Como si eso fuera poco, también reveló que cuenta con un equipo de siete asesores, dejando entrever que gran parte de su trabajo legislativo está tercerizado en herramientas digitales. ¿Cuando labura Marra?.

En una declaración tan sorprendente como preocupante, Ramiro Marra, exintegrante de La Libertad Avanza y actual candidato a legislador porteño por la UCeDé, reconoció públicamente que utiliza inteligencia artificial para redactar sus proyectos de ley. Como si eso fuera poco, también reveló que cuenta con un equipo de siete asesores, dejando entrever que gran parte de su trabajo legislativo está tercerizado en herramientas digitales.

La revelación ocurrió en una entrevista en el canal Neura, donde Marra, con tono casual, explicó: “Tengo los asesores correspondientes a un legislador, que son siete, y trabajo con inteligencia artificial”. Además, presumió tener “más de cien propuestas” para la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin aclarar en que consistían ni cuántas de ellas fueron elaboradas por humanos.

Incluso sorprendió al conductor del programa, Tronco, simpatizante libertario, al sugerir que el uso de IA justificaría una reducción del personal legislativo. “¿Alguien tiene inteligencia artificial? Ponele: crear un proyecto de ley y el tema que vos quieras. Vas a ver por qué no necesitamos tantos asesores”, declaró con aparente orgullo, sugiriendo que la tecnología podría reemplazar el trabajo de asesores especializados.

Esta no es la primera vez que Marra queda en el centro de la polémica durante su campaña. En los últimos días fue increpado en la vía pública, protagonizó un cruce en redes con Jorge Rial y quedó en evidencia al no poder responder qué había hecho en la Legislatura porteña durante su mandato. Ante la pregunta de una periodista sobre sus logros concretos, solo atinó a decir que se había dedicado a “dar la batalla cultural”.

Con esta insólita confesión, Marra reaviva las críticas sobre su desempeño como legislador y el rol real que cumple en el recinto porteño, dejando abierto el debate sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la política.

La contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno de Javier Milei y sus decisiones concretas alcanza niveles cada vez más evidentes. Mientras se jacta de llevar adelante el mayor ajuste de la historia, en el PAMI se multiplica el reparto de cargos jerárquicos entre aliados políticos, familiares y figuras sin experiencia.

Solo en la provincia de Buenos Aires, ya se contabilizan al menos 82 nombramientos con fuerte impronta partidaria.

Las designaciones incluyen concejales en funciones, excandidatos a intendentes, esposas, hijos, hermanos y hasta personas sin antecedentes en salud pública, como una repostera y un técnico en control de plagas. Todos fueron ubicados en roles estratégicos dentro del PAMI bonaerense, tanto en agencias como en centros de atención personalizada.

Lejos del relato de eficiencia y reducción del gasto, el PAMI se ha transformado en una caja política manejada por La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, especialmente del sector referenciado en Patricia Bullrich. El principal operador detrás del reparto es Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana y figura clave en el armado libertario de la provincia.

En febrero de 2024, el gobierno anunció con bombos y platillos el despido de altos cargos en el PAMI para “bajar el gasto”. Sin embargo, esa “poda” fue seguida por una avalancha de nombramientos políticos, revelando que no se trataba de una estrategia de eficiencia, sino de un recambio de fichas al servicio de intereses partidarios.

En muchos municipios ya han pasado tres o más jefes del PAMI en menos de dos años, según las necesidades del armado político local. Ejemplos como el de Junín, Lobería, Chivilcoy o Mercedes muestran cómo las oficinas del organismo se reparten entre referentes libertarios y macristas, a dedo y sin control.

Incluso concejales en funciones, como Pablo Di Salvo o Silvia Di Leo, fueron puestos al frente de dependencias del PAMI sin pedir licencia. Otros casos, como el de Palito Carnevale en Luján, evidencian superposición de funciones e incompatibilidades legales o éticas.

No faltan las designaciones familiares. Esposas y parejas de referentes políticos han sido nombradas en cargos jerárquicos, como María Daniela Canziani en Mercedes o Nora Aguirre en Berisso. También hay hijos de dirigentes, como María Sol Varela en Merlo o Fabricio De Francesco en Hurlingham.

Las cifras confirman el despliegue: las secciones Primera y Quinta concentran la mayor cantidad de designaciones (16 cada una), seguidas por la Segunda y Tercera (12), y luego la Cuarta, Sexta y Séptima.

Aunque se difundieron supuestas reducciones del 24% en cargos jerárquicos y del 75% en secretarías, el boletín oficial del PAMI revela una larga lista de nombramientos que sigue creciendo. Todo esto ocurre mientras se restringe el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados, endureciendo los requisitos para miles de beneficiarios.

