La caída del consumo no para y ya cae en todas las provincias del país. En distritos como Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, directamente se habla de caídas históricas. “El poder adquisitivo de la gente está bajísimo, por más que se bajen los precios”, advirtió Daniel Occhionero, presidente del Mercado Frutihortícola de Santiago del Estero.
Maximiliano Beigbeder, de Corrientes y presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA, calificó el escenario como “paupérrimo”, durante una entrevista en Radionord y reveló que en mayo la caída interanual del consumo osciló entre un 10% y un 12%. “Pero lo más alarmante es que ya no se trata sólo de productos de lujo o prescindibles, sino también de alimentos básicos como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados”, sostuvo.
Desde que asumió Milei, los ingresos populares cayeron debido a un retroceso de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Ese retroceso en el poder adquisitivo de millones argentinos explica la caída en las ventas, a pesar del discurso eufórico de un gobierno libertario que no logra hacer que la actividad mejore, salvo en algunos sectores vinculados especialmente a la especulación rentística.
El juez Jorge Gorini notificó a Cristina Fernández de Kirchner por Zoom y evitó así una masiva movilización frente a Comodoro Py. Los fiscales Luciani y Mola se habían opuesto al beneficio.
La Justicia federal resolvió este martes que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución , ubicado en San José 1111. El magistrado Jorge Gorini , integrante del Tribunal Oral Federal 2, hizo lugar al pedido presentado por sus abogados y dispuso que la expresidenta inicie el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria , una medida que busca evitar su detención en una cárcel común y que fue recibida como un alivio por el peronismo y sectores kirchneristas.
Gorini notificó personalmente a CFK a través de una audiencia virtual por Zoom, un paso clave para desactivar la movilización prevista para este miércoles frente a los tribunales de Comodoro Py, donde miles de seguidores habían anunciado que la acompañarían en su llegada.
El tribunal impuso además una serie de condiciones que deberá cumplir la exmandataria durante el cumplimiento de la pena. Entre ellas, permanecer en el domicilio fijado salvo excepciones debidamente justificadas , no alterar la tranquilidad del barrio y presentar en 48 horas una nómina de las personas autorizadas a ingresar al lugar, incluyendo familiares, custodia, médicos y abogados.
Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica tendrá la tarea de colocar un dispositivo de vigilancia electrónica , mientras que la supervisión del cumplimiento de la pena quedará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con informes cada tres meses.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, principales impulsores del fallo condenatorio contra CFK, se manifestaron en contra de la prisión domiciliaria. Sostuvieron que no existen razones médicas ni de seguridad que lo justifiquen, pese a que la expresidenta cuenta con custodia permanente por parte de la Policía Federal, algo que obliga a cualquier institución penitenciaria a garantizar niveles altos de seguridad que implican costos logísticos y riesgos operativos.
El argumento de los fiscales se repitió en otro caso vinculado: el del ex titular de Vialidad, Nelson Periotti, también condenado en esta causa. A pesar de tener 80 años y un estado de salud delicado, los fiscales se habían opuesto a concederle la prisión domiciliaria sin esperar el resultado de informes médicos, algo que finalmente sí se aplicó a CFK.
En su defensa, el equipo legal de la expresidenta esgrimió múltiples razones. La edad (72 años), la necesidad de custodia permanente, y el hecho de haber sido víctima de un intento de magnicidio durante el proceso judicial fueron algunos de los fundamentos utilizados. En ese sentido, su abogado, Alberto Beraldi, señaló que “lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal”, y recordó que Gerardo Milman, ex mano derecha de Patricia Bullrich, está imputado por presunto vínculo con el atentado .
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, había trabajado en las últimas horas para evitar la marcha prevista para este miércoles. Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo confirmaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , expresó públicamente la idea de que CFK fuera notificada vía Zoom, algo que finalmente ocurrió. También trascendió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio , habría mantenido conversaciones con jueces del TOF 2 con el objetivo de evitar una nueva concentración multitudinaria en apoyo a la expresidenta .
Para el oficialismo, una movilización de gran tamaño frente a Comodoro Py hubiera sido un escenario difícil de gestionar desde la narrativa política y mediática. La imagen de miles de personas respaldando a una condenada en sede judicial hubiera generado un impacto negativo para el gobierno, especialmente en la cobertura internacional.
