El expresidente Mauricio Macri protagonizó este miércoles una entrevista televisiva que dejó a muchos sorprendidos, no solo por el tenor de sus declaraciones, sino por su llamativo estado: se lo vio ralentizado, con la voz pastosa, los ojos hinchados y claramente desorientado.

Ante la evidente imposibilidad de disimular la extraña situación, el propio Macri reconoció estar bajo el efecto de Neuryl, un ansiolítico que, según contó, le suministró su esposa Juliana Awada para ayudarlo a dormir tras regresar de un viaje.

“Estoy en tres cilindros”, dijo apenas comenzó la entrevista, en tono lento y con dificultad para articular frases fluidamente. Ante la observación del periodista, que lo notó “un poco dormido”, Macri explicó: “Anoche llegó mi mujer muy tarde de República Dominicana y quería dormir, porque venía pasada… y me hizo tomar unas gotas de Neuryl que me dejaron… ¿No sé si tomaron ustedes alguna vez? Te dejan medio…”. Luego, en tono entre risueño y resignado, pidió: “No se abusen de mí”.

A pesar del evidente estado de somnolencia, Macri no escatimó críticas durante la entrevista. Apuntó contra Javier Milei y su entorno, acusando especialmente a Karina Milei de haber saboteado los acuerdos entre el PRO y el oficialismo en la Ciudad. “Esto devino en un proyecto de poder que no me entusiasma tanto”, expresó sobre el Gobierno libertario.

También fue tajante con sus exaliados Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: “Fracasaron porque priorizaron su ego antes que el proyecto”, sentenció, acusándolos de haber perdido una elección que “tenían ganada” por su ambición personal.

En un pasaje llamativo, cuestionó la eliminación de la obra pública con una frase polémica: “No le podés cobrar peaje a los soretes que pasan por la cloaca”.

Finalmente, si bien destacó algunos aspectos del plan económico de Milei —como haber evitado una supuesta hiperinflación—, advirtió sobre serias fallas en su implementación y criticó la constante confrontación con los medios: “No podés estar discutiendo con la prensa, que no es la culpable de nada”, cerró, todavía con tono aletargado y signos de fatiga.

La entrevista dejó más preguntas que certezas: ¿fue simplemente el efecto de un medicamento, o reflejó un momento de tensión interna en el expresidente? Lo cierto es que, esta vez, Macri fue noticia tanto por lo que dijo como por cómo lo dijo.

Mientras el gobierno impulsa proscribir a Cristina, el Senado blindó a Karina Milei y Luis Caputo por el escándalo de la criptomoneda LIBRA

El oficialismo volvió a mostrar su doble vara. Mientras impulsaban con fuerza el proyecto de Ficha Limpia para impedir que Cristina Fernández de Kirchner pudiera competir en 2025, en el Senado decidieron bloquear la citación de Karina Milei y Luis Caputo por su rol en el escándalo de LIBRA, la criptomoneda promocionada por el propio presidente.

La supuesta búsqueda de transparencia no alcanzó para permitir que dos de las figuras más importantes del gobierno dieran explicaciones públicas. Caputo, como ministro de Economía, y Karina, como la arquitecta del armado político oficialista, quedaron a resguardo del Congreso, en una decisión que exhibió el miedo a que el escándalo escale aún más.

El caso LIBRA dejó miles de personas afectadas. La criptomoneda, respaldada públicamente por Javier Milei, se desplomó a los pocos días, generando pérdidas millonarias. La Justicia investigaba si hubo uso indebido de información pública, tráfico de influencias y hasta pedidos de coimas en el entorno presidencial.

Pese a la gravedad de las acusaciones, los mismos sectores que pedían “transparencia” y “reglas claras” para otros, se negaron a someter a los suyos al mismo estándar. La vara fue diferente cuando los nombres comprometidos eran los de Karina y Caputo.

Así, mientras la llamada Ficha Limpia se convertía en un instrumento para proscribir adversarios políticos, el blindaje oficialista evitaba que se avance en el esclarecimiento de un posible caso de corrupción con alcance internacional.

