La feria donde los gendarmes argentinos cruzan la frontera desde nuestro país para conseguir sus uniformes muchos más baratos se encuentra en la ciudad boliviana de Bermejo.

Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instala alambradas en la frontera con Bolivia y mantiene a los gendarmes con salarios indignos, cientos de efectivos cruzan diariamente al país vecino para adquirir la vestimenta que el Estado argentino no les proporciona.

El Paseo Las Chalanas, en la ciudad boliviana de Bermejo, se ha convertido en un punto clave para los gendarmes que buscan uniformes a precios accesibles. Allí, pueden conseguir la indumentaria oficial por $40 mil, mientras que en Argentina su costo asciende a $100 mil. “Vienen muchos, la verdad, y compran hasta por docena”, relató una vendedora al canal de noticias C5N.

Los efectivos, cuyos reclamos salariales han sido ignorados por la ministra, recurren a esta alternativa para equiparse con pantalones con puño, camperas softshell, borcegos a $38 mil y mochilas de 40 litros por $20 mil. Para abaratar aún más los costos, organizan compras mayoristas entre compañeros.

Así, mientras Bullrich endurece los controles fronterizos y despliega un discurso de seguridad, los propios gendarmes—mal pagos y sin recursos—se ven obligados a cruzar a Bolivia en busca de lo que su propio ministerio no les brinda.

El organismo cumple un rol fundamental en la gestión de recursos hídricos a nivel nacional y enfrenta un ajuste presupuestario. Denuncian que la intención es reemplazarlo por una empresa privada y reducir empleados.

El gobierno busca disolver el Instituto Nacional del Agua (INA), un organismo fundamental para la prevención de inundaciones y sequías, en un momento crítico de crisis hídrica en el agro e incendios forestales en la Patagonia. La medida implica severos recortes presupuestarios, despidos masivos y la posible privatización de sus funciones, reduciendo su equipo de casi 300 expertos a solo 50, lo que dejaría inoperante su estructura y funciones esenciales.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el INA desempeña un papel clave en la gestión del agua a nivel nacional. Entre sus funciones se encuentran el diseño y monitoreo de obras hídricas, la modelización de inundaciones y sequías, la investigación de enfermedades vinculadas al agua y la resolución de conflictos por contaminación. Además, provee peritajes y asesoramiento en grandes proyectos nacionales e internacionales, como la gestión del Canal de Panamá y la operación de represas hidroeléctricas clave.

El INA cuenta con infraestructura única en Latinoamérica para el estudio de dinámicas hídricas, incluyendo laboratorios especializados y tecnología de cálculo avanzada. Su estructura descentralizada, con centros regionales en distintas provincias, le permite abordar problemáticas hídricas de manera integral y con enfoque federal. Sin embargo, el cierre de estos centros pone en riesgo la investigación aplicada y la toma de decisiones basadas en datos científicos.

A pesar de que la Ley de Bases N°27.742 protege al INA de su disolución, el gobierno parece buscar su vaciamiento mediante el estrangulamiento financiero: recortes presupuestarios, falta de designación de autoridades y la interrupción de servicios esenciales como electricidad e internet. Esta estrategia podría responder a intereses inmobiliarios, dado que su predio en Ezeiza ya ha sido inspeccionado por la Agencia de Bienes del Estado para una posible venta.

Los trabajadores del INA han alertado sobre el impacto devastador que tendría su desmantelamiento, no solo en la prevención de desastres naturales, sino también en sectores productivos como la agricultura, la minería y la industria, altamente dependientes de la gestión del agua. Han propuesto mejoras para optimizar su funcionamiento sin perder su carácter público, pero el gobierno insiste en una visión de “ajuste” que podría dejar la gestión del agua en manos del mercado, poniendo en riesgo el acceso equitativo a este recurso vital

Hoy se conocerá el dato de inflación de enero, que se ubicará en torno al 2%. Para el gobierno de Javier Milei dará cuenta del éxito de su política económica.

Sin embargo, nadie dirá nada sobre por qué el gobierno se niega a actualizar la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación mensual. La misma es de 2004 y está totalmente desactualizada. En el INDEC lo saben y tienen preparada la actualización pero el gobierno no lo hace.

Ocurre que actualmente están muy poco ponderados los servicios públicos (transporte, luz, gas, agua) porque en 2004 estaban congelados y no tenían relevancia en el consumo de las familias. Pero eso cambió con los tarifazos de Mauricio Macri y los de Javier Milei. Pero el INDEC no lo registra.

