El antimileismo se ha convertido en el nuevo dato destacado de la política argentina y ya supera la mitad de la población con un 53,6%. Así lo aseguró la nueva encuesta de Zuban-Córdoba. Hace unos meses, era del 46%.
Según el estudio, desde enero la identificación con los libertarios bajó 4,3% y la resistencia a La Libertad Avanza subió 7,1%.
Según el mismo trabajo un 38,3% de los consultados expresó su intención de votar al oficialismo en las próximas elecciones mientras que el 52,8% pretende castigarla con su voto. Se encienden luces rojas para un gobierno que por ahora solo ajustó a millones de argentinos.
Según un informe publicado por el diario Perfil, el gobierno de Javier Milei ya enfrenta serias dificultades para llegar con financiamiento suficiente al segundo semestre, justo cuando la demanda de dólares suele ser más alta y además, en un contexto electoral que le suma incertidumbre al gobierno.
Luis “Toto” Caputo volvió a hacer lo que mejor sabe: en apenas 45 días se esfumaron 5.300 millones de dólares, lo que representa el 44% del primer desembolso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) giró a la Argentina. Según un informe publicado por el diario Perfil, el gobierno de Javier Milei ya enfrenta serias dificultades para llegar con financiamiento suficiente al segundo semestre, justo cuando la demanda de dólares suele ser más alta y, además, coincidirá con el clima electoral.
Desde la llegada de los fondos, el mercado cambiario mostró fuertes tensiones. El precio del dólar se disparó hasta tocar el límite superior de la banda establecida por Caputo y su equipo, obligando al gobierno a intervenir en el mercado de futuros para evitar un desborde mayor.
El informe de Perfil, apoyado en datos del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA), señala que desde la flexibilización cambiaria hasta mediados de abril, la formación de activos externos (FAE) sumó 2.021 millones de dólares en abril y otros 3.226 millones en mayo. En conjunto, ya se esfumaron más de 5.200 millones, casi la mitad de los 12.000 millones ingresados tras el acuerdo de Milei con el FMI.
Para ponerlo en perspectiva, CIFRA remarcó que la fuga de mayo superó los promedios mensuales registrados desde 2003, e incluso dejó atrás los niveles alcanzados durante la debacle financiera de los años 2018 y 2019 bajo Mauricio Macri, cuando Caputo también fue pieza clave.
Alarmas encendidas
El economista Carlos Melconian fue tajante al analizar la situación: “En estos tres meses se fueron 10.000 millones de dólares de personas humanas. Ya se comieron Vaca Muerta”, advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia. Según Melconian, el actual tipo de cambio “no es de equilibrio, le metas la tasa que le metas”.
Las advertencias también llegan desde el exterior. El Financial Times advirtió que esta fuga meteórica puede dejar a la Argentina sin los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda con acreedores privados, comprometiendo cualquier intento futuro de volver a los mercados internacionales.
Pese al drenaje feroz, en la Casa Rosada mantienen optimismo sobre la próxima revisión del FMI correspondiente a junio, de la cual esperan con ansias otros 2.000 millones de dólares. Sin embargo, todos los analistas coinciden:Milei y Caputo van a necesitar un waiver porque no lograrán cumplir la meta de reservas netas.
En resumen, el guion parece repetirse: el Toto Caputo lo hizo de nuevo. Una lluvia de dólares que en tiempo récord se convirtió en un desierto.
Al tratarse de un fideicomiso no auditado, el Poder Ejecutivo puede disponer de esos fondos con total discrecionalidad, sin auditorias, controles externos ni obligación de rendir cuentas.
Mientras miles de argentinos pagan impuestos cada vez que cargan nafta o GNC, el gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas obras claves para evitar inundaciones, acumulando recursos que deberían destinarse a proteger a la población.
