Mientras el gobierno celebra con entusiasmo los recientes datos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), las estadísticas oficiales muestran una realidad menos alentadora: la desigualdad en la distribución del ingreso se agravó durante el primer trimestre de 2025.
Los datos publicados por el INDEC confirman que el repunte de la economía no se traduce en un desarrollo más justo ni inclusivo.
El ingreso medio per cápita familiar del 10% más rico de la población fue 15 veces mayor que el del 10% más pobre, según la mediana, ampliando la brecha respecto del trimestre anterior, cuando era de 13 veces. Si se toma el ingreso promedio, la diferencia asciende a 19 veces, acercándose nuevamente a los niveles récord de desigualdad registrados en el pasado reciente.
El Coeficiente de Gini, índice que mide la desigualdad del ingreso (donde 0 representa igualdad total y 1 desigualdad absoluta), subió a 0,435, consolidando una tendencia ascendente desde el mínimo registrado en 2022. La concentración del ingreso también es alarmante: el 10% más rico concentra el 32% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,7%. Los tres deciles más pobres (el 30% de la población) reúnen apenas el 9% del ingreso, en contraste con el 50% que acaparan los dos deciles más altos (20% de la población).
Estos números desmienten cualquier lectura optimista que equipare crecimiento económico con mejora social. El modelo actual permite que el PBI crezca, pero lo hace profundizando las asimetrías estructurales. Lejos de distribuirse, la riqueza se concentra cada vez más en pocas manos.
A esta fractura social se suma una persistente desigualdad de género. En el primer trimestre de 2025, las mujeres percibieron en promedio un 27,8% menos que los varones por su ocupación principal, marcando el valor más alto desde 2023. En términos absolutos, el ingreso medio de las mujeres fue de $668.738, frente a los $926.671 de los varones. La brecha no solo persiste: se amplía trimestre tras trimestre.
Pese a los discursos oficiales, estos datos muestran que la economía argentina no camina hacia un modelo de desarrollo inclusivo. El crecimiento del PBI, sin mecanismos claros de redistribución y sin políticas sostenidas de equidad, solo consolida un país con más riqueza, pero también con más desigualdad.
El Gobierno informó al Fondo Monetario Internacional que la balanza de pagos tendrá un fuerte desequilibrio mayor al previsto lo que implicara un déficit cinco veces mayor al acordado para 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó al Fondo Monetario Internacional que la Argentina no podrá cumplir con una de las metas clave del acuerdo: el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La proyección oficial revela que el déficit externo será cinco veces superior al límite acordado, lo que representa un fuerte revés en el frente externo para el programa económico del Gobierno.
La información fue transmitida por el viceministro José Luis Daza durante una presentación ante empresarios y analistas en un foro del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), realizado en el Banco Galicia. Allí, Daza confirmó que el desequilibrio externo alcanzará aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno en 2025, muy por encima del 0,4% comprometido con el FMI.
Este desvío del 400% respecto a lo pactado agrava el escenario de incumplimientos con el Fondo, que ya había sido advertido sobre las dificultades para acumular reservas internacionales. Ahora, el frente externo se suma como otro factor crítico para el cumplimiento del programa.
El Gobierno atribuyó el aumento del déficit a una mayor expansión económica. Según Daza, “un déficit del 2% en un país que crece al 6% es esperable”, y explicó que el resultado refleja una brecha entre el ingreso nacional y el gasto, impulsada por una recuperación del consumo interno y condiciones externas menos favorables.
No obstante, el incremento del desequilibrio externo genera preocupación por su magnitud y por el impacto que puede tener sobre la sostenibilidad macroeconómica, especialmente en un contexto en el que el respaldo del FMI resulta clave para sostener el esquema financiero.
El gobierno sigue empecinado en involucrar al país en la tragedia de Medio Oriente, ahora ordeno activar un “plan integral de defensa” ante “posibles ataques” y gastará una fortuna en la seguridad de Javier Milei.
En una nueva muestra de su alineamiento irrestricto con potencias extranjeras, el gobierno de Javier Milei activó un “plan integral de defensa” supuestamente ante posibles amenazas derivadas de las tensiones en Medio Oriente. Sin que exista evidencia concreta de riesgos para el país, la medida vuelve a poner a la Argentina en el centro de una narrativa belicista que poco tiene que ver con los intereses y urgencias nacionales.
