El hecho tuvo lugar el pasado 11 de septiembre en inmediaciones al Congreso, mientras en el recinto se ratificaba el veto de Milei a la nueva ley jubilatoria.

En las últimas horas, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del efectivo de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, quien gaseó a una nena de diez años en la represión que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre en el marco de una marcha a favor de los jubilados en inmediaciones del Congreso.

Hace aproximadamente dos meses, había trascendido la noticia del procesamiento al uniformado por los delitos de abuso de autoridad en concurso real y lesiones leves. La menor afectada por el ataque policial es Fabrizia Pegoraro, cuya familia no dudó en asesorarse tras lo ocurrido. El fallo judicial señala que Rivaldi “arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso”.

Qué había declarado el policía que gaseó a una nena en Congreso: “Cumplí órdenes…”

Tras lo ocurrido, se inició un proceso para establecer las responsabilidades en lo sucedido y dejar que la Justicia actúe. En este sentido, Vanesa Petrillo reveló en “De Una” (C5N) que el agente declaró: “En realidad lo hizo por escrito, Cristian Rivaldi presentó un escrito de 60 carillas, no contestó preguntas. En ese escrito, él dice que siempre actuó bajo protocolo, como corresponde, bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones, creo que ese día debe haber estado Patricia Bullrich”.

“Él dice que respondió en todo momento a la superioridad, que en ningún momento vio una nena alrededor, que él obviamente participó del operativo conforme a los reglamentos. Que ningún superior le llamó la atención por lo que había hecho y que él no vio a ninguna nena en ese momento”, sumó.

Y agregó: “Dijo que si él hubiese visto a una nena, la habría sacado de ese lugar. Dijo que nunca se ven nenes en este tipo de marchas, eso lo dice textual en su declaración indagatoria”. En este sentido, el efectivo dejó en claro haber agredido a los manifestantes con gas lacrimógeno, pero negó haber visto a la menor entre la gente.

Fuente: MinutoUno

La Fundación Encuentro, difundió en las últimas horas un informe que desmiente las afirmaciones del ministro libertario, al dar a conocer los últimos datos del desempleo en nuestro país. Lejos de generar nuevos puestos de trabajo la gestión libertaria acumula 300 mil desempleados

Un reciente informe elaborado por la Fundación Encuentro deja en evidencia la falsedad de las declaraciones del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el empleo en la era Milei. Basándose en los datos oficiales publicados por el propio INDEC, el informe contradice los dichos del funcionario libertario, quien intentó justificar la ola de despidos en el sector público con argumentos infundados.

El pasado domingo, Sturzenegger defendió públicamente el despido de 50.000 empleados públicos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Aseguró que estas cesantías habrían generado un ahorro fiscal que se tradujo en más puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad muy distinta.

La Fundación Encuentro remarcó que, según los datos del INDEC, actualmente hay 1,1 millones de personas desocupadas en la Argentina, lo que implica 300.000 desempleados más que en diciembre de 2023. Lejos de una creación de empleo, el mercado laboral se ha deteriorado significativamente durante los primeros meses de la gestión Milei.

En la misma entrevista televisiva, cuando el periodista Luis Majul preguntó al ministro sobre esos supuestos “nuevos empleos”, Sturzenegger no supo responder y recurrió a evasivas. Mientras tanto, los números oficiales hablan por sí solos: el desempleo trepó al 7,6% en el primer trimestre del año, según informó el INDEC.

El informe de la Fundación Encuentro subraya que el aumento del desempleo se explica por la profunda recesión económica desatada tras la brutal devaluación, la caída del consumo y el estancamiento productivo. Los más afectados son los sectores más vulnerables. Por ejemplo, la desocupación entre mujeres jóvenes escaló al 19,2%, el nivel más alto desde 2021, y el total de jóvenes desempleados saltó de 438.000 a casi 600.000, un incremento alarmante del 35,7%.

Además, se identificó que las mayores tasas de desocupación se concentran en los sectores de la construcción (18,2%), el comercio (15,6%) y el servicio doméstico (14,6%), que en conjunto representan la mitad de los casos de desempleo.