Este esquema, descrito por muchos como “militancia rentada”, es sostenido tanto por operadores libertarios como por sectores del PRO. En varios distritos, los directores del PAMI son fruto de acuerdos entre ambas fuerzas, como en Mar Chiquita, donde el nombramiento de Cristian Calomarde fue consensuado entre legisladores de LLA y del macrismo.

El caso del PAMI deja al descubierto la brecha entre el discurso libertario y la práctica política real: lejos de achicar el Estado, se lo utiliza como botín para sostener alianzas, pagar favores y disciplinar territorios. En la Argentina del ajuste, el único gasto que no se recorta es el de la política partidaria.

A través de un particular posteo en redes sociales, el presidente Javier Milei cargó fuerte contra el titular del PRO, Mauricio Macri, en el marco de la disputa abierta por el rechazo de Ficha Limpia en la Cámara de Senadores. Lo trató de “ladrón”. Se calienta la grieta en la derecha a días de la elección en CABA.

“El ladrón cree a todos de su misma condición”, sentenció el mandatario desde su cuenta de X, en un mensaje que incluye un fragmento de la entrevista que el periodista Jorge Lanata le realizó a Elisa Carrió en la que responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Kirchner. 

En la misma línea, el Presidente planteó: “Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!”.

En el marco de la Fase 3 del programa económico, el Gobierno recibió este martes un desembolso por u$s500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de aumentar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este crédito es parte de un paquete de apoyo de u$s10.000 millones en financiamiento que el BID le dará a los sectores público y privado del país durante los próximos tres años.

Lejos quedaron los días en que Javier Milei condenaba la deuda externa porque “era inmoral” al perjudicar a las futuras generaciones que pagaban un crédito que no habían contraido. Desesperado por dólares, para mantener la ficción de un dólar a 1000 pesos, el gobierno apela a la receta clásica de la derecha argentina. Deuda, deuda y más deuda.

En una nueva y preocupante falla de ciberseguridad, Argentina enfrenta la filtración y comercialización de datos altamente sensibles pertenecientes a unos 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Según el sitio especializado Birmingham Cyber Arms, un grupo de ciberdelincuentes estaría ofreciendo en foros ilegales archivos PDF con información personal detallada del personal militar argentino: DNI, fechas de nacimiento, domicilios, destinos de servicio, e incluso datos de familiares.

Pero el impacto no termina ahí. También se habrían filtrado documentos con historiales académicos, viajes de servicio, certificados y registros internos, lo que configura una exposición crítica para la seguridad nacional. La situación fue confirmada y amplificada por el grupo de inteligencia de amenazas @teamcapybara_, que monitorea incidentes estratégicos de ciberseguridad.

🔐 New #cybercrime intelligence.

🇦🇷 #Argentina: TA selling data of 50,000 military personnel: DNI, date of birth, place of service, residence, travel records, diplomas & more.

🔎 #ThreatIntelligence: @teamcapybara_.https://t.co/Hr9hgEKrOD

— Birmingham Cyber Arms LTD (@BirminghamCyber) May 13, 2025

Este nuevo ataque ocurre en un contexto profundamente controversial: apenas días después de que el gobierno argentino —a través de los ministerios de Defensa y Seguridad— firmara memorandos de cooperación en ciberdefensa con Estados Unidos y de ciberseguridad con el Reino Unido de Gran Bretaña, los mismos países que históricamente han tenido un papel activo y perjudicial para Argentina en materia de inteligencia estratégica con implicancias directas en la defensa y soberanía.

¿Ciberdefensa o entrega?

El ministro de Defensa, Luis Petri, firmó recientemente un acuerdo con el embajador estadounidense Marc Stanley que, según comunicó el propio gobierno, permitirá a las Fuerzas Armadas “comprender mejor el entorno de amenazas digitales” y recibir equipamiento, capacitación y apoyo estratégico por parte de Washington. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo lo propio con el Reino Unido, firmando en Londres un memorando para “salvaguardar la seguridad de nuestras dos naciones”.

Ministro de Seguridad británico @DanJarvisMBE:
"Encantado de recibir a la ministra @PatoBullrich en el Home Office. Firmamos un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación para combatir el crimen organizado y salvaguardar la seguridad de nuestras dos naciones". https://t.co/Ld3AOKyCEv

— Embajada Británica en Argentina (@UKinArgentina) April 29, 2025

Ambos acuerdos fueron presentados como un salto cualitativo en la protección digital de la Argentina. Sin embargo, a la luz del ciberataque reciente, la exposición de información clasificada —en el mismo momento en que se “profundiza la cooperación” con potencias extranjeras que tienen un largo historial de injerencia en los asuntos internos del país— levanta serios interrogantes.

