En el Consejo de la Magistratura había diferentes denuncias sobre un viaje pagado por el Grupo Clarín en el que participaron el juez federal Julián Ercolini, el juez federal económico Pablo Yadarola, el juez Pablo Cayssials del juzgado contencioso administrativo 9 y Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. En el viaje cuestionado estuvieron también el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques. El viaje ¿de placer y negocios? fue a la mansión de Joe Lewis en la Patagonia.

El caso sería un escándalo en cualquier lado del mundo. Una empresa pagando favores a fiscales y jueces a cambio de ¿qué? Nunca lo sabremos porque los principales medios y ahora el Consejo de la Magistratura decidió archivar el tema gracias a la desidia de los jueces que participan en el mismo Consejo. Es decir: los jueces protegen a sus colegas. Una vergüenza.

La consultora Zuban Córdoba indagó acerca de la imagen de los hombres y mujeres más reconocidos de los medios y el resultado no es bueno para la mirada libertaria. Luis Majul es el periodista con peor imagen del país, con un 60% de rechazo. Es conocido por sus entrevistas obsecuentes al presidente Javier Milei.

En primer lugar, el trabajo revela que un periodista crítico del Gobierno nacional como Rolando Graña es quien tiene mejor imagen positiva y, además, un diferencial positivo por demás voluminoso. Lo sigue de lejos Antonio Laje. 

Entre los periodistas con imagen positiva más alta que la baja aparecen Gustavo Sylvestre, Ernesto Tenembaum, Carlos Pagni, Alejandro Bercovich, este último dueño del diferencial más alto de los medidos. También se suman en este grupo Daniel Ballester, María O´Donnell, Nancy Pazos, Reynaldo Sietecase, Hugo Alconada Mon, Ari Lijalad, Jorge Fontevecchia, Mariana Contartessi, Estefanía Pozzo y Noelia Barral Grigera.

El Banco Central reconoció que gastó USD 400 millones de las reservas para intervenir en el precio del dólar futuro, una opción que estaba explícitamente vedada en el el último acuerdo con el FMI. Al gobierno nacional no le importa nada con tal de mantener la ficción del dólar a 1000 pesos.   

El organismo que preside Santiago Bausili, socio fundador junto al ministro de Economía de la consultora Anker, publicó este viernes datos de la entidad monetaria al 30 de abril ,que muestran una posición vendedora en futuros por más de USD 408 millones. 

Desde que se firmó con el FMI, el gobierno no deja de perder reservas y apunta ahora a un nuevo blanqueo que permita “sacar los dólares del colchón”, provengan de actividades legales o no, según dijo el propio Javier Milei. ¿El FMI va a permitir que plata de delitos se usen en un blanqueo? Nadie lo tiene en claro y por eso todavía hay más dudas que certezas sobre la política libertaria.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional, Javier Milei, y referentes de La Libertad Avanza y el PRO, acusándolos de manipular políticamente el tema de la seguridad y “caranchear con el dolor” de la gente.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron tras la difusión de las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos, que indican una baja en la tasa nacional —3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024—, calificada por el propio Gobierno como la más baja de Sudamérica y la menor desde que existen registros en el país. Sin embargo, Kicillof advirtió que “cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires la caída de homicidios fue incluso mayor al promedio nacional, con un descenso del 10,2%. Pero enfatizó que el enfoque del oficialismo nacional sobre el tema resulta oportunista: “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas. La motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”.

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador también puso en evidencia lo que consideró una contradicción del Gobierno de Javier Milei. “Frente a cada episodio de inseguridad grave, el Presidente se desentiende y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿Es mérito del Gobierno Nacional cuando las cifras mejoran y culpa de las provincias cuando hay problemas?”, cuestionó.

En un tono firme, Kicillof desmintió la narrativa oficialista sobre la situación en territorio bonaerense: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’”.

La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El mandatario también apuntó contra la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que responsabilizó de utilizar el miedo como herramienta de campaña. “Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, advirtió, y reclamó que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor”.

Finalmente, exigió al Gobierno nacional la devolución de los fondos de coparticipación que, según denunció, fueron recortados a la provincia. “Esos recursos, que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses, equivalen a la compra de 10.000 patrulleros”, remarcó Kicillof, quien insistió en la necesidad de “un Estado sensible, presente y protector”.