La lógica fue clara: perseguir a Cristina con fallos discutidos y evitar que se hable de lo que realmente preocupa en Casa Rosada. Transparencia, sí. Pero sólo cuando conviene.

Una interna a cielo abierto del Gobierno de Javier Milei posó todas las miradas sobre el funcionamiento del PAMI. Por fuera de los auto denunciados aportes de funcionarios y empleados regionales a la caja política, se esconde una trama de negocios mucho mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo.

Según informó Ámbito, los prestadores advierten que las irregularidades se multiplicaron en los últimos meses, que sufren “débitos automáticos” y que la ecuación de sus empresas está al límite.

El pasado 30 de abril el PAMI publicó en sus redes oficiales un comunicado en el que afirma que “las delegaciones no serán más una caja negra de la política”. El texto pone el foco sobre las oficinas territoriales, pero exfuncionarios advierten que las decisiones se toman desde la sede central y apuntan a dos nombres: Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, número uno y dos del organismo.

El secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, denunció que “una persona, el viejo Milei, que tenía un colectivo de la línea 21, pasó a tener explotaciones de miles de hectáreas de campo, cuentas off shore y departamentos en Miami que le dan un nivel de vida a Javier que le permite, sin laburar, tener la posibilidad de clonar al perro Conan”.

En el marco del paro nacional de colectivos impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el secretario gremial Gabriel Gusso lanzó duras acusaciones contra el grupo empresarial DOTA y la familia del presidente Javier Milei. “El padre de Milei es accionista del grupo DOTA”, aseguró el dirigente, apuntando directamente a la empresa que se negó a adherirse a la medida de fuerza.

Gusso destacó que, pese a las presiones internas, lograron paralizar algunas líneas de ese poderoso holding del transporte: “Hemos logrado parar, con el apoyo de los trabajadores y el cuerpo de delegados, inclusive líneas del grupo DOTA, que es donde tiene acciones Milei”, expresó en declaraciones a Radio Provincia.

El gremialista fue más allá al detallar la supuesta evolución patrimonial del padre del presidente: “Una persona, el viejo Milei, que tenía un colectivo de la línea 21, pasó a tener explotaciones de miles de hectáreas de campo, cuentas off shore y departamentos en Miami que le dan un nivel de vida a Javier que le permite, sin laburar, tener la posibilidad de clonar al perro Conan”, ironizó.

Además, Gusso vinculó la falta de voluntad del grupo DOTA para negociar paritarias con la llegada de Milei al poder: “La empresa DOTA no se presentó porque está Milei de presidente”, denunció, y explicó que las ofertas salariales son insuficientes frente a la inflación y las necesidades básicas: “Han ofrecido un incremento de entre $40.000 y $70.000 sobre un sueldo de $1.300.000, cuando un trabajador pobre necesita $1.700.000 para vivir”.

El dirigente también puso el foco en las condiciones laborales dentro del grupo DOTA: “Tenemos compañeros cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Y son amenazados con despidos si acatan el paro”, advirtió.

En un cierre contundente, Gusso insistió en que la relación familiar con el poder impide cualquier tipo de protesta dentro del grupo: “Vamos a las pruebas. El año pasado, el único que no paró fue el grupo DOTA porque el tipo es el dueño. Y no le van a hacer un paro al dueño. Eso no va a pasar”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció por Twitter la eliminación del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec) y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

En el marco de una aceleración del ajuste fiscal, el Gobierno nacional anunció la eliminación de dos nuevos fondos fiduciarios: el Fondo de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La medida se inscribe en la estrategia de avanzar hacia un ajuste estructural más profundo, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclama recortes más severos como parte del acuerdo vigente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien utilizo el anuncio como parte de su campaña electoral en CABA, comunicó la decisión a través de la red social X, donde celebró que ya son 24 los fondos eliminados durante la gestión de Javier Milei. La Casa Rosada argumenta que estas estructuras eran ineficientes o mal administradas, y en el caso de Fondotec, se señaló una supuesta subejecución de recursos: según Adorni, el fondo utilizó solo 33 millones de los más de 28.000 millones de pesos asignados entre 2022 y 2023.

