Como parte del desmantelamiento de las empresas del estado, el gobierno despidió a trabajadores de Intercargo y puso a policías a ejecutar tareas para las que no están capacitados.

La reciente política del gobierno de reemplazar a trabajadores aeroportuarios especializados con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) está generando serias preocupaciones por los riesgos que esta decisión representa para la seguridad de los pasajeros y las instalaciones. En un incidente reciente, agentes de la PSA, asignados a tareas propias del personal de la empresa Intercargo sin contar con la capacitación adecuada, chocaron un micro contra un grupo electrógeno y otro vehículo especializado, conocido como “papamóvil”, en el Aeroparque de Buenos Aires.

Micro de intercargo manejado por PSA choca Hobart AR en AEP, quien se hace cargo de esto @PatoBullrich el personal de PSA, tienen el curso habilitante bajo ANAC para conducir en plataforma los micros que llevan pasajeros? Ponen en riesgo la seguridad operacional. No lo ven ??? pic.twitter.com/oRKjGurGuq

— ealogaston (@gaston_ealo) November 9, 2024

Este cambio de personal ocurrió tras el despido de 15 trabajadores de Intercargo y en medio de un conflicto gremial en el sector. Según el personal del aeropuerto, el choque, provocado por un agente de PSA al mando de un micro con pasajeros a bordo, pudo haber sido mucho peor y pone de manifiesto la falta de experiencia de los agentes en la operación de estos vehículos específicos de pista, que requieren licencias especiales y una amplia formación.

Trabajadores del sector expresaron su alarma, señalando que las tareas en la pista aérea son extremadamente delicadas. “Podría haber sido un ala de avión, una escalera, o un tanque de combustible”, advirtió un experimentado trabajador de pista, subrayando que la capacitación para conducir estos vehículos en la zona de plataformas es rigurosa y no comparable con la experiencia de conducir vehículos policiales convencionales.

Además de la infraestructura dañada, la improvisación en esta sustitución eleva el riesgo de incidentes mayores que comprometan vidas. Un antecedente similar ocurrió en la provincia de Buenos Aires, cuando, durante un conflicto con docentes, se intentó reemplazarlos por padres, lo que fue ampliamente criticado. Aquí, la situación es aún más grave, pues implica riesgos para la seguridad aérea.

El técnico aeronáutico Gastón Ealo cuestionó públicamente si la PSA cuenta con las certificaciones y el entrenamiento adecuado para estas tareas. “¿Quién se hace cargo de esto? El personal de PSA ¿tiene el curso habilitante bajo ANAC para conducir en plataforma los micros que llevan pasajeros? Ponen en riesgo la seguridad operacional”, escribió en redes.

Las críticas continúan, con personal y expertos en seguridad aérea advirtiendo que la seguridad en el aeropuerto y la de sus usuarios está en juego si esta política de sustitución de trabajadores capacitados persiste sin las habilitaciones y formación necesarias.

Además, la ex presidenta afirmó que este tipo de procesos son comunes en los momentos en los que las élites políticas y económicas sienten que su poder está en peligro.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Cristina Kirchner denunció la persecución judicial que enfrenta, justo antes de que la Cámara de Casación Penal emita su fallo sobre la causa Vialidad. Este miércoles 13 de noviembre, el tribunal decidirá si confirma o revoca la sentencia que la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta, un proceso que la ex presidenta considera parte de una maniobra política en su contra.

La ex mandataria compartió el mensaje bajo el título “Los Copitos de Comodoro Py”, haciendo referencia irónica a los operadores judiciales que, según ella, se alinean con los intereses del Grupo Clarín y otros actores del poder económico y político. En su escrito, Cristina recordó un título del diario Clarín que, tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, sentenció: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. En sus palabras, esta frase reflejaba la realidad de la persecución judicial: “Si no me mataron, entonces debo ser condenada”, expresó.

Una condena injustificada

Cristina Kirchner sostuvo que la causa que la involucra por administración fraudulenta en obras viales carece de fundamento. Según la ex presidenta, las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación a través de los presupuestos nacionales, licitadas y ejecutadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, con los pagos correspondientes y la rendición de cuentas aprobada por la Auditoría General de la Nación y el propio Congreso de la Nación durante los 12 años en que ejerció la presidencia.

