Los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura dejaron sin quórum la sesión de la Comisión de Disciplina, que tenía previsto avanzar en el análisis de las denuncias que podrían derivar en el juicio político de varios magistrados. Se trata de los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones.

La medida fue calificada de insólita, corporativa y extremadamente grave por el consejero César Grau, presidente de la comisión, que definió la actitud como un lock out de los jueces.

En el orden del día estaba tratar casos como el de Lago Escondido, la visita de magistrados y fiscales a la mansión de Joe Lewis en la Patagonia, a donde concurrieron invitados, lo que generó una causa judicial por los presuntos delitos de dádivas e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además viajaron referentes del poderoso Grupo Clarín.

Viajaron en secreto los fiscales y jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos); el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el ex jefe de legales de la AFI, Leo Bergroth. Todo pagado por Clarín. Total normalidad.

El procurador pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidente en la causa Vialidad. Se profundiza la ofensiva judicial contra la dirigente política más votada desde el retorno democrático.

En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se eleve la condena en su contra a 12 años de prisión, esta vez por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad.

La medida busca no solo agravar la pena ya impuesta por administración fraudulenta —6 años dictados en diciembre de 2022—, sino también habilitar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que en los hechos representaría la proscripción política de la principal referente del campo popular argentino.

Casal respaldó el recurso presentado por el fiscal Mario Villar y pidió ampliar el decomiso de bienes y revertir la absolución del ex ministro Julio De Vido. En su dictamen, acusó a los tribunales inferiores de haber actuado con “arbitrariedad” al descartar la figura de asociación ilícita, desoyendo incluso pruebas y criterios ya debatidos en instancias anteriores.

La avanzada se da en un contexto político marcado por la judicialización de la política, donde sectores del Poder Judicial operan abiertamente como actores partidarios. No es menor que Casal, procurador interino desde 2017, haya sido sostenido durante años por el macrismo y nunca ratificado por el Senado, lo que debilita su legitimidad institucional.

Cristina Kirchner ya había denunciado en múltiples ocasiones que las causas judiciales en su contra no buscan justicia sino su proscripción. La posible intervención de la Corte, luego del dictamen de Casal, abre la puerta a un fallo definitivo que, de concretarse, excluiría a la expresidenta de la vida política por fuera de cualquier decisión del voto popular.

Dos constructoras se retiran por falta de pagos de Enarsa, se acumulan deudas desde febrero y renunció el gerente de mantenimiento. La parálisis afecta una obra estratégica que ahorra USD 3.000 millones anuales en energía.

Una nueva señal de crisis golpea al desarrollo energético de Vaca Muerta. La obra del gasoducto clave para el transporte de gas natural quedó virtualmente detenida luego de que la UTE conformada por Contreras Hermanos y Esuco anunciara su retiro del proyecto. El motivo: Enarsa acumula meses de deudas impagas y se niega a reconocer sobrecostos inesperados.

El ducto, considerado estratégico para reducir importaciones y mejorar el abastecimiento interno, quedó con tramos críticos inconclusos, especialmente en la planta compresora de Salliqueló, indispensable para el pleno funcionamiento del sistema.

A esto se suma el colapso de una estación de medición en La Pampa, provocado por un temporal, pero agravado por la falta de mantenimiento. La situación, según fuentes del sector, refleja la parálisis técnica y administrativa que atraviesa la empresa estatal.

En una nota formal dirigida a Enarsa, la UTE fue tajante: “Se procederá a la relocalización de todos los recursos que esta Contratista mantiene actualmente dentro del predio de Enarsa, correspondiente a la zona de emplazamiento de la Planta Compresora Salliqueló”. Y añadieron: “A partir del lunes 19 de mayo de 2025, todas las comunicaciones deberán canalizarse exclusivamente por correo electrónico y/o mediante carta contractual, conforme los interlocutores designados por ambas partes”.

El cuadro se agrava por el deterioro interno en Enarsa. Esta semana renunció Oscar Álvarez, gerente de mantenimiento del gasoducto, en medio de una ola de dimisiones. Una fuente de la empresa no ahorró críticas: “Mientras el club de asesores que rodeaban a las autoridades de Enarsa se van retirando o huyendo como ratas y con vacaciones pagas, la empresa sigue a la deriva”.

La víctima fue el reportero Nicolás Ortega, quien realizaba la cobertura del cierre de campaña de Manuel Adorni en el barrio porteño de Recoleta.