El Gobierno Nacional eliminó el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El FONDOTEC sólo utilizó 33 millones de los más de 28.000 millones de pesos que le fueron asignados entre 2022 y 2023. Por su…

— Manuel Adorni (@madorni) May 5, 2025

El Fondotec fue creado por ley en 1990 para financiar actividades de generación de conocimiento científico, tecnológico e innovador, con recursos del Tesoro Nacional y de créditos internacionales. Su eliminación marca un nuevo retroceso en el financiamiento público para la ciencia en un contexto de recortes generalizados.

Por su parte, el FISU fue creado a fines de 2019, durante la gestión de Alberto Fernández, con el objetivo de financiar obras de integración urbana en barrios populares inscriptos en el ReNaBaP. Se nutría de fondos del Impuesto PAIS, del aporte solidario a las grandes fortunas y de recursos internacionales. El Gobierno justificó su eliminación alegando irregularidades en la gestión, como la compra de terrenos contaminados y la adjudicación de obras a cooperativas sin antecedentes.

Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en la reconfiguración del Estado en función de los lineamientos del FMI, que presiona por una drástica reducción del gasto público, incluso a costa de áreas estratégicas como la ciencia y la vivienda social.

Según la consultora Analogías, en abril cayó el apoyo al gobierno casi 1 punto, luego de haberse reducido 5 en marzo. Por su parte, la imagen del presidente Javier Milei volvió a adoptar la estructura de paridad entre los niveles negativo (48.5%) y positivo (49%).

En la esfera económica, a la que el Gobierno le da centralidad, la combinación de contracción de la demanda doméstica con eliminación del “cepo cambiario”, más la nueva deuda con el FMI para financiarlo y “las referencias persistentes a la dolarización de la economía derivaron en un saldo negativo para el apoyo al gobierno”.

Además, la ciudadanía continúa mostrándose muy crítica con la agenda que excede los temas económicos. “El puntaje de evaluación de las políticas de salud, educación, cultura, ciencia, e infraestructura es 10 puntos peor que el puntaje asignado a la política económica”, explicó la consultora.

“Notablemente el resto de las opiniones sobre temas como la pobreza, la inflación, el desempleo, la relación con el FMI y el rechazo a la dolarización de la economía tuvieron valores netos negativos. Es la mayor expresión de la dualidad que venimos observando: estabilidad del tipo de cambio y caracterización mediocre sobre la actividad económica, los ingresos y los estándares de bienestar que habilita el modelo”, señaló Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

Es el mensaje que recibió el cocinero filipino del buque donde se hallo media tonelada de cocaína. Declaró que se lo dijeron al contactarlo para subir la droga, para convencerlo de que no había riesgos. Señalan que las desregulaciones del Gobierno favorecen el trafico.

El hallazgo de 470 kilos de cocaína en el puerto operado por el Grupo Vicentin, en la localidad santafesina de San Lorenzo, no fue producto de una investigación de inteligencia ni de un operativo de control estatal, sino del olfato del capitán de un buque que notó algo fuera de lugar en una cámara frigorífica. Ese hallazgo fortuito destapó una red de tráfico que, según declaraciones judiciales, opera con frecuencia y sin obstáculos en la zona portuaria. ¿La razón? Las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional, que han debilitado la capacidad de control sobre lo que entra y sale de los puertos.

El cocinero filipino del buque MV Ceci, convertido en imputado colaborador, declaró bajo juramento que fue contactado por una organización que opera habitualmente en San Lorenzo. “Hacemos esto dos o tres veces por mes”, le aseguraron sus interlocutores para convencerlo de que no había riesgos. “Relax”, fue la palabra que más le repitieron. La tranquilidad que transmite la frase no habla solo de la impunidad con la que se mueve el narcotráfico en los puertos, sino de la confianza en un sistema de control desmantelado.

