El puntero libertario conocido como el “Nene” Vera, admitió que se fue del acto de Milei en su Audi descapotable y que debe 600 mil pesos en multas.

Lejos de encarnar la promesa de “terminar con la casta”, el puntero libertario Ramón “Nene” Vera quedó en el centro de la polémica tras admitir que abandonó el acto de Javier Milei en Moreno a bordo de su Audi A3 descapotable, un vehículo de lujo que, además, acumula casi 600 mil pesos en multas impagas.

El legislador bonaerense de La Libertad Avanza y con sospechas de vínculos con barrabravas, reconoció en una entrevista que el auto que maneja tiene al menos diez infracciones: siete por eludir barreras de peaje, dos por exceso de velocidad y una por estacionar en forma indebida. “Son de 200 mil pesos, no sé, es muchísimo”, intentó relativizar, aunque los registros oficiales de la Ciudad de Buenos Aires detallan que la deuda asciende a casi 600 mil.

El dirigente justificó su situación destacando que su coche es un modelo 2011 que “no vale más de 12 mil dólares”. Sin embargo, en el mercado un Audi A3 cabriolet similar al suyo se cotiza en torno a los 29.500 dólares.

Vera, que en 2023 llegó a la Legislatura bonaerense de la mano del armador provincial de LLA Sebastián Pareja, fue el encargado de organizar parte del acto de Milei en Moreno, un distrito gobernado por el peronismo y considerado hostil para los libertarios. Su hija, Andrea Vera, también tiene protagonismo en la política local: fue candidata a intendenta en 2023 y, en el cierre de campaña, ofició de anfitriona del evento en el club Villa Ángela.

El rol del “Nene” en el operativo también generó suspicacias por la aparición de presuntos barras de River en la previa del acto, algo que él intentó desmentir pese a haber sido visto junto a una valla por donde ingresaron militantes con bombos y redoblantes.

Con su Audi descapotable cargado de multas y su pasado zigzagueante en la política que decantó finalmente en el mileísmo, la figura de Vera parece contradecir la narrativa de lucha contra la “casta” que el oficialismo libertario dice representar.

El Banco Central, bajo la conducción de Santiago Bausili, mantiene una firme resistencia a entregar a la Auditoría General de la Nación (AGN) la documentación sobre dos de las operaciones más sensibles de la actual gestión: el traslado al exterior de las reservas en oro y el préstamo repo firmado con bancos internacionales.

En la AGN advierten que esta negativa despierta serias sospechas sobre el verdadero alcance de ambas operaciones y, en particular, sobre las millonarias comisiones que habrían quedado ocultas. “Todos sabemos que las comisiones de los créditos son los grandes negocios de los ministros”, señaló al portal LPO un operador financiero con larga experiencia en este tipo de contratos.

Las auditorías buscan esclarecer dos movimientos clave. Por un lado, el repo por 2.000 millones de dólares acordado en diciembre de 2024, en el que se pusieron como garantía los Bopreales, bonos diseñados para importadores. Por otro, el enigmático traslado de varias toneladas de lingotes de oro al extranjero, sin información precisa sobre destino, operación realizada ni rentabilidad obtenida.

El tema no es menor: se trata de decisiones que comprometen tanto las reservas como la credibilidad del Banco Central. La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, recuerda que la ley le otorga plenas facultades para requerir información y auditar este tipo de transacciones. Sin embargo, Economía y el Central se muestran reticentes y herméticos.

Los antecedentes generan más inquietud. En los repos, los bancos internacionales reciben bonos en garantía a cambio de dólares líquidos, pero esas operaciones suelen incluir comisiones desmedidas, cláusulas poco transparentes y un alto costo para el país. En este caso, la garantía fueron los Bopreales, hipotecando así un instrumento sensible para el comercio exterior.

En paralelo, el oro sigue rodeado de incógnitas: la auditoría exige detalles básicos como cuántas toneladas se enviaron, a qué destino, bajo qué condiciones y con qué rendimiento. Nada de eso fue aclarado hasta ahora, y el Banco Central se limita a esquivar preguntas. Consultados por LPO, sus voceros se limitaron a una frase lacónica: “No tenemos ninguna declaración para hacer”.

