La Policía requisó micros en la Riccheri, decomisó pertenencias personales y aplicó controles arbitrarios a militantes que se dirigían a la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich volvió a aplicar su “protocolo represivo” con el aval del Gobierno nacional. La Casa Rosada, además, anticipó descuentos salariales a los empleados públicos que se sumen a la protesta.

Con un despliegue propio de un Estado de excepción, el Gobierno nacional activó esta mañana un operativo de amedrentamiento contra manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo para participar de la convocatoria del PJ en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de fuerzas federales interceptaron micros en la Autopista Riccheri, aplicaron requisas arbitrarias y realizaron controles de alcoholemia a choferes sin ninguna justificación legal.

Testimonios de militantes señalaron decomisos injustificados de objetos personales y retención de vehículos sin orden judicial. “Quieren evitar que lleguemos a la marcha. Nos revisaron todo sin decir por qué, como si fuéramos delincuentes”, denunció uno de los militantes.

La medida forma parte de la aplicación estricta del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bajo la excusa del orden público convierte cualquier expresión política en un acto sospechoso. La Plaza de Mayo amaneció completamente vallada y con un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se anticipó también un cerco policial en las inmediaciones del Congreso, donde se movilizan todos los miércoles jubilados y pensionados.

Como parte de la escalada persecutoria, el Ejecutivo anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro y participen de la marcha. La convocatoria, impulsada por el PJ tras conocerse la prisión domiciliaria contra Cristina, denuncia una estrategia de proscripción política y persecución judicial contra la principal figura del peronismo.

La marcha se espera masiva, con epicentro a partir de las 14 horas. Para el oficialismo, sin embargo, el verdadero problema no es el tránsito ni la logística: es que el pueblo vuelva a las calles. Y ese pueblo, pese a las amenazas, volvió.

Organizaciones sociales y comunidades indígenas impulsan una semana de actividades que combinan reclamos por justicia, apoyo a Cristina Fernández y rechazo a la reforma constitucional jujeña.

A dos años del estallido social conocido como el Jujeñazo, organizaciones sociales, referentes culturales y comunidades originarias despliegan en Jujuy una serie de actividades bajo la consigna “La calle no calla”, que busca mantener viva la memoria de la represión de 2023 y denunciar la continuidad de causas judiciales contra manifestantes. La agenda también incorpora el rechazo al fallo judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se pronuncia en defensa de la democracia.

La Multisectorial jujeña, una de las principales impulsoras de las jornadas, convoca a una asamblea popular este miércoles a las 17 en la plaza Belgrano, con el objetivo de preparar la Marcha de las Antorchas del jueves a las 19, el acto central de la conmemoración. En paralelo, comunidades indígenas han iniciado una caminata desde la puna y la quebrada hacia la capital provincial, donde serán recibidas con apoyo logístico de la Facultad de Humanidades de la UNJu.

“Nos mantenemos firmes porque las heridas de esa represión no cerraron: hay personas mutiladas, judicializadas y perseguidas. El museo vivo que preparamos es para mostrar que la lucha continúa”, explicó la actriz y militante Nadia Ruge, quien integra la Multisectorial.

En la marcha del jueves, se exhibirán banderas, fotos y testimonios del llamado Jujeñazo, en un formato de exposición itinerante que mezcla arte, memoria y denuncia. La actividad concluirá con intervenciones culturales y música en vivo en la misma plaza donde se desarrollaron las protestas de 2023.

La agenda de actos también rememora el Día de la Resistencia Indígena, con una ceremonia realizada este martes en Purmamarca, donde hace dos años la policía provincial reprimió brutalmente a comunidades que cortaban la ruta en rechazo a la reforma constitucional. “Lo que pasó ese día fue una marca de fuego. Recordarlo es una forma de seguir resistiendo”, afirmaron referentes originarios.

El lema de la convocatoria sintetiza el espíritu de la semana: “Arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma. No a la proscripción y cárcel de CFK, el ajuste y la represión de Milei”. Una consigna que enlaza las luchas territoriales con el reclamo por garantías democráticas y justicia social.

