El Gobierno enfrenta ahora un problema inesperado pero millonario: las boletas electorales. Según anticipó La Política Online, las papeletas ya están impresas y sacar a José Luis Espert de la lista costaría alrededor de 14 mil millones de pesos, una cifra que en plena crisis fiscal resulta difícil de absorber. Todo por el capricho del gobierno de sostener a Espert cuando todas las pruebas lo vinculaban con el narcotráfico.
En la Casa Rosada admiten que la posibilidad de retirar al economista liberal —tras las denuncias que lo vinculan con el empresario detenido Fred Machado— abrió un dilema político y logístico. Desde la Justicia Electoral advirtieron que no habrá reimpresión si el oficialismo decide apartarlo, lo que dejaría a las autoridades sin margen para improvisar una salida administrativa.
Por eso, según fuentes oficiales, hay conversaciones frenéticas entre funcionarios del Ejecutivo y apoderados partidarios para intentar revertir la decisión de bajarlo de la boleta. La preocupación es doble: por un lado, el costo político de sostenerlo; por el otro, el costo económico de reemplazar millones de boletas ya distribuidas en todo el país.
El episodio agrega un nuevo capítulo al escándalo que rodea al oficialismo, que intenta contener los daños a pocas semanas de las elecciones y en medio de un clima de creciente incertidumbre económica y política.
José Luis Espert confirmó este domingo que no será candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La decisión se produce luego del escándalo que lo vinculó con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.
La renuncia de Espert llega tras una denuncia que lo señaló por el presunto cobro de US$200.000 de una firma relacionada con Machado, actualmente bajo arresto domiciliario en la Patagonia y con un pedido de extradición desde Estados Unidos.
Pese a que en un primer momento el presidente Javier Milei había expresado su respaldo, la presión política y social terminó forzando la salida del economista quien no pudo remontar su imagen, justo en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. El caso golpea de lleno la imagen del oficialismo y abre un nuevo frente de crisis interna.
El mensaje completo de Espert en redes:
POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO
Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.
En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…
Milei elige proteger a los suyos: blindó a Espert pese a que documentos del Bank of America prueban el giro de u$s200.000 desde empresas ligadas al narco Fred Machado.
El escándalo por los vínculos del diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, sumó este jueves un capítulo decisivo. Nuevos registros contables oficiales del Bank of America confirmaron un giro de u$s200.000 a nombre del economista, proveniente de sociedades ligadas al entramado financiero del narco detenido en Río Negro.
A diferencia de lo que intentó instalar Espert, no se trata de una “contabilidad paralela”, sino de los asientos bancarios de la entidad financiera más grande de Estados Unidos, que ya forman parte del juicio celebrado en Texas en 2023 contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada por lavado de activos. La información fue presentada como evidencia judicial y vincula directamente al libertario con el esquema económico del empresario requerido por la Justicia norteamericana.
“La información contable la aporta el Bank of America, que está dentro de la causa radicada en los Estados Unidos. No es una contabilidad paralela, y menciona a José Luis Espert. No habla del partido, habla del diputado y de un movimiento por u$s200.000 directo desde una empresa de Fred Machado”, explicó el periodista Andrés Lerner en C5N.
El registro que lo compromete
El documento fechado el 22 de enero de 2020 menciona con nombre y apellido a Espert y detalla la transferencia de u$s200.000. El movimiento está acompañado del código N28FM, la matrícula del avión que Machado le prestó al economista durante su campaña presidencial de 2019.
El propio diputado admitió públicamente haber utilizado tanto aeronaves como camionetas del empresario, aunque buscó relativizar su vínculo: “Me subí a los aviones que ellos me proveían y a las camionetas que me proveían. ¿Vos sabés si el taxi en el que viajaste tuvo un accidente antes?”, intentó justificar en una entrevista. Pero ante la repregunta sobre el giro bancario, se refugió en la tesis de una “operación política”.
La defensa choca con lo que ya determinó la Justicia argentina: en el expediente que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se probó que Espert usó aeronaves vinculadas a Machado en al menos 35 vuelos durante su campaña de 2019, muy por encima de lo que declaró inicialmente.
Cómo operaba el entramado narco
La investigación en Texas, liderada por el fiscal Ernest González, reveló que Machado y sus socios crearon un circuito de compra y venta de aviones y helicópteros mediante fideicomisos y sociedades pantalla. El objetivo era blanquear dinero del narcotráfico y facilitar el tráfico de drogas. “El jurado pudo ver cómo funciona el narcotráfico. Como todos cumplen un papel. Este es un caso único en Estados Unidos que involucra fideicomisos para la compra de aviones”, explicó el fiscal.
