El uso de la capacidad instalada en la industria cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8. Son datos del Indec.

En el caso de la pandemia, esa caída se explicó por las medidas de confinamiento para enfrentar a un virus mortal que por ese entonces no tenía cura. Ahora se explica por razones económicas: el gobierno de Javier Milei parece decidido a destruir el entramado productivo argentino con políticas como la apertura de las importaciones o el achique del mercado interno. Siempre pasa lo mismo: cuando gobierna el no peronismo cae notablemente el stock de empresas privadas dedicadas a la producción.

La caída producción industrial tiene un impacto directo en provincias productivas como Buenos Aires ya que la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).

Tras romper con el Indec por no tolerar los datos oficiales que exponían el derrumbe del sector, Daniel Scioli logró ahora que el Banco Central modifique la metodología de medición y maquille los números rojos del turismo, uno de los fracasos más visibles de su gestión.

El Central dejó de contabilizar dentro del rubro turismo los consumos con tarjeta asociados a servicios digitales y las compras realizadas en plataformas internacionales como Amazon. El cambio metodológico permitió reducir artificialmente el déficit del sector y fue celebrado por el secretario de Turismo y Deportes.

Como reveló el portal LPO, Scioli había cortado el financiamiento de las mediciones del Indec luego de chocar con Marco Lavagna, molesto por los datos que mostraban una sangría constante de divisas. Sin embargo, encontró mayor receptividad en el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien agradeció públicamente por las gestiones que derivaron en la “reclasificación” de consumos.

“Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva, un 23% menos”, celebró Scioli, aunque el alivio es un dibujo puramente estadístico.

Incluso con la intervención del Central, el balance sigue siendo demoledor: el déficit entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de US$9.983 millones a US$6.935 millones. Menos rojo en los papeles, pero rojo al fin.

En paralelo, Scioli también decidió dejar de financiar dos herramientas clave del sistema estadístico: la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de Turismo Internacional del Indec. En este último caso, los números eran imposibles de disimular.

Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes y apenas ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros, lo que arrojó un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas. Un derrumbe histórico que explica por qué Scioli prefirió cambiar la metodología antes que cambiar la realidad.

Mientras profundiza el recorte en políticas de discapacidad y avanza con el vaciamiento de la ANDIS, el Gobierno quedó envuelto en un escándalo que expone maniobras para entorpecer una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos públicos.

El ajuste brutal en el área de discapacidad no fue un hecho aislado ni una simple decisión administrativa. Más adelante, el intento de cierre y desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad apareció como una jugada política que buscó meter palos en la rueda de una investigación cada vez más incómoda para el oficialismo, atravesada por denuncias de corrupción, audios comprometedores y vínculos directos con el poder.

En el centro del escándalo quedó Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, desplazado luego de quedar involucrado en denuncias por presuntas coimas en la compra de insumos. Su nombre no pasó desapercibido: fue una de las personas que más visitó al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, un dato que reforzó las sospechas sobre el alcance político del entramado investigado.

En el mismo tono, el caso de Ornella Calvete terminó de detonar la indignación pública. En su domicilio se encontraron 700 mil dólares en efectivo, una suma que intentó justificar con explicaciones que no lograron despejar las dudas. Aun así, la imputada pidió su sobreseimiento mientras la investigación sigue abierta y suma elementos que comprometen al entorno libertario.

Con el mismo ímpetu, comenzaron a salir a la luz audios que describen con detalle cómo se habrían armado las compras dentro de la ANDIS, un material clave para la Justicia que expone un mecanismo sistemático de presuntas coimas y retornos. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, el Gobierno respondió con recortes presupuestarios, despidos y un vaciamiento que amenaza con borrar pruebas y paralizar el funcionamiento del organismo.

Al mismo tiempo, mientras el escándalo crecía, el Ejecutivo reasignó fondos y avanzó con decisiones administrativas que fueron leídas como un intento de control de daños, en lugar de una respuesta transparente frente a las denuncias. El ajuste, en este marco, apareció menos como una política fiscal y más como una herramienta para tapar responsabilidades.

