Así lo aseguró la ex presidenta en un discurso que brindó desde su casa para toda la Plaza de Mayo. En un comienzo se escuchó en un mensaje pregrabado, y más tarde habló en vivo.

La Plaza de Mayo volvió a ser el epicentro de una manifestación masiva del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El acto convocado por el Partido Justicialista no solo mostró una reactivación del músculo militante, sino que tuvo como centro un mensaje inesperado: la ex presidenta, desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, habló primero a través de un audio grabado y, cuando todo parecía haber concluido, reapareció en vivo para cerrar el acto con un discurso que mezcló emoción, denuncia y promesa de retorno.

En la primera parte, CFK eligió un tono irónico y sereno para hablar desde el encierro forzado que le impuso la Corte. “Estoy en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. ¡Dios mío, qué cachivaches que son!”, lanzó, arrancando aplausos y risas entre la multitud. Agradeció luego las muestras de afecto que recibió frente a su casa y en todo el país. Pero fue cuando evocó el “Vamos a volver” que el clima cambió. “Ese país que supimos construir, con trabajo, con libros en las escuelas, con jubilados con remedios, no fue una utopía: lo vivimos durante doce años y medio. Y además lo dejamos desendeudado”, recordó con tono firme.

El mensaje grabado no eludió el contexto actual: criticó con dureza el modelo económico que encarna Javier Milei, al que comparó con los planes de ajuste de Martínez de Hoz y Cavallo. “Este modelo se cae. No solo porque es injusto, sino porque es insostenible”, advirtió. “Y lo peor es que el verdadero poder económico también lo sabe. Por eso estoy presa”, denunció. Y agregó una definición política clave: “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”.

Cuando todo parecía haber llegado a su fin, CFK volvió a tomar la palabra. Esta vez en vivo, sorprendiendo a los presentes con un nuevo tramo del discurso, mucho más visceral y directo. Fue ahí donde lanzó uno de los pasajes más citados de la jornada: “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje; sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando”. La aparición en tiempo real redobló la carga emotiva del acto: no era solo un mensaje desde el encierro, era una dirigente política presente, pese a todo.

El cierre tuvo el tono épico que suele imprimir la ex mandataria en sus discursos finales. “Yo no sé qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal. Pero sí sé algo: ya he pasado por casi todo en esta vida, incluso un intento de asesinato”, remarcó. Y enseguida volvió al núcleo de su promesa política: “Vamos a volver. Y vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza”. Fue la ratificación de una continuidad, incluso desde la trinchera doméstica a la que intentan confinarla.

“Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Los pueblos, finalmente, siempre vuelven”, concluyó CFK, entre los cánticos de la multitud. La escena condensó varios planos: la resistencia judicial, la denuncia económica, la reapropiación de Plaza de Mayo como escenario y la reconstrucción de un liderazgo que, pese a la proscripción, se rehúsa a desaparecer. La pregunta que resonó después fue inevitable: si no puede competir, ¿quién llevará esa bandera? Cristina, otra vez, marcó el ritmo.

En la autopista Riccheri se produjo este miércoles 18 de junio un hecho bochornoso cuando uniformados bajo órdenes de Patricia Bullrich detuvieron y requisaron micros escolares que llevaban chicos a visitar el planetario.

El operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, volvió a generar repudio y preocupación por su carácter desproporcionado e intimidante. En una nueva jornada de movilización en apoyo a Cristina Kirchner, las fuerzas federales no solo frenaron colectivos de manifestantes y aplicaron requisas sistemáticas, sino que llegaron al extremo de detener dos micros escolares repletos de niños que simplemente se dirigían a una visita educativa al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio ocurrió sobre la autopista Riccheri y fue captado por cámaras de televisión. Los efectivos interrumpieron el trayecto de los escolares, bajaron a los niños, inspeccionaron el vehículo y realizaron controles que nada tenían que ver con la marcha en curso. El hecho generó indignación en redes sociales y entre dirigentes políticos, que denunciaron el uso desmedido de las fuerzas de seguridad como herramienta de amedrentamiento masivo.

“No solo se trata de frenar colectivos con manifestantes: ahora detienen micros escolares con chicos que van de excursión. ¿Hasta dónde piensan llegar?”, cuestionaron desde diversos espacios políticos. La organización La Cámpora también denunció que Gendarmería Nacional intercepta colectivos en todo el país, se sube a las unidades, toma fotografías, exige documentos, realiza requisas y hasta se queda con los listados de pasajeros.

La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, repudió enérgicamente lo sucedido: “Jueces y fiscales que cobran miles de pesos: ¿no hay uno que se anime a decir ya mismo que Bullrich no puede estar requisando hasta los colectivos con niños y niñas?”

