El influencer oficialista Fran Fijap, posteo en su cuenta de X un elogio muy particular: “Hay FMI para rato”.
Cuando en la Cámara de Diputados la aprobación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya era un hecho consumado, el universo libertario lo celebraba como un triunfo. En ese marco, el influencer oficialista Fran Fijap apareció en redes sociales para sumarse al festejo con una particular declaración: “Hay FMI para rato”, publicó en su cuenta de X, como si la consolidación de la dependencia argentina respecto al organismo acreedor fuera motivo de orgullo o una gran proeza nacional.
La frase no tardó en desatar polémica. No solo porque sonaba absurda viniendo de un sector que, hasta hace poco, equiparaba recurrir al Fondo con el fracaso gubernamental, sino porque minutos después recibió una dura reprimenda de otro tuitero libertario, Gordo Dan, quien comanda a la mayoría de los trolls e influences libertarios, le ordenó: “Borrá esto, pelotudo…”.
Fijap acató de inmediato y eliminó su posteo, pero el daño ya estaba hecho: la frase se volvió tendencia y desató un aluvión de críticas. Muchos señalaron que su publicación era el equivalente a que un ciudadano endeudado celebrara públicamente los méritos del banco que está a punto de ejecutarle la hipoteca.
Sin embargo, más allá de los desacoples discursivos de la militancia libertaria, el trasfondo es claro: el gobierno de Milei continúa el camino de endeudamiento que ya habían trazado Mauricio Macri y Luis Caputo, profundizando la atadura del país al FMI. Y mientras algunos intentan disfrazarlo de victoria, otros –incluso dentro del propio espacio oficialista– se ven obligados a borrar los rastros de un festejo que evidencia una contradicción demasiado incómoda.
Entretanto, la primera comunicación oficial del Fondo sobre el acuerdo se espera recién para el jueves 27 de marzo, cuando la vocera del organismo, Julie Kozack, brinde su tradicional conferencia de prensa.
Los futuros del dólar se dispararon el martes con fuerza y el mercado llegó a pagar un tipo de cambio oficial a fines de este mismo mes, 5,1% por encima del cierre del lunes. Esta demanda de cobertura ante las dudas acerca de la continuidad del “crawling peg” al 1% también generó un desarme de posiciones en pesos, lo que elevó con fuerza las tasas. Los analistas ya hablan del fin de la “bicicleta financiera”, herramienta que permitió suculentas ganancias a través de tasas en pesos y luego adquiriendo dólares, y le abrió la posibilidad al Banco Central (BCRA) de abultar las reservas con fuertes compras en el MULC.
Así las cosas, los dólares paralelos aumentaron y la brecha llegó al 20%. Los llamados “mercados financieros” parecen darse cuenta de que el gobierno de Javier Milei se quedó sin dólares y ya no podrá pagar la fiesta financiera que llegó a dar 20% de rendimiento en dólares, algo que no ocurre en ningún país del planeta. De producir, ni hablemos.
En 2018, cuando el FMI echó a Luis Caputo del gobierno de Mauricio Macri, el actual mandatario Milei lo llamó “timbero” porque lo acusó de “rifarse18 mil millones de dólares en la timba financiera”. Ahora el “timbero” maneja los destinos de la economía nacional. Qué puede salir mal…
La agencia neoyorquina Bloomberg, uno de los medios económicos más leídos del mundo, se sumó a las críticas sobre la desactualización del índice que usa el gobierno de Javier Milei para medir la inflación, ya que usa una canasta de productos de 2004.
“El milagro inflacionario de Milei distorsionado por elementos obsoletos en el índice. Cada mañana, el argentino típico compra un periódico, enciende un cigarrillo y luego, mientras hojea las páginas y fuma, toma el teléfono de su soporte en la pared para hacer una llamada”, ironiza el medio.
