La Libertad Avanza oficializó la candidatura de José Luis Espert como cabeza de lista bonaerense, en una jugada que refuerza el armado político de Javier Milei en el distrito más grande del país.

La Libertad Avanza confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. El anuncio fue realizado por Sebastián Pareja, referente bonaerense del espacio, quien lo presentó como “la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.

La definición responde a un pedido directo de Javier Milei, quien busca consolidar su alianza con el economista liberal y potenciar su armado en el principal distrito electoral del país. La decisión se dio a pocos días del cierre de listas, en medio de intensas negociaciones por los demás lugares de la nómina.

Pareja adelantó que el segundo lugar será ocupado por una mujer, cuyo nombre aún no fue confirmado, y que también podrían sumarse referentes del PRO como Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro. El plazo para la presentación formal de candidatos vence el 17 de agosto, lo que acelera las definiciones dentro del espacio libertario.

Con Espert a la cabeza, La Libertad Avanza busca disputar con fuerza el voto opositor y consolidarse como la principal alternativa al kirchnerismo en Buenos Aires. El economista ya había manifestado su apoyo al rumbo económico del Gobierno y su intención de impulsar reformas estructurales desde el Congreso.

El distrito bonaerense concentra más del 40 % del electorado nacional, por lo que esta jugada representa un paso clave en la estrategia de Milei para ampliar su influencia y fortalecer su presencia legislativa. La campaña promete ser intensa y marcada por un discurso de confrontación con la oposición tradicional.

En junio, los salarios registrados crecieron 1,6% y apenas lograron empatar la inflación del mes, según datos del INDEC. En el acumulado de 2025, las remuneraciones avanzaron 14,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 15,1%. El resultado: una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%.

El retroceso es aún más marcado si se toma como referencia el inicio del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, los salarios reales cayeron un 5,5%.

Dentro del universo de trabajadores registrados, el mayor golpe volvió a darse en el sector público: las remuneraciones subieron solo 1,3% en junio, por debajo de la inflación. En cambio, los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,7%, apenas por encima del IPC.

La foto confirma una tendencia de ajuste sostenido sobre el empleo estatal y una lenta recomposición del ingreso privado, insuficiente para revertir el deterioro acumulado.

Mientras América Latina expresa un firme repudio al accionar genocida de Israel en la Franja de Gaza, Javier Milei eligió la complicidad, destinando un millón de dólares a una organización auspiciada por el régimen de Netanyahu.

En un momento en que su gobierno aplica recortes severos a universidades públicas, hospitales y programas sociales —incluido el Hospital Garrahan—, Javier Milei decidió destinar un millón de dólares a financiar una alianza proisraelí en América Latina, reforzando así su apoyo a un Estado señalado por la ONU y por expertos internacionales como responsable de crímenes de guerra y actos de genocidio en Gaza.

El dinero proviene del Premio Génesis —apodado el “Nobel Judío”— que Milei recibió este año por su “apoyo inquebrantable” a Israel. En lugar de invertirlo en atender la crisis interna, el presidente optó por transferirlo a la creación de la organización Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), con sede en Nueva York, cuyo objetivo es expandir la influencia política, económica y cultural de Israel en América Latina.

Inspirada en los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump, la AFOIA busca estrechar vínculos con gobiernos afines y revertir el creciente aislamiento diplomático de Tel Aviv en la región. El plan inicial apunta a Uruguay, Panamá y Costa Rica, con la mira puesta en sumar a Brasil, Colombia, Chile y El Salvador.

Mientras países como Colombia y Bolivia rompieron relaciones con Israel y Brasil se sumó a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Milei se coloca del lado opuesto, consolidándose como uno de los defensores más fervientes del gobierno de Benjamin Netanyahu, acusado de llevar adelante una ofensiva militar que ya dejó más de 61.500 palestinos asesinados y a miles más al borde de la hambruna.

