Los jubilados volverán a cobrar un bono de $70 mil pesos en mayo: el monto está congelado desde hace más de un año.

Mientras las tarifas, los alimentos, el transporte y los alquileres siguen encareciéndose mes a mes, el Gobierno confirmó que en mayo los jubilados volverán a recibir un bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el monto de este refuerzo no ha sido actualizado desde hace más de un año, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo frente a una inflación acumulada que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.

La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial. El bono será otorgado por única vez a los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas. Pero, pese a que busca “compensar la pérdida del poder adquisitivo”, como señala el propio texto del decreto, el congelamiento del monto hace que quienes perciben los haberes más bajos reciban en mayo un aumento real inferior al que establece la fórmula de movilidad: un 3% en lugar del 3,7% correspondiente por inflación.

El bono se abonará íntegro únicamente a quienes cobren la jubilación mínima. En el caso de quienes perciban haberes superiores, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar un total de $261.000. Por ejemplo, si un jubilado cobra $190.000, recibirá un bono de $51.000 para completar el tope definido.

Además, se actualizaron los valores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. De este modo, sin incluir el bono, la jubilación mínima pasará a ser de $296.481,75, y la máxima ascenderá a $1.995.041,46. Con el bono, quienes cobren el haber mínimo percibirán un total de $366.481,75 en mayo.

También se aplicarán incrementos similares a la PUAM, que llegará a $307.185,40, y a las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, que alcanzarán $277.537,22, ambos montos incluyendo el refuerzo de $70.000.

Cronograma de pagos

Los pagos se realizarán según la terminación del DNI, sin interrupciones por feriados:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0: viernes 9 de mayo
• DNI terminados en 1: lunes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: martes 13 de mayo
• DNI terminados en 3: miércoles 14 de mayo
• DNI terminados en 4: jueves 15 de mayo
• DNI terminados en 5: viernes 16 de mayo
• DNI terminados en 6: lunes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: martes 20 de mayo
• DNI terminados en 8: miércoles 21 de mayo
• DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de mayo

Mientras el Grupo de los 6 saluda el entendimiento con el FMI, crecen las señales de alarma por las consecuencias que puede traer un nuevo ciclo de endeudamiento y condicionamientos externos.

El reciente respaldo del Grupo de los 6 (G6) al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentado como una señal de apoyo a la “estabilidad” económica de Argentina. Sin embargo, el entusiasmo del núcleo empresarial más poderoso del país contrasta con las alertas que crecen en distintos sectores sobre los riesgos y condicionamientos que acompañan al acuerdo con el Fondo.

El G6 —integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Cámara Argentina de Comercio— celebró la aprobación legislativa del acuerdo y afirmó que la refinanciación de la deuda “abre las puertas al crédito y la inversión privada”. No obstante, esa mirada optimista omite deliberadamente el impacto social que podrían tener las medidas comprometidas ante el FMI.

Entre los puntos más cuestionados del acuerdo se encuentran la reducción del déficit fiscal, el recorte de subsidios y el ajuste en el gasto público. Para numerosos especialistas, estas políticas tendrán efectos recesivos, afectando sobre todo a los sectores más postergados. A eso se suma el uso previsto de los desembolsos del FMI: lejos de apuntalar la producción o el empleo, se destinarían en buena medida a intervenciones cambiarias, alimentando una lógica de estabilización financiera sin mejoras en la economía real.

Además, el historial del país con el FMI no genera precisamente confianza. Las experiencias previas con el organismo estuvieron marcadas por recetas de ajuste, crisis sociales y deterioro económico. La desconfianza hacia el Fondo sigue siendo fuerte en buena parte de la sociedad, que recuerda las consecuencias del endeudamiento y las condicionalidades impuestas.

En este escenario, el optimismo del G6 puede verse más como una expresión de intereses sectoriales que como una lectura realista de la situación del país. Mientras millones de argentinos enfrentan un presente de incertidumbre, caída del poder adquisitivo y deterioro del empleo, los elogios empresariales al acuerdo suenan ajenos, desconectados de esa realidad.

