La ministra firmó una resolución interna que permite a la Policía Federal monitorear redes sociales “en tiempo real” bajo criterios ampliamente discutibles. ¿Hasta dónde llega el control estatal?

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dio luz verde a un operativo de espionaje digital en redes sociales y firmó una resolución que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a monitorear perfiles y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, todo ello bajo una autorización judicial previa.

Según se detalla en el texto oficial, “la PFA podrá monitorear las redes sociales en tiempo real cuando exista fundamento legal y orden judicial expresa”. El objetivo declarado era detectar conductas delictivas o eventos de riesgo colectivo. Pero detractores y especialistas advierten que esta medida puede convertirse fácilmente en una herramienta de control político si no hay límites claros.

La implementación de esta política implicó la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real, incluyendo la instalación de un centro de análisis dentro de la fuerza policial. Este espacio contaba con software especializado para mapear usuarios, detectar patrones de comunicación y predecir movimientos de protesta social.

Fuentes cercanas al área de inteligencia confirmaron que se llegó a desarrollar un protocolo operativo para solicitar permiso judicial y comenzar a seguir perfiles en redes sociales bajo el argumento de prevención del delito. Este tipo de prácticas, aunque reguladas por marcos legales, suelen aplicarse con criterios difusos que ponen en jaque el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ya expresaron públicamente su preocupación por el alcance de estas medidas. Para ADC, “la vigilancia digital sin control parlamentario ni judicial efectivo termina convirtiéndose en una herramienta de control político”.

Además, señalaron que el uso de estas herramientas en contextos de protesta social puede generar autocensura ciudadana y represión preventiva, algo que ya se ha visto en otros países donde gobiernos autoritarios utilizaron el pretexto de la seguridad para perseguir opositores.

Desde el oficialismo de aquel momento se defendió la medida como parte de una nueva estrategia de inteligencia moderna, necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la organización de disturbios callejeros.

Sin embargo, organizaciones sociales y periodísticas denunciaron que en varias oportunidades estas herramientas fueron utilizadas para vigilar a activistas, periodistas independientes y líderes barriales, especialmente en zonas con fuerte presencia de piquetes o protestas sociales.

“No se trata de prohibir el uso de herramientas digitales, sino de garantizar que no sean usadas para criminalizar la protesta”, aseguró un comunicado conjunto de sindicatos periodísticos y defensores de derechos humanos.

Lo que más preocupa a especialistas es que este tipo de decisiones se tomen sin debate público ni participación del Parlamento. La falta de transparencia sobre qué perfiles son monitoreados, cuántas órdenes judiciales se emiten y cómo se usa esa información levanta serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales.

Aunque la normativa establece que debe haber una orden judicial específica, no siempre está claro quién supervisa el uso real de estos datos ni qué mecanismos de control existen.

Mientras Macri celebraba la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Teresa García le respondió con una feroz crítica: “El sistema judicial lo salvó de al menos 32 causas… ¿quién realmente desprecia la democracia?”

Macri publicó este viernes un mensaje en redes sociales celebrando la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema , asegurando que se cerraba un proceso de 17 años iniciado con “incontables pruebas en su contra”.

Además, denunció supuestas amenazas del kirchnerismo al sistema democrático , mencionó disturbios frente a medios afines al oficialismo y señaló como síntoma preocupante la presencia de manifestantes frente a la residencia de la ex presidenta. En tono triunfalista, concluyó: “la ambición de Cristina por quedar en la historia se cumplió… de otra manera a la que pretendía”.

Pero esas palabras no quedaron impunes. Pocas horas después, la periodista Teresa García le respondió con una ácida reflexión en redes sociales, poniendo en evidencia la hipocresía del expresidente.

La respuesta contundente de Teresa García

“Como bien dijo Cristina, Mauricio Macri es un fracasado que lo echaron a patadas”, arrancó Teresa García en su texto, recordando que el exjefe de Gobierno porteño no solo fue derrotado electoralmente en 2019, sino que su partido político se encuentra hoy totalmente desarticulado .

Y agregó: “No pudo reelegir, y apenas 6 años después sus dirigentes hacen salto con garrocha a La Libertad Avanza” . Una crítica directa al vaciamiento ideológico del PRO.