En su defensa, citó al Dr. Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación y miembro de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, quien explicó que, según la Constitución, el Presidente de la Nación no tiene responsabilidad administrativa en la ejecución de los presupuestos, una tarea que corresponde al Jefe de Gabinete y a los ministros. “La responsabilidad política recae sobre el Presidente, pero la administrativa, civil y penal, corresponde a los ministros”, afirmó Barra.

La doble vara del Poder Judicial

La ex vicepresidenta también destacó las contradicciones y desigualdades que, a su juicio, existen en el sistema judicial argentino. Recordó que los responsables de la represión en la masacre de Plaza de Mayo durante las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las que murieron 31 personas, recibieron penas mucho más leves que las impuestas a ella. Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, fueron condenados a penas de inhabilitación que no superaron los 10 años, mientras que Cristina se enfrenta a una condena mucho más grave a pesar de no haber cometido el delito del que se la acusa.

La ex presidenta comparó estas dos situaciones y concluyó que el Poder Judicial, “con los copitos de Comodoro Py”, busca inhabilitarla de por vida y evitar que pueda postularse nuevamente a un cargo público. “El verdadero objetivo es que no pueda ser candidata, que no pueda ejercer mis derechos políticos. Es un proceso que busca la proscripción”, afirmó.

El contexto del fallo que se espera

El fallo de la Cámara de Casación, que se dará a conocer mañana, es clave para el futuro judicial y político de Cristina Kirchner. Si se confirma la condena, se ratificaría la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría bloquear su participación en futuras elecciones. Sin embargo, desde el kirchnerismo sostienen que este es un intento más de proscribirla, acusando a la Justicia de ser parte de un entramado político en su contra.

La causa Vialidad, que comenzó con un juicio mediático y se extendió durante más de cuatro años, es vista por la ex presidenta como una operación judicial para frenar su liderazgo. En su comunicado, Cristina se mostró tajante al afirmar que la Justicia no puede probar nada en su contra: “Durante estos años desfilaron testigos y peritos, pero no hay una sola prueba que me incrimine”, dijo.

Mañana, la decisión judicial

Mañana, la Cámara de Casación Penal decidirá si ratifica la condena o la revoca. Según adelantó La Nación, todo parece indicar que la sentencia será confirmada, lo que abriría un nuevo capítulo en la larga saga judicial que enfrenta la ex mandataria. Este fallo podría marcar un hito en su carrera política, no solo porque sería un golpe judicial más, sino porque también fortalecería la narrativa del kirchnerismo sobre la proscripción y persecución de Cristina Kirchner.

A pesar de la situación judicial, la ex presidenta mantiene su postura y sigue denunciando lo que considera un ataque a su figura y su legado político. En su comunicado, también rescató la importancia de la memoria histórica, al señalar que este tipo de procesos son comunes en los momentos en los que las élites políticas y económicas sienten que su poder está en peligro.

La expresidenta participó de una reunión en la sede del gremio de mecánicos y reafirmó su liderazgo en el principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei.

A solo un día de que la Cámara de Casación Penal se pronuncie sobre su sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, Cristina Kirchner da los primeros pasos hacia su asunción como presidenta del Partido Justicialista (PJ), prevista para el próximo 17 de noviembre.

Este martes 12 de noviembre, al mediodía, la expresidenta se reunió en la sede de SMATA, el gremio de mecánicos, para reafirmar su liderazgo en el peronismo, principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei. En un encuentro reservado con sindicalistas y figuras políticas del peronismo, Kirchner denunció un nuevo intento del macrismo de proscripción en su contra, y se mostró como la figura clave para la unidad del espacio.

En redes sociales, la exmandataria compartió detalles del encuentro: “Hoy en la sede de SMATA realizamos la primera reunión de trabajo con los compañeros y las compañeras de la lista Primero la Patria y la Junta Electoral del Partido Justicialista hizo entrega de los diplomas a todos los integrantes del Consejo del Partido. Muchas gracias a todos y todas”, expresó en agradecimiento.

La reunión, organizada por Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA y miembro de la lista de Cristina para la conducción del PJ, contó con la presencia de importantes referentes, como José Mayans, Lucía Corpacci, Juan Manzur, Sergio Uñac y Wado de Pedro.