Más que festejar un pacto que refuerza la dependencia financiera y deja poco margen para una recuperación con inclusión, los líderes empresariales harían bien en acompañar políticas que apunten a un desarrollo sustentable y equitativo. Porque sin bienestar para las mayorías, no hay inversión que dure ni estabilidad que se sostenga.

¿Quiénes integran el G6?

El llamado “Grupo de los 6” (G6) está conformado por las principales entidades empresarias del país: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Cámara Argentina de la Construcción. Representan a los sectores más concentrados de la economía y, con frecuencia, operan como una voz articulada del poder económico local.

El riesgo país que elabora JP Morgan volvió a subir este viernes hasta llegar a los 741 puntos básicos. Se trata del tercer aumento consecutivo del indicador que mide el costo del finaciamiento argentino. En lo que va del año dio un salto del 16,7%. Preocupación en el ministro de Economía, Luis Caputo.

Es un dato clave porque ese índice determina el costo del endeudamiento en los mercados internacionales, algo que pretende hacer rápidamente el gobierno de Javier Milei para seguir alentando la bicicleta financiera y evitar un estallido financiero.

El gobierno necesita el ingreso de dólares para seguir con el “carry trade” que le permite mantener una relativa estabilidad cambiaria. Los libertarios lograron un salvataje del FMI – que incrementará aún más la deuda externa argentina – que no tuvo mayor impacto en los mercados financieros que siguen viendo con desconfianza un esquema económico que solo está basado en la deuda externa. Argentina ya tiene muchas experiencias similares en su historia reciente. Todas terminaron mal.

La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, cuestionó la campaña que encarna el presidente Javier Milei contra el periodismo, al sostener que trae a su memoria “los peores momentos de la historia mundial”.

“Toda esa promoción del odio y la descalificación, que no solo contaminan el debate público democrático sino que lo destruyen, es aberrante”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia. Asimismo, advirtió: “Cuando se decide poner el objetivo sobre un grupo específico todavía es más grave y trae a mi memoria los peores momentos de la historia mundial”.

El macrismo salió a cuestionar al gobierno de Javier Milei por sus ataques a la libertad de expresión pero se olvidó que durante su gestión, entre 2016 y 2019, se produjo un retroceso muy grande en la prensa, con persecución a medios opositores y represión a fotógrafos en marchas. De hecho, pasó un hecho prácticamente nunca visto en la historia de la democracia argentina desde 1983: la justicia, en connivencia con el gobierno, detuvo al dueño de C5N, quien aseguró que le dijeron que “debía vender el canal a Macri” si quería zafar de la arbitraria detención.

En al menos cuatro provincias han salido a la luz denuncias que apuntan a una estructura de recaudación ilegal montada dentro del organismo, en la que se exige a los empleados aportar parte de sus sueldos para financiar actividades del espacio libertario.

Las acusaciones describen un mecanismo sistemático: los funcionarios designados en delegaciones del PAMI y la ANSeS habrían sido forzados a entregar entre el 10 % y el 15 % de sus salarios como “diezmo político” para solventar las campañas y gastos de La Libertad Avanza. Aunque las autoridades del partido lo niegan, en varios casos hay presentaciones judiciales y testimonios que describen un patrón repetido de presión y retención salarial.

En Misiones, la situación escaló a nivel judicial. Carlos Adrián Núñez –elegido por Karina Milei, hermana del Presidente, para conducir el partido en esa provincia– fue denunciado penalmente por obligar a empleados del PAMI y ANSeS a entregar parte de sus sueldos. La denuncia, presentada por un referente libertario local, involucra a otros dirigentes del espacio y hasta a dos funcionarias que figuran en la lista de candidatos a diputadas provinciales. La crisis interna derivó en un pedido de renuncia y en tensiones de cara a las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio.

Pero el escándalo no se detiene en el litoral. En La Pampa, la disputa por el control del partido derivó en denuncias por presuntos nombramientos irregulares en el PAMI y el uso de una cuenta bancaria personal, a nombre de un dirigente local, para canalizar los aportes obligatorios de funcionarios. Aunque el acusado reconoció la existencia de la cuenta, negó que los aportes fueran compulsivos. Sin embargo, la revelación de que al menos una docena de militantes libertarios ocupa cargos públicos en delegaciones del PAMI refuerza las sospechas.

