La decisión del gobierno de Javier Milei de convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima generó alarma en la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresó su preocupación por el posible avance hacia la privatización de la entidad.
El decreto publicado en el Boletín Oficial confirma un cambio estructural en el principal banco público del país. Aunque la Ley Bases había excluido al Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización, el oficialismo avanzó con esta reforma que podría allanar el camino hacia su venta.
Ante esta situación, la FAA emitió un comunicado en el que se declaró en “alerta”, destacando el rol fundamental que el banco ha cumplido históricamente en el financiamiento del sector agropecuario y el desarrollo productivo del interior. “Defenderemos al BNA porque ha sido y es una columna vertebral del sector agropecuario y del sistema productivo en general”, afirmaron.
Los federados subrayaron que el Banco Nación mantiene una extensa red de sucursales en todo el país, muchas de ellas en zonas donde la banca privada no tiene presencia, y cumple una función clave en el apoyo a pequeños y medianos productores. “Nos preocupa que, en un intento por hacerlo más eficiente, se abra la puerta a su privatización y se pierda esta herramienta fundamental”, advirtieron.
Además, recordaron que el Banco Nación ha sido históricamente una entidad superavitaria y esencial para el financiamiento de pymes y economías regionales. Por ello, la Federación Agraria insistió en su rechazo a cualquier medida que pueda debilitar su rol estratégico en el desarrollo del país.
Se conoció un contrato que Hayden Davis, creador de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, había preparado para convertirse en el asesor exclusivo del Gobierno en tecnología blockchain. Aunque el acuerdo nunca llegó a firmarse, el documento revela la intención de Davis de establecer un vínculo privilegiado con el presidente y su círculo cercano.
El borrador, difundido por el periodista Alejandro Bercovich, establecía que Davis, a través de sus empresas Kelsier Group Co. y Davis Group Co., tendría acceso directo a Javier y Karina Milei para coordinar estrategias y cerrar acuerdos. Además, el contrato le otorgaba a su grupo preferencia en licitaciones y convenios relacionados con blockchain.
Para articular esta relación con el Gobierno, el documento contemplaba la firma de tres intermediarios clave: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum; Sergio Morales, asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en activos virtuales; y Manuel Terrones Godoy, influencer cripto. Ellos serían los encargados de gestionar la relación entre Davis y la administración de Milei.
El contrato también estipulaba que Morales actuaría como asesor oficial de Web3 y blockchain para el presidente, mientras que el grupo de Davis tendría “autoridad exclusiva” en la supervisión y gestión de acuerdos vinculados a este sector, con un período inicial de exclusividad de seis meses, extensible hasta dos años y medio en función de su éxito y de una eventual reelección de Milei.
En términos económicos, la meta era concretar acuerdos por al menos 10 millones de dólares para abril de 2025. Desde el punto de vista político, el objetivo era “fortalecer y expandir la influencia del partido” y consolidar la alianza entre la estructura política de Milei y los negocios cripto.
Si bien el contrato nunca se firmó, su existencia expone los intentos de Davis por obtener un rol clave en la administración libertaria y muestra hasta qué punto el Gobierno evaluó la posibilidad de delegar la política cripto a un empresario con antecedentes cuestionados.
Así lo denunció el secretario general de la Bancaria, que además advirtió que el fondo BlackRock estaría detrás de la medida de Javier Milei.
Este jueves, luego del DNU de Javier Milei que busca transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, denunció que el presidente tiene como único objetivo su posterior privatización. “El presidente denunciado por estafador convirtió en decreto la intención de convertir en sociedad anónima al banco para, claramente, su posterior privatización”, afirmó.
Palazzo apuntó contra Milei al recordar las graves acusaciones que pesan sobre su gobierno: “Es un presidente cuyo entorno lo denuncia, incluido una periodista esposa de uno de sus ministros, por cobrar coimas para que los atiendan y les den reuniones. Es el mismo presidente que va a ser investigado por la justicia argentina, por el FBI y la Comisión de Valores. Es el mismo que fugó el oro y no sabemos dónde está”.