La Fundación concluye que el discurso oficial intenta maquillar la crisis laboral, pero los datos son contundentes: lejos de la recuperación prometida, el mercado de trabajo se ha visto golpeado con más fuerza, profundizando la desigualdad y la precarización laboral en la Argentina.

Ante la presión cambiaria y la desconfianza del mercado, el equipo económico que encabeza Luis Caputo sube las tasas y coloca deuda de corto plazo para contener la escalada del dólar. La estrategia compromete aún más las cuentas públicas y amenaza con una nueva ola de ajuste.

En medio de una corrida que se intensifica y un clima de creciente desconfianza financiera, el Gobierno nacional volvió a apostar por la emisión de deuda en pesos como herramienta para frenar la presión sobre el dólar, esta vez a costa de tasas más elevadas y vencimientos cada vez más cortos. El nuevo paquete de títulos lanzado por el Tesoro busca aspirar la liquidez excedente que quedó en el sistema tras el canje de las LEFI, pero multiplica los riesgos hacia adelante.

“La estrategia es clara: subir las tasas, seducir a los bancos, postergar la corrida”, resumió un analista del mercado. El plan se parece peligrosamente al esquema de las Lebac del macrismo, con vencimientos en cadena, intereses crecientes y una bomba que nadie sabe cómo se va a desactivar.

La decisión se produce apenas días después de que el dólar informal alcanzara los $1.340, consolidando una brecha respecto al tipo de cambio oficial que expone el deterioro del nuevo régimen cambiario. La flotación administrada entre bandas quedó, por ahora, como una promesa incumplida.

Con reservas en niveles críticos pese al reciente desembolso del FMI, y sin capacidad de revertir la tendencia por la vía comercial, el Gobierno recurre a la tasa como última herramienta de contención. Pero lo hace con instrumentos que elevan el déficit financiero y anticipan una profundización del ajuste para sostener el relato del orden fiscal.

“El Tesoro asume ahora la deuda que antes estaba en manos del BCRA. Eso es déficit puro”, explicó Alejandro López Mieres, investigador del Ipypp. Y advirtió: “Vamos a tener vencimientos todos los meses. Si no te renuevan, te estalla el dólar”.

La táctica oficial busca ganar tiempo hasta las elecciones legislativas de octubre, donde el Gobierno se juega buena parte de su ya desgastado capital político. Mientras tanto, el relato libertario sostiene el supuesto éxito inflacionario, aunque junio haya sido también el mes en que el Ejecutivo perdió el superávit por los gastos estacionales.

Pero la motosierra ya no corta con la eficacia de antes. Luego de despidos masivos, cierres de organismos, y el deterioro de áreas críticas como salud, discapacidad y educación, el margen de ajuste real es cada vez más estrecho. Sin inversión ni recuperación del consumo, la economía social sangra y la presión política se acumula.

La emisión de estos nuevos bonos con tasa libre —negociada con los propios bancos— no es solo una operación técnica: es el síntoma de un modelo que quedó sin anclas ni margen de maniobra. El dólar sube, la deuda también, y el Estado sigue adelgazando. El horizonte no es de estabilidad, sino de supervivencia.

Caputo y Milei insisten en que están “enderezando el barco”. Pero desde afuera, cada vez son más los que advierten que el barco ya está haciendo agua.

Según un relevamiento de la consultora FICI (Fundación Innovación con Inclusión), solo en la primera semana de julio la canasta de alimentos y bebidas sin alcohol registró un aumento del 0,9%.

La reciente suba del dólar que se aproxima al techo de la banda establecido por el gobierno ya impacta con fuerza en los bolsillos de los consumidores, y el golpe más directo se siente en los alimentos. Según un relevamiento de la consultora FICI (Fundación Innovación con Inclusión), solo en la primera semana de julio la canasta de alimentos y bebidas sin alcohol registró un aumento del 0,9%.

