La tregua que impuso el Mundial 2026 quedó atrás y la protesta social vuelve a ocupar el centro de la escena política. La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados marcharán este miércoles al Congreso, en una movilización que marcará el reinicio de la agenda de calle contra el Gobierno de Javier Milei y abrirá una nueva etapa de medidas de fuerza. Messi tenía razón: la gente no llega a fin de mes.

La concentración está prevista para las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Congreso Nacional. La convocatoria tendrá como principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional.

Con inflación anual en torno al 35% e ingresos que suben al 20%, la pérdida del poder adquisitivo es superior al 10% lo que impacta sobre millones de familias que no llegan a fin de mes, como debió recordar el crack de la selección nacional, ante la indignación del gobierno libertario.

Desde Apinta y ATE sostienen que detrás del plan existe un intento de desprenderse de activos estratégicos para favorecer negocios inmobiliarios.

El Gobierno nacional analiza poner en venta hasta 50.000 hectáreas pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de un proceso de revisión de las tierras que utiliza el organismo para sus actividades, una medida que vuelve a abrir el conflicto por el destino del patrimonio científico estatal.

El presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, sostuvo que “solo unas 50.000 hectáreas tienen un real uso científico o tecnológico” y detalló que ya fueron desafectadas unas 15.000. El INTA posee cerca de 100.000 hectáreas distribuidas en todo el país, utilizadas para investigación, desarrollo tecnológico y conservación de recursos genéticos.

La iniciativa despertó un fuerte rechazo entre los trabajadores del organismo. Desde Apinta y ATE sostienen que detrás del plan existe un intento de desprenderse de activos estratégicos para favorecer negocios inmobiliarios. “¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate a precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, cuestionan los trabajadores.

El proyecto se suma a una serie de medidas impulsadas por la gestión de Javier Milei sobre el organismo. A fines de 2024 se diseñó un plan para vender 27.000 hectáreas distribuidas en 22 campos experimentales, mientras que este año el Ejecutivo intentó subastar más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, una operación que fue frenada por la Justicia.

El director del organismo Nicolás Bronzovich también confirmó que el Gobierno continuará con el desprendimiento de tierras del organismo bajo el argumento de que solo la mitad tiene uso científico, una afirmación cuestionada por especialistas y entidades del sector.

Mientras el Gobierno avanza con el ajuste y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, sorprendió con una insólita defensa de los despidos masivos de personal técnico y científico al afirmar que representan “una oportunidad para redoblar esfuerzos”.

Lejos de manifestar preocupación por la pérdida de casi 900 trabajadores altamente capacitados, Bronzovich sostuvo que la reducción de personal permitirá convertir al INTA en “la plataforma de innovación de la Argentina”, pese a que la salida de investigadores, extensionistas y técnicos implica una fuerte pérdida de capacidades para uno de los principales organismos de ciencia y tecnología del país.

En declaraciones a Clarín Rural, el funcionario confirmó además que el Gobierno continuará avanzando con el plan para desprenderse de tierras del instituto. Según explicó, ya fueron desafectadas unas 15.000 hectáreas, equivalentes al 10% del patrimonio territorial del organismo, y anticipó que podrían venderse muchas más.

La justificación oficial resulta tan polémica como llamativa: Bronzovich aseguró que, de las más de 100.000 hectáreas que posee el INTA, apenas unas 50.000 están destinadas a actividades científicas o tecnológicas y que el resto podría dejar de pertenecer al organismo porque, según su criterio, “los productores producen y los investigadores investigan”.

Con ese argumento, adelantó que continuarán revisando cada campo y que toda superficie que el Gobierno considere innecesaria para la investigación será desafectada para otros destinos.

Sin embargo, esa explicación ya fue cuestionada por especialistas y por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que rechazó la idea de que gran parte de esas tierras carezcan de utilidad. Diversos sectores advierten que numerosos campos cumplen funciones estratégicas para experimentación, conservación, producción de semillas, extensión rural y desarrollo tecnológico.

Las sospechas apuntan además a que detrás del plan de venta de tierras podría existir un importante negocio inmobiliario. Las miradas se concentran sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de administrar esos inmuebles y presidida por Nicolás Pakgojz, un dirigente identificado como hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei.

