Antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde está siendo investigado por narcotráfico, Fred Machado, volvió a hablar sobre su vínculo con José Luis Espert, quien bajó su candidatura a diputado por La Libertad Avanza luego de que se conocieran contratos con el empresario, y advirtió: “Si hablo, se cae el país”. Mensaje claro al gobierno libertario.

Sobre esta advertencia, explicó: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”, contó Machado. Ahora se investiga la relación de Machado con Patricia Bullrich a través del pago de cientos de miles de dólares a la empresa Lácteos Vidal, que financió a la actual ministra de Segurida. Narcopolítica.

Por otro lado, habló de su vínculo con Espert, a quien apoyó durante la campaña electoral de 2019, y aseguró que tiene “bronca y decepción acumulada” y consideró: “No tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó”, cuestionó. El reclamo de Machado surge ya que el diputado no quiso explicar, tras ser consultado en reiteradas oportunidades, cuál era su relación.

“Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”, sostuvo Machado en diálogo con Radio Splendid.

Al ser consultado sobre qué le diría hoy, respondió: “Le diría hoy: ‘Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes’… Entre gitanos no nos miremos las cartas”, lanzó.

Por último, reiteró que le puso un avión a disposición y le pagó hoteles, pero que el “Espert del 19 no era el Espert del 25”. Y sentenció: “El Espert del 25 se convirtió en lo que combate”.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quedó involucrada en dos causas judiciales que apuntan a presuntos aportes ilegales a su campaña y a vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Las investigaciones avanzan sobre los aportes de los dueños de Lácteos Vidal, quienes habrían realizado operaciones por tres millones de dólares con la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Machado. Desde esa misma empresa salieron los 200.000 dólares que José Luis Espert recibió en 2020. Además, los propietarios de la láctea, figuran como aportantes a la campaña presidencial de Bullrich en 2023, cuando aún competía por Juntos por el Cambio.

La denuncia presentada por trabajadores despedidos de Lácteos Vidal en 2022 pide investigar posibles nexos con “operaciones de narcotráfico internacional” y “triangulación de fondos ilícitos”. Según trascendió por Página 12, los empleados también señalaron que la empresa habría realizado escisiones societarias para desviar fondos hacia otras firmas controladas por los mismos dueños, en perjuicio de las deudas laborales que mantienen con los veinte empleados cesanteados.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) presentó ante el juez laboral José Ignacio Ramonet documentación periodística y fragmentos del expediente que se tramita en Texas, donde Machado figura como principal investigado. En esos papeles se registran transferencias millonarias entre cuentas ligadas a Machado y su socia Debra Lynn Erwin Mercer, condenada a 16 años de prisión, y Alejandra Bada Vázquez, directora de Lácteos Vidal junto a su hermano Vidal Bada Vázquez.

En un comunicado, Atilra señaló además aportes de Lácteos Vidal a Bullrich en 2023, lo que “refuerza la sospecha de triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina”. En paralelo, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó una denuncia ante el juzgado electoral de María Servini para que se investiguen los aportes a la campaña de Bullrich.

A seis ruedas de las elecciones de medio término, el Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario, pero el dólar siguió su escalada y cerró este jueves a $1.425. Algunos operadores financieros argentinos ironizaron sobre la situación: “Los norteamericanos no saben lo que pasa en Argentina con el dólar, se van a encontrar con un Vietnam cambiaria. No es fácil ganarle la guerra al dólar”.

Según estimaciones privadas citadas por Infobae, las ventas de divisas del Tesoro norteamericano en el segmento de contado alcanzaron los USD 120 millones en la jornada, tras haber inyectado unos USD 100 millones el miércoles. Pese a ese esfuerzo, el dólar mayorista volvió a subir: avanzó 22 pesos (1,6%) y cerró a $1.402, el valor más alto desde el 9 de octubre, cuando la administración de Donald Trump comenzó a intervenir directamente en la plaza local.

En el mercado contado se negociaron USD 676,9 millones, un volumen elevado para una época del año con escasa liquidación del agro, lo que refleja una fuerte demanda privada de cobertura frente a la incertidumbre política y financiera.

Mientras tanto, el Gobierno argentino afronta una mayor presión monetaria: esta semana liberó unos 2,1 billones de pesos al no renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en moneda local. En este contexto, el esquema de bandas cambiarias vigente desde el 14 de abril fija un techo de $1.488,59, apenas 6,2% por encima del cierre mayorista.

El contexto coincide con los recientes anuncios de Washington de asistencia a la Argentina. Trump adelantó la creación de un swap de monedas por USD 20.000 millones entre el Tesoro y el Banco Central, junto a otro monto similar comprometido por fondos de inversión para la compra de bonos y la adquisición de pesos en el mercado mayorista, con el objetivo de generar liquidez en dólares.