También asistieron diputados, como Germán Martínez y Vanesa Siley; sindicalistas, como Víctor Santamaría (SUTERH) y Abel Furlán (UOM); y dirigentes, entre ellos Mayra Mendoza y Agustín Rossi.

Definiciones de la estrategia y mensaje de apoyo ante el fallo judicial

En la reunión, se discutió la estrategia de la nueva conducción del PJ y la postura frente a la inminente decisión de Casación. José Mayans, senador y próximo vicepresidente del PJ, describió el encuentro como “una reunión de trabajo” en la que Cristina instó a “organizar el partido y convocar a otras fuerzas políticas”. Al respecto, Mayans subrayó: “La persiguen porque podría ganar las elecciones del próximo año”.

Por su parte, el senador Wado de Pedro declaró antes de ingresar al encuentro que existe “una intención de proscribir a Cristina” y acusó al oficialismo de usar al Poder Judicial como herramienta política: “Como no pueden gobernar mejor que ella, recurren a la Justicia”.

La reunión también incluyó la planificación de la asunción de Cristina el 17 de noviembre, Día de la Militancia, con un acto simbólico en Santiago del Estero, donde la expresidenta pronunciará su primer discurso como titular del PJ nacional en la Asociación Atlética Quimsa.

Movilización en apoyo a Cristina y respuesta política de Kicillof

Fuentes cercanas anticiparon que este miércoles Cristina encabezará un encuentro con legisladores de Unión por la Patria en el Instituto Patria. En simultáneo, sus seguidores organizan una movilización al Instituto como muestra de respaldo ante la sentencia que se espera sea desfavorable. Desde el kirchnerismo, la lectura del proceso judicial apunta a que forma parte de un intento de proscripción política.

A esta postura se sumó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien este lunes defendió a Cristina al calificar la causa Vialidad como un caso de “persecución político-judicial”. El gobernador afirmó que, de consumarse una sentencia adversa, se trataría de “un escándalo jurídico con una gravedad institucional inmensa, basado en un derecho ficción sin pruebas reales”.

Con este respaldo, Kicillof alineó su posición con la de otros líderes del kirchnerismo, argumentando que el fallo contra la expresidenta se inscribe en una histórica serie de proscripciones contra figuras populares del peronismo y del campo nacional.

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, advirtió enfáticamente sobre la importancia de no ceder en la política de equilibrio fiscal. “Si afloja, volamos todos por el aire”, lanzó.

Según De Pablo, no fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien impulsó esta política, sino el propio Milei, quien lleva “en la sangre” la necesidad de mantener las cuentas públicas en orden. El economista subrayó que aflojar la disciplina fiscal en pos de recaudar más dinero para las elecciones sería “una barbaridad” que pondría en riesgo el esfuerzo de la población, al que considera fundamental preservar.

El gobierno de Milei mantiene el superávit fiscal pero lo hace gracias a un endeudamiento feroz que ya lleva un incremento de 100 mil millones de dólares en 9 meses. Esa deuda le permite mantener un superavit ficticio que se logra porque los bonos no se pagan mes a mes. Una bomba que tarde o temprano, explotará.

El economista Carlos Melconian analizó la actualidad financiera argentina y aseguró que “sacando al timbero puro y a la gran plata, el resto tiene poco margen con el ‘carry trade’ que se puede hacer hoy”.

Luego, comparó con el gobierno de Mauricio Macri cuando dijo que “el ‘carry’ era estrafalario porque los fondos de inversión de extranjero llegaban y ponían plata”. El gobierno de Macri terminó con una crisis económica brutal que casi lo obliga a entregar antes su mandato presidencial. ¿La misma historia?

Así, señaló que, hoy, no se ve una fuerte llegada de fondos extranjeros y enfatizó que eso hace que, hoy, “para ganar, tenés que poner un capital fuerte”. “Es una timba muy finita, muy riesgosa”, enfatizó. Y dijo que, su queja es que “no hay un buen incentivo al tenedor de pesos”.

Mientras el Gobierno sostiene que la recesión se terminó, la economía aún no repunta y en el camino ya cerraron 16.500 pymes en lo que va del año.

Mientras el gobierno sostiene que la recesión ha llegado a su fin y promete un repunte económico, la realidad parece contar una historia muy diferente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En lo que va del año, cerca de 16.500 pymes han cerrado sus puertas, de acuerdo con el Frente Productivo Nacional. A esta cifra alarmante se suman 10.000 kioscos y almacenes que también dejaron de operar y unos 160.000 empleados despedidos, según distintas entidades del sector.