Alimentos con subas pronunciadas

Los mayores aumentos se registraron en productos básicos, claves en la mesa diaria:

• Zapallo anco: +14,4%
• Nalga (carne vacuna): +3,6%
• Arroz, café, yerba y pastas secas: hasta +2,3%

La suba del dólar golpea especialmente al rubro alimenticio, el más sensible para el consumo diario de las familias.

Efecto dólar: más presión sobre los precios

Detrás de estos aumentos se encuentra el conocido “pass through”, el traslado casi inmediato de las subas del dólar a los precios internos. En Argentina, este fenómeno se acelera particularmente en los productos que se reponen a diario, y se percibe de manera directa en supermercados y almacenes.

La reciente disparada del tipo de cambio reactivó la preocupación inflacionaria que ya venía en aumento desde junio, cuando el IPC de la Ciudad mostró una suba del 2,1%.

Consultoras advierten: los precios seguirán subiendo

Distintas consultoras privadas coinciden en que la suba del dólar seguirá presionando sobre los alimentos. La consultora LCG estimó que solo en la primera semana de julio los alimentos subieron a un ritmo equivalente al 2,5% mensual.

La tendencia marca una aceleración clara y sostenida, alimentada por la inestabilidad cambiaria. Especialistas advierten que el aumento del dólar no solo afecta productos importados o bienes durables, sino que se traslada rápidamente a los alimentos, encareciendo productos básicos que son esenciales en la dieta diaria.

Con el dólar en alza, la inflación vuelve a sentirse con fuerza en las góndolas, dejando a los alimentos como el primer termómetro del malestar económico.

La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. El modelo económico de Javier Milei empieza a parecerse mucho al de Mauricio Macri, que en 2018 debió ir corriendo al FMI para evitar un estallido financiero por el endeudamiento creciente. Como se sabe, la bomba terminó estallando en partes entre ese año y 2019. ¿Se repite ahora?

Ocurre que la presión sobre el dólar no cede. Ayer se disparó a 1340 y luego retrocedió por la intervención del gobierno (¿no era que los libertarios están en contra de la intervención estatal?), pero quedó en torno a 1300. Además, el blue se ubicó casi 4% por encima del oficial.

Con el dólar oficial moviendose, la bicicleta financiera deja de ser atractiva, que era lo que permitía la llegada de fondos especulativos. El gobierno basó su modelo en la especulación financiera y ese esquema empieza a mostrar problemas ahora. En 2018, se aseguró que el acuerdo de entonces con el FMI era virtuoso y que Argentina superaría todos sus problemas. En 2025 se volvió a decir lo mismo.

Todo mal. Mientras la actividad económica local sigue en picada, con caída del consumo popular, la inflación no cede y en junio volvió a crecer al ubicarse en 1,6%, un número más alto que en mayo (fue de 1,5%).

El gobierno de Javier Milei festejó pero los números no son alentadores. La desaceleración se frenó en junio mientras el consumo no levanta y Argentina presenta una de las inflaciones más alta del mundo. Todo mientras la estrategia de dólar frenado empieza a llegar a su fin por la falta de dólares. De fondo hay otro problema: la inflación en dólares no para de crecer desde que gobierna Milei lo que explica que Argentina sea uno de los países más caros del mundo.

Además, el Indec sigue sin actualizar el modo en que mide la suba de precios para evitar darle más relevancia a los aumentos en los servicios públicos. Más allá de la estadística, la gente sufre en carne propio los tarifazos constantes en transporte, gas, electricidad y agua.

Un informe reciente publicado reveló que más de 4,3 millones de niños y adolescentes fueron afectados por la pobreza extrema durante 2024.

Bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina ha sido testigo de una profunda transformación económica impulsada por recortes presupuestarios, ajuste fiscal y una visión ideológica que prioriza el “ajuste estructural” como herramienta para estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, detrás del discurso libertario y sus promesas de “revolución” se esconde una cruda realidad social: millones de argentinos han caído en la pobreza y la indigencia durante 2024.

