El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta en X del presidente Javier Milei no es de carácter personal, sino que lo representa como Jefe de Estado.
Un reciente dictamen fiscal determinó que la cuenta en X (ex Twitter) del presidente Javier Milei es de carácter institucional, lo que podría tener un fuerte impacto en la causa que investiga su rol en la promoción de la criptomoneda $Libra, vinculada a un megafraude internacional.
El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, concluyó que la cuenta de Milei lo representa oficialmente como Jefe de Estado, alejándose así de la defensa esgrimida por el Gobierno, que intentó desvincular al mandatario de las publicaciones cuestionadas alegando que se trataba de su “cuenta personal”.
El dictamen se dictó en el marco de la denuncia presentada por la familia de Ian Moche, el joven con autismo que fue atacado por Milei desde redes sociales tras pronunciarse contra el ajuste en el área de discapacidad. Según el fiscal, la cuenta del mandatario posee la “tilde gris” que otorga la red social X únicamente a jefes de Estado y altos funcionarios gubernamentales, dejando claro su carácter institucional. “Se encuentra registrado como usuario el Sr. Javier Milei, con tilde gris, indicando como perfil ‘Economista’, quien es el actual Presidente de la Nación”, señala el documento.
En el proceso judicial promovido por IAN MOCHE contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA. El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón…
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 13, 2025
Para el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, esta definición del fiscal impacta de lleno en el expediente que investiga la promoción fraudulenta de la cripto $Libra. “Este dictamen desarma la principal defensa de Milei: ya no puede decir que lo hizo desde una cuenta privada, ahora queda probado que sus mensajes son emitidos en calidad de Presidente”, subrayó Gil Domínguez.
La causa por $Libra investiga a Milei por haber promocionado desde sus redes una criptomoneda utilizada en una estafa de alcance internacional que perjudicó a miles de ahorristas. La validación del carácter oficial de su cuenta refuerza su responsabilidad directa y podría agravar su situación judicial.
El juez federal Alberto Recondo ya avaló la posición del fiscal y ratificó la competencia federal para avanzar con la causa. Mientras tanto, la denuncia presentada por la familia Moche también sigue en pie: reclaman que el Presidente elimine un posteo que desató una ola de hostigamiento digital contra Ian, incluyendo la difusión de datos personales del joven.
“Cada día que pasa, el daño se agrava y la Justicia tiene que intervenir con urgencia”, señaló Gil Domínguez. Hasta el momento, Milei se niega a borrar la publicación, que sigue visible desde su cuenta institucional, ahora bajo la lupa de la Justicia.
En el Chaco, la Justicia federal destapó una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.
Un verdadero escándalo político sacude a La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, luego de que la Justicia federal destapara una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.
La investigación, que lleva adelante lafiscalía federal de Resistencia, ya reveló más de 20 casos de falsificación de firmas sobre un total de 25 personas citadas hasta el momento. Esto significa que más del 80% de los afiliados consultados hasta ahora niega haberse sumado a las filas del partido de Javier Milei. La maniobra deja al descubierto cómo desde el espacio libertario se aprovecharon de personas de sectores sociales desprotegidos para inflar su padrón partidario.
Los testimonios recabados son contundentes. Entre las víctimas figuran personas mayores con enfermedades discapacitantes, jubilados y ciudadanos que ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, incluso, no saben firmar. Uno de los casos es el de un hombre de 65 años que aseguró bajo juramento nunca haberse afiliado a La Libertad Avanza y cuya supuesta ficha partidaria incluía datos falsos como un estado civil incorrecto y una firma apócrifa. Otro caso es el de un hombre de 72 años que descubrió su falsa afiliación al consultar por internet y confirmó que la firma registrada no era la suya.
El patrón se repite: adultos mayores, personas sin estudios formales, con enfermedades que les impiden firmar o desplazarse, y vecinos del interior chaqueño, donde la pobreza es más profunda, fueron incorporados irregularmente al padrón del partido sin su consentimiento.