Pero lo más fuerte llegó cuando García apuntó contra el sistema judicial que Macri celebra como funcionamiento ejemplar : “Ese sistema ‘de justicia’ que llamó rueda lenta e irregular, lo integran sus amigos, compañeros de equipo de fútbol y sus visitantes VIP en mansiones del sur” .

La periodista acompañó su denuncia con una lista de más de una docena de jueces y fiscales vinculados al macrismo o con posiciones afines , muchos de ellos intervinientes en la causa Vialidad que terminó con la proscripción política de CFK.

El historial judicial de Macri: 32 causas y ninguna condena

Pero Teresa García no se quedó ahí. Mostró con datos cómo ese mismo sistema judicial que Macri dice imparcial lo protegió durante décadas :

“El Partido Judicial salvó al Grupo Macri de 32 causas judiciales en los últimos 40 años” , escribió, enumerando una larga lista de expedientes abiertos (y cerrados) que involucran a Macri y su familia.

Entre ellas:

• 1982 – Causa por Estatización de la Deuda Privada
• 1994 – Causa por contrabando de autos y autopartes
• 1998 – Causa Correo / SOCMA
• 2001 – Causa por fuga de capitales
• 2009 – Causa por escuchas ilegales
• 2016 – Causa por Panama Papers y Bahamas Leaks
• 2016 – Causa Soterramiento del Sarmiento
• 2017 – Causas Odebrecht, Avian Mac-Air, Ausol y Ara San Juan

Una lista que habla por sí sola: Mauricio Macri lleva casi toda su vida pública bajo sospecha de corrupción, pero jamás fue condenado ni siquiera procesado en forma definitiva .

¿Quién realmente desprecia la democracia?

Teresa García cerró su texto con una pregunta que remueve las bases del discurso antiperonista actual: “¿Quién realmente desprecia la democracia, la ley y la verdad?” , planteó, dejando en claro que la utilización selectiva de la Justicia como arma política no comenzó con el kirchnerismo, sino mucho antes .Y concluyó con ironía: “@mauriciomacri hay que tener cara…”

Las ventas por el Día del Padre volvieron a marcar un saldo negativo en 2025, con una caída interanual del 1,7%, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de que más del 90% de los comercios ofrecieron promociones especiales, el consumo no repuntó, consolidando así el tercer año consecutivo de bajas en una de las fechas comerciales más importantes del año.

Este nuevo retroceso se suma a las caídas del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023, lo que evidencia un deterioro sostenido en el consumo familiar y un fuerte impacto de la crisis económica sobre el comercio minorista.

“El Día del Padre 2025 dejó un desempeño general débil. Las estrategias comerciales como los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas tuvieron bajo impacto en un contexto de gran cautela por parte de los consumidores”, señaló CAME.

El ticket promedio fue de $41.302, apenas un aumento nominal respecto al año pasado. Sin embargo, al ajustar por inflación, esto representó una caída real del 8,9% en el poder de compra, reflejando el deterioro del ingreso disponible de los hogares.

Los rubros más afectados fueron aquellos con artículos de mayor valor, mientras que las ventas se concentraron en productos en promoción y de menor precio, en línea con una lógica de ajuste y priorización del gasto familiar.

Con este nuevo balance negativo, el Día del Padre deja de ser un motor de reactivación para el comercio y pasa a representar una fecha con resultados sistemáticamente desfavorables, en un marco de freno generalizado de la actividad económica.

A las pocas horas de haber confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la polémica causa Vialidad, la Corte Suprema se otorgó así misma un aumento salarial por el cual pasarán a cobrar 20 millones de pesos.

A tan solo 48 horas de haber confirmado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada que les otorga a sus propios integrantes —y al resto del Poder Judicial— un aumento salarial retroactivo del 2,2% a partir del 1 de abril.

La resolución fue firmada en medio de un fuerte hermetismo institucional y sin anuncio público, lo que incrementó las críticas. En los hechos, los ministros del máximo tribunal ya percibían más de 18 millones de pesos mensuales, y con este nuevo aumento pasarán a ganar más de 19 millones, posicionándose entre los funcionarios mejor pagos del país.