El respaldo de Milei y el silencio en LLA
Lejos de pedir explicaciones, el presidente Javier Milei salió a blindar a su candidato bonaerense: “Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar”, afirmó en A24, acusando a Juan Grabois de estar detrás de la denuncia. “Esto es lo mismo que en 2019, en 2021… es recurrente”, insistió.
Pero dentro de La Libertad Avanza crece la incomodidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya le reclamaron a Espert que dé explicaciones públicas. El escándalo estalló en plena campaña rumbo a las elecciones de octubre y amenaza con convertirse en un nuevo golpe a la credibilidad del oficialismo, que intenta minimizar lo que ya es parte de un proceso judicial internacional.
Una vez más, Macri aparece como garante de la gobernabilidad que Milei no logra construir, mientras el Presidente se somete a las presiones de Estados Unidos y el FMI.
El presidente Javier Milei volverá a reunirse este viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, en medio de crecientes reclamos de gobernabilidad por parte de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.
El encuentro se da tras la advertencia de Washington, que exige un mayor sostén político para liberar un swap de monedas en negociación entre el ministro Luis Caputo y el secretario del Tesoro Scott Bessent. En este marco, la visita de Macri funciona como un gesto de respaldo condicionado y como un recordatorio de quién marca la agenda real del Gobierno.
Mientras Milei intenta mostrarse fuerte, incluso se habla de cambios en el Gabinete para complacer los pedidos externos. Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos después de octubre, pero no se descartan más modificaciones para “dotar de efectividad” a la gestión y, sobre todo, responder a las demandas de los Estados Unidos y del FMI.
Macri, que busca reposicionarse dentro de la estructura de poder, ya deslizó nombres de eventuales reemplazos, confirmando que el rumbo del oficialismo se debate entre las presiones del extranjero y las internas del PRO.
La reunión de este viernes no solo refleja la debilidad de Milei para sostener su propio equipo, sino también la contradicción de un Presidente que prometió soberanía y hoy abre las puertas de Olivos para recibir órdenes de Washington y consejos de Mauricio Macri.
En un comunicado, los industriales señalaron que el “vacío legal” en la Aduana está generando competencia desleal y apuntaron directamente a la gestión que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió las alarmas por el avance del contrabando y denunció un fuerte retroceso en los controles aduaneros, que facilitan el ingreso de productos ilegales al país. En un comunicado, los industriales señalaron que el “vacío legal” en la Aduana está generando competencia desleal y apuntaron directamente a la gestión que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Según los empresarios, el descontrol es evidente: desde mercadería que entra por contenedores en los puertos sin pasar por revisiones exhaustivas, hasta bagayeros que cruzan ropa, calzado y electrónicos en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil. La venta online de estos productos —a menudo falsificados y sin pagar impuestos— agrava la crisis para los fabricantes locales.
“La frontera se volvió más permeable que nunca”, advierten en la UIA. Relatan que en La Quiaca, Aguas Blancas y la Triple Frontera se multiplican los cargamentos de alimentos, bebidas, calzado, celulares y hasta electrodomésticos que ingresan de forma ilegal. A esto se suma la liberación de los controles de calidad: ya no se exige que los productos importados certifiquen bajo normas locales, basta con papeles emitidos en el país de origen.
El informe interno de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) refuerza las denuncias: más de 190 cámaras de seguridad de la Aduana están fuera de servicio o mal orientadas, lo que facilita maniobras irregulares. Industriales y despachantes señalan, además, que proliferan los pedidos de sobornos a cambio de liberar mercaderías en un contexto de importaciones récord.
Desde el sector textil, del calzado y de la electrónica alertan que hasta un tercio de los celulares que se activan en el país entraron por contrabando, en tanto que millones de pares de zapatillas falsificadas se ofrecen en redes sociales tras cruzar las fronteras norteñas en bagayo.
La UIA advirtió que esta situación no solo daña a las empresas que pagan impuestos y cumplen con la normativa, sino que también representa un riesgo para los consumidores, ya que muchos de los productos que llegan sin control no cumplen con estándares básicos de seguridad o sanidad.
En la Aduana, bajo la órbita de José Velis —hombre de confianza de Caputo—, las críticas se acumulan. Industriales, importadores y hasta legisladores denuncian falta de controles, connivencia con redes de contrabando y un relajamiento deliberado de las revisiones, lo que, según la UIA, está socavando las bases mismas de la producción nacional.
