Este fin de semana, la multinacional Kimberly-Clark despidió sorpresivamente a 220 trabajadores tras anunciar el cierre definitivo de su planta en Pilar, mientras que la histórica empresa alimenticia Georgalos enfrenta un conflicto gremial por despidos y recortes, lo que agita aún más el escenario laboral.

El caso de Kimberly-Clark generó una fuerte conmoción. La empresa de capitales estadounidenses —propietaria de marcas como Huggies, Kleenex y Scott— comunicó el cierre inmediato de su planta en el Parque Industrial de Pilar, donde se producían toallitas húmedas y protectores diarios. Los 220 despidos llegaron sin previo aviso, luego de que la empresa informara falsamente a los operarios que se trataba de una simple parada técnica por mantenimiento.

Según denunciaron desde el Sindicato de Papeleros, el sábado comenzaron a llegar los telegramas, mientras que el domingo a la madrugada los trabajadores se enteraron oficialmente del cierre, durante una asamblea organizada para discutir medidas de acción. El sindicato no descarta movilizaciones esta semana y advirtió que “las multinacionales, cuando toman decisiones, son difíciles de revertir”. La empresa justificó la medida como parte de una reestructuración que centralizará toda su producción nacional en la planta de San Luis, donde proyecta invertir 15 millones de dólares en los próximos 18 meses.

Georgalos: despidos y ajuste en el corazón de la industria alimenticia

A la par, la compañía Georgalos —dueña de marcas como Mantecol y Toddy— despidió a cinco trabajadores en su planta de San Fernando y suspendió el bono por productividad, lo que provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y una paralización de actividades.

Desde el gremio denuncian que los despidos fueron represalias por reclamos laborales y que existe una marcada desigualdad en el pago de bonos entre distintas plantas. El STIA ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y advirtió que, de no haber avances, el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

La tensión en Georgalos se produce en medio de una búsqueda de inversores por parte de la compañía, que espera recaudar hasta 100 millones de dólares para financiar su expansión en América Latina. Sin embargo, el conflicto gremial en su planta local pone en duda la viabilidad de estos planes en el corto plazo.

Un síntoma de una crisis más amplia

Estos casos no son aislados. En lo que va del año, empresas como Molinos Río de la Plata, SanCor, Tía Maruca y Verónica también han protagonizado conflictos laborales, marcando una preocupante tendencia de ajuste en el sector industrial.

La creciente ola de despidos, suspensiones y recortes en beneficios laborales en grandes compañías refleja un contexto económico adverso, donde la caída del consumo interno, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre macroeconómica están comenzando a impactar directamente en el empleo. Sindicatos de diversos rubros advierten que el panorama podría agravarse si no se implementan políticas urgentes de protección al trabajo y reactivación productiva.

Mientras el Gobierno lanza medidas para seducir los billetes en negro, los ahorristas los esconden cada vez más.

Mientras el Gobierno lanza medidas cada vez más urgentes para tentar a los dólares fuera del sistema —los famosos “canutos”—, los ahorristas parecen responder con una señal clara: desconfianza total. Lejos de ingresar sus billetes al circuito formal, muchos optan por retirarlos y reforzar el colchón como refugio.

Desde que se puso en marcha el programa de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el pasado 22 de mayo, los depósitos en dólares retrocedieron en US$ 429 millones, según Profit Consultores. En vez de atraer los fondos escondidos, el efecto fue el contrario: más fuga.

Esto ocurre incluso después de que, en abril, un millón de personas compraron US$ 2.000 millones vía homebanking tras la salida del cepo. Pero una porción significativa de esos dólares no ingresó al sistema financiero: volvió directamente al resguardo personal.

Según Econviews, durante el período 2016-2019, la demanda de dólares para atesoramiento rondaba los US$ 1.806 millones mensuales, con la diferencia de que entonces también las empresas podían acceder al mercado. Hoy, ese flujo busca salidas alternativas: se aceleró el gasto en turismo y continúa la fuga por Inversión Extranjera Directa, según advierte la consultora 1816.