Con cada negativa, crece la percepción de que el gobierno busca ocultar la letra chica de operaciones que impactan directamente sobre los recursos estratégicos del país.

El presidente redujo su agenda en Estados Unidos y canceló reuniones clave, mientras crecen las tensiones por las denuncias de corrupción que golpean a su entorno más cercano. La gira se limitará a Los Ángeles, con regreso anticipado para las elecciones bonaerenses.

Javier Milei partió anoche hacia Estados Unidos en el marco de una visita oficial recortada por la situación política interna. El mandatario, que viajó en plena tormenta por las acusaciones de coimas en su gobierno, permanecerá solo en Los Ángeles y volverá antes de lo previsto para estar en el país durante las elecciones legislativas bonaerenses.

El esquema inicial incluía encuentros en distintas ciudades, pero finalmente se concentró en una agenda reducida que abarca reuniones con empresarios e inversores, además de una cena de trabajo con su ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador Alejandro Oxenford. Las citas en Washington, vinculadas al programa de exención de visas para argentinos, fueron canceladas, lo que alimentó rumores de fricciones diplomáticas con la administración estadounidense.

También quedó afuera del itinerario la escala en Las Vegas, donde estaba anunciada la presencia de Milei en un show de Fátima Florez, su expareja. La comitiva presidencial alegó motivos organizativos para justificar el cambio, aunque la explicación generó dudas en medio de la polémica por el uso de recursos públicos y la oportunidad política del viaje.

El viaje ocurre en un momento crítico para el oficialismo. El escándalo de presuntas coimas, que involucra a funcionarios del círculo íntimo presidencial, domina la agenda pública y golpea la imagen del gobierno. En este contexto, Milei busca mostrar presencia en Buenos Aires de cara a los comicios del domingo, considerados un test clave para medir el respaldo ciudadano a su gestión tras casi dos años de mandato.

La iniciativa coincide con un contexto de máxima tensión entre el Gobierno y el periodismo por la difusión de audios que involucran a Karina Milei en la trama de las coimas, así como el avance de otras causas que golpean de lleno al núcleo del Gobierno.

El Gobierno, por impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propuso en el Consejo de Mayo derogar el Estatuto del Periodista Profesional, una norma vigente desde hace 80 años que protege a los trabajadores de prensa frente a despidos al establecer indemnizaciones más altas. La iniciativa respondió a un reclamo histórico del Grupo Clarín, principal opositor a la norma desde su sanción.

El planteo, realizado en julio pasado bajo un acuerdo de confidencialidad, recibió el respaldo del presidente de la UIA, Martín Rappallini, pero fue rechazado por Gerardo Martínez (CGT) y tampoco contó con el aval del secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex asesor del Grupo Techint.

El Estatuto, creado en 1944 por impulso de Juan Perón y ratificado por ley en 1946, regula condiciones laborales, categorías, descansos y vacaciones de los trabajadores de prensa. Su capítulo más cuestionado por las patronales es el que garantiza la “estabilidad del periodista profesional”, al establecer indemnizaciones reforzadas frente a despidos sin causa: además de los pagos habituales, otorga una compensación especial equivalente a seis meses de sueldo.

La propuesta de Sturzenegger se inscribe en la misma línea de reformas laborales contenidas en el DNU 70/23 y la ley Bases, frenadas en parte por la Justicia. Aunque no volvió a tratarse en el Consejo de Mayo, su sola mención expone la sintonía entre la administración libertaria y los grandes medios, en especial Clarín, en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno y el periodismo.

A horas de una elección clave, el Senado debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazado en Diputados. La oposición busca imponer su mayoría y limitar además el uso de DNU, en un nuevo revés para el gobierno de Milei.