La noticia cayó como una bomba en Bahía Blanca y generó un profundo malestar entre los vecinos y las autoridades locales: el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, le está cobrando al municipio más de 50 millones de pesos por los puentes desmontables que el Ejército instaló tras el devastador temporal de marzo.

El hecho, revelado a través del Boletín Oficial Municipal, desató una ola de indignación y enojo. En un momento en que la ciudad aún intenta levantarse de los destrozos, el Gobierno nacional —que ya había recortado a la mitad la ayuda prometida— ahora le pasa una factura millonaria por lo que en su momento se presentó como un gesto de asistencia humanitaria.

Según se conoció, la Municipalidad deberá pagar más de 43 millones de pesos cada tres meses por los dos puentes Bailey, además de un seguro adicional superior a 8 millones. “Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía”, admitió con frustración el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien confirmó la medida en declaraciones radiales.

La indignación también alcanzó al arco político local. En el presupuesto nacional 2026, Bahía Blanca no figura con ninguna obra asignada, a pesar de que la reconstrucción de los puentes arrasados por el agua —en la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 3— es una necesidad urgente.

La diputada bonaerense Natalia Dziakowski fue una de las voces más críticas. En redes sociales, denunció que el Gobierno nacional “factura la ayuda” mientras mantiene vetada la ley de emergencia y sigue recortando los fondos para la recuperación de la ciudad. “No hay federalismo sin justicia territorial”, escribió la legisladora, reclamando empatía e inversión real del Estado.

Los puentes modulares —de tipo COMPAC BAILEY, con rampas de 36,5 metros— fueron instalados sobre el canal Maldonado, en las avenidas Malvinas y Santa Cruz, para restablecer la conectividad entre barrios afectados. Hoy, esa infraestructura de emergencia se transformó en una nueva carga económica para una comunidad que aún llora a sus 18 víctimas fatales y lucha por reconstruirse.

La paradoja no pasa inadvertida: mientras Bahía Blanca enfrenta el peso del abandono y la factura de su propia desgracia, Javier Milei y La Libertad Avanza fueron la fuerza más votada en la ciudad. La pregunta resuena entre vecinos y funcionarios por igual:
¿cómo se puede cobrar lo que se prometió como ayuda solidaria?
Y, quizás la más punzante de todas:
¿a quién votarán los bahienses el 26 de octubre?

El exembajador argentino en Estados Unidos y China, y actual candidato a senador porteño por la Ucedé, Diego Guelar, lanzó duras críticas contra Mauricio Macri al acusarlo de “disolver” al PRO tras el acuerdo electoral con La Libertad Avanza. En declaraciones al portal CORTA, Guelar aseguró que el expresidente “está más dedicado al Bridge que a la política” y cuestionó su rol en la alianza con Javier Milei.

“Macri disolvió el partido y lo eliminó de la oferta electoral para las próximas elecciones. En la política, Macri está en un cajoncito en la mesa de luz del presidente Milei”, afirmó Guelar desde el Coloquio IDEA, en Mar del Plata. Según el exembajador, el PRO perdió la oportunidad de sostener una fuerza propia de centro derecha y quedó subordinado al oficialismo libertario.

Las críticas de Guelar se suman a otras declaraciones recientes en las que había calificado al expresidente como un “reverendo hijo de puta” por su acuerdo con Milei. En esta ocasión, además, el dirigente vinculó la decisión de Macri con su caída en imagen pública: “Lo veo más moviéndose en la FIFA, en el Bridge o en el golf que en la política”, dijo, en línea con la percepción dentro del propio Gobierno sobre la alta negatividad que tendría el fundador del PRO, cercana al 70% según encuestas manejadas por la Casa Rosada.

Guelar también explicó por qué decidió competir desde la Ucedé: “Inventé una candidatura para estar presente, porque yo era precandidato a senador por el PRO. Durante ocho meses planteé que debía haber una interna para ganar o perder dentro del partido, con aliados de centro derecha. No ocurrió, y por eso decidí presentarme igual”.

El exembajador, que fue una figura clave durante el gobierno de Macri, se convirtió así en una de las voces más críticas dentro del antiguo espacio amarillo, hoy absorbido por la alianza con La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei fue sorprendido este miércoles por una pregunta directa del periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista en Radio Mitre. “Presidente, la gente no llega a fin de mes. ¿Qué le dice a esa gente?”, lanzó el conductor, en un momento de tensión que descolocó al mandatario.