Economistas como Lucas Llach y Camilo Tiscornia anticipan que el impacto de los nuevos incentivos será limitado: no se espera un regreso masivo de billetes al sistema. Para ellos, el problema es estructural.

Carlos Melconian lo resumió con crudeza: “El canuto no se mancha. ¿Por qué? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en Argentina? Por las dudas”.

En síntesis: mientras el Gobierno ofrece herramientas para formalizar los dólares escondidos, los ahorristas duplican la apuesta y profundizan su desconfianza. El colchón, lejos de ceder, sigue ganando.

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzan una medida de fuerza ante la indiferencia oficial y la falta de propuestas salariales concretas.

El Hospital Garrahan atraviesa un conflicto en escalada: sus trabajadores anunciaron un paro total de 48 horas desde este martes, exigiendo una urgente recomposición salarial frente a sueldos que califican como “de miseria” y un proceso de vaciamiento institucional.

La medida se confirmó luego de una audiencia sin representantes de peso del gobierno nacional, donde solo asistieron directores administrativos del hospital que dijeron “enterarse” del conflicto para elevarlo al Concejo de Administración. La falta de oferta y compromiso oficial provocó un rechazo absoluto de los gremios ATE y APYT.

Además, el miércoles a las 16, los trabajadores marcharán desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir respuestas, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Ejecutivo.

Norma Lezana, secretaria general de APYT, fue tajante: “La propuesta fue cero. No hay voluntad política para resolver el conflicto”. Rodolfo Aguiar, de ATE, señaló: “Solo vinieron a escucharnos para hacer caja, no para dar soluciones. El Gobierno abandona a los trabajadores del Garrahan y a la salud pública”.

El paro y la movilización reflejan la crisis que atraviesa uno de los centros pediátricos más importantes del país, que enfrenta no solo la precarización salarial sino también un sostenido deterioro de recursos y condiciones laborales, sin respuestas oficiales a la vista.

Expresidentes, juristas y referentes de América Latina y Europa denunciaron graves irregularidades en la causa Vialidad y exigieron garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la exmandataria.

A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) lanzaron una campaña global en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una persecución judicial que, de avanzar, “no solo afectará a una persona inocente, sino al peronismo y al sistema democrático argentino”.

En un documento firmado por expresidentes, líderes políticos y destacados juristas, los espacios señalaron que el proceso judicial contra la exmandataria está “viciado de parcialidad y arbitrariedad” y remarcaron que la condena dictada por el tribunal oral “fue construida sin pruebas directas ni indiciarias, violando garantías constitucionales elementales”.

“La causa fue impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri con fines políticos. Se aplicaron teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a Cristina por decisiones administrativas de funcionarios subalternos, en una clara desviación del principio de legalidad”, sostiene el comunicado.

El pronunciamiento también alerta sobre los efectos institucionales de una eventual confirmación del fallo. “Si la Corte Suprema convalida esta condena sin revisión, se consolidaría una práctica judicial que anula el derecho a la defensa y limita la participación política de una figura central de la oposición”, advirtieron.

Además, señalaron que la intención de excluir a Fernández de Kirchner del escenario electoral busca “disciplinar a quienes promueven la justicia social” y “desmoralizar al electorado”, generando “una alteración grave del equilibrio democrático”.

La declaración concluye con un llamado a la comunidad internacional a observar el proceso y a rechazar toda forma de lawfare. “Condenar a una persona sin pruebas es atentar contra el Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia y respeto por la democracia!”, afirmaron.

Entre los firmantes se destacan José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile) e Irene Montero (España), entre otros.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, habló sobre persecución judicial-mediática a Cristina Kirchner. Fue uno de los ministros de Axel Kicillof que ayer estuvo presente en el Partido Justicialista en un encuentro que recordó los fusilamientos de 1956 y sirvió de excusa para denunciar el intento de proscripción a la dirigente peronista.