Por el ajuste de Javier Milei, el principal hospital pediátrico del país atraviesa una crisis sin precedentes. Más de 200 profesionales se fueron por los bajos salarios y la falta de respuesta oficial. “Hay riesgo de vida para los chicos”, denunció Norma Lezana, secretaria general de los profesionales del hospital.

Mientras el presidente Javier Milei se reúne con figuras del negacionismo sanitario como Robert Kennedy Jr., el Hospital Garrahan —referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad— vive una situación crítica. “Nos están llevando a todos a una situación muy límite”, denunció Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

“El hospital está en una situación prácticamente de colapso”, alertó Lezana. Según la dirigente, ya se fueron más de 200 profesionales del equipo de salud, incluidos médicos de planta, residentes y becarios, debido a la crisis salarial y la falta total de respuestas por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. “No hay concursos para cubrir las vacantes. Los equipos se desarman y no se reemplaza a nadie”, explicó.

La gravedad de la situación quedó expuesta este lunes, cuando los residentes —cuyos salarios rondan los 700 mil pesos por jornadas de hasta 60 horas semanales— comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Como resultado, desde las 16 hasta las 8 de la mañana siguiente no hay guardias cubiertas. “Ayer hubo médicos que quedaron solos a cargo de 30 pacientes internados. Son chicos en cuidados intensivos y moderados, que en otros lugares estarían en terapia”, relató Lezana.

Según denunció, la dirección del hospital ignoró los pedidos de contingencia: “No suspendieron cirugías, no derivaron pacientes. No hicieron nada. A las 4 de la tarde respondieron que se arreglen como puedan”. Por esa desidia, presentaron una denuncia penal contra las autoridades del hospital por abandono de persona.

Lezanano dejó dudas: “Nos están llevando a todos a una situación muy límite. No se puede pretender que un médico viva con 700 mil pesos. Tienen que trabajar después con aplicaciones, sin dormir. No dan más”.

Frente al colapso, hoy se realizará una asamblea en el hospital con participación de todos los sectores: profesionales, residentes, becarios y conducción intermedia. El objetivo es exigir una solución urgente, pero también apuntar más allá del conflicto salarial. “Estamos pidiendo una ley que blinde el financiamiento del Garrahan. Hay chicos y chicas que no encuentran atención en ningún otro lugar, ni siquiera en el sistema privado”, subrayó Lezana.

En paralelo, el gobierno nacional evita el tema. Mientras se multiplican los reclamos y las denuncias, el secretario de Salud Mario Lugones se mostró más interesado en la agenda internacional de la OMS y los protocolos ante una catástrofe nuclear, que en garantizar la atención médica a los niños y niñas de su propio país.

Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas conspirativas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen los mandatos impuestos desde Washington.

El gobierno de Javier profundiza su alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y esta vez lo hace en un área clave de la soberanía nacional: el sistema de salud. Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas antivacunas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen de cerca el modelo impulsado desde Washington, expandiendo las áreas de injerencia como ya sucedió con seguridad, energía y defensa.

Presentadas como una “modernización basada en evidencia científica”, las medidas apuntan a una “revisión profunda” del funcionamiento de los organismos nacionales de salud. Bajo el discurso de combatir la burocracia y actualizar normas, se abre paso a una reforma que responde más a la agenda de intereses extranjeros que a las necesidades del pueblo argentino. Todo esto sucede mientras el gobierno formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alejándose de consensos sanitarios internacionales y acercándose peligrosamente a posturas pseudocientíficas que han generado preocupación global.

La reunión entre Kennedy Jr. y los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger dejó en claro la sintonía ideológica: desregulación de obras sociales y prepagas, promoción de biosimilares sin regulación firme, implementación de receta electrónica, y reducción de estructuras estatales. Esta hoja de ruta no es otra cosa que una reproducción del modelo estadounidense que Kennedy Jr. viene promoviendo, incluso a costa de miles de empleos en la FDA y los CDC en su propio país.

Resulta alarmante que una figura tan cuestionada como Kennedy Jr., acusado de difundir desinformación sobre vacunas, con teorías desacreditadas incluso por su propia familia, sea recibida como socio estratégico para reconfigurar el sistema sanitario argentino.

Sus afirmaciones infundadas sobre el autismo, la seguridad de las vacunas, y su campaña contra la inmunización han sido refutadas ampliamente por la comunidad científica internacional. Sin embargo, es ahora él quien parece tener influencia directa sobre las políticas de salud pública en nuestro país.