Con la decisión del juez Gorini, ahora queda en manos de los organizadores decidir si dan por cancelada o modificada la convocatoria original. Mientras tanto, el debate político sigue abierto: ¿fue la prisión domiciliaria una medida de excepción basada en criterios objetivos? ¿O fue una concesión judicial para evitar disturbios y tensión social?
La central obrera repudió la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la calificó de injusta y se sumó a la concentración popular en defensa de la democracia de este miércoles frente al domicilio de Cristina.
A través de un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner tras la notificación de la sentencia en su contra, y convocó a una concentración popular “que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria”.
En el texto, la central obrera se posicionó con claridad: “Los trabajadores y trabajadoras, estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, afirmaron, en referencia a la expresidenta, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos fue ratificada por la Justicia.
La CGT convocó a todos los gremios y trabajadores y trabajadoras que deseen sumarse a la manifestación como forma de expresar “convicción, pertenencia y solidaridad”, y habilitó a aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones propias a llevarlas adelante. “Quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen”, señalaron.
En su cierre, el comunicado deja una definición contundente: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”. La declaración lleva la firma del Consejo Directivo Nacional y está fechada el 17 de junio de 2025.
Los datos, relevados este mes por distintas consultoras, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.
La condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner provocó un fuerte impacto en la opinión pública, reflejado en los resultados de dos encuestas nacionales realizadas por las consultoras Trespuntozero (Shila Vilker) y CB (Cristian Buttié). Los datos, relevados entre el 11 y el 12 de este mes, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.
Según Trespuntozero, Cristina Kirchner alcanzó una imagen positiva del 40%, frente al 36,3% que registraba en la medición anterior. También creció el porcentaje de votantes que podrían llegar a respaldarla electoralmente: del 39% al 43,1%. Estos números sugieren un efecto rebote tras la condena, que logró movilizar a una parte del electorado que percibe la situación judicial como un acto de persecución política.
En paralelo, la encuesta de CB confirma el aumento de la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Al ser consultados sobre si los jueces fallan en base a pruebas o por presiones políticas y mediáticas, el 38,3% de los encuestados respondió que lo hacen por presiones, mientras que solo el 24,5% considera que se basan en las pruebas del juicio. Otro 35,5% cree que influyen ambas razones.
La mayoría de los consultados percibe que la justicia lejos de ser imparcial se guía por una doble vara en la sobre la cual incidirían intereses económicos y políticos.
Además, el 49,6% de los encuestados opina que existe una “doble vara” en la Justicia argentina, al considerar que otros expresidentes o actuales funcionarios no son investigados con la misma intensidad que Cristina Kirchner. Solo el 34,3% cree que todos los dirigentes son tratados por igual ante la ley, y un 16% no dio respuesta.
Si bien el presidente Javier Milei mantiene el liderazgo en imagen positiva con un 52,2%, la revalorización de la figura de la expresidenta y el creciente cuestionamiento al accionar judicial ponen en evidencia una polarización cada vez más marcada entre kirchnerismo y antikirchnerismo, profundizando la ya instalada grieta en la política argentina.
A poco más de 16 meses del inicio de la gestión de Javier Milei, el país enfrenta una pérdida alarmante de casi 200.000 empleos registrados, una señal clara del profundo impacto que ha tenido el ajuste económico sobre el mercado de trabajo formal.
El llamado “efecto motosierra”, lejos de limitarse al gasto público, también alcanzó de lleno a los trabajadores formales. Según los datos oficiales delSistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 195.674 empleos registrados. El derrumbe afecta al sector privado, al empleo público y al trabajo en casas particulares.
Un ajuste que se siente en todos los sectores
Sector privado: -115.353 puestos
Sector público: -58.210 puestos
Casas particulares: -22.111 puestos
Total: -195.674 empleos registrados menos
La caída del empleo formal no es uniforme, pero sí generalizada. El 59% de la pérdida se concentra en el sector privado, mientras que el 30% corresponde al empleo público y el 11% al trabajo doméstico. El ajuste, por tanto, golpea transversalmente al tejido laboral.