El operativo, presentado como una acción “anticipatoria” frente a un eventual conflicto más amplio entre Irán, Israel y Estados Unidos, activa una serie de dispositivos entre los ministerios de Defensa, Seguridad, Cancillería e Inteligencia. Desde refuerzo en zonas sensibles como la Triple Frontera hasta simulacros en ciudades como Rosario o Córdoba, el plan se despliega con una intensidad desproporcionada e innecesaria, mientras millones de argentinos enfrentan una crisis económica sin precedentes.
Detrás de esta estrategia supuestamente preventiva, lo que asoma es una preocupación central: blindar al presidente Milei. Según confirmó el propio Ejecutivo, el mandatario pasará a tener un nivel de custodia superior en todos sus viajes al exterior. La razón: su abierta adhesión al gobierno israelí y a Estados Unidos, y sus recientes declaraciones en las que calificó a Irán como “enemigo”.
El operativo de seguridad incluirá más agentes, protocolos especiales en hoteles, vuelos y coordinación con agencias internacionales. Además, las embajadas argentinas reforzarán su custodia ante el nuevo “riesgo medio” que, según fuentes oficiales, pesa sobre Milei.Todo este despliegue representa un gasto millonario que se suma a los privilegios presidenciales en medio del ajuste feroz que se impone a la mayoría de la población.
Como si fuera poco, este lunes se recibió una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos. Aunque se trató de una falsa alarma,el gobierno la usó para justificar el estado de alerta y profundizar el discurso del peligro inminente.
Lejos de resguardar la soberanía o la paz, el gobierno parece decidido a importar conflictos y sumergir al país en lógicas de confrontación global que no le pertenecen. Mientras tanto, Milei refuerza su burbuja de seguridad a costa del bolsillo de los argentinos.
Con paros, movilizaciones y una recolección masiva de firmas, el sistema universitario vuelve a denunciar el abandono presupuestario del gobierno de Javier Milei. La consigna: frenar la destrucción de la educación pública.
Las universidades públicas de todo el país realizarán este jueves una jornada de protesta y recolección de firmas en defensa de una Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una situación crítica generada por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional. El reclamo, motorizado por rectores, gremios docentes y estudiantes, busca frenar lo que denuncian como un proceso deliberado de desfinanciamiento del sistema universitario argentino.
La convocatoria incluye actos en más de 60 ciudades y universidades, junto con un paro docente de 48 horas que afectará la actividad académica el jueves 26 y viernes 27. La comunidad universitaria apunta directamente al Ejecutivo por haber congelado partidas y negarse a discutir un esquema sostenible para el funcionamiento de las casas de estudio.
“Estamos ante un intento de asfixia presupuestaria que pone en riesgo no solo la continuidad de las universidades, sino la soberanía intelectual del país”, afirmaron desde CONADU en un duro comunicado. Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrupaciones estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes confluyen en una protesta de alcance federal, con el objetivo de reunir un millón de firmas en respaldo a la ley presentada el 28 de mayo.
La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará bajo el lema “¡Prendete a defender la universidad pública!”, en un contexto en que las casas de altos estudios denuncian que los recursos asignados no alcanzan para cubrir los servicios básicos, ni garantizar salarios acordes al costo de vida.
“Si no hay financiamiento, lo que se está destruyendo es el derecho mismo a educarse”, sostuvo Oscar Alpa, presidente del CIN, quien advirtió sobre un desfasaje presupuestario sin precedentes y una “crisis salarial angustiante” entre docentes y no docentes.
En paralelo, los referentes del sistema educativo alertan que, mientras se dilata el tratamiento parlamentario del proyecto de ley, el Gobierno nacional se desentiende de la situación. “El mensaje es claro: quieren universidades cerradas o al servicio del mercado”, señalaron desde el Frente Sindical Universitario.
En contraste con la retórica oficial que pregona eficiencia y meritocracia, el ajuste sobre las universidades impacta en los sectores más vulnerables del país, profundizando la desigualdad. La movilización de este jueves es una respuesta coordinada ante un modelo que, acusan, desprecia la educación pública como herramienta de progreso colectivo.