El dirigente sindical calificó el intento de privatización como “una gran estafa no solo al pueblo argentino” y señaló que se trata de “uno de los negociados más grandes que va a pretender hacer el gobierno de Javier Milei”. También desmintió los argumentos esgrimidos en el DNU: “Los fundamentos que él ha expresado en el decreto son falaces, son mentirosos. No se ajustan ni siquiera a lo que él mismo dice, porque lo hace en función de facultades delegadas que le dio el Congreso en la Ley Bases, y entre los fundamentos de esa facultad delegada dicen que se le permitía transformar los organismos y demás del Estado a los efectos de corregir el déficit, mejorar su eficiencia y de un mejor control. Ninguno de esos tres requisitos está reunido”.
En ese sentido, Palazzo remarcó que el Banco Nación no solo es eficiente, sino que además es rentable y cumple un rol clave en la economía del país: “Muy por el contrario, el Banco Nación da ganancias, es un banco eficiente, es uno de los bancos líderes de la región, el primero en crédito, el primero en depósito, el primero en cantidad de cuentas. Ha dado una asistencia de 15.000 millones de dólares en el último año a las pymes y a los particulares, con lo cual el principio de eficiencia también está recontra cubierto”. Asimismo, señaló que la entidad cuenta con todos los mecanismos de auditoría necesarios: “Tiene controles de auditoría interna y externa, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina”.
Palazzo también reveló que el fondo de inversión BlackRock está detrás de la privatización del Banco Nación: “Siempre ha estado sobre la mesa el fondo de inversión BlackRock entre los que plantearon que querían comprar todo en la Argentina, incluido el Banco Nación. Así que no lo descarten”. Además, denunció una movida previa para preparar la privatización: “La semana pasada hubo una reunión en Estados Unidos de funcionarios del banco y el presidente del banco con brokers para tratar de colocar una obligación negociable en cientos de millones de dólares. No solo es un paso previo a la privatización junto con la declaración del cambio de figura jurídica, sino que vuelve a ser un gran negociado. La colocación de obligaciones negociables en el mercado se paga entre un 0,50% y un 2%. Imagináte 1.000 millones de dólares, cuánto es la comisión”.
Finalmente, Palazzo advirtió que esta maniobra financiera no es necesaria y solo beneficia a sectores especulativos: “No es necesario hacer una obligación negociable porque el banco ya ha prestado 15.000 millones de dólares, puede fondear tranquilamente. Y porque además las cuentas en dólares que tiene el Banco Nación tienen saldo más que suficiente para prestar en dólares, ociosos en este momento”.
En este marco, La Bancaria declaró el estado de alerta y movilización. “Convocamos rápidamente a las 12 del mediodía a un plenario del Secretariado Nacional, el Consejo Directivo Nacional y, por Zoom, a todos los secretarios generales del interior del país. Ahí definiremos nuestro plan de acción. Sin duda va a ser un plan de acción largo. Esto tiene tiempos: inclusive tienen 180 días para hacer un balance de corte, inscripciones y demás en sociedad anónima, y seguramente en ese trayecto van a intentar avanzar un paso más con la privatización”, adelantó Palazzo.
Este aumento refleja una presión sostenida sobre los costos mayoristas, impulsada tanto por productos nacionales como importados.
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 1,5% en enero de 2025, marcando el nivel más alto en los últimos cuatro meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este aumento refleja una presión sostenida sobre los costos mayoristas, impulsada tanto por productos nacionales como importados.
El avance del IPIM estuvo determinado por un incremento del 1,6% en los productos nacionales y del 0,5% en los productos importados. Entre los sectores con mayor incidencia en la suba se destacaron Petróleo crudo y gas (+0,35%), Sustancias y productos químicos (+0,29%), Alimentos y bebidas (+0,16%), Productos refinados del petróleo (+0,15%) y Productos agropecuarios (+0,11%).
Además, otros índices mayoristas también mostraron incrementos significativos. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, subió 1,6%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios en la producción local, se elevó un 1,8%, impulsado por una fuerte suba del 2,7% en los productos primarios y del 1,4% en productos manufacturados y energía eléctrica.
Si bien el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, afirmó que esta aceleración no es preocupante en el corto plazo, advirtió que“el desafío de profundizar el proceso de desinflación no es menor”. Destacó que los productos primarios, cuyos precios dependen en gran medida del mercado internacional, han registrado fuertes aumentos.
