Con un clic y sin pasar por ventanilla, el Gobierno acelera el camino hacia una sociedad más armada.

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un trámite digital para que civiles y personal de las fuerzas de seguridad obtengan la “tenencia exprés” de armas de fuego. La iniciativa, impulsada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 45/2025 y ya genera preocupación en sectores que advierten sobre la flexibilización de los controles.

El nuevo sistema permite gestionar online, a través de la plataforma MiAnmac, la autorización para armas adquiridas en armerías registradas. También habilita la emisión digital de credenciales de tenencia y consumo de municiones, disponibles en la app MiArgentina.

Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “simplificar y agilizar los trámites” mediante controles automatizados de antecedentes penales y validaciones digitales para miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Sin embargo, la medida profundiza el giro liberalizador en materia armamentista, iniciado en diciembre pasado cuando el Ejecutivo redujo a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario.

Menos controles, más armas

La resolución vuelve a encender alarmas en organismos de derechos humanos y sectores que alertan por el impacto social de armar a la población civil en un contexto de crisis económica, conflictividad social y desprotección estatal.

Los requisitos actuales para ser legítimo usuario incluyen mayoría de edad, certificado médico en algunos casos, acreditación de identidad, medios lícitos de vida y ausencia de antecedentes penales. No obstante, la digitalización y automatización de procesos puede generar una puerta de entrada más expedita sin mayor evaluación contextual.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con su agenda de “mano dura ciudadana”, con una política que muchos ven más cercana al ideal libertario de autodefensa armada que a la seguridad pública planificada.

Tras la contundente derrota electoral en CABA, Mauricio Macri se va de viaje y deja el camino libre para que Ritondo pacten con La Libertad Avanza.

La derrota en las elecciones porteñas encendió todas las alarmas en el PRO. La fuerza que gobernó CABA durante casi dos décadas firmó este domingo su peor resultado histórico, y con Mauricio Macri armando las valijas para irse a Perú y luego a Dubái, el camino quedó allanado para que Javier Milei avance con la integración total del partido amarillo a la maquinaria libertaria.

Cristian Ritondo quedó al frente de las conversaciones con La Libertad Avanza, en una movida que acelera la mutación del PRO en una fuerza satelital del oficialismo. La foto de su hermana Karina con Ritondo, Sebastián Pareja, José Luis Espert, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem fue más que un retrato: fue la postal de un acuerdo que avanza sin Macri y sin disimulos.

“La gente lo votó a Milei, no a Macri. Quizás tenga que entender que su momento ya pasó”, lanzó el presidente esta mañana en una entrevista radial, dejando en claro que la fusión se da en sus términos. La línea es clara: quien quiera poder, debe alinearse sin condiciones.

Macri se borra

Lejos de dar pelea o encabezar la reconstrucción, el expresidente optó por la fuga: primero a Perú, por motivos institucionales ligados a la Fundación FIFA; luego, rumbo a Dubái. Su silencio es proporcional a la derrota. Su candidata en CABA, Silvia Lospenatto, quedó tercera, desfondada por el arrastre de Manuel Adorni, el vocero presidencial que encabezó la lista libertaria.

La elección no solo representó una humillación para el PRO porteño; también instaló un nuevo equilibrio de poder entre Milei y sus exsocios. El oficialismo ya no necesita mediaciones para avanzar sobre el aparato territorial que los amarillos aún controlan, especialmente en la siempre escurridiza Provincia de Buenos Aires.

Provincia, el próximo objetivo

Pero no todo es victoria para el Gobierno. El mapa electoral porteño dejó señales contradictorias. Mientras Adorni arrasó en el corredor norte, las comunas del sur y del centro se pintaron de verde: Leandro Santoro ganó con amplitud en los barrios más populares. Y allí, donde Milei había captado voto bronca en 2023, ahora asoman señales de rechazo al ajuste.