Finalmente, la movilización de hoy será a Plaza de Mayo con la consigna “Argentina con Cristina”. La cita será a las 14 en el mismo lugar donde el 17 de octubre de 1945 miles de “descamisados” marcharon para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. Otra vez, el odio antiperonista decidió avanzar contra un líder popular al que consideran molesto para sus intereses.

Se espera una movilización masiva con la presencia de más de medio millón de personas. Solo Cristina y el peronismo pueden hacer una movilización de esas características en Argentina. Marchará todo el peronismo, gobernadores, intendentes del interior, sindicatos, movimientos sociales, sectores progresistas e independientes.

Con una condena insólita, sin ninguna prueba, la justicia decidió condenar a Cristina y proscribirla de por vida. Según todas las encuestas, se espera un triunfo arrollador de CFK sobre La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, donde Cristina iba a presentarse. La justicia prefirió evitar ese triunfo con una proscripción.

La caída del consumo no para y ya cae en todas las provincias del país. En distritos como Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, directamente se habla de caídas históricas. “El poder adquisitivo de la gente está bajísimo, por más que se bajen los precios”, advirtió Daniel Occhionero, presidente del Mercado Frutihortícola de Santiago del Estero.

Maximiliano Beigbeder, de Corrientes y presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA, calificó el escenario como “paupérrimo”, durante una entrevista en Radionord y reveló que en mayo la caída interanual del consumo osciló entre un 10% y un 12%. “Pero lo más alarmante es que ya no se trata sólo de productos de lujo o prescindibles, sino también de alimentos básicos como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados”, sostuvo.

Desde que asumió Milei, los ingresos populares cayeron debido a un retroceso de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Ese retroceso en el poder adquisitivo de millones argentinos explica la caída en las ventas, a pesar del discurso eufórico de un gobierno libertario que no logra hacer que la actividad mejore, salvo en algunos sectores vinculados especialmente a la especulación rentística.

El juez Jorge Gorini notificó a Cristina Fernández de Kirchner por Zoom y evitó así una masiva movilización frente a Comodoro Py. Los fiscales Luciani y Mola se habían opuesto al beneficio.

La Justicia federal resolvió este martes que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución , ubicado en San José 1111. El magistrado Jorge Gorini , integrante del Tribunal Oral Federal 2, hizo lugar al pedido presentado por sus abogados y dispuso que la expresidenta inicie el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria , una medida que busca evitar su detención en una cárcel común y que fue recibida como un alivio por el peronismo y sectores kirchneristas.

Gorini notificó personalmente a CFK a través de una audiencia virtual por Zoom, un paso clave para desactivar la movilización prevista para este miércoles frente a los tribunales de Comodoro Py, donde miles de seguidores habían anunciado que la acompañarían en su llegada.

El tribunal impuso además una serie de condiciones que deberá cumplir la exmandataria durante el cumplimiento de la pena. Entre ellas, permanecer en el domicilio fijado salvo excepciones debidamente justificadas , no alterar la tranquilidad del barrio y presentar en 48 horas una nómina de las personas autorizadas a ingresar al lugar, incluyendo familiares, custodia, médicos y abogados.

Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica tendrá la tarea de colocar un dispositivo de vigilancia electrónica , mientras que la supervisión del cumplimiento de la pena quedará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con informes cada tres meses.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, principales impulsores del fallo condenatorio contra CFK, se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria. Sostuvieron que no existen razones médicas ni de seguridad que lo justifiquen, pese a que la expresidenta cuenta con custodia permanente por parte de la Policía Federal, algo que obliga a cualquier institución penitenciaria a garantizar niveles altos de seguridad que implican costos logísticos y riesgos operativos.

El argumento de los fiscales se repitió en otro caso vinculado: el del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, también condenado en esta causa. A pesar de tener 80 años y un estado de salud delicado, los fiscales se habían opuesto a concederle la prisión domiciliaria sin esperar el resultado de informes médicos, algo que finalmente sí se aplicó a CFK.

