En una semana marcada por una fuerte inestabilidad cambiaria y suba del riesgo país, el Gobierno oficializó la toma de tres nuevos préstamos internacionales por un total de u$s1.500 millones.

A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avaló la firma de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial.

Detalle de los nuevos créditos:

• BID – u$s400 millones: Para financiar el Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad, con el objetivo de facilitar reformas para reducir costos regulatorios, achicar la participación estatal en la economía y agilizar el comercio exterior.
• BIRF – u$s300 millones: Dirigidos al Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria, que apunta a mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema tributario, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• BID – u$s800 millones: Para respaldar el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II, destinado a reforzar la política fiscal a través de reformas gestionadas por el Ministerio de Economía.

Más préstamos, mismo objetivo: apuntalar las reservas

La suscripción de estos préstamos se suma a un desembolso adicional de u$s230 millones con el Banco Mundial, aprobado días antes, destinado a financiar el Programa de Formación y Empleo. En total, el paquete de deuda externa autorizado en la última semana asciende a u$s1.730 millones.

Aunque el discurso oficial presenta estos recursos como impulsores de reformas estructurales y modernización administrativa, en la práctica el Gobierno busca reforzar las reservas internacionales y contener la volatilidad del dólar en un contexto económico complejo y con fuertes presiones cambiarias. La estrategia es clara: garantizar ingresos frescos de divisas que ayuden a aliviar la tensión financiera mientras avanza el programa de ajuste en un contexto electoral incierto.

Se trata de la cifra más alta de la última década, a excepción de la registrada durante la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.

La situación es dramática y las cifras lo confirman: más de la mitad (51%) de los hijos e hijas de trabajadores informales, de entre 0 y 12 años, padece insuficiencia alimentaria, el registro más alto de la última década, solo superado durante el peor momento de la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.

Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que expone un fuerte deterioro en la seguridad alimentaria de las infancias. Esta alarmante cifra impacta sobre un universo de casi 9 millones de trabajadores en negro, el 42% de la población económicamente activa, cuyos hijos son víctimas directas de la precarización laboral y la falta de políticas públicas efectivas.

Estos padres que se encuentran desempleados o en empleos precarios conforman un grupo de vulnerabilidad que no solo son propensos a sufrir inseguridad alimentaria, sino que son más propensos que hace 10 años, por lo que vemos que la situación se ha ido deteriorando…

— Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) July 14, 2025

La crisis alimentaria infantil se agrava aún más: en 2024, el 16% de los niños atraviesa una insuficiencia alimentaria severa, un pico histórico desde 2010, incluso por encima de los valores registrados durante la pandemia.

Mientras tanto, el Ejecutivo no ejecutó ni un solo peso del 59% de los programas destinados a la infancia y familias vulnerables. De 73 programas presupuestados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 no recibieron ninguna ejecución presupuestaria en los primeros siete meses del año. Son casi 4000 millones de pesos asignados que no llegan a quienes más lo necesitan, incluyendo fondos para política alimentaria y asistencia socio-habitacional.

Especialistas advierten que la Asignación Universal por Hijo es insuficiente para contener la crisis. La precariedad laboral sigue siendo el principal factor estructural que empuja a millones de hogares a la pobreza extrema. Como sostuvo Ianina Tuñón, autora del informe de la UCA: “Las transferencias de ingresos no alcanzan cuando el empleo es precario; la infancia paga el precio más alto”.

En un contexto donde el gobierno prioriza el ajuste fiscal, la realidad marca que la cuenta se paga con el hambre de los más chicos.

La interna del oficialismo digital volvió a quedar expuesta. Daniel “Gordo Dan” Parisini, una de las figuras más activas del aparato online libertario, se despegó públicamente de su socio Fran Fijap, luego de que la periodista Julia Mengolini presentara una denuncia penal por hostigamiento virtual contra el presidente Javier Milei y una red de cuentas anónimas. Al Gordo Dan le salieron todas mal: también quería ser candidato por el oficialismo pero Karina Milei decidió dejarlo afuera.

El quiebre se hizo evidente durante una transmisión del programa de streaming Carajo, donde Parisini tomó distancia y apuntó directamente a Fijap: “De los tuits de Fran Fijap no me hago cargo. Hay que saber tuitear. Hay gente que sabe y hay gente que no sabe”, afirmó, dejando clara la ruptura.