Lo que debía ser un cierre de campaña vibrante para La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones porteñas del domingo próximo, terminó exhibiendo una serie de contradicciones que ponen en jaque la narrativa de la “batalla cultural” contra la vieja política. En medio del acto encabezado por Manuel Adorni y el presidente Javier Milei, militantes libertarios le robaron el celular al periodista Nicolás Ortega, de La Nación+, mientras realizaba una cobertura en vivo desde Recoleta.

“Me robaron el celular, me robaron el celular!!. No puedo creer que me robaron mi teléfono, mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando, me lo sacaron del bolsillo. Se lo pasaron de una mano a otra”, relató, visiblemente indignado, Ortega durante la transmisión, mientras en el estudio respondían con incredulidad: “Qué desastre”.

El incidente, lejos de ser un hecho aislado, se suma a una jornada marcada por múltiples denuncias de clientelismo. Jóvenes militantes identificados con LLA, luciendo remeras violetas del espacio, revelaron ante cámaras que se les había prometido dinero a cambio de asistir al acto. “Vinimos por 25 lucas y ahora nos quieren dar 20… están re volados”, gritó uno de los asistentes ante un móvil de TN. Otro, más calmo pero igual de directo, afirmó: “Nos dijeron que 10 mil pesos, ahora dicen que 20. O sea, tienen la plata, pero no nos quieren pagar”.

🔴 Le robaron al cronista de LN+ en plena cobertura de la llegada de Milei.

A Nicolás Edwin le robaron el celular cuando una multitud rodeaba al Presidente durante el cierre de campaña de Adorni pic.twitter.com/eayEoIWFL1

— La Nación Más (@lanacionmas) May 14, 2025

Estos testimonios vuelven a encender el debate sobre las prácticas políticas del oficialismo libertario, que en los hechos repite los mismos métodos que asegura combatir. Ya había antecedentes: en el acto realizado meses atrás en Parque Lezama, cientos de militantes fueron trasladados en micros rentados por punteros, evidenciando una estructura organizativa que poco tiene de espontánea o desinteresada y esta mas próxima a las practicas clientelares tradicionales a la cuales el espacio libertario dice venir a destruir.

Entre robos, promesas incumplidas y movilización paga, el relato de una nueva forma de hacer política empieza a desmoronarse frente a los hechos.

El economista Federico Sturzenegger aseguró que, si se mantiene el rumbo económico actual de reformas estructurales y los argentinos aguantan un par de décadas de ajuste, se podría alcanzar un nivel de ingresos similar al de Australia.

En una reciente declaración televisiva que generó polémica, el funcionario libertario y ex macrista Federico Sturzenegger afirmó que “Argentina podría alcanzar en 20 años el nivel de ingreso de Australia“. Según él, el país ya habría cambiado su tendencia económica gracias a las reformas en curso, y ahora solo queda esperar un par de décadas.

“En 20 años, Argentina tendría el nivel de ingreso de Australia” afirmo el ministro de desregulacion del gobierno de Milei. Ante lo cual la periodista agregó: “Tantos chicos van a Australia”… “Entonces lo que digo es: cambió la tendencia, porque se atacó el problema”, sostuvo Sturzenegger.

Pero lejos de ofrecer soluciones concretas a la crisis actual, sus palabras funcionan como una pieza más del discurso oficial que busca naturalizar el ajuste y resignar a la sociedad a un presente de sacrificios interminables, en nombre de un futuro idealizado que nunca llega. En especial considerando que se trata de una comparación absurda y engañosa que no considera variables históricas en el desarrollo de aquel país integrante de la Commonwealth, sin mencionar que Australia nunca dejó de invertir en educación (5,6% del PBI) y obra publica. Teniendo en cuenta estos datos, se puede concluir que difícilmente las recetas del ministro de desregulación nos conviertan en otra Australia aunque si muy probablemente en otra Haití o Puerto Rico.

“AUSTRALIA”

Porque Federico Sturzenegger afirma que hay que aguantar 20 años para que tengamos salarios australianos.
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— ¿Por q es tendencia? (@porqtendenciaa) May 14, 2025

La estrategia es conocida: prometer prosperidad a largo plazo mientras se aplica un modelo económico que empobrece a las mayorías en el corto plazo y descapitaliza al país, entregando al más vil saqueo sus recursos naturales y sectores estratégicos. Lo que se presenta como una “transformación profunda” es, en realidad, un intento de disciplinar a la población, pidiendo paciencia infinita y fe ciega en una supuesta salida mágica.