Eso explica que mucha gente vea que no llega a fin de mes mientras lee que la “inflación no para de bajar”. Ocurre que no se miden los tarifazos. Tan simple como eso.

Según la Universidad Di Tella (que simpatiza con las políticas liberales), la inflación de 2024 hubiera sido 16 puntos mayor a que informó Indec si la metodología fuera la adecuada. Es decir, la inflación “real” fue de 134% y no de 117%. Es nada menos que casi dos puntos más por mes. Es decir: cuando el Indec decía 3%, en realidad era 4 o 5%.

“Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, expresó el artista de 18 años.

El cantante Milo J denunció censura tras la suspensión de su show gratuito en la ex ESMA por una medida cautelar impulsada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, con aval del ministro Mariano Cúneo Libarona. “Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, expresó el artista de 18 años. La mamá y manager de Milo J, Aldana Ríos, aseguró que fueron extorsionados: “Nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando”.

Con un operativo desmedido que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, la administración libertaria avanzó en su política de vaciamiento de la memoria. Horas antes, se retiró la gigantografía de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla. “Todo estaba en regla”, afirmaron organismos de derechos humanos, denunciando una clara maniobra negacionista.

La suspensión generó solidaridad de artistas y referentes como Axel Kicillof. Manolo Franco, sobreviviente de la ESMA, aseguró: “El negacionismo cree que nos hizo un gol, pero vienen perdiendo por goleada”. Pese a la censura, muchos jóvenes ingresaron al sitio, conocieron su historia y participaron de visitas guiadas. “No tuvimos show, pero al menos aprendí”, dijo Danixa Aspillaga, de 17 años.

Mientras Baños y Cúneo Libarona intentan reescribir la historia, la memoria resiste.

La ministra gana dos millones de pesos por mes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se burló del reclamo de los efectivos de la Gendarmería y otras fuerzas federales y defendió el mísero aumento del 5 por ciento, con el argumento de que “en todos lados ganamos poco”. Ella gana dos millones de pesos por mes.

La ministra de Seguridad dejó en claro que el gobierno no piensa mejorar la oferta, a pesar del rechazo generalizado de los efectivos y del contraste con el aumento anunciado por Axel Kicillof del 9 por ciento para La Bonaerense.

“Se ha hecho un esfuerzo enorme, todas las pautas (salariales) están en uno por ciento y la pauta de las fuerzas ha subido a cinco”, justificó Bullrich en una entrevista en LN+. “El número parece poco”, la cruzó el periodista.

“Claro pero poco en relación a un país con inflación, cuando vos tenías inflación decías ‘ah tengo una paritaria del 50%’ ¿y cuánto te duraba esa plata? Nada. Ahora es una recomposición de tu salario”, argumentó Bullrich.

En un intento desesperado por sostener el tipo de cambio de manera artificial, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, decidió recurrir a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, destinados a financiar el sistema previsional.

Por primera vez, el Gobierno utilizó los dólares de los jubilados para intervenir en el mercado financiero y contener la escalada de la divisa estadounidense.

La maniobra busca calmar a los inversores, que empezaron a abandonar el carry trade ante la incertidumbre sobre la salida del cepo, una posible devaluación y un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin medidas claras en el horizonte, el Gobierno optó por ceder ante la presión del mercado a costa de los sectores más vulnerables.

El precio de la estabilidad ficticia

Este martes, el volumen de operaciones con bonos AL30—utilizados para dolarizarse en el mercado financiero—alcanzó los 375 millones de dólares, el segundo mayor registro del año. La mayor parte de estas transacciones ocurrió en los últimos minutos de la jornada, una clara señal de intervención oficial para controlar la brecha cambiaria.

El mecanismo es el mismo de siempre: el Banco Central y el Banco Nación operan sobre el cierre del mercado para evitar que el dólar financiero marque tendencia al alza. Sin embargo, la gran diferencia en esta ocasión es el origen de los fondos: los ahorros de los jubilados, que el Gobierno usó para comprar bonos y bajar artificialmente el dólar Bolsa.

La decisión no es casual. Apenas un día antes, el Ejecutivo desplazó al titular de la ANSES y lo reemplazó por un financista cercano a Caputo que controlaba el FGS. El objetivo quedó claro: facilitar el uso de los recursos previsionales como herramienta de ajuste y especulación.

Una bicicleta al borde del colapso

La estrategia económica del Gobierno se basa en sostener el atraso cambiario con un carry trade recargado, una versión de la clásica bicicleta financiera que permite captar dólares del exterior con tasas en pesos atractivas. Para eso, la llamada “tablita cambiaria” fija una devaluación de apenas el 1% mensual, mientras que las tasas de interés se mantienen por encima del 2,4% en pesos.