Desde el Gobierno intentaron justificar el operativo como parte de “controles de rutina”, pero la magnitud del despliegue —que incluyó retenes en los accesos a la ciudad, fotografías forzadas, y pedidos de datos sin causa— pone en duda cualquier narrativa de normalidad. Lo sucedido con los colectivos escolares expone con crudeza el nivel de autoritarismo que se está normalizando bajo la gestión de Bullrich, donde ni la infancia queda exenta del control y la sospecha.

La Policía requisó micros en la Riccheri, decomisó pertenencias personales y aplicó controles arbitrarios a militantes que se dirigían a la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich volvió a aplicar su “protocolo represivo” con el aval del Gobierno nacional. La Casa Rosada, además, anticipó descuentos salariales a los empleados públicos que se sumen a la protesta.

Con un despliegue propio de un Estado de excepción, el Gobierno nacional activó esta mañana un operativo de amedrentamiento contra manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo para participar de la convocatoria del PJ en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de fuerzas federales interceptaron micros en la Autopista Riccheri, aplicaron requisas arbitrarias y realizaron controles de alcoholemia a choferes sin ninguna justificación legal.

Testimonios de militantes señalaron decomisos injustificados de objetos personales y retención de vehículos sin orden judicial. “Quieren evitar que lleguemos a la marcha. Nos revisaron todo sin decir por qué, como si fuéramos delincuentes”, denunció uno de los militantes.

La medida forma parte de la aplicación estricta del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bajo la excusa del orden público convierte cualquier expresión política en un acto sospechoso. La Plaza de Mayo amaneció completamente vallada y con un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se anticipó también un cerco policial en las inmediaciones del Congreso, donde se movilizan todos los miércoles jubilados y pensionados.

Como parte de la escalada persecutoria, el Ejecutivo anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro y participen de la marcha. La convocatoria, impulsada por el PJ tras conocerse la prisión domiciliaria contra Cristina, denuncia una estrategia de proscripción política y persecución judicial contra la principal figura del peronismo.

La marcha se espera masiva, con epicentro a partir de las 14 horas. Para el oficialismo, sin embargo, el verdadero problema no es el tránsito ni la logística: es que el pueblo vuelva a las calles. Y ese pueblo, pese a las amenazas, volvió.

Organizaciones sociales y comunidades indígenas impulsan una semana de actividades que combinan reclamos por justicia, apoyo a Cristina Fernández y rechazo a la reforma constitucional jujeña.

A dos años del estallido social conocido como el Jujeñazo, organizaciones sociales, referentes culturales y comunidades originarias despliegan en Jujuy una serie de actividades bajo la consigna “La calle no calla”, que busca mantener viva la memoria de la represión de 2023 y denunciar la continuidad de causas judiciales contra manifestantes. La agenda también incorpora el rechazo al fallo judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se pronuncia en defensa de la democracia.

La Multisectorial jujeña, una de las principales impulsoras de las jornadas, convoca a una asamblea popular este miércoles a las 17 en la plaza Belgrano, con el objetivo de preparar la Marcha de las Antorchas del jueves a las 19, el acto central de la conmemoración. En paralelo, comunidades indígenas han iniciado una caminata desde la puna y la quebrada hacia la capital provincial, donde serán recibidas con apoyo logístico de la Facultad de Humanidades de la UNJu.

“Nos mantenemos firmes porque las heridas de esa represión no cerraron: hay personas mutiladas, judicializadas y perseguidas. El museo vivo que preparamos es para mostrar que la lucha continúa”, explicó la actriz y militante Nadia Ruge, quien integra la Multisectorial.

En la marcha del jueves, se exhibirán banderas, fotos y testimonios del llamado Jujeñazo, en un formato de exposición itinerante que mezcla arte, memoria y denuncia. La actividad concluirá con intervenciones culturales y música en vivo en la misma plaza donde se desarrollaron las protestas de 2023.

La agenda de actos también rememora el Día de la Resistencia Indígena, con una ceremonia realizada este martes en Purmamarca, donde hace dos años la policía provincial reprimió brutalmente a comunidades que cortaban la ruta en rechazo a la reforma constitucional. “Lo que pasó ese día fue una marca de fuego. Recordarlo es una forma de seguir resistiendo”, afirmaron referentes originarios.

El lema de la convocatoria sintetiza el espíritu de la semana: “Arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma. No a la proscripción y cárcel de CFK, el ajuste y la represión de Milei”. Una consigna que enlaza las luchas territoriales con el reclamo por garantías democráticas y justicia social.

Finalmente, la movilización de hoy será a Plaza de Mayo con la consigna “Argentina con Cristina”. La cita será a las 14 en el mismo lugar donde el 17 de octubre de 1945 miles de “descamisados” marcharon para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. Otra vez, el odio antiperonista decidió avanzar contra un líder popular al que consideran molesto para sus intereses.