A pocas horas de una elección clave, el Senado se prepara para dar un duro revés al Gobierno de Javier Milei. Este jueves discutirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya había sido rechazada en Diputados y que había obtenido más de dos tercios de los votos en la Cámara Alta hace un mes. La ley declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con actualización automática del nomenclador de prestaciones según IPC, recomposición de aranceles a partir del 1° de diciembre y actualización mensual de las pensiones no contributivas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal será mínimo, entre 0,28% y 0,51% del PBI.

Además, la oposición avanzará con un proyecto para limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el mecanismo favorito de Milei para esquivar al Congreso. El texto establece que cada DNU deberá ser tratado por el Parlamento en un plazo máximo de 90 días y que bastará el rechazo de una sola cámara para dejarlo sin efecto. Carlos Linares, senador de Unión por la Patria, afirmó: “Si un decreto es rechazado, no puede volver a dictarse uno similar durante un año; estamos recuperando el control del Congreso”. La norma también permitirá que ambas cámaras traten los DNU incluso durante el receso parlamentario.

El Senado es un territorio hostil para el oficialismo. En la última sesión, el Gobierno solo contó con el respaldo de sus seis senadores y tres aliados: Carmen Rivero, Martín Goerling Lara (PRO) y Carolina Losada (UCR). Los 33 senadores de Unión por la Patria lograron sumar aliados claves como Pablo Blanco, Martin Lousteau y Guadalupe Tagliaferri para alcanzar los 37 votos necesarios para el quórum. Como señaló Linares: “No podemos permitir que un presidente actúe como si la ley no existiera; estamos defendiendo la institucionalidad y la democracia”.

En paralelo, la interpelación a Karina Milei por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad fue postergada. La iniciativa, presentada por el senador Sergio Leavy y acompañada por María Teresa González y Carlos Linares, buscaba citar a la secretaria General de la Presidencia por su supuesta vinculación con el 3% de retornos denunciados en los audios difundidos recientemente. La decisión de posponer el tratamiento responde a la necesidad de no poner en riesgo los apoyos para aprobar el rechazo del veto. La sesión de este jueves también incluirá tratados internacionales y modificaciones al Régimen de Retiro Anticipado del Senado.

A pocos días de las elecciones legislativas, la provincia de Buenos Aires vuelve a convertirse en el epicentro de la disputa política. Los sondeos más recientes coinciden en señalar un escenario polarizado entre Fuerza Patria, el frente peronista, y La Libertad Avanza (LLA), aunque difieren en la magnitud de la ventaja.

Según la consultora Aresco, con más de 6.000 casos relevados, el peronismo lidera con un 41,7 %, mientras que la fuerza libertaria se ubica muy cerca con 39,5 %, una diferencia de apenas dos puntos. El estudio muestra al PJ fuerte en el conurbano sur —donde alcanza casi el 47 %— y a Milei más competitivo en el interior de la provincia.

Otros relevamientos trazan panoramas similares. CB Consultora le otorga al peronismo un 41,3 % frente a 39,1 % de LLA, mientras que Proyección Consultores achica aún más la brecha: 38,1 % contra 37,3 %. En cambio, Opinaia y Isasi-Burdman registran paridad en el global, con un Milei mejor posicionado en la Primera Sección y el PJ imponiéndose en la Tercera, territorio históricamente peronista.

En contraste, un sondeo de Nueva Comunicación (NC) plantea un escenario mucho más favorable al peronismo, con un 42,6 % frente a un debilitado 33,8 % de LLA, una diferencia cercana a los nueve puntos. También el consultor Roberto Corne, en una encuesta online posterior al caso Spagnuolo, ubica al PJ con un 44 % contra 35 % del oficialismo, reflejando el impacto político de ese escándalo.

La conclusión que se desprende de este mosaico es clara: más allá de las diferencias de metodología y momento de recolección de datos, todas las encuestas confirman la polarización absoluta entre el PJ y Milei en la provincia. La incógnita pasa por el margen: si la pelea se definirá voto a voto o si el peronismo logrará consolidar una ventaja más amplia sobre el oficialismo.