Durante la Guerra de Malvinas, Estados Unidos intervino activamente en favor del Reino Unido, interfiriendo las comunicaciones argentinas y compartiendo información con Londres en el marco del pacto de inteligencia de la angloesfera conocido como UKUSA. Que hoy, más de 40 años después, Argentina vuelva a colocar en manos de esos mismos actores las “llaves” de su sistema de ciberdefensa, resulta incomprensible desde una perspectiva histórica y estratégica. A esto se suma la presión ejercida por el jefe de Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) quien en su reciente visita al país exigió mantener operativo el radar de uso dual (civil-militar) de la empresa de capitales británicos Leo Labs en Tierra del Fuego.

Silencio oficial ante el escándalo

Pese a la magnitud del ataque, no ha habido aún una respuesta oficial de los organismos de Defensa ni de Seguridad. Mientras los datos personales de todo el cuerpo militar argentino entre ellos el de sus fuerzas de operaciones especiales y personal clave —incluyendo información de sus familias— podrían estar a la venta en internet, los principales funcionarios involucrados en este accionar negligente continúan sin emitir declaraciones concretas sobre el impacto o las medidas tomadas.

La gravedad del episodio es tal que no solo compromete la privacidad individual de miles de argentinos, sino que abre una brecha peligrosa para la inteligencia extranjera y la manipulación de información crítica. Lejos de fortalecer la defensa nacional, los recientes acuerdos dejan al descubierto un país cada vez más expuesto y dependiente de actores que no siempre han actuado en favor de su soberanía.

José “Pepe” Mujica falleció este martes a los 89 años, en su chacra de Rincón del Cerro, Montevideo, tras una larga batalla contra el cáncer de esófago. La noticia fue confirmada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi, su discípulo político y actual líder del Frente Amplio.

Mujica, ex presidente de Uruguay (2010–2015), fue mucho más que un mandatario: fue un ícono internacional de la sencillez, la coherencia y la lucha por la justicia social. Desde su historia como guerrillero tupamaro hasta su elección como jefe de Estado, vivió una vida de novela, marcada por el sacrificio, la prisión, la filosofía humanista y una austera forma de vida que lo convirtió en “el presidente más pobre del mundo”.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, escribió Orsi en redes sociales.

Mujica había anunciado en abril de 2024 que padecía cáncer de esófago. Tras una dura ronda de tratamientos y múltiples hospitalizaciones, fue él mismo quien, en enero de 2025, informó que la enfermedad había hecho metástasis. Con serenidad, dejó un mensaje de despedida: “Hasta acá llegué”, pidió no ser molestado más y eligió vivir sus últimos días en la tranquilidad de su chacra, acompañado por su esposa, Lucía Topolansky.

Una vida de lucha y transformación

Nacido en Montevideo, Mujica ingresó joven a la militancia revolucionaria como miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Por sus acciones fue arrestado en múltiples ocasiones y pasó casi 15 años en prisión, incluyendo largos períodos de aislamiento y tortura durante la dictadura uruguaya. “Me volví loco. Hablaba con las hormigas”, contó años después, pero también relató cómo la lectura lo salvó.

Su salida de prisión en 1985 marcó el inicio de una nueva etapa: Mujica eligió la vía democrática y se convirtió en una figura central del Frente Amplio. Llegó al Parlamento montado en una vieja moto Yamaha y con su ropa de trabajo, construyendo desde ahí un perfil de líder popular que no abandonaría nunca.

Durante su presidencia impulsó leyes clave como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del mercado de la marihuana. Apostó por una matriz energética más limpia, aumentó la inversión pública y defendió la educación técnica como eje de desarrollo. Pero su legado excede las políticas: fue un político sin lujos, que vivía en su chacra, donaba gran parte de su salario y hablaba con franqueza sobre la vida, la muerte y el poder.

El final de una era, el comienzo de un legado

En sus últimos meses, debilitado físicamente pero lúcido como siempre, Mujica seguía recibiendo en su hogar a líderes, artistas, periodistas y militantes. No pudo votar en las elecciones departamentales del pasado domingo, pero sí vivió para ver el triunfo de su partido y de Orsi, el presidente que hoy lo despide y representa la continuidad de su proyecto.

Su último deseo fue sencillo: que lo entierren en su chacra, junto a su perra de tres patas, Manuela, símbolo también de esa vida que eligió lejos de los privilegios del poder.

Mujica deja una huella imborrable en Uruguay y en el mundo. Su historia de lucha, resiliencia y coherencia será recordada como una de las más singulares del siglo XXI. El hombre que una vez dijo que la presidencia fue “una pavada” demostró que se puede liderar con ideas, ejemplo y humanidad. Hoy, Uruguay y el mundo despiden a un gigante.

