Con una suba del dólar que supera el 13% en julio, grandes compañías ajustaron precios entre un 3% y un 9% en productos de consumo masivo. Comerciantes y supermercados recibieron nuevas listas con incrementos generalizados.

La reciente escalada del tipo de cambio ya muestra impacto directo en los precios al consumidor. En los últimos días, empresas líderes del sector alimenticio, de higiene y limpieza enviaron nuevas listas de precios con aumentos que van del 3% al 9%, en respuesta a la suba del dólar libre, que en julio acumuló un alza superior al 13%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) confirmó que los nuevos valores fueron comunicados a cadenas de supermercados y comercios minoristas. Entre los principales ajustes, Arcor aplicó subas de entre el 3% y el 5%, Mondelez entre el 7% y el 9%, y Unilever estableció un incremento promedio del 8%.

También se sumaron aumentos del 7% en productos de Softys (Elite, Babysec, Ladysoft) y del 4% al 5% en alimentos de marcas como La Serenísima (Mastellone) y Danone. Las aceiteras General Deheza y Cañuelas, por su parte, remarcaron un 5%.

A esto se agregan subas del 7% en artículos de limpieza de SC Johnson y un incremento en el precio de los cigarrillos en los comercios de barrio, que ronda el 8%. Panificados, galletitas y harinas también comenzaron a moverse al alza.

Desde el sector supermercadista anticiparon que buscarán negociar con los proveedores para moderar los aumentos y acercarlos al 5%, aunque admiten que el escenario cambiario complica cualquier intento de contención.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había advertido públicamente contra las remarcaciones, asegurando que los consumidores no convalidarían los nuevos precios. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la falta de señales claras en la política monetaria están acelerando la dinámica inflacionaria.

En un nuevo episodio de la disputa interna, Mauricio Macri marcó su postura priorizando el apoyo a La Libertad Avanza, pese a sus diferencias.

Mauricio Macri afirmó que, aunque el PRO no comparta la ideología de La Libertad Avanza (LLA), su prioridad es “ayudarlos a gobernar” y buscar una posición dominante en la coalición. En declaraciones recientes, el expresidente enfatizó la necesidad de fortalecer la alianza para mantener poder en el gobierno, una estrategia que fue cubierta por Ámbito Financiero y otros medios.

Macri sostuvo que la fuerza del PRO reside en tener influencia en la toma de decisiones, incluso si eso implica convivir con posturas extremas de la derecha libertaria representada por Javier Milei y sus aliados. Este posicionamiento evidencia una clara intención de pactar con sectores que históricamente han sido cuestionados por su impacto social y económico.

📣 En diálogo con Radio Mitre, Mauricio Macri habló sobre el posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas.

🗣 “El riesgo país muestra la negativa del gobierno a dejarse ayudar”, aseguró el expresidente.

📹 @rodrigojorgeok pic.twitter.com/FOd3DqAXis

— Radio Mitre (@radiomitre) August 4, 2025

Especialistas políticos y analistas consultados advierten que esta postura puede generar tensiones internas y alejar a votantes moderados, al tiempo que legitima a un espacio político con discursos de ajuste y recorte de derechos. Desde sectores opositores señalan que Macri prioriza su rearmado político por encima de los intereses populares, consolidando una alianza que pone en riesgo conquistas sociales.

Este llamado a la unidad con La Libertad Avanza se da en medio de una fuerte disputa por el control del PRO y las decisiones estratégicas de cara a las próximas elecciones nacionales, donde la derecha busca ampliar su base con discursos que afectan a los sectores más vulnerables.

El jefe de Gobierno porteño instruyó a la Policía y al Ministerio de Seguridad para actuar contra quienes remuevan residuos de los contenedores y ensucien el espacio público, aplicando el artículo 94 del Código Contravencional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ordenó aplicar sanciones a las personas que remuevan residuos de los contenedores de basura. La medida fue comunicada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde detalló que la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad están instruidos para intervenir ante estas situaciones.

