El gobierno recorta un área clave de memoria, verdad y justicia. La Secretaría será reducida a Subsecretaría y el 30% del personal será despedido. También habrá un golpe contra Cultura y la historia nacional.

En una nueva ofensiva contra las estructuras estatales que preservan la memoria histórica y garantizan derechos fundamentales, el gobierno de Javier Milei anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido del 30% de su planta de trabajadores.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia habitual en Casa Rosada. Con tono celebratorio, el funcionario afirmó que “se recortará un 40% de la estructura” y que los despidos implicarán un “ahorro de 9 mil millones de pesos anuales”. Adorni volvió a cargar contra la función pública, al sostener que la Secretaría pasará a “defender todos los derechos humanos, no los de un sector ideológico partidario”.

La medida es parte de un ajuste sistemático que ya dejó 45 mil estatales en la calle en apenas un año y medio de gestión. En el caso del área de Derechos Humanos, el recorte adquiere un carácter simbólicamente grave: representa el vaciamiento deliberado de políticas ligadas a la memoria, los crímenes de la dictadura y la reparación histórica.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión y sostuvo que “el contexto actual exige medidas urgentes”. Según el funcionario, ya se produjeron 405 despidos en el área, lo que representa el 44% del personal recibido.

Golpe a la cultura y la historia nacional

El ataque no se detiene en Derechos Humanos. En paralelo, el gobierno libertario anunció también una intervención directa en instituciones culturales, con cambios profundos en su estatus jurídico y autonomía.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) perderá su autarquía y pasará a estar bajo control centralizado, lo que habilita recortes directos y despidos. Lo mismo ocurrirá con organismos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, el Palacio Libertad (ex CCK) y la CONABIP (Bibliotecas Populares).

Además, el Ejecutivo impulsa una reorganización de los institutos históricos, que incluye la disolución de varios organismos clave. Se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que absorberá al Instituto Sanmartiniano, al Evita (transformado en museo), y fusionará al Yrigoyeneano con el Rosas. En tanto, los institutos Browneano, Belgraniano y Newberiano serán directamente eliminados.

Con esta decisión, el gobierno desarma instituciones encargadas de preservar la memoria y construir identidad nacional, mientras avanza en su plan de ajuste sin contemplaciones, incluso a costa de la historia, los derechos y la cultura del país.

Mientras se discute en el Congreso una mejora para las jubilaciones, el presidente Milei advierte que vetará cualquier proyecto que “rompa el equilibrio fiscal”. Las y los jubilados siguen siendo las principales víctimas del ajuste.

Este martes, la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de proyectos que buscan recomponer los haberes de jubiladas y jubilados, gravemente deteriorados por la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo ya anticipó que, en caso de aprobarse, el presidente vetará cualquier ley que implique una mejora real para el sector.

Los bloques opositores intentan avanzar con una fórmula de movilidad más beneficiosa que la impuesta por el Ejecutivo vía DNU, y promueven además la restitución de la moratoria previsional, eliminada por el Gobierno, y la creación de una jubilación proporcional para quienes no llegan a los 30 años de aportes.

Mientras tanto, el Gobierno de La Libertad Avanza desplegó un operativo de presión sobre los gobernadores y bloques aliados para impedir que se alcance el quórum o se vote en contra de los intereses de la Casa Rosada. Aún así, el descontento por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables crece también dentro del Congreso.

En paralelo, organizaciones de jubilados se concentran todos los miércoles frente al Congreso para exigir una recomposición de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y el cese del desfinanciamiento del PAMI, que afectó prestaciones esenciales. ¿La respuesta? gases y palos para nuestros abuelos y abuelas mientras la sociedad entera mira por tv en vivo todo lo que pasa frente al Congreso.

AJUSTE A LOS JUBILADOS: EL PLAN DE MILEI EN MARCHA

Desde el inicio de su gestión, Milei avanzó con una serie de decisiones que perjudicaron directamente a las y los jubilados. A continuación, un repaso de las principales medidas que muestran cómo el ajuste recayó sobre quienes más lo necesitan:

• Veto al aumento por ley aprobado en el Congreso: En junio, el oficialismo vetó la ley sancionada por Diputados y el Senado que establecía un aumento por encima del índice de inflación. “No voy a permitir que se rompa el equilibrio fiscal”, dijo Milei al anunciar el veto.
• Eliminación de la moratoria previsional: Mediante el DNU 70/2023, el Gobierno eliminó la posibilidad de que miles de personas sin 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación, profundizando la exclusión de mujeres y trabajadores informales.
• Medicamentos y recortes en el PAMI: El Ejecutivo redujo el acceso a medicamentos gratuitos, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas. Además, se desfinanciaron convenios con clínicas y prestadores, lo que provocó demoras en turnos médicos, estudios y tratamientos.
• Nueva fórmula de movilidad impuesta por decreto: Milei reemplazó la fórmula anterior por una actualización mensual por IPC, pero sin ningún tipo de aumento compensatorio por la pérdida acumulada durante los primeros meses del año. Como resultado, las jubilaciones mínimas perdieron más de un 20% frente a la inflación.

Lejos de ofrecer soluciones, Milei redobló la apuesta y ratificó que vetará cualquier ley que implique un aumento del gasto previsional. En su habitual tono provocador, aseguró que la oposición quiere “reventar el país” y repitió que “el déficit cero no se negocia”.

La amenaza de veto presidencial no solo ratifica el rumbo del ajuste, sino que expone el desprecio del Gobierno por los sectores más castigados por la crisis. Las jubilaciones mínimas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo.

En este contexto, la sesión en Diputados pone en evidencia el contraste entre el cinismo del oficialismo y la urgencia de millones de personas que apenas sobreviven. Por más que a Milei y su junta les moleste, la pelea por los derechos de los jubilados sigue viva.

El economista Ricardo Arriazu es el preferido de Javier Milei. En los 70, fue asesor de la última dictadura militar, en un esquema económico similiar al actual que terminó muy mal. Ahora, Arriazu tomó distancia del gobierno libertario.

El economista compartió un duro diagnóstico sobre el rumbo económico del país durante su participación en la séptima edición del AmCham Summit, donde también le dejó una advertencia directa al presidente Javier Milei: “La destrucción va a ser más rápida que la creación”.

En su exposición, Arriazu evaluó que el programa libertario tiene hoy un 50% de probabilidades de éxito, gracias al acuerdo con el FMI y al respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que el proceso de transformación económica podría dejar “bolsones de pobreza y descontento” si no se gestionan adecuadamente los desequilibrios sociales.

Los barrios populares le dieron la espalda a Javier Milei después de haberlo apoyado fuertemente en 2023. En cambio, crece el apoyo en las comunas de ingresos medio y alto. Es el resultado de las políticas económicas libertaria, que están generando un país más desigualdad.

Así las cosas, en las villas 1-11-14 y la 21-24, por ejemplo, el gobierno nacional quedó segundo detrás del peronismo después de haberse impuesto en las elecciones presidenciales.

La muestra es pequeña, pero significa una advertencia para el gobierno nacional. En casi toda la franja sur de la Ciudad se impuso Leandro Santoro. En las comunas donde el ingreso familiar estuvo por debajo de los 2200 dólares se impuso el peronismo según un estudio del economista Hernán Lechter.

Por eso, las comunas 4, 8, 9, 5 y 3 ganó el PJ, mientras que los libertarios triunfaron en la 6 y la 7 por una diferencia de 730 y 231 votos. El gobierno bajó en los sectores populares y creció en los barrios de clase media o alta, y eso tiene que ver con su modelo económico que favorece una desigual distribución de la riqueza.

Esa tendencia se mantuvo en los barrios populares de la Ciudad, donde el ausentismo fue mucho mayor que en el resto del distrito con niveles de entre 20 y 33% de asistencia.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto de ley que implique un aumento en el gasto público, en particular el incremento de las jubilaciones que podría ser aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en el foro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Francos fue enfático:
“Estamos convencidos de que toda norma que se apruebe y que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el Presidente la va a vetar”, afirmó al ser consultado sobre la posible sanción de una ley que aumente los haberes jubilatorios.

La advertencia llega en la antesala del debate legislativo previsto para este miércoles, en el que diputados de distintos bloques podrían avanzar con una actualización de los montos que perciben los jubilados, una medida rechazada por el Ejecutivo por su supuesto impacto fiscal.

Francos justificó la postura del Gobierno al sostener que cualquier medida que genere déficit va en contra del rumbo económico adoptado por la administración de Milei: “Sabemos que son las reglas de juego del sistema democrático y tenemos que lidiar con eso, pero no vamos a ceder en los principios que sostienen nuestro programa”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, el jefe de ministros señaló que el Gobierno necesita fortalecer su respaldo legislativo para avanzar con su plan de reformas estructurales.
“El objetivo fundamental es conseguir apoyo parlamentario, que es lo que nos ha faltado. Necesitamos más fuerza para encarar las reformas de segunda generación”, dijo.