En su defensa, el equipo legal de la expresidenta esgrimió múltiples razones. La edad (72 años), la necesidad de custodia permanente, y el hecho de haber sido víctima de un intento de magnicidio durante el proceso judicial fueron algunos de los fundamentos utilizados. En ese sentido, su abogado, Alberto Beraldi, señaló que “lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal”, y recordó que Gerardo Milman, ex mano derecha de Patricia Bullrich, está imputado por presunto vínculo con el atentado .

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había trabajado en las últimas horas para evitar la marcha prevista para este miércoles. Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo confirmaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , expresó públicamente la idea de que CFK fuera notificada vía Zoom, algo que finalmente ocurrió. También trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio , habría mantenido conversaciones con jueces del TOF 2 con el objetivo de evitar una nueva concentración multitudinaria en apoyo a la expresidenta .

Para el oficialismo, una movilización de gran tamaño frente a Comodoro Py hubiera sido un escenario difícil de gestionar desde la narrativa política y mediática. La imagen de miles de personas respaldando a una condenada en sede judicial hubiera generado un impacto negativo para el gobierno, especialmente en la cobertura internacional.

Con la decisión del juez Gorini, ahora queda en manos de los organizadores decidir si dan por cancelada o modificada la convocatoria original. Mientras tanto, el debate político sigue abierto: ¿fue la prisión domiciliaria una medida de excepción basada en criterios objetivos? ¿O fue una concesión judicial para evitar disturbios y tensión social?

La central obrera repudió la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la calificó de injusta y se sumó a la concentración popular en defensa de la democracia de este miércoles frente al domicilio de Cristina.

A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner tras la notificación de la sentencia en su contra, y convocó a una concentración popular “que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria”.

En el texto, la central obrera se posicionó con claridad: “Los trabajadores y trabajadoras, estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, afirmaron, en referencia a la expresidenta, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue ratificada por la Justicia.

La CGT convocó a todos los gremios y trabajadores y trabajadoras que deseen sumarse a la manifestación como forma de expresar “convicción, pertenencia y solidaridad”, y habilitó a aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones propias a llevarlas adelante. “Quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen”, señalaron.

En su cierre, el comunicado deja una definición contundente: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”. La declaración lleva la firma del Consejo Directivo Nacional y está fechada el 17 de junio de 2025.

Los datos, relevados este mes por distintas consultoras, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

La condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner provocó un fuerte impacto en la opinión pública, reflejado en los resultados de dos encuestas nacionales realizadas por las consultoras Trespuntozero (Shila Vilker) y CB (Cristian Buttié). Los datos, relevados entre el 11 y el 12 de este mes, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

Según Trespuntozero, Cristina Kirchner alcanzó una imagen positiva del 40%, frente al 36,3% que registraba en la medición anterior. También creció el porcentaje de votantes que podrían llegar a respaldarla electoralmente: del 39% al 43,1%. Estos números sugieren un efecto rebote tras la condena, que logró movilizar a una parte del electorado que percibe la situación judicial como un acto de persecución política.

En paralelo, la encuesta de CB confirma el aumento de la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Al ser consultados sobre si los jueces fallan en base a pruebas o por presiones políticas y mediáticas, el 38,3% de los encuestados respondió que lo hacen por presiones, mientras que solo el 24,5% considera que se basan en las pruebas del juicio. Otro 35,5% cree que influyen ambas razones.

Además, el 49,6% de los encuestados opina que existe una “doble vara” en la Justicia argentina, al considerar que otros expresidentes o actuales funcionarios no son investigados con la misma intensidad que Cristina Kirchner. Solo el 34,3% cree que todos los dirigentes son tratados por igual ante la ley, y un 16% no dio respuesta.

Si bien el presidente Javier Milei mantiene el liderazgo en imagen positiva con un 52,2%, la revalorización de la figura de la expresidenta y el creciente cuestionamiento al accionar judicial ponen en evidencia una polarización cada vez más marcada entre kirchnerismo y antikirchnerismo, profundizando la ya instalada grieta en la política argentina.

A poco más de 16 meses del inicio de la gestión de Javier Milei, el país enfrenta una pérdida alarmante de casi 200.000 empleos registrados, una señal clara del profundo impacto que ha tenido el ajuste económico sobre el mercado de trabajo formal.