El monotributo como refugio de la precarización
En este contexto de contracción del empleo formal, el monotributo es el único régimen que muestra crecimiento, con casi 75.000 nuevos inscriptos entre noviembre y marzo. El avance de esta modalidad refleja un cambio estructural: muchos trabajadores migran hacia formas de contratación más flexibles, inestables y con menor cobertura de derechos laborales.
Estancamiento, salarios debilitados y un mercado que no se recupera
A pesar de una leve desaceleración en la caída del empleo formal durante el segundo trimestre de 2024, el mercado laboral continúa estancado. Las variaciones mensuales de empleo entre enero y marzo de 2025 fueron mínimas, y los niveles actuales siguen siendo los más bajos en dos años.
A este deterioro se suma el debilitamiento del salario real. Tras una recuperación parcial en el segundo semestre de 2024, los sueldos volvieron a perder fuerza en los primeros meses de 2025. El investigador Luis Campos lo resumió con crudeza: “El empleo formal está estancado en mínimos desde hace meses y la recuperación salarial ya se agotó. El mercado laboral necesita que alguien lo empuje”.
La ministra firmó una resolución interna que permite a la Policía Federal monitorear redes sociales “en tiempo real” bajo criterios ampliamente discutibles. ¿Hasta dónde llega el control estatal?
El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich dio luz verde a un operativo de espionaje digital en redes sociales y firmó una resolución que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a monitorear perfiles y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, todo ello bajo una autorización judicial previa.
Según se detalla en el texto oficial, “la PFA podrá monitorear las redes sociales en tiempo real cuando exista fundamento legal y orden judicial expresa”. El objetivo declarado era detectar conductas delictivas o eventos de riesgo colectivo. Pero detractores y especialistas advierten que esta medida puede convertirse fácilmente en una herramienta de control político si no hay límites claros.
La implementación de esta política implicó la creación de un sistema de monitoreo en tiempo real, incluyendo la instalación de un centro de análisis dentro de la fuerza policial. Este espacio contaba con software especializado para mapear usuarios, detectar patrones de comunicación y predecir movimientos de protesta social.
Fuentes cercanas al área de inteligencia confirmaron que se llegó a desarrollar un protocolo operativo para solicitar permiso judicial y comenzar a seguir perfiles en redes sociales bajo el argumento de prevención del delito. Este tipo de prácticas, aunque reguladas por marcos legales, suelen aplicarse con criterios difusos que ponen en jaque el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ya expresaron públicamente su preocupación por el alcance de estas medidas. Para ADC, “la vigilancia digital sin control parlamentario ni judicial efectivo termina convirtiéndose en una herramienta de control político”.
Además, señalaron que el uso de estas herramientas en contextos de protesta social puede generar autocensura ciudadana y represión preventiva, algo que ya se ha visto en otros países donde gobiernos autoritarios utilizaron el pretexto de la seguridad para perseguir opositores.
Desde el oficialismo de aquel momento se defendió la medida como parte de una nueva estrategia de inteligencia moderna, necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la organización de disturbios callejeros.
Sin embargo, organizaciones sociales y periodísticas denunciaron que en varias oportunidades estas herramientas fueron utilizadas para vigilar a activistas, periodistas independientes y líderes barriales, especialmente en zonas con fuerte presencia de piquetes o protestas sociales.
“No se trata de prohibir el uso de herramientas digitales, sino de garantizar que no sean usadas para criminalizar la protesta”, aseguró un comunicado conjunto de sindicatos periodísticos y defensores de derechos humanos.
Lo que más preocupa a especialistas es que este tipo de decisiones se tomen sin debate público ni participación del Parlamento. La falta de transparencia sobre qué perfiles son monitoreados, cuántas órdenes judiciales se emiten y cómo se usa esa información levanta serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Aunque la normativa establece que debe haber una orden judicial específica, no siempre está claro quién supervisa el uso real de estos datos ni qué mecanismos de control existen.
Mientras Macri celebraba la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Teresa García le respondió con una feroz crítica: “El sistema judicial lo salvó de al menos 32 causas… ¿quién realmente desprecia la democracia?”
Macri publicó este viernes un mensaje en redes sociales celebrando la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema , asegurando que se cerraba un proceso de 17 años iniciado con “incontables pruebas en su contra”.