En paralelo, Bronzovich confirmó que 887 trabajadores aceptaron el programa de retiros voluntarios, reduciendo la planta del INTA a alrededor de 5.000 empleados. Lejos de considerar esa pérdida de recursos humanos como un problema para la investigación pública, insistió en que “lo vemos como una oportunidad para que el INTA redoble sus esfuerzos”, una definición que generó fuertes críticas por naturalizar el vaciamiento de un organismo clave para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.

El juez Alejo Ramos Padilla anuló la resolución del Ministerio de Economía que eliminó el sistema oficial de información sobre los precios de los combustibles. Advirtió que el Gobierno vulneró el derecho de los consumidores al reemplazar un mecanismo público por datos dispersos en aplicaciones privadas y cuestionó la falta de transparencia de una herramienta clave para seguir la evolución de los precios.

Luis “Toto” Caputo sufrió un nuevo revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, que había eliminado la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles, una decisión que redujo el acceso de la ciudadanía a información pública y verificable sobre un insumo central de la economía.

La medida dejada sin efecto derogaba el sistema creado en 2016, que obligaba a las estaciones de servicio a reportar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Esa información alimentaba una base de datos pública que permitía comparar valores entre expendedoras y denunciar irregularidades cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que la decisión del Gobierno implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada, veraz y fácilmente accesible. También rechazó el argumento oficial de que los datos podían consultarse en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, al considerar que esa información se encuentra fragmentada, depende de empresas privadas y no garantiza una comparación uniforme entre todas las estaciones del país.

El magistrado fue más allá y cuestionó que, en un contexto donde las empresas aplican sistemas de “micropricing” con cambios frecuentes en los valores, el Estado decidiera desmantelar justamente la herramienta que permitía monitorear esas variaciones. Según remarcó, cuanto más dinámico es el mercado, mayor es la necesidad de contar con un sistema oficial, centralizado y actualizado.

La decisión judicial golpea una de las herramientas utilizadas por Caputo para maquillar la inflación. Durante buena parte de 2025, el Ministerio de Economía demoró o aplicó parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono para evitar que esos aumentos impactaran de lleno en el surtidor y, por esa vía, en el índice de precios.

A esa estrategia se sumó el rol de YPF, que absorbió parte del aumento internacional del petróleo durante la escalada del conflicto en Medio Oriente para amortiguar el traslado a los consumidores. Sin embargo, cuando el precio del Brent comenzó a descender, las rebajas no llegaron con la misma rapidez a los surtidores. En ese escenario, la eliminación del sistema oficial de información dejó el seguimiento de las variaciones exclusivamente en manos de las empresas.

La demanda había sido impulsada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que denunció que la resolución debilitaba los controles públicos y reducía la transparencia del mercado de combustibles.

Ramos Padilla también rechazó la defensa del Gobierno, que justificó la medida en la política de desregulación de la administración de Javier Milei. El juez recordó que la propia normativa de 2016 había considerado insuficiente el viejo esquema de información mensual y señaló que el Estado nunca explicó por qué un sistema que antes calificaba como inadecuado ahora sería suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información.

Con este fallo, la Justicia dejó en claro que el Estado no puede sustituir un sistema oficial de información pública por datos dispersos administrados por empresas privadas y reafirmó que la transparencia y el acceso a información confiable constituyen obligaciones constitucionales, especialmente cuando se trata de precios que impactan de manera directa en el costo de vida de millones de argentinos.

El abastecimiento destinado al consumo doméstico cayó 11,5% interanual durante el primer semestre, afectado tanto por la menor disponibilidad de carne como por el encarecimiento relativo del producto frente a los ingresos de las familias. La carne es clave para que los argentinos puedan consumir proteínas, tan necesarias para el desarrollo de una persona.

Según información oficial, el consumo aparente se ubicó en 1,02 millones de toneladas res con hueso, unas 131.830 toneladas menos que en igual período del año pasado.