Además, recordó que Milei tiene previsto un plan de reformas escalonado: “El Presidente decía en campaña: ‘tengo reformas de primera, de segunda y de tercera generación, y cada una tiene su momento’” pateando de esta forma de manera indefinida la recomposición de los haberes percibidos por los jubilados los cuales luchan por subsistir.

Francos destacó que medidas como el DNU 70/23 y la Ley Bases fueron parte del primer paquete de reformas, pero señaló que los cambios más profundos, como la reforma laboral y tributaria, requieren de mayor consenso político:
“Hay que simplificar el sistema tributario argentino, pero para eso se necesita una base parlamentaria más sólida”, concluyó.

El diputado libertario y parlamentario del Mercosur, Alfredo Olmedo, fue denunciado por mantener a trabajadores rurales en condiciones de semiesclavitud en una finca de su propiedad ubicada en La Rioja.

El diputado libertario y actual parlamentario del Mercosur, Alfredo Olmedo, fue denunciado formalmente luego de que una inspección realizada en una de sus fincas olivícolas de La Rioja revelara la existencia de trabajadores rurales en condiciones precarias, indignas e inhumanas.

El operativo fue llevado a cabo por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en conjunto con la Secretaría de Trabajo de La Rioja y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). La intervención tuvo lugar en la finca “Alfredo H. Olmedo S.A.”, ubicada en las afueras de la capital riojana, dedicada a la producción de aceitunas.

Allí se relevaron 63 trabajadores rurales, muchos de ellos migrantes, que se encontraban cumpliendo tareas de cosecha. Según el informe de los inspectores, los trabajadores vivían en albergues precarios, sin ventilación ni condiciones mínimas de salubridad, y dormían junto a letrinas improvisadas, expuestos a focos de infección y sin acceso a agua potable, duchas, o baños adecuados.

Desde UATRE calificaron la situación como un caso de explotación laboral y violación sistemática de los derechos humanos. “Lo que encontramos son personas tratadas como si fueran herramientas descartables, no trabajadores. Esto es servidumbre moderna”, señalaron desde el gremio.

El dirigente libertario, conocido por su discurso de “mano dura”, su campera amarilla y su insistencia en valores como el mérito, la religión y la austeridad, ahora enfrenta una denuncia por mantener en su propio establecimiento a trabajadores en condiciones que rozan la esclavitud moderna.

“Dormían entre letrinas, sin agua ni condiciones de higiene”

El informe oficial indica que los peones vivían hacinados en estructuras precarias, muchas de ellas sin techo firme ni protección contra las inclemencias climáticas. La comida era escasa y de baja calidad, y los trabajadores no tenían acceso a elementos básicos de higiene ni a protección para su tarea agrícola, lo que agrava aún más la situación ante los estándares legales.

La UATRE señaló que esta inspección es parte de una intensificación de controles que el gremio viene realizando en todo el país para combatir la informalidad y la explotación rural. Solo en los primeros cuatro meses del año, el sindicato ya relevó más de 2.500 trabajadores y presentó 133 denuncias por irregularidades laborales.

Hipocresía y contradicción en el discurso público de Olmedo

La denuncia contra Olmedo expone una grave contradicción entre su discurso público y las condiciones en las que desarrolla su actividad privada. Mientras en el Parlamento del Mercosur (de cuya presidencia fue recientemente destituido) y en los medios promueve ideas de libertad individual, religión, trabajo duro y respeto por la ley, en su propia finca se violaban principios elementales de legalidad y dignidad humana.

Diversas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos manifestaron su repudio y exigieron una investigación judicial profunda, además de sanciones ejemplares si se comprueba la responsabilidad del parlamentario.

“Hay que terminar con la impunidad de quienes se amparan en cargos públicos para beneficiarse económicamente a costa de la miseria de otros”, expresaron desde sectores sindicales.

La medida, tomada sin difundir resultados ni avances, refuerza las sospechas de encubrimiento y debilita el discurso oficial sobre la lucha contra la corrupción.

La reciente decisión del presidente Javier Milei de disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno.