El PAMI atraviesa un nuevo escándalo tras la revelación de graves irregularidades en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas. La investigación apunta a sobreprecios de hasta diez veces por encima del valor de mercado y a un entramado de negocios que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su operador de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

Hasta mediados de este año, los médicos oftalmólogos adquirían los insumos directamente a proveedores a valores que rondaban los $35.000 por unidad. Pero desde agosto, el PAMI decidió centralizar las compras a través de la Licitación Pública 12/25, con un presupuesto de más de $80.000 millones anuales. Tras ese cambio, el organismo comenzó a pagar entre $150.000 y $300.000 por cada lente, es decir, de 5 a 10 veces más que el precio real. Ejemplos concretos confirman la maniobra: Implantec S.A. vendió a médicos un producto por $24.800, pero lo facturó al PAMI en $162.166; Visión Médica S.A. cotizó lentes a $28.249 y los colocó al instituto en $279.704; y otra firma, MSZ, presupuestó a $32.000 un lente que terminó cobrándose en $177.939.

Los efectos de este esquema no solo golpean las arcas públicas: también repercuten en miles de jubilados que vieron postergadas sus cirugías por las demoras en las entregas, generando malestar y denuncias en distintas sedes del país. Sindicatos como ATE señalaron que la maniobra implica un sobreprecio del 600 %, mientras que profesionales de la salud alertan por la caída en la calidad del servicio.

El caso tomó un cariz político cuando trascendieron audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se menciona que Karina Milei y Lule Menem habrían recibido coimas de entre 500 y 800 mil dólares mensuales, canalizadas a través de la Droguería Suizo Argentina. La Justicia ya dispuso 14 allanamientos en distintas delegaciones del PAMI y amplió la investigación a maniobras que incluyen afiliaciones truchas y retornos de salarios. Todo configura un escándalo que, además de poner en jaque a la gestión del organismo, deja en el centro de la tormenta a la mesa chica del Gobierno libertario.

El periodista Pablo Carrozza y el Duka revelaron que integrantes de la barra de River participaron en el acto de Javier Milei en Moreno. Señalaron que hubo encapuchados, acomodadores ligados a la política y un operativo que contó con conocidos referentes de las hinchadas.

El periodista Pablo Carrozza denunció junto al Duka que en el acto de Javier Milei realizado en Moreno hubo presencia de barras de River. “Hoy estaba el uno y el dos de la barra de River. Algunos conocidos aparecieron encapuchados. Me mandaron mensajes desde la propia hinchada: ‘haciendo de culata en Moreno, cagones vendepatria’”, relató Carrozza en su transmisión.

Según los testimonios, los barras no sólo estuvieron presentes sino que cumplieron tareas de “seguridad” en el acto. “Lo que me dijeron fue: fuimos a trabajar, cuidamos lo que teníamos que cuidar. Pero un seguridad no va con capucha. Es evidente que fueron convocados con otro objetivo”, remarcó el periodista, cuestionando el rol de la ministra Patricia Bullrich: “Espero que mañana saque un comunicado reconociendo que en el acto de La Libertad Avanza había barras”.

Carrozza identificó además a Marcelo García y al “Nene” Vera como figuras que habrían organizado el ingreso y acomodamiento de los grupos. “Estuvieron vinculados al PJ y hoy trabajan para La Libertad Avanza. Se los vio dirigiendo a los muchachos, diciendo por dónde entrar. Es gente de la política que hoy se pone al servicio del gobierno”, apuntó.

El episodio generó incluso tensiones internas en la propia barra. Carrozza reveló que recibió mensajes de líderes de la hinchada de River indignados por la presencia de sus pares en un acto político. “Hoy se rompieron Los Borrachos del Tablón por este tema. La propia gente de River les soltó la mano”, contó. Y cerró: “El gobierno que llegó prometiendo combatir a las barras ahora las lleva a sus actos. Hace todo lo que dijo que no iba a hacer”.

Viviana Aguirre, diputada provincial suplente de La Libertad Avanza y ex funcionaria de la delegación platense de PAMI, denunció que fue echada del organismo tras negarse a pagar retornos y firmar papeles ilegales. Además, aseguró que este domingo votará al peronismo.