La donación, presentada como un “gesto de cooperación”, funciona en realidad como un respaldo financiero y diplomático a un aparato político y militar denunciado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. En el país, la decisión se conoció en medio de marchas multitudinarias en repudio a la guerra y a la posible visita de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Así, mientras Milei recorta fondos a la educación y a la salud pública, decide transferir un millón de dólares a multimillonarios y estructuras de lobby proisraelí, alineándose con un genocidio en curso y alejándose de las demandas y urgencias de la población argentina.

El Ejecutivo nacional impulsa la recusación del magistrado federal Ernesto Kreplak, quien investiga las muertes por fentanilo adulterado, argumentando un conflicto de intereses por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense. La medida llega con la cifra de víctimas en ascenso y críticas sobre la respuesta oficial.

El Gobierno confirmó este jueves que solicitará el apartamiento del juez Kreplak de la causa que investiga el fallecimiento de 97 personas por consumo de fentanilo contaminado. Según la Casa Rosada, la relación del magistrado con su hermano Nicolás Kreplak —titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires— compromete la imparcialidad del proceso, ya que uno de los laboratorios bajo sospecha es proveedor de esa jurisdicción.

La decisión coincide con cuestionamientos de la oposición por la lentitud de las pericias y la posibilidad de que la tragedia tenga un alcance mayor al registrado oficialmente. Legisladores del PRO habían reclamado desde el inicio que el magistrado fuera reemplazado. “No podía investigar a su propio hermano”, sostuvo el diputado Alejandro Finocchiaro.

Mientras tanto, la investigación avanza en distintos frentes. El juzgado ordenó estudios en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para determinar la fuente de la contaminación. Además, se analizan posibles casos en Córdoba, Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca, lo que podría ampliar la magnitud de la crisis sanitaria.

La actuación de la ANMAT también quedó bajo revisión judicial por presuntas fallas de control sobre los laboratorios implicados en los últimos cinco años. Desde el sector empresarial, los dueños de HLB Pharma y otras firmas imputadas plantean la hipótesis de un sabotaje, señalando incluso a actores políticos, aunque esa línea de investigación no cuenta por ahora con respaldo probatorio.

En este contexto, el eventual desplazamiento del juez abre un nuevo capítulo en un expediente que ya combina un escenario de emergencia sanitaria con un alto voltaje político y judicial.

La liberalización de precios en la medicina privada y la crisis financiera de las obras sociales dejaron a la mayoría de los afiliados sin acceso pleno a las prestaciones esenciales. Expertos advierten que la falta de un piso uniforme de cobertura profundiza las desigualdades en el sistema.

El Programa Médico Obligatorio (PMO), creado hace más de tres décadas para garantizar un estándar mínimo de prestaciones de salud, atraviesa su mayor crisis desde su implementación. La desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei a fines de 2023 desató un alza acelerada en las cuotas de la medicina prepaga, la fragmentación de planes y la aplicación generalizada de copagos. Paralelamente, las obras sociales sindicales enfrentan un déficit estructural que impide sostener el nivel de servicios establecido por la norma.

Según datos del sector, solo el 19% de los beneficiarios recibe actualmente una cobertura ajustada al costo real del PMO. El resto depende de entidades con ingresos insuficientes, lo que limita el acceso a consultas, tratamientos y medicamentos esenciales. “Sin un piso común, tendremos un sistema con ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Juan Manuel Ibarguren, secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica.

En el ámbito privado, las empresas de medicina prepaga aprovecharon la liberalización para rediseñar sus planes y segmentar coberturas. Esto derivó en esquemas con cuotas base más bajas, pero con copagos variables que, en algunos casos, alcanzan el 100% de determinados tratamientos. El valor de un plan oscila hoy entre $80.000 y $200.000 mensuales por persona, con opciones “low cost” desde $50.000, pero con prestaciones restringidas.

La situación se replica en especialidades como la oftalmología, donde el PMO contempla únicamente intervenciones para patologías graves, dejando afuera controles rutinarios o tratamientos frecuentes. “No es un problema solo técnico, es una cuestión ética: se trata de garantizar salud como derecho efectivo”, remarcó Ibarguren.