“Bueno, al menos esto es lo que los estadísticos del gobierno en Buenos Aires quieren hacernos creer. Los cigarrillos, los periódicos y los teléfonos fijos siguen siendo componentes clave del índice de precios al consumidor del país en la actualidad”, explica la agencia neoyorquina. “La mayoría de los economistas creen que un índice renovado revelará que la inflación es más alta que las lecturas mensuales actuales de alrededor del 2,5%”, dice Bloomberg.
La agencia se hizo eco de un tema clave para medir la inflación y tiene que ver con qué canasta de bienes y servicios se mide. Ocurre que actualmente se usa una del año 2004. Esa canasta no le da relevancia, por ejemplo, a los servicios públicos, porque en aquel año no representaban un componente importante de los gastos familiares porque las tarifas estaban congeladas. Pero eso cambió con los tarifazos de los gobiernos de Mauricio Macri y el del propio Milei. Las tarifas se dispararon y ahora sí impactan sobre el bolsillo de las familias pero el INDEC no lo mide.
Según especialistas que simpatizan con el gobierno, de la universidad Di Tella, por ejemplo, esa falta de actualización implicó una subestimación de al menos 16 puntos en 2024. Cuando el INDEC midió 117% en realidad era 134% (otros analistas hablan de números más altos). Vale señalar que esa diferencia es importante para calcular otras cuestiones, como la pobreza, la indigencia o el poder adquisitivo. ¿De cuánto fue el ajuste, entonces, a trabajadores y jubilados?
El legislador nacional tomó la palabra en la sesión que terminó aprobando el DNU de Milei por un nuevo arreglo con el FMI y destrozó al presidente por el escándalo $LIBRA
El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apuntó con fuerza contra el presidente Javier Milei y sectores de la oposición que avalaron el DNU de endeudamiento con el FMI. En su intervención en la Cámara de Diputados, Kirchner aseguró que “el presidente estuvo a centímetros de una estafa y ni siquiera se dio cuenta”, en referencia al escándalo financiero conocido como $Libra.
Con un tono crítico, el legislador remarcó que la aprobación del DNU no solo consolidó una política de ajuste impuesta por el FMI, sino que también exhibió la irresponsabilidad del gobierno de Milei y de los sectores de la oposición que lo respaldaron. “Es insólito que haya diputados que, mientras dicen defender la soberanía, terminen avalando que el FMI maneje la economía del país”, criticó Kirchner.
En el mismo sentido, destacó que el episodio del escándalo $Libra expuso la fragilidad del presidente. “Si no es capaz de advertir que lo estaban estafando, ¿qué garantía puede ofrecerle a la sociedad de que cuida los intereses de los argentinos?“, cuestionó.
Kirchner también señaló que el DNU profundiza el ajuste sobre los sectores más vulnerables y favorece la especulación financiera. “Mientras el presidente juega a los mercados, las familias argentinas sufren las consecuencias de sus decisiones”, advirtió.
Por último, el diputado reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y llamó a resistir las políticas que “someten al país a los caprichos del poder financiero internacional“.
Lo dijo Marcelo Griffi, director del Banco Central, miembro informante del Ejecutivo ante la bicameral por el DNU que habilita un nuevo endeudamiento con el Fondo.
El equipo económico del gobierno finalmente reconoció que los fondos frescos del Fondo Monetario Internacional (FMI) serán utilizados para intervenir en el mercado cambiario y sostener un tipo de cambio artificial y subsidiado, con el objetivo de contener las potenciales corridas que han mermado alarmantemente las reservas del Banco Central, poniendo al gobierno en una situación crítica y aumentando la incertidumbre económica.
Durante una reunión en el Congreso para defender el Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita un nuevo endeudamiento con el FMI, el director del Banco Central, Marcelo Griffi, confirmó que los dólares obtenidos se destinarán a intervenir en el mercado cambiario, pese a que esta estrategia ha sido reiteradamente rechazada por el organismo internacional debido a su falta de efectividad a largo plazo y su impacto negativo en la estabilidad financiera.
