Según la presentación anual realizada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025, el funcionario declaró $1.402.292.739,22 al inicio del período y $2.371.733.030,08 al cierre, lo que representa un aumento de $969.440.290,86 en apenas doce meses.

El ministro de Desregulación del Estado del gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, registró un fuerte incremento en su patrimonio durante 2024. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario informó bienes por $2.371 millones al cierre del año, lo que implica un aumento cercano a los $970 millones en apenas doce meses.

La documentación oficial muestra que Sturzenegger declaró $1.402 millones al inicio del período y $2.371 millones al final, una diferencia de $969 millones. El propio formulario indica que buena parte de la suba se explica por revaluaciones de activos y por ingresos laborales y rentas, aunque el resultado final es un salto patrimonial significativo en un solo año.

Entre los bienes informados aparecen depósitos de dinero en el exterior que superan los $1.447 millones, además de inversiones financieras en títulos públicos, fondos de inversión y otros activos. También figuran inmuebles en distintas localidades, un departamento incorporado durante 2024 en la ciudad de Buenos Aires, y vehículos entre los que se incluyen una Toyota Corolla Cross híbrida modelo 2024 y una Chevrolet Trailblazer 2020.

El patrimonio del ministro muestra además un perfil fuertemente financiero, con participaciones en bonos soberanos como GD35, GD29 y GD38, junto con otros instrumentos y créditos fiscales.

El crecimiento patrimonial adquiere especial relevancia política en el contexto del discurso de austeridad que promueve el gobierno libertario. Mientras la administración de Milei impulsa un fuerte ajuste del gasto público y reclama sacrificios económicos a la población, el incremento de los bienes de uno de sus ministros más influyentes vuelve a poner en debate la distancia entre el relato oficial y la situación real de los funcionarios de alto rango.

La situación se vuelve aún más sensible porque Sturzenegger ya se encuentra envuelto en una polémica por contratos millonarios adjudicados a su esposa en la Cancillería, un episodio que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.

De esta manera, la declaración jurada 2024 del ministro deja una imagen que contrasta con el discurso de austeridad del gobierno: un funcionario clave del gabinete que incrementó su patrimonio en casi mil millones de pesos en un año, en un contexto de ajuste económico que impacta de lleno en el poder adquisitivo y las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad argentina.

Pese a un fallo firme del Tribunal de Trabajo de Pilar, Leandro Gómez no pudo retomar sus tareas en Lustramax. Increíblemente, la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, fue hasta la puerta de la planta para impedir su ingreso.

El delegado Leandro Gómez se presentó el jueves en su puesto de trabajo luego de que el Tribunal de Trabajo de Pilar emitiera una resolución clara ordenando su inmediata reinstalación. Sin embargo, su reincorporación fue impedida cuando la senadora provincial de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, se ubicó en la puerta de la planta para bloquear el ingreso del trabajador.

La escena expuso un hecho de gravedad institucional: una legisladora interviniendo directamente para impedir el cumplimiento de un fallo judicial. Trabajadores denunciaron que la presencia de Arietto en el lugar funcionó como un mecanismo de presión e intimidación contra la organización sindical dentro de la empresa.

Ante el cuestionamiento por la resolución judicial, tanto la empresa Lustramax como la senadora mantuvieron una negativa rotunda a permitir el ingreso del delegado. Al día siguiente, Gómez volvió a presentarse en la fábrica acompañado por su abogado y un escribano, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del fallo, pero nuevamente se le impidió el acceso. La negativa de la empresa quedó asentada en un acta notarial.

La resolución del Tribunal de Trabajo de Pilar es contundente: la empresa “deberá permitir el ingreso del trabajador en sus días y horario habitual de trabajo y no impedir el desarrollo de la actividad laboral y/o sindical del delegado demandado conforme el derecho de libertad sindical de raigambre constitucional”.

Lustramax había intentado impedir su reincorporación mediante una medida cautelar mientras impulsa un juicio de desafuero contra el delegado, pero ese planteo fue rechazado por la Justicia. Posteriormente presentó un recurso de revocatoria que también fue desestimado, por lo que el fallo quedó firme y sin instancias de apelación.

Frente a esta situación, trabajadores denunciaron el incumplimiento de la resolución judicial y exigieron que la empresa acate de inmediato la decisión del Tribunal y permita la reinstalación del delegado.

Referentes del kirchnerismo cuestionaron la detención de Cristina Fernández de Kirchner y aseguraron que su aislamiento afecta la representación política de millones de argentinos. Advierten que se trata de un ejemplo de cómo opera el poder en el país.