Las desregulaciones del Gobierno que favorecen el negocio narco

Uno de los cambios clave que favoreció esta situación es el Decreto 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques, trabajadores cuya función es justamente custodiar y supervisar las provisiones, la tripulación y todo lo que ingresa a una embarcación. Hoy esa contratación quedó a criterio de las navieras, y como era previsible, la mayoría ha optado por prescindir de ellos.

“La función del sereno es clave: controla cada cosa que entra al barco, desde comida hasta repuestos o insumos técnicos. Si hubiera habido uno en el MV Ceci, la droga no subía”, denunció un representante del gremio de serenos, hoy casi desmantelado. Las cámaras de seguridad del puerto tampoco cubren el lado del río, por donde la organización introdujo la cocaína desde una lancha en plena madrugada.

Lejos de ser un episodio aislado, el caso Vicentin confirma que los puertos del Gran Rosario se han transformado en plataformas logísticas del narcotráfico internacional, gracias a la desprotección generada por el retiro del Estado. La presencia de bultos con cocaína marcados con coronas —símbolos habituales del narcotráfico— y protegidos con envoltorios impermeables y rastreadores satelitales sugiere una operación de contrabando a gran escala, con recursos y conocimiento técnico.

Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. No solo la resolución en torno a la no obligatoriedad de contratar serenos, también se suma la reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresas sobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.

Vicentin un puerto de aguas muy turbias

El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.

El Gobierno sostiene que estos recortes son parte de su política de “eficiencia y equilibrio fiscal”. Sin embargo, el ahorro logrado al eliminar controles como los serenos resulta insignificante comparado con los riesgos que genera: debilitamiento de la soberanía, complicidad indirecta con el crimen organizado y pérdida de reputación internacional en los circuitos comerciales.

El escándalo deja en evidencia una contradicción central del discurso oficial: mientras se promete “orden” y “lucha contra el narcotráfico”, se eliminan los mecanismos más básicos de control. Si el Estado se retira, otros ocupan su lugar —y en los puertos argentinos, esos otros son el narco y las redes del contrabando global.

La cuenta corriente en marzo tuvo un déficit de u$s1.674 millones, el mayor en la era de Javier Milei. Esto sucedió en la antesala de la modificación del régimen cambiario que dio de baja el “crawling peg” al 1% y dejó al dólar flotar entre bandas. La estrategia de dólar súper barato viene mal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atrasó el tipo de cambio para generar un veranito económico que le está costando cara a la actividad argentina y también a su macroeconomía. Por mes, se van miles de millones de dólares por turismo en el exterior e importaciones. Todos los meses salen más dólares de los que entran.

Por eso, el gobierno está desesperado por estrategias de corto plazo que le permitan seguir financiando un esquema que no es virtuoso. Primero fue el blanqueo de capitales, después el FMI y ahora se pretende apuntar a… ¿los dólares del narcotráfico? Caputo aseguró que cualquiera podrá pagar hasta 100 mil dólares sin “justificar nada”. ¿Todo vale con tal de llegar a las elecciones?

Mientras el gobierno habilita el ingreso de dólares sin control ni impuestos, avanza con despidos masivos, precarización laboral y un ajuste que golpea a quienes viven de su trabajo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su plan económico con una nueva tanda de desregulaciones que favorecen a los sectores más concentrados, mientras golpean de lleno a las y los trabajadores. Entre las últimas medidas que prepara el Ministerio de Economía se encuentra la creación de un régimen para el ingreso irrestricto de dólares sin necesidad de justificar su origen. En la práctica, significaría habilitar un blanqueo permanente para el capital no declarado, sin impuestos ni controles.

Este nuevo sistema permitiría legalizar fondos que podrían provenir de la evasión, el contrabando, la corrupción o incluso el narcotráfico. Lejos de fomentar inversiones productivas, lo que se habilita es un canal opaco para el ingreso de divisas sospechosas, violando estándares internacionales contra el lavado de dinero. En lugar de construir un sistema tributario más justo, se premia a quienes operaron al margen de la ley durante años.