Sin embargo, esta burbuja es insostenible. La acumulación de deuda en dólares de las empresas y la falta de divisas para levantar el cepo ponen en jaque el plan oficial. Los dólares que el Gobierno no consigue por la liquidación del agro o por financiamiento externo, ahora los están poniendo los jubilados.

Mientras el Ejecutivo insiste en que con 11.000 millones de dólares se podría liberar el mercado cambiario, las deudas de las empresas exportadoras y las obligaciones bursátiles en moneda extranjera superan los 24.000 millones de dólares. En este escenario, la supuesta estabilidad es solo una ficción sostenida a costa del sacrificio de los sectores más frágiles.

El costo lo pagan siempre los mismos

El relato libertario de “acabar con la casta” se desmorona frente a una realidad en la que los únicos que pierden son los jubilados y los trabajadores, mientras el mercado financiero sigue ganando. La “casta” no se toca, pero los fondos previsionales sí.

El oficialismo logró la media sanción del proyecto tras aceptar modificaciones exigidas por sus aliados. La oposición peronista denunció que la iniciativa busca proscribir a Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió la media sanción del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, tras alcanzar 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, para lograrlo, el oficialismo tuvo que ceder en la redacción de la norma y negociar con sus aliados.

El gobierno contaba con el respaldo del PRO, sus bloques satélites (MID, Fuerzas del Cielo, Creo y Producción y Trabajo), además de los votos de la UCR y la Coalición Cívica. Pero aún necesitaba garantizar el apoyo de Encuentro Federal y Democracia para Todos, quienes habían presentado dictámenes de minoría.

Para sumar esos votos, el oficialismo aceptó modificar la llamada “cláusula Petri”, redactada originalmente por el ministro de Defensa a pedido de Javier Milei. Se eliminó la fecha del 31 de diciembre como límite para la aplicación de las inhabilitaciones y se reemplazó por el artículo 25 del Código Nacional Electoral, vinculando la prohibición a la aparición en el padrón provisorio.

Cruces y tensiones en el debate

Desde la vereda opuesta, el Frente de Izquierda rechazó la iniciativa. “Este es un proyecto de Ficha Sucia al servicio de políticas que están hambreando al pueblo”, denunció la diputada Vanina Biasi.

En el radicalismo hubo posiciones divididas. Fernando Carbajal justificó su apoyo preguntando: “¿Por qué razón un narcotraficante o un pedófilo pueden ser candidatos? El diputado Germán Kiczka puede volver a presentarse en Misiones”, disparó.

Por su parte, Pablo Juliano, de Democracia para Todos, criticó al peronismo: “Les está importando más defender a Cristina Kirchner que representar lo doloroso que está sucediendo en Argentina”.

Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, comparó el proyecto con el caso de Lula Da Silva en Brasil: “No pudo ser presidente, luego la Corte revisó la sentencia. Ahora el Senado vuelve a debatir Ficha Limpia”.

El rechazo del peronismo

Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo que ampliaba el alcance de las inhabilitaciones, pero fue descartado. “Es un proyecto cobarde”, criticó la diputada Julia Strada, insistiendo en que el verdadero objetivo era “proscribir a Cristina Kirchner”.

El peronismo intentó sin éxito incorporar en la sesión otros temas urgentes, como el agravamiento de penas por incendios forestales y una moratoria previsional. Además, su jefe de bloque, Germán Martínez, tuvo un fuerte cruce con el presidente de la Cámara, Martín Menem, cuando este se negó a extender los tiempos de intervención.

Un futuro incierto en el Senado

A pesar de la victoria en Diputados, en Unión por la Patria relativizaron el avance del proyecto. “Se cae en el Senado”, deslizaron desde el bloque, confiando en su mayoría en la Cámara alta para frenar la iniciativa.

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, cuestionó de forma durísima la política económica de Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo: “está basado en soluciones a corto plazo que más tarde o temprano se pagarán caras”.

“El problema no es la moneda, el problema es el modelo económico. Y ese modelo ya fracasó”, sentenció.

“Lo mejor que ha ocurrido fue que no te encontraste con ningún liberalote berreta en el camino que hubiera pedido liberar y flotar, total las cosas se acomodan. Ese era un riesgo grande. Este Gobierno mostró que cuando tenés la papa caliente, se te frunce un poco el o…”, ironizó.

A un año de su implementación, el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich parece haberse esfumado, mientras Pullaro sigue eludiendo la realidad, el narco vuelve a sembrar el terror en las calles santafesinas.

