Se trata del abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, de estrechos lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina y que ya cuenta con denuncias por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria.

Las recientes declaraciones del abogado e influencer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, con fuertes lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, han encendido las alarmas por su peligrosidad y profundo contenido antidemocrático. En una transmisión del canal de streaming “Carajo”, Sarubbi lanzó una escalofriante incitación a la violencia contra estudiantes identificados con el peronismo: “Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos”, sostuvo sin ambigüedades. Y agregó: “Si son de la JP, hay que meterles dos tiros”, en un llamado explícito a ejercer violencia armada por razones ideológicas.

Estas expresiones son inadmisibles en una sociedad democrática y constituyen una peligrosa apología de la violencia política que podría derivar en hechos trágicos. Resulta especialmente alarmante y grave que provengan de un profesional del derecho, con vínculos estrechos con la cúpula del poder político nacional.

Esta es la propuesta para las tomas universitarias de los muchachos de Carajo Stream pagos con la nuestra

"Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos" dice el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y agrega que si son de la JP hay que meterles "dos tiros" pic.twitter.com/6KLxM5q2VG

— Al Toque (@altoque_ok) June 13, 2025

Pero este no es un hecho aislado. En otro fragmento del mismo canal, durante el programa La Trinchera, Sarubbi propuso cometer fraude electoral en caso de que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a diputada en 2025 por la Tercera Sección Electoral. “Si tengo que fiscalizar ahí, robo las boletas. Me chupa un huevo, me preparé toda mi vida para esto”, afirmó sin ningún pudor. Ante la advertencia de que tal acto constituiría un delito, redobló la apuesta con ironía: “Podemos cambiar el domicilio a La Matanza”, entre risas y burlas sobre Avellaneda y “Avellanegra”, en un tono clasista y despectivo.

El contexto legal de Sarubbi Benítez es igualmente inquietante. El 19 de mayo de 2025 fue denunciado en la Justicia Federal por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria. La causa, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5 (Expediente CFP 2006/2025), fue impulsada por el periodista Mario Marcelo Bassano, quien también promovió una actuación disciplinaria en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Sarubbi ya fue citado a audiencia presencial en su sede de Juncal 931.

Entre las pruebas presentadas se incluyen capturas de escraches digitales, amenazas, publicación de domicilios privados y expresiones de tono sexista y racista. Bassano también denunció que el abogado intentó obstaculizar la investigación eliminando evidencias, como el cambio de su usuario en la red social X (ex Twitter) de @ASB2509 a @GordoLeyes, maniobra que fue denunciada como un intento de borrar su rastro digital.

Sarubbi Benítez se ha hecho conocido por su militancia digital libertaria, su apoyo incondicional a las políticas del presidente Milei, y su participación en actos junto a Karina Milei. Sin embargo, sus métodos —que incluyen hostigamiento en redes, difusión de datos privados y llamados a la violencia— lo colocan en el centro de una peligrosa deriva autoritaria y antidemocrática que no puede ser ignorada.

Frente a estos antecedentes y declaraciones, es urgente que el sistema institucional actúe con firmeza. La naturalización del odio, la amenaza física y el fraude electoral no sólo son delitos: son una amenaza directa a la democracia argentina.

Organizaciones sociales, políticas y sindicales convocaron a una movilización masiva frente a Comodoro Py para acompañar y respaldar a la ex presidenta, mientras crece la crítica sobre los fundamentos judiciales detrás de su condena.

La noticia de que la Corte Suprema confirmó la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad generó un fuerte impacto político y social. En respuesta, organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron a una marcha masiva frente al Tribunal Oral Federal 8 , en Comodoro Py, para expresar su apoyo a la ex mandataria y denunciar lo que califican como una persecución judicial con tintes políticos .

En el flyer oficial que circuló en las últimas horas, se convoca a concentrarse el próximo miércoles en la esquina de San José y Humberto 1°, bajo el lema “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”.