El desembarco libertario en la Provincia de Buenos Aires buscará aprovechar la fragilidad del PRO, pero enfrenta una doble dificultad: una demografía menos elitista que la porteña y una tradición radical-republicana que Milei choca de frente con su estilo incendiario.

Una absorción por goteo

La “absorción” del PRO ya no es solo una hipótesis: es una estrategia en marcha. Lo que no pudo Macri con los radicales, lo está logrando Milei con los suyos. Ya sin capital político ni conducción efectiva, los cuadros que aún sobreviven dentro del partido se apuran a sellar acuerdos para no quedar afuera del nuevo mapa.

El pragmatismo libertario vuelve a mostrar su capacidad para digerir enemigos sin indigestarse. Así lo hizo con Patricia Bullrich, convertida en ministra tras ser acusada de “poner bombas en jardines de infantes”; así lo hace ahora con los restos del macrismo.

Quedarse afuera ya no es una opción. Lo que está en juego no es solo el poder: es la supervivencia política.

La inflación mayorista repuntó al 2,8% en abril por mayor alza de productos importados, frente al 1,5% que había registrado en marzo, de acuerdo a lo informado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La inflación mayorista registró en abril su mayor nivel en siete meses, al alcanzar un 2,8%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en los precios de los productos importados. Así lo informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que confirmó una aceleración respecto al 1,5% registrado en marzo.

El organismo detalló que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una suba del 2,8% mensual, la más elevada desde agosto de 2024. Esta variación fue resultado de un incremento del 6,0% en los “Productos importados” y un alza del 2,6% en los “Productos nacionales”.

Con este dato, la inflación mayorista acumula un aumento del 7,7% en los primeros cuatro meses de 2025, mientras que en términos interanuales el incremento alcanza el 27%.

Entre los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM durante abril fueron “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,31%), “Alimentos y bebidas” (0,27%), “Productos refinados del petróleo” (0,23%), “Máquinas y equipos” (0,18%) y “Tabaco” (0,18%).

En el acumulado del año, los productos importados también muestran un mayor impacto inflacionario (8,4%) frente a los nacionales (7,6%). En este último grupo se destacaron los aumentos en Tabaco (11,7%), Impresiones y reproducción de grabaciones (9,6%) y Alimentos y bebidas (9,1%).

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, también subió un 2,8% en abril. Esta variación respondió a un aumento del 2,5% en los productos nacionales y del 6,1% en los importados. En lo que va del año, el IPIB acumula una suba del 7,8% y registra una variación interanual del 25,5%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local sin considerar impuestos ni importaciones, avanzó un 2,5% en abril. Esta suba fue impulsada por un alza del 0,4% en los productos primarios y del 3,4% en los manufacturados y la energía eléctrica. El IPP acumula en 2025 una variación del 7,9% y una suba interanual del 27,6%.

Construcción

En abril, el costo de la construcción registró un incremento del 0,5 % respecto al mes anterior y del 43,1 % en comparación con el mismo mes del año pasado. Según datos del organismo de estadísticas, esta suba se explica por el alza del 2,9 % en el rubro “Materiales” y del 1,7 % en “Gastos generales”, mientras que el ítem “Mano de obra” mostró una caída del 1,9 %.

Dentro del segmento laboral, los salarios formales descendieron un 2,6 %, mientras que los pagos por subcontratación de trabajadores aumentaron un 1,3 % en relación a marzo.

En contraste con los salarios, los materiales continuaron en alza. Entre los productos que más aumentaron se destacan: maderas en bruto y madera para techos y pisos (9,1 %), artefactos eléctricos, iluminación y porteros eléctricos (7,4 %), electrobombas (6,9 %) y productos aislantes (5,7 %).

La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

En una decisión que genera serias sospechas de encubrimiento, el Gobierno nacional resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la polémica criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei. La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI “cumplió con las tareas asignadas” y que toda la información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos informes oficiales ni se conocen las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se ha revelado la identidad de los desarrolladores de $LIBRA ni si existieron vínculos entre ellos y funcionarios del Gobierno.