La declaración llega apenas horas después de que Mengolini formalizara su denuncia en tribunales, centrando la atención judicial sobre los operadores digitales que, amparados en el anonimato, coordinan campañas de difamación e intimidación contra figuras críticas del gobierno.

No es la primera señal de tensión: semanas atrás, Parisini había obligado a Fijap a eliminar un tuit ofensivo en vivo, llamándolo “pelotudo” al aire. A medida que avanzan las investigaciones judiciales y crece el escrutinio mediático, la cohesión del núcleo digital libertario parece resquebrajarse.

Con la causa penal en curso, Parisini parece haber optado por blindarse legalmente y dejar solo a su compañero de batallas virtuales, reflejando el clima de “sálvese quien pueda” que se instala en el entorno mileísta.

Santiago Caputo dio señales de que su rol en el gobierno cambiará luego del fuerte revés que sufrió en el cierre de listas, en el que Karina Milei tomó el control total de la estrategia electoral. Tras este episodio, Caputo habría optado por volcarse a la “gestión”, en un intento por contener daños y preservar su influencia en áreas clave de la administración.

A pesar del desplazamiento en la arena política, Caputo sigue al mando de estructuras de poder relevantes como YPF, la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), la Aduana y el Ministerio de Salud.

El periodista Alejandro Fantino, cercano a Javier Milei, reveló que Caputo incluso amenazó con renunciar este lunes, aunque finalmente decidió continuar en funciones. Según Fantino, su nuevo rol será el de “estratega”, apartado de la política territorial que quedará en manos de Karina Milei y de los Menem.

“Me dijeron que Caputo se quedaría con la estrategia no terrenal de la política, que no sé qué es eso”, ironizó Fantino durante su programa de streaming Carnaval.

Lo que se prometía como la era del autoabastecimiento gracias a Vaca Muerta terminó siendo un negocio redondo para las grandes petroleras. Javier Milei acordó pagarles hasta un 65% más por el gas, garantizando ganancias extraordinarias a las empresas mientras el Estado asume pérdidas millonarias.

La excusa oficial es “evitar cortes”, pero el trasfondo es claro: las petroleras le torcieron el brazo al Gobierno. Empresas como YPF, Total Energies, Tecpetrol (del Grupo Techint, aportante a la campaña de Milei), CGC (de Eurnekian, padrino político de Milei), Pampa Energía y otras exigieron un precio muy por encima del Plan Gas para inyectar más gas en plena ola polar.

Este sobreprecio quedó oficializado a través de Cammesa, la distribuidora mayorista de energía, que lanzó una subasta pagando hasta 7,50 dólares por millón de BTU, 3 dólares más que el promedio invernal. La práctica habitual era pagar el 90% del precio del Plan Gas, alrededor de 4,45 dólares, pero bajo el mandato de Milei, el Estado quebró su propio criterio para asegurar que las petroleras abran la canilla.

Hace apenas unas semanas, ciudades como Mar del Plata sufrieron cortes de gas porque las empresas no quisieron inyectar más gas al precio habitual. Ahora, el Gobierno, lejos de sancionar o regular, premia a las compañías con un sobreprecio que vacía las arcas públicas y dispara los tarifazos a los hogares.

Mientras los usuarios pagan aumentos brutales —un 1482% de suba en las boletas de gas en el AMBA desde que asumió Milei—, las petroleras embolsan ganancias récord. Y con la Ley Bases, Milei profundizó la entrega: eliminó la obligación de abastecimiento interno y permitió la libre exportación de gas por 30 años a precio internacional, asegurando para las multinacionales rentas a costa del pueblo argentino.

El resultado es un Estado más endeudado, usuarios asfixiados por las tarifas y un puñado de empresas celebrando la transferencia de recursos más grande de los últimos tiempos.

La salida de la economista ocurre en pleno proceso de revisión del acuerdo con el Fondo. Su rol técnico y político había sido central en la relación con el gobierno de Javier Milei.

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dejará su cargo a fines de agosto para volver a la Universidad de Harvard como profesora de economía. La economista india ocupó un lugar clave en el diseño y monitoreo del programa argentino con el FMI, y mantuvo una relación cercana con Javier Milei y Luis Caputo, participando activamente en reuniones técnicas y de alto nivel.