Con este nuevo incremento, el mercado mayorista sigue en alza, reflejando el impacto de los costos en la cadena productiva y generando expectativas sobre su impacto en los precios minoristas.
Se trata de un paso clave hacia el desmantelamiento de áreas clave del Estado, debilitando una de los principales herramientas de la banca pública con consecuencias directas en el acceso al crédito para PyMEs y familias.
Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, profundizando así su agenda de reformas y privatizaciones. Esta decisión, que se presenta como un “reordenamiento” de la entidad, representa en realidad un paso clave hacia su privatización, debilitando uno de los principales bastiones de la banca pública y restringiendo el acceso al crédito para PyMEs y familias. Ahora, con este decreto, Milei avanza en el vaciamiento del Estado, afectando a una de las instituciones financieras más importantes del país.
El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima.
El Banco Nación, que en 2024 rompió récords en otorgamiento de créditos y fortaleció su participación en el sistema financiero, ahora queda sujeto a una transformación que, según sus propias autoridades, permitirá la apertura de su capital. Esto implica la posibilidad de venta de acciones y, eventualmente, su privatización total o parcial, a pesar de que el Congreso había excluido al BNA de la lista de empresas a privatizar dentro de la modificada Ley Bases.
A pesar de un fallo de la Justicia Federal que advirtió que cualquier intento de privatización debe pasar por el Congreso, el oficialismo insiste en avanzar por decreto. Con esta medida, el Estado mantendría el 99,9% del capital social, pero deja abierta la posibilidad de modificar esta composición en el futuro, facilitando su traspaso al sector privado.
Mientras el Gobierno reprime con dureza a los jubilados que reclaman un ajuste digno y avanza con el desmantelamiento del sistema previsional, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue utilizando recursos públicos para intervenir en los mercados financieros. Ahora, con la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, el Ejecutivo profundiza el vaciamiento del Estado, debilitando un banco clave para el desarrollo productivo del país y abriendo la puerta a su venta en el corto plazo.
El ministro ordenó a la ANSeS compras masivas de acciones y bonos argentinos. Hace menos de siete días, Caputo había intervenido en el mercado con los fondos del FGS para planchar al dólar.
Mientras en las puertas del Congreso los jubilados eran reprimidos brutalmente por exigir un mísero aumento en sus haberes, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizaba una vez más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para intervenir en el mercado financiero. En lugar de garantizar el pago de mejores jubilaciones, el gobierno destinó 350 millones de dólares del fondo previsional a la compra de bonos y acciones para frenar el derrumbe de los activos argentinos en Wall Street y contener la situación tras el escandalo de la criptoestafa de $Libra.
El desplome del mercado había quedado en evidencia el lunes, incluso a pesar del feriado en Estados Unidos. Para contener el golpe, el Gobierno también inyectó otros 650 millones de dólares en la operatoria del dólar contado con liquidación, logrando apenas una baja del 0,6% en el MEP, que cerró en 1.206 pesos, mientras que el blue se mantuvo en 1.235 pesos.
Las acciones argentinas en Wall Street, por su parte, registraron algunas subas impulsadas por esta intervención. Transportadora de Gas del Sur lideró con un alza del 2,7%, seguida por Telecom con un 1,7% y Grupo Financiero Galicia con un 1,4%. Sin embargo, no todos los papeles reaccionaron positivamente: YPF cayó un 0,2% y Supervielle perdió un 0,8%.
Este nuevo uso del dinero de los jubilados para manipular los mercados financieros se da en el mismo momento en que el gobierno impulsa el fin de las moratorias previsionales, dificultando aún más el acceso a la jubilación para miles de argentinos. Mientras las fuerzas de seguridad reprimen con dureza a quienes reclaman por sus derechos básicos, el oficialismo prioriza a los grandes inversores, utilizando recursos que deberían estar destinados a garantizar el bienestar de quienes más lo necesitan.
En un brutal y desproporcionado operativo, un grupo de jubilados fue dispersado violentamente con el protocolo antipiquetes.
Una vez más, las fuerzas de seguridad fueron utilizadas de manera desproporcionada para reprimir a jubilados que se manifestaban pacíficamente en las puertas del Congreso. En el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la protesta terminó con un despliegue policial excesivo y una feroz represión.
