Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo y director del BICE, obtuvo un crédito de USD 315.000 del Banco Nación a una “tasa amigable” y compró una propiedad de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

El escándalo por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y personas vinculadas al Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista es Felipe Núñez, uno de los principales defensores de Luis “Toto” Caputo en redes sociales y actual director del BICE, quien obtuvo un préstamo de USD 315.000 para adquirir una casa de lujo de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

La información fue revelada por el periodista Ari Lijalad, de El Destape, a partir de la declaración jurada de Núñez. Según ese documento, el 1 de noviembre de 2024 incorporó a su patrimonio un inmueble de 389 metros cuadrados en uno de los distritos más caros del país.

Tras la aparición de la información y el creciente cuestionamiento por los créditos otorgados por el Nación, Núñez salió a defenderse y aseguró: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral”. Según explicó, accedió al préstamo bajo las mismas condiciones que cualquier persona considerada apta para recibirlo y justificó haber elegido el Banco Nación porque allí cobra su salario.

Sin embargo, el caso adquiere otra dimensión cuando se observa quiénes más accedieron a esta línea crediticia. Núñez aparece junto a otros integrantes o dirigentes cercanos al oficialismo, entre ellos Federico Furiase, Sharif Menem y el diputado Santiago Santurio.

El episodio genera especial controversia por el contraste entre el discurso libertario contra el Estado y el uso de una entidad bancaria pública para acceder a créditos destinados a financiar viviendas de alto valor. Los mismos dirigentes que cuestionan sistemáticamente el gasto estatal y presentan a la administración pública como una estructura ineficiente recurren a la banca estatal cuando necesitan financiamiento en condiciones convenientes.

Además, los créditos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, lo que alimentó las sospechas sobre posibles preferencias políticas en el acceso a estas líneas crediticias y abrió nuevos interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

El escándalo también quedó expuesto por la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que había recibido un crédito del Banco Nación por más de $400 millones. Aquella decisión buscó marcar un límite ético dentro del Gobierno, pero ahora también deja bajo presión a otros funcionarios que accedieron a préstamos de la misma entidad.

Así, el caso Núñez vuelve a poner el foco sobre una pregunta incómoda para el oficialismo: si la banca pública es presentada como parte de un Estado que debe reducirse al mínimo, ¿por qué sus funcionarios y dirigentes recurren a ella para obtener créditos millonarios y en condiciones consideradas favorables? La sucesión de casos amenaza con convertir los préstamos del Banco Nación en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Milei.

La reunión entre las federaciones docentes y las autoridades nacionales fracasó ante la falta de una propuesta salarial concreta. Mañana habrá una jornada de protesta en todas las universidades del país en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la educación superior suma un nuevo capítulo tras el fracaso de la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano. Las federaciones docentes, entre ellas la CONADU Histórica, rechazaron la falta de una oferta salarial acorde a la inflación y ratificaron un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre. La medida paralizará las actividades académicas y administrativas en las 57 universidades públicas del país.

Desde las organizaciones gremiales denunciaron que la gestión oficialista continúa licuando los ingresos del sector, con sueldos que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Señalan que la negativa del Poder Ejecutivo a recomponer el atraso acumulado desde el inicio de la gestión no es una omisión casual, sino una decisión política orientada al ahogo financiero de las casas de estudio.

La medida de fuerza incluirá no solo la suspensión de clases presenciales y virtuales, sino también visibilizaciones, ruidazos y clases públicas en distintas unidades académicas. Los docentes exigen la urgente actualización de los salarios, el pago de la garantía salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la falta de respuestas por parte del Estado, los referentes del sector advirtieron que el plan de lucha continuará profundizándose durante las próximas semanas. La comunidad universitaria ratificó que mantendrá la resistencia en las calles y en las aulas para defender la educación pública, gratuita y de calidad frente al ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo.

Un nuevo escándalo se cierne sobre los Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei. Recientemente se conoció que el grupo ejecutó una vieja artimaña de las privatizaciones argentinas al pagar más de dos tercios de la compra de Transener con fondos que la propia transportadora de energía eléctrica tenía en su haber. En la década de 1990 pasó con muchas empresas públicas que pasaron al sector privado. Lindo negocio…

El pase desde manos del Estado al conglomerado privado se llevó a cabo en mayo cuando Economía se desprendió de la participación que Energía Argentina S.A. (ENARSA) poseía en Citelec, controlante de Transener, a cambio de u$s356,1 millones aportados por Edison Transmisión, del Grupo Edison que conforman Juan y Patricio Neuss, y Genneia.