La detención de Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser eje del debate político luego de las declaraciones de dirigentes cercanos a la ex mandataria, que cuestionaron con dureza lo que consideran una proscripción injusta que afecta al corazón del campo nacional y popular. “Su detención, su sustracción de la vida social y política de la gente resiente aquello que no acompaña este tipo de políticas que lleva a cabo el actual Presidente”, señalaron.

En ese marco, remarcaron que la capacidad de representación de la ex presidenta quedó demostrada en las tres boletas presidenciales que encabezó, todas triunfadoras. “Cristina está presa y la cantidad de votos que representa es existente. Es una proscripción que pega en el corazón del campo nacional y popular”, afirmaron.

Los cuestionamientos apuntaron también a las estrictas restricciones que rigen su prisión domiciliaria. “Le restringen las visitas de manera salvaje. El drama es que al recibir menos personas, habla con menos gente. Pero ella se informa y mira todo”, describieron, y destacaron su análisis permanente de la política internacional.

Sobre su conocimiento de la realidad, sostuvieron que se trata de “una persona totalmente preparada, no solo por su experiencia de gobierno, sino por su lectura de la política internacional, algo que no es común en el 99% de la dirigencia argentina”. En ese sentido, recordaron que ya en enero advertía sobre un posible conflicto bélico ante la falta de reactivación económica y la proximidad de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

En relación al Fondo Monetario Internacional, los dirigentes advirtieron: “Yo no desconozco la existencia del FMI, lo que el Fondo no puede es desconocer la existencia de la sociedad argentina”. La frase resume el reclamo de soberanía en las negociaciones con el organismo multilateral de crédito.

Las declaraciones reavivan el debate sobre la situación judicial de la ex presidenta en un contexto donde, desde el kirchnerismo, insisten en que su detención responde a una estrategia para excluirla de la vida política del país. “Es un ejemplo, un botón de muestra de cómo va operando el poder en la Argentina”, concluyeron.

El deterioro del crédito ya empezó a reflejarse en los balances del sistema financiero. El primer impacto fuerte quedó expuesto en el mayor banco privado del país.

El Grupo Financiero Galicia reportó una pérdida neta atribuible de 83.544 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, un resultado que sorprendió al mercado y superó ampliamente las estimaciones de los analistas.

El dato confirma algo que varios economistas venían anticipando: la mora de las familias comienza a impactar en el sistema bancario. La diputada kirchnerista Julia Strada fue una de las primeras en advertirlo públicamente. Según explicó, la entidad registró pérdidas por segundo trimestre consecutivo como consecuencia del aumento de los créditos que dejan de pagarse.

El fenómeno no es aislado. Las cifras del sistema muestran que la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 9,3%, mientras que en los préstamos personales ya trepa al 12%. En el caso de los créditos prendarios, la mora se ubica en torno al 5,8%.

“La inflación bajó, pero crecieron los gastos fijos, por eso aumentó la mora de las familias con bancos y tarjetas”.

En el resto del sistema el panorama es similar. El banco Supervielle registra una morosidad del 5%, con una rentabilidad negativa del 7,7%. En el banco Macro la mora también se ubica en 5% y la rentabilidad cae al 4,6%, mientras que en BBVA el indicador ronda el 4,4%.

Los mercados de bonos en todo el mundo registraron fuertes caídas este lunes, en un contexto de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente que disparó los precios del petróleo y reavivó los temores inflacionarios.

La venta masiva de deuda soberana provocó un salto generalizado en los rendimientos, a medida que los inversores comenzaron a descontar que los bancos centrales podrían verse obligados a mantener tasas altas durante más tiempo —o incluso volver a subirlas— si el shock energético se prolonga.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió más de siete puntos básicos, en su mayor avance desde enero. El movimiento se replicó en otros mercados desarrollados: en Alemania los rendimientos subieron 11 puntos básicos y tocaron su nivel más alto desde julio de 2024, mientras que en el Reino Unido las tasas a dos años avanzaron cerca de 40 puntos básicos, encaminándose a su mayor salto diario desde la crisis financiera desatada por el fallido plan económico del gobierno de Liz Truss en 2022.

El estudio advierte que, en apenas dos años, el peso de la industria nacional en la economía cayó a niveles que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Según el documento, la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto descendió del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un retroceso que devuelve a la estructura productiva del país a cifras de hace casi 90 años.

El informe vincula este deterioro con la fuerte caída de la actividad manufacturera, que en el período 2023-2025 acumuló una contracción del 8,3%. Este desplome se refleja también en un aumento de la capacidad instalada ociosa, que ya supera el 40%, y en un proceso acelerado de pérdida de empleo en el sector. Desde noviembre de 2023 se habrían perdido cerca de 100 mil puestos de trabajo industriales, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día.

