Loma Negra confirmó que apagará su horno principal en la planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, al menos hasta el mes de noviembre de 2026. La medida responde a una caída de la construcción y a los elevados costos operativos proyectados para los meses de invierno. Loma Negra es una cementera mítica en el país con decenas de años de historia.

Desde Loma Negra atribuyeron la pausa operativa a una medida programada para ajustar los niveles de producción a la sobreabundancia de insumos acumulados. Actualmente, la firma cuenta con un stock de reserva suficiente para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

La decisión de la compañía encendió las alarmas en el sector gremial. Es que las paradas técnicas habituales suelen durar aproximadamente 40 días. Alejandro Santillán, secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) Olavarría, advirtió que “la extensión anunciada no tiene precedentes” en la historia reciente de la cementera.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti criticó en una entrevista con Clarín “la discrecionalidad” en la justicia para designar jueces. Pero hay un detalle: se olvidó que fue esa discrecionalidad típica en el poder judicial la que le permitió a miembros de su familia extenderse en ese poder tan privilegiado.

Por ejemplo, su última esposa es secretaria de un juzgado federal en… Rafaela, de donde él es oriundo el propio Lorenzetti. En ese juzgado hay personas muy allegadas al supremo. ¿No habrá tenido nada que ver el juez en esas designaciones?

Además, se dice que Lorenzetti presionó para que Pablo, su hijo, que por supuesto ya es camarista civil, comercial y laboral en… Rafaela, Santa Fe, llegue a la Corte Suprema de esa provincia. Mejor no aclares, que oscurece, Ricardo.

Mauricio Macri parece decidido a tomar distancia de Javier Milei. Esta semana, el PRO, su fuerza política, sacó un duro comunicado contra el gobierno y en el macrismo hicieron trascender que sus diputados van a votar la moción de censura contra Manuel Adorni en caso de que llegue a tratarse en el recinto. Adorni está implicado en varias causas de corrupción.

En el macrismo ven encuestas y se entusiasman con volver al ruedo. ¿Candidato otra vez? Fuentes del partido amarillo revelaron que van a seguir tomando distancia del oficialismo en temas sensibles en la opinión pública. En ese sentido, Adorni le deja servido el tema al PRO ya que el escándalo es muy evidente. No hay modo que el jefe de gabinete pueda explicar un crecimiento descomunal de su patrimonio.

Sin embargo, a Macri se le plantea algunos problemas en esa estrategia de ruptura con Milei porque muchos dirigentes del PRO mantienen buen diálogo con La Libertad Avanza y no están dispuesto a romper con el oficialismo.

Entre empresas “fantasma” que operan en lavaderos de autos y facturas infladas, la Justicia investiga a Diego Spagnuolo por el millonario desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables.

La Justicia Federal incorporó recientemente un informe crítico elaborado por el propio Ministerio de Salud que profundiza las acusaciones contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento revela una presunta estructura de corrupción montada para el desvío de fondos públicos mediante el direccionamiento de licitaciones y el cobro de retornos. Esta auditoría interna se suma a la causa penal que ya investiga el fiscal Franco Piccardi por presuntas coimas en la compra de insumos médicos.

El hallazgo más impactante del informe detalla la existencia de sobreprecios que, en algunos casos, superan el 4000%. Un ejemplo paradigmático citado por la auditoría es la adquisición de prótesis facturadas por 12,15 millones de pesos, cuando los valores de mercado de referencia se situaban en niveles ínfimos en comparación. Estas cifras exponen una maniobra de vaciamiento sistemático de los recursos destinados originalmente a la asistencia de personas con discapacidad.

La operatoria de defraudación no solo se basaba en el precio, sino también en el direccionamiento de las compras hacia un grupo cerrado de proveedores. El informe identifica a empresas como Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L. y Artrobone Ortopedia S.A., las cuales simulaban competir entre sí en las licitaciones. Sin embargo, los investigadores detectaron que estas firmas compartían los mismos domicilios fiscales, socios comerciales e incluso vínculos de parentesco entre sus directivos.

Un dato que añade una nota de insolvencia y sospecha a la red de proveedores es el domicilio declarado por varias de estas compañías. Al realizar las verificaciones correspondientes, se descubrió que en la dirección de Avenida Lacroze 2911, en la Ciudad de Buenos Aires, no funciona ninguna oficina administrativa ni depósito sanitario. En su lugar, el predio está ocupado actualmente por un lavadero de autos, lo que refuerza la tesis de que se trata de empresas “fantasma” o sellos de goma creados para la facturación.