El cierre de la unidad se produce en un contexto de creciente tensión política: Cúneo Libarona volvió a ausentarse ante la Cámara de Diputados, que lo había citado para dar explicaciones sobre el escándalo. También faltó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios clave refuerza la idea de que se busca blindar al Presidente y su entorno de eventuales consecuencias judiciales.

La UTI había sido creada por el Decreto 114/2025, encomendando a la Oficina Anticorrupción la tarea de investigar posibles irregularidades o hechos de corrupción relacionados con el criptoactivo. Bajo la conducción de María Florencia Zicavo, la unidad tenía amplias facultades para solicitar información a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y estaba encargada de responder a los requerimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Ahora, con su disolución prematura y sin informes disponibles, crecen las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el caso antes de que puedan esclarecerse responsabilidades. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación, pero sin el respaldo de una estructura creada específicamente para ello.

Para muchos, el cierre de la UTI no es más que una jugada para garantizar la impunidad presidencial en uno de los mayores escándalos financieros de esta gestión.

El presidente Javier Milei volvió a desatar una fuerte polémica al elogiar nuevamente a los evasores fiscales y burlarse abiertamente de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

En una entrevista reciente, el mandatario defendió sin reparos el nuevo esquema de blanqueo de capitales —que permitiría ingresar dólares al sistema sin pagar impuestos ni explicar su origen— y lanzó duras críticas contra los contribuyentes: “Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema”, afirmó.

Con un tono desafiante, Milei calificó de “ofensivo” el término contribuyente, y señaló que no tiene intención de premiar ni compensar a quienes pagan sus impuestos: “El que pudo zafar, genial”, declaró. Fue más allá aún al insinuar que si más personas hubieran evadido, el sistema político habría colapsado: “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos”, disparó.

Fiel a su ideología libertaria, el presidente reiteró que “los impuestos son un robo” y sostuvo que quienes evadieron no cometieron ningún delito desconociendo el enorme daño que genera la evasión impositiva en los países en vías de desarrollo. En su visión, los argentinos que guardaron dólares fuera del sistema simplemente intentaron protegerse del “impuesto inflacionario” y de las “garras del Estado”.

¿A medida del narco? un blanqueo sin preguntas ni impuestos

En cuanto al plan económico, Milei explicó que el nuevo blanqueo de capitales permitirá ingresar dólares sin cuestionamientos sobre su origen: “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, declaró, minimizando incluso la posibilidad de que los fondos provengan de actividades ilícitas. “Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía”, añadió.

Según el presidente, la medida será anunciada una vez que cuente con blindaje legal, y está siendo elaborada por el Ministerio de Economía, el Banco Central, ARCA y el Ministerio de Justicia. Estiman que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema que podrían “revolucionar la economía” si se liberan.

Lejos de un objetivo recaudatorio, Milei presentó la iniciativa como un acto de “liberación”: un mecanismo para que los argentinos “usen su dinero” sin penalidades ni controles.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo político y social, al poner en duda desde la propia presidencia la legitimidad del sistema tributario y al elogiar abiertamente prácticas que tradicionalmente se consideran delitos fiscales.

El presidente defendió su proyecto de blanqueo de capitales y reconoció que podría ser usado por narcos. “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”, aseguró.

Javier Milei volvió a dejar declaraciones explosivas que generaron fuerte preocupación. Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+, el presidente admitió sin filtros que su proyecto de blanqueo de capitales puede ser utilizado por el narcotráfico.

Al ser consultado sobre los riesgos del nuevo régimen, Milei respondió: “¿Qué pasa si blanquea un narco? Y bueno, es un tema de seguridad. Mi trabajo es que la economía crezca, que los precios no suban”. Luego agregó, sin dudar: “Usted va a poder utilizar los dólares sin dejar los dedos marcados”.