La combinación de una fuerte caída del mercado interno, aumento de impuestos y costos de servicios, junto con la pérdida de competitividad en dólares, ha sido fatal para miles de estas empresas. La Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC) informó que, entre julio y octubre, otras 6.500 pymes tuvieron que bajar la persiana, sumándose a las 10.000 que cerraron en el primer semestre de 2024. En este contexto, el consumo se ha desplomado. Las ventas minoristas, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), acumulan una caída del 13,2% en lo que va del año, y el consumo de carne vacuna registra su nivel más bajo en 26 años.

La situación es tan grave que el sector pyme ha demandado una “Ley pyme” que les brinde respaldo para enfrentar esta crisis. Sin embargo, los avances legislativos han sido escasos, y aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó un programa de “RIGI” (Régimen de Incentivo Generalizado para la Industria), la expectativa de los empresarios es baja respecto a su concreción en el corto plazo.

Contradictoriamente, el presidente Javier Milei insiste en que “la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer”, subrayando que los indicadores económicos muestran una mejora respecto a diciembre de 2023. Sin embargo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra una realidad diferente: una caída interanual del 3,8% en agosto y un retroceso acumulado del 3,1% en lo que va de 2024, aunque con un pequeño avance de 0,2% respecto de julio. A pesar de esta mínima mejora, los datos siguen reflejando una economía en declive, especialmente para el sector pyme, que enfrenta una demanda interna debilitada y costos crecientes.

Aunque las ventas minoristas pymes crecieron un 2,9% interanual en octubre y un 7,4% respecto al mes anterior, el 51% de los empresarios aún reporta que la falta de ventas es su principal obstáculo. De hecho, el 38% de las empresas declaró caídas en sus ventas en el tercer trimestre de 2024, y aunque la situación parece haberse estabilizado respecto al primer semestre, está lejos de ser una recuperación sólida. Apenas un 40,3% de las pymes reportó tener rentabilidad positiva, lo que representa una leve mejora del 6% respecto al trimestre anterior, aunque insuficiente para enfrentar la crisis estructural.

Así, mientras el gobierno mantiene un discurso de optimismo y asegura que la economía está “subiendo como pedo de buzo”, la realidad de miles de pymes en el país es muy distinta. Sin políticas efectivas que atiendan sus necesidades, el sector pyme sigue siendo el más golpeado en esta crisis, poniendo en evidencia la desconexión entre el relato oficial y la realidad que enfrentan los empresarios y trabajadores argentinos cada día.

“Ya se están viendo las burbujas del pedo de buzo y en poco tiempo la economía estará volando por las nubes, en el buen sentido”. afirmo el presidente.

En su reciente visita a las oficinas de Ualá, el presidente Javier Milei brindó un discurso en el que celebró supuestos logros económicos de su administración. Frente a directivos de la fintech y su CEO, Pierpaolo Barbieri, Milei aseguró que la recesión había quedado atrás y que Argentina se encuentra en el umbral de un “progreso sin precedentes”. “La actividad económica está mejor que cuando asumimos”, afirmó, sugiriendo que las políticas de su gobierno han sentado las bases para una recuperación sostenible. Incluso, llegó a pronosticar que el país se encuentra entrando en el “mejor momento de los últimos 100 años”.

Sin embargo, este diagnostico optimista resulta difícil de conciliar con la realidad económica y social de Argentina. Mientras Milei asegura que “todo lo que queda es hacia arriba y todo bueno”, la economía se encuentra estancada en una recesión de larga duración, caracterizada por una contracción del consumo, cierre de negocios, aumento del desempleo, y una tasa de pobreza que afecta a más del 45% de la población. Los indicadores de inflación, aunque con reducciones leves, continúan afectando de manera desproporcionada a los sectores de bajos ingresos, los cuales enfrentan dificultades cada vez mayores para satisfacer necesidades básicas.

Milei, en su intervención, afirmó que el ajuste económico realizado en estos meses había sido “el más grande de la historia de la humanidad”, y destacó que sus efectos recayeron sobre el sector público y no sobre el privado. Sin embargo, esta afirmación ignora el impacto profundo que estas políticas han tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos. El ajuste fiscal y la drástica reducción del gasto público han golpeado duramente la inversión en servicios esenciales como educación, salud y vivienda, dejando a millones de personas en una situación de creciente vulnerabilidad.