Los montos actualizados reflejan la magnitud del privilegio:

• Horacio Rosatti: $19.147.398,84
• Ricardo Lorenzetti: $19.534.215,98
• Carlos Rosenkrantz: $18.567.176,62

Estas cifras no incluyen únicamente el salario básico, sino que se componen además de adicionales por antigüedad, título universitario y permanencia en el cargo. Mientras tanto, jueces como Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad, cobran más de $11 millones mensuales, y otros magistrados superan los $16 millones.

La acordada justificó el aumento como una medida “para mantener el poder adquisitivo”, aunque el privilegio judicial es evidente: además de los altos ingresos, los jueces que ingresaron antes de 2017 continúan exentos del impuesto a las ganancias, lo que eleva su salario neto de forma considerable.

El momento elegido para firmar este beneficio personal no pasó desapercibido. Apenas unos días antes, la Corte había intervenido para convocar de urgencia la reunión que dejó firme la condena a la exmandataria, en un fallo impulsado por el propio presidente del tribunal, Horacio Rosatti.

El contraste entre el ajuste económico que enfrenta gran parte de la población y el incremento millonario que se asignan los jueces supremos reavivó las críticas sobre los privilegios del Poder Judicial y su escasa rendición de cuentas lo que renueva las exigencias de la ciudadanía por una mayor apertura democrática del poder judicial tal somo los demuestran recientes sondeos de consultoras privadas.

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Pablo Antonio Ceferino Dahua, acusado de haber provocado la explosión en el local de La Cámpora ocurrida hace cuatro años.

La medida fue resuelta por los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, quienes ratificaron el fallo de primera instancia de la jueza María Gabriela Marrón, rechazando así el recurso presentado por la defensa oficial.

Dahua, actualmente detenido, también enfrenta un proceso penal en la justicia provincial por el homicidio de Emanuel Alarcón, ocurrido en septiembre del año pasado en el marco de una disputa por tierras. Durante la investigación de ese crimen, se hallaron en su domicilio materiales explosivos y otros elementos clave que permitieron vincularlo al atentado del 25 de mayo de 2021.

La causa federal lo acusa de incendio o estrago con peligro de muerte, fabricación o tenencia de materiales explosivos —encontrados en allanamientos realizados en domicilios de Mallea al 1200 y Guido Spano al 2100—, y asociación ilícita destinada a combatir ideologías mediante el uso de la fuerza o el temor, además de actos discriminatorios.

El ataque contra el local de La Cámpora, ubicado en Donado y Berutti, fue cometido por al menos dos personas que huyeron en un auto gris, según registros de cámaras de seguridad y testimonios. Aunque en un principio no se logró identificar a los responsables, el hallazgo de un Fiat Siena gris en poder de Dahua —coincidente con el utilizado en el atentado— y el secuestro de materiales explosivos en su domicilio, reactivaron la investigación.

Con estos elementos, la Justicia federal avanzó en la causa y consolidó las pruebas que llevaron a confirmar el procesamiento de Dahua como principal acusado por este grave hecho.

Se trata del abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, de estrechos lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina y que ya cuenta con denuncias por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria.

Las recientes declaraciones del abogado e influencer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, con fuertes lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, han encendido las alarmas por su peligrosidad y profundo contenido antidemocrático. En una transmisión del canal de streaming “Carajo”, Sarubbi lanzó una escalofriante incitación a la violencia contra estudiantes identificados con el peronismo: “Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos”, sostuvo sin ambigüedades. Y agregó: “Si son de la JP, hay que meterles dos tiros”, en un llamado explícito a ejercer violencia armada por razones ideológicas.

Estas expresiones son inadmisibles en una sociedad democrática y constituyen una peligrosa apología de la violencia política que podría derivar en hechos trágicos. Resulta especialmente alarmante y grave que provengan de un profesional del derecho, con vínculos estrechos con la cúpula del poder político nacional.