El Ejecutivo decidió enviar a funcionarios de menor jerarquía para dar explicaciones, evitando la presencia del ministro de Economía y del presidente del Banco Central. Esta ausencia fue duramente criticada por legisladores de la oposición, quienes señalaron que la decisión de utilizar los fondos para contener la cotización del dólar no solo profundiza la fragilidad económica, sino que también repite políticas fallidas del pasado, como el blindaje financiero de 2001 y la estrategia de intervención cambiaria que agotó reservas en 2018.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reconoció que el gobierno ya ha utilizado USD 25.000 millones para pagar compromisos con bonistas, el FMI y financiar importaciones. Sin embargo, para lograr estabilizar el mercado, se estima que se requerirán al menos USD 30.000 millones adicionales, una cifra que difícilmente podrá ser cubierta sin recurrir a nuevos préstamos o medidas de emergencia. Según analistas financieros, incluso si el FMI desembolsa USD 20.000 millones de manera inmediata, no será suficiente para contener la presión cambiaria sin la implementación de controles estrictos sobre la compra de divisas y la fuga de capitales.
Desde la oposición advierten que esta estrategia no solo compromete aún más la sustentabilidad de la economía, sino que además pone en riesgo la capacidad del país para hacer frente a sus obligaciones en el futuro. Legisladores críticos del gobierno sostienen que la deuda asumida con el FMI servirá únicamente para subsidiar la salida de capitales especulativos, en lugar de fortalecer la inversión productiva y el desarrollo económico. En este contexto, han anunciado que impulsarán investigaciones para evaluar la legalidad de este endeudamiento y la responsabilidad penal de los funcionarios que lo autoricen, comparándolo con los desmanejos financieros que llevaron a crisis anteriores en la historia reciente del país tal como acontencio durante los gobierno de Fernando De La Rúa y Mauricio Macri.
La oposición ya había denunciado maniobras para bloquear el rechazo al DNU por la deuda con el FMI. El escándalo genera indignación en el Congreso.
La sesión especial en la Cámara de Diputados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vinculado a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está rodeada de tensión, pero al parecer esa situación fue fomentada desde el propio oficialismo.
En un audio que se filtró este miércoles y que fue difundido por el periodista Jorge Rial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, instó a que el debate se desarrolle en un clima conflictivo. “No quiero nada pacífico, hagan quilombo”, se le escucha decir en la grabación que generó revuelo en el ámbito político.
El audio expone la intención deliberada de Menem de tensionar el debate legislativo, en un contexto en el que la oposición ya había advertido sobre maniobras del oficialismo para dilatar la discusión. La frase “hagan quilombo” resulta especialmente grave considerando el rol institucional que Menem ocupa y el clima social de creciente malestar por las políticas del gobierno de Javier Milei.
El escándalo se produce en un escenario donde el oficialismo busca bloquear el rechazo al DNU que flexibiliza el control sobre el endeudamiento externo. En ese marco, la filtración del audio confirmó las sospechas de que el gobierno no solo apuesta a la confrontación, sino que promueve activamente el desorden para evitar un debate ordenado y transparente.
Por más que a Milei y su entorno les incomode la discusión democrática, la gravedad de esta revelación expone la estrategia de generar caos para condicionar el funcionamiento del Congreso. Hablar de “hacer quilombo” desde la presidencia de la Cámara de Diputados no solo es irresponsable, sino que demuestra la falta de intención de construir consensos en uno de los momentos más delicados del país.
La Justicia Electoral ha comenzado a profundizar en los posibles lazos entre el economista liberal José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido a pedido de la Justicia estadounidense bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
El fiscal Ramiro González ha solicitado a la jueza María Servini que determine si existe una causa penal que investigue los presuntos aportes de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que podría derivar en graves implicaciones legales.