El llamado “efecto motosierra”, lejos de limitarse al gasto público, también alcanzó de lleno a los trabajadores formales. Según los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 195.674 empleos registrados. El derrumbe afecta al sector privado, al empleo público y al trabajo en casas particulares.

Un ajuste que se siente en todos los sectores

• Sector privado: -115.353 puestos
• Sector público: -58.210 puestos
• Casas particulares: -22.111 puestos
• Total: -195.674 empleos registrados menos

La caída del empleo formal no es uniforme, pero sí generalizada. El 59% de la pérdida se concentra en el sector privado, mientras que el 30% corresponde al empleo público y el 11% al trabajo doméstico. El ajuste, por tanto, golpea transversalmente al tejido laboral.

El monotributo como refugio de la precarización

En este contexto de contracción del empleo formal, el monotributo es el único régimen que muestra crecimiento, con casi 75.000 nuevos inscriptos entre noviembre y marzo. El avance de esta modalidad refleja un cambio estructural: muchos trabajadores migran hacia formas de contratación más flexibles, inestables y con menor cobertura de derechos laborales.

Estancamiento, salarios debilitados y un mercado que no se recupera

A pesar de una leve desaceleración en la caída del empleo formal durante el segundo trimestre de 2024, el mercado laboral continúa estancado. Las variaciones mensuales de empleo entre enero y marzo de 2025 fueron mínimas, y los niveles actuales siguen siendo los más bajos en dos años.

A este deterioro se suma el debilitamiento del salario real. Tras una recuperación parcial en el segundo semestre de 2024, los sueldos volvieron a perder fuerza en los primeros meses de 2025. El investigador Luis Campos lo resumió con crudeza: “El empleo formal está estancado en mínimos desde hace meses y la recuperación salarial ya se agotó. El mercado laboral necesita que alguien lo empuje”.

La ministra firmó una resolución interna que permite a la Policía Federal monitorear redes sociales “en tiempo real” bajo criterios ampliamente discutibles. ¿Hasta dónde llega el control estatal?

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dio luz verde a un operativo de espionaje digital en redes sociales y firmó una resolución que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a monitorear perfiles y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, todo ello bajo una autorización judicial previa.

Según se detalla en el texto oficial, “la PFA podrá monitorear las redes sociales en tiempo real cuando exista fundamento legal y orden judicial expresa”. El objetivo declarado era detectar conductas delictivas o eventos de riesgo colectivo. Pero detractores y especialistas advierten que esta medida puede convertirse fácilmente en una herramienta de control político si no hay límites claros.

La implementación de esta política implicó la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real, incluyendo la instalación de un centro de análisis dentro de la fuerza policial. Este espacio contaba con software especializado para mapear usuarios, detectar patrones de comunicación y predecir movimientos de protesta social.

Fuentes cercanas al área de inteligencia confirmaron que se llegó a desarrollar un protocolo operativo para solicitar permiso judicial y comenzar a seguir perfiles en redes sociales bajo el argumento de prevención del delito. Este tipo de prácticas, aunque reguladas por marcos legales, suelen aplicarse con criterios difusos que ponen en jaque el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ya expresaron públicamente su preocupación por el alcance de estas medidas. Para ADC, “la vigilancia digital sin control parlamentario ni judicial efectivo termina convirtiéndose en una herramienta de control político”.

Además, señalaron que el uso de estas herramientas en contextos de protesta social puede generar autocensura ciudadana y represión preventiva, algo que ya se ha visto en otros países donde gobiernos autoritarios utilizaron el pretexto de la seguridad para perseguir opositores.

Desde el oficialismo de aquel momento se defendió la medida como parte de una nueva estrategia de inteligencia moderna, necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la organización de disturbios callejeros.

Sin embargo, organizaciones sociales y periodísticas denunciaron que en varias oportunidades estas herramientas fueron utilizadas para vigilar a activistas, periodistas independientes y líderes barriales, especialmente en zonas con fuerte presencia de piquetes o protestas sociales.