El reporte también establece comparaciones con otros organismos estatales para dimensionar el fraude. En el caso de las válvulas cardíacas, la gestión de Spagnuolo convalidó pagos por 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había adquirido productos idénticos semanas antes por solo 124 millones. Esta disparidad en los precios de compra entre organismos del mismo Estado evidencia la ausencia total de controles y la voluntad deliberada de pagar excedentes injustificados.

La situación procesal de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal de Javier Milei, se vuelve cada vez más frágil ante estas nuevas pruebas. Además de las irregularidades en insumos ortopédicos, la justicia ya rastrea la ruta del “3 por ciento”, un porcentaje que supuestamente se exigía como retorno a los laboratorios para liberar los pagos de medicamentos de alto costo. La causa cuenta actualmente con 19 personas bajo la lupa judicial, incluyendo al exfuncionario Daniel Garbellini.

Este escándalo en la ANDIS representa un duro golpe institucional, dado que afecta de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El informe del Gobierno ahora actúa como una pieza clave para que el juez Sebastián Casanello avance en los procesamientos y posibles embargos. La investigación continúa abierta para determinar si la red de coimas se extendía a otros estamentos jerárquicos de la administración nacional.

El relato oficial sobre la baja de la inflación y la convergencia de precios con el mundo choca, una vez más, con los datos duros. Un relevamiento elaborado por economistas del IERAL revela que Argentina sigue siendo uno de los países más caros del planeta en indumentaria y bienes durables. El segmento acumula una diferencia que no tiene parangón en la comparación global: el 81% de los productos seleccionados en esa categoría cuesta más en el país que en el resto del mundo, una cifra que apenas varió respecto de fines de 2025.

La situación es especialmente crítica en ropa y calzado. Según el informe, existen cuatro productos entre los diez analizados en los que Argentina presenta precios más altos que todos los países incluidos en la comparación: la freidora de aire, los jeans, los vestidos y las zapatillas deportivas. La base de datos de Numbeo, que contempla los precios de 100 países, es todavía más contundente: Argentina es el país más caro del mundo en vestidos de marcas internacionales como Zara o H&M, ocupa el sexto lugar en zapatillas y el séptimo en jeans. No se trata de un empate técnico con otras economías caras: es la cima del ranking global.

El contraste con otras regiones del mundo resulta revelador. China y Brasil son las naciones donde más productos se consiguen más baratos que en Argentina: el 90% y el 80% de los bienes relevados, respectivamente, tienen precios inferiores a los locales. En el otro extremo, Australia, Estados Unidos y Francia muestran niveles de precios generalmente superiores, aunque en lo que va del año el valor en dólares de los productos argentinos se ha acercado al de los europeos. Respecto de Brasil, hubo cierto abaratamiento relativo en alimentos, pero en ropa y tecnología la brecha sigue siendo abismal.

El problema no se limita a la indumentaria. En alimentos y bebidas, el porcentaje de productos más caros que el promedio mundial trepó del 39% en diciembre pasado al 47% en abril, con la carne vacuna encabezando los encarecimientos relativos (entre 40% y 60% por encima del mundo), seguida por la cerveza (entre 34% y 46%) y las papas (entre 15% y 26%). El cuadro es el de una economía que, pese a la desaceleración inflacionaria que exhibe el Gobierno como trofeo, sigue cobrando en dólares precios que ningún trabajador argentino promedio —y pocos del mundo— pueden pagar sin sentirlo.

Milei entregó la mayor transportadora de energía del país por un precio que genera sospechas y pone en jaque el futuro de la energía eléctrica en Argentina.

En un movimiento que profundiza el programa de transferencia de activos estatales al sector privado, el Gobierno nacional concretó la venta de su participación en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión en Argentina. La operación se cerró por una cifra de 356 millones de dólares, un monto que ya genera fuertes controversias en el sector energético por considerarse muy por debajo del valor estratégico y técnico de la compañía.