¿De donde salió esa plata? En principio, de los nuevos empresarios. Pero recuperaron ese pago con fondos que salieron de la propia Transener, que los había acumulado durante su etapa estatal. Es decir, la empresa pública pagó su propia privatización. Para los empresarios cercanos a Milei, un negocio redondo.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó algún tipo de intervención frente a los 6 millones de argentinos que están morosos porque no pueden pagar sus deudas con bancos y billeteras virtuales, como Mercado Pago. Habló de “deudas leoninas” y le pidió “soluciones” al gobierno de Javier Milei.

“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo Colombo.

“Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen'”, agregó el titular de la CEA en una referencia directa a las declaraciones del propio Milei, que dijo que es un problema entre privados.

Así lo afirmaron referentes de diversos partidos políticos a cuatro años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en 2022.

Al cumplirse un nuevo año del ataque contra Cristina Kirchner, dirigenciales de distintos espacios políticos emitieron un comunicado donde remarcan que la democracia no tolera la erradicación de los rivales políticos.

El documento analiza el trasfondo de hostigamiento político, mediático y judicial en el que ocurrió el atentado hacia la exmandataria, sosteniendo que el hecho no puede considerarse un caso solitario ni ajeno al ambiente político previo.

El texto advierte que hay un límite infranqueable para cualquier sistema democrático: el momento en que la anulación simbólica del oponente habilita la opción de su erradicación física. Asimismo, destaca que el 1 de septiembre de 2022 el país estuvo muy cerca de sobrepasar ese punto sin retorno.

Quienes firman la declaración señalan que esta fecha interpela a todo el arco democrático del país, no solo al peronismo o a sus simpatizantes. Por ello, convocan a una coincidencia básica entre todas las fuerzas políticas, sin importar sus posturas ideológicas: las contiendas democráticas se resuelven con ideas, debates, militancia y elecciones; jamás mediante la persecución política que ponga en peligro la libertad, la seguridad o la vida de las personas.

El texto completo del pronunciamiento

A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.

Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.

La llamada “antipolítica” no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.

Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.

En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.

La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.

El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.

Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.

Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.

Las herramientas pueden cambiar. El hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas.

Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.

Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política.

De defender la palabra frente a la violencia.

La verdad frente a la mentira organizada.

El debate frente a la estigmatización.

La participación frente a la antipolítica.

Y a trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.

Nunca más la eliminación del adversario.

Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política.

Partido Justicialista — José Mayans

Frente Renovador — Diego Giuliano / Sergio Massa

Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto

Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella

Principios y Valores — Guillermo Moreno

Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau

Patria Grande — Juan Grabois

Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín

Radicalismo Auténtico — Federico Storani

Kolina — Carlos Castagneto

Frente Grande — Mario Secco

La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico

Partido Solidario — Carlos Heller

Unidad Socialista — Jorge Rivas

Unidad Popular — Claudio Lozano

Forja — Gustavo López

Partido de la Victoria — Esteban San Pedro

Espacio Popular — Eduardo Sigal

PTP-PCR — Juan Carlos Alderete

Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo

Partido Comunista — Jorge Kreyness

Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña

Libres del Sur — Humberto Tumini

Crece el rechazo al nuevo protocolo que impulsa el Gobierno de la Ciudad y que pone sobre estudiantes, padres y cooperadoras tareas que corresponden al Estado. “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”, denuncian.

Lo que el Gobierno de la Ciudad presentó como un simple “cambio de protocolo” encendió la alarma entre las comunidades educativas porteñas. Bajo el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, la gestión de Jorge Macri impulsa una serie de medidas que, según denuncian las cooperadoras, terminan trasladando a las familias y a los estudiantes responsabilidades que deberían ser asumidas por el Estado.

El viernes por la noche, el Ministerio de Educación porteño, encabezado por Mercedes Miguel, envió un correo a cientos de miles de familias para anunciar las nuevas pautas. El documento plantea una serie de iniciativas destinadas a promover el cuidado de los establecimientos, pero las cooperadoras advierten que detrás de los eufemismos existe un problema de fondo: el Gobierno porteño pretende que la comunidad educativa se haga cargo de resolver parte de las deficiencias de infraestructura y mantenimiento de las escuelas.

Para las familias, una cosa es colaborar con el cuidado cotidiano de los establecimientos y otra muy diferente es que esa colaboración termine reemplazando las obligaciones de la administración porteña.