El presidente defiende un modelo económico basado en teorías del siglo XIX que ignoran la complejidad de las economías modernas. Su visión del equilibrio general y la inflación no solo es errónea: es peligrosa. Detrás de su discurso técnico se esconde una política económica que profundiza la desigualdad, el ajuste y la crisis social.
El presidente es un defensor acérrimo de modelos teóricos neoclásicos como el Equilibrio General (EG) , que remontan a Walras y otros clásicos del siglo XIX. Sin embargo, su visión no solo es anacrónica, sino profundamente ingenua, dogmática e incompatible con la complejidad de las economías modernas.
¿Qué dice Milei sobre el equilibrio general?
En una serie de tweets publicados el 9 de abril de 2023, Milei explicó su visión del equilibrio general walrasiano , afirmando que:
“En este contexto no se determinan los precios absolutos, sino los precios relativos ‘P(A)/P(B)’ o su inverso”.
Además, argumentó que:
“Por ello en una economía de trueque no hay inflación sino cambio de precios relativos. Y si inflación es suba de todos los precios, es porque existe dinero que pierde valor”.
Estas afirmaciones son técnicamente ciertas dentro de su marco teórico, pero totalmente inútiles en la práctica.
La falacia del modelo de equilibrio general
Milei basa gran parte de su discurso económico en conceptos abstractos de equilibrio general, ignorando que estos modelos parten de supuestos irreales:
Agentes racionales y mercados siempre en equilibrio : En la vida real, los seres humanos toman decisiones irracionales, existen rigideces salariales, desempleo involuntario y crisis sistémicas. Ninguna de estas cosas contempla Milei a la hora de analizar la situación económica del país ya que confía demasiado en las teorías escritas.
El dinero como mero numerario : Para Milei, el dinero es solo una herramienta contable, sin rol activo en la economía. Esto contradice décadas de teoría monetaria y experiencia histórica. Además, auspicia una libertad de monedas que en la práctica el propio presidente no cumple, ya que desde que asumió intercede en el mercado de cambios.
Ausencia de instituciones, poder corporativo y desigualdad : El EG ignora por completo estructuras sociales, políticas y de poder que afectan profundamente la dinámica económica, y los andares geopolíticos de la historia. Sus premisas se sostienen en un mundo ficticio donde la competencia es “perfecta” y nadie toma atajos ilegales a la hora de llevar adelante las finanzas.
¿Dónde falla Milei? Evidencia empírica
La visión de Milei no solo es ideológica, sino que choca frontalmente con la realidad argentina y global. Sus afirmaciones sobre el equilibrio general, la inflación y el rol del Estado parten de un marco teórico cerrado, que desconoce décadas de evidencia empírica, crisis reales y transformaciones estructurales de las economías modernas.
Milei sostiene que la inflación se reduce a un problema de emisión monetaria, ignorando que los procesos inflacionarios son multidimensionales y dependen de factores como el tipo de cambio, el déficit fiscal, la salida de capitales, la dolarización implícita, la inercia inflacionaria y el poder de mercado. Reducir todo fenómeno económico a variables microeconómicas o monetarias es simplificar hasta el punto de perder toda capacidad explicativa.
El país que trajo Milei: ajuste brutal y caos social
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei aplicó un paquete de medidas basado en su visión economicista liberal clásica: recorte del gasto público, eliminación de subsidios, despidos masivos en el sector estatal, reforma laboral regresiva y un proyecto de ley para abolir el Banco Central. Sin embargo, los resultados han sido contundentes:
La pobreza supera el 54% según datos del INDEC del primer trimestre de 2024.
La inflación interanual supera el 200% , sin signos claros de desaceleración y con una canasta poco creíble.
El salario real cayó drásticamente, afectando a millones de trabajadores, a la vez que el gobierno se niega a homologar paritarias, intercediendo una vez más en la economía. ¿Y la libertad de negociación entre partes?
Se han registrado cientos de cierres de pymes, comercios y fábricas , especialmente en sectores estratégicos como la industria textil, automotriz y alimenticia.
La economía muestra una contracción significativa, con indicadores de actividad económica en baja constante que superan los números de la pandemia, cuando la economía se frenó casi en su totalidad.
Estos resultados no son accidentes ni consecuencias externas: son el producto predecible de políticas económicas diseñadas desde un modelo teórico que prioriza el dogma ideológico por encima de la evidencia empírica.
¿Y qué dice la historia?