“Si detectan que alguien rompe o desparrama basura, deben pedirle que lo limpie; si se niega, que lo sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri. La decisión se enmarca en la supuesta intención de “mantener la limpieza del espacio público”, pero generó repudio inmediato en redes sociales y sectores sociales, por apuntar directamente contra personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato.
Si se niegan, que los sancionen según… pic.twitter.com/437CgfmYWv

— Jorge Macri (@jorgemacri) August 4, 2025

El instrumento legal citado por el Gobierno porteño es el artículo 94 del Código Contravencional, que establece sanciones de entre uno y quince días de trabajos comunitarios, o multas que van de 81 a 1.217 unidades fijas. Las penas se agravan si el hecho ocurre en espacios sensibles como hospitales, escuelas, monumentos o subtes.

La decisión llega en un contexto de crisis social creciente, donde cada vez más personas recurren a los contenedores para buscar alimentos o materiales reciclables. Mientras desde el Ejecutivo porteño se insiste en el discurso de “orden y limpieza”, la respuesta institucional frente al hambre y la exclusión vuelve a ser la persecución punitiva.

El BCRA reglamentó el Fondo de Cese Laboral, un nuevo mecanismo que reemplaza la indemnización por despido si lo establece el convenio colectivo.

El Banco Central de la República Argentina formalizó la reglamentación del Fondo de Cese Laboral, un esquema incluido en la Ley Bases y su decreto reglamentario, que habilita a reemplazar las indemnizaciones por despido tradicionales por un sistema de aportes mensuales anticipados a cuentas específicas. El nuevo modelo se podrá aplicar solo si está previsto en el convenio colectivo correspondiente.

El sistema consiste en cuentas especiales donde los empleadores depositarán un porcentaje del salario mensual, que luego será entregado al trabajador cuando finalice la relación laboral. Las cuentas pueden ser administradas por bancos, fideicomisos o fondos comunes de inversión, y están sujetas a supervisión del BCRA. También podrán tener aportes voluntarios del trabajador si lo permite el convenio.

El aporte patronal tendrá un tope del 8%, aunque en algunos sectores como la construcción podrá llegar al 12%, especialmente durante el primer año de implementación. Los fondos serán inembargables y tendrán el mismo tratamiento fiscal que una indemnización tradicional. Los trabajadores podrán consultar movimientos y saldos desde home banking o aplicaciones móviles.

La medida ya generó fuertes críticas de abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo, como Matías Cremonte y Luis Enrique Ramírez, quienes advierten que este sistema debilita los derechos laborales. En declaraciones a El Destape y Tiempo Argentino, Cremonte alertó que “la indemnización por despido es un derecho constitucional, y reemplazarla por un fondo administrado por entidades privadas representa un retroceso gravísimo”. Por su parte, Ramírez señaló que “con este mecanismo se traslada al propio trabajador el costo del despido y se desnaturaliza el principio protector del derecho laboral”.

Además, especialistas como Luis Roa, citado por iProfesional, advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo por inflación, el carácter especulativo de los instrumentos financieros involucrados, y la posibilidad de que “los fondos no estén disponibles cuando más se necesitan”. Aunque el régimen es formalmente optativo, existe temor a que se generalice por presión empresarial o flexibilización de convenios.

“Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra en Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti en una carta abierta dirigida al jefe del Estado difundida hoy.

Luego de un devastador accidente en la Ruta Nacional 19, en el que murieron cuatro personas —entre ellas tres menores—, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, lanzó un desesperado reclamo al presidente Javier Milei, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas en esa carretera nacional.

A través de una carta pública, Benedetti apuntó directamente al Gobierno nacional:
“¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?”, escribió con indignación, denunciando el abandono del tramo que une Córdoba con Santa Fe.