Una conexión preocupante
El empresario Fred Machado fue arrestado el 15 de abril en Neuquén, justo antes de abordar un vuelo a Buenos Aires. Su captura se produjo tras la emisión de una alerta roja de Interpol, luego de que un tribunal del distrito este de Texas lo acusara de integrar una red criminal vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. Machado enfrenta cargos por delitos como fraude informático, defraudación al Estado, contrabando y adulteración de matrículas de aviones, según la investigación judicial en Estados Unidos.
A los pocos días de su detención, comenzaron a surgir informaciones dentro del entorno liberal que vinculaban a Machado con la campaña de Espert. Esta conexión derivó en una denuncia penal contra el economista y su excompañero de fórmula, Luis Rosales, por presuntos delitos de encubrimiento y asociación ilícita.
Aportes de campaña bajo la lupa
El fiscal González, quien además había solicitado la suspensión de los fondos del partido Unite por la Libertad debido a irregularidades en su rendición de cuentas, ahora ha pedido a la jueza Servini que se certifique si existen registros de aportes económicos de Machado a la campaña de Espert. Se buscan pruebas que determinen fechas, montos y cuentas utilizadas para realizar estas transacciones.
Según la información declarada ante la Justicia Electoral, el partido Unite aseguró que los más de 60 millones de pesos recibidos para la campaña provinieron exclusivamente de fondos públicos. Sin embargo, diversas fuentes que participaron en la campaña afirman que Machado habría facilitado aviones y vehículos para el traslado del candidato y su equipo, recursos que no figuran en la rendición de gastos.
Uno de los episodios más llamativos en este contexto es el ataque con piedras que sufrió una camioneta en la que viajaban Espert y Rosales pocos días antes de las PASO. Según registros vehiculares, el Jeep Grand Cherokee utilizado en ese momento pertenecía a Claudio Cicarelli, primo de Machado, lo que refuerza la sospecha sobre la participación del empresario en la campaña.
Espert minimiza la relación
Desde el entorno del economista niegan cualquier tipo de financiamiento por parte de Machado y solo reconocen un viaje en abril de 2019, fuera del período de campaña, en el que Espert utilizó un avión facilitado por el empresario para trasladarse a Viedma, Río Negro, donde presentó su libro. “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, declaró Espert en ese momento.
No obstante, dentro del sector liberal algunos dirigentes aseguran que la presencia de Machado fue una constante durante la campaña, y que Espert se mostraba abiertamente orgulloso de esta relación. Ahora, el economista busca distanciarse del empresario detenido, asegurando que desconocía por completo sus actividades ilícitas.
Un partido con irregularidades
Otro aspecto que complica la situación es la estructura partidaria a través de la cual Espert pudo competir en las elecciones. Luego de que el partido Unir le retirara su apoyo, el economista recurrió a Unite por la Libertad, liderado por José Bonacci, quien “alquiló” la estructura partidaria a Espert. Ahora, la Justicia debe determinar si la rendición de gastos del partido Unite fue manipulada para ocultar aportes privados, incluyendo los presuntamente realizados por Machado.
La investigación judicial seguirá avanzando para esclarecer el posible financiamiento ilegal en la campaña de Espert y su relación con un empresario vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, el economista intenta despegarse de un escándalo que podría tener graves consecuencias políticas y judiciales.
Respaldado por La Fraternidad y la UTA, Luis Barrionuevo promovió la profundización de las medidas de lucha contra el Gobierno. Además cruzó a Patricia Bullrich por su denuncia.
Luis Barrionuevo no se quedó callado ante las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y respondió con contundencia. El dirigente gremial rechazó de plano cualquier vínculo con la organización de la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo y le exigió a la funcionaria que se retracte en un plazo de 24 horas o, de lo contrario, iniciará acciones legales. Paralelamente, redobló la apuesta contra el Gobierno al reclamarle a la CGT que extienda las jornadas de lucha y movilización.
Respaldado por La Fraternidad y la UTA, Barrionuevo impulsó la profundización del conflicto con el Ejecutivo y solicitó que la huelga sea de 36 horas a partir del 9 de abril. Además, exigió que la CGT adelante su proceso de renovación de autoridades. Estas definiciones surgieron en un almuerzo realizado en el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA), donde participaron 22 organizaciones sindicales que coincidieron en la necesidad de endurecer las medidas de fuerza.