Desde que se inició la causa Vialidad, distintos especialistas, abogados y analistas han señalado graves inconsistencias jurídicas y procesales en la investigación que llevaron a la condena de CFK.

Uno de los puntos más cuestionados es la falta de prueba contable o financiera directa que vincule a la ex presidenta con desvíos o beneficios personales derivados de los contratos viales investigados. A pesar de esto, fue investigada y estigmatizada por “encubrimiento” y “asociación ilícita”, delitos que requieren una participación activa y coordinada en hechos específicos, algo que no fue demostrado con claridad en el expediente.

Otro punto clave es la contradicción entre los testimonios utilizados durante el juicio : muchos de ellos pertenecen a imputados colaboradores que buscaban reducir sus propias penas, lo cual pone en duda la credibilidad de su declaración. Esto fue inclusive admitido hasta por Mariano Cúneo Libarona, ahora ministro de Justicia. Además, algunos de los supuestos beneficiarios de los manejos irregulares, como empresarios del rubro constructor, no fueron condenados ni siquiera investigados en profundidad, al igual que los funcionarios y ministros que participaron de las licitaciones y proyectos de obra pública.

También ha llamado la atención el uso del concepto de “asociación ilícita” sin un análisis claro de cuál era el propósito delictivo común ni cómo participaba cada uno de los involucrados. Para expertos en derecho penal, esto representa una aplicación laxa y politizada de una figura penal reservada para estructuras criminales organizadas. Muy lejos de las licitaciones realizadas y los proyectos de ejecusión de obra pública votadas en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Finalmente, la rapidez con que se cerró el caso y se dictó la sentencia contrasta con otras causas similares cercanas al macrismo y otros sectores del oficialismo, que llevan años sin resolución, lo que alimenta la sospecha de que la causa Vialidad haya sido instrumentalizada para debilitar a la principal figura opositora del país .

El conflicto en Medio Oriente escaló de forma dramática este viernes, luego de que Israel lanzara un ataque militar directo contra instalaciones nucleares y objetivos estratégicos en territorio iraní.

La operación, calificada por el primer ministro Benjamín Netanyahu como un “ataque preventivo”, marca un punto de no retorno en la tensión regional, y podría desencadenar una cadena de represalias con efectos imprevisibles en toda la región.

En respuesta inmediata, Irán activó su capacidad de defensa y lanzó más de 100 drones hacia territorio israelí, en lo que las autoridades militares iraníes describieron como la “primera ofensiva” y una señal clara de que “todas las líneas rojas han sido cruzadas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que todos sus sistemas de defensa están activos para interceptar las amenazas aéreas, mientras que en el país se ha declarado estado de emergencia. Las sirenas antiaéreas suenan en varias ciudades, y la población civil se encuentra en máxima alerta.

El ministro de Defensa israelí afirmó que el operativo militar —bautizado como Operación León Ascendente— “durará tantos días como sea necesario” y tiene como objetivo neutralizar lo que Tel Aviv considera una amenaza existencial: el avance del programa nuclear iraní. “Irán podría producir un arma nuclear en cuestión de días si no se le detiene”, advirtió un alto funcionario israelí, aunque sin dar mayores evidencias.

La ofensiva ocurre en un momento de total estancamiento en las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, lo que agudiza la incertidumbre global. Si bien Estados Unidos negó cualquier participación en el ataque, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Israel y lanzó una advertencia directa a Irán: “Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero los próximos ataques serán aún más brutales si no se alcanza un acuerdo nuclear”.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que la acción fue unilateral por parte de Israel y que la prioridad de su país es proteger al personal estadounidense en la región. “No participamos en los ataques y advertimos que Irán no debe amenazar los intereses ni al personal de EE.UU.”, afirmó.