Además, denunció supuestas amenazas del kirchnerismo al sistema democrático , mencionó disturbios frente a medios afines al oficialismo y señaló como síntoma preocupante la presencia de manifestantes frente a la residencia de la ex presidenta. En tono triunfalista, concluyó: “la ambición de Cristina por quedar en la historia se cumplió… de otra manera a la que pretendía”.
Pero esas palabras no quedaron impunes. Pocas horas después, la periodista Teresa García le respondió con una ácida reflexión en redes sociales, poniendo en evidencia la hipocresía del expresidente.
La respuesta contundente de Teresa García
“Como bien dijo Cristina, Mauricio Macri es un fracasado que lo echaron a patadas”, arrancó Teresa García en su texto, recordando que el exjefe de Gobierno porteño no solo fue derrotado electoralmente en 2019, sino que su partido político se encuentra hoy totalmente desarticulado .
Y agregó: “No pudo reelegir, y apenas 6 años después sus dirigentes hacen salto con garrocha a La Libertad Avanza” . Una crítica directa al vaciamiento ideológico del PRO.
Pero lo más fuerte llegó cuando García apuntó contra el sistema judicial que Macri celebra como funcionamiento ejemplar : “Ese sistema ‘de justicia’ que llamó rueda lenta e irregular, lo integran sus amigos, compañeros de equipo de fútbol y sus visitantes VIP en mansiones del sur” .
La periodista acompañó su denuncia con una lista de más de una docena de jueces y fiscales vinculados al macrismo o con posiciones afines , muchos de ellos intervinientes en la causa Vialidad que terminó con la proscripción política de CFK.
EL FRACASADO Y SU RUEDA LENTA E IRREGULAR
Como bien dijo @CFKArgentina, Mauricio Macri es un fracasado que lo echaron a patadas. No pudo reelegir, y apenas 6 años después su partido vecinal se desmorona y sus dirigentes hacen salto con garrocha a La Libertad Avanza.
El historial judicial de Macri: 32 causas y ninguna condena
Pero Teresa García no se quedó ahí. Mostró con datos cómo ese mismo sistema judicial que Macri dice imparcial lo protegió durante décadas :
“El Partido Judicial salvó al Grupo Macri de 32 causas judiciales en los últimos 40 años” , escribió, enumerando una larga lista de expedientes abiertos (y cerrados) que involucran a Macri y su familia.
Entre ellas:
1982 – Causa por Estatización de la Deuda Privada
1994 – Causa por contrabando de autos y autopartes
1998 – Causa Correo / SOCMA
2001 – Causa por fuga de capitales
2009 – Causa por escuchas ilegales
2016 – Causa por Panama Papers y Bahamas Leaks
2016 – Causa Soterramiento del Sarmiento
2017 – Causas Odebrecht, Avian Mac-Air, Ausol y Ara San Juan
Una lista que habla por sí sola: Mauricio Macri lleva casi toda su vida pública bajo sospecha de corrupción, pero jamás fue condenado ni siquiera procesado en forma definitiva .
¿Quién realmente desprecia la democracia?
Teresa García cerró su texto con una pregunta que remueve las bases del discurso antiperonista actual: “¿Quién realmente desprecia la democracia, la ley y la verdad?” , planteó, dejando en claro que la utilización selectiva de la Justicia como arma política no comenzó con el kirchnerismo, sino mucho antes .Y concluyó con ironía: “@mauriciomacri hay que tener cara…”
Las ventas por el Día del Padre volvieron a marcar un saldo negativo en 2025, con una caída interanual del 1,7%, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
A pesar de que más del 90% de los comercios ofrecieron promociones especiales, el consumo no repuntó, consolidando así el tercer año consecutivo de bajas en una de las fechas comerciales más importantes del año.
Este nuevo retroceso se suma a las caídas del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023, lo que evidencia un deterioro sostenido en el consumo familiary un fuerte impacto de la crisis económica sobre el comercio minorista.
“El Día del Padre 2025 dejó un desempeño general débil. Las estrategias comerciales como los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas tuvieron bajo impacto en un contexto de gran cautela por parte de los consumidores”, señaló CAME.
El ticket promedio fue de $41.302, apenas un aumento nominal respecto al año pasado. Sin embargo, al ajustar por inflación, esto representó unacaída real del 8,9% en el poder de compra, reflejando el deterioro del ingreso disponible de los hogares.