El epicentro de la investigación apunta directamente al presidente del partido libertario en Chaco y titular de ANSES provincial, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente vinculado políticamente a la familia Menem. La principal hipótesis de la Justicia es que se utilizaron bases de datos oficiales —posiblemente de ANSES o PAMI— para ejecutar la maniobra fraudulenta, aprovechando el acceso privilegiado a información sensible de los sectores más vulnerables.
El caso expone no solo la ilegalidad de las afiliaciones truchas, sino también un preocupante desprecio por los derechos de personas que se encuentran en situaciones de extrema fragilidad. La jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini continúan con la investigación, que podría destapar un entramado de manipulación política y uso de recursos públicos con consecuencias penales y políticas para La Libertad Avanza.
La causa sigue creciendo, así como la indignación social ante un espacio político que, lejos de representar la “libertad”, terminó explotando a los más indefensos para engordar su estructura partidaria.
Los analistas locales esperan un avance de la inflación al 1,9% durante el mes de junio, luego de lo que fue la marca mensual de mayo de 1,5%. Mientras la economía se cae a pedazos la inflación no cede y está en niveles históricos altísimos, por ejemplo, por encima del promedio de los gobiernos kirchneristas.
Además, la inflación en dólares es récord a nivel mundial lo que explica que los argentinos paguen precios desorbitantes en esa moneda. Vale para un café o para una moto. Cualquier precio en Argentina es varias veces superior a lo que se paga incluso en países desarrollados. Eso explica la caída del turismo local y el crecimiento en el exterior.
Con la inflación alta y la economía paralizada, es lógico que aparezcan ruidos políticos y económicos con movimientos en los mercados financieros. ¿A dónde va la economía de un país con deuda récord y precios en dólares impagables?
En una decisión que ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de pacientes y especialistas en salud, el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto destinado a los niños y adolescentes con cáncer, mientras aumentó de forma escandalosa los recursos para la conducción del Instituto Nacional del Cáncer (INC).
Pese a que el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer —creado por la ley 27.674— buscaba garantizar ayuda económica y acceso a tratamientos, la partida para 2025 fue recortada un 34% en comparación con 2023: pasó de $1.500 millones a apenas $1.007 millones. Lo más alarmante es que, hasta el momento, no se ejecutó ni un solo peso de esos fondos este año.
Mientras se recortan recursos para los más vulnerables, el Ejecutivo incrementó en un 420% el presupuesto para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, llevándolo de $702 millones en 2023 a $3.655 millones en 2025. Es decir, mientras se ajusta a los pacientes, se quintuplican los recursos para la estructura burocrática.
Este giro de prioridades se produce después de que el pasado 6 de marzo el Gobierno eliminara la autonomía del Instituto Nacional del Cáncer, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud bajo el argumento de “mayor eficiencia”, algo que en los hechos se tradujo en un ajuste para los programas esenciales y una expansión de la burocracia administrativa puesta a dedo por el gobierno.
No sólo los fondos para asistencia a niños se vieron afectados. Los recursos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer se mantienen congelados respecto a 2024, apenas subiendo de $205 millones en 2023 a $336 millones en 2025, un aumento insuficiente frente a la inflación. En cambio, el dinero para la conducción del organismo se disparó muy por encima de lo que el propio Ejecutivo había proyectado en su presupuesto para este año.
“Es gravísimo”, denunció Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “El Instituto garantizaba el acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidados paliativos para todos los pacientes del país. Ahora no hay quién garantice esto, y lo estamos viendo todos los días con chicos que no pueden acceder ni siquiera a un acompañamiento básico para el dolor”, alertó.
Los recortes golpean a familias enteras, especialmente en provincias donde la situación es más precaria. Cirone expuso casos dramáticos, como el de un adolescente de 17 años que enfrenta quimioterapia sin poder costear el tratamiento para preservar su fertilidad, recurriendo a colectas solidarias ante la ausencia total del Estado.
Por si fuera poco, el cierre de centros de referencia como la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) en varias provincias dejó a muchos pacientes sin orientación ni acceso a medicamentos esenciales. Trámites que antes se resolvían con mayor celeridad ahora quedan a la deriva, con riesgos de demoras o pérdidas en el sistema.