Los investigadores señalan que la recesión, impulsada por el atraso cambiario y la caída del consumo interno, golpeó con fuerza a la mayoría de las ramas manufactureras: 22 de las 24 actividades industriales redujeron su producción entre 2023 y 2025. Solo los sectores de alimentos y energía mostraron dinamismo, una señal que, según el informe, se vincula con un proceso de reprimarización de la economía.

Esa tendencia también se refleja en la composición de las exportaciones. Las manufacturas de origen industrial (MOI) pasaron de representar el 35% de las ventas externas argentinas en 2011 al 28% en 2024, mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) se mantuvieron en una franja de entre el 33% y el 37% en ese mismo período.

El trabajo también advierte sobre el impacto de la apertura de importaciones, que se profundizó desde 2024. Uno de los sectores más afectados es el de bienes de capital, cuya producción cayó cerca de un 24% entre 2023 y 2025, al mismo tiempo que las importaciones del rubro crecieron un 77%.

En la industria metalúrgica, el incremento de las importaciones también genera preocupación. “Las importaciones aumentaron un 60%. Es muchísimo, es un crecimiento del 5% mensual. Es imposible de controlar para nosotros”, señaló Luis Manini, presidente de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic). El dirigente advirtió además que “no se puede pretender que el empresario pyme pueda sostener este proceso de pérdida de competitividad”.

Otro indicador del impacto de la apertura comercial aparece en el mercado de maquinaria agrícola. Entre mayo y octubre de 2025, las importaciones de maquinaria usada se multiplicaron por ocho, lo que golpeó de lleno al entramado nacional de fabricantes.

En este contexto, varias industrias atraviesan situaciones críticas. De acuerdo con el informe de la UBA, los sectores más afectados —como curtiembres, marroquinería y calzado, la metalurgia y la producción de minerales no metálicos vinculados a la construcción— registraron caídas de entre el 20% y el 25%.

También se observaron retrocesos de entre el 15% y el 20% en la fabricación de maquinaria de uso general, especial y doméstico, así como en la industria del plástico y el caucho. Otros sectores, como la industria editorial, el papel, los muebles, la electrónica de consumo y el textil, mostraron caídas de entre el 10% y el 15%.

El panorama que describe el estudio vuelve a poner en debate el rumbo de la estructura productiva argentina y el lugar que ocupa la industria en el modelo económico actual.

El consumo en el sector pyme continúa profundizando su deterioro y se consolida como uno de los indicadores más claros de la fase recesiva que atraviesa la economía argentina.

Las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6% a precios constantes, acumulando un retroceso del 5,2% en el primer bimestre de 2026.

De acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), si bien durante febrero se observó un leve repunte mensual del 2,6%, impulsado por factores estacionales como el inicio del ciclo lectivo y una mayor demanda en alimentos, la mejora no alcanza para revertir la tendencia contractiva que domina la actividad comercial.

El dato confirma que el consumo interno continúa debilitado, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos y una demanda cada vez más restringida.

Un deterioro generalizado en la actividad

La retracción del consumo se manifestó en seis de los siete rubros relevados, evidenciando el carácter extendido de la desaceleración comercial.

Entre los sectores más afectados se destacan:

• Bazar y decoración: -14,4%
• Perfumería: -10,7%
• Alimentos y bebidas: -8,7%

El único segmento que logró escapar a la tendencia negativa fue Farmacia, que registró una leve suba interanual del 0,3%, sostenida principalmente por la naturaleza esencial de sus productos.

La percepción de los comerciantes también refleja el deterioro de la actividad. Mientras en enero predominaban las opiniones de estabilidad, en febrero ese indicador cayó seis puntos y se ubicó en 52,6%. En paralelo, el 38,8% de los empresarios consultados afirmó que su nivel de ventas se deterioró directamente durante el último mes, lo que marca un aumento en la sensación de crisis dentro del sector minorista.

Inversión frenada y presión de costos

Las expectativas para los próximos doce meses muestran un panorama dividido. Un 46,6% de los comerciantes cree que su situación se mantendrá estable, mientras que un 42,9% confía en una eventual mejora. Solo el 10,5% anticipa un escenario peor.

Sin embargo, este moderado optimismo no se traduce en decisiones de expansión. El 57,6% de los empresarios considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones, frente a apenas un 15,5% que visualiza oportunidades.