Un informe reciente publicado por el portal El Destape revela que más de 4,3 millones de niños y adolescentes fueron afectados por la pobreza extrema durante 2024 , consecuencia directa de políticas sociales ausentes y decisiones económicas que priorizaron la reducción del gasto público antes que la protección de los sectores más vulnerables. Esta cifra no solo refleja una tragedia humanitaria en ciernes, sino también plantea serias dudas sobre la credibilidad de los datos oficiales de pobreza que el gobierno de Milei ha comunicado públicamente.

¿Qué dicen los números oficiales?

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), históricamente cuestionado por sesgos políticos en distintas administraciones, ha vuelto al centro de la polémica. En los últimos trimestres, el organismo reportó una leve reducción en la tasa de pobreza, lo cual fue celebrado por el gobierno como una victoria frente a las “herencias malditas”. Pero muchos especialistas independientes advierten que estos datos podrían estar desconectados de la realidad socioeconómica palpable en barrios, comedores y hospitales .

La metodología utilizada para medir la pobreza, basada en canastas básicas definidas hace años y sin ajustar a la inflación real ni a la volatilidad cambiaria de este período, podría estar subestimando gravemente la magnitud del problema. Además, el acceso irregular a servicios básicos, la pérdida del poder adquisitivo y la desaparición de programas sociales claves como AUH y SUMAR han profundizado la exclusión de grandes sectores de la población.

La guerra contra el Estado y su costo humano

Milei ha defendido una política de mínima intervención estatal, eliminando subsidios, desfinanciando programas sociales y reduciendo drásticamente el tamaño del aparato público. Bajo el argumento de combatir la corrupción y la ineficiencia, su gestión ha dejado sin apoyo a millones de familias que dependían de asistencia directa. El resultado es visible: aumento de la desnutrición infantil, crecimiento de los comedores comunitarios y mayor presencia de cartoneros en las calles.

Este enfoque, lejos de generar estabilidad, parece haber exacerbado la pobreza estructural. Y mientras el gobierno insiste en mostrar indicadores macroeconómicos positivos —como el superávit fiscal o la baja de la inflación—, estos logros son irrelevantes para quienes no pueden acceder a una dieta básica ni a servicios esenciales.

Crítica a la comunicación oficial

Una de las mayores preocupaciones es cómo el gobierno utiliza –y posiblemente manipula– los datos de pobreza para construir una narrativa de éxito. Los anuncios optimistas sobre la reducción de la pobreza contrastan con el deterioro de indicadores sociales reales, como la matrícula escolar, el acceso a la salud pública o el número de personas en situación de calle. Este desfasaje entre discurso y realidad sugiere que los datos oficiales están siendo instrumentalizados con fines políticos , más que como herramientas diagnósticas reales.

En este contexto, resulta fundamental exigir transparencia y autonomía en la producción de estadísticas nacionales. Un INDEC independiente y actualizado sería clave para obtener una fotografía precisa del estado de la sociedad argentina. Hasta entonces, cualquier dato proveniente del gobierno debe tomarse con una dosis importante de escepticismo

Un nuevo informe de la UCA revela que el 35% de los niños en Argentina padeció inseguridad alimentaria en 2024. El 16% directamente pasó hambre. El recorte en políticas sociales, la desocupación y la falta de asistencia marcan el deterioro en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.

En un país donde abundan los granos, la carne y la fruta, uno de cada tres niños no come lo suficiente. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina atravesaron inseguridad alimentaria durante 2024. El 16,5% directamente sufrió hambre severa.

El dato, dramático por sí solo, refleja una tendencia en alza que se agravó desde la asunción del gobierno de Javier Milei, que profundizó el ajuste en programas sociales, recortó comedores y congeló partidas alimentarias en nombre del “déficit cero”. Mientras se eliminan subsidios y se aplican recetas de shock económico, la infancia paga el costo más alto.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, muestra cómo el colapso del poder adquisitivo y la desprotección estatal generaron un escenario que combina pobreza estructural con abandono institucional.