Mientras se multiplican los testimonios de abandono y sufrimiento, las organizaciones sociales han sido convocadas a una mesa de trabajo, aunque la justicia sigue sin avanzar en las causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos.
La indignación crece: el ajuste lo pagan los más indefensos, mientras los despachos oficiales se llenan de fondos.
En un domingo caliente, la vicepresidenta Victoria Villarruel siguió redoblando la apuesta contra Javier Milei y le pidió que “ahorre en viajes y en la SIDE” y deje de ajustar sobre los jubilados y la personas con discapacidad.
La interna entre Villarruel y Milei parece no tener vuelta atrás y la vicepresidenta lo dejó claro con muchos mensajes en sus cuentas sociales donde apuntó contra el libertario, al que acusó de gastos exhorbitantes en viajes por el mundo y en la SIDE, mientras pregona una defensa del superávit fiscal a pesar de cualquier cosa.
Luego, el presidente volvió a cargar contra Villarruel al difundir al funcionario Oría que tuiteó: “Además de traidora, una DEMAGOGA y BRUTA en términos económicos”. Oría fue publicista de la campaña de Milei y Villarruel.
Entre enero y mayo, la inversión extranjera directa (IED) mostró un preocupante saldo neto negativo de u$s1.679 millones, producto de mayores egresos que ingresos. A pesar del fin del cepo y de los incentivos oficiales, los dólares siguen sin llegar.
Pese al levantamiento del cepo cambiario y los esfuerzos oficiales por atraer capitales, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina registró entre enero y mayo unsaldo neto negativo de u$s1.679 millones, el peor resultado en al menosdiez años. Lejos de llegar nuevos fondos, salieron más dólares de los que ingresaron, una señal alarmante para la economía en un momento clave de reformas.
Según datos del Banco Central, los ingresos por IED sumaron apenas u$s551 millones en los primeros cinco meses del año. En cambio, los egresos se aceleraron, profundizando una tendencia que ya se había observado en 2024, cuando la IED cayó54% respecto al año anterior. La salida de capitales se intensificó este año en un contexto de incertidumbre política, fragilidad legislativa del Gobierno y reformas estructurales sin consolidar.
Desde el sector financiero advierten que la eliminación del cepo el pasado 14 de abril no funcionó como un atractivo para nuevas inversiones, sino como una vía de escape. “La liberación cambiaria facilitó la repatriación de capitales en lugar de fomentar proyectos productivos”, señalaron desde una consultora. Además, factores globales como altas tasas de interés internacionales y la baja en el precio del litio contribuyeron a desalentar el flujo de capitales hacia el país.
La dinámica mensual muestra esa volatilidad: sólo en marzo y mayo hubo saldos positivos (u$s97 y u$s109 millones, respectivamente), mientras que en febrero se registró una salida neta de más de u$s1.000 millones, un verdadero desplome. Sectores como la minería y la industria manufacturera siguen activos, pero no alcanzan para compensar la fuga generalizada.
Ni el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni los proyectos de infraestructura anunciados —como un oleoducto en Río Negro o un buque de licuefacción— lograron cambiar las expectativas. Grandes bancos internacionales como J.P. Morgan, Wells Fargo y Morgan Stanley aún mantienen una postura de cautelay escepticismo, señalando el alto riesgo país y la necesidad de mayor estabilidad institucional.
Con esta salida neta de capitales, Argentina enfrenta un serio desafío: recuperar la confianza de los inversores extranjeros. Analistas coinciden en que el retorno de la IED dependerá de que el Gobierno logre estabilizar la macroeconomía, fortalecer las reglas de juego y ofrecer garantías reales a quienes decidan apostar por el país.
La vicepresidenta cruzó fuerte a Milei y le reclamó que le pague a los jubilados lo que corresponde y reduzca los gastos “en viajes y en la SIDE”.
Tras la polémica sesión en el Senado que habilitó la aprobación de leyes claves en materia previsional y de discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con durezaa las críticas del presidente Javier Milei, quien la tildó de “traidora” por permitir el avance de proyectos que, según el Ejecutivo, atentan contra el equilibrio fiscal.