Cada litro de combustible líquido vendido en el país incluye un 5% de recargo, y en el caso del GNC la alícuota asciende al 9%. Estos montos, aportados de manera obligatoria por automovilistas y transportistas, alimentan el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 tras la catastrófica inundación que azotó la provincia de Buenos Aires. Su objetivo siempre fue claro: financiar obras para prevenir desastres hídricos.
Sin embargo, un documento oficial muestra que durante el primer trimestre de 2025 el Fondo recaudó $41.201 millones, una cifra récord que representa un aumento real del 304% respecto a años anteriores, impulsado por la suba del precio de los combustibles tras la desregulación del mercado impulsada por Milei.
Lo escandaloso es que, a pesar de esta recaudación histórica, el gobierno prácticamente no utilizó esos fondos para obras, acumulando un superávit de $37.948 millones en tan solo tres meses. Es decir, el dinero que debería destinarse a evitar inundaciones está siendo retenido por el Estado sin que se informe en qué se está utilizando.
Más grave aún: al tratarse de un fideicomiso no auditado, el Ejecutivo puede disponer de esos fondos con total discrecionalidad, sin controles externos ni obligación de rendir cuentas. Esto ocurre mientras gran parte de la región pampeana ya enfrenta excesos hídricos y las proyecciones climáticas indican que las lluvias seguirán castigando a las zonas productivas y pobladas del país.
En resumen, el documento oficial confirma que el gobierno de Mileise “encanuta” los recursos que miles de argentinos pagan cada vez que cargan combustible, ignorando las necesidades urgentes de obras hidráulicas y dejando a miles de personas bajo la amenaza de futuras inundaciones.
El escándalo de las contrataciones al clan Menem en el Banco Nación generó una fuerte conmoción interna. Desde el oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el caso golpea su bandera “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.
El escándalo por la millonaria contratación del Banco Nación al clan Menem desató una tormenta en el corazón del poder. Javier Milei reaccionó con furia tras conocerse que la entidad estatal adjudicó casi 4.000 millones de pesos a Tech Security, la empresa vinculada a Fernando y Adrián Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La bronca del Presidente fue tal que no solo descargó contra los Menem, sino que también le reprochó duramente a su propia hermana Karina Milei, principal sostén político del riojano dentro del Gobierno. Karina no solo avaló la permanencia de Martín Menem en Diputados, sino que también promovió a su primo “Lule” Menem como su mano derecha en la Secretaría General de la Presidencia.
La adjudicación generó una fuerte conmoción interna. Funcionarios del propio oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el escándalo golpea su bandera de “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.
El vínculo de los Menem con Tech Security no es menor: el propio Martín Menem fue socio fundador de la empresa y solo “cedió” sus acciones a su hermano Adrián cuando asumió en la Cámara Baja, buscando eludir incompatibilidades legales. Sin embargo, la operación salió a la luz y reactivó las sospechas sobre los negocios paralelos del histórico clan riojano.
No es secreto que Milei nunca quiso a Menem como presidente de Diputados, prefería al macrista Cristian Ritondo. Ya en febrero había quedado marcado tras el escándalo de la empresa cripto Libra, donde incluso fue apodado “el señor de la Wallet” por su cercanía con el esquema que vació cuentas de miles de ahorristas.
Ahora, el caso Tech Security colmó la paciencia presidencial. Según trascendió desde el círculo íntimo, Milei ya tomó la decisión de desplazar a los Menem después de las elecciones legislativas. En Balcarce 50 reconocen que la pelea interna entre Karina Milei y Santiago Caputo agravó la situación, pero la bronca del Presidente es personal: no está dispuesto a permitir que casos de corrupción interna destruyan su imagen frente a la sociedad.
“Después de octubre se tienen que ir todos”, resumió un funcionario cercano a Milei, que no descartó que puedan estallar más escándalos ligados a los Menem.
Al parecer, el exfutbolista no soportó las constantes agresiones de un cocinero al que también acusaron de estar pasado de copas y que luego subió la apuesta con sus dichos.