La posición de José Luis Espert quedó en el centro de la tormenta tras confirmarse que la empresa que le giró 200.000 dólares está directamente vinculada al empresario argentino detenido en EE.UU. por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
En un intento de despejar dudas, el candidato de La Libertad Avanza admitió haber cobrado esa suma, aunque aseguró que fue producto de un contrato de consultoría con Minas del Pueblo S.A.. Sin embargo, publicaciones de 2020 y 2021 de CMI-Guatemala y del Ministerio Público de ese país derrumban esa línea de defensa: ambas fuentes señalan a la minera como parte de la estructura de lavado y narcotráfico de Machado, e incluso la vinculan con una avioneta y una pista de aterrizaje clandestina investigadas judicialmente.
El problema para Espert es que su explicación se desmorona frente a la evidencia documental. Mientras él insiste en que se trató de un trabajo profesional independiente y que “no pecó más que de ingenuidad”, la información guatemalteca lo deja sin margen: la empresa que lo contrató era de Machado.
El golpe es doble. Por un lado, reaviva las sospechas de posibles conexiones financieras entre un dirigente político argentino y redes criminales internacionales. Por otro, deja a Espert en una posición sumamente frágil, ya que sus aclaraciones resultaron poco convincentes y hasta contradictorias frente a los antecedentes públicos.
Lo que buscaba ser un descargo para cerrar el tema terminó abriendo más preguntas: ¿cómo pudo desconocer la relación de Minas del Pueblo con Machado si ya había publicaciones oficiales y periodísticas que lo señalaban? ¿Y por qué aceptó un pago millonario de una firma con semejante prontuario?
Las revelaciones desde Guatemala no solo complican al candidato libertario: también profundizan la crisis de credibilidad que lo rodea.
Las automotrices remarcan sus listas en medio de la recesión, mientras el Gobierno se muestra incapaz de frenar la inflación que castiga también a los bienes durables. El aumento alcanza tanto a los modelos de entrada como a las pickups y SUV más vendidos.
El mercado automotor abrió octubre con nuevos incrementos que llegan hasta el 6% en los autos 0 km. Las principales terminales trasladaron a los consumidores los mayores costos de producción y la incertidumbre cambiaria, en un contexto donde la administración de Javier Milei insiste en recetas de ajuste que profundizan la caída del poder adquisitivo.
Los modelos de mayor circulación no quedaron al margen: el Cronos y el Pulse de Fiat, los utilitarios de Peugeot y Citroën, la Hilux de Toyota y el Corolla en todas sus versiones, entre otros, ya figuran con precios que subieron entre 2% y 8%. Chevrolet fue la marca con mayores aumentos, con un promedio de 6,1% en toda su gama, mientras Ford ajustó entre 1,3% y 5%.
El impacto se siente en las concesionarias, donde la demanda se retrae por el encarecimiento constante de los vehículos y las tasas de financiamiento que vuelven inalcanzable la compra para sectores medios. A la par, las terminales justifican los aumentos en “la presión de costos internos”, pero en el sector reconocen que la falta de un rumbo económico claro acentúa la inestabilidad de precios.
Con la inflación sin control, salarios rezagados y perspectivas de nuevas remarcaciones antes de fin de año, la posibilidad de acceder a un 0 km se convierte en un lujo para pocos. El gobierno de Milei, lejos de garantizar previsibilidad, consolida un escenario en el que hasta cambiar el auto se transforma en una carrera imposible contra los precios.
El oficialismo enfrenta tensiones internas luego de la débil actuación televisiva del candidato, que lejos de despejar dudas sobre sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, profundizó el malestar dentro del propio gabinete. La Casa Rosada admite que la única defensa convincente fue la del propio Javier Milei.
La estrategia de blindar a José Luis Espert terminó en un boomerang para el gobierno libertario. Su aparición televisiva para explicar su relación con Fred Machado no solo no convenció, sino que dejó expuesta la fragilidad de la campaña oficialista en el principal distrito electoral del país. Funcionarios de primera línea criticaron la falta de firmeza en sus respuestas y admiten que “lo defendió mejor Milei que él mismo”.
En reuniones de gabinete se llegó a barajar la posibilidad de bajarlo de las listas en la provincia de Buenos Aires, pero el Presidente se impuso con su decisión de sostenerlo, aún a contramano del rechazo que genera en ministros y dirigentes de La Libertad Avanza. En paralelo, Espert acumula suspensiones de actos en municipios clave y evidencia incapacidad para recomponer su imagen pública.
La candidatura, sostenida únicamente por el respaldo personal de Milei, se convirtió en un foco de desgaste que amenaza con arrastrar a la campaña libertaria en territorio bonaerense. En el entorno oficial ya admiten que, lejos de disipar el escándalo, la performance del diputado consolidó la percepción de un gobierno atrapado en sus propias contradicciones y con candidatos incapaces de dar respuestas a la sociedad.