Transener es una pieza vital para la soberanía energética del país, ya que opera casi el 90% de las líneas de alta tensión y es la encargada de vincular las centrales de generación con los centros de consumo en todo el territorio nacional. La decisión de desprenderse del control estatal de esta red crítica se da en un contexto de desregulación total del mercado eléctrico, donde el Ejecutivo busca reducir al mínimo la intervención del Estado, delegando la gestión y expansión de la infraestructura en manos de capitales privados.

Desde la oposición y diversos gremios del sector energético advirtieron sobre los riesgos de dejar el transporte de energía exclusivamente en manos privadas, señalando posibles impactos en la calidad del servicio y en las tarifas futuras. Argumentan que, al ser un monopolio natural, la falta de un control estatal directo podría priorizar la rentabilidad de los nuevos dueños por sobre las inversiones necesarias para evitar apagones en picos de demanda.

La privatización de Transener se suma a la lista de empresas públicas que el Gobierno planea liquidar o concesionar antes de fin de año. Con este ingreso de divisas, la Casa Rosada busca mostrar un alivio temporal en las cuentas fiscales, aunque a costa de ceder el control de una de las herramientas más importantes para la planificación estratégica del desarrollo industrial y social del país.

El Gobierno ajustó casi $2,5 billones del Presupuesto 2026 y golpeó de lleno a escuelas, becas, infraestructura y universidades nacionales. La medida se conoció mientras miles de estudiantes y docentes salen a las calles en defensa de la educación pública.

En medio de una nueva Marcha Federal Universitaria y con miles de estudiantes, docentes y trabajadores movilizados en todo el país, el gobierno de Javier Milei oficializó un recorte de casi $2,5 billones sobre el Presupuesto 2026 que impacta de lleno en educación, universidades nacionales y programas sociales vinculados al sistema educativo.

La medida fue publicada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial y profundiza el ajuste sobre áreas sensibles mientras crece el conflicto universitario y educativo en todo el país.

Uno de los recortes más fuertes cayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió más de $35.000 millones destinados a transferencias para las provincias. También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, una herramienta clave para sostener salarios mínimos en distintas jurisdicciones, con una poda cercana a los $9.000 millones.

El ajuste además alcanzó programas de infraestructura escolar, políticas socioeducativas y becas estudiantiles. Solo en obras y equipamiento educativo, el recorte supera los $21.600 millones. A eso se suma una baja de más de $48.000 millones para EDUC.AR, la empresa estatal vinculada a contenidos y tecnología educativa.

Pero el golpe también impacta directamente en las universidades nacionales. El Gobierno recortó más de $5.300 millones destinados a infraestructura y obras en casas de estudio de todo el país. Entre las más afectadas aparece la Universidad Nacional de La Plata, que perdió más de $1.043 millones en fondos previstos para infraestructura.

También sufrieron fuertes reducciones presupuestarias la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La decisión del Gobierno se conoce justamente en una jornada marcada por las protestas universitarias en todo el país. La movilización tiene como eje central el reclamo por el financiamiento de la educación pública, la actualización presupuestaria y el rechazo al ajuste impulsado por la Casa Rosada.

Mientras el Ejecutivo sostiene que las medidas apuntan a cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional, desde el ámbito universitario advierten que el ajuste pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo científico y el acceso a la educación pública.

La reestructuración presupuestaria también incluyó recortes en subsidios y asistencia económica, mientras el Gobierno reforzó partidas destinadas a otras áreas del Estado, como el Consejo de la Magistratura y programas previsionales de ANSES.

En las calles, el malestar crece. Y en las universidades aseguran que el conflicto recién empieza.

Se acabó el silencio: peritan los audios que muestran cómo la ‘motosierra’ en discapacidad habría servido para financiar beneficios propios

La investigación judicial que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave tras el pedido formal de una pericia técnica sobre una serie de audios que involucran al director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo. La solicitud busca determinar la veracidad y la integridad de las grabaciones donde se escuchan presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos y la toma de decisiones dentro de la agencia encargada de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.

Spagnuolo, quien asumió el cargo bajo la actual administración y es un hombre de extrema confianza del entorno presidencial, quedó en el ojo del huracán luego de que trascendieran registros que sugerirían un uso discrecional de los recursos estatales. La justicia intenta establecer si los audios —que circularon de manera interna y luego llegaron a sede judicial— prueban maniobras de malversación o si fueron editados, como sostienen desde sectores cercanos al funcionario.