El jefe comunal describió como “deplorable” el estado de un tramo de 63 kilómetros de la Ruta Nacional 19, paralizado desde que el Gobierno libertario suspendió toda obra pública. Por esa ruta transitan 15 mil vehículos diarios y, según Benedetti, los accidentes no dejan de aumentar. Solo en los últimos meses, el hospital municipal tuvo que atender a 63 personas heridas en choques ocurridos en los sectores inconclusos.
“El promedio es un accidente cada tres días”, alertó el intendente, y recordó que entre enero y julio ya se registraron cinco muertes.

El último siniestro, ocurrido en la madrugada del domingo entre El Tío y El Fuertecito, fue el detonante de su reclamo: un Volkswagen Bora embistió a un Fiat 147 donde viajaban seis personas. Cuatro de ellas murieron —tres eran niños— y otras dos resultaron gravemente heridas.
“Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti conmovido.

El intendente radical, que días atrás ya había criticado abiertamente el ajuste libertario en una reunión con otros jefes comunales, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias del recorte nacional.
“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, había dicho en ese encuentro, reflejando la tensión de gobernar en municipios donde el apoyo a Milei fue contundente —en Arroyito, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo el 75% en el balotaje.

La situación no es aislada. Otros intendentes cordobeses también comenzaron a colocar carteles denunciando el abandono de las rutas nacionales, y la misma estrategia fue adoptada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, los gobernadores comenzaron a presionar para modificar el reparto de fondos federales, con el cordobés Martín Llaryora participando activamente en alianzas regionales con sus pares de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Mientras el país discute el rol del Estado en la infraestructura vial, el drama se cobra nuevas víctimas. El conductor del Bora, un joven de 19 años, fue detenido por la Justicia. Pero para Benedetti y su comunidad, la verdadera responsabilidad recae en un Estado ausente que, por decisión política, condena a miles de argentinos a transitar rutas que matan.

Compañías líderes del sector alimenticio, bebidas, limpieza y artículos de tocador comenzaron a notificar a supermercados y comercios minoristas una nueva lista de precios con aumentos que oscilan entre el 3% y el 9%.

La reciente escalada del dólar en Argentina ya comenzó a impactar directamente en los precios de productos esenciales. Las principales empresas alimenticias del país decidieron aplicar aumentos de hasta el 9% en sus listas, medida que comenzará a sentirse en góndolas desde este martes. La suba del tipo de cambio —que en julio acumuló más del 13% y marcó nuevos récords— desencadenó una ola de actualizaciones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal.

El traslado a precios no se hizo esperar: compañías líderes del sector como Arcor, Mondelez y Unilever ya notificaron a supermercados y comercios minoristas los nuevos valores. En promedio, los incrementos van del 3% al 9%, dependiendo de la marca y el rubro. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que agrupa a los principales fabricantes del sector, oficializó los ajustes a través de nuevas listas enviadas a las grandes cadenas.

Subas diferenciadas según empresa y producto

Entre los aumentos más altos se encuentran los aplicados por Mondelez —que comercializa marcas como Milka y Oreo— con subas de entre el 7% y el 9%. Le siguen Unilever, con un incremento promedio del 8% en productos de limpieza y cuidado personal, y Softys, que trasladará un 7% en papel higiénico, pañales y toallas femeninas.

En el sector alimenticio, Arcor ajustará entre un 3% y un 5%, mientras que Mastellone (La Serenísima) lo hará en un 4% y Danone en 3,5%. Aceitera General Deheza y Cañuelas aplicarán subas del orden del 5%, y SC Johnson, dedicada a productos de limpieza del hogar, anunció aumentos del 7%.

Impacto directo en comercios de cercanía

Los comercios barriales también comenzaron a actualizar precios, con incrementos que ya alcanzan hasta el 8% en productos como cigarrillos, harinas, panificados y galletitas. Desde el sector supermercadista aseguran estar negociando con los proveedores para moderar los ajustes. “Se busca que los aumentos se acerquen al 5% y no al 10%”, reveló una fuente del sector.

En este contexto, una de las principales empresas alimenticias ya presentó listas con aumentos que van del 4% al 8%, confirmando que la tendencia alcista comienza a consolidarse en todos los canales de venta.