Además, el presidente se refirió a una “inflación mayorista” que, según sus palabras, bajó del 54% al 2% mensual desde su asunción. Aunque esta afirmación parece apuntar a un control de precios en algunos sectores específicos, no refleja la persistencia de la inflación en productos básicos de consumo, que sigue erosionando el poder adquisitivo de las familias. En este sentido, el discurso de Milei muestra una desconexión respecto de la experiencia cotidiana de las personas que ven cómo el precio de los alimentos y otros bienes esenciales continúa subiendo, poniendo en entredicho la veracidad de la supuesta “inflación monetaria cero” que él declara.

Por otro lado, Milei insistió en que “la recesión se terminó y de ahora en adelante es todo crecimiento”, alentando al sector privado a aprovechar esta “oportunidad de progreso”. Sin embargo, los datos y proyecciones sobre el PBI y otros indicadores económicos lejos están de respaldar esta afirmación, ya que la economía sigue en un estado de contracción y los niveles de inversión no muestran señales de una recuperación sostenida. En un contexto de incertidumbre económica y volatilidad financiera, resulta cuestionable el llamado de Milei a “subirse al tren del progreso”, especialmente cuando la mayoría de los argentinos no experimentan una mejora en sus condiciones de vida y muy por el contrario se les degradan día a día.

En lugar de ofrecer un diagnóstico realista y un plan de acción concreto para enfrentar los desafíos estructurales del país, el presidente optó por un mensaje de autocomplacencia y optimismo sin fundamentos. Esta actitud pone de relieve una profunda desconexión con la realidad de millones de argentinos que continúan enfrentando precariedad laboral, inseguridad alimentaria y un acceso limitado a servicios básicos. Al enfocar su discurso en el sector privado y en una promesa de prosperidad futura, Milei parece desatender las urgentes necesidades sociales, dejando en claro que su administración no prioriza los problemas estructurales que aquejan al país.

En conclusión, el discurso de Milei en Ualá refuerza la impresión de que su visión de la realidad económica argentina no está en sintonía con la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. Al hablar de un “tren del progreso” en un contexto de profunda crisis social y económica, su mensaje refleja un optimismo que poco tiene que ver con la realidad tangible de los sectores más vulnerables y que se traduce en promesas de crecimiento y riqueza que, para muchos argentinos, siguen siendo ilusorias.

A la vez que los datos sobre la aprobación del presidente se desploman, el medio macrista La Nación anunció que la Justicia avanzará contra la ex presidenta.

En medio de la caída de Javier Milei en las encuestas, el aparato judicial vuelve a reactivar causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, líder de la oposición. La causa Vialidad, que ya había sido revisada y archivada en instancias judiciales previas, ha vuelto a la escena con un nuevo fallo que resalta la imparcialidad del fiscal Guillermo Marijuán. La Cámara Federal desestimó el pedido de la ONG Bases, vinculada al PRO, de apartarlo del caso por supuesta parcialidad a favor de Cristina. El juez Farah sostuvo que “la diferencia de opiniones sobre la valoración de pruebas no es suficiente para apartar a un fiscal”.

En paralelo, la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con el empresario Lázaro Báez, continúa generando tensiones. Marijuán ya había señalado en decisiones previas que no existen pruebas suficientes para procesar a la ex presidenta, lo cual generó críticas de sectores alineados con el PRO.

Sin embargo, la Cámara confirmó la falta de elementos sólidos para vincular a Cristina Kirchner con los cargos, desestimando nuevamente los recursos de la ONG Bases, cuya intervención ha sido criticada por Marijuán como “oportunista”.

Tensión política y la falta de pruebas en la causa Vialidad

La causa Vialidad, donde se acusa a la ex presidenta de adjudicar obras públicas de forma irregular, destaca por la ausencia de pruebas directas en su contra. La acusación se apoya en supuestos sobreprecios en contratos con Báez, pero los peritajes presentaron cifras dispares y metodología inconsistentes. Tres peritos no lograron consenso sobre los costos de las obras, lo cual evidencia la debilidad del caso y pone en duda la validez de una condena basada en suposiciones.