Mientras tanto, la experiencia internacional muestra que países como Suiza, Francia o Reino Unido actualizan de manera periódica su cobertura básica, la financian con criterios solidarios y limitan los copagos a prestaciones de alta complejidad, garantizando así un acceso equitativo y sostenible para toda la población.

Se trata de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien en contraste con sus numerosos viajes en avión, apenas asistió 14 veces al Congreso para cumplir con sus funciones.

Mientras se presenta como abanderada de la “lucha contra la casta” y repite el mantra libertario de achicar el gasto político, la diputada oficialista Juliana Santillán protagoniza un caso que desnuda la distancia entre el discurso y los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 2024–2025 Santillán —autodenominada “diplomada en economía austríaca”— realizó 95 viajes pagados con fondos del Estado, la mayoría en avión, con un costo millonario que terminaron pagando los contribuyentes. En paralelo, apenas registró 14 asistencias al Congreso en todo el año legislativo.

En un país donde el presidente Javier Milei exige sacrificios al pueblo bajo la bandera de la austeridad, el accionar de Santillán resulta difícil de justificar. Desde la Fundación “El Cumplimiento del Deber” advirtieron que “la disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora” y recordaron que, mientras millones ajustan para llegar a fin de mes, en la política aún hay quienes no parecen dispuestos a dar el ejemplo.

“La promesa de achicar la política se desvanece con episodios como este. La ciudadanía merece representantes comprometidos con su tarea y con un uso responsable de cada peso que sale de los bolsillos de los argentinos”, señaló la organización presidida por Claudio Venchiarutti.

La pregunta, una vez más, queda flotando: ¿quién controla realmente el uso de los recursos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene un discurso anti casta cuando las prácticas reproducen lo mismo que se critica?

Porque, al final, la transparencia no se predica: se practica. Y el ajuste, por ahora, sigue cayendo sobre los mismos de siempre: la gente común. Para algunos en la política, parece que nada ha cambiado.

Martín Romeo, querellante en la causa por la estafa con el token $LIBRA, reveló la existencia de un tarifario para acceder a Javier Milei, que incluía pagos millonarios por reuniones y posteos.

Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, denunció ante la Justicia la existencia de un “tarifario de Karina” (Karina Milei, secretaria general de la Presidencia). Según reveló, una reunión con Javier Milei costaba 50.000 dólares y un posteo en sus redes sociales, 500.000 dólares. Esta información confirma un secreto a voces que ahora se encuentra bajo investigación judicial.

Romeo, damnificado en la estafa y con experiencia en consultoría blockchain y en Naciones Unidas, explicó que esta estructura operativa fue detectada desde la primera semana de la investigación. Subrayó que el posteo del Presidente en su cuenta de X, con tilde gris, fue clave para que se concretara la estafa, ya que su difusión generó un efecto en cadena que movilizó millones de dólares de inversores alrededor del mundo.

Más allá del impacto local, el querellante advirtió que la causa se está siguiendo también en el extranjero. “Si la Justicia en Argentina no acelera, la investigación en Estados Unidos ya está avanzando y ahí no es joda”, advirtió. Además, estimó que la etapa de recolección de pruebas no se extenderá mucho más este año, y anticipó que próximamente se podrían pedir declaraciones y detenciones.

Esta denuncia expone un entramado de corrupción en el círculo íntimo del Presidente, en donde se habría comercializado el acceso y la comunicación oficial en beneficio de quienes estaban dispuestos a pagar cifras millonarias. La causa por $LIBRA amplía su radio de acción y pone en jaque la credibilidad institucional del Gobierno de Milei.

Milei recibió un dudoso premio de manos de Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años debido a operaciones financieras fraudulentas.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez en Brasil. Fue distinguido como “Economista del Año 2025” por la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad privada dirigida por Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años por operaciones financieras fraudulentas.

García, cuya matrícula profesional fue suspendida por un escándalo ético, fue acusado de utilizar su cargo en el Consejo Económico Regional de São Paulo para beneficiarse indebidamente mediante facturas falsas y retiros no autorizados de fondos de la OEB. Tras ser hallado culpable, recibió una multa, la inhabilitación y la pérdida de su licencia como economista.