La violencia narco en Rosario no da tregua. En apenas 24 horas, la ciudad fue escenario de cinco homicidios, una cifra que expone el fracaso de las políticas de seguridad que el gobierno provincial y nacional insisten en defender. A pesar de la brutal escalada de asesinatos, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que existe “una política de seguridad sumamente robusta” y destacó el trabajo en conjunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras la realidad se impone con sangre en las calles, Pullaro afirma que se está “trabajando mucho” en las investigaciones y que su gestión no permitirá que los delincuentes “se sientan dueños de la calle”. Sin embargo, las cifras desmienten su optimismo: los crímenes no cesan y el terror sigue marcando el pulso de la ciudad.

Desde el gobierno provincial insisten en mostrar operativos, mesas de trabajo y un supuesto despliegue policial récord, pero los asesinatos ocurren a plena luz del día y las víctimas, muchas veces ajenas al conflicto narco, terminan pagando con su vida. Como ejemplo, el mismo día que Pullaro hablaba de mejoras, un hombre fue ejecutado a sangre fría en la puerta de un kiosco, en un barrio atravesado por el narcotráfico.

A pesar del discurso oficial, Rosario sigue sumida en la violencia extrema. El “Plan Bandera” se presentó hace un año con gran despliegue mediático y promesas de control territorial, pero los hechos muestran que la situación no solo no mejoró, sino que recrudeció. La diferencia entre el relato y la realidad es cada vez más evidente, y mientras las autoridades insisten en hablar de avances, las balas siguen marcando el ritmo de la ciudad.

Fuentes del sector advirtieron que el consumo en las grandes cadenas fue incluso más bajo que en el primer mes completo de Javier Milei.

Las recurrentes promesas de recuperación económica por parte del gobierno no parecen haberse materializado en el consumo masivo, ya que las ventas en supermercados continuaron con números negativos en enero. A pesar de compararse con una base de referencia ya baja, correspondiente al primer mes completo de gestión de Javier Milei, las ventas mostraron una caída interanual que se ubicó entre el 5% y el 6%, según fuentes del sector. Esto refleja que, aún con los anuncios de mejora, el deterioro en la capacidad de compra de los hogares argentinos sigue sin dar señales claras de recuperación.

Aunque los datos oficiales aún no están cerrados, las fuentes consultadas por el portal Ámbito anticipan que el panorama no ha mejorado. Este inicio de 2025 se suma a una serie de retrocesos en el consumo masivo que se prolongaron durante todo el año anterior, con caídas de hasta el 18% interanual en diciembre y un retroceso acumulado del 13,9% respecto al año anterior. En este contexto, cualquier dato que no implique un repunte significativo en las ventas es considerado una señal negativa, especialmente porque los meses de 2024 dejan una base de comparación bastante débil.

Si los datos de enero se confirman con una caída superior al 5%, las ventas en supermercados habrían descendido casi un 15% en términos reales respecto al mismo mes de 2023, lo que marca un desempeño muy por debajo de las expectativas.

Por otro lado, las ventas minoristas de las pymes mostraron una ligera mejora, con un crecimiento interanual del 25,5% en enero, aunque esto no alcanzó a compensar el colapso del 28,5% que sufrió el sector en el mismo mes de 2024. Además, las ventas minoristas seguían 10,2% por debajo de los niveles de 2023, lo que pone en evidencia que el rebote aún no es suficiente para recuperar lo perdido en el último año.

Mientras tanto, el consumo en el exterior sigue siendo un factor relevante, impulsado por la apreciación del tipo de cambio. Las compras en dólares con tarjetas de crédito alcanzaron cifras récord, con un stock de préstamos de u$s864 millones en enero, lo que refleja una mayor demanda por parte de los consumidores argentinos hacia el mercado exterior.

El comportamiento del consumo masivo también está vinculado con la persistente inflación en los servicios, que sigue presionando los presupuestos familiares. A pesar de la desaceleración de la inflación general medida por el INDEC, el gasto en servicios esenciales sigue creciendo a un ritmo más rápido que el de los bienes, lo que reduce la capacidad de compra de las familias para productos de consumo diario, como alimentos y productos de higiene.

A medida que avance el año, los analistas esperan que, al compararse con los meses de mayor caída en 2024, los números de consumo muestren una ligera recuperación, pero no se vislumbra un rebote significativo. Las perspectivas apuntan a que, sin una mejora real en los ingresos disponibles de los hogares, la recuperación del consumo masivo será limitada.