“Argentina no va a negociar con las partes demandantes”. De esta manera el vocero presidencial, Manuel Adorni, le cerró las puertas este viernes a un eventual diálogo con los fondos buitre, que obtuvieron en primera instancia un fallo favorable en el juicio por la expropiación de YPF y exigen el pago de 16.099 millones de dólares. En paralelo, los propios demandantes aclararon que su interés no es quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera -y el control de la compañía-, sino que buscan que el Gobierno deposite una “garantía” para tramitar la apelación en marcha.
En primer lugar, el vocero presidencial celebró el fallo que suspendió la entrega de acciones Clase D, ordenada por Loretta Preska el 30 de junio pasado. “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza se encuentra temporalmente suspendida”, dijo Adorni en conferencia de prensa.
En ese marco, el portavoz aclaró que “esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el tramite de apelación de entrega de las acciones” y remarcó que “no hay un plazo determinado para eso”.
Adorni realizó estas declaraciones horas después de que el gobierno de Estados Unidos volviera a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se ofreció como amicus curiae en la causa.
El gobierno de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.
La presentación se concretó en las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energía Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford Capital), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.
Con este apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno se animó a cerrar nuevamente la posibilidad de iniciar contactos con los fondos para analizar un acuerdo extrajudicial. “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”, sentenció Adorni.
Fondos buitre no quieren controlar YPF
En medio de la presentación del Departamento de Justicia y de los dichos de Adorni, se conoció que los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, si es que las reciben como parte del cobro del juicio ganado.
Los fondos presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía. Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.
De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.
Es que los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Según Maril, consideran que si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil luego ejecutar el fallo por 16.099 millones de dólares.
En esta línea, indicaron que si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y que tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado. O sea, venderlas.
Cómo sigue el juicio por YPF
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar 16.099 millones de dólares por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.
Argentina apeló y el caso está ahora en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera. Sin embargo, todavía no lo hizo.
El proyecto logró la adhesión mayoritaria en la legislatura porteña, excepto La Libertad Avanza. Ahora le corresponde al Poder ejecutivo de la Ciudad promulgar la norma.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que garantiza la gratuidad del subte para jubilados, pensionados y retirados que perciban hasta dos jubilaciones y media del haber mínimo, lo que alcanzará aproximadamente al 65% de los jubilados de la Ciudad.
El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría: 44 votos a favor y 6 abstenciones, todas provenientes del bloque deLa Libertad Avanza (LLA), cuyos legisladores decidieron no acompañar la iniciativa. Las abstenciones corresponden a Juan Pablo Arenaza, Rebeca Fleitas, María Luisa González Estevarena, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert.
Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) destacaron que se trata de “un pequeño alivio para los que más están sufriendo” las consecuencias de las políticas nacionales, y subrayaron que fue posible gracias al trabajo conjunto de todo el arco opositor. También remarcaron que el beneficio será irrestricto, funcionará todos los días y deberá renovarse cada cinco años.
SUBTE GRATIS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Acabamos de conseguir en la Legislatura la aprobación de la gratuidad del boleto de subte para jubilados y pensionados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos. pic.twitter.com/zrVmOVg0D8
— Legisladores UP CABA (@diputados_caba) July 17, 2025
¿Qué establece la norma?
Beneficiarios: Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en CABA y con ingresos que no superen dos jubilaciones y media mínimas según ANSES.
Alcance: El pase gratuito se podrá usar sin límite horario durante toda la semana.
Trámite: El pase se gestionará en todas las estaciones cabeceras de subte y sedes comunales mediante una tarjeta magnética.
Renovación: El beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida siempre que se mantengan los requisitos. Si el pase no se usa durante dos años seguidos, se dará de baja automáticamente.
Con la sanción ya aprobada por la Legislatura, el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene ahora la responsabilidad de promulgar la ley para que pueda comenzar a aplicarse.
Un nuevo escandalo sacude al Gobierno de Javier Milei que terminó con la denuncia a propios funcionaros los cuales habrían filtrado información a Estados Unidos para favorecer a los fondos buitre en el juicio por YPF y que la Argentina le entregue la empresa pública a Norteamérica.