El nuevo capítulo del conflicto entre Israel e Irán plantea un giro crítico en la geopolítica de Medio Oriente. Las consecuencias aún son inciertas, pero analistas coinciden en que este enfrentamiento puede escalar a un conflicto regional de gran envergadura, con repercusiones internacionales en materia de seguridad, economía y diplomacia.

En la Argentina de Javier Milei puede pasar cualquier cosa. Se habla mucho de “libertad” pero una persona fue detenida en la calle por una pintada contra el juez Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Mucha gente está indignada con el tribunal por la proscripción a Cristina Kirchner, la principal dirigente de la oposición.

El episodio fue denunciado por la diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano, quien relató el caso de un militante peronista de Santa Fe detenido por la Policía Federal.

“Ayer (por el jueves) ocurrió algo inédito: este compañero había estado en una reunión donde se programan todas las actividades y fue allanado por la Policía Federal por orden de un fiscal federal. Le hallaron su domicilio y le encontraron folletos de Cristina, remeras, un escudo del partido. Un terrorista…”, ironizó Carignano en diálogo con la 750.

La detención arbitraria y la proscripción de Cristina por parte del poder judicial disparó una ola de protestas en todo el país. CFK es la principal dirigente de la oposición y en septiembre próximo pensaba presentarse a elecciones. No la dejaron cuando todas las encuestas la daban como ganadora.

Uno de los responsables de la operación judicial fue Héctor Magnetto, uno de los dueños del poderoso Grupo Clarín. Uno de los jueces que “juzgó” a Cristina fue Julián Ercolini, que viajó a Lago Escondido, a una reunión en la mansión de Joe Lewis, todo pago por el propio Clarín. Por eso no sorprenden las banderas y pintadas que aparecieron en todo el país con el mensaje: “Magnetto mafioso”.

El dueño de Clarín es un personaje con pasado muy oscuro ya que durante la última dictadura su empresa de medios fue clave para que la gente no supiera de las desapariciones y torturas. En ese contexto, Clarín se quedó con Papel Prensa, gracias a la propia intervención de la dictadura. Papel Prensa fue clave para el crecimiento posterior de Clarín.

El Presidente argentino, anunció que destinará el monto a iniciativas diplomáticas y organizaciones afines al relato del régimen gobernado por Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional.

En un país donde los hospitales públicos como el Garrahan enfrentan serios recortes presupuestarios y se niega un mísero aumento a los jubilados, el presidente Javier Milei decidió destinar un millón de dólares —provenientes del Premio Génesis, otorgado por el Estado de Israel— a organizaciones que promueven su agenda geopolítica bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo.

El mandatario argentino, primer no judío en recibir dicho premio, anunció que el dinero será donado a iniciativas diplomáticas alineadas con los intereses de Israel, incluyendo un impulso regional para replicar los llamados Acuerdos de Abraham, que buscan el reconocimiento del Estado israelí por parte de más países latinoamericanos. El gesto, celebrado por sectores afines al gobierno israelí, llega en un momento en el que ese país es ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por los crímenes de guerra y el genocidio en curso en Gaza.

Breaking News: The ICC's Pre-Trial Chamber has just issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant.
As the int'l community braces for potential repercussions, we must work together to keep the flame of accountbility… https://t.co/Z8Qdutt0az

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 21, 2024

Durante su discurso, Milei volvió a reiterar su alineamiento ideológico con Israel, citando a Borges y afirmando que “toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, en clara sintonía con la narrativa oficial israelí.

En un contexto nacional marcado por el ajuste feroz, la inflación galopante, el abandono de los sectores más vulnerables y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales, la decisión de Milei de donar este dinero a un país seriamente cuestionado por la comunidad internacional, refuerza una vez más las prioridades de su gobierno: afianzar alianzas internacionales ideológicas, aunque sea a costa del sufrimiento de su propio pueblo y la sangre de miles de inocentes en la Franja de Gaza.