Cada miércoles, los jubilados salen a las calles para reclamar por sus derechos, pero esta vez, la respuesta del gobierno fue una violenta dispersión. Mientras cientos de personas protestaban sin incidentes, la Policía avanzó sobre ellos en la avenida Rivadavia, empujándolos y bloqueando su paso. Antes de las 18 horas, el operativo escaló y las fuerzas de seguridad comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, obligando a los manifestantes a replegarse en las veredas.
"Nadie se va a poder jubilar. Nos quedamos sin jubilación y ustedes nos vienen a cagar a palos"
El desesperado grito de una jubilada ante la represión esta tarde en Congreso, en una nueva marcha de jubiladxs contra el ajuste de MIlei pic.twitter.com/Tq5ZFYxgAb
El momento más alarmante se produjo cuando una mujer, afectada por los gases, cayó desmayada en la vereda. Según el periodista Nicolás Munafó, testigo del hecho, los agentes continuaron lanzando gas incluso mientras ella permanecía en el suelo, evidenciando la brutalidad de la represión.
Las imágenes transmitidas por C5N muestran claramente la secuencia de los hechos: el avance violento de la Policía, los gases dispersando a los manifestantes y la mujer desvaneciéndose mientras las fuerzas de seguridad mantenían su ofensiva.
La movilización de este miércoles no solo incluyó a jubilados, sino también a trabajadores de la salud y a integrantes de la Asamblea Antifascista, quienes se sumaron en rechazo a las políticas del gobierno nacional. Pese a la represión, los manifestantes resistieron y lograron rodear el Congreso, haciendo visible su reclamo.
Cada miércoles jubilados y jubiladas reclaman en el Congreso. Hoy se sumaron también luchas por trabajo, salud e igualdad. La respuesta: gases, palos y detenciones.
¡Repudiamos la represión a la protesta y a la prensa!
— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) February 19, 2025
Los jubilados, uno de los sectores más castigados por el ajuste económico, continúan exigiendo respuestas en un contexto de creciente crisis social. En esta ocasión, la protesta fue aún más masiva debido al malestar generalizado, agravado por el escándalo de la estafa con criptomonedas que sacude al oficialismo.
A pesar del despliegue represivo ordenado por Bullrich, la manifestación se sostuvo hasta el final, dejando un saldo de al menos dos detenidos y una nueva muestra del uso de la fuerza como mecanismo para sofocar la protesta social.
“Yo le envío dinero a la hermana de Milei, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo le diga”, afirmó Hayden Davis, uno de los desarrolladores de $LIBRA.
El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sigue escalando y ahora salpica de lleno a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Hayden Davis, uno de los desarrolladores del token, aseguró en mensajes filtrados que le enviaba dinero a la hermana del Presidente y que, gracias a eso, tenía poder sobre él.
“Yo le envío dinero a la hermana de Milei, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo le diga”, afirmó Davis en un mensaje que fue divulgado por el sitio especializado en criptomonedas CoinDesk, una de las publicaciones más prestigiosas del sector. El empresario, CEO de Kelsier Ventures, se jactó de “controlar” al mandatario y aseguró que los pagos a Karina Milei le garantizaban influencia sobre las decisiones del gobierno argentino.
En los mensajes, que según el medio fueron enviados en diciembre, Davis utilizó un lenguaje racista para referirse al Presidente: “Yo controlo a ese negro”, afirmó, antes de reiterar que le enviaba dinero a su hermana y que Milei firmaba y ejecutaba sus órdenes sin cuestionamientos.
Hasta el momento, la oficina de Karina Milei no respondió a las consultas de CoinDesk ni emitió ninguna declaración oficial sobre las acusaciones. Sin embargo, la revelación de estos mensajes aumenta la presión sobre el gobierno libertario, que ya enfrenta pedidos de interpelación en el Congreso por el rol de sus funcionarios en la promoción de $LIBRA, un token que resultó ser una estafa de alcance global.
Con estas nuevas revelaciones, el escándalo suma un nuevo capítulo que podría tener consecuencias políticas y judiciales para el oficialismo. Mientras tanto, las denuncias por fraude siguen acumulándose y los inversores damnificados esperan respuestas por parte del gobierno.
El bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto exigió que Karina Milei se presente ante el Congreso a dar explicaciones sobre el escándalo de la criptomoneda que promovió el presidente.
El escándalo por la estafa masiva con la criptomoneda $LIBRA sigue golpeando al gobierno de Javier Milei, y ahora la atención se centra en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El bloque opositor Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para que los principales funcionarios del Ejecutivo brinden explicaciones sobre su rol en la fallida operación financiera.
El pedido de interpelación no solo alcanza a Karina Milei, sino también al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni. La iniciativa, firmada por los diputados Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De La Sota, Mónica Fein y Esteban Paulón, busca esclarecer “las consecuencias económicas, institucionales y legales derivadas” de la implicación del presidente Milei en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que resultó en un fraude de escala mundial y perjudicó a miles de inversores.
La figura de Karina Milei aparece en el centro del debate debido a su “posible implicancia en la coordinación de reuniones o gestiones relacionadas con la promoción del activo digital”. Según trascendió, habría sido ella quien facilitó los encuentros entre el presidente y los desarrolladores de $LIBRA, e incluso habría percibido dinero por organizar estas reuniones. En ese marco, los legisladores exigen explicaciones concretas sobre su papel en el escándalo.
En el texto del proyecto, los diputados advierten que “sin perjuicio de otras preguntas o repreguntas que resulte necesario efectuar al momento de la comparecencia”, los funcionarios deberán informar al Congreso sobre “la participación del presidente en la promoción del activo digital”, “la relación con los promotores del activo”, “la posible existencia de beneficios indebidos”, “el impacto económico y financiero” y “la responsabilidad institucional y medidas a futuro”.
Además, la iniciativa enfatiza la gravedad del hecho al señalar que “el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores”. La oposición remarca que Javier Milei, siendo economista, “no podría desconocer los riesgos de fomentar inversiones de alto riesgo sin advertencias adecuadas, ni que su respaldo público equivalía a una señal de confianza que muchos ciudadanos interpretaron como una invitación a invertir”.
Otro punto clave del pedido de interpelación es la solicitud de información sobre la relación del gobierno con los promotores de $LIBRA, Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julián Peh, entre otros. También se exige conocer los detalles de las reuniones mantenidas con empresarios del sector cripto en el Hotel Sheraton Libertador y en la Casa Rosada, previas al lanzamiento del token fraudulento.
El oficialismo aún no ha dado señales de cómo enfrentará este nuevo frente de crisis. Sin embargo, la creciente presión política y la indignación social por las pérdidas millonarias podrían convertir el escándalo en uno de los capítulos más oscuros de la gestión libertaria.
“Consideramos que el gobierno recurre a continuos canjes de deuda para manejar gran parte de sus vencimientos en pesos y realiza subastas para refinanciar otros montos de deuda que vencen pronto”.
La calificadora Standard and Poor’s (S&P Global Ratings) declaró a Argentina en“default selectivo” tras el reciente canje de deuda en pesos por US$ 6.500 millones, lo que reaviva las preocupaciones sobre la fragilidad financiera del país.
La agencia rebajó la calificación de los instrumentos en moneda local a ‘SD’ (Selective Default) y advirtió que el gobierno ha recurrido a sucesivos canjes de deuda, acumulando un total de US$ 78.000 millones desde marzo de 2024. Según S&P, este mecanismo constituye un “incumplimiento en condiciones desventajosas” debido a las restricciones de acceso al mercado financiero.
La calificación de la consultora reaviva las preocupaciones sobre la fragilidad financiera del país.
En contraste, la deuda en moneda extranjera se mantuvo en ‘CCC/C’, aunque la agencia subraya que Argentina sigue dependiendo del mercado local para refinanciar sus pasivos, en un contexto de vulnerabilidad económica y persistente cierre de los mercados globales de capitales.
S&P advirtió que sin reformas estructurales en materia cambiaria y monetaria, el país enfrenta riesgos de mayor inestabilidad y nuevos incumplimientos. No obstante, la agencia dejó abierta la posibilidad de mejorar la calificación si se observa una reducción de las vulnerabilidades externas y un acceso más estable a la liquidez.
El informe refuerza la incertidumbre sobre el futuro financiero de Argentina, mientras el gobierno enfrenta el desafío de sostener la estabilidad económica en un escenario de presión creciente.