Viviana Aguirre, diputada provincial suplente de La Libertad Avanza, ex funcionaria en la delegación platense de PAMI, dialogó con Felicitas Bonavitta y equipo de Bonavitta en 530 (AM 530 – Somos Radio). De cara a las elecciones legislativas del domingo, la legisladora oficialista sorprendió al asegurar: “Este domingo voy a votar al peronismo”.

En la entrevista, Aguirre relató que su paso por PAMI terminó abruptamente luego de negarse a cumplir con exigencias ilegales. “Me citaron en una oficina y me dijeron: ‘tenés que dar un millón de pesos de tu sueldo, firmar papeles ilegales e ingresar gente de La Libertad Avanza sin licitación’. Yo les respondí que no lo iba a aceptar”, denunció. Según contó, el pedido fue directo: entregar el dinero en un sobre todos los meses.

La ex funcionaria detalló que la maniobra tenía que ver con sobreprecios en insumos y contratos irregulares. “Hablamos de pañales, de ópticas, de medicamentos. Todo arreglado en PAMI Central, nosotros solo debíamos firmar. Como nunca firmamos nada, nos echaron a los cuatro meses”, explicó. Aguirre aseguró haber recolectado pruebas y presentado la denuncia en febrero de 2024, aunque enfrentó obstáculos para que la Justicia la tomara.

Más adelante, reveló que recibió amenazas y vive bajo protección. “Tengo botón antipánico, me filmaban la casa, al principio tuve miedo, pero uno tiene que denunciar cuando ve corrupción”, afirmó. En ese marco, cuestionó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyos audios sobre coimas salieron a la luz recientemente: “Hace un año que existen esos audios y él nunca fue a la Justicia. Yo sí denuncié”.

El Presidente acusó al kirchnerismo de intentar “destruir el plan económico o incluso matarlo”, en un intento desesperado por desviar la atención del escándalo que involucra a su hermana y a la cúpula de Casa Rosada.

En medio del escándalo por los audios que comprometen a Karina Milei en maniobras poco claras, el Gobierno volvió a apostar a la sobreactuación y la denuncia altisonante. Esta vez fue el propio presidente Javier Milei quien, en una entrevista con Louis Sarkozy, lanzó acusaciones que rozan lo inverosímil: aseguró que el kirchnerismo no solo busca frenar leyes en el Congreso o alentar protestas, sino que incluso estaría dispuesto a atentar contra su vida.

La jugada, que llega tras el intento oficial de censurar a periodistas y medios por difundir grabaciones de la secretaria de la Presidencia, refleja un patrón cada vez más evidente: correr el eje de la discusión pública para evitar que se hable del corazón del problema, la corrupción en las altas esferas del Gobierno.

El jefe de Estado habló de “todo o nada” y anticipó que el kirchnerismo quedará “herido de muerte” después de las próximas elecciones. Sin embargo, la escalada discursiva exhibe más un intento de supervivencia política que una estrategia racional. A medida que crece el malestar social y la economía se desangra, el presidente apela a un libreto dramático que lo presenta como víctima de conspiraciones.

El contraste es evidente: mientras Milei fantasea con un supuesto magnicidio, la que sí sufrió un ataque real fue Cristina Fernández de Kirchner en 2022, cuando un atacante le gatilló en la cabeza frente a su domicilio. El presidente, en cambio, utiliza esa narrativa como recurso para evadir responsabilidades por la crisis y por los manejos oscuros de su propio entorno.

Pero la reiteración del mismo mecanismo —montar un escándalo nuevo para tapar el anterior— muestra señales de desgaste. En el Congreso avanzan los pedidos de informes sobre contratos, licitaciones y vínculos poco claros de funcionarios cercanos a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En paralelo, las encuestas reflejan una caída sostenida de la imagen presidencial.

Lejos de transmitir fortaleza, el recurso de presentarse como víctima de una supuesta conspiración mafiosa deja en evidencia un gobierno que ya no logra controlar la agenda pública y que recurre al dramatismo religioso como último recurso. La frase de Milei —“Si Dios nos acompaña”— termina sonando más como ruego desesperado que como convicción de liderazgo.