José Luis Espert fue echado de un simposio en la Universidad Católica Argentina luego de referirse a Florencia Kirchner como una “hija de una gran puta”.

Un escándalo sacudió la Universidad Católica Argentina (UCA) durante el simposio de comunicación política “#CongresoBA”, cuando el diputado libertario y candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, protagonizó un episodio lamentable que terminó con su expulsión del evento en medio de un abucheo generalizado.

En un tono eufórico y provocador, Espert se refirió a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una frase absolutamente violenta y ofensiva: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, lanzó sin reparos desde el escenario, buscando una complicidad que no encontró.

Lejos de generar risas o aprobación, como aparentemente esperaba, el comentario encendió la indignación del auditorio. Jóvenes asistentes comenzaron a insultarlo y a tildarlo de “gorila”, mientras el clima se tornaba cada vez más tenso y su presencia en el lugar se hacia insostenible. El abucheo fue masivo e inmediato, y obligó a Espert a abandonar el recinto escoltado por personal de seguridad.

El bochornoso episodio, además de exponer el nivel de violencia verbal al que algunos dirigentes están dispuestos a llegar, generó un rechazo transversal por el tono misógino y deshumanizante del insulto, impropio de cualquier espacio democrático y aún más grave viniendo de un funcionario electo.

Espert intentó luego minimizar lo ocurrido, asegurando que no fue expulsado sino que “cerró el panel”. Sin embargo, tras su intervención continuaron en el programa los dirigentes Maxi Abad (UCR) y Sergio Uñac (PJ), desmintiendo sus dichos.

El incidente no solo empañó el desarrollo del evento, sino que reavivó la discusión sobre los límites del discurso político y la necesidad urgente de erradicar la violencia verbal y el odio en el espacio público.

En un hecho que generó profunda indignación y bronca, se conoció que la ministra Bullrich intervino directamente en la entrega de 160 viviendas del plan Procrear ubicadas en Avellaneda, pese a que estas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias y vecinos de la zona.

En un hecho que desató un fuerte repudio social y político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes un nuevo escándalo al encabezar la entrega de 160 viviendas del plan Procrear a las fuerzas federales, pese a que esas propiedades ya habían sido sorteadas y adjudicadas legalmente a familias trabajadoras del partido bonaerense de Avellaneda.

La entrega, realizada en el complejo habitacional conocido como edificio Sagol, se llevó adelante con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un acto oficial que expuso una decisión altamente cuestionada tanto desde el punto de vista ético como legal.

Los departamentos, ubicados a pocas cuadras del centro de Avellaneda, forman parte de un desarrollo urbanístico iniciado en 2021 como parte del plan Procrear II, que fue desmantelado oficialmente este lunes mediante la Resolución 764/2025, firmada por Caputo. A través de esta maniobra administrativa, el Gobierno nacional logró disolver el fideicomiso que sustentaba el programa y disponer de las viviendas ya adjudicadas como si se tratara de un bien ocioso.

Horas antes del acto, los edificios amanecieron con pintadas anónimas que expresaban el rechazo popular: “Bullrich usurpadora” y “Roban casas como en la dictadura” fueron algunas de las frases que reflejan el malestar vecinal. Las familias adjudicatarias, muchas de las cuales habían sido notificadas formalmente y esperaban desde hace meses la entrega de las llaves, fueron desplazadas sin ninguna explicación oficial.

Según fuentes del municipio de Avellaneda, la decisión fue unilateral y arbitraria, sin consulta ni coordinación con autoridades locales ni con las familias afectadas. “Se vulneró el derecho constitucional a la vivienda y se desmanteló un programa que garantizaba el acceso justo y transparente a un techo digno”, denunció Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda. “Esto es un atropello. Las casas son de los vecinos y vecinas que las ganaron por sorteo”, agregó.

