El acuerdo de Milei con el gobierno de Donald Trump implicaría que agentes estadounidenses realicen los controles en Argentina.

Bajo el pretexto de facilitar los viajes de argentinos a Estados Unidos sin necesidad de visa, el gobierno de Javier Milei impulsa un acuerdo con la administración de Donald Trump que podría implicar una cesión sin precedentes de soberanía nacional: permitir que agentes migratorios y aduaneros estadounidenses operen directamente en territorio argentino.

El gobierno libertario anunció con entusiasmo el inicio del proceso para reingresar al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), del cual Argentina formó parte brevemente en los años 90 en el marco de las relaciones carnales del menemismo. Sin embargo, lo que no se transparenta es que uno de los requisitos centrales para volver a integrar este programa es aceptar que personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se instale en el país para realizar controles migratorios previos a la salida de viajeros.

Esta medida ya ha sido rechazada por otros países de la región, como México, por considerarla una violación directa a su soberanía. En ese caso, el gobierno mexicano se negó a permitir la instalación de puestos del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), justamente porque implicaba que funcionarios extranjeros actuaran con autoridad dentro de sus fronteras.

En cambio, la administración Milei parece dispuesta a ceder ante estas presiones, incluso cuando las implicancias de seguridad y autonomía son gravísimas. De concretarse, sería la primera vez que agentes migratorios de una potencia extranjera operen en suelo argentino con capacidad de control y decisión sobre ciudadanos locales y extranjeros.

Además de los aspectos simbólicos y políticos, existen también cuestionamientos técnicos y legales. El sistema argentino de documentación para inmigrantes ha sido señalado como “laxo” por funcionarios estadounidenses, lo que supone una presión adicional para endurecer normativas internas según estándares ajenos.

La foto de Milei montando a caballo junto a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., puede parecer pintoresca, pero detrás de esa imagen se esconde una negociación que podría colocar al país en una posición de subordinación inédita. Lo que se presenta como una “facilidad” migratoria, en realidad podría ser la puerta de entrada para la intervención directa de agencias estadounidenses en funciones que competen exclusivamente al Estado argentino.

El acuerdo, aún en etapa de evaluación, será revisado por Stephen Miller, figura clave en la política antiinmigratoria de Trump, y quien no ha ocultado su intención de endurecer al máximo las condiciones para países que busquen ingresar al VWP.

Aceptar este tipo de condiciones no sólo compromete la autonomía nacional, sino que sienta un precedente alarmante sobre el alcance que podrían tener agentes extranjeros en asuntos internos. Lo que está en juego va mucho más allá de la eliminación de una visa: es la capacidad de un país de decidir soberanamente sobre quién actúa dentro de sus fronteras.

El mercado de futuros del dólar está desbordado y expone los límites de la estrategia oficial. Los contratos con vencimiento en diciembre ya tocaron el techo de la banda, a pesar de que el Banco Central viene ofreciendo posiciones a precios artificialmente bajos —incluso por debajo del dólar contado— en un intento desesperado por calmar las expectativas. Pero el termómetro del mercado marca otra cosa: desconfianza.

Entre abril y mayo, el BCRA pasó de no tener prácticamente exposición en futuros a cerrar mayo con una posición vendedora de casi USD 1.950 millones. Y para fines de julio, analistas de la City estiman que ese número ya se duplicó, superando los USD 4.000 millones. Una aceleración que revela el nivel de tensión cambiaria y la falta de herramientas genuinas para controlarla.

El problema es que esta maniobra no sale gratis. Con tasas implícitas negativas, cada salto del tipo de cambio obliga al Banco Central a pagar la diferencia en pesos. En otras palabras, se compromete a emitir si el dólar sube. El ejemplo es sencillo pero alarmante: si el Central vende a $1.290 y el oficial cierra a $1.300, debe poner $10 por contrato. Y con un vencimiento fuerte como el de julio en el horizonte inmediato, el riesgo de emisión se vuelve inminente.

El Gobierno apuesta a contener la presión cambiaria con parches financieros que solo ganan tiempo, pero no despejan las dudas de fondo. La gran pregunta —sin respuesta hasta ahora— es de dónde saldrán los pesos para enfrentar esos pagos, si no es con más emisión y, por lo tanto, más inflación. La fragilidad del esquema económico vuelve a quedar expuesta.