El blanqueo de capitales forma parte de la Ley Bases impulsada por el oficialismo y permitiría legalizar dinero en efectivo, criptomonedas, bienes en el exterior o cuentas bancarias sin explicar su origen, con alícuotas mínimas y sin penalidades.

Lejos de tomar distancia de posibles usos ilícitos, Milei blanqueó que no le importa si el dinero proviene del narcotráfico, contrabando o evasión fiscal, siempre que entre al sistema. “Mi foco es el crecimiento económico, lo otro es problema de Bullrich”, ironizó en referencia a su ministra de Seguridad.

Las declaraciones del Presidente generaron fuertes críticas desde sectores judiciales, políticos y económicos, que advirtieron que un blanqueo sin controles puede facilitar el lavado de dinero y profundizar redes delictivas.

Además, varios especialistas recordaron que el narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un factor que distorsiona la economía, impulsa la violencia y corrompe estructuras estatales.

Con esta postura, Milei vuelve a mostrar su desprecio por los marcos legales y los controles institucionales, favoreciendo un modelo donde la impunidad financiera y la opacidad sean la norma

ATE se moviliza al Ministerio de Economía para exigir paritarias sin techo y denunciar la política de despidos masivos. El gremio acusa al Gobierno de “hambrear y destruir” el empleo público.

En el marco de una jornada nacional de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La consigna es clara: paritarias libres, reincorporación de los despedidos y freno al vaciamiento del Estado.

“El Gobierno hambrea, despide y destruye el aparato estatal”, denunció el gremio en un comunicado que apuntó directamente contra el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

Despidos y deterioro salarial
Desde diciembre, el sindicato denuncia una ola sistemática de cesantías que, aseguran, busca reducir al mínimo la estructura pública, tercerizar funciones estratégicas y precarizar a los trabajadores del Estado.

“Sabemos que parte del plan de vaciamiento del Estado es arrojarnos a la pobreza. Por eso vamos a seguir luchando por nuestro poder adquisitivo y por una vida digna para todas y todos”, sostuvo ATE tras un plenario de delegados que resolvió la medida.

El salario no alcanza
Según estimaciones del gremio, el salario promedio de un trabajador estatal ronda los $750.000, una cifra que, frente a la línea de pobreza —que en abril superó los $1.147.000 para una familia tipo con vivienda propia—, resulta “claramente insuficiente y ofensiva”.

Los incrementos salariales otorgados hasta ahora tanto por el Gobierno nacional como por el porteño “no cubren ni la mitad de la inflación acumulada”, aseguran desde ATE, que además reclama la inmediata apertura de negociaciones salariales sin imposiciones ni techos.

Ajuste en tiempo real
En medio de un discurso oficial que celebra el “déficit cero” y el recorte del gasto público, los trabajadores estatales advierten que detrás de los números prolijos hay miles de despidos, oficinas desmanteladas y funciones claves abandonadas.

“Nos enfrentamos a un modelo que busca destruir el Estado para entregarlo a los privados”, advierten desde ATE, que promete continuar con las medidas de fuerza si no hay respuesta a sus demandas.

Mientras el Gobierno defiende el rumbo con elogios de los mercados, en la calle crece la protesta de quienes sienten que ese ajuste se paga, una vez más, con el bolsillo y el trabajo de los de abajo.

Una de cada tres pymes perdió mercado frente a la avalancha de productos extranjeros. Mientras caen la producción y el empleo, Milei baja aranceles y festeja la competencia “libre”.

La política de apertura comercial del Gobierno nacional ya muestra sus consecuencias: el 30% de las pymes industriales perdió participación de mercado por el avance de las importaciones, mientras que un 42% se siente directamente amenazada por la entrada de productos del exterior. Así lo revela el último informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), que alerta sobre el deterioro acelerado del tejido productivo nacional.