En Santa Cruz, la situación se volvió aún más tensa cuando un exdelegado del PAMI en Caleta Olivia denunció haber sido presionado para obligar a una médica a hacer aportes al partido. Aunque reconoció que él mismo aportaba dinero, dijo hacerlo voluntariamente. Poco después fue desplazado de su cargo.

En medio del escándalo, las autoridades del PAMI –organismo que, formalmente, depende del secretario de Salud Mario Lugones, con vínculos estrechos con el entorno presidencial– anunciaron una auditoría interna y prometieron sanciones. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que “no se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, en un mensaje directo hacia Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores clave de Karina Milei y quienes manejan gran parte de las designaciones provinciales.

Las denuncias de “aportes obligatorios” se extienden también a Chaco y otras provincias, dejando al descubierto una posible estructura nacional de financiamiento partidario ilegal amparada en cargos públicos. El vínculo directo entre las autoridades del PAMI y la cúpula de La Libertad Avanza levanta serios interrogantes sobre el uso de los recursos del Estado en beneficio de una fuerza política.

El caso ya está en la mira de la justicia y promete seguir generando ruido político, mientras crece el malestar interno entre militantes y funcionarios que denuncian coerción, clientelismo y corrupción dentro del espacio que prometió “terminar con la casta”.

Tras el rotundo estreno internacional de El Eternauta, la esperada serie basada en la celebre historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, Ricardo Darín alzó la voz contra los reiterados ataques del Gobierno nacional a la cultura y a la industria audiovisual.

Tras el rotundo estreno internacional de El Eternauta, la esperada serie basada en la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, Ricardo Darín alzó la voz contra los reiterados ataques del Gobierno nacional a la cultura y a la industria audiovisual nacional. En una entrevista con C5N, el reconocido actor criticó con firmeza el desfinanciamiento del INCAA y advirtió que “necesariamente se va a tener que modificar” el rumbo de las políticas culturales impulsadas por la gestión de Javier Milei.

“Espero que haya un momento de reflexión más allá de posiciones tomadas, que aparentemente son férreas y asustan”, afirmó Darín, subrayando que el país atraviesa “un momento bisagra” en el que es urgente repensar el lugar que ocupa la cultura en la sociedad.

Con tono contundente, el protagonista de algunos de los mayores éxitos del cine argentino sostuvo: “No podés enterrar la cultura de un país. Aunque no es que no podés, sino que no lo vas a conseguir”.

Sus declaraciones llegan en un contexto crítico para el sector audiovisual: durante la actual gestión del INCAA no se aprobó ni una sola película nacional. Frente a ese panorama, la voz de Darín se suma al creciente reclamo de artistas, productores y trabajadores de la cultura que exigen el fin del desmantelamiento institucional y presupuestario del cine argentino.

Una historia atravesada por la política y la resistencia

El mensaje de Darín cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta el legado de El Eternauta y de su autor, Héctor Germán Oesterheld. Escrita a fines de los años 50, la historieta no sólo se convirtió en una obra maestra de la ciencia ficción latinoamericana, sino también en una metáfora poderosa sobre la resistencia colectiva frente a la opresión.

Oesterheld fue desaparecido por la última dictadura militar en 1977. Militante de la organización montoneros y profundamente comprometido con las luchas sociales de su tiempo, fue perseguido por su pensamiento crítico y sus obras. Sus cuatro hijas también fueron secuestradas y asesinadas. La historia de El Eternauta, con su mensaje sobre la importancia de la acción colectiva frente a la barbarie, se convirtió así en símbolo de memoria, lucha y compromiso.

Que esa historia regrese hoy, en formato de serie y con impacto internacional, mientras el gobierno recorta fondos y desmantela instituciones culturales, resignifica aún más las palabras de Darín. El actor no solo defendió el cine argentino: también defendió la memoria, la libertad de expresión y el derecho de un país a contarse a sí mismo.

En un contexto de creciente hostilidad del gobierno de Javier Milei hacia los medios de comunicación, el militante libertario Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”) realizó un pedido alarmante: que el Presidente encarcele periodistas “por decreto”, en clara violación de las garantías constitucionales y los principios democráticos básicos.