Milei, que venía desarrollando su habitual defensa de la política de ajuste y de las metas fiscales, ensayó una respuesta evasiva. Sostuvo que “la inflación está bajando” y que “los salarios están empezando a recuperar poder adquisitivo”, aunque reconoció que “el proceso lleva tiempo”.

Feinmann insistió en que, más allá de los números, “la realidad es que la gente no llega”. El periodista recordó que los aumentos de tarifas, el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de poder de compra afectan incluso a sectores de clase media.

La escena marcó un cambio de tono en la relación entre Milei y uno de los periodistas que más lo respaldó durante la campaña. El intercambio se viralizó en redes y abrió un debate sobre el costo social del ajuste libertario.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la estabilización económica está “en marcha” y que “el sacrificio valdrá la pena”. Pero, como reflejó la pregunta de Feinmann, la paciencia social empieza a tensarse.

El costo de viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a subir en noviembre, con un aumento del 4,1% en las tarifas de transporte público, un ajuste que supera a la inflación del mes pasado y se da en medio de una política oficial que apunta a reducir los subsidios al sector al nivel más bajo en dos décadas.

Este nuevo incremento llega en un contexto en el que los hogares del AMBA ya destinan cada vez más dinero al transporte: el gasto en movilidad creció 33% interanual, por encima de la inflación, mientras la cantidad de pasajeros sigue cayendo.

Tarifas que suben más que los salarios

Luego de que el INDEC informara una inflación de 2,1% en septiembre, se confirmó el porcentaje del aumento tarifario previsto por el esquema de actualización automática que rige para el subte y los colectivos de jurisdicción porteña: la suba será del doble, con un 4,1% que se aplicará desde noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, tanto el subte como los colectivos actualizan sus precios de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, con un plus de dos puntos porcentuales. En la provincia de Buenos Aires se toma el IPC del Gran Buenos Aires, que también fue de 2,1% en septiembre.

Así, los nuevos valores quedarán aproximadamente en:

• Subte: $1.114,91
• Colectivo mínimo en CABA: $547,57
• Colectivo mínimo en PBA: $550,69

Por ahora, los colectivos de jurisdicción nacional y los trenes metropolitanos no tendrán cambios: sus tarifas permanecen congeladas desde julio y septiembre, respectivamente.

Ajuste sobre subsidios y horizonte de aumentos

El aumento de noviembre no será el último. El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso confirma que se mantendrá el recorte sobre las transferencias para subsidiar el transporte público, que caerían al nivel más bajo desde 2005 en relación al PBI.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), aunque nominalmente las partidas aumentan un 13% respecto a 2025, ese incremento no alcanza para cubrir los costos reales del servicio.

Los especialistas advierten que, salvo un fuerte recorte de frecuencias o un repunte inesperado en la cantidad de pasajeros, las tarifas deberían subir al menos 30% durante 2026 para que el sistema sea sustentable bajo la actual política de ajuste.

Más gasto, menos pasajeros

Mientras los subsidios se achican y las tarifas suben, los datos muestran que cada vez se viaja menos. Entre enero y julio, la cantidad de pasajeros transportados cayó 7,26% en trenes, 6,52% en subte, y 0,82% en colectivos, respecto al año pasado.

En comparación con 2019, la caída es todavía más pronunciada: casi 28% menos pasajeros en trenes y más del 40% menos en el subte.

Al mismo tiempo, los hogares del AMBA gastan cada vez más en moverse. En septiembre, un hogar promedio destinó $74.692 al mes al transporte público, un 33% más que un año atrás, y con salarios que siguen rezagados.

El ajuste que se siente en el día a día

El encarecimiento del transporte golpea directamente a los trabajadores, en un contexto de ingresos estancados y precios que no dejan de subir. El rubro transporte fue uno de los que más aumentó en el último índice de precios, con una suba promedio del 3% en septiembre y picos de hasta 4,6% en la Patagonia, empujado por el impuesto a los combustibles, la volatilidad del dólar y el alza internacional del petróleo.

Así, entre tarifas que se ajustan por encima de la inflación y subsidios que se reducen, cada viaje en el AMBA se convierte en un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que dependen del transporte público para llegar a sus empleos.

La defensa de José Luis Espert intentó que su caso por presunto lavado de activos pase de San Isidro a los tribunales federales porteños, pero el juez Martínez de Giorgi lo rechazó, dejando el expediente en su jurisdicción original.

El ex candidato de La Libertad Avanza había presentado un pedido de inhibitoria ante el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, para que esa causa se vea en Comodoro Py, argumentando que estaba vinculada con otra investigación en curso en el fuero porteño. Sin embargo, tanto el juez Martínez de Giorgi como la fiscal Alejandra Mángano consideraron que la solicitud era prematura y carecía de fundamentos sólidos para unificar o trasladar el expediente.