Argentina no es el único país de la región que ha intentado seguir recetas similares a las de Milei. Históricamente, cuando se aplican políticas de ajuste extremo, desregulación financiera y reducción drástica del rol del Estado, los resultados suelen ser desastrosos:
En Chile (1975) , durante la dictadura militar, se aplicaron reformas neoliberales inspiradas en Milton Friedman y los “Chicago Boys”. Aunque hubo cierto crecimiento en los años posteriores, la pobreza y la desigualdad permanecieron altas, generando movimientos sociales de protesta que perduran hasta hoy.
En Argentina (1990-2001) nuestro país implementó el régimen de convertibilidad impulsado por Domingo Cavallo, que fijaba una paridad uno a uno entre el peso y el dólar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este modelo, alineado con recetas ortodoxas similares a las defendidas por Javier Milei, buscaba estabilizar la moneda y contener la inflación, pero generó rigideces que terminaron debilitando la economía. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, con Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Economía, se profundizaron políticas de ajuste que llevaron al colapso financiero, el corralito y el default soberano más grande de la historia, dejando millones de personas en la pobreza y arruinando los ahorros de muchas familias.
En Perú (1990-1995) , Alberto Fujimori aplicó un plan de shock neoliberal que incluyó privatizaciones, ajuste fiscal y control salarial. Los resultados fueron estancamiento económico, aumento de la pobreza y una profunda polarización social.
Según informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los países que logran estabilidad macroeconómica sostenida combinan políticas monetarias responsables con intervención estatal estratégica, regulaciones financieras sólidas y sistemas de protección social efectivos. No hay caso exitoso documentado de recuperación económica basada exclusivamente en recortes y liberalización extrema.
La inflación no es solo un problema de oferta monetaria
Una de las obsesiones de Milei es achacar toda inflación a la emisión monetaria. Pero esto es simplificar hasta el absurdo.
Existen varios tipos de inflación:
Inflación por demanda : cuando la demanda supera la capacidad productiva.
Inflación por costos : por subidas de precios internacionales, como el petróleo.
Inflación estructural : muy común en Argentina, por débil producción local y dolarización implícita.
Inflación importada : por devaluación y tipo de cambio flexible.
Reducir todo fenómeno inflacionario a un problema de “emisión” es ignorar variables clave como:
Expectativas de inflación
Déficit fiscal
Salida de capitales
Inercia inflacionaria
Poder monopolístico empresarial
Conclusión: el dogma mata
Javier Milei utiliza conceptos de equilibrio general walrasiano como si fueran leyes inmutables de la física, cuando en realidad son modelos teóricos simplificados que no capturan la complejidad de las economías reales.
Su visión del dinero, la inflación y los mercados es estática, idealizada y ajena a la evidencia empírica. Apostar por políticas basadas exclusivamente en estas ideas es como pretender curar una epidemia con remedios del siglo XVIII: puede sonar lógico en un aula, pero mata en la realidad.
Diputados y senadores de Unión por la Patria pidieron ingresar a la casa de la ex presidenta sin pedir permiso a los jueces. Acusan al tribunal que la condenó de imponerle condiciones más duras que a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
Legisladores de Unión por la Patria reclamaron a la Justicia poder visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio sin tener que solicitar autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla su prisión domiciliaria. El pedido, presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, denuncia un “trato excepcional y arbitrario” que –según afirman– vulnera el principio de división de poderes y los derechos parlamentarios.
“Tratar a Cristina Kirchner como una ciudadana con menos derechos que un genocida es una señal política preocupante del poder judicial argentino”, argumentaron los legisladores, que citaron tratados internacionales de derechos humanos para respaldar su postura.
En el escrito, los diputados y senadores aseguraron que cualquier legislador puede visitar sin restricciones a un detenido en prisión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de la líder del PJ, el tribunal impuso una lista cerrada de personas autorizadas, excluyendo a referentes políticos que –según ellos– tienen un rol institucional y representación democrática que no puede ser subordinada a la discrecionalidad judicial.
“El Congreso no pide permiso para ejercer su representación. Hacerlo implicaría abdicar de nuestras funciones ante otro poder del Estado”, señalaron. El planteo remite a una disputa más amplia entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, al que acusan de actuar como brazo político de la oposición.