Medido por habitante, el consumo anualizado descendió hasta 47 kilos por persona, el nivel promedio registrado en los últimos doce meses. La cifra representa una caída del 8,2% respecto de junio de 2025, equivalente a 4,2 kilos menos por habitante al año, consolidando la tendencia de retracción del consumo interno en un escenario donde la demanda externa continúa ganando protagonismo.

Mientras el ajuste recorta derechos y servicios esenciales, Milei vuelve a aumentar el presupuesto de la SIDE y le asigna $7.500 millones en gastos reservados.

El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que la austeridad y el ajuste no alcanza a todos por igual. Mientras el discurso oficial insiste en que “no hay plata” para jubilaciones, universidades, salud, ciencia o políticas sociales, el Ejecutivo decidió reforzar nuevamente el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluso con miles de millones de pesos en fondos reservados que no deben rendir cuentas.

La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/26, que introduce una serie de modificaciones presupuestarias bajo el argumento de que, de no realizarse de manera inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. Entre esas prioridades, el Gobierno volvió a incluir al aparato de inteligencia.

El decreto incrementa en $49.261.489.000 el presupuesto anual de la SIDE. De ese monto, casi $7.500 millones corresponden a la partida de Gastos Reservados, recursos cuyo destino permanece fuera del control y del escrutinio público. Además, el organismo recibió otros más de $9.400 millones para la compra de equipamiento informático.

La decisión reafirma un patrón que se repite desde el comienzo de la gestión libertaria. En medio del fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado, la SIDE ha sido una de las grandes beneficiadas por las ampliaciones presupuestarias. En julio de 2024, el Gobierno ya había intentado otorgarle $100.000 millones mediante un decreto con partidas de carácter reservado. Un año después, otro DNU le sumó $1.625 millones adicionales. Ahora, vuelve a ampliar sus recursos con otra inyección de fondos.

El gesto, que fue celebrado por millones de argentinos, despertó el rechazo del expresidente Mauricio Macri, quien volvió a exhibir una postura distante del reclamo de soberanía al sostener que “no era el momento” y que “no hay que mezclar política con fútbol”.

Las declaraciones de Macri reavivaron las críticas por su histórico posicionamiento sobre la cuestión Malvinas. Durante su presidencia llegó a calificar el reclamo como “un déficit adicional” para la Argentina y reconoció públicamente que no entendía “los temas de soberanía”, además de impulsar una vergonzosa política de acercamiento con el Reino Unido materializada en el escandaloso acuerdo Foradori-Duncan que fue cuestionada por excombatientes y especialistas en Política Exterior.

Según publicó La Nación, el exmandatario sostuvo que “con lo de Malvinas hicieron una de más”, en referencia a la bandera que fue sostenida por Giovani Lo Celso y luego acompañada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. Sus dichos contrastaron con el sentir expresado por los propios futbolistas, quienes reivindicaron el homenaje.

Leandro Paredes fue contundente: “Y serán siempre argentinas”, mientras que Lautaro Martínez aseguró que “no era un partido más” y que la carga simbólica del encuentro frente a Inglaterra hacía imposible desligarlo de la causa Malvinas.

El Reino Unido pidió una investigación a la FIFA

En paralelo, el Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue el episodio al considerar que la exhibición de la bandera constituyó una manifestación política prohibida por el reglamento del organismo aunque al mismo tiempo el Reino Unido busca censurar la participación de países como Rusia en los Juegos Olímpicos poniendo en evidencia una doble vara.

La polémica también dejó al descubierto diferencias dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras Macri cuestionaba el gesto de los jugadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a respaldarlos con un mensaje en redes sociales: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”.

El episodio volvió a poner en evidencia dos miradas contrapuestas sobre la causa Malvinas. Por un lado, la de Macri, que insistió en separar el reclamo de soberanía del ámbito deportivo, en línea con una postura que ha sostenido durante años. Por el otro, la de quienes consideran que la reivindicación de las islas forma parte de la identidad nacional y trasciende cualquier escenario, incluso una cancha de fútbol. Ahora será la FIFA la que deba resolver si adopta alguna medida contra los jugadores o la AFA.

El plantel de la Scaloneta pidió repetir el ritual del Mundial de Qatar para el próximo partido clave. Sin embargo, el veto ideológico de la Casa Rosada traba la negociación y desata un inesperado conflicto entre el vestuario y el Presidente.