El cierre de la ANDIS y el ajuste en discapacidad no solo representan un ataque directo a uno de los sectores más vulnerables, sino que también configuran una maniobra política grave: recortar derechos, vaciar organismos y correr el foco justo cuando la investigación por corrupción empieza a rozar al corazón del poder. Un escándalo que, por más que el Gobierno intente silenciar, sigue creciendo.

Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.

La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.

En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.

Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.

La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.

Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.

Familiares y sobrevivientes recordarán a las 194 víctimas del incendio con una misa, una movilización y un acto central, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y la denuncia de la desidia estatal que hizo posible la tragedia.

A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, familiares y sobrevivientes volverán a ocupar el espacio público para recordar a las 194 personas que murieron y a las más de 1.400 que resultaron heridas, en una tragedia que expuso de manera brutal la corrupción, el abandono y la responsabilidad directa del Estado.

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, desde las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, en las inmediaciones de Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, señaló que la jornada no es solo de recuerdo sino también de denuncia. “Cromañón no fue una tragedia inevitable, fue consecuencia de controles inexistentes, funcionarios cómplices y un sistema que priorizó el negocio por sobre la vida”, expresó.

Durante el acto central, familiares y sobrevivientes leerán documentos políticos y rendirán homenaje a las víctimas. Además, habrá intervenciones musicales en Mitre y Ecuador, con la participación de artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita. Desde la organización No nos cuenten Cromañón informaron que también se realizarán actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

A más de dos décadas del incendio, el reclamo sigue vigente: justicia completa, memoria sin concesiones y un Estado que deje de mirar para otro lado. Cromañón no es pasado cerrado, es una herida abierta que interpela a cada gobierno que naturaliza la precariedad y la impunidad.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.

Al corregir distorsiones metodológicas clave, distintos estudios demuestran que la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

Aunque el INDEC informó una fuerte caída de la pobreza y la ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, distintos estudios académicos y estimaciones privadas advierten que el deterioro social es mas grave de que lo anuncia el gobierno. Al corregir distorsiones metodológicas clave, la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

La magnitud del contraste abre un debate central: no se discute que la pobreza haya bajado respecto del pico de 2024, sino cuánto bajó realmente y por qué. Para numerosos especialistas, la mejora difundida por el organismo estadístico responde en gran medida a cambios técnicos en la medición y no a una recuperación genuina de los ingresos ni de las condiciones de vida.

Según el INDEC, la pobreza se redujo más de 21 puntos porcentuales en apenas un año, un descenso inédito que no encuentra correlato en otros indicadores sociales, laborales o de consumo. En un contexto todavía marcado por salarios rezagados, alta informalidad y consumo masivo deprimido, la cifra oficial aparece desanclada de la experiencia cotidiana de los hogares.

Canasta desactualizada e ingresos “mejor medidos”

Uno de los principales problemas señalados es la línea de pobreza que utiliza el INDEC. La Canasta Básica Total se apoya en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, una metodología obsoleta tras dos décadas de cambios económicos y sociales. Las estimaciones que actualizan la canasta con ponderadores más recientes muestran que hoy el costo de vida real es más alto de lo que refleja la medición oficial, lo que tiende a subestimar la pobreza.

El segundo factor es la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares. Desde fines de 2023, la mejora en los mecanismos de relevamiento y la desaceleración inflacionaria permitieron registrar ingresos más altos, especialmente en sectores informales. Ese “efecto estadístico” empujó a millones de personas por encima de la línea de pobreza en los registros, aunque su situación material no haya mejorado en la misma proporción.

Al corregir ambos elementos —actualización de la canasta y ajuste por subdeclaración de ingresos— la pobreza se ubica en torno al 42%, lo que implica una baja más moderada: entre 14 y 16 puntos desde el pico de 2024, muy lejos de los 21 puntos que muestra la serie oficial.

No hay una reducción genuina del flagelo

Un informe del Observatorio Universitario de Economía de la UNLPam y de la consultora Equilibra es contundente: la caída de la pobreza reportada por el INDEC no refleja una mejora estructural, sino deficiencias metodológicas. El estudio, elaborado por Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi, señala que sin estas distorsiones la reducción durante la gestión de Javier Milei sería marginal.