Para mantener el equilibrio fiscal y como condición para futuros desembolsos, le exigió al gobierno un súper ajuste extra sobre las jubilaciones, los subsidios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el rumbo del programa económico del Gobierno argentino y, a cambio de flexibilizar la exigencia de acumulación de reservas para todo 2025, reclamó un ajuste aún más severo en áreas sensibles del gasto público. En el reciente Staff Level Agreement (SLA) que acompañó el desembolso de USD 2.000 millones, el organismo endureció sus condiciones y pidió un recorte adicional en jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y subsidios energéticos, lo que implicará una poda aún más profunda en sectores vulnerables de la sociedad.

Sostenibilidad de la deuda

Para el año próximo, el FMI elevó la meta de superávit primario al 1,6 % del PBI (frente al 1,3 % previsto en abril), y planteó que, a partir de 2027, Argentina deberá alcanzar un superávit del 2,5 % del PBI para absorber el creciente pago de intereses y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Aunque el organismo reconoce avances en materia fiscal, advirtió que el riesgo soberano sigue siendo “alto” debido a la frágil posición de reservas, la elevada necesidad de financiamiento bruto y el acceso limitado a los mercados internacionales.

Ajuste previsional

En el terreno previsional, el FMI apuntó que, tras una caída del 28 % en 2024, el gasto en jubilaciones volvería a crecer alrededor del 6 % interanual bajo la fórmula actual. Por eso, reclamó una reforma estructural antes de diciembre de 2026 que simplifique el sistema previsional y alinee mejor los aportes con los beneficios. En el corto plazo, exigió que el Ejecutivo evite cualquier aumento no financiado y mencionó explícitamente el proyecto del Congreso para aumentar un 7 % los haberes y elevar el bono mínimo de $70.000 a $110.000, que el presidente ya anunció que vetará.

Motosierra a la AUH

Respecto a la AUH y las pensiones por discapacidad, el Fondo acordó con el Gobierno la implementación de controles más estrictos de elegibilidad. Para ello, se desarrollará un Registro Social Único que integrará distintas bases de datos sociales antes de diciembre de 2025. Esta medida apunta a reducir el universo de beneficiarios mediante la “mejora en la eficiencia” del gasto social, es decir, una depuración del padrón.

Tarifas y subsidios energéticos

En cuanto a los subsidios energéticos, el FMI exigió un ajuste adicional. A partir de junio de 2025, las tarifas de electricidad deberán aumentar mensualmente durante los siguientes 30 meses, con el objetivo de que se acerquen al “costo real“. Si bien el organismo reconoce que esta medida generará presión inflacionaria, la considera esencial para reducir los subsidios y aliviar la cadena de pagos del sector energético. Además, se impulsarán reformas para aumentar la competencia en el mercado mayorista y evitar atrasos entre las distribuidoras y CAMMESA, la empresa estatal encargada de la administración del sistema eléctrico.

En el plano financiero, el FMI indicó que el Tesoro deberá seguir convalidando tasas de interés “lo suficientemente altas” como para asegurar el rollover de la deuda en pesos. Aunque el Gobierno mantiene un buen nivel de depósitos en efectivo y ha logrado cierto orden en la curva de pesos, el Fondo advierte que la situación sigue siendo frágil. La deuda pública, según sus proyecciones, bajaría del 85 % del PBI en 2024 al 55 % en 2030, pero solo si se cumple estrictamente la consolidación fiscal requerida. Por eso, el informe concluye que la deuda argentina es “sostenible, pero no con alta probabilidad”.

Con estas nuevas exigencias, el FMI redobla la presión sobre el Gobierno en un contexto políticamente sensible. El alivio en materia de reservas viene acompañado de un pedido explícito de profundizar el ajuste sobre jubilaciones, AUH y subsidios, lo que tensiona aún más el delicado equilibrio entre la disciplina fiscal y la tolerancia social en un año electoral.