“No se trata de prohibir el uso de herramientas digitales, sino de garantizar que no sean usadas para criminalizar la protesta”, aseguró un comunicado conjunto de sindicatos periodísticos y defensores de derechos humanos.

Lo que más preocupa a especialistas es que este tipo de decisiones se tomen sin debate público ni participación del Parlamento. La falta de transparencia sobre qué perfiles son monitoreados, cuántas órdenes judiciales se emiten y cómo se usa esa información levanta serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales.

Aunque la normativa establece que debe haber una orden judicial específica, no siempre está claro quién supervisa el uso real de estos datos ni qué mecanismos de control existen.

Mientras Macri celebraba la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Teresa García le respondió con una feroz crítica: “El sistema judicial lo salvó de al menos 32 causas… ¿quién realmente desprecia la democracia?”

Macri publicó este viernes un mensaje en redes sociales celebrando la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema , asegurando que se cerraba un proceso de 17 años iniciado con “incontables pruebas en su contra”.

Además, denunció supuestas amenazas del kirchnerismo al sistema democrático , mencionó disturbios frente a medios afines al oficialismo y señaló como síntoma preocupante la presencia de manifestantes frente a la residencia de la ex presidenta. En tono triunfalista, concluyó: “la ambición de Cristina por quedar en la historia se cumplió… de otra manera a la que pretendía”.

Pero esas palabras no quedaron impunes. Pocas horas después, la periodista Teresa García le respondió con una ácida reflexión en redes sociales, poniendo en evidencia la hipocresía del expresidente.

La respuesta contundente de Teresa García

“Como bien dijo Cristina, Mauricio Macri es un fracasado que lo echaron a patadas”, arrancó Teresa García en su texto, recordando que el exjefe de Gobierno porteño no solo fue derrotado electoralmente en 2019, sino que su partido político se encuentra hoy totalmente desarticulado .

Y agregó: “No pudo reelegir, y apenas 6 años después sus dirigentes hacen salto con garrocha a La Libertad Avanza” . Una crítica directa al vaciamiento ideológico del PRO.

Pero lo más fuerte llegó cuando García apuntó contra el sistema judicial que Macri celebra como funcionamiento ejemplar : “Ese sistema ‘de justicia’ que llamó rueda lenta e irregular, lo integran sus amigos, compañeros de equipo de fútbol y sus visitantes VIP en mansiones del sur” .

La periodista acompañó su denuncia con una lista de más de una docena de jueces y fiscales vinculados al macrismo o con posiciones afines , muchos de ellos intervinientes en la causa Vialidad que terminó con la proscripción política de CFK.

El historial judicial de Macri: 32 causas y ninguna condena

Pero Teresa García no se quedó ahí. Mostró con datos cómo ese mismo sistema judicial que Macri dice imparcial lo protegió durante décadas :

“El Partido Judicial salvó al Grupo Macri de 32 causas judiciales en los últimos 40 años” , escribió, enumerando una larga lista de expedientes abiertos (y cerrados) que involucran a Macri y su familia.

Entre ellas:

• 1982 – Causa por Estatización de la Deuda Privada
• 1994 – Causa por contrabando de autos y autopartes
• 1998 – Causa Correo / SOCMA
• 2001 – Causa por fuga de capitales
• 2009 – Causa por escuchas ilegales
• 2016 – Causa por Panama Papers y Bahamas Leaks
• 2016 – Causa Soterramiento del Sarmiento
• 2017 – Causas Odebrecht, Avian Mac-Air, Ausol y Ara San Juan

Una lista que habla por sí sola: Mauricio Macri lleva casi toda su vida pública bajo sospecha de corrupción, pero jamás fue condenado ni siquiera procesado en forma definitiva .

¿Quién realmente desprecia la democracia?

Teresa García cerró su texto con una pregunta que remueve las bases del discurso antiperonista actual: “¿Quién realmente desprecia la democracia, la ley y la verdad?” , planteó, dejando en claro que la utilización selectiva de la Justicia como arma política no comenzó con el kirchnerismo, sino mucho antes .Y concluyó con ironía: “@mauriciomacri hay que tener cara…”