Los investigadores concluyen que, frente al cierre del gobierno de Alberto Fernández, solo una fracción menor de la baja oficial puede considerarse “genuina”. El resto se explica por cambios en la medición. En términos históricos, el nivel actual de pobreza corregida es similar al de fines del macrismo y apenas inferior al del período anterior.

Mientras el empleo informal sigue elevado, el consumo continúa débil y la capacidad de ahorro permanece prácticamente anulada, la discusión sobre cómo se mide la pobreza deja de ser un tecnicismo: define el diagnóstico de la crisis social y la evaluación de las políticas económicas en curso. Actualizar la canasta básica y transparentar los efectos estadísticos resulta clave para contar con un termómetro social que refleje, sin maquillajes, la verdadera dimensión del problema.

La escalada inflacionaria del rubro alimentos en noviembre tuvo su epicentro en la carne. Un estudio reciente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reveló que el mes pasado los precios de los distintos cortes subieron un 8,3% en promedio. El gobierno de Javier Milei decidió sacar retenciones la exportación con su impacto sobre el precio local.

Según datos del organismo, durante el último año la suba de precios en este segmento sufrió un aumento del 72,8%, muy por encima de la inflación medida por el Indec. Milei lo hizo: la carne se volvió un bien de lujo en el país de las vacas.

El informe que abarca un relevamiento de más de 30.000 precios por semana en el AMBA, Córdoba y Rosario reveló que en algunos puntos del conurbano, los incrementos superaron la barrera de los dos dígitos y que esa impacto de siente con más fuerza en las carnicerias de barrio.

Con el Presupuesto ya aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno de Javier Milei, ya pone el foco en el primer gran desafío que tendrá que afrontar en 2026: el pago de los vencimientos de deuda del 9 de enero, por un total de u$s4.225 millones.

Si bien el Tesoro ya cuenta con u$s1.800 millones destinados a ese fin, todavía debe conseguir los u$s2.400 millones restantes. Según Clarín, el gobierno no sabe de dónde sacar los dólares restantes más allá del optimismo del presidente Javier Milei como del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por eso, no sorprende la insistencia de Caputo con la ley de “inocencia fiscal” que busca que la gente entre millones de dólares del colchón al sistema bancario, algo que está por verse. ¿Hay plata, Toto?

En un descargo ante la Justicia, Calvete intentó despegarse del caso ANDIS tras el hallazgo de 700 mil dólares en su vivienda, aseguró que el dinero pertenecía a una empresa vinculada a su padre y sostuvo que la frase “karinear el 3%”, incluida en chats de la causa, fue solo una “broma”.

La imputada en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, presentó un escrito para desligarse de los hechos investigados, en el que negó cualquier responsabilidad penal y afirmó que el dinero encontrado en su domicilio no le pertenecía.

Según su versión, los 700 mil dólares en efectivo hallados durante un allanamiento en su departamento eran propiedad de una empresa vinculada a su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado en la causa, y habrían sido dejados allí antes de que ella se mudara al inmueble en marzo de este año.

Calvete aseguró que desconocía la existencia y el monto del dinero, que nunca lo tocó ni lo administró y que el efectivo fue encontrado intacto semanas después de su mudanza, una explicación que dejó más interrogantes que certezas.

El descargo también se refirió a los chats incorporados al expediente judicial, donde aparece la frase “karinear el 3%”, una expresión que quedó bajo la lupa de los investigadores. Sobre ese punto, la exfuncionaria sostuvo que se trató de una “broma coyuntural”, sin relación con maniobras reales ni con el funcionamiento del organismo.

Además, afirmó que no mantiene vínculos societarios con la empresa dueña del dinero, que no es accionista, empleada ni apoderada, y que jamás administró ni dispuso de esos fondos, intentando despegarse por completo del entramado investigado.

Las explicaciones brindadas no lograron descomprimir el clima de escándalo que rodea al caso, que dejó una escena difícil de justificar: bolsos con cientos de miles de dólares en una vivienda particular y conversaciones sobre “karinear el 3%”, reducidas luego a una supuesta broma en una causa que sigue acumulando sospechas y rechazo social.