El relato de los “salarios australianos” dentro de 20 años no solo es poco realista —carece de datos concretos y proyecciones serias—, sino que funciona como herramienta de legitimación del ajuste, disfrazándolo de transición hacia una libertad futura. Una libertad que, para muchos, ya está llegando demasiado tarde.

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió que la eliminación de los aranceles a productos importados puede “reducir algún empleo en la isla” y propuso a la provincia como “un parque de diversiones mundial”. Que se salven solo.

En detalle, el funcionario nacional le dedicó un extenso mensaje a modo de reflexión a las medidas anunciadas por Casa Rosada el pasado martes a través de sus redes sociales y sostuvo que “hay que analizar el tema desde la óptica del equilibrio general”. En este sentido, Sturzenegger reconoció abiertamente que “la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla”.

Sin embargo, en las próximas líneas defendió la decisión del Gobierno: “El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”.

“¿Cuánto empleo creará ese gasto adicional? Mucho más que los que se pierden, porque el ensamblaje es una actividad poco mano de obra intensiva, por ejemplo, relativo a servicios. En alguno momento habíamos hecho una estimación y la perdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos”, sentenció Sturzenegger sobre las implicancias de las medidas en Tierra del Fuego.

El candidato libertario Manuel Adorni cerró la campaña junto a Javier Milei en un acto caótico en el que acarrearon personas con promesas de dinero que luego no quisieron abonarles. Así y todo no pudieron llenar el Parque Mitre de Recoleta.

“Vinimos por 25 lucas y nos quieren dar 10”, reclamaron dos militantes con remeras violetas de La Libertad Avanza frente a las cámaras. Por esa diferencia en la facturación, hubo empujones y volaron algunas trompadas. Tuvo que intervenir la Policía Federal que maneja Patricia Bullrich.

El domingo habrá elecciones porteñas y el gobierno juega con todo su aparato para tratar de vencer al macrismo en su propio territorio. Las encuestas dan un escenario de paridad entre Adorni y el PRO, aunque por abajo de Santoro, el candidato kirchnerista.

El gobierno celebra la desaceleración inflacionaria, pero persiste la opacidad: no se conoce la composición exacta de la canasta del IPC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,8%, marcando una desaceleración respecto al 3,7% de marzo. Sin embargo, persiste una falta de transparencia en la metodología utilizada: el INDEC no publica la composición detallada de la canasta que utiliza para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque se conoce que el IPC se construye a partir de una canasta representativa del consumo de los hogares, el INDEC no ofrece un listado público de los productos específicos que la integran, lo que dificulta la evaluación crítica y la replicabilidad de sus mediciones.

Esta falta de transparencia se suma a la preocupación de que, mientras el gobierno celebra la desaceleración de la inflación, los datos disponibles no permiten una comprensión completa de cómo se calcula este indicador clave.

La inflación de abril también se enmarca en un contexto de cambios en las políticas económicas, como el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de un régimen de flotación entre bandas en el valor del dólar. Estas medidas han generado expectativas sobre su impacto en los precios, pero la falta de información detallada sobre la canasta del IPC limita el análisis profundo de estos efectos.

En resumen, aunque la inflación muestra señales de desaceleración, la opacidad en la metodología del INDEC plantea interrogantes sobre la precisión y representatividad de las mediciones oficiales.

¿Qué necesita una familia para no ser pobre?

Según los últimos datos del INDEC, en abril una familia tipo necesitó $1.110.000 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye no solo los alimentos necesarios para una dieta adecuada (como la Canasta Básica Alimentaria o CBA), sino también otros gastos imprescindibles como transporte, salud, educación, vestimenta y servicios.

Este monto es el umbral a partir del cual una familia comienza a dejar de ser considerada pobre. Si los ingresos de una familia no alcanzan a cubrir este total, se la clasifica en situación de pobreza. En paralelo, aquellos hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la CBA, que es aún más estricta y solo contempla lo esencial para subsistir, son considerados indigentes.

Estos datos reflejan un panorama preocupante para la mayoría de las familias argentinas, que luchan cada vez más por alcanzar este mínimo para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Mientras Javier Milei celebra supuestos logros macroeconómicos, la realidad golpea a millones: en abril, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no caer bajo la línea de pobreza. Los datos del INDEC exponen un modelo que empobrece.