“Todo el peronismo tiene que acompañar a Cristina. Va a haber una reacción del peronismo, es muy serio lo que está pasando. No sé qué están buscando. Quieren disciplinar a toda la dirigencia”, describió el funcionario bonaerense.

“Quieren que el pueblo no se atreva a disputar la forma en que se toman decisiones en la Argentina. Pero no puede quedar así. Es un tiempo bisagra en Argentina. Estamos todos ocupados”, advirtió Katopodis en diálogo con AM 530.

Mientras la justicia opera contra la principal dirigente de la oposición, Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei sigue con su política de deuda y más deuda externa. Ahora busca colocar un REPO para quedarse con 2 mil millones de dólares. ¿Quién pagará la fiesta?

Ya quedó lejos la frase de Milei de campaña que toda deuda era una estafa porque involucraba a las futuras generaciones, que quedaban endeudadas por una decisión de la que no habían participado. Esa frase fue una mentira más del líder libertario. En un año y medio ya tomó más de 30 mil millones de dólares.

La lógica de endeudamiento genera dudas en el mercado lo que hace que el riesgo país siga alto, porque todo el mundo duda de la sustentabilidad de un esquema que no genera dólares genuinos a partir de exportaciones. Los mercados empiezan a creer que la fiesta actual en algún momento habrá que pagarla y no quieren estar para llevarse la peor parte.

A 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la sede del PJ con un mensaje fuerte: denunció el rol de la Justicia como garante del poder económico, criticó el modelo de Milei y llamó a reorganizar al peronismo para enfrentar el ajuste.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista Nacional al cumplirse 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. Ante una militancia atenta y movilizada, volvió a cuestionar con dureza a la Corte Suprema por su rol en el armado de causas judiciales y el sostenimiento de un modelo de impunidad para los poderosos. Criticó también el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al que definió como un “experimento anarco-capitalista” con consecuencias devastadoras para las mayorías populares. En un llamado a la reconstrucción del peronismo, convocó a recuperar el sentido colectivo del proyecto nacional y popular y advirtió sobre los desafíos que enfrentan quienes aspiran a representar una alternativa al actual modelo de exclusión.

“La casualidad no es una categoría política”: memoria, historia y proyecto

Desde la sede del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público para recordar a los fusilados del 9 de junio de 1956, a 69 años de los crímenes de José León Suárez. En un encendido discurso, vinculó aquel episodio con una historia de persecución que se repite cuando el peronismo accede al poder.

“Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista”, recordó, y planteó que la violencia contra el movimiento nacional no es nueva ni casual. “La casualidad no es una categoría política”, advirtió. En su repaso, unió el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción del peronismo, los fusilamientos del ‘56 y el intento de asesinato que sufrió en 2022. “Siempre está el mismo núcleo detrás: los que no toleran un modelo de inclusión ni de distribución del ingreso”.

Cristina sostuvo que las políticas de memoria no pueden reducirse a lo simbólico. “No es solo rendir homenaje a quienes lucharon: es entender por qué lucharon. Por qué los fusilaron. Y por qué, cuando hay un gobierno nacional y popular, lo combaten con tanta saña”.

Un nuevo partido militar: la justicia como brazo político del poder

Uno de los ejes más duros del discurso estuvo dirigido al Poder Judicial, al que definió como el nuevo partido del poder económico. “Ya no hace falta instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, pero judicial”, ironizó.

Cuestionó duramente a la Corte Suprema por mantener vigente el DNU 70/23 de Javier Milei. “Ese decreto es una verdadera reforma constitucional encubierta”, denunció. Y comparó: “¿Ustedes se imaginan un decreto 70, pero emitido por el campo nacional, popular y democrático, que hubiera tocado intereses de la economía concentrada? No le daban más de 15 o 20 días”.

Para Cristina, el Poder Judicial no actúa como contralor de Milei, sino como garantía de su blindaje: “La Corte es la guardia pretoriana del poder económico”. También cuestionó el avance del Grupo Clarín sobre el mercado de las telecomunicaciones y el rol pasivo del Estado: “A los argentinos les va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Me gustaría verlo con el mismo tono con el que se dirige a los pibes del Garrahan o a los discapacitados, ahora que la Justicia le aprobó a Clarín la adquisición de Telefónica”.