Un verdadero terremoto político sacude al Gobierno de Javier Milei tras la denuncia de un nuevo escándalo de gravedad institucional: funcionarios de su propia gestión habrían filtrado información confidencial a Estados Unidos para beneficiar a los fondos buitre y facilitar la entrega de YPF a intereses extranjeros.
La Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa jurídica del Estado, despidió de manera inmediata a 60 empleados luego de tomar conocimiento de la posible filtración de datos estratégicos en pleno juicio internacional por la expropiación de YPF. Si bien el Ejecutivo habla oficialmente de una “reestructuración”, detrás de esta abrupta purga se esconde una acusación explosiva: la posible venta de información sensible para perjudicar deliberadamente a la Argentina en un caso judicial histórico.
El foco de las sospechas recae sobre la figura de Santiago Caputo, principal asesor del presidente y uno de los nombres más poderosos en la mesa chica del Gobierno. El titular de la Procuración durante los hechos, Santiago Castro Videla, habría llegado al cargo con el aval directo de Caputo, lo que alimenta las tensiones internas en el oficialismo.
La denuncia señala que la filtración habría incluido detalles críticos sobre la estrategia legal del país frente a Burford Capital, el fondo buitre que logró un fallo favorable de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para quedarse con el 51% de las acciones Clase D de la petrolera estatal. Aunque recientemente una Cámara de Apelaciones en EE.UU. suspendió la cesión de las acciones, el proceso judicial sigue abierto y la maniobra denunciada podría haber debilitado la defensa argentina de manera irreparable.
Mientras el Gobierno busca minimizar el tema con discursos de “eficiencia” y “austeridad”, la gravedad del escándalo es inocultable: se investiga una traición a los intereses nacionales que podría terminar con la entrega de una de las empresas más emblemáticas del país al poder financiero extranjero. La polémica crece y el caso promete nuevas revelaciones que podrían sacudir aún más a una gestión ya marcada por la crisis y el conflicto.
La vicepresidenta se solidarizó con el cura argentino Gabriel Romanelli y se diferenció de la Cancillería argentina.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció una vez más del gobierno nacional y condenó con firmeza el bombardeo perpetrado por las fuerzas israelíes contra la iglesia católica Sagrada Familia en la Franja de Gaza, un ataque que dejó cuatro personas muertas y siete heridas, entre ellas el sacerdote argentino Gabriel Romanelli de estrechos vínculos con el Papa Francisco.
A través de su cuenta de X, Villarruel no dudó en señalar directamente a las fuerzas de Israel como responsables del ataque y expresó su “apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de las fuerzas israelíes”. Además, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.
Quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de fuerzas israelíes. Envío asimismo mis condolencias a las familias de los cuatro muertos y la… pic.twitter.com/lBGdp0JP1H
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2025
Esta declaración de la vicepresidenta contrasta abiertamente con la postura tibia de la Cancillería argentina, claramente condicionada por la sumisión del presidente Javier Milei a la política israelí. Mientras Villarruel condenó el bombardeo sin eufemismos, la Cancillería, bajo la conducción de Gerardo Werthein, evitó siquiera mencionar a las fuerzas de Israel y se limitó a expresar una “seria preocupación”.
Villarruel, de marcada fe católica, también destacó la labor del Padre Romanelli: “Hace carne las palabras de Cristo de amar al prójimo permaneciendo junto a sus fieles y refugiados, abriendo las puertas de nuestra Iglesia a quienes sufren el conflicto armado”, sostuvo. Además, pidió a la Virgen de Luján que proteja al sacerdote y a todos los misioneros argentinos, remarcando una sensibilidad cristiana que choca con el presidente Milei, quien incluso ha declarado su conversión al judaísmo y mantiene un alineamiento incondicional y genuflexo con el Estado de Israel.