A través de sus redes sociales, Villarruel no solodefendió su accionar institucional, sino que además lanzó una serie de mensajes directos hacia la Casa Rosada. En uno de ellos, fue categórica:
“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorren en viajes y en la SIDE y listo”, escribió en su cuenta de Instagram.
La tensión escaló luego de que el Senado aprobara iniciativas impulsadas por la oposición: un aumento en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Ante esto, Villarruel dejó en claro quepriorizó las urgencias sociales por sobre la disciplina partidaria.
Frente a los cuestionamientos sobre su supuesta deslealtad al presidente, Villarruel contraatacó:
“¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacelo reclamar a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, escribió en respuesta a un seguidor.
Y agregó, con tono irónico:
“No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”, en alusión a Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.
Villarruel también criticó la falta de diálogo dentro del Ejecutivo:
“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, sostuvo.
En cuanto a los proyectos votados, la vicepresidenta argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados y fueron tratadas con mayoría simple, pese a la controversia sobre los dos tercios que exige el reglamento para determinados temas.
“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció, en alusión directa al bloque oficialista que no logró frenar el tratamiento.
Las leyes aprobadas incluyen un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, un incremento del bono de $70 mil a $110 mil ajustado por inflación, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
Con este cruce, la tensión entre Villarruel y Milei alcanzó su punto más álgido desde el inicio del gobierno. La vicepresidenta rompió el silencio con un mensaje claro: su rol institucional está al servicio de quienes más lo necesitan, aunque eso implique incomodar al propio presidente.
La Cámara Federal de San Martín anuló la resolución del Ministerio de Economía que afectaba la autonomía municipal, el fallo destacó que la resolución de Caputo impedía a los municipios realizar inversiones en áreas clave como la salud y la educación.
El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en los tribunales. La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía que restringía el cobro de tasas municipales, al considerar que atentaba contra la autonomía de los municipios y generaba ungrave perjuicio social.
El fallo representa un duro golpe para las ambiciones del oficialismo, que intentaba avanzar con una normativa que impedía a los municipios incluir ciertos conceptos en sus tasas si no estaban directamente vinculados con servicios contratados. Esto generó un fuerte rechazo por parte de intendentes, quienes advirtieron que la medida ponía en jaque el financiamiento de servicios esenciales como la recolección de residuos, obras públicas, salud, y mantenimiento de infraestructura.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien denunció que la medida del Ministerio de Economía —bajo la conducción de Luis Caputo— desfinanciaba deliberadamente a los gobiernos locales. Gracias a la intervención judicial, se destraban ahora obras que estaban paralizadas en su distrito debido a la resolución anulada.
La sentencia judicial no solo reafirma el principio constitucional de la autonomía municipal, sino que también cuestiona el intento del Gobierno nacional de condicionar a los municipios mediante recortes que —según los intendentes— buscan forzarlos a adherir a las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 jefes y jefas comunales de todo el país, había advertido con firmeza sobre el carácter inconstitucional de la resolución. En un documento conjunto, los intendentes señalaron que la medida del Ministerio de Economía evidenciaba un “profundo desconocimiento del federalismo y de la Constitución Nacional”, al intentar debilitar las potestades tributarias de los municipios.
“El ministro Caputo desconoce por completo la economía real de una comuna”, expresaron en el comunicado, y lo acusaron de“intentar desviar la atención con fake news económicas” para responsabilizar a las tasas municipales del aumento del costo de vida, cuando los verdaderos responsables —sostienen— son los tarifazos impulsados por el propio Gobierno.
Además, los intendentes advirtieron que eliminar las facultades tributarias de los municipios equivale a condenar a millones de vecinos y vecinas a un deterioro severo en servicios clave como salud, educación, seguridad y asistencia social.
Con este fallo, la Justicia vuelve a poner un freno a una política nacional que busca recentralizar recursos a costa de los gobiernos locales. Se trata de otra señal de advertencia al Ejecutivo, en un contexto de creciente conflictividad institucional y social.