Diagnóstico y futuro: autocrítica, organización y lucha

La expresidenta también habló del presente del peronismo, y planteó la necesidad de retomar el sentido colectivo de la política. “Este es un problema que no es nuevo en el peronismo. Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y alguien se asume como un proyecto personal”, reflexionó. “No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atravesó y atraviesa la organización popular”.

Cristina no dudó en calificar al actual gobierno como “un cachivache”, pero advirtió que detrás del caos hay un objetivo claro: destruir toda posibilidad de organización popular. “La historia demuestra que más allá de las persecuciones y proscripciones, finalmente el pueblo se termina organizando, casi en defensa propia”, afirmó.

Y cerró con una consigna que funciona también como advertencia: “Siempre el pueblo regresa. Tal vez con otros nombres, tal vez de distintas formas, pero siempre hay un modo de organización popular”.

La expresidenta encabezará este lunes un acto en el PJ nacional tras una reunión de urgencia en el Instituto Patria con sectores políticos, sociales y sindicales, en medio de rumores sobre una inminente confirmación judicial de su condena en la causa Vialidad.

En medio de una creciente tensión política y judicial, Cristina Fernández de Kirchner convocó a un encuentro de urgencia este lunes en el Instituto Patria , donde recibirá a diputados, senadores, dirigentes sindicales, sociales y militantes , para coordinar una respuesta colectiva ante la posibilidad de que la Corte Suprema confirme su condena en la causa Vialidad .

El acto está previsto para las 18 horas en la sede porteña del Partido Justicialista , y será una reaparición pública clave de CFK, quien viene denunciando una campaña de persecución judicial y política desde distintos sectores del poder. La cita se da luego de que trascendiera que el máximo tribunal podría ratificar la condena de seis años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y confirmada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024.

“Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia”, dijeron fuentes cercanas a la exmandataria. Y agregaron: “Si se ratifica la condena, se termina la democracia que supimos construir desde el ’83 para adelante y empieza la democracia con proscripciones, como nos tocó vivir con Perón”.

De confirmarse el fallo, CFK quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos y sería automáticamente baja de las listas electorales , lo que la sacaría de la cancha política precisamente en un año electoral. La semana pasada, anunció su candidatura a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral , decisión que parece haber acelerado los tiempos judiciales.

Según versiones periodísticas, la Corte podría tomar una decisión el martes a las 10 de la mañana . El máximo tribunal tiene tres caminos posibles: rechazar el recurso de queja estrictamente formal y dejar firme la sentencia; aceptarlo y revisar el caso, tal vez incluso ampliando la condena; o pedir el expediente completo para avanzar en el análisis de los recursos.

Desde el entorno de la vicepresidenta sostienen que detrás de esta movida están Mauricio Macri, Javier Milei y los grandes grupos económicos , y aseguran que “lo que les da miedo es lo que puede llegar a significar una vuelta de Cristina al gobierno”. Además, criticaron duramente al Ejecutivo: “Dicen que no quieren que vaya presa, pero son unos falsos y unos hipócritas. Tienen miedo y por eso la buscan proscribir”.

En ese marco, figuras del peronismo como Leopoldo Moreau , Oscar Parilli y Martín Sabatella expresaron su rechazo al proceso judicial, calificándolo como una maniobra política disfrazada de jurídica. “Quieren tomar una decisión política disfrazada de jurídica, pero no engañan a nadie”, lanzó Moreau. Mientras que Sabatella señaló: “Ya no saben qué hacer porque donde esté y como sea, Cristina es y seguirá siendo la líder popular más importante del presente y el futuro”.

Aunque algunos sectores del PJ nacional y provincial han mostrado cierta distancia con CFK en los últimos meses, el anuncio de su candidatura y el avance judicial podrían funcionar como un factor de unidad. No está confirmada la presencia de gobernadores ni del jefe de Gobierno bonaerense, Axel Kicillof , con quien el clima sigue tenso.