La última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirma lo que millones de argentinos ya sienten en el bolsillo: en abril de 2025, una familia tipo necesitó $1.110.000 para no ser considerada pobre. Un incremento brutal que refleja cómo el ajuste y la “motosierra” de Javier Milei no sólo no resolvieron los problemas estructurales del país, sino que profundizaron la desigualdad.

El número corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que mide el costo de bienes y servicios esenciales como alimentos, transporte, salud, vestimenta y educación. Es decir, lo indispensable para vivir con un mínimo de dignidad. En diciembre del año pasado, el mismo indicador se ubicaba en $1.024.435. En apenas cuatro meses, el costo de no ser pobre subió casi $90.000.

Mientras tanto, desde el gobierno libertario insisten en festejar el “superávit fiscal” y el control del tipo de cambio, pero omiten que estos supuestos logros descansan sobre un recorte brutal en jubilaciones, salarios, obras públicas y subsidios, y en una inflación que, aunque desacelerada, dejó precios por las nubes y un consumo en picada.

Los datos del INDEC son contundentes y desnudan una verdad incómoda: el modelo económico de Milei beneficia a una minoría especuladora y condena a la mayoría al empobrecimiento. El sacrificio al que llama el presidente tiene nombre y apellido: lo pagan los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes.

La libertad que promete el oficialismo viene atada, paradójicamente, a la imposibilidad de vivir con dignidad. Por más que Milei y su junta se esfuercen en instalar otro relato, la realidad es que ser libre, bajo este gobierno, cuesta cada vez más caro.

Con un discurso plagado de estigmas y falsedades, Manuel Adorni anunció un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria: restricciones para residencias y ciudadanía, expulsiones aceleradas y arancelamiento de servicios públicos.

En una nueva ofensiva contra los migrantes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles un paquete de medidas que endurecen de forma drástica el acceso a la residencia permanente, la ciudadanía, y los servicios públicos para extranjeros. Con un tono autoritario y acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el funcionario confirmó que quienes cometan delitos —o incluso solo ingresen de manera irregular— serán expulsados del país, y que los migrantes deberán comenzar a pagar por la atención sanitaria y, eventualmente, por la educación universitaria.

En línea con el discurso de la ultraderecha internacional, Adorni utilizó el eslogan de Donald Trump —“Hacer grande a la Argentina otra vez”— y apeló a los clichés de la “invasión migrante” y los “tours sanitarios”, sin brindar datos verificables ni permitir preguntas de la prensa.

“Queremos recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley, y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas”, afirmó el vocero. Entre los puntos más controvertidos del anuncio se destacan la expulsión inmediata de migrantes con condenas, sin importar el tipo de delito ni el tiempo de residencia, el rechazo en frontera a cualquier extranjero con antecedentes penale, el arancelamiento obligatorio de la salud pública para residentes transitorios e inmigrantes “ilegales, la autorización a las universidades nacionales a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros y la modificación de los requisitos para obtener la ciudadanía: ahora se exigirá una residencia continua de dos años sin salir del país.

“Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas”, sostuvo Adorni, y se quejó de que “las condiciones de deportación son demasiado flexibles”. En otro tramo, denunció sin fuentes que “en un año, ocho hospitales nacionales gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.

Pese al intento de criminalización, los datos oficiales desmienten al Gobierno. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, vigente a diciembre de 2022, sólo el 5% de la población penitenciaria es de origen extranjero: 5.089 personas sobre un total de 105.053. Lejos de lo que sugiere la narrativa oficial, no existe correlación entre migración y delincuencia.

Las medidas serán implementadas por decreto, en otra muestra del avance del Ejecutivo sobre temas sensibles sin debate parlamentario. La ministra Bullrich, quien impulsó en su gestión anterior el fallido DNU 70/2017 (de contenido similar y declarado inconstitucional por la Corte Suprema), vuelve a la carga contra las personas migrantes, ahora con respaldo presidencial.

En paralelo, Adorni —quien se posiciona como candidato a legislador porteño— utilizará estas conferencias como plataforma de campaña en la recta final electoral. El jueves se espera un nuevo anuncio vinculado al blanqueo de capitales, otra medida controvertida del oficialismo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su modelo de ajuste y exclusión, ahora apuntando contra los sectores más vulnerables y con un mensaje que estigmatiza, desinforma y vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, la promesa de libertad parece aplicarse solo a unos pocos.