Durante su gestión, lideró análisis macroeconómicos fundamentales y tuvo un papel decisivo en la supervisión de países con programas de alto impacto, como Argentina y Ucrania. Su salida fue anunciada por la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó su aporte como “una líder intelectual sobresaliente” y subrayó su capacidad para abordar crisis complejas con mirada técnica y sensibilidad política.

La renuncia de Gopinath llega en un momento crítico para el gobierno argentino, que busca asegurar nuevos desembolsos del Fondo y renegociar metas en medio de la creciente presión cambiaria y el deterioro de reservas. Su ausencia podría afectar la fluidez del diálogo técnico y el respaldo interno al programa, en un contexto donde el FMI mantiene en suspenso el giro previsto para junio.

Al despedirse, Gopinath expresó que se va “profundamente agradecida” por su paso por el FMI y que espera seguir contribuyendo desde la academia a los debates sobre finanzas internacionales y macroeconomía global. Su reemplazo, aún no anunciado, deberá asumir en medio de tensiones crecientes en la relación entre el organismo y la Argentina.

A esto se suma la intervención en el mercado de futuros, donde el Banco Central vendió contratos por unos 2.700 millones de dólares para frenar expectativas de devaluación.

Más de 5.200 millones de dólares salieron del país desde mayo y el Gobierno de Javier Milei no logra frenar la sangría de divisas. Según el centro CIFRA de la CTA, la fuga de capitales absorbió el 44 % del primer desembolso del FMI, en un contexto donde la formación de activos externos superó todos los promedios mensuales registrados por el Banco Central desde 2003. A pesar del ingreso de fondos del organismo internacional, las reservas netas cerraron julio con un saldo negativo de 9.575 millones de dólares, muy lejos de la meta fijada para diciembre.

Frente a este escenario, el Gobierno lanzó una serie de instrumentos financieros como Lecaps, Bopreales y Bonte 2030, con el objetivo de contener la presión cambiaria, pero las licitaciones fracasaron o tuvieron rendimientos negativos. Incluso se reintrodujeron herramientas que habían sido eliminadas, como los pases pasivos diarios, para absorber liquidez y evitar que se vuelque al dólar. La falta de confianza quedó clara cuando los bancos decidieron no canjear en su totalidad sus LEFI por Lecaps, obligando al Ministerio de Economía a lanzar una segunda licitación con mayores tasas.

A esto se suma la intervención en el mercado de futuros, donde el Banco Central vendió contratos por unos 2.700 millones de dólares para frenar expectativas de devaluación. Sin embargo, el tipo de cambio aumentó y persiste la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para acumular reservas. El FMI suspendió el desembolso previsto para junio por 2.028 millones de dólares, mientras evalúa si otorgará el siguiente, pautado para septiembre. La presión también llega desde la cuenta corriente, impulsada por la apertura importadora, los viajes al exterior y el pago de intereses.

El panorama se agrava con los próximos compromisos de deuda: más de 10.000 millones de dólares entre agosto y diciembre, casi 29.000 millones en 2026 y 36.000 millones en 2027, sumando obligaciones del Tesoro, el Banco Central, provincias y grandes empresas. Algunas ya entraron en default, como Generación Mediterránea, Celulosa y Agrofina. Con los mercados de crédito cerrados y el endeudamiento en alza, el modelo económico se vuelve cada vez más insostenible, advierte CIFRA, que señala como núcleo del problema la fuga constante de capitales y la dependencia absoluta del financiamiento externo.

El asunto tomo una magnitud tal que ahora el Congreso activará una comisión para tratar salarios y atención médica.

Más de 2.200 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad federales presentaron su baja voluntaria en la primera mitad del año, marcando un récord de deserciones respecto a períodos anteriores. La situación, que refleja un creciente malestar por los bajos salarios y la crisis en la atención médica, obligó al Congreso Nacional a intervenir.

Tras la publicación del informe por parte del portal Misiones Online, desde el Senado confirmaron la creación de una subcomisión específica para investigar el deterioro salarial y las fallas en la cobertura de salud que afectan tanto a personal activo como retirado.

El senador misionero Enrique Martín Goerling, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, reconoció la gravedad del problema. “Los reclamos son reales”, afirmó, y adelantó que ya se trabaja en una línea directa para atender estas demandas que atraviesan a las fuerzas armadas y a las de seguridad federales.