El acto fue justificado por el Gobierno como parte de una “respuesta estructural” a las necesidades habitacionales del personal de las fuerzas federales. En un comunicado, la Policía Federal Argentina aseguró que las propiedades serán ahora administradas directamente por las fuerzas, con el objetivo de “garantizar su cuidado y mantenimiento”.

Sin embargo, desde diversos sectores advierten que se está utilizando el aparato del Estado para militarizar una política pública pensada para familias trabajadoras, despojando a ciudadanos comunes del fruto de años de espera y esfuerzo.

Desmantelamiento del Procrear

El escándalo se inscribe en una política sistemática de desmantelamiento de los programas de vivienda implementada por el Gobierno desde fines de 2023. A través de distintos decretos y resoluciones —entre ellos el Decreto 1018/2024 (eliminación del Procrear original), el Decreto 6/2025 (supresión del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social), y el Decreto 312/2025 (disolución del Fondo de Integración Socio Urbana)— se fueron desarticulando los pilares del sistema de acceso habitacional subsidiado.

El impacto del Procrear en números

Lanzado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Procrear fue una de las políticas más importantes en materia de acceso a la vivienda. A través de créditos accesibles y desarrollos urbanísticos, el programa permitió que decenas de miles de familias accedieran a su primer hogar.

Solo entre 2021 y 2023, bajo el programa Procrear II, se liquidaron más de 65 mil créditos para construcción, y se levantaron más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, generando también empleo en el sector de la construcción.

Los perfiles de beneficiarios revelan una clara orientación social:

• El 85% eran menores de 45 años
• El 52% tenía hijos a cargo
• El 57% de los hogares estaba encabezado por mujeres
• Y el 85% contaba con trabajo formal en relación de dependencia

Hoy, muchas de esas familias ven frustrado su sueño por una decisión política que prioriza a las fuerzas de seguridad por sobre el derecho social a la vivienda, en un acto que ya ha sido comparado con los métodos autoritarios de los años más oscuros de la historia argentina.

Reacciones y posibles medidas judiciales

Desde el municipio, se evalúa iniciar acciones judiciales para frenar la entrega y restituir los derechos de los adjudicatarios originales. Diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ya manifestaron su rechazo y convocan a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.

Mientras tanto, Patricia Bullrich suma otro episodio a su extensa lista de controversias. Esta vez, con consecuencias directas sobre la vida de cientos de familias que ven cómo el Estado les da la espalda y vulnera derechos adquiridos en nombre de una supuesta “reorganización” que encubre el desmantelamiento de las políticas sociales.

La desocupación en la Ciudad trepó al 7,8% en el primer trimestre del 2025 frente al 7,5% del mismo período del año pasado, según el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA). Aunque, en la variación intertrimestral el desempleo subió 1,1 puntos porcentuales, desde 6,7%. Es un crecimiento del 10% en tres meses.

Al desagregar por género, la tasa femenina se alza hasta el 8,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) de mujeres, frente a la masculina de 7,1%.

Mientras que, la tasa de desocupación en la Zona Sur marcó el 10,9% y se colocó por encima del total de la Ciudad (7,8%). Se trata de indicadores muy malos para la ciudad más rica del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, contó a través de su cuenta de X que se comunicó con Cristina Kirchner, la ex jefa de Estado que fue proscripta por el poder judicial luego de su decisión de ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Es la principal dirigente de la oposición.

El mandatario brasileño brindó algunos detalles de la conversación en su perfil de la red social. “Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando”, indicó el brasileño.

También destacó el consejo que le ofreció en el intercambio que ambos líderes mantuvieron. “Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, escribió. La frase cobra importancia con el contexto: Lula Da Silva también fue condenado y encarcelado en su país en una causa armada por un sector del poder judicial que no le dejó ser candidato. Gracias a esa intervención judicial se impuso Jair Bolsonaro. Total normalidad. Con el tiempo, se develó que la causa era totalmente irregular y la Corte decidió su liberación. El trabajo ya había sido hecho: Bolsonaro fue presidente.