“Esto es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Pablo Cesaroni, referente de Cooperadores en Movimiento, quien cuestionó que mientras las cooperadoras enfrentan cada vez más dificultades para funcionar, el Gobierno les exige resolver una cantidad creciente de problemas.

Según denuncian las cooperadoras, el problema se vincula con una política que lleva años de recortes y falta de inversión en infraestructura escolar. Cesaroni señaló que desde hace casi dos décadas las cooperadoras no reciben fondos destinados específicamente al mantenimiento y las obras, mientras las familias continúan aportando dinero y tiempo para sostener los establecimientos.

“Si hay escuelas que tienen los techos rotos o que no tienen calefacción, tienen que solucionarlo. Basta de utilizar a las familias como bomberos para cubrir las cosas que el Gobierno no hace”, reclamó.

Un protocolo que genera polémica

Jorge Macri defendió la iniciativa bajo la idea de recuperar una supuesta “cultura del orden” y del respeto por las reglas. Sin embargo, la implementación del nuevo esquema generó fuertes cuestionamientos por el alcance que tendrán las tareas asignadas a la comunidad educativa.

Entre las propuestas aparecen los llamados “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso deberá asumir semanalmente y de manera rotativa la responsabilidad de verificar un sector de la escuela. También se plantea destinar los últimos minutos antes de un cambio de actividad o del final de la jornada a revisar el estado del espacio utilizado.

El protocolo incluye además una “Estación Ambiental” para el acopio y gestión de residuos con fines pedagógicos y campañas para retirar carteles y afiches.

Pero el punto que más preocupación genera es aquel que contempla que, frente a determinados daños, la propia comunidad educativa, junto con las cooperadoras, participe de las estrategias destinadas a repararlos.

Grafitis en paredes y mobiliario, bancos o puertas dañados y deterioros en los baños podrían derivar en jornadas de reparación y recuperación con participación estudiantil, siempre que no se considere necesaria una intervención urgente.

La pregunta que plantean las cooperadoras es inevitable: ¿dónde termina la participación comunitaria y dónde comienza la obligación del Estado?

“Esto no es corresponsabilidad: es delegación”

Las cooperadoras sostienen que desde hace años las familias ya realizan tareas de mantenimiento, colaboran con la pintura, organizan actividades y aportan recursos para cubrir necesidades que deberían ser atendidas mediante presupuesto público.

Ahora temen que el nuevo protocolo termine institucionalizando esa situación.

“Además de recaudar y pintar, ¿nos piden que hagamos ‘gestión del cambio de hábitos’ para que los chicos ‘cuiden’ un edificio que el propio Ministerio no cuida?”, cuestionaron.

Y fueron todavía más contundentes: “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”.

El reclamo apunta directamente al Gobierno porteño: las familias pueden colaborar con la vida cotidiana de una escuela, pero no deberían convertirse en responsables de garantizar su infraestructura, mantenimiento y condiciones edilicias.

Una escuela con filtraciones, problemas de calefacción, deterioro edilicio o instalaciones que requieren reparación necesita, según plantean las cooperadoras, una respuesta presupuestaria y de gestión, no trasladar el problema a padres y estudiantes.

Las cooperadoras exigen que el Estado vuelva a hacerse cargo

Ante este escenario, las organizaciones reclaman un aumento del presupuesto destinado a obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes para garantizar establecimientos seguros.

También exigen que se deje de trasladar a las cooperadoras y a las familias el costo económico y humano de resolver problemas que corresponden al Estado.

Las familias, remarcan, ya cuidan las escuelas desde hace años. Lo hacen aportando dinero, tiempo y trabajo voluntario. Lo que reclaman ahora es que el Gobierno porteño cumpla con su parte.

La polémica deja así expuesta una situación que genera creciente preocupación en la comunidad educativa: un Gobierno que, en lugar de reforzar la inversión y asumir el mantenimiento de las escuelas públicas, parece avanzar hacia un esquema en el que padres, estudiantes y cooperadoras terminan funcionando como reemplazo de las obligaciones estatales.

Unilever cerró definitivamente su histórica fábrica de Rodeo de la Cruz y dejó 60 trabajadores desvinculados. El golpe también alcanza a decenas de agricultores de Mendoza y San Juan que durante décadas adaptaron sus producciones para abastecer a la planta y ahora perdieron a su principal cliente.