Luego del duro informe emitido por JP Morgan sobre la situación económica y política en Argentina, ahora es Wells Fargo, otro actor relevante del sistema financiero internacional, quien prende una luz de alerta.
Durante una reciente visita al país, directivos del banco estadounidense advirtieron sobre un escenario local complejo, con “sacudones fuertes” en el horizonte, y redujeron en 15 puntos la probabilidad de que los libertarios ganen con contundencia en las elecciones legislativas de octubre.
Aunque el informe de Wells Fargo reconoce “los éxitos económicos” en favor del sector financiero logrados hasta ahora por el gobierno de Javier Milei y su agenda de reformas, también enfatiza los riesgos políticoscrecientes y una caída en el entusiasmo empresarial local. Antes de su visita, el banco estimaba un 80% de posibilidades de triunfo para los libertarios con más del 40% de los votos. Sin embargo, tras reunirse con empresarios y capitales nacionales, esa proyección se ajustó a un 65%, marcando un escenario más competitivode cara a los comicios.
Además, el banco estadounidense subraya que, incluso en caso de una victoria, Milei deberáconstruir alianzas políticas para poder sostener e impulsar reformas estructurales. “Aunque todos en el sector privado con quienes hablamos reconocieron los éxitos de la agenda de reformas de Milei hasta la fecha, la mayoría manifestó distintos grados de descontento, al menos con la percepción de su retórica conflictiva”, señala el reporte.
Wells Fargo también recoge una percepción compartida por varios entrevistados: el triunfo de Milei en 2023 respondió más a un voto de rechazo al establishment político que a un apoyo genuino a su figura o su programa.
Al igual que JP Morgan, Wells Fargo advierte sobre los riesgos asociados a la baja participación electoral, especialmente en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno —coinciden ambos bancos— podría debilitar el respaldo real del gobierno y comprometer su capacidad para avanzar con su proyecto económico.
En resumen, el mensaje de Wells Fargo es claro: aunque el oficialismo aún conserva chances de imponerse en octubre, el contexto se ha tornado más incierto, y el respaldo político ya no es tan firme como lo era hace solo unos meses.
Crece la preocupación por acuerdos que profundizan la entrega de recursos en Malvinas sin avanzar en el reclamo de soberanía.
La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido atraviesa un nuevo capítulo, atravesado por un reclamo tan insólito como preocupante: los kelpers, representantes de la comunidad británica que ocupa ilegalmente el archipiélago, exigen que el gobierno argentino cumpla con los compromisos asumidos en acuerdos bilaterales firmados durante las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei, los cuales —según denuncian expertos y organizaciones— socavan la posición soberana del país en favor de intereses británicos.
Dos pactos, una misma política: entregar sin discutir soberanía
En el centro de la controversia se encuentran dos documentos clave: el Acuerdo Foradori-Duncan (2016) y el más reciente Pacto Mondino-Lammy (2024). Ambos fueron celebrados bajo la llamada fórmula de “paraguas de soberanía”, acordada entre Buenos Aires y Londres en 1989, que implica avanzar en relaciones bilaterales sin discutir el estatus del territorio en disputa.
Este paraguas ha servido como cobertura diplomática para que sucesivos gobiernos promuevan una “agenda positiva” con el Reino Unido en torno a temas económicos, logísticos y científicos en el Atlántico Sur. Tanto el acuerdo de 2016 como el firmado en 2024 fueron elaborados sin intervención del Congreso Nacional argentino, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.
Entre los puntos más polémicos se destacan:
Facilitación de vuelos comerciales a las islas desde Brasil.
Cooperación en materia de pesca y recursos hidrocarburíferos, sin reciprocidad ni control efectivo argentino.
Convenios logísticos y científicos con base en las islas, incluso para actividades en la Antártida.
Ausencia total de avances o condiciones vinculadas al reclamo de soberanía.
Acuerdo Foradori-Duncan (2016): el origen de la entrega
Firmado el 13 de septiembre de 2016 por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, este documento abrió una nueva etapa en la relación bilateral bajo el gobierno de Mauricio Macri. Allí se estableció una hoja de ruta para avanzar en conectividad aérea, identificación de soldados caídos en Malvinas, cooperación antártica y diálogo sobre pesca e hidrocarburos.