El precio del ajuste

Lejos de ser un problema nuevo, el hambre infantil se agravó a niveles récord. El informe analiza datos desde 2010, pero resalta tres momentos críticos: 2018, 2020 y el actual 2024. La diferencia, subraya el trabajo, es que hoy el Estado prácticamente se retiró del territorio: sin redes de contención, el impacto es más profundo y sostenido.

Los hogares más afectados son aquellos con empleo informal, monoparentales o con varios niños a cargo. La inestabilidad laboral y el deterioro de los ingresos configuran un mapa de riesgo en el que millones de niños no acceden a proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales para su desarrollo.

Consecuencias físicas y cognitivas

La inseguridad alimentaria no solo implica comer menos, sino también comer mal. La falta de nutrientes impacta en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los chicos. La desnutrición temprana genera problemas de aprendizaje, baja talla, enfermedades crónicas e incluso mayor mortalidad infantil.

“La infancia argentina está viviendo una emergencia silenciosa, que no se ve en los titulares pero que marcará al país por generaciones”, alertó Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.

La geografía del hambre

Hasta hace pocos años, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentraba los casos más graves. Hoy, el hambre se federalizó: el interior del país muestra cifras similares o peores, sin el respaldo de redes comunitarias o políticas públicas. La distancia, también, es una forma de exclusión.

Hambre y precarización: el binomio del modelo

Los datos son concluyentes: entre quienes viven en hogares con trabajadores desocupados o subempleados, más de la mitad de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica. A esto se suma el deterioro de los indicadores de empleo, informalidad y pobreza, en un contexto de recesión inducida por políticas de ajuste extremo.

Mientras el gobierno busca “achicar el Estado”, los comedores barriales no dan abasto, los alimentos no llegan y los niños, literalmente, no tienen qué comer.

Conclusión: el futuro hipotecado

En el país del pan y la carne, hay chicos que se acuestan con hambre. Y un gobierno que, en lugar de garantizar derechos, los recorta. Las cifras no son números: son nombres, historias, cuerpos en desarrollo que hoy no encuentran amparo.

En la Argentina de Milei, el sacrificio es para los más débiles. Y el futuro, si no cambia el rumbo, será más injusto y más corto.

Piden la indagatoria de Javier Milei y la detención de Mauricio Novelli y Hayden Davis por su presunta participación en la criptoestafa del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados y generó transferencias millonarias bajo sospecha.

El pedido judicial por la causa $LIBRA tomó impulso este lunes: el abogado querellante Gregorio Dalbón solicitó formalmente ante la jueza María Servini que se cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Además, requirió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Hayden Davis, acusándolos de ocupar roles clave en lo que se investiga como una presunta estafa cripto. Según Dalbón, existen riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación, por lo que también solicitó que se active una notificación roja de Interpol para Davis, ciudadano estadounidense.

La presentación judicial destaca que todos los implicados habrían mantenido reuniones en la Casa Rosada en los días previos al lanzamiento del token. Cada uno habría cumplido un rol funcional: Milei promocionó públicamente la criptomoneda desde su cuenta oficial en X (ex Twitter); Karina habría brindado respaldo institucional; Novelli organizó la estrategia de difusión y captación de inversores; y Davis se encargó del diseño técnico y la canalización de los fondos.

También se apunta a una serie de transferencias sospechosas realizadas por Hayden Davis, por montos superiores a los 500.000 dólares, poco después de mantener encuentros con funcionarios del gobierno. Según consta en la causa, esas operaciones fueron rastreadas en plataformas como Bitget. Incluso se menciona que Davis habría devuelto alrededor de 5 millones de dólares a algunos damnificados, como el influencer financiero estadounidense David Portnoy, tras el colapso del token.

La causa $LIBRA

El escándalo estalló el 14 de febrero de 2025, cuando se lanzó el token $LIBRA como parte del denominado proyecto “Viva la libertad”. Apenas tres minutos después de su creación, Javier Milei publicitó la criptomoneda desde sus redes sociales. Ese mensaje provocó que el precio pasara de menos de un centavo a casi 5 dólares en apenas 40 minutos, disparando la capitalización de mercado del activo a varios miles de millones de dólares.