El principal obstáculo para la recuperación sigue siendo la combinación de costos operativos en aumento, presión tributaria y caída del poder de compra, factores que erosionan los márgenes y mantienen al sector en una situación de contracción técnica.

En este escenario, la demanda se vuelve cada vez más selectiva. Los consumidores priorizan estrictamente promociones, descuentos y planes de financiamiento para sostener sus compras, incluso en productos de primera necesidad, reflejando el impacto directo del ajuste del ingreso sobre el consumo cotidiano.

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia que genera fuerte preocupación en América Latina: Washington aseguró que está dispuesto a emprender “acciones militares unilaterales” contra los “cárteles del narcotráfico” en la región, incluso sin el respaldo de los países involucrados.

La declaración fue realizada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante la apertura de la conferencia Américas contra los cárteles, celebrada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos. Allí advirtió que su país está preparado para pasar a la ofensiva si considera que las amenazas vinculadas al narcotráfico lo requieren.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó el funcionario ante representantes militares y de seguridad de distintos países del continente.

Las declaraciones encendieron alarmas en la región, ya que implican la posibilidad de operaciones militares de dudosos objetivos sin el consentimiento de los Estados latinoamericanos, lo que representaría un serio riesgo para la soberanía de los países de América Latina.

Durante su intervención, Hegseth defendió la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, que contempla ampliar el uso de herramientas militares para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico (etiqueta lo suficientemente flexible que EEUU podría aplicar a cualquier gobierno que no sea funcional a sus intereses). Bajo esa lógica, el funcionario instó a los gobiernos del continente a “ir a la ofensiva” contra lo que denominó “narcoterroristas”.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de seguridad de diversos países latinoamericanos, aunque se registraron ausencias significativas como las de México, Colombia y Brasil, tres actores clave en cualquier estrategia regional contra el narcotráfico.

El jefe del Pentágono también justificó el endurecimiento de la política estadounidense señalando que, durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de drogas como el fentanilo o la cocaína. Asimismo, afirmó que el negocio del tráfico de personas alcanzó en 2022 un valor de 13.000 millones de dólares.

Para Washington, el continente americano —que concentra apenas una octava parte de la población mundial— registra cerca de un tercio de los crímenes violentos del planeta, un argumento utilizado por la administración estadounidense para impulsar una estrategia más agresiva.

Sin embargo, especialistas advierten que la retórica de “guerra contra las drogas” ha sido históricamente utilizada por Estados Unidos para justificar intervenciones directas en América Latina como en el pasado se utilizo la de la lucha contra el comunismo y el terrorismo pos 2001. En ese contexto, la advertencia sobre posibles “batallas unilaterales” vuelve a poner en debate los límites del derecho internacional y el respeto a las soberanías nacionales en la región.

La medida comenzará el 16 de marzo. Reclaman el pago de una recomposición salarial del 51% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado que comenzará el próximo 16 de marzo y podría afectar el inicio del cuatrimestre en varias facultades. La medida fue resuelta por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en medio de un fuerte conflicto salarial con el Gobierno nacional.

El reclamo central apunta al pago de una recomposición salarial del 51%, que los docentes consideran adeudada en función de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Desde el gremio sostienen que los incrementos otorgados hasta ahora no compensan la inflación acumulada y que el deterioro del salario docente se profundizó en los últimos meses.

Desde AGD-UBA advirtieron que el plan de lucha incluirá paros, movilizaciones, clases públicas y distintas acciones para visibilizar el conflicto. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron desde el sindicato al anunciar la medida.

El conflicto se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento del sistema universitario. Los docentes denuncian que el Gobierno no aplica plenamente la ley aprobada por el Congreso, lo que —según advierten— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el inicio normal del ciclo lectivo.

La central obrera pidió declarar inconstitucional la ley impulsada por Milei y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos.

Tal como adelantó previo a la aprobación de la reforma laboral, este viernes la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el proyecto que promulgó hoy el presidente Javier Milei. La presentación busca que los tribunales declaren su inconstitucionalidad por considerar que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional.

El amparo fue presentado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y el expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la central sindical junto a dirigentes de distintos gremios que integran la CGT.

Desde la central obrera sostienen que varios artículos de la reforma afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga. También plantean que la norma viola el principio de progresividad del derecho laboral, que establece que las conquistas laborales no pueden retroceder.

La reforma laboral, aprobada por el Congreso y defendida por el gobierno como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo, introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre otras medidas, flexibiliza contrataciones, modifica el sistema de indemnizaciones y redefine el alcance de la negociación colectiva, lo que generó un fuerte rechazo del movimiento sindical y abrió un nuevo frente de conflicto en los tribunales.