La crisis del turismo no encuentra freno y las vacaciones de invierno profundizaron una tendencia que ya se venía viendo, pero que ahora quedó expuesta con números alarmantes. El balance oficial muestra un desplome en todos los indicadores clave y pone bajo la lupa la gestión de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno nacional.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico fue un 10,9% menor al del mismo período de 2024. La comparación con 2023 es aún peor: viajaron un 21,5% menos de personas y la estadía promedio cayó 13,3%. En total, se movilizaron apenas 4,3 millones de turistas que gastaron $1,5 billones, un impacto económico que se redujo un 11,2% en términos reales. La caída alcanzó a todas las provincias.

Detrás del desplome, los factores son múltiples pero conocidos: pérdida del poder adquisitivo, menor llegada de turistas internacionales por un tipo de cambio poco competitivo y una fuerte migración del turismo de mayores ingresos hacia el exterior. Los que sí viajaron dentro del país lo hicieron guiados por promociones y descuentos, en un escenario marcado por el ajuste.

El diagnóstico es claro: el turismo no sólo está en crisis, sino que carece de una estrategia oficial para revertirla. Y en ese contexto, la figura de Scioli –que desembarcó en el cargo con el respaldo de Javier Milei y promesas de reactivación– queda cada vez más desdibujada.

El presidente Javier Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentaban los ingresos para jubilados, recomponía la moratoria previsional y establecía la emergencia en discapacidad. Este lunes fue publicado mediante el Decreto 534/2025 en el Boletín Oficial. Fue una semana después de que la gestión libertaria le regalara 2 mil millones de dólares a la Sociedad Rural. Prioridades…

Se trata del segundo veto de Milei a aumentos jubilatorios en sus dos años de gestión. El Congreso tiene la facultad de insistir con las leyes, pero para eso necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras. La clave estará en la Cámara de Diputados: mientras que en el Senado los proyectos superaron ampliamente ese umbral, en Diputados los márgenes fueron más ajustados.

Por ahora, los proyectos no serán incluidos en la próxima sesión convocada para la Cámara de Diputados, el próximo 6 de agosto, donde se espera que la oposición impulse proyectos de financiamiento para las universidades y la salud pediátrica, en medio de las habituales movilizaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso.

El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y reveló un patrimonio de $11.851 millones al cierre de 2024. El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Según la información oficial, Caputo duplicó su patrimonio en tan solo un año: a fines de 2023 había declarado $4.996 millones. Así, durante 2024 su riqueza creció un 137% en pesos y entre un 88% y 102% en dólares, dependiendo del tipo de cambio utilizado para el cálculo.

El ministro se posiciona entre los tres funcionarios más ricos del gabinete, solo por detrás del canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Bienes en el exterior

La mayor parte de la fortuna de Caputo se encuentra fuera de Argentina:

• $5.937 millones están depositados en cuentas bancarias en el exterior.
• $1.870 millones corresponden a su participación en la compañía Ancora Investments, también radicada fuera del país.

En total, $7.807 millones —más del 65% de su patrimonio— están fuera de la Argentina. En contraste, sus cuentas bancarias en el país suman solo $2,1 millones y poco menos de un millón de pesos en dólares.

Propiedades, vehículos y sociedades locales

Caputo también declaró múltiples propiedades:

• Dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.
• Un extenso campo en Santiago del Estero.
• Lotes en Benavídez y Pilar (provincia de Buenos Aires).
• Una casa en Villa La Angostura (Neuquén) y tres cocheras.

En cuanto a vehículos, informó la posesión de tres camionetas, un yate, un gomón y un cuatriciclo Yamaha.

En el plano societario local, declaró participaciones en las firmas Sacha Rupaska SA, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico SA, así como inversiones en fondos comunes.

Declaración fiscal vs. valor real

Es importante aclarar que estos montos no reflejan necesariamente el valor de mercado de los bienes, ya que por ley deben declararse a su valor fiscal, lo que muchas veces representa cifras considerablemente menores. Por ejemplo, el cuatriciclo Yamaha está valuado oficialmente en apenas $24.600.