La respuesta de Barrionuevo a Bullrich no dejó lugar a dudas. Mediante una carta documento, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) la intimó a presentar pruebas o retractarse públicamente a través de una conferencia de prensa. “Usted carece de todo fundamento para expresarse como lo ha hecho”, afirmó el documento firmado por su apoderado, Horacio Ferro Méndez. Además, advirtió que, en caso de no recibir respuesta, avanzará con acciones civiles por daños y perjuicios.
Lejos de amedrentarse, Barrionuevo reforzó su ofensiva gremial y, junto con otros sindicatos, delineó un plan de lucha centrado en paritarias libres, aumento a jubilados, reconstrucción de la industria nacional y el financiamiento de las obras sociales sindicales. En ese contexto, propuso formalmente al Consejo Directivo de la CGT la convocatoria a un paro con movilización de 36 horas, que incluiría garantizar el transporte para los trabajadores que participen en la protesta.
Con esta jugada, Barrionuevo no solo enfrenta directamente a Bullrich, sino que también presiona a la CGT para que eleve el nivel de confrontación con el Gobierno, marcando un nuevo capítulo en la disputa sindical y política.
El hijo de Norma Plá, una jubilada que fue emblemática en la década de 1990, cuando enfrentó las políticas de ajuste de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se refirió a lo que ocurre con los trabajadores pasivos, otra vez en las calle para resisitir el ajuste sobre sus ingresos. La historia de nunca acabar.
“Los reclamos son los mismos que en la época de mi vieja. Los jubilados tienen la misma fuerza”, describió Germán. “Cuando no te alcanza la comida salís a luchar. Creo que el gobierno no tiene conciencia de lo que podemos hacer como pueblo”, aseguró. “El apoyo del fútbol revitalizó la marcha de los jubilados”, insistió.
Por último, afirmó: “Mi vieja estaría hoy en la marcha. Ella salió porque veía que muchos jubilados como ella pasaban muchas necesidades. Hoy pasa lo mismo”, cerró.
Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha vuelto a quedar en evidencia por su doble vara a la hora de evaluar las protestas sociales. Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.
⭕️ | ARCHIVO DEMOLEDOR: Así, Patricia Bullrich CONVOCABA A LA LUCHA CALLEJERA EN 2013.
‼️ La precursora del “que las hace, las paga”, LAS HIZO TODA SU VIDA. DE MONTONERA A REPRESORA SIN ESCALAS. NO TIENE CARA.
En las redes comenzó a circular un video de 2013 en el que Bullrich, entonces diputada, convocaba a la ciudadanía a sumarse a “la lucha callejera” contra el gobierno de Cristina Kirchner, llamando a movilizarse para “lograr un cambio” y “terminar con la lógica populista”. En aquella ocasión, promovió un masivo cacerolazo que desembocó en Plaza de Mayo, en el marco de la discusión sobre la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo.
“Te pedimos que salgas a la calle, que te movilices, que trabajes, que colabores”, decía Bullrich en el video, alentando la protesta como un derecho legítimo. Hoy, desde el gobierno de Javier Milei, criminaliza a quienes ejercen ese mismo derecho, exigiendo mano dura y justificando la represión policial contra manifestantes que reclaman por los derechos de los jubilados.
No es la primera vez que su postura cambia según la conveniencia política. Durante la pandemia, Bullrich también incentivó las movilizaciones contra las restricciones sanitarias e incluso participó de una escandalosa quema de barbijos en el Obelisco. Sin embargo, ahora que está en el poder, pretende imponer un orden represivo donde la protesta es válida solo cuando le sirve políticamente.
Su doble discurso es evidente: cuando era opositora, llamaba a la rebelión en las calles. Hoy, en el gobierno, pretende silenciar cualquier manifestación con gas lacrimógeno y palos.