El comunicado oficial del gobierno fue claramente edulcorado, sin señalar responsabilidades y eludiendo cualquier condena. La Cancillería apenas mencionó “hechos ocurridos” y confió en que Israel “brindará la asistencia necesaria”, sin cuestionar el ataque a un lugar sagrado y sin mencionar el grave saldo de muertos y heridos.
Con esta nueva declaración, Villarruel vuelve a posicionarse como una voz disonante dentro del gobierno, exponiendo la complicidad de Milei ante los crímenes cometidos en Gaza y reivindicando la defensa de las víctimas, el cristianismo y el respeto a los derechos humanos.
“No estuve reunido, no tengo nada que ver, repito, no tengo nada que ver, y creo que es un grave error, si usted me pregunta, el marco de relación que se ha planteado entre el Presidente y la Vicepresidenta, es el preanuncio de problemas mayores”, describió Miguel Pichetto que fue consultado sobre si se juntó con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La posible reunión con Villarruel es una bomba atómica porque hablaría de que diferentes sectores políticos se están juntando ante una crisis económica que parece cada vez más grave. El salario cayó un 5% en los primeros 5 meses del año, mientras la inflación está en el 2% mensual. No hay bolsillo que aguante.
Mientras, el dólar sube todos los días y ya está en 1300 cuando el gobierno había dicho que podía estar en 1000 pesos o “menos”. Tanto la actividad doméstica como los mercados financieros empiezan a ver que el modelo libertario no cierra por ningún lado. Inflación alta, recesión, salario a la baja. No cierra por ningún lado.
“Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, sin cuidar el resto, termina mal”, advirtió el medio financiero.
Un lapidario informe del Financial Times expuso las crecientes fisuras que está generando la política económica del gobierno argentino en la economía real. El prestigioso diario británico, tradicional defensor del libre mercado, lanzó una dura advertencia sobre los efectos negativos del rumbo económico impulsado por Javier Milei.
En un artículo publicado el 14 de julio, y reforzado luego en declaraciones radiales, Michael Stott —editor para América Latina del Financial Times— cuestionó la sostenibilidad del modelo libertario. “Lejos de consolidarse, el experimento económico de Milei ya empieza a mostrar sus grietas en la economía real”, afirmó.
La sobrevaluación del peso es el principal eje de las críticas. “El peso está muchísimo más fuerte que al inicio del gobierno y esa sobrevaluación distorsiona toda la política económica”, señaló Stott. Según el análisis, el tipo de cambio artificialmente apreciado asfixia la competitividad exportadora, impide la acumulación de reservas y profundiza el desequilibrio externo.“Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, descuidando el resto, termina mal”, recordó el editor, en una clara referencia a los riesgos históricos que enfrenta Argentina.
Uno de los síntomas más evidentes de esta distorsión es el récord de turismo al exterior. Entre enero y abril, más de 8,4 millones de argentinos viajaron fuera del país, un 68 % más que el año pasado. “El balance turístico se volvió fuertemente negativo”, subrayó Stott, ilustrando cómo el “peso potente” incentiva el gasto en el extranjero mientras debilita la producción local.
La situación se agrava con la pérdida de competitividad de las exportaciones industriales y la caída de las reservas del Banco Central, que no logra recomponer sus arcas porque el gobierno mantiene el dólar planchado. “El presidente tiene el aplauso empresarial más fuerte de las últimas décadas, pero no hay inversiones reales. Los empresarios no abren las billeteras”, remarcó Stott, dejando en evidencia la desconfianza que persiste pese a las señales del mercado financiero.
El informe también pone la lupa sobre el retiro de grandes empresas. Multinacionales como Telefónica e Itaú están vendiendo activos y sacando dólares del país, aprovechando el tipo de cambio favorable, en lugar de apostar por el crecimiento local. “Eso no genera confianza a largo plazo”, concluyó Stott.
A pesar de los elogios que recibe Milei desde los sectores financieros, el Financial Times advierte que la economía real sigue estancada y empieza a mostrar signos de un preocupante deterioro estructural.