La mayoría del circulante —cerca del 70 al 80 %— estaba en manos de los fundadores del proyecto. En el pico de precio, vendieron sus participaciones y provocaron una caída abrupta del valor, de entre el 85 y el 90 %, en cuestión de horas. Se estima que más de 40.000 personas perdieron sus ahorros, mientras unos pocos se llevaron ganancias millonarias.

La maniobra fue caracterizada por especialistas como un clásico caso de “rug pull“: inflar artificialmente el precio de un token para luego vaciar su valor en beneficio de los creadores. En solo un día, las ganancias acumuladas por el círculo íntimo de desarrolladores habrían alcanzado los cientos de millones de dólares.

Desde entonces, la justicia argentina y también tribunales en EE.UU. investigan el caso. En Argentina se ordenaron medidas sobre los bienes de Milei y su hermana, como la inhibición de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y el seguimiento de transferencias. En paralelo, en EE.UU. se tramita una demanda colectiva contra los promotores del token y se espera una audiencia de descubrimiento anticipado en agosto, con foco en empleados de Kelsier Ventures, empresa cofundada por Davis.

En simultáneo, el Congreso argentino aprobó la conformación de una comisión investigadora en Diputados para interpelar a funcionarios y figuras del gobierno implicadas en el caso. La oposición incluso analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra Milei, por su presunta responsabilidad moral, política e institucional en la difusión de un esquema financiero fraudulento.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta en X del presidente Javier Milei no es de carácter personal, sino que lo representa como Jefe de Estado.

Un reciente dictamen fiscal determinó que la cuenta en X (ex Twitter) del presidente Javier Milei es de carácter institucional, lo que podría tener un fuerte impacto en la causa que investiga su rol en la promoción de la criptomoneda $Libra, vinculada a un megafraude internacional.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, concluyó que la cuenta de Milei lo representa oficialmente como Jefe de Estado, alejándose así de la defensa esgrimida por el Gobierno, que intentó desvincular al mandatario de las publicaciones cuestionadas alegando que se trataba de su “cuenta personal”.

El dictamen se dictó en el marco de la denuncia presentada por la familia de Ian Moche, el joven con autismo que fue atacado por Milei desde redes sociales tras pronunciarse contra el ajuste en el área de discapacidad. Según el fiscal, la cuenta del mandatario posee la “tilde gris” que otorga la red social X únicamente a jefes de Estado y altos funcionarios gubernamentales, dejando claro su carácter institucional. “Se encuentra registrado como usuario el Sr. Javier Milei, con tilde gris, indicando como perfil ‘Economista’, quien es el actual Presidente de la Nación”, señala el documento.

En el proceso judicial promovido por IAN MOCHE contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA.
El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 13, 2025

Para el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, esta definición del fiscal impacta de lleno en el expediente que investiga la promoción fraudulenta de la cripto $Libra. “Este dictamen desarma la principal defensa de Milei: ya no puede decir que lo hizo desde una cuenta privada, ahora queda probado que sus mensajes son emitidos en calidad de Presidente”, subrayó Gil Domínguez.

La causa por $Libra investiga a Milei por haber promocionado desde sus redes una criptomoneda utilizada en una estafa de alcance internacional que perjudicó a miles de ahorristas. La validación del carácter oficial de su cuenta refuerza su responsabilidad directa y podría agravar su situación judicial.

El juez federal Alberto Recondo ya avaló la posición del fiscal y ratificó la competencia federal para avanzar con la causa. Mientras tanto, la denuncia presentada por la familia Moche también sigue en pie: reclaman que el Presidente elimine un posteo que desató una ola de hostigamiento digital contra Ian, incluyendo la difusión de datos personales del joven.

“Cada día que pasa, el daño se agrava y la Justicia tiene que intervenir con urgencia”, señaló Gil Domínguez. Hasta el momento, Milei se niega a borrar la publicación, que sigue visible desde su cuenta institucional, ahora bajo la lupa de la Justicia.