La crisis del mercado interno vuelve a dejar una fuerte señal de alarma sobre el entramado productivo argentino. Unilever concretó el cierre definitivo de su planta de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, Mendoza, y puso fin a más de seis décadas de actividad vinculada al procesamiento y deshidratado de hortalizas destinadas a la marca Knorr.

La decisión implicó 60 despidos y un impacto que excede ampliamente a los trabajadores de la fábrica. La paralización cortó una cadena de comercialización que durante décadas vinculó a la compañía con agricultores de Mendoza y San Juan. Muchos de ellos habían realizado inversiones y adaptado sus parcelas a las necesidades específicas de la empresa y ahora quedaron sin su principal comprador.

La planta procesaba alrededor de 3.500 toneladas de hortalizas por año. Allí se realizaba el tratamiento y deshidratado de las verduras que posteriormente eran enviadas al centro industrial de Unilever en Pilar, Buenos Aires, donde se elaboraban las sopas instantáneas y los caldos de Knorr.

El cierre expone así el efecto cada vez más profundo de la caída del consumo sobre la producción. Cuando el mercado interno se achica, las consecuencias dejan de concentrarse en las góndolas y comienzan a sentirse en las fábricas, el empleo, el campo y las cadenas de proveedores.

Caída de las ventas y cambio de modelo

Según explicó Unilever, la decisión respondió al cambio en las pautas de consumo y al desplome de las ventas de sopas secas, un producto marcado además por una fuerte estacionalidad durante los meses de invierno. Para la compañía, sostener durante todo el año la infraestructura necesaria para atender una demanda concentrada en pocos meses dejó de ser económicamente viable.

La empresa justificó el cierre como parte de una “evolución del negocio de alimentos” y de una transformación de su modelo operativo destinada a ganar competitividad frente a las nuevas condiciones del mercado.

Sin embargo, detrás de la explicación empresarial queda expuesto el deterioro de una cadena productiva que había funcionado durante décadas. La decisión no solo elimina puestos industriales: también deja en una situación crítica a productores que construyeron su actividad alrededor de una demanda que ahora desaparece.

Importaciones y tercerización

El nuevo esquema implica que Unilever dejará de procesar internamente la materia prima en Mendoza. La compañía recurrirá a proveedores externos y a la importación de insumos, mientras conservará en Pilar las etapas de empaquetado y terminación de los productos.

El cambio representa un fuerte retroceso para la producción local: una parte del proceso que durante décadas se realizaba en Mendoza dejará de efectuarse allí, reduciendo el nivel de actividad industrial y debilitando el vínculo entre la gran empresa y los productores regionales.

Una fábrica que deja de producir

Unilever aclaró que el cierre de la planta mendocina no implica la salida de Knorr del mercado argentino ni afecta la continuidad de sus restantes negocios en el país.

Pero para Mendoza el impacto es concreto: 60 trabajadores pierden sus empleos, decenas de agricultores pierden a su principal cliente y una planta con más de 60 años de historia deja de producir.

El caso Knorr se convierte así en otra muestra del deterioro del entramado productivo nacional. La combinación de menor consumo, caída de ventas, reducción de la actividad industrial, tercerización e importaciones amenaza con profundizar el proceso de desindustrialización y extender sus consecuencias mucho más allá de las fábricas.

El cierre de Rodeo de la Cruz no es solamente la desaparición de una planta: es la ruptura de una cadena productiva que durante décadas sostuvo empleos, inversiones y producción agrícola en la región.

Golpeado por escándalos de corrupción y desconectado de los reclamos sociales, el ecosistema digital libertario registra una caída histórica en sus interacciones que le impide seguir fijando los temas de debate.

El principal bastión de disputa política del oficialismo libertario atraviesa un acelerado proceso de desgaste. Diversos análisis sobre el comportamiento en plataformas digitales revelan una caída sostenida en las menciones, comentarios y niveles de interacción que genera la figura de Javier Milei. La narrativa que durante la campaña de 2023 se consolidó como una fuerza disruptiva pierde eficacia frente a una ciudadanía que empieza a percibir al mandatario no como un actor ajeno al sistema, sino como un político tradicional más.

Especialistas en comunicación digital señalan que el fenómeno obedece a una combinación de fatiga social, pérdida de empatía con la coyuntura económica y el impacto de sucesivos focos de conflicto. Los señalamientos por presuntos hechos de corrupción y controversias que salpicaron a figuras centrales del entorno presidencial terminaron por erosionar el perfil “anticasta”. Al mismo tiempo, la agenda discursiva que impulsa la Casa Rosada muestra dificultades para sintonizar con los problemas urgentes de la población, relegando la capacidad del Ejecutivo para fijar los temas de debate público.