La supuesta “eficiencia” que promueve Kennedy —basada en recortes, privatizaciones y un Estado ausente— ya ha mostrado sus consecuencias en EE.UU.: un sistema costoso, desigual, y con pobres resultados sanitarios. Exportar ese modelo a la Argentina no es solo un acto de imprudencia, sino una claudicación de la soberanía sanitaria.

Así, con cada paso, el gobierno de Javier no hace más que confirmar su vocación de subordinación: desde las decisiones económicas hasta las políticas de salud, el Estado argentino se entrega sin condiciones a los intereses de Washington, incluso cuando estos van en contra de la evidencia, la salud pública y los derechos de la ciudadanía.

La central obrera presentó un amparo para frenar el decreto que amplía al extremo las actividades “esenciales” y limita el derecho constitucional a la protesta. “Quieren borrar la huelga de un plumazo”, advirtieron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical para frenar el decreto del gobierno de Javier Milei que busca restringir el derecho a huelga al declarar como “esenciales” a una lista ampliada de actividades. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

La ofensiva contra la huelga quedó oficializada la semana pasada con la publicación del Decreto 340/2025, que impone nuevas condiciones para las medidas de fuerza, exigiendo un funcionamiento mínimo del 50% al 75% en una veintena de actividades. Desde el sector sindical lo interpretan como un intento de vaciar de contenido el principal instrumento de protesta del movimiento obrero.

“El decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, había señalado la CGT en un comunicado que anticipaba el paso por los tribunales. La central obrera remarcó que dará la batalla “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, recordó que la Justicia ya se había pronunciado contra intentos similares contenidos en el DNU 70/2023. “Están reiterando lo mismo. Pretenden cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de ejercer medidas de acción directa”, señaló.

La norma firmada por Milei incluye como esenciales a sectores estratégicos como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte, aduanas, internet y hasta el cuidado de menores, con lo cual deja bajo un régimen restrictivo a casi toda la estructura de servicios del país. Para la CGT, la decisión representa un retroceso en derechos laborales y una violación directa a convenios internacionales firmados por Argentina.

La jugada oficialista, que busca blindarse frente a eventuales paros nacionales en medio del creciente malestar social, ya generó un nuevo frente judicial con el sindicalismo organizado. Desde la central obrera confían en que la Justicia volverá a frenar el intento libertario de imponer por decreto el silenciamiento de la protesta social.

Milei lo puso a frente de la empresa de energía nuclear NASA. Cobra tres veces más que el Presidente, pero en su gestión no registra avances de hecho incluso se canceló el proyecto CAREM, la primera central nuclear de potencia 100% argentina.

Demian Reidel, amigo personal de Javier Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), cobra más de $14 millones mensuales mientras el Plan Nuclear que él mismo encabeza sigue completamente paralizado. Fue nombrado el 23 de abril y desde entonces no hay avances concretos, más allá de viajes y discursos vacíos.

Con un sueldo que triplica el del propio Presidente y supera ampliamente al de ministros, jueces y legisladores, Reidel se convirtió en uno de los funcionarios mejor pagos del país, en plena era del “ajuste más grande de la historia”. Todo esto, mientras no presenta resultados y frena proyectos clave para el desarrollo energético nacional.

Por presión de Estados Unidos —según señalan fuentes cercanas al sector—, Reidel habría congelado el proyecto CAREM, el reactor modular 100% argentino que representa uno de los hitos más ambiciosos del sistema científico-tecnológico local. El desarrollo de este reactor estaba en una etapa crítica de construcción, pero quedó suspendido sin una explicación clara a nivel oficial.

El contraste con el discurso libertario no podría ser más evidente: mientras miles de trabajadores del Estado fueron despedidos y se recortan fondos a ciencia, educación y salud, un asesor presidencial cobra más de 46 veces el salario mínimo y encabeza un plan que no avanza.

El Plan Nuclear, presentado con bombos y platillos en diciembre junto al jefe del OIEA, Rafael Grossi, no cuenta con respaldo en la comunidad científica y ha sido cuestionado por sus objetivos vagos y poco realistas. Ni siquiera hay precisiones sobre la anunciada “ciudad nuclear en la Patagonia”.

Reidel se mostró recientemente en Francia, en reuniones con empresarios y acompañado por el embajador argentino, Ian Sielecki. Desde allí volvió a repetir su intención de construir reactores modulares en cinco años, aunque no detalló ni financiamiento, ni cronograma, ni capacidad técnica nacional para semejante ambición.