Un inesperado frente de tormenta combina la mística futbolera con la grieta política más profunda. En las últimas horas trascendió que el plantel de la Selección Argentina de fútbol le solicitó formalmente a la dirigencia de la AFA la convocatoria de Lali Espósito para interpretar el Himno Nacional Argentino en la antesala del próximo cruce trascendental del equipo. El pedido, fundamentado estrictamente en una cuestión de “cábala” tras la recordada final en el Mundial de Qatar, chocó de frente con una feroz resistencia por parte del presidente Javier Milei.

El cortocircuito expone la persistencia del fuerte enfrentamiento público e ideológico que el mandatario mantiene con la artista pop, a quien llegó a apodar despectivamente en reiteradas oportunidades. Mientras que los referentes del vestuario albiceleste priorizan los rituales que consideran protectores y exitosos para el grupo, desde las oficinas de Balcarce 50 bajaron una orden taxativa de no validar ni financiar ninguna centralidad institucional para la cantante en eventos que involucren al Estado o a las marcas oficiales.

Las claves del conflicto entre la Scaloneta y la Casa Rosada:

• El peso de la cábala mundialista: Los jugadores de la Selección son conocidos por respetar a rajatabla sus costumbres y rituales de la suerte. La interpretación de Lali en Qatar es vista por el grupo como un amuleto histórico que quieren repetir en territorio nacional para revalidar la comunión con el público.
• El veto ideológico del Ejecutivo: Desde el entorno presidencial dejaron en claro que la figura de la artista sigue estando “bloqueada” para cualquier tipo de acto oficial, lo que genera una fuerte tensión administrativa con las autoridades de la AFA, atrapadas en el medio del tironeo entre los futbolistas y el poder político.
• Incertidumbre en la organización: La negativa oficial obliga a los armadores del evento a dilatar la confirmación del show previo, buscando alternativas que conformen al plantel sin desatar la furia de las redes libertarias y de la propia jefatura de Estado.

El fútbol vs. la rosca de Gobierno

La disputa vuelve a poner sobre la mesa los límites del control oficial sobre los íconos populares. Para la mesa chica de Javier Milei, ceder ante el pedido de los campeones del mundo significaría una “derrota cultural” en su cruzada contra los artistas que cuestionaron públicamente el rumbo socioeconómico del país.

Por el lado de la Scaloneta, el fastidio empieza a hacerse notar: los futbolistas consideran que el vestuario y sus cábalas están por encima de cualquier interna partidaria y que la Casa Rosada no debería intervenir en las decisiones que hacen a la mística y el folclore del equipo nacional.

El organismo advirtió graves deficiencias en la administración de un préstamo internacional de u$s 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y reclamó explicaciones al Ministerio de Economía por el destino de u$s 200 millones ya desembolsados para financiar subsidios energéticos.

La auditoría, aprobada recientemente por el pleno de la Auditoria General de la Nación (AGN), detectó que la cartera encabezada por Luis Caputo no presentó documentación clave para acreditar cómo se utilizaron esos fondos ni qué controles se implementaron para garantizar que el dinero llegara efectivamente a los usuarios beneficiarios.

El crédito, ejecutado por la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar el sistema de subsidios eléctricos y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables. Sin embargo, la AGN concluyó que la ejecución del programa presenta importantes falencias administrativas y contables que impiden verificar el uso de los recursos públicos.

Falta de documentación y controles

Uno de los principales cuestionamientos del organismo es que, al cierre del período auditado, ni siquiera estaba aprobado el Manual Operativo del Programa, un requisito previsto en el propio contrato de préstamo con el Banco Mundial.

Además, la AGN advirtió que no se encontraba disponible documentación fundamental para respaldar el desembolso de los u$s 200 millones ingresados a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024. Entre los faltantes mencionó el Manual Operativo con la conformidad del BIRF, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y la documentación vinculada a las cuentas bancarias habilitadas para administrar los recursos.