En contraste, los represores condenados por delitos de lesa humanidad y beneficiados con prisión domiciliaria no enfrentan restricciones similares, lo que alimenta las acusaciones de “doble vara judicial”.
El 7 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, celebrará una audiencia para definir si se sostiene o no el régimen de visitas impuesto a la expresidenta. Lo que está en juego, afirman desde el bloque peronista, no es sólo el derecho a ver a una dirigente, sino “la dignidad institucional del Congreso frente a un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponden”.
En medio de un marcado deterioro del mercado interno y un aumento sostenido de la desocupación, el Gobierno nacional calificó de “marginal” la suba del desempleo registrada en el primer trimestre de 2025, minimizando así una tendencia alarmante que afecta cada vez a más argentinos.
“El 0,2% (comparando con el primer trimestre de 2024) es una suba marginal, porque hay más argentinos que buscan trabajar, por cuestiones salariales”, argumentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Según el Gobierno, el incremento responde a una mayor participación laboral y no a la destrucción de empleo, una afirmación que contrasta con los datos oficiales.
El INDEC reveló que la desocupación trepó al 7,9% en los primeros tres meses del año, afectando a 1,1 millones de personas. Este es el nivel más alto desde que Javier Milei asumió la presidencia, y representa un salto de 1,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2024. Además, en tan solo tres meses, más de 300.000 personas perdieron su empleo, según las estadísticas oficiales.
Pese a ello, el Gobierno insiste en que se trata de una “cuestión técnica” derivada de una mayor cantidad de personas en búsqueda activa de empleo. Adorni incluso sugirió que la comparación adecuada es la interanual para evitar “distorsiones estacionales”, ignorando el fuerte impacto que las políticas económicas del oficialismo han tenido en el empleo formal.
El informe del INDEC también advierte sobre el aumento de la subocupación y la informalidad. La presión total sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados y trabajadores que buscan cambiar de empleo— alcanza ya al 29,7% de la población activa. En tanto, el 42% de los trabajadores se desempeñan en condiciones informales, sin aportes jubilatorios ni derechos laborales básicos.
Las mujeres continúan siendo las más afectadas, con una tasa de desocupación del 9% frente al 7% de los varones. Las regiones más golpeadas son el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con tasas del 9,1% y 7,4% respectivamente. También se observa una clara desigualdad según el tamaño de los aglomerados urbanos: las ciudades de más de 500.000 habitantes registran una desocupación del 8,5%, frente al 5% de los centros urbanos más pequeños.
A pesar de este panorama, el discurso oficial se enfoca en tecnicismos para relativizar los datos. Mientras tanto, el mercado interno continúa en franco retroceso, golpeado por la caída del consumo, el cierre de empresas y una economía que aún no encuentra señales claras de recuperación.
El gobierno de Javier Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento sistemático como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y Luis Caputo al Ministerio de Economía, la deuda pública argentina se incrementó en más de USD 35.463 millones, según datos del Instituto de Análisis de Gobierno (IAG). Este aumento refleja una estrategia oficial centrada en endeudarse para cumplir con metas del FMI, a costa de comprometer aún más la estabilidad financiera del país.
El aumento incluye tanto deuda en moneda extranjera como en pesos. A mayo de 2025, el stock de deuda bruta nacional ascendió a USD 461.019 millones, sin contar mecanismos adicionales implementados para engrosar reservas como: emisiones de deuda en dólares por hasta USD 1.000 millones mensuales, un nuevo REPO con bancos extranjeros por USD 2.000 millones, y la reactivación del BOPREAL, todo lo cual supone aún más deuda.
Más deuda para cumplir con el FMI
El nuevo programa con el FMI implicó una suba en los compromisos de pago por USD 17.000 millones adicionales respecto al acuerdo de 2022, según explicó el investigador Hernán Herrera. La baja en el stock de deuda registrada entre abril y mayo fue solo aparente: se trató del pago de Letras Intransferibles al BCRA, lo que cambió deuda intraestatal por deuda con el FMI, mucho más exigente en términos de soberanía y condiciones.
En el último año, la deuda bruta en situación de pago normal creció USD 25.273 millones, debido principalmente al aumento de deuda en pesos (equivalente a USD 25.105 millones), mientras que la deuda en dólares apenas bajó USD 90 millones, según estimaciones privadas.