Adolfo Sabrán, el ministro de Hacienda de Misiones, confirmó que la caída de Ficha Limpia fue una jugada planificada en sintonía con el gobierno de Milei, para que la candidata de Macri en la Ciudad, Silvia Lospenatto, no se llevara un triunfo político antes de la elección porteña.

“Orientados por la visión estratégica del conductor de la renovación, Carlos Rovira, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut silenciosamente rechazaron una Ley creada a la medida del macrismo, dirigentes que paradójicamente en sus 17 años de gobierno nunca impulsaron una Ley similar en la ciudad de Buenos Aires”, tuiteó Sabrán.

El ministro de Hacienda del gobierno de Hugo Passalacqua, que se refirió a Rovira como al jefe de la provincia, no hizo menciones al gobierno nacional, pero dio a entender que el rechazo de Ficha Limpia estuvo pensado para beneficiar al gobierno de Javier Milei en la competencia contra el PRO en la Ciudad. El debate en torno a ese proyecto es la grieta actual entre el gobierno libertario y el macrismo, que el domingo disputarán una elección clave en CABA.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la actitud del expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas porteñas y lo acusó de estar “un poco exaltado” y “nervioso”, aunque no descartó negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.

En una entrevista radial, el funcionario aseguró: “Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde el expresidente Macri tal vez un poco exaltado y nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, desde hace muchos años, y debe parecer que lo pierde”.

En ese sentido, Francos se refirió a Ficha Limpia, uno de los principales focos de enfrentamiento entre el Gobierno y el PRO: “No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió”.

“No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada (Silvia) Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema”, aseveró, al tiempo que expresó: “Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver”.

Así lo aseguró la ex funcionaria de PAMI y diputada de LLA Viviana Aguirre. “Hay centros de jubilados que no existen y se siguen pagando. Están matando a los jubilados”, advirtió.

Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y Diputada de La Libertad Avanza, denunció una red de corrupción dentro del organismo. “Me fui de PAMI por no aceptar ser parte de la corrupción de La Libertad Avanza”, afirmó.

Según Aguirre, desde la cúpula del PAMI le exigieron un millón de pesos mensuales de su sueldo en efectivo, además de firmar documentos irregulares para ingresar prestadores sin licitación. “Me dijeron que el que no aporta se va. La motosierra fue para el pueblo, no para los corruptos”, lanzó.

También denunció sobreprecios en geriátricos, prestadores médicos y farmacias, así como el uso político del organismo por parte de funcionarios como Sebastián Pareja y Juan Esteban Osaba, apoderado y tesorero de LLA. “Hay centros de jubilados que no existen y se siguen pagando. Están matando a los jubilados”, advirtió.

Aguirre aseguró que presentó la denuncia en 2023, pero fue cajoneada hasta que los medios la difundieron. “Voy a ir a Comodoro Py con toda la documentación. Esto no puede seguir así”, cerró.

La Agencia Nacional de Discapacidad anuló la resolución que establecía controles sobre más de un millón de beneficios. Organizaciones advierten por el impacto del ajuste en el sector y reclaman una política clara de protección.

El Gobierno nacional suspendió de manera temporal el proceso de auditorías sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que derogó una normativa anterior impulsada en el marco del ajuste fiscal.

La decisión afecta la Resolución 187/2025, que preveía un procedimiento de revisión integral con entrevistas presenciales y evaluaciones médicas a más de un millón de personas beneficiarias. Según argumentó el Ejecutivo, el esquema presentaba inconsistencias técnicas y carecía de estándares internacionales adecuados.

“Se identificaron aspectos del baremo médico que no garantizaban equidad en la evaluación”, señalaron desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. De acuerdo con el texto oficial, la revisión de los parámetros utilizados evidenció una falta de solidez normativa y técnica, motivo por el cual se resolvió “iniciar un nuevo proceso de validación”.

A pesar del retroceso parcial, el Gobierno ratificó su intención de continuar con una revisión del padrón, aunque bajo un nuevo procedimiento que, según anunció, será elaborado conforme a criterios internacionales. No se establecieron plazos para la reanudación de las auditorías.

En paralelo, organizaciones del sector de la discapacidad denunciaron un escenario de “abandono estatal” y alertaron sobre el deterioro en la cobertura de servicios terapéuticos, transporte y apoyos escolares. Centros de atención y profesionales advierten que el ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional desde el inicio de su gestión ha generado una situación crítica sin precedentes.

La suspensión de las auditorías ocurre luego de semanas de reclamos por parte de familias, instituciones y entidades que agrupan a personas con discapacidad, quienes denunciaron la aplicación “indiscriminada” de recortes y controles que ponían en riesgo derechos adquiridos.