El avance de esta pericia es fundamental para la causa, ya que podría confirmar un esquema de desvío de partidas en un área que viene sufriendo recortes presupuestarios severos y denuncias de beneficiarios por la falta de entrega de insumos básicos y demoras en el pago de prestaciones. La denuncia pone en duda la transparencia en la gestión de una de las cajas más sensibles del Estado nacional.

Mientras se espera el resultado de las pruebas técnicas, el escándalo en ANDIS aumenta la presión sobre el gabinete. La investigación judicial no solo apunta a la responsabilidad penal de Spagnuolo, sino que también expone las internas de una gestión que prometía barrer con la discrecionalidad y ahora debe dar explicaciones en los tribunales por presuntos hechos de corrupción en una de las áreas más vulnerables de la administración pública.

El hermano del Jefe de Gabinete declaró ante la OA un patrimonio de $80.500.000, casi el doble de lo que había declarado al inicio de 2024.

Mientras el discurso oficial pregona un ajuste implacable sobre los ingresos de los trabajadores, la familia del vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco está puesto en Francisco Adorni, hermano del funcionario, quien recientemente adquirió una camioneta Jeep de última generación, un vehículo cuyo valor de mercado resulta difícil de explicar para un empleado que se incorporó hace apenas unos meses a la estructura del Estado.

Francisco Adorni fue designado al inicio de la gestión en un cargo dentro del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con un sueldo que supera los dos millones de pesos mensuales. Sin embargo, la compra de un vehículo de este porte, sumada a los gastos de mantenimiento y seguro que conlleva, ha despertado fuertes sospechas sobre la velocidad con la que los “nuevos funcionarios” han logrado capitalizarse mientras el resto de la sociedad padece una inflación galopante y la caída del poder adquisitivo.

La noticia de la camioneta se suma al ya escandaloso “Adornigate”, que mantiene bajo investigación judicial al propio vocero y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio, y este nuevo episodio de ostentación por parte del hermano de Manuel Adorni refuerza la percepción de un esquema de privilegios familiares financiados con fondos públicos.

Desde la oposición y diversos sectores sociales señalan la contradicción moral de una gestión que justifica el recorte en medicamentos y jubilaciones bajo el lema “no hay plata”, mientras sus propios integrantes exhiben lujos que son inalcanzables para la enorme mayoría de los argentinos. La camioneta Jeep de Francisco Adorni se ha convertido, en pocas horas, en el nuevo símbolo de una “casta” que parece haber cambiado de nombres, pero no de hábitos.

Desde el macrismo cuestionaron el mal andar del gobierno de Milei y sostuvieron que el apoyo legislativo brindado hasta ahora no debe confundirse con un “cheque en blanco”.

El partido liderado por Mauricio Macri emitió un duro comunicado que marca un punto de inflexión en su alianza con el Gobierno nacional. En un contexto dominado por el “Adornigate” —la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa—, el PRO decidió diferenciarse de la gestión libertaria, exigiendo mayores niveles de transparencia y criticando la falta de institucionalidad en algunas decisiones del Ejecutivo.

El documento expresa una creciente preocupación por la acumulación de escándalos que salpican al entorno más cercano de Javier Milei. Desde el PRO sostienen que el apoyo legislativo brindado hasta ahora no debe confundirse con un “cheque en blanco”, y subrayan que el compromiso con el cambio no justifica la repetición de prácticas que el sector venía a combatir. El distanciamiento se produce justo cuando la justicia avanza sobre el entorno del vocero presidencial, lo que el partido amarillo interpreta como un desgaste innecesario para la credibilidad del arco aliado.

Más allá de lo ético, el comunicado también refleja el malestar por la parálisis en la gestión y la falta de canales de diálogo fluidos. Los dirigentes del PRO remarcaron que el ajuste económico debe ir acompañado de una ejemplaridad que, a su criterio, se está viendo dañada por las recientes denuncias. Este gesto político deja al oficialismo en una posición de mayor fragilidad en el Congreso, justo cuando se discuten reformas clave para el programa económico.

Con este movimiento, el macrismo busca resguardar su propio capital político y evitar quedar pegado a las esquirlas judiciales que rodean a la Casa Rosada. La advertencia es clara: la gobernabilidad depende de un orden institucional que, por estas horas, el PRO considera que el Gobierno está descuidando peligrosamente.