Esta es la propuesta para las tomas universitarias de los muchachos de Carajo Stream pagos con la nuestra

"Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos" dice el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y agrega que si son de la JP hay que meterles "dos tiros" pic.twitter.com/6KLxM5q2VG

— Al Toque (@altoque_ok) June 13, 2025

Pero este no es un hecho aislado. En otro fragmento del mismo canal, durante el programa La Trinchera, Sarubbi propuso cometer fraude electoral en caso de que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a diputada en 2025 por la Tercera Sección Electoral. “Si tengo que fiscalizar ahí, robo las boletas. Me chupa un huevo, me preparé toda mi vida para esto”, afirmó sin ningún pudor. Ante la advertencia de que tal acto constituiría un delito, redobló la apuesta con ironía: “Podemos cambiar el domicilio a La Matanza”, entre risas y burlas sobre Avellaneda y “Avellanegra”, en un tono clasista y despectivo.

El contexto legal de Sarubbi Benítez es igualmente inquietante. El 19 de mayo de 2025 fue denunciado en la Justicia Federal por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria. La causa, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5 (Expediente CFP 2006/2025), fue impulsada por el periodista Mario Marcelo Bassano, quien también promovió una actuación disciplinaria en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Sarubbi ya fue citado a audiencia presencial en su sede de Juncal 931.

Entre las pruebas presentadas se incluyen capturas de escraches digitales, amenazas, publicación de domicilios privados y expresiones de tono sexista y racista. Bassano también denunció que el abogado intentó obstaculizar la investigación eliminando evidencias, como el cambio de su usuario en la red social X (ex Twitter) de @ASB2509 a @GordoLeyes, maniobra que fue denunciada como un intento de borrar su rastro digital.

Sarubbi Benítez se ha hecho conocido por su militancia digital libertaria, su apoyo incondicional a las políticas del presidente Milei, y su participación en actos junto a Karina Milei. Sin embargo, sus métodos —que incluyen hostigamiento en redes, difusión de datos privados y llamados a la violencia— lo colocan en el centro de una peligrosa deriva autoritaria y antidemocrática que no puede ser ignorada.

Frente a estos antecedentes y declaraciones, es urgente que el sistema institucional actúe con firmeza. La naturalización del odio, la amenaza física y el fraude electoral no sólo son delitos: son una amenaza directa a la democracia argentina.

Organizaciones sociales, políticas y sindicales convocaron a una movilización masiva frente a Comodoro Py para acompañar y respaldar a la ex presidenta, mientras crece la crítica sobre los fundamentos judiciales detrás de su condena.

La noticia de que la Corte Suprema confirmó la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad generó un fuerte impacto político y social. En respuesta, organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron a una marcha masiva frente al Tribunal Oral Federal 8 , en Comodoro Py, para expresar su apoyo a la ex mandataria y denunciar lo que califican como una persecución judicial con tintes políticos .

En el flyer oficial que circuló en las últimas horas, se convoca a concentrarse el próximo miércoles en la esquina de San José y Humberto 1°, bajo el lema “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”.

Desde que se inició la causa Vialidad, distintos especialistas, abogados y analistas han señalado graves inconsistencias jurídicas y procesales en la investigación que llevaron a la condena de CFK.

Uno de los puntos más cuestionados es la falta de prueba contable o financiera directa que vincule a la ex presidenta con desvíos o beneficios personales derivados de los contratos viales investigados. A pesar de esto, fue investigada y estigmatizada por “encubrimiento” y “asociación ilícita”, delitos que requieren una participación activa y coordinada en hechos específicos, algo que no fue demostrado con claridad en el expediente.

Otro punto clave es la contradicción entre los testimonios utilizados durante el juicio : muchos de ellos pertenecen a imputados colaboradores que buscaban reducir sus propias penas, lo cual pone en duda la credibilidad de su declaración. Esto fue inclusive admitido hasta por Mariano Cúneo Libarona, ahora ministro de Justicia. Además, algunos de los supuestos beneficiarios de los manejos irregulares, como empresarios del rubro constructor, no fueron condenados ni siquiera investigados en profundidad, al igual que los funcionarios y ministros que participaron de las licitaciones y proyectos de obra pública.

También ha llamado la atención el uso del concepto de “asociación ilícita” sin un análisis claro de cuál era el propósito delictivo común ni cómo participaba cada uno de los involucrados. Para expertos en derecho penal, esto representa una aplicación laxa y politizada de una figura penal reservada para estructuras criminales organizadas. Muy lejos de las licitaciones realizadas y los proyectos de ejecusión de obra pública votadas en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Finalmente, la rapidez con que se cerró el caso y se dictó la sentencia contrasta con otras causas similares cercanas al macrismo y otros sectores del oficialismo, que llevan años sin resolución, lo que alimenta la sospecha de que la causa Vialidad haya sido instrumentalizada para debilitar a la principal figura opositora del país .