La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

Una profunda crisis se desató en el Hospital Naval Buenos Aires tras el anuncio de la disolución del convenio que lo sostiene desde hace más de tres décadas. La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

El conflicto estalló luego de que se confirmara que el convenio entre la Armada y la Fundación de Sanidad de la Armada (FUSANA), vigente desde 1991, se dará por terminado el próximo 31 de diciembre. Esta medida, que afecta a médicos, enfermeros y personal administrativo, generó una inmediata respuesta sindical: la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) convocó a un paro general en defensa del hospital y los puestos de trabajo.

Desde la conducción gremial advierten que la intención detrás del vaciamiento es clara: “Sin trabajadores no hay Hospital Naval. No hay reestructuración legítima con los trabajadores afuera”, sostuvo Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y miembro del triunvirato de la CGT. La preocupación crece ante la posibilidad de que el Estado no garantice la continuidad laboral, ni respete la antigüedad ni el convenio colectivo vigente.

Aunque voceros de la Armada niegan que se trate de un cierre o una privatización, diversas fuentes internas señalan que ya se baraja la posibilidad de ceder la gestión del hospital a una empresa privada, y que si no se consigue ese gerenciamiento, el hospital directamente cerraría sus puertas a fin de año. “Si no lo gerencian, se cierra”, fue la frase tajante de un funcionario naval.

El Hospital Naval alberga una infraestructura crítica: 350 camas de internación, 10 quirófanos, laboratorios y consultorios de 39 especialidades. Su cierre implicaría una grave pérdida para el sistema de salud no solo militar, sino también civil, ya que brinda servicios a otras obras sociales además de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería.

Este nuevo conflicto se suma al complejo escenario que atraviesa IOSFA, que acumula una deuda superior a los $160.000 millones y una sucesión de renuncias en su dirección. La obra social, tercera más grande del país, se encuentra envuelta en una crisis de cobertura que ya afecta a cientos de miles de afiliados con recortes en medicamentos, tratamientos y estudios.

Referentes gremiales y del sector salud denuncian que se está llevando adelante un proceso de vaciamiento deliberado, con fines privatizadores. De concretarse, se perdería una institución histórica fundada en 1946, dejando a miles de pacientes sin atención y a cientos de familias sin sustento.

El tipo de cambio oficial dio un salto de $25 este miércoles y cerró a $1.325 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que volvieron a aflorar las dudas del mercado sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno. La suba se produjo a pesar de que el equipo económico convalidó una tasa efectiva anual del 65% en su intento por absorber más de $9 billones en pesos que circulan en la plaza financiera.

En el segmento mayorista, que suele funcionar como referencia para el resto de las cotizaciones, el dólar también mostró un fuerte movimiento alcista y terminó en $1.315 por unidad. Las intervenciones del Banco Central en los contratos de futuros, combinadas con una política de tasas altas, habían logrado contener la escalada el martes. Sin embargo, ese freno resultó efímero.

El dólar blue, en cambio, se mantuvo sin cambios en $1.320, mientras que las cotizaciones bursátiles acompañaron con subas más moderadas: el MEP avanzó 0,1% hasta los $1.297,58, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.297,53. A pesar de las maniobras oficiales, los tipos de cambio paralelos siguen reflejando la incertidumbre que atraviesa al mercado.

En la ampliación de la denuncia realizada en los Estados Unidos, los abogados que impulsan la demanda colectiva, destacan que Karina Milei, en su rol de Secretaria General de la Presidencia, fue quien autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa de Gobierno.

El caso del megafraude vinculado al token cripto $LIBRA dio un giro clave esta semana en la justicia estadounidense. Los abogados que impulsan la demanda colectiva contra el empresario Hayden Davis y otros implicados presentaron una ampliación del expediente que introduce, por primera vez, a figuras del círculo presidencial argentino: Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, aparece mencionada en el nuevo documento judicial.

Aunque Karina Milei de momento no está formalmente imputada, los abogados sostienen que fue quien facilitó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada en su rol como secretaria general de la Presidencia. La presentación, firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, representa una ampliación de la demanda colectiva (“class action”) en el fuero federal de Estados Unidos, y apunta a que los acusados enfrenten un juicio oral y público por crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito.

El apellido Milei —en alusión al presidente argentino— aparece más de 50 veces en el texto judicial, principalmente en relación con la promoción pública que hizo del token $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, lo cual, según los denunciantes, tuvo un impacto directo en el volumen de operaciones y en la cotización del criptoactivo.

“El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, señala la demanda en referencia a un posteo realizado por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), donde respaldaba el proyecto.