Las relaciones entre el Gobierno argentino y la OEB se iniciaron hace seis meses, el 25 de febrero de 2025, apenas días después de que estallara el criptoescándalo de $Libra. Según la propia entidad, el reconocimiento a Milei se debía a su “difusión del conocimiento económico en la región”.

Sin embargo, el galardón desató una tormenta política: las nuevas autoridades de la Corecon —el órgano oficial que regula la profesión en Brasil— criticaron duramente tanto a la organización como al premio, recordando que la OEB no tiene autoridad regulatoria y que el mandatario argentino enfrenta, en su propio país, denuncias por asociación ilícita y escándalos financieros.

El episodio trae a la memoria otra controversia similar del año pasado, cuando Milei recibió un premio “del Instituto Liberal de Praga” que fue desmentido por su propio director, quien aseguró que el evento fue organizado sin autorización por un exmiembro de la institución.

Las muertes por fentanilo ya ascienden a 97 en todo el país, con víctimas en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca. Sin embargo, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, sigue evitando asumir responsabilidades directas en una crisis sanitaria que crece mientras la respuesta oficial se limita a medidas tardías.

El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, confirmó que todas las víctimas recibieron medicación provista por HLB Pharma, elaborada por Laboratorios Ramallo. Pese a que hay 24 sospechosos con prohibición de salida del país y bienes embargados, todavía no hay detenidos. Y Kreplak advirtió que podrían aparecer más víctimas, porque no todos los casos fueron reportados.

Los últimos fallecimientos se registraron en hospitales de cuatro provincias: tres en Formosa, uno en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. El lote letal, el 31.202, fue producido el 18 de diciembre de 2024 y prohibido recién el 11 de mayo de 2025. Para entonces, el fentanilo ya había circulado por al menos 14 provincias.

El Ministerio de Salud insiste en remarcar que “no hay riesgo” y que el producto fue retirado, pero omite explicar por qué no hubo controles previos que evitaran la distribución y aplicación de un medicamento contaminado. Tampoco reconoce las fallas en el seguimiento de las alertas iniciales ni en la articulación con los hospitales.

La tragedia expone un Estado que reaccionó tarde, que permitió que el fentanilo letal se aplicara a decenas de pacientes y que, incluso después de casi cien muertes, todavía no tiene un protocolo público claro para prevenir que algo así vuelva a repetirse.

La recesión, las tasas usurarias y la caída del consumo dejaron al borde del colapso a la histórica Forestadora Tapebicuá, que paraliza su actividad y deja a 520 familias en la incertidumbre, en otro golpe directo del ajuste libertario al trabajo y la producción.

La política económica de Javier Milei empieza a dejar un tendal de víctimas, y una de las más golpeadas es la Forestadora Tapebicuá SA, con sede en Virasoro, Corrientes. La histórica maderera anunció que desde este viernes paraliza toda su producción por un mes, empujando a 520 trabajadores a la cesantía temporal y a un clima de angustia e incertidumbre.

El parate no es un hecho aislado: llega después de meses de asfixia financiera agravada por la recesión brutal y la caída del mercado interno provocadas por el ajuste libertario. La planta ya estaba al borde del colapso y, ahora, con una deuda que incluye sueldos de julio y el medio aguinaldo, la tensión laboral se volvió explosiva.

El Sindicato de Trabajadores de la Madera reclama 170 millones de pesos impagos y llevó el caso a la Justicia, que terminó ordenando el embargo de una cuenta bancaria. La empresa sostiene que esa medida empeora el ahogo económico y dificulta cualquier pago, pero la raíz del problema es el mismo cóctel de recesión, tasas usurarias y falta de crédito que el Gobierno fomenta.

La paralización golpea de lleno no solo al aserradero, sino a toda la comunidad de Virasoro, que ve cómo la política económica de Milei, lejos de “liberar” al sector productivo, lo hunde en una crisis sin horizonte.