Se espera una movilización masiva con la presencia de más de medio millón de personas. Solo Cristina y el peronismo pueden hacer una movilización de esas características en Argentina. Marchará todo el peronismo, gobernadores, intendentes del interior, sindicatos, movimientos sociales, sectores progresistas e independientes.

Con una condena insólita, sin ninguna prueba, la justicia decidió condenar a Cristina y proscribirla de por vida. Según todas las encuestas, se espera un triunfo arrollador de CFK sobre La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, donde Cristina iba a presentarse. La justicia prefirió evitar ese triunfo con una proscripción.

La caída del consumo no para y ya cae en todas las provincias del país. En distritos como Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, directamente se habla de caídas históricas. “El poder adquisitivo de la gente está bajísimo, por más que se bajen los precios”, advirtió Daniel Occhionero, presidente del Mercado Frutihortícola de Santiago del Estero.

Maximiliano Beigbeder, de Corrientes y presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA, calificó el escenario como “paupérrimo”, durante una entrevista en Radionord y reveló que en mayo la caída interanual del consumo osciló entre un 10% y un 12%. “Pero lo más alarmante es que ya no se trata sólo de productos de lujo o prescindibles, sino también de alimentos básicos como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados”, sostuvo.

Desde que asumió Milei, los ingresos populares cayeron debido a un retroceso de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Ese retroceso en el poder adquisitivo de millones argentinos explica la caída en las ventas, a pesar del discurso eufórico de un gobierno libertario que no logra hacer que la actividad mejore, salvo en algunos sectores vinculados especialmente a la especulación rentística.

El juez Jorge Gorini notificó a Cristina Fernández de Kirchner por Zoom y evitó así una masiva movilización frente a Comodoro Py. Los fiscales Luciani y Mola se habían opuesto al beneficio.

La Justicia federal resolvió este martes que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución , ubicado en San José 1111. El magistrado Jorge Gorini , integrante del Tribunal Oral Federal 2, hizo lugar al pedido presentado por sus abogados y dispuso que la expresidenta inicie el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria , una medida que busca evitar su detención en una cárcel común y que fue recibida como un alivio por el peronismo y sectores kirchneristas.

Gorini notificó personalmente a CFK a través de una audiencia virtual por Zoom, un paso clave para desactivar la movilización prevista para este miércoles frente a los tribunales de Comodoro Py, donde miles de seguidores habían anunciado que la acompañarían en su llegada.

El tribunal impuso además una serie de condiciones que deberá cumplir la exmandataria durante el cumplimiento de la pena. Entre ellas, permanecer en el domicilio fijado salvo excepciones debidamente justificadas , no alterar la tranquilidad del barrio y presentar en 48 horas una nómina de las personas autorizadas a ingresar al lugar, incluyendo familiares, custodia, médicos y abogados.

Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica tendrá la tarea de colocar un dispositivo de vigilancia electrónica , mientras que la supervisión del cumplimiento de la pena quedará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con informes cada tres meses.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, principales impulsores del fallo condenatorio contra CFK, se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria. Sostuvieron que no existen razones médicas ni de seguridad que lo justifiquen, pese a que la expresidenta cuenta con custodia permanente por parte de la Policía Federal, algo que obliga a cualquier institución penitenciaria a garantizar niveles altos de seguridad que implican costos logísticos y riesgos operativos.

El argumento de los fiscales se repitió en otro caso vinculado: el del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, también condenado en esta causa. A pesar de tener 80 años y un estado de salud delicado, los fiscales se habían opuesto a concederle la prisión domiciliaria sin esperar el resultado de informes médicos, algo que finalmente sí se aplicó a CFK.

En su defensa, el equipo legal de la expresidenta esgrimió múltiples razones. La edad (72 años), la necesidad de custodia permanente, y el hecho de haber sido víctima de un intento de magnicidio durante el proceso judicial fueron algunos de los fundamentos utilizados. En ese sentido, su abogado, Alberto Beraldi, señaló que “lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal”, y recordó que Gerardo Milman, ex mano derecha de Patricia Bullrich, está imputado por presunto vínculo con el atentado .

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había trabajado en las últimas horas para evitar la marcha prevista para este miércoles. Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo confirmaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , expresó públicamente la idea de que CFK fuera notificada vía Zoom, algo que finalmente ocurrió. También trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio , habría mantenido conversaciones con jueces del TOF 2 con el objetivo de evitar una nueva concentración multitudinaria en apoyo a la expresidenta .

Para el oficialismo, una movilización de gran tamaño frente a Comodoro Py hubiera sido un escenario difícil de gestionar desde la narrativa política y mediática. La imagen de miles de personas respaldando a una condenada en sede judicial hubiera generado un impacto negativo para el gobierno, especialmente en la cobertura internacional.