La mención directa a Karina Milei marca un punto de inflexión en el caso: hasta ahora, ninguna figura del entorno presidencial había sido vinculada en los documentos judiciales presentados ante la justicia norteamericana. Si bien no se trata aún de una imputación formal, su inclusión en el expediente suma tensión política al escándalo.

Desde el Gobierno argentino no se emitieron declaraciones oficiales sobre esta nueva etapa del proceso. No obstante, tanto en el ámbito político como en el financiero se sigue de cerca la evolución del caso, que podría escalar aún más si la justicia estadounidense decide avanzar hacia un juicio con jurado.

El caso $LIBRA ya es considerado uno de los mayores escándalos financieros recientes vinculados al mundo cripto, y la causa continúa expandiéndose con nuevas revelaciones y protagonistas.

Gobernadores de cinco provincias lanzaron un frente electoral para impulsar una agenda federal, en medio de las tensiones con Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra publica.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente Javier Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra pública, cinco gobernadores provinciales oficializaron la creación de “Grito Federal”, un nuevo frente político que buscará llevar al Congreso la voz del interior productivo y avanzar con una agenda federal.

La alianza fue sellada este miércoles en la Casa de Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El espacio, que se proyecta hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, se presenta como una tercera vía frente a la polarización política actual y apunta a defender los intereses de las provincias frente al centralismo de la administración nacional.

El acta fundacional del nuevo frente, titulada justamente “Un grito federal”, marca el tono de la iniciativa: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. En el documento, los mandatarios destacaron su compromiso con el equilibrio fiscal, pero advirtieron que ese esfuerzo no puede sostenerse sin inversión pública ni obras de infraestructura que permitan desarrollar el potencial productivo del interior del país.

𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐋

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.

Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

“No estamos pidiendo plata, estamos exigiendo un reparto justo y previsible de los recursos que corresponden a cada provincia”, subrayaron.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el recorte de fondos y la parálisis de la obra pública. En particular, los gobernadores denunciaron la interrupción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su uso discrecional como mecanismo de premio y castigo político por parte del Gobierno nacional. Ignacio Torres, vocero del nuevo frente, cuestionó con dureza esa práctica, al calificarla de “látigo y chequera”, y propuso además una reforma para que recursos clave —como los derivados del impuesto al combustible— se distribuyan según índices de coparticipación, garantizando mayor equidad.

La coalición “Grito Federal” reúne a referentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, en un intento por superar las divisiones ideológicas y centrarse en una agenda común basada en el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y una distribución más justa de los fondos públicos.

Aunque el armado aún se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores anticiparon que la reunión en la Casa de Chubut fue apenas la primera de muchas. El objetivo: construir una alternativa nacional que represente al interior, con una mirada puesta en el futuro y una decisión firme de dejar atrás “el pasado que dividió y frenó el desarrollo del país”.

Mientras cubría la nueva movilización en las inmediaciones del Congreso, el periodista Nicolás Munafó fue víctima del violento accionar de las fuerzas de seguridad.

En una jornada marcada por la tensión y la protesta social, cientos de jubilados se concentraron nuevamente este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación para reclamar contra el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Movilidad Jubilatoria y de Emergencia en Discapacidad, donde no faltó el violento accionar represivo de las fuerzas de seguridad, que esta vez hasta le dispararon al periodista de C5N, Nicolás Munafó.

Desde temprano, un imponente operativo de seguridad rodeó al Palacio Legislativo, vallado en su totalidad, en lo que ya se ha vuelto una postal habitual de cada miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. La manifestación comenzó a las 15, pero desde la mañana las fuerzas de seguridad habían tomado posición en los alrededores del Congreso.

Excelente reacción de @nicolasmunafo de @C5N: hay que increparlos y escracharlos. Y llevarlos a la Justicia. Son cobardes que casi matan a Pablo Grillo. No debemos naturalizar este ataque semanal del régimen de Milei a jubilados y periodistas. pic.twitter.com/4jaTnYbfMf

— Dante López Foresi (@DanteForesi) July 30, 2025

Escasas horas más tarde comenzó a aplicarse el siempre violento protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Y las cámaras de C5N captaron en vivo cómo un policía le disparó a pocos metros a un manifestante, y tras el reclamo de Munafó, también atacó al cronista.

El incidente ocurrió en vivo, en plena transmisión del programa Argenzuela. En las imágenes se observa cómo el efectivo de seguridad le dispara al periodista a escasos metros de distancia.

“¿Qué te pasa que me tirás ahí al lado? Me tiraste en los pies, cagón. Dale, seguí tirando”, le recriminó el cronista al policía, que quedó identificado por las cámara de TV.