La libertad de expresión y de prensa atraviesa un momento crítico en Argentina. En medio de una escalada de tensiones entre el gobierno de Javier Milei y distintos medios de comunicación, sectores de su militancia más radicalizada han comenzado a pedir abiertamente medidas represivas contra periodistas. Uno de los episodios más alarmantes lo protagonizó el influencer libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, quien solicitó que el presidente “meta preso a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín”, en referencia a una medida tomada durante la restauración democrática en 1985.

Este pedido no es un hecho aislado, sino parte de un clima político crecientemente adverso para la prensa . Parisini, una figura influyente dentro del espacio libertario en redes, realizó este planteo con total liviandad, ignorando las implicancias institucionales y constitucionales que conlleva encarcelar periodistas sin juicio previo y por decisión ejecutiva directa. La propuesta constituye un claro atropello al Estado de Derecho y a la división de poderes, pilares fundamentales de cualquier democracia.

Una distorsión peligrosa de la historia

El argumento de Parisini se basa en una tergiversación de los hechos ocurridos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en octubre de 1985 el entonces presidente firmó el decreto 2049 que ordenó la detención de doce personas en el marco de un estado de sitio, por su presunta vinculación con un intento de desestabilización institucional que incluía atentados con bombas. Entre los detenidos había militares, civiles, y también algunos periodistas —como Jorge Vago y Daniel Horacio Rodríguez— pero la medida no estuvo orientada a censurar la prensa, sino a frenar una amenaza golpista real. Es decir, fue una acción de emergencia en un contexto completamente distinto al actual.

Comparar esa situación con la actualidad no solo desinforma, sino que busca justificar el uso del poder ejecutivo para silenciar voces críticas. El pedido del Gordo Dan no se da en un marco de excepción ni de peligro para la seguridad nacional: es una expresión autoritaria cuyo único fundamento es el rechazo a las opiniones que incomodan al oficialismo.

Lejos de tomar distancia de estos planteos, el propio presidente Javier Milei ha sido acusado de intentar ejercer presión directa sobre medios y periodistas. Según reveló el periodista Jon Heguier en El Destape Radio, Milei exigió la expulsión de los periodistas Luis Novaresio y Ángel “Baby” Etchecopar del canal de noticias A24. La situación se volvió especialmente tensa cuando, durante una visita sorpresa del mandatario a los estudios del canal, se solicitó que Novaresio no saliera de una sala para evitar que se cruzara con el presidente. La directiva fue acatada por temor a represalias.

💣Escándalo: Milei pidió echar a Luis Novaresio y a Baby Etchecopar de A24

🗨️La información exclusiva de @JonHeguier en #ElPaseDeElDestape

🔴VIVO: https://t.co/WwU18KlPBk pic.twitter.com/0bvGDm2Aro

— eldestape1070 (@eldestape_radio) May 2, 2025

Etchecopar, por su parte, también fue blanco de la militancia oficialista, con el propio Parisini sugiriendo que el periodista debería ir preso. En un video que se viralizó rápidamente, Etchecopar expresó su indignación: “Después de tantos años de democracia, ¿no se entendió nada? ¿Porque opinamos distinto se busca la cárcel para el periodismo? Es irrisorio”. Además, advirtió que quienes atenten contra la prensa libre están socavando los cimientos de la democracia misma.

Baby Etchecopar nos demuestra lo horrible que es ser gorila.
La pasan mal cuando gobierna el peronismo, donde pueden hacer y decir lo que quieran. La pasan como el orto cuando gobiernan los enfermos que promocionan y militan porque los quieren desaparecer. pic.twitter.com/ObmxxEViva

— M (@MConurbasic) May 2, 2025

Preocupa la deriva autoritaria del gobierno

La petición de Parisini y las presuntas maniobras del gobierno para callar a periodistas críticos marcan un punto de inflexión. No se trata simplemente de un debate político acalorado: se está cruzando una línea peligrosa que pone en riesgo libertades esenciales consagradas en la Constitución Nacional.

El encarcelamiento de periodistas sin causa judicial válida sería un acto inconstitucional, violatorio de tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina, y atentaría contra el principio de libertad de prensa, esencial para el control del poder en sociedades democráticas.