Con la decisión del juez Gorini, ahora queda en manos de los organizadores decidir si dan por cancelada o modificada la convocatoria original. Mientras tanto, el debate político sigue abierto: ¿fue la prisión domiciliaria una medida de excepción basada en criterios objetivos? ¿O fue una concesión judicial para evitar disturbios y tensión social?

La central obrera repudió la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la calificó de injusta y se sumó a la concentración popular en defensa de la democracia de este miércoles frente al domicilio de Cristina.

A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner tras la notificación de la sentencia en su contra, y convocó a una concentración popular “que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria”.

En el texto, la central obrera se posicionó con claridad: “Los trabajadores y trabajadoras, estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, afirmaron, en referencia a la expresidenta, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue ratificada por la Justicia.

La CGT convocó a todos los gremios y trabajadores y trabajadoras que deseen sumarse a la manifestación como forma de expresar “convicción, pertenencia y solidaridad”, y habilitó a aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones propias a llevarlas adelante. “Quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen”, señalaron.

En su cierre, el comunicado deja una definición contundente: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”. La declaración lleva la firma del Consejo Directivo Nacional y está fechada el 17 de junio de 2025.

Los datos, relevados este mes por distintas consultoras, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

La condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner provocó un fuerte impacto en la opinión pública, reflejado en los resultados de dos encuestas nacionales realizadas por las consultoras Trespuntozero (Shila Vilker) y CB (Cristian Buttié). Los datos, relevados entre el 11 y el 12 de este mes, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

Según Trespuntozero, Cristina Kirchner alcanzó una imagen positiva del 40%, frente al 36,3% que registraba en la medición anterior. También creció el porcentaje de votantes que podrían llegar a respaldarla electoralmente: del 39% al 43,1%. Estos números sugieren un efecto rebote tras la condena, que logró movilizar a una parte del electorado que percibe la situación judicial como un acto de persecución política.

En paralelo, la encuesta de CB confirma el aumento de la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Al ser consultados sobre si los jueces fallan en base a pruebas o por presiones políticas y mediáticas, el 38,3% de los encuestados respondió que lo hacen por presiones, mientras que solo el 24,5% considera que se basan en las pruebas del juicio. Otro 35,5% cree que influyen ambas razones.

Además, el 49,6% de los encuestados opina que existe una “doble vara” en la Justicia argentina, al considerar que otros expresidentes o actuales funcionarios no son investigados con la misma intensidad que Cristina Kirchner. Solo el 34,3% cree que todos los dirigentes son tratados por igual ante la ley, y un 16% no dio respuesta.

Si bien el presidente Javier Milei mantiene el liderazgo en imagen positiva con un 52,2%, la revalorización de la figura de la expresidenta y el creciente cuestionamiento al accionar judicial ponen en evidencia una polarización cada vez más marcada entre kirchnerismo y antikirchnerismo, profundizando la ya instalada grieta en la política argentina.

A poco más de 16 meses del inicio de la gestión de Javier Milei, el país enfrenta una pérdida alarmante de casi 200.000 empleos registrados, una señal clara del profundo impacto que ha tenido el ajuste económico sobre el mercado de trabajo formal.

El llamado “efecto motosierra”, lejos de limitarse al gasto público, también alcanzó de lleno a los trabajadores formales. Según los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 195.674 empleos registrados. El derrumbe afecta al sector privado, al empleo público y al trabajo en casas particulares.

Un ajuste que se siente en todos los sectores

• Sector privado: -115.353 puestos
• Sector público: -58.210 puestos
• Casas particulares: -22.111 puestos
• Total: -195.674 empleos registrados menos

La caída del empleo formal no es uniforme, pero sí generalizada. El 59% de la pérdida se concentra en el sector privado, mientras que el 30% corresponde al empleo público y el 11% al trabajo doméstico. El ajuste, por tanto, golpea transversalmente al tejido laboral.

El monotributo como refugio de la precarización

En este contexto de contracción del empleo formal, el monotributo es el único régimen que muestra crecimiento, con casi 75.000 nuevos inscriptos entre noviembre y marzo. El avance de esta modalidad refleja un cambio estructural: muchos trabajadores migran hacia formas de contratación más flexibles, inestables y con menor cobertura de derechos laborales.

Estancamiento, salarios debilitados y un mercado que no se recupera

A pesar de una leve desaceleración en la caída del empleo formal durante el segundo trimestre de 2024, el mercado laboral continúa estancado. Las variaciones mensuales de empleo entre enero y marzo de 2025 fueron mínimas, y los niveles actuales siguen siendo los más bajos en dos años.

A este deterioro se suma el debilitamiento del salario real. Tras una recuperación parcial en el segundo semestre de 2024, los sueldos volvieron a perder fuerza en los primeros meses de 2025. El investigador Luis Campos lo resumió con crudeza: “El empleo formal está estancado en mínimos desde hace meses y la recuperación salarial ya se agotó. El mercado laboral necesita que alguien lo empuje”.