Mientras tanto, Nucleoeléctrica sigue en funcionamiento gracias al esfuerzo de casi 3.000 trabajadores, que cobran un salario promedio muy inferior al del presidente de la empresa, y genera el 10% de la matriz eléctrica del país. En lo que va del año, facturó más de $264 mil millones sin recibir transferencias del Tesoro.

La única certeza, por ahora, es que Reidel cobra su sueldo religiosamente cada mes. Y que el Plan Nuclear, como su Consejo de Asesores, está en vía muerta.

Cristian Ritondo confirmó que los partidos de Milei y Macri compartirán boleta en las elecciones legislativas bonaerenses. Ajuste, represión y negocios, el pacto que los une.

La Libertad Avanza y el PRO formalizaron su alianza para competir juntos en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El anuncio lo hizo este miércoles el diputado macrista Cristian Ritondo, tras mantener una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada.

“Vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires”, declaró Ritondo, quien agregó que “todavía falta definir qué instrumento se utilizará en septiembre y en octubre”, en referencia a la presentación formal de listas y el posible uso de sellos partidarios propios o compartidos.

En el encuentro participaron también Diego Santilli, Sebastián Pareja —mano derecha de Karina Milei en el conurbano— y Eduardo “Lule” Menem, operador clave de la estructura libertaria.

Con este acuerdo, se consolida la sociedad entre el mileísmo y el macrismo duro, que ya viene funcionando en el Congreso y que encuentra en la provincia de Buenos Aires su próxima gran apuesta electoral. Ambos espacios confluyen en un programa común: profundización del ajuste, avance sobre derechos laborales y sociales, criminalización de la protesta, y desguace del Estado.

La alianza no sorprende, pero sí deja en evidencia la sintonía ideológica entre Mauricio Macri y Javier Milei, que se traduce ahora en una estrategia electoral conjunta para disputar el poder territorial bonaerense. Para los trabajadores, jubilados y sectores populares de la provincia, la fórmula ya es conocida: más mercado, menos derechos.

Lejos de que el ajuste lo pague “la casta”, el gobierno libertario sigue descargando el peso del recorte sobre la clase media y trabajadora, sin actualizar salarios ni homologar paritarias.

En plena recesión, el gobierno nacional recorta subsidios a la energía en zonas frías y modifica el esquema de segmentación para seguir trasladando aumentos a los usuarios. Los ingresos no suben, pero las tarifas no paran de crecer.

Más de 150 mil usuarios afectados: fin de los subsidios en zonas frías

El gobierno nacional eliminó los subsidios energéticos para más de 150 mil usuarios residenciales que habitan en zonas con bajas temperaturas, principalmente en provincias del sur y del centro del país. Se trata de usuarios que hasta ahora accedían a tarifas diferenciadas por el mayor consumo necesario en invierno. La decisión fue oficializada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 90/2024.

Según informó el propio organismo, los hogares perjudicados son aquellos que no están registrados en el padrón de beneficiarios de subsidios. La quita impacta de lleno en familias que venían enfrentando aumentos acumulados en luz y gas, mientras sus ingresos siguen congelados.

Cambios en la segmentación: menos subsidios, más tarifa plena

A contramano de la promesa de campaña, el Ejecutivo modificó los criterios para definir quién accede a los subsidios y quién paga tarifa plena, endureciendo las condiciones para ser considerado un “usuario de bajos ingresos”.

A partir de ahora, para pertenecer al nivel 2 (segmento subsidiado), se deberá demostrar un ingreso inferior a $730.000 (1,77 canastas básicas) y cumplir con una serie de nuevas restricciones: no tener más de un inmueble, no poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad, ni embarcaciones o aeronaves. Esto reduce el universo de beneficiarios y empuja a más familias a pagar el costo completo del servicio, en un contexto donde la inflación no cede y los salarios están planchados.

Ajuste a los de siempre: el bolsillo popular sigue pagando la crisis

Desde que asumió Javier Milei, el discurso del “ajuste lo paga la casta” se diluyó frente a la realidad. Mientras se frena la homologación de paritarias y el poder adquisitivo se derrumba, el gobierno no deja de habilitar aumentos en servicios esenciales como luz, gas, transporte y prepagas.

La quita de subsidios en zonas frías y la nueva segmentación confirman que el ajuste no lo paga la casta, sino los trabajadores, los jubilados y la clase media, que ya venían golpeados por el tarifazo en marzo y los aumentos proyectados para julio.