El hecho de que estos pedidos surjan de referentes visibles del espacio libertario, y que desde el oficialismo no se haya desautorizado ni condenado firmemente tales expresiones, constituye un grave antecedente que debe encender alarmas en todo el arco político, en organismos de derechos humanos y en la ciudadanía en general.

Argentina ha vivido las consecuencias del autoritarismo. No puede permitirse, a 40 años del retorno de la democracia, que desde el poder o su militancia se promueva la persecución y el silenciamiento de la prensa. La libertad de expresión no es negociable ni puede quedar sujeta a la simpatía del gobierno de turno.

En declaraciones a Radio Splendid, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto criticó al gobierno de Javier Milei y afirmó que la situación que vive la Argentina “es casi una tiranía, un Gobierno que no es normal ni legal”.

La referente de Derechos Humanos sostuvo que “quien está gobernando tendría que estar en la cárcel por los delitos que ha cometido”. Además, señaló: “son descarados, la población está pasando hambre y es apaleada por reclamar algo”.

“Estamos viviendo un momento muy terrible y es realmente imposible de entender que hayamos llegado a esta situación”, lamentó De Carlotto.

No obstante, aclaró: “No aconsejamos hacer nada violento, pero si impulsar la unidad del pueblo para que las cosas cambien”.

En ese sentido, remarcó: “Tenemos el derecho y la obligación de condenar estas situaciones y hay que hacerlo de la manera que podamos y desde el lugar en que estemos”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que “no agachemos la cabeza, todos somos argentinos, con la obligación de trabajar y (el derecho) de que nos den trabajo”.

“Lo que más deseo es que los jóvenes no aprendan lo malo, porque entraríamos en una decadencia muy difícil”, concluyó.

El gobierno de Javier Milei anunció que “volveremos a los mercados financieros internacionales en 2026”. Lo hizo después de incrementar la deuda con el FMI y con otros organismos internacionales por más de 20 mil millones de dólares.

“Vamos a salir a los mercados, porque el riesgo país ya está debajo de 700” (puntos), aseguraron. Es decir, la receta de siempre de la derecha argentina: deuda, deuda y más deuda.

En campaña, Milei había dicho que “tomar deuda es inmoral” porque compromete a “futuras generaciones, incluso las que todavía no nacieron”. En menos de dos años ya cambió de opinión y dejaron de importarles las futuras generaciones. Su ambición es llegar a las elecciones con algo de aire.

A pesar de que el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.

El hallazgo de 469 kilos de cocaína en un buque cerealero en el puerto de San Lorenzo, operado por la polémica firma Vicentin, volvió a poner bajo la lupa los controles portuarios y las crecientes denuncias por su flexibilización. A pesar de que el Ministerio de Seguridad nacional buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.

La embarcación implicada, el “MV Ceci”, de bandera de las Islas Marshall, había arribado desde Emiratos Árabes Unidos y tenía previsto zarpar con destino a Montevideo, para luego completar su trayecto en Ámsterdam, Países Bajos. Llevaba 46 mil toneladas de pallets de girasol y se encontraba cargando en una de las terminales de Vicentin, una empresa que arrastra escándalos financieros y judiciales desde hace años.

Fue el propio capitán quien descubrió bultos sospechosos —en total, casi media tonelada de cocaína— en una de las cámaras frigoríficas del buque y dentro de los vestidores. Tras contactar al armador, se notificó a un estudio jurídico local, que finalmente canalizó la denuncia hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), que activó el protocolo judicial.

Durante el operativo, llevado a cabo por Prefectura de Bajo Paraná y San Lorenzo a instancias del fiscal Claudio Kishimoto, también se incautaron boyas, flotadores y rastreadores satelitales, lo que refuerza la hipótesis de que la droga podría haber sido arrojada al agua para su posterior recuperación. Las autoridades investigan si el cargamento fue introducido en el puerto de San Lorenzo o en otro punto del trayecto.

Toda la tripulación del buque, integrada por 21 personas de nacionalidad filipina, fue inicialmente detenida, excepto el capitán, quien no solo no está imputado sino que es considerado testigo clave del caso.

Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. La reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresas sobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.

El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.