Trabajadores del hospital pediátrico convocan a una movilización simbólica con velas hacia el Obelisco. Denuncian despidos encubiertos, paritarias irrisorias y falta de insumos.

Bajo la consigna “El Garrahan no se apaga”, profesionales de la salud, pacientes y referentes culturales realizarán este jueves una caminata desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La protesta busca visibilizar la crítica situación del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, que atraviesa una pérdida acelerada de personal y reducción de recursos esenciales.

La marcha, que dará inicio a la campaña “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, contará con la lectura pública de una carta a cargo de la actriz Cecilia Roth. Se trata de una acción artística y comunitaria que apunta a romper el cerco informativo y advertir sobre el vaciamiento de un hospital que atiende el 50% de los trasplantes infantiles del país y realiza más de 600 mil consultas anuales.

Según el gremio APyT, solo en 2024 ya renunciaron 236 trabajadores, desbordados por salarios que no cubren la canasta básica. La paritaria acordada por UPCN —apenas un 7% semestral en cuotas del 1%— fue calificada como “una burla” por los delegados.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, denunció que “la sobrecarga laboral es insostenible” y que áreas críticas como enfermería operan con dotaciones mínimas. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, refuerza la sensación de abandono.

En paralelo a la caminata principal en la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones solidarias en distintos puntos del país. Con esta iniciativa, los trabajadores buscan reabrir canales de diálogo institucional y presionar al Congreso para que avance una ley de financiamiento que proteja el presupuesto del hospital frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Un relevamiento de Zuban Córdoba muestra un fuerte deterioro en la percepción económica: el 65% siente que está peor que hace seis meses, mientras más del 50% teme por su empleo o ingresos. Crece la expectativa de nuevas protestas sociales.

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados arrojó resultados inquietantes para el gobierno nacional. El 65,1% de los encuestados manifestó que su situación económica personal se ha deteriorado en los últimos seis meses, mientras que un 54,2% aseguró no poder cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.

La percepción de malestar económico no se limita al presente: un 58,3% de los consultados cree que este clima podría derivar en manifestaciones o cacerolazos en el corto plazo. En tanto, el 64,8% opinó que la gestión de Javier Milei está profundizando la desigualdad social.

La encuesta también refleja un bajo nivel de ahorro entre la población: solo el 14,7% logra guardar dinero al final del mes. El resto debe destinar todo lo que gana al consumo o recurrir al endeudamiento.

En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos, salud y servicios, el “ajuste virtuoso” promovido por el Ejecutivo parece haber perdido respaldo simbólico. El termómetro del humor social, hoy, pasa por el bolsillo.

En abril de este año, la ministra de Seguridad calificó públicamente a Tim Ballard como “un abusador”. Ayer, se conoció un video del ministro de Justicia con el polémico ex agente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó públicamente a Tim Ballard, conocido por liderar campañas internacionales contra la trata infantil y por ser inspiración de la película “Sound of Freedom”, como “un abusador”. En una entrevista grabada en abril para NG Federal, Bullrich afirmó que Ballard tiene “23 causas por abuso” y que fue expulsado de todas las organizaciones en las que participó. Además, aseguró que el Gobierno argentino rechazó recibirlo: “Querían que lo reciba el presidente y le dijimos que no, porque este Gobierno no puede recibir a un abusador”.

Las declaraciones volvieron a tomar fuerza tras la filtración de un video en el que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece gestionando reuniones con jueces, legisladores y medios para instalar la figura de Ballard en Argentina. En la grabación, el funcionario incluso ofrece un borrador de proyecto de ley inspirado en la película “Sound of Freedom” y propone una estrategia mediática para “cambiar ese malentendido”.

Bullrich sostiene que las denuncias contra Ballard son numerosas y contundentes, aunque fuentes judiciales estadounidenses indican que solo había seis causas activas en Utah, muchas de las cuales fueron desestimadas. En algunos casos, las denunciantes debieron pagar costas judiciales. Este contraste deja en evidencia tensiones dentro del oficialismo y dudas sobre la rigurosidad con la que se manejó la información oficial.

El escándalo desató una interna en el Gobierno y generó fuertes críticas en la opinión pública. Mientras Ballard intenta avanzar con la instalación de su fundación en el país, crecen los cuestionamientos sobre el rol del ministro de Justicia y la posible utilización del aparato estatal para beneficiar a una figura polémica, fuertemente vinculada a sectores ultraconservadores de Estados Unidos.