El caso amenaza con transformarse en una bomba política dentro del oficialismo libertario: mientras la Corte Suprema demora la extradición de Machado, la confirmación judicial de los vuelos y el registro del giro millonario alimentan las denuncias de la oposición y ponen en jaque la campaña de octubre.
La Justicia federal confirmó que José Luis Espert, actual diputado y candidato de La Libertad Avanza, realizó 35 vuelos en 2019 en el avión del empresario Fred Machado, detenido en Argentina y acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. En al menos cinco de esos traslados, Espert y Machado compartieron cabina.
La verificación surge de la causa 1780/2021, a cargo del juez Martínez de Giorgi, en la que se estableció que los aviones pertenecían a MED Aviación SA, una firma bajo la órbita de Machado. Espert había admitido públicamente un solo vuelo, pero en sede judicial reconoció que utilizó las aeronaves con fines de campaña.
A la presión que genera este dato se suma ahora una transferencia de 200 mil dólares girada a nombre de Espert desde el Bank of America, incorporada como prueba en un juicio celebrado en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en 2023. El giro, fechado en enero de 2020, nunca fue declarado ante la justicia electoral ni la AFIP, y aparece vinculado a la matrícula N28FM, la misma del avión utilizado durante la campaña presidencial de 2019.
El nombre de José Luis Espert aparece en un libro contable oficial de la empresa Wright Brothers Aircraft Title, cuya dueña es Debbie Mercer-Erwin, socia de Fred Machado
La documentación bancaria, aceptada como evidencia en EE.UU., conecta directamente al dirigente libertario con el circuito financiero del empresario que enfrenta un pedido de extradición por narcotráfico internacional.
La contabilidad registra una transferencia de 200.000 dólares el 22 de enero de 2020 y el detalle d elos bancos por los que pasó.
El caso amenaza con transformarse en una bomba política dentro del oficialismo libertario: mientras la Corte Suprema demora la extradición de Machado, la confirmación judicial de los vuelos y el registro del giro millonario alimentan las denuncias de la oposición y ponen en jaque la campaña de octubre.
Hasta el momento, Espert mantiene silencio. Pero en el entorno libertario ya se teme que el escándalo termine por abrir una crisis interna y haganaufragar la estrategia electoral del gobierno en plena cuenta regresiva hacia las elecciones.
Mientras la Casa Rosada busca desesperada en Washington un salvataje financiero para contener la crisis cambiaria, un grupo de senadores del Partido Demócrata de Estados Unidos le reclamó al presidente Donald Trump que no avance con un paquete de asistencia para el gobierno de Javier Milei.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado que la Casa Blanca evalúa alternativas como un swap por 20.000 millones de dólares, un crédito stand-by e incluso la compra de bonos argentinos. Sin embargo, ese anuncio encendió las alarmas en la oposición demócrata, que en una carta firmada por 14 legisladores expresó su “profunda preocupación” por el destino de fondos de los contribuyentes norteamericanos en medio de la campaña electoral argentina.
Los senadores advirtieron que las medidas económicas recientes de Milei, como la suspensión temporal de retenciones a la soja, el maíz y el trigo, generan un impacto directo sobre la competitividad de los agricultores estadounidenses, ya golpeados por la política arancelaria de Trump. Según el texto, esa decisión dejó a los productores norteamericanos en desventaja frente a Argentina y permitió que China, tradicional comprador de granos de EE.UU., adquiriera decenas de cargamentos argentinos en pocos días.
“El rescate a la Argentina llegaría en un momento en el que nuestros agricultores enfrentan caídas de precios, márgenes cada vez más estrechos y la pérdida de mercados clave. No está claro por qué se debería usar dinero público para apuntalar la campaña de reelección de un presidente extranjero”, advirtieron los legisladores.
La carta, respaldada por referentes como Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Chuck Schumer, también remarcó que casi el 20% de la producción agrícola estadounidense se exporta cada año y que cualquier alteración de la competencia internacional pone en riesgo a la cadena agroindustrial del país.
En paralelo, la Asociación de Productores de Soja de EE.UU. reiteró que la caída del precio del grano coincide con el inicio de la cosecha y reclamó que la prioridad del gobierno sea recomponer el vínculo comercial con China en lugar de destinar miles de millones de dólares a la campaña electoral de Milei en Argentina.
Los senadores concluyeron su reclamo con un pedido concreto: el cese inmediato de cualquier plan de asistencia financiera a Milei, argumentando que la verdadera urgencia está en fortalecer la competitividad agrícola de Estados Unidos y no en “subvencionar a un país extranjero para influir en sus elecciones legislativas”.