Las cifras alarmantes se atribuyen principalmente a sueldos bajos y a la crítica situación de la obra social IOSFA, que brinda cobertura a más de 600.000 personas entre militares, gendarmes, prefectos y sus familias. Las quejas abarcan desde demoras en atención médica hasta cortes de servicios y cobros excesivos, especialmente en provincias del interior donde las opciones son limitadas. A ello se suma el malestar por los altos descuentos mensuales destinados a la obra social, que van desde 100 mil a más de 300 mil pesos, sin una contraprestación adecuada.

Goerling, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmó que IOSFA se encuentra bajo auditoría interna, pero remarcó que los problemas se arrastran desde gestiones anteriores y que la situación es mucho más crítica fuera de Buenos Aires.

El legislador adelantó que la subcomisión no solo investigará la situación sanitaria, sino también las condiciones salariales y laborales de los efectivos. Aunque aclaró que la política salarial es potestad del Poder Ejecutivo, el Congreso se compromete a ejercer un rol activo de fiscalización, recepcionando reclamos y peticionando ante las autoridades correspondientes.

En paralelo, se analiza la creación de un observatorio para monitorear las situaciones de las policías provinciales, dada la creciente cantidad de denuncias por abusos o conflictos internos.

Finalmente, Goerling señaló que la Bicameral ya está estudiando las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Seguridad vía decreto, modificaciones que también impactan en las condiciones laborales y alimentan el descontento entre el personal. “Estamos ante una situación delicada que requiere atención urgente para evitar un colapso aún mayor en el sistema”, advirtió.

El jefe del Gabinete de Asesores abandonó su cargo tras sus polémicas declaraciones. Continúa al frente de Nucleoeléctrica, mientras crecen las versiones de reacomodamientos internos en la mesa chica del gobierno.

Demian Reidel presentó su renuncia como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia, una salida que se da en medio de un clima de tensión interna en el oficialismo. El funcionario había sido protagonista meses atrás por su frase incendiaria ante empresarios extranjeros: “El problema de Argentina es que está poblada por argentinos”.

El Ejecutivo oficializó su salida este lunes a través del decreto 481/2025, aunque la dimisión tiene vigencia desde el 17 de julio. No se dieron explicaciones públicas ni se nombró aún a su reemplazo. Reidel, sin embargo, seguirá al frente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), clave en el desarrollo del plan nuclear nacional.

A través de sus redes sociales, el economista intentó mostrar un perfil técnico y comprometido: anunció que se abocará de lleno a la ejecución del “Plan Nuclear Argentino”, que incluye un reactor modular y una nueva empresa, YPF Nuclear. También insistió en que su “compromiso con el gobierno es total”, pese al cambio de funciones.

El perfil de Reidel, formado en Harvard y con pasado en JP Morgan, venía siendo promocionado por Javier Milei como uno de sus cerebros económicos. Pero sus declaraciones altisonantes, sumadas al desgaste interno, aceleraron su salida. Su frase despectiva sobre los argentinos generó fuerte rechazo en sectores sociales y sindicales, que lo acusaron de “despreciar al pueblo que gobierna”.

El alejamiento se produce poco después de que Santiago Caputo fuera corrido de los centros de decisión. En ese contexto, crecen los rumores de que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, estaría consolidando su poder en la cúpula libertaria y promoviendo un rediseño del círculo presidencial.

La renuncia de Reidel se suma a la ya larga lista de bajas y recambios en menos de ocho meses de gestión. El gabinete de Milei, cada vez más reducido y volátil, enfrenta así nuevas señales de inestabilidad política mientras intenta sostener su discurso de “refundación” del Estado.

La empresa petrolera estatal YPF aplicó un incremento promedio del 2,5% en los precios de sus combustibles a partir de las 0 del domingo. La medida afecta a todas las estaciones del país. El incremento empeorará el poder adquisitivo de millones de argentinos que se mueven en auto. ¿Esta vez sí lo registrará el INDEC?

En lo que va del 2025, el salario promedio de los trabajadores cayó más del 5% por las políticas de ajuste del gobierno de libertario que tienen al mundo del trabajo como su principal víctima.

Mientras, el INDEC sorprende cada mes con datos sobre la suba de precios que indican que la misma no supera el 2% mientras millones de argentinos sufren a diario un ajuste que cada vez se hace más insostenible.