El exvicecanciller Carlos Foradori junto al entonces embajador británico en Argentina, Mark Kent
Sin embargo, el acuerdo fue severamente criticado por no incluir ningún tipo de reafirmación del reclamo de soberanía, lo cual fue interpretado como una claudicación diplomática. El hecho de que se haya firmado sin debate legislativo ni consulta pública, y con una redacción que —según expertos— utiliza terminología más cercana a los intereses británicos que a los argentinos, lo convirtió en uno de los puntos más cuestionados de la política exterior de Cambiemos.
Pacto Mondino-Lammy (2024): continuidad en el retroceso
Ya bajo la presidencia de Javier Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino —entonces encabezado por Diana Mondino— rubricó un nuevo entendimiento con el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, que ratifica y profundiza los lineamientos del Foradori-Duncan. Firmado en 2024, el Pacto Mondino-Lammy consolida la cooperación en áreas sensibles, como pesca, vuelos y logística antártica, sin plantear en ningún momento la necesidad de retomar las negociaciones por la soberanía.
La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy
El gobierno argentino justificó este pacto como una “herramienta pragmática” para fortalecer los vínculos bilaterales, sin confrontar. Mondino incluso defendió públicamente a Carlos Foradori —quien en 2024 fue designado por la gestión Milei como embajador ante la ONU en Ginebra—, lo cual fue interpretado como un gesto explícito de continuidad con la política exterior del macrismo en materia de Malvinas.
¿violación constitucional?
Distintas voces especializadas han advertido que estos acuerdos podrían constituir una violación directa a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (…), y ratifica el objetivo permanente e irrenunciable de recuperarlas por medios pacíficos”.
Para el especialista en pesca y Atlántico Sur, César Lerena, se trata de una “cesión incondicional” del desarrollo económico del archipiélago: “Se les entrega a los británicos sin contrapartidas”. En la misma línea, el politólogo Armando Abruza advirtió que los textos “invisibilizan la condición colonial” del territorio usurpado.
La organización Agenda Malvinas, que viene denunciando la inconstitucionalidad de estos pactos, sostiene que cada gesto de cooperación sin exigencias soberanas debilita la posición argentina y consolida una ocupación de facto por parte del Reino Unido.
El reclamo ilegítimo de los kelper
El reclamo de los kelpers se intensificó luego de que, en junio de 2024, la Argentina obtuviera un respaldo unánime en la 55ª Asamblea General de la OEA, donde se reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía. Como contrapartida, el gobierno británico, a través de la baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office, exigió públicamente que Argentina “honre los compromisos pesqueros y de conectividad aérea” establecidos en el Pacto Mondino-Lammy.
Chapman defendió estos acuerdos como beneficiosos “para todos los actores”, incluyendo a los habitantes de las islas, y volvió a insistir en el principio de autodeterminación de los isleños, posición históricamente rechazada por Argentina al considerar que los kelpers no constituyen un pueblo colonizado, sino una población implantada por una potencia colonial.
La baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office.
Con el Reino Unido reforzando su presencia militar y económica en las islas —incluyendo inversiones en infraestructura, vuelos y plataformas petroleras— y con el gobierno argentino apostando por una política exterior de perfil bajo y concesivo, diversos analistas alertan sobre la posibilidad de una “normalización de facto” de la ocupación británica.
“Cada concesión sin reciprocidad consolida la ocupación”, reiteró César Lerena. En este contexto, la política oficial parece oscilar entre discursos soberanistas y gestos que, en los hechos, avalan la continuidad del statu quo impuesto tras la guerra de 1982.
El futuro de las Malvinas —y del reclamo argentino— se juega en este delicado equilibrio entre diplomacia, recursos naturales y geopolítica. Y mientras los acuerdos no pasen por el Congreso ni reflejen una estrategia nacional consensuada, la soberanía sigue estando más en los papeles que en la práctica.