El riesgo detrás de la estrategia
Aunque algunos indicadores de deuda sobre PBI y reservas mejoraron levemente (por ejemplo, la deuda como porcentaje del PBI bajó del 100% al 70%), esto se logró mediante ingresos de divisas del FMI que inflaron artificialmente las reservas. De hecho, la deuda en moneda extranjera llegó a superar el 1.100% del nivel de reservas antes de caer a menos de 700%, aún una cifra alarmante.
El intento de reforzar reservas mediante licitaciones en dólares y flexibilización de restricciones a inversores externos tiene un costo elevado: más deuda, y mayor exposición a flujos volátiles de capital. A ello se suma un nuevo REPO de USD 2.000 millones con siete bancos internacionales, y la emisión de bonos en pesos suscribibles en dólares.
El aval del FMI y un déjà vu con el pasado
El FMI celebró estas medidas, calificándolas como “importantes avances” para la desinflación y la reconstrucción de reservas. Sin embargo, lo que desde Washington se aplaude, en Argentina revive recuerdos del pasado. La estrategia de Caputo hoy remite a su propio rol durante el gobierno de Mauricio Macri: en ambos casos, se recurrió al FMI para sostener reservas, sin controles de capital firmes y con mayor exposición al endeudamiento.
Antes del nuevo acuerdo con el FMI, el cronograma de pagos para los próximos 10 años era de USD 55.363 millones. Con el nuevo programa, la cifra asciende a USD 72.487 millones, incluyendo pagos por capital, intereses y sobrecargos, con vencimientos especialmente abultados desde 2028.
El gobierno de Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas. Pero esta política, lejos de resolver los desequilibrios de fondo, profundiza la dependencia financiera y posterga soluciones estructurales, al tiempo que Argentina se hunde en un espiral de deuda que amenaza su futuro económico constituyendo una pesada herencia para gobiernos futuros y para el país en su conjunto.
Se cae otra mentira del gobierno de Javier Milei que se cansó de repetir que todos los empleados públicos son “vagos”, que “no trabajan” o “no están formados” para su trabajo. Una evaluación realizada a casi 50 mil trabajadores estatales desmiente la narrativa libertaria.
Según datos oficiales, ya se tomaron 45.889 evaluaciones generales, de las cuales se aprobaron 43.047 y solo 2.842 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido. Es un nivel de aprobación del 94%. ¿Y ahora?
Aprobar la “Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, es un requisito obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.
El líder del Frente Renovador reunió a su tropa en la antesala del armado electoral y lanzó señales unitarias. Pidió evitar mezquindades y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia sólida para enfrentar a Milei.
En un gesto que combinó respaldo, presión y advertencia, Sergio Massa reunió a los principales dirigentes del Frente Renovador para delinear su estrategia electoral y marcar su posición en la interna del peronismo. A pocas horas de que el PJ defina su hoja de ruta, el excandidato presidencial buscó condicionar el armado con un mensaje claro: “La unidad se construye con generosidad”.
Massa, principal socio político de Axel Kicillof en la Provincia, no evitó el pase de facturas. Reconoció que es “lógico” que el gobernador quiera liderar la campaña, pero cuestionó la falta de amplitud en el armado. Según trascendió del encuentro, el tigrense espera que sea el propio Kicillof quien proponga a los principales candidatos, aunque puso en duda que “tengan tamaño político” para afrontar una elección “doblemente nacionalizada”.
“El dilema es peronismo o Milei”, simplificó Massa ante sus dirigentes, trazando el eje que buscará instalar en la campaña. En el mismo tono, exigió ordenar el frente electoral desde lo legal y lo político: evitar impugnaciones, incorporar a todos los sectores y construir una junta electoral que evite el caos que generaría una interna sin PASO.
La convocatoria reunió a más de 230 concejales bonaerenses, 7 diputados nacionales del FR, 11 legisladores provinciales y 15 intendentes. También participaron dirigentes de peso en la estructura del massismo como Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro y Martín Marinucci.
En el cierre, Massa pidió preparar propuestas concretas sobre empleo, seguridad y producción, y fue categórico: “El peronismo será digital o no será”. La frase resume su apuesta por aggiornar la militancia y al mismo tiempo ordenar el juego político: menos rosca, más estrategia. Y, sobre todo, menos egos.