El conflicto en Medio Oriente escaló de forma dramática este viernes, luego de que Israel lanzara un ataque militar directo contra instalaciones nucleares y objetivos estratégicos en territorio iraní.

La operación, calificada por el primer ministro Benjamín Netanyahu como un “ataque preventivo”, marca un punto de no retorno en la tensión regional, y podría desencadenar una cadena de represalias con efectos imprevisibles en toda la región.

En respuesta inmediata, Irán activó su capacidad de defensa y lanzó más de 100 drones hacia territorio israelí, en lo que las autoridades militares iraníes describieron como la “primera ofensiva” y una señal clara de que “todas las líneas rojas han sido cruzadas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que todos sus sistemas de defensa están activos para interceptar las amenazas aéreas, mientras que en el país se ha declarado estado de emergencia. Las sirenas antiaéreas suenan en varias ciudades, y la población civil se encuentra en máxima alerta.

El ministro de Defensa israelí afirmó que el operativo militar —bautizado como Operación León Ascendente— “durará tantos días como sea necesario” y tiene como objetivo neutralizar lo que Tel Aviv considera una amenaza existencial: el avance del programa nuclear iraní. “Irán podría producir un arma nuclear en cuestión de días si no se le detiene”, advirtió un alto funcionario israelí, aunque sin dar mayores evidencias.

La ofensiva ocurre en un momento de total estancamiento en las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, lo que agudiza la incertidumbre global. Si bien Estados Unidos negó cualquier participación en el ataque, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Israel y lanzó una advertencia directa a Irán: “Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero los próximos ataques serán aún más brutales si no se alcanza un acuerdo nuclear”.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que la acción fue unilateral por parte de Israel y que la prioridad de su país es proteger al personal estadounidense en la región. “No participamos en los ataques y advertimos que Irán no debe amenazar los intereses ni al personal de EE.UU.”, afirmó.

El nuevo capítulo del conflicto entre Israel e Irán plantea un giro crítico en la geopolítica de Medio Oriente. Las consecuencias aún son inciertas, pero analistas coinciden en que este enfrentamiento puede escalar a un conflicto regional de gran envergadura, con repercusiones internacionales en materia de seguridad, economía y diplomacia.

En la Argentina de Javier Milei puede pasar cualquier cosa. Se habla mucho de “libertad” pero una persona fue detenida en la calle por una pintada contra el juez Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Mucha gente está indignada con el tribunal por la proscripción a Cristina Kirchner, la principal dirigente de la oposición.

El episodio fue denunciado por la diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano, quien relató el caso de un militante peronista de Santa Fe detenido por la Policía Federal.

“Ayer (por el jueves) ocurrió algo inédito: este compañero había estado en una reunión donde se programan todas las actividades y fue allanado por la Policía Federal por orden de un fiscal federal. Le hallaron su domicilio y le encontraron folletos de Cristina, remeras, un escudo del partido. Un terrorista…”, ironizó Carignano en diálogo con la 750.

La detención arbitraria y la proscripción de Cristina por parte del poder judicial disparó una ola de protestas en todo el país. CFK es la principal dirigente de la oposición y en septiembre próximo pensaba presentarse a elecciones. No la dejaron cuando todas las encuestas la daban como ganadora.

Uno de los responsables de la operación judicial fue Héctor Magnetto, uno de los dueños del poderoso Grupo Clarín. Uno de los jueces que “juzgó” a Cristina fue Julián Ercolini, que viajó a Lago Escondido, a una reunión en la mansión de Joe Lewis, todo pago por el propio Clarín. Por eso no sorprenden las banderas y pintadas que aparecieron en todo el país con el mensaje: “Magnetto mafioso”.

El dueño de Clarín es un personaje con pasado muy oscuro ya que durante la última dictadura su empresa de medios fue clave para que la gente no supiera de las desapariciones y torturas. En ese contexto, Clarín se quedó con Papel Prensa, gracias a la propia intervención de la dictadura. Papel Prensa fue clave para el crecimiento posterior de Clarín.