El fenómeno golpea con especial fuerza a sectores clave como la metalmecánica (60% de afectadas), textiles y calzado (57%) y la industria química (44%). El estudio, que releva a más de 500 empresas de todo el país, advierte que se alcanzaron niveles de vulnerabilidad superiores incluso a los registrados en los picos de crisis de 2016 y 2018.

“Se vende más, pero se produce menos”
Uno de los datos más llamativos es la desconexión entre ventas y producción: en el primer trimestre del año, las ventas deflactadas subieron un 15%, pero la producción cayó un 3%. La explicación es alarmante: muchas pymes están dejando de fabricar para dedicarse a vender productos terminados importados.

“El interrogante es si este repunte comercial se traducirá en reactivación productiva o si, por el contrario, consolidará un modelo de sustitución de producción nacional por bienes foráneos”, indica la FOP.

Menos trabajo, más costos
En paralelo, el empleo en el sector pyme industrial se redujo un 5%, mientras que los aumentos de costos siguen asfixiando a las empresas:

• El 64% reportó caída de ventas.
• El 51% sufrió alzas en los costos laborales.
• El 41% denunció aumentos en materias primas.

Pese a este escenario, el Gobierno insiste en profundizar el rumbo: recientemente redujo aranceles a celulares y electrónicos, lo que representa un nuevo golpe para las industrias locales.

Una economía abierta… pero para unos pocos
Aunque el oficialismo intentó compensar la crisis con la quita de retenciones a las exportaciones de pymes (del 3% al 5% para unas 3.800 empresas), la medida luce insuficiente frente a la velocidad con la que se achica el mercado interno.

Con una macro inestable, consumo deprimido y avalancha importadora, cada vez más empresas se enfrentan a un dilema existencial: reconvertirse o desaparecer. El Gobierno, por ahora, no parece dispuesto a ofrecer otra opción.

El funcionario de Javier Milei reconoció públicamente que elimina regulaciones de la ANMAT porque se lo piden empresarios conocidos. Lo hizo sin pudor durante un evento en la Bolsa de Comercio.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, volvió a generar polémica al reconocer sin filtros que desregula normativas estatales por pedido de empresarios amigos.”La semana pasada me escribe un conocido diciendo ‘Che, mi hermano compró un vaso Stanley por Amazon y le exigen un trámite en ANMAT porque el vaso va a estar en contacto con los alimentos. ¿Al Estado argentino lo pensó Kafka?’. No podría estar más de acuerdo”, arrancó su anuncio el exministro de Macri y la Alianza.

La frase, dicha con naturalidad y sin ningún reparo ético, confirma lo que muchos sectores vienen denunciando: el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno no responde a un plan institucional sino a intereses particulares.

La revelación dejó al descubierto la falta de controles, el favoritismo empresarial y la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de funcionarios que, en lugar de velar por el interés público, atienden pedidos personales.

En el mismo mensaje, Sturzenegger defendió el rumbo económico del gobierno y planteó que las regulaciones estatales solo generan “trabas”. Sin embargo, su ejemplo concreto con la ANMAT generó un fuerte rechazo, dado que este organismo cumple un rol clave en la fiscalización de medicamentos, alimentos y productos de salud pública.

El dato sobresaliente de las elecciones fue la bajísima participación electoral, que fue del 53,3%, la más baja desde la crisis de 2001. La gente está desencantada con la política y el gobierno de Javier Milei no debería ignorar ese dato.

Si se toman en cuenta todas las elecciones generales en la Ciudad durante los últimos 25 años, el promedio de participación ronda el 77%. El pico más alto fue en 1983, con un 85,8%, y el más bajo en 2003, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA.

El índice también refleja lo ocurrido en las PASO, instauradas en la ciudad en 2015. En ese primer año, la participación en las primarias fue prácticamente igual a la de las generales, pero desde 2017 en adelante, los electores mostraron una mayor tendencia a votar en las generales. La mayor diferencia entre ambas se dio en 2023, con un 70,4% en las primarias, frente a un 76,7% en las generales.