La UTI fue establecida en febrero de 2025 mediante el Decreto 114/2025, con el objetivo de colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la investigación de posibles hechos de corrupción vinculados a $Libra. Sin embargo, su disolución, formalizada por el Decreto 332/2025, se produjo sin que se hicieran públicos los resultados de sus indagaciones.

La falta de transparencia en la divulgación de los hallazgos de la UTI ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y la independencia de la comisión. La creación y posterior disolución de un organismo destinado a investigar al propio presidente, sin resultados públicos, plantea dudas sobre el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Este episodio se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei en su primer año de gobierno, caracterizado por una política de austeridad y reducción del gasto público. Entre estas acciones se incluyen la disolución de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la agencia de noticias Télam. Además, se ha llevado a cabo una significativa reducción del empleo público, con más de 31.000 empleados desvinculados desde el inicio de su gestión.

La disolución de la UTI, sin la publicación de sus conclusiones, refuerza las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el actual gobierno argentino.

El partido que fundó Mauricio Macri hace dos décadas está atravesando la tormenta más oscura luego de perder las legislativas porteñas desde donde construyó una fuerza nacional y ahora pelea por su subsistencia ante el avance de Milei. Sacó un 15% en su propio territorio, lo que augura el final de Macri como liderazgo político.

En ese contexto, la hasta hoy dirigencia amarilla de Santa Fe ya aclararon que “acá el PRO no existe más”. Esa lógica empezará a replicarse en todos los distritos.

El macrismo fue derrotado por paliza en CABA a manos de La Libertad Avanza lo que pone en jacque a toda la estructura de Macri, que un día después del papelón estaba de viaje por el mundo en un avión privado. Así será difícil convencer a sus segundas líneas de que la lucha continúa. El último que apague la luz.

El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se refirió este martes al acuerdo que negocia junto a La Libertad Avanza en territorio bonaerense de cara a las elecciones. En ese marco, sostuvo que “no tiene que ser un pase de dirigentes, tiene que ser un frente, una alianza”.

Al disertar en el foro de la Cámara de Empresarios de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), Ritondo se expresó en la misma línea que lo hizo el presidente Javier Milei ayer en declaraciones periodísticas, en las que planteó que el acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires seguirá adelante “a pesar de que le guste o no a Macri”.

Lo de Ritondo parece un eufeminsmo cuando habla de “alianza” cuando en realidad se trata de La Libertad Avanza liderando cualquier acuerdo al que se sumarán los dirigentes del PRO que salte. La fuerza política de Macri ya busca maquillar un quiebre que da cuenta de un fin de era. Le guste o no a Macri.

En una actitud totalmente repudiable, la notera de TN Giuliana Salguero, trato de forma despectiva a las victimas de la inundación en San Antonio de Areco por no ser asistida. Los vecinos indignados le salieron al cruce y la acusaron de lucrar con la tragedia.

La cobertura del devastador temporal en San Antonio de Areco tomó un giro inesperado y lamentable luego de que Giuliana Salguero, cronista del canal TN, fuera duramente cuestionada por su actitud hacia las víctimas del desastre. Lejos de mostrar empatía, la periodista publicó en sus redes sociales un video en el que se quejaba por su ropa mojada y por no haber recibido asistencia mientras cubría la emergencia, lo que generó un profundo rechazo en la comunidad local.

Según trascendió, Salguero intentó subirse a un bote destinado exclusivamente a evacuar damnificados y transportar provisiones. Ante la negativa de los rescatistas, reaccionó con enojo y desató una ola de comentarios críticos en redes sociales. Como si fuera poco, luego se filtraron mensajes y audios en los que la notera respondía de forma despectiva a los vecinos que habían perdido todo y que, con justa razón, expresaron su malestar.

💥 UNA NOTERA DE TN SE CRUZÓ CON LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES

Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xBHglxWxSd

— América TV (@AmericaTV) May 19, 2025

“Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar TikToks”, contestó Salguero a un vecino que le cuestionó su actitud. En otro mensaje, con tono sarcástico, agregó: “La próxima, no llamen a los medios nacionales. Besos”.

Las respuestas de la periodista fueron interpretadas por muchos como una falta de sensibilidad y profesionalismo, en un contexto donde cientos de familias lo perdieron todo. La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los pedidos de disculpas públicas por parte del canal y de la cronista.

Mientras San Antonio de Areco intenta recuperarse del temporal, lo sucedido deja al descubierto una actitud repudiable e inaceptable por parte de quien debía informar con respeto y humanidad, no faltarles el respeto a las víctimas.