó contra periodistas y canales de televisión, a los que acusó de “operar electoralmente” más que informar.

El patrón es claro: frente a un escándalo que compromete a la hermana del presidente, Bullrich responde con teorías conspirativas cada vez más inverosímiles. Hoy son espías rusos y chavistas; mañana, quién sabe. Lo único evidente es que el Gobierno prefiere hablar de fantasmas antes que explicar lo que pasó en su propia casa.

Tras la filtración de audios que comprometen a la hermana del presidente, el gobierno de Milei consiguió una cautelar que prohíbe su difusión.

El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en su cruzada contra la libertad de expresión: consiguió que la Justicia ordene frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La denuncia, presentada por la Casa Rosada, recayó en el Juzgado Federal 12. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, “no fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, intentando así justificar la censura judicial.

El juez Alejandro Patricio Maraniello dispuso el “cese inmediato de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno”, medida que fue celebrada por el oficialismo como un supuesto resguardo de la “privacidad institucional”. En los hechos, sin embargo, se trata de un claro avance contra el derecho de la sociedad a informarse y contra la labor periodística.

Entre los apuntados por el Gobierno se encuentran periodistas y comunicadores como Mauro Federico y Jorge Rial, además de medios digitales. La Justicia incluso ordenó allanamientos en domicilios particulares y en espacios de prensa, lo que fue denunciado por especialistas como un grave antecedente de persecución y amedrentamiento.

El Ejecutivo insiste en que se trató de “una operación para desestabilizar al país en plena campaña electoral”, pero evita dar explicaciones sobre el contenido de las grabaciones que salpican a la hermana del Presidente. Con este argumento, intenta instalar que las denuncias de corrupción son parte de una conspiración, cuando en realidad se trata de hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer.

Lejos de garantizar transparencia, el oficialismo apuesta al silencio y la intimidación: prefiere apelar a la censura antes que enfrentar la verdad. La medida cautelar, apoyada por la Casa Rosada, marca un retroceso democrático alarmante, ya que restringe el debate público y criminaliza a periodistas y medios que solo cumplen con su tarea de informar.

En un contexto de creciente escándalo político, el Gobierno opta por blindar a Karina Milei y por usar a la Justicia como herramienta de encubrimiento. El mensaje es claro: proteger a la casta gobernante, aunque sea a costa de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información.

El Presidente viaja este jueves a Los Ángeles y Las Vegas para reunirse con empresarios mientras crece la tensión por los conflictos sociales y las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina Milei, involucrada en la polémica, se bajó de la comitiva.

En medio de un clima de conflictos sociales, reclamos salariales y protestas en todo el país, el presidente Javier Milei viajará este jueves 4 de septiembre a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales en Los Ángeles y Las Vegas.

La decisión generó críticas tanto en la oposición como dentro de su propio espacio, ya que el mandatario se ausentará en plena campaña bonaerense y no participará del cierre previsto por La Libertad Avanza este miércoles en Moreno.

El itinerario oficial, confirmado por Casa Rosada, incluye encuentros con un grupo reducido de inversores y potenciales socios estratégicos. Si bien aún no se conoce la comitiva definitiva, se espera que lo acompañen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

La gran ausente será Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave de su entorno, quien decidió bajarse del viaje tras el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica a funcionarios cercanos a su área.

El viaje también levantó polémica por la coincidencia con la presentación de su expareja, Fátima Florez, en el Hotel Casino Sahara de Las Vegas, donde la humorista actuará el viernes y sábado en el marco del Mes de la Hispanidad. Aunque Milei negó cualquier reconciliación, su entorno teme que la exposición mediática pueda opacar los objetivos políticos del viaje.

El Presidente regresará recién el sábado 6 de septiembre, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que su fuerza política se juega un resultado clave.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS, la defensa de los empresarios Kovalivker recurrió a un insólito planteo que revela el desconcierto frente a las pruebas que los comprometen.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por pago de sobornos que se abrió tras los audios filtrados con conversaciones del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Denunciaron una “caza de brujas” y sostuvieron que las grabaciones están adulteradas y fueron obtenidas de manera ilegal.

En un escrito presentado ante la Justicia, el abogado de la familia, Martín Magram, pidió que se dicte la nulidad “de carácter absoluto por violación al derecho a defensa en un proceso”, al señalar que la causa provocó un “inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”.

El defensor representa a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —uno de ellos encontrado con 260 mil dólares en su poder al intentar fugarse— y a su padre, Eduardo Kovalivker. El planteo fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, que instruye el expediente.

El pedido de nulidad se conoció el mismo día en que el fiscal Franco Picardi encabezó un nuevo allanamiento en la sede de la empresa, en Belgrano. Según la investigación, la firma habría sido parte de un esquema de retornos vinculados con compras millonarias de medicamentos para la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, sostuvo el abogado en el escrito.

Magram agregó que el proceso se lleva adelante con “oscurantismo” y comparó la investigación con “épocas superadas donde la delación y la sospecha infundada eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.

Sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, el defensor enfatizó que “no es posible concederles ningún valor como prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o personal”.

La inversión se hunde y los dólares se agolpan para salir. Los datos presentados por el Banco Central son contundentes. La Inversión Extranjera Directa (IED) en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI.

La fotografía que acaba de publicar el Banco Central no deja lugar a matices: la economía perdió en siete meses más de USD 14.000 millones, una fuga de divisas mayor al desembolso que realizó el FMI este año.

La Inversión Extranjera Directa (IED) tampoco trae alivio: en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI, y los datos de 2025 solo encuentran un antecedente peor en 2017. La inversión, motor de cualquier recuperación, está en su punto más débil en casi una década.

En el balance cambiario, el rojo es asfixiante. Solo en julio, la formación de activos externos del sector privado no financiero marcó un negativo de USD 5.432 millones. En paralelo, 1,3 millones de personas corrieron a comprar dólares por un total de USD 3.408 millones, mientras apenas 576 mil se animaron a vender.

El déficit de turismo y consumos con tarjeta también marcó récord: USD 963 millones en julio, de los cuales 728 millones fueron por viajes, 146 millones por servicios digitales y 89 millones por compras vía courier.

La ironía en la City sintetiza el humor del mercado: “El FMI entra por Ezeiza, los dólares salen por Aeroparque”, graficó un banquero. El economista Jorge Neyro sumó: “Casi 90 millones de dólares al mes se van solo por Shein y Amazon”.

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comparó el escenario con el macrismo: “La compra de dólares entre abril y julio supera lo girado por el FMI este año y está muy por encima del promedio mensual de la fuga en tiempos de Macri”.

Mientras tanto, en redes sociales, el analista Juancito Nieve lo resumió con sarcasmo: “Déficit de cuenta corriente por boom de inversiones. Confirmen después si importamos más bienes de capital que camperas de Zara”.

El contraste con el discurso oficial es brutal. El Gobierno habla de confianza y reformas, pero los datos muestran lo contrario: los dólares se escapan y la inversión se hunde. Un industrial lo dijo en voz baja, pero con contundencia: “Este modelo nos pide paciencia, pero los capitales ya votaron. Y votaron irse”.