Los rubros más afectados fueron aquellos con artículos de mayor valor, mientras que las ventas se concentraron en productos en promoción y de menor precio, en línea con una lógica deajuste y priorización del gasto familiar.
Con este nuevo balance negativo, el Día del Padre deja de ser un motor de reactivación para el comercio y pasa a representar una fecha con resultados sistemáticamente desfavorables, en un marco de freno generalizado de la actividad económica.
A las pocas horas de haber confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la polémica causa Vialidad, la Corte Suprema se otorgó así misma un aumento salarial por el cual pasarán a cobrar 20 millones de pesos.
A tan solo 48 horas de haber confirmado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada que les otorga a sus propios integrantes —y al resto del Poder Judicial— un aumento salarial retroactivo del 2,2% a partir del 1 de abril.
La resolución fue firmada en medio de un fuerte hermetismo institucional y sin anuncio público, lo que incrementó las críticas. En los hechos, los ministros del máximo tribunal ya percibían más de18 millones de pesos mensuales, y con este nuevo aumento pasarán a ganar más de 19 millones, posicionándose entre los funcionarios mejor pagos del país.
Los montos actualizados reflejan la magnitud del privilegio:
Horacio Rosatti: $19.147.398,84
Ricardo Lorenzetti: $19.534.215,98
Carlos Rosenkrantz: $18.567.176,62
Estas cifras no incluyen únicamente el salario básico, sino que se componen además de adicionales por antigüedad, título universitario y permanencia en el cargo. Mientras tanto, jueces comoJulián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad, cobran más de$11 millones mensuales, y otros magistrados superan los $16 millones.
La acordada justificó el aumento como una medida “para mantener el poder adquisitivo”, aunque el privilegio judicial es evidente: además de los altos ingresos, los jueces que ingresaron antes de 2017 continúan exentos del impuesto a las ganancias, lo que eleva su salario neto de forma considerable.
El momento elegido para firmar este beneficio personal no pasó desapercibido. Apenas unos días antes, la Corte había intervenido para convocar de urgencia la reunión que dejó firme la condena a la exmandataria, en un fallo impulsado por el propio presidente del tribunal, Horacio Rosatti.
El contraste entre el ajuste económico que enfrenta gran parte de la población y el incremento millonario que se asignan los jueces supremos reavivó las críticas sobre los privilegios del Poder Judicial y su escasa rendición de cuentas lo que renueva las exigencias de la ciudadanía por una mayor apertura democrática del poder judicial tal somo los demuestran recientes sondeos de consultoras privadas.
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Pablo Antonio Ceferino Dahua, acusado de haber provocado la explosión en el local de La Cámpora ocurrida hace cuatro años.
La medida fue resuelta por los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, quienes ratificaron el fallo de primera instancia de la jueza María Gabriela Marrón, rechazando así el recurso presentado por la defensa oficial.
Dahua, actualmente detenido, también enfrenta un proceso penal en la justicia provincial por el homicidio de Emanuel Alarcón, ocurrido en septiembre del año pasado en el marco de una disputa por tierras. Durante la investigación de ese crimen, se hallaron en su domicilio materiales explosivos y otros elementos clave que permitieron vincularlo al atentado del 25 de mayo de 2021.
La causa federal lo acusa de incendio o estrago con peligro de muerte, fabricación o tenencia de materiales explosivos —encontrados en allanamientos realizados en domicilios de Mallea al 1200 y Guido Spano al 2100—, y asociación ilícita destinada a combatir ideologías mediante el uso de la fuerza o el temor, además de actos discriminatorios.
El ataque contra el local de La Cámpora, ubicado en Donado y Berutti, fue cometido por al menos dos personas que huyeron en un auto gris, según registros de cámaras de seguridad y testimonios. Aunque en un principio no se logró identificar a los responsables, el hallazgo de un Fiat Siena gris en poder de Dahua —coincidente con el utilizado en el atentado— y el secuestro de materiales explosivos en su domicilio, reactivaron la investigación.
Con estos elementos, la Justicia federal avanzó en la causa y consolidó las pruebas que llevaron a confirmar el procesamientode Dahua como principal acusado por este grave hecho.