La defensa sostuvo que los dos procesos —el iniciado en San Isidro por denuncia de Juan Grabois y otro anterior que investiga vuelos vinculados al empresario Fred Machado— investigan hechos conexos, lo que justificaría que todo se tramite en Retiro. Pero el tribunal rechazó esa pretensión al entender que aún no hay pruebas suficientes que respalden la conexión entre ambos expedientes y que corresponde avanzar primero con las medidas iniciales de investigación.

El fallo obliga a que la causa por lavado de activos permanezca bajo competencia del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, lo que puede favorecer la estrategia defensiva del libertario y retrasar movimientos tácticos que buscaban reposicionar el caso en un ámbito más favorable. Este rechazo representa un golpe judicial para Espert y una señal de que las maniobras legales no serán suficientes para esquivar el proceso.

En el marco del escándalo por los vínculos con Machado, este revés se suma a un contexto de desgaste político y judicial. A medida que aumentan las pruebas, las decisiones de la Justicia muestran que no cederán ante la presión mediática ni los blindajes del oficialismo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el cierre de campaña de “Provincias Unidas” y aprovechó su discurso para lanzar fuertes cuestionamientos al rumbo económico del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos”, disparó el mandatario santafesino, en una frase que marcó el tono de su intervención. Pullaro acusó al Gobierno de estar “enredado en el mundo financiero” y de haber dejado de lado las políticas de desarrollo productivo que, según él, el país necesita con urgencia.

“El desafío es corregir las variables macroeconómicas, pero sobre todo desarrollar la Argentina. Queremos generar trabajo y que el país crezca”, afirmó. En ese marco, llamó a construir “una alternativa real” desde Provincias Unidas para “sacar a la República Argentina adelante”.

"Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar"

Maximiliano Pullaro aseguró que Provincias Unidas es una "alternativa para sacar a Argentina adelante" y afirmó: "En esta elección se perfila el futuro de nuestro país". pic.twitter.com/wdQJD4jZVT

— Corta (@somoscorta) October 15, 2025

El gobernador también cuestionó la distribución de recursos y denunció que “ni el kirchnerismo cortó tanto el flujo de fondos al interior del país”. Recordó que Santa Fe ya ganó juicios en la Corte Suprema por la quita de fondos nacionales, pero advirtió que “esta vez los números son aún peores”.

Con un discurso que combinó crítica y convocatoria, Pullaro se posicionó como una de las voces más firmes dentro del espacio opositor que busca ofrecer una alternativa al actual modelo libertario.

El Gobierno concretó un nuevo paso en su plan de entrega del patrimonio energético nacional: aprobó la venta total de las cuatro hidroeléctricas más importantes del país.

El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1569/2025, que habilita la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Estas represas generan cerca del 20% de la energía hidráulica nacional y regulan el caudal de los principales embalses del país, vitales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.

Con la nueva resolución, el Gobierno dio luz verde a la etapa final del concurso internacional. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas en los próximos meses, y las adjudicaciones se concretarían antes de fin de año, para que las concesiones entren en vigencia en 2026. Cada adjudicatario podrá explotar las centrales por 30 años, con opción a prórroga, a cambio del pago de un canon anual al Estado.

El proceso comenzó en 2024, cuando la gestión de Milei ordenó fragmentar Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) para crear cuatro sociedades anónimas transitorias. En abril de 2025, mediante el Decreto 286, se habilitó la privatización total de Enarsa, y en agosto se autorizó la venta directa de las represas sin fijar un precio mínimo.

Diversas voces advirtieron sobre el carácter regresivo y opaco de la medida. “Están dolarizando los ingresos y atándolos a la inflación norteamericana. Es un esquema que inevitablemente va a derivar en litigios internacionales”, alertó el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo. Para él, se trata de “una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”.

También los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro expresaron su rechazo. El neuquino Rolando Figueroa sostuvo que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno “haya decidido avanzar de forma unilateral”. Desde Río Negro señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales”, ya que las represas regulan los ríos que abastecen a las comunidades locales.

La venta se ampara en la vieja Ley 23.696 de 1989, utilizada durante el menemismo para justificar la privatización de empresas públicas. En 2024, con la Ley 27.742, el oficialismo incluyó a Enarsa entre las compañías “sujetas a privatización” y avanzó con su desguace, dividiendo sus activos para facilitar la venta por partes.

Así, mientras Milei insiste en su retórica de “libertad de mercado”, su gobierno entrega los recursos estratégicos del país a capitales privados y extranjeros. La energía y el agua del sur argentino, que durante décadas estuvieron al servicio del desarrollo nacional, vuelven a convertirse en mercancía.