La periodista Sofía Caram subrayó que los jueces interpretaron los resultados de manera arbitraria, dejando en evidencia una narrativa que parece más guiada por intereses políticos que por pruebas irrefutables. Con Milei bajo creciente presión por el declive en su popularidad, el uso de causas judiciales contra figuras opositoras como Cristina Kirchner refuerza la percepción de un sistema de justicia manipulado para deslegitimar a la oposición.

Clase pública y denuncia de “lawfare”

Para denunciar esta persecución, el próximo miércoles, organizaciones sociales y referentes políticos realizarán una clase pública titulada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. Entre los oradores estarán el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y la periodista brasileña Manuela Dávila, quienes analizarán lo que consideran un proceso judicial espurio destinado a bloquear el retorno de Cristina al poder.

El evento se realizará frente a los tribunales de Comodoro Py y en diversos puntos del país, en un esfuerzo por visibilizar lo que llaman “lawfare”, o persecución judicial con fines políticos. La clase pública busca consolidar el apoyo a Cristina Kirchner como la figura principal de la oposición, en momentos en que el gobierno de Milei enfrenta críticas internas y cae en popularidad.

La reactivación de causas cerradas refuerza la idea de que, lejos de una justicia imparcial, los fallos judiciales responden a estrategias políticas. En este contexto, la independencia judicial parece cada vez más puesta en duda, acentuando las tensiones entre la justicia y el poder político en Argentina.

En medio de la decisión definitiva de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas el CEO de FlyBondi, Mauricio Sana, salió a advertir que cerrar la aerolínea de bandera “llevará al caos durante meses”.

“La desaparición de la capacidad que maneja Aerolíneas Argentinas no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, ni al Estado”, consideró este viernes Sana al señalar que “es difícil recuperar esa capacidad en un corto plazo”.

“Cuando tienes años para hacerlo se puede hacer de manera ordenada sin conflicto social. Si desaparece de un momento a otro, puede haber una coyuntura de 3 o 4 meses de conflictividad”, apuntó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, manifestó: “Creo que si llegara a desaparecer Aerolíneas, va a haber un momento bisagra de algunos meses coyunturales donde va a haber algún tipo de caos”. “Sin embargo, lo que puede pasar, es que ante una demanda, aparezcan varios jugadores, compañías como la que estamos operando”, agregó.

Pese a admitir esta situación, Sana consideró que el objetivo del Gobierno de querer reducir, privatizar o cerrar la empresa estatal es parte de su “objetivo fundamental, en línea con el ajuste fiscal, de dejar de perder dinero en una compañía aérea”. “Lo que hace el Gobierno es comportarse como cualquier dueño de cualquier empresa. Si me funciona la mantengo, si no me funciona trato de ver cómo la saneo”, especificó.

El titular de Flybondi también se refirió a los casos de privatización de la compañía brasileña Varig y de la italiana Alitalia. “Con Alitalia apareció ITA Airways el mismo día y se hizo un traspaso del equipo que había, aviones y equipamientos, de una compañía a la otra, una especie de venta. En cuanto a las personas, se contrató a las que realmente estaban comprometidas”, explicó.

Por el lado del caso de la brasileña Varig, remarcó que fue fundamental “la aparición de Gol”, la cual “terminó absorbiendo recursos”. “Eso fue un modelo de limpieza. Fue filtrar y decir quiénes están de acuerdo”, recordó.

El decreto del gobierno nacional busca permitirle a Casa Rosada seguir con la fiesta de endeudamiento sin pasar por el Congres nacional. El ministro de Luis Caputo y la historia de nunca acabar: deuda, deuda y más deuda.

El decreto dispuso que “las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago” y agregó que “dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera”. Ante la falta de limitación de que la reestructuración genere una mejora en los plazos, intereses o capital, esto abre una puerta para que el Ejecutivo pueda realizar un eventual canje de deuda que no resulten beneficiosos para el país en esos términos. En 2025 Argentina enfrentará vencimientos de bonos globales por más de 5.000 millones de dólares.

Pasó durante la última dictadura, con la convertibilidad, con la gestión de Mauricio Macri y ahora con Milei. El liberalismo en Argentina tiene una sola receta: endeudamiento externo. Y siempre esas recetas terminan mal…