Mientras tanto, las y los trabajadores padecen las consecuencias de un ajuste brutal. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 17.000 empleados estatales fueron despedidos solo en los primeros meses de 2024, y la cifra total desde el inicio del gobierno supera los 42.000. Este recorte afecta el funcionamiento de áreas esenciales como salud, educación, ciencia y políticas sociales. El discurso contra “la casta” termina siendo, en los hechos, un ataque directo contra el empleo público.

A esto se suma la reforma laboral incluida en el paquete fiscal aprobado recientemente en Diputados, que implica una fuerte flexibilización del mercado de trabajo. Entre otras cosas, se amplía el período de prueba, se reduce el costo de las indemnizaciones y se permite contratar “colaboradores” sin relación de dependencia formal. Todo esto debilita los derechos laborales y facilita la precarización, en un contexto donde los salarios ya han perdido más del 20% de su poder adquisitivo.

El impacto social de estas políticas ya es visible. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), el 55,5% de la población está por debajo de la línea de pobreza y la indigencia afecta al 17,5%. Más del 65% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres. En lugar de corregir desigualdades, el modelo económico actual las profundiza, apuntando contra los sectores más vulnerables mientras protege a los grandes capitales.

Un modelo para pocos

La Argentina que está diseñando el gobierno se orienta a facilitar negocios financieros sin control y a premiar a quienes se enriquecen desde la ilegalidad. Mientras se garantiza libertad absoluta para los dólares que vienen de cualquier parte, se limita la libertad de quienes trabajan, estudian o intentan sostener su vida cotidiana en un país cada vez más hostil. Por más que el discurso hable de libertad, en los hechos el modelo solo beneficia a unos pocos.

La ex presidenta recusó al juez, acusándolo de falta de imparcialidad y de intentar excluirla del proceso electoral mediante un fallo apresurado en la causa Vialidad.

Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. La exmandataria argumentó que el magistrado incurrió en una grave falta de imparcialidad al anticipar públicamente que el fallo será emitido antes de la feria judicial de julio, en plena campaña electoral. Para CFK, se trata de una jugada orquestada para dejarla fuera de la contienda electoral.

La recusación se basó en declaraciones recientes de Lorenzetti durante una entrevista televisiva, donde sostuvo que el máximo tribunal buscará acelerar la resolución del caso. Para la defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, estas expresiones vulneran las garantías del debido proceso y evidencian una decisión política disfrazada de procedimiento judicial.

Los abogados recordaron que la causa Vialidad está plagada de irregularidades desde su origen: comenzó sin peritajes concluidos, se mantuvo abierta con jueces designados a dedo durante el macrismo y permitió la incorporación de pruebas cuando ya habían finalizado las audiencias, negando así el derecho a defensa. En ese marco, alertaron que la Corte no sólo avaló el proceso, sino que ahora parece querer apurarlo para interferir en el calendario electoral.

Cristina Kirchner anunció la recusación a través de sus redes sociales, y vinculó las declaraciones de Lorenzetti con amenazas previas y con un intento deliberado de proscripción. “Lo que dije en diciembre del 2022 sobre la voluntad de proscribirme, está ocurriendo ahora mismo”, advirtió.

Desde el Senado, la senadora Anabel Fernández Sagasti denunció el mismo operativo. Señaló que hay una clara intencionalidad política detrás del accionar de la Corte y que este tipo de maniobras judiciales atentan contra la democracia. En su intervención, remarcó que no se trata sólo de una persecución a CFK, sino de un modelo de disciplinamiento hacia toda la dirigencia que enfrente al poder real.

El intento de acelerar el fallo en medio del año electoral reaviva las denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial en causas contra referentes del peronismo. Para la expresidenta, lo que está en juego no es sólo su figura, sino el derecho del pueblo argentino a elegir sin condicionamientos ni proscripciones.