La jornada del lunes tendrá dos partes definidas: primero, una reunión estratégica en el Instituto Patria , abierta incluso a “gente suelta”, según describieron, y luego el acto en el PJ nacional, donde CFK encabezará un homenaje a los fusilados de José León Suárez , hecho histórico ocurrido el 9 de junio de 1956 durante la resistencia peronista al golpe militar.

Este escenario marca un punto de inflexión en la política argentina. O se profundiza la fractura interna del peronismo y el ajuste oficialista, o se activa una respuesta unitaria del campo popular frente a lo que consideran una nueva forma de proscripción política bajo el paraguas judicial .

Si la Corte avanza con una decisión judicial arbitraria, se decretará una huelga general, se saldrá a las calles y se cortarán autopistas en todo el país.

Así lo aseguró el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, en declaraciones a Siempre es hoy, al referirse al escenario que podría abrirse ante un fallo adverso de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos organizándonos con otras agrupaciones, dentro del PJ y fuera de él. Si toman una decisión arbitraria contra Cristina, vamos a hacerlo sentir en la calle. No podemos permitir que un poder del Estado ponga en jaque la calidad democrática de la Nación, sólo por intereses políticos”, advirtió el dirigente sindical, que ratificó el compromiso del movimiento obrero con la defensa de los liderazgos populares y el Estado de Derecho.

Manrique planteó que lo que está en discusión excede a una figura individual: “Todos los laburantes y los compañeros tienen que entender que la democracia es un bien común que debemos cuidar entre todos. Esto no es un tema de Cristina y nada más. Porque hoy puede ser Cristina, pero si esto lo permitimos en silencio, dentro de tres meses le empiezan una causa a otro dirigente, y en 2027 estamos en la misma situación. Así le puede pasar a cualquier representante del campo nacional y popular”.

El diputado confirmó que varios sindicatos ya acordaron una línea de acción ante una eventual medida contra la expresidenta. “Estamos estudiando, en caso de que se cometa una injusticia de esa magnitud —como encarcelar a Cristina con una causa judicial armada— decretar una huelga, salir a las calles, cortar las autopistas. No vamos a mirar para otro lado”, afirmó.

“Muchos gremios ya definimos que si esto se lleva adelante, pararemos, nos movilizaremos y enfrentaremos las consecuencias que tengamos que enfrentar. Esta pelea no es sólo por una persona, es por la democracia argentina”, concluyó Manrique.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

La causa contra Facundo Daniel Aguilar Fajardo, el joven oficial de la Policía Federal que disparó y mató a Thiago Correa, un niño de apenas 7 años durante un presunto intento de robo, dio un giro clave este fin de semana. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, recaratuló el expediente como homicidio con dolo eventual, una figura mucho más severa que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

La decisión judicial se basó en nuevos elementos que desestiman la versión inicial de legítima defensa. Según la investigación, Fajardo disparó al menos once veces en tan solo nueve segundos, desde una posición fija y en plena vía pública, sin que mediara una persecución directa. Los disparos provocaron la muerte de Brandon Corpus (18 años) e hirieron gravemente a otros dos jóvenes, uno de los cuales permanece internado en estado crítico.

En su declaración, el oficial alegó que actuó para proteger a su madre, quien habría sido amenazada por los supuestos agresores. Sin embargo, la Justicia determinó que hubo un claro exceso en el uso de la fuerza, descartando la eximición de responsabilidad penal que hubiera implicado la legítima defensa.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar del policía, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la peligrosidad de avalar operativos armados en espacios públicos. La combinación de un accionar desproporcionado y un respaldo político explícito vuelve a poner en cuestión el rumbo de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión.

Fajardo continúa detenido mientras se profundiza la investigación. Los próximos días serán clave para determinar si el caso se encamina a un juicio con una condena ejemplar o si el respaldo institucional logra atenuar las responsabilidades del acusado.