Pero las observaciones fueron aún más profundas. El informe señala la “falta de documentación donde consten los criterios usados para justificar el desembolso de USD 200 millones”, así como la ausencia de respaldos que acrediten el procesamiento de la información utilizada para determinar los subsidios otorgados a usuarios de EDENOR y EDESUR.

Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Economía buscó desligar responsabilidades y sostuvo que la información estaba en poder de las empresas distribuidoras. La explicación no convenció a la AGN, que insistió en que toda solicitud de desembolso debe estar acompañada por la documentación completa que permita verificar el destino de los fondos.

Dificultades para verificar los subsidios

Otro de los puntos más delicados del informe apunta directamente a la falta de mecanismos de control sobre la aplicación de los subsidios.

La AGN advirtió que la Secretaría de Energía carece de un procedimiento que permita comprobar si los subsidios financiados con el préstamo efectivamente se reflejan en las facturas que reciben los usuarios. Es decir, el organismo concluyó que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para verificar que los recursos públicos cumplan el objetivo para el que fueron asignados.

A esto se suma la detección de problemas en la administración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se constató una deficiente coordinación entre las áreas responsables y la inexistencia de un entorno adecuado para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos vinculados al registro.

Observaciones que ponen en duda la transparencia

La auditoría también señaló que no pudo verificar la existencia de normas, procedimientos ni circuitos administrativos claros para las adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables vinculados al programa. Frente a esa observación, Economía respondió que dichos mecanismos se encontraban “en proceso de ajuste”.

Aunque la AGN aclaró que su trabajo no tuvo como objetivo realizar una auditoría integral sobre todos los controles administrativos, remarcó que las irregularidades detectadas deben ser corregidas para garantizar una administración transparente de un crédito internacional que, además, incrementa el endeudamiento del país.

Con apenas el 41% del préstamo ejecutado, el informe deja abiertas múltiples dudas sobre el manejo de los recursos y vuelve a poner bajo cuestionamiento la capacidad del Gobierno para rendir cuentas sobre fondos públicos destinados a una política tan sensible como los subsidios energéticos.

Un informe técnico incorporado a la causa que investiga al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, detectó inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos realizados y la evolución de su patrimonio, un hallazgo que podría marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.

El peritaje fue elaborado por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de realizar análisis patrimoniales complejos. El estudio reconstruyó año por año la evolución patrimonial de Adorni y contrastó sus declaraciones juradas con información bancaria, registral, tributaria y financiera.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos detectaron diferencias que deberán ser justificadas antes de que la fiscalía defina nuevas medidas procesales, entre ellas una posible imputación formal. El informe, considerado una pieza clave del expediente, fue confeccionado siguiendo los lineamientos solicitados por Pollicita.

La causa se originó a partir de investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que no parecían guardar relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario. Además de Adorni, la pesquisa también alcanza a su esposa, Betina Angeletti, quien figura como responsable de parte de los gastos familiares analizados por los investigadores.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, declaraciones de testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y datos aportados por agencias de viajes revelan erogaciones que, a criterio de los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.

Siempre según la investigación, desde su ingreso a la función pública Adorni habría registrado movimientos patrimoniales equivalentes a unos 743.000 dólares, de los cuales alrededor de 408.000 dólares corresponderían a gastos y 335.000 dólares a presuntas deudas contraídas con cinco personas distintas. Esos números son uno de los principales focos del análisis realizado por la DAFI.

La investigación también tomó impulso luego de que el propio Adorni admitiera haber omitido declarar parte de sus ahorros ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario sostuvo que esos fondos provenían de inversiones realizadas antes de asumir un cargo público y aseguró haber regularizado la situación mediante declaraciones rectificativas y presentaciones impositivas.

Con el informe técnico ya incorporado al expediente, en Comodoro Py consideran que la causa ingresó en una etapa decisiva. El próximo paso sería citar a Adorni para que explique las inconsistencias detectadas y aporte documentación que permita justificar el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio.

En paralelo, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reclamó públicamente que el exjefe de Gabinete presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, sostuvo, al recordar que el propio presidente Javier Milei había anunciado esa medida. Aunque el plazo legal vence el 31 de julio, Ritondo consideró que “cuanto antes la presente, mejor”, en medio del creciente avance de la investigación judicial.