A este escenario de desgaste político se suman complicaciones operativas en la arquitectura digital del oficialismo. La reestructuración del equipo de comunicación tras el distanciamiento de operadores clave, sumada a fallas en la sincronización de redes y errores en el uso de bots para inflar la viralización, redujeron la distribución orgánica del contenido. Estas maniobras, según informes del sector, expusieron incluso las cuentas oficiales a penalizaciones algorítmicas que restringieron aún más su alcance.

Si bien la oposición aún no logra capitalizar este repliegue ni desplazar al Presidente como el eje central de la discusión política, el congelamiento del ecosistema libertario altera la dinámica de la gestión. La pérdida de esa capilaridad digital que antes le permitía al Gobierno dominar la conversación pública deja al descubierto a una administración con menor margen de maniobra para imponer condiciones y capear el descontento social.

El Banco Central puso en marcha un mecanismo que automatiza el cobro de cuotas directamente desde las cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los detalles esenciales para entender cómo impacta en las finanzas de los usuarios.

El Banco Central puso en funcionamiento el nuevo esquema de cobro de créditos mediante débito directo en cuenta, una herramienta diseñada para simplificar el pago de financiaciones solicitadas ante entidades bancarias, fintech y comercios adhiriéndose a un sistema unificado. La medida busca dinamizar el crédito de consumo y reducir los índices de morosidad, aunque exige a los usuarios estar atentos al funcionamiento de sus saldos y autorizaciones para evitar cobros no deseados o penalizaciones.

Para comprender el impacto de esta modalidad operativa en la economía cotidiana, existen puntos fundamentales que estructuran la nueva normativa:

• Débito automático en cuenta o billetera: Las cuotas del préstamo se descuentan directamente el día del vencimiento de la cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) informada por el usuario.
• Consentimiento expreso: La entidad que otorga el crédito debe contar con la autorización previa y explícita del cliente para activar el cobro automático.
• Mecanismos de reversión (stop debit): Los usuarios conservan el derecho de suspender el débito hasta el día anterior al vencimiento o solicitar el reintegro dentro de los plazos fijados por la norma si detectan inconsistencias.
• Notificación previa obligatoria: La institución acreedora tiene la obligación de avisar al usuario con días de anticipación el monto exacto y la fecha en que se realizará el descuento.
• Compatibilidad interoperable: El sistema funciona indistintamente entre bancos tradicionales y proveedores de servicios de pago (billeteras digitales), ampliando las opciones para el usuario.
• Fondos insuficientes: Si al momento del cobro no hay dinero disponible, la normativa establece esquemas de reintento programados sin generar recargos no autorizados en el primer intento.
• Transparencia en los resúmenes: Los débitos deben figurar de forma clara y diferenciada en los movimientos de la cuenta para facilitar el control financiero del usuario.
• Cancelación de la adhesión: El titular del crédito puede dar de baja el débito automático de forma gratuita y por el mismo canal por el cual lo gestionó.

Con la implementación de este marco operativo, el sistema financiero busca consolidar la bancarización de los créditos al consumo y agilizar la cobranza. Sin embargo, para los usuarios será prioritario monitorear los resúmenes de cuenta y ejercer los mecanismos de control habilitados frente a cualquier cobro indebido.

Mientras que las centrales obreras propusieron que salario mínimo, vital y móvil suba $911.000 para julio y de $993.000 para diciembre, el sector empresarial ofreció un aumento irrisorio, de casi el 2%. Hoy, el salario mínimo está en 376 mil pesos. Los empresarios propusieron subirlo en 6000 pesos. ¿Cómo les da la cara?

“Lo que ofrecieron no alcanza ni para un kilo de pan”, dijo a Infobae el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguros) al referirse a la oferta empresarial. La CGT y la CTA abandonaron la discusión en el Consejo del Salario ante los intentos reiterados de empresarios y el gobierno de Javier Milei de obstaculizar cualquier debate.

Lo propuesto por los gremios tenía una lógica elemental: que ningun trabajador tenga ingreso por debajo de la línea de indigencia. Además, el salario mínimo es una referencia para calcular el valor de diferentes prestaciones sociales y también de la mínima de la jubilación, que nunca puede ser menor al 82% de ese valor. El gobierno mantiene por el piso ese monto porque quiere profundizar el ajuste.