Con el argumento de “modernizar” el mercado laboral, el Gobierno promulgó una reforma que flexibiliza condiciones de trabajo, reduce penalidades para empleadores que incumplen la ley y abre la puerta a nuevas formas de contratación más precarias.

El gobierno de Javier Milei promulgó la nueva reforma laboral, que ya entró en vigencia y modifica aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Presentada por el oficialismo como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar la creación de empleo, la normativa introduce cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, las modalidades de contratación y el funcionamiento de los convenios colectivos.

Uno de los puntos más discutidos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido. La nueva legislación establece que el monto se calculará únicamente sobre la remuneración mensual habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se paga la compensación al trabajador despedido.

Otro cambio relevante es la posibilidad de crear fondos de cese laboral, similares al sistema de la construcción, en los que el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta y el trabajador cobra ese dinero cuando termina la relación laboral. El Gobierno sostiene que este mecanismo aporta previsibilidad y reduce litigiosidad, pero especialistas advierten que puede implicar indemnizaciones menores que las actuales.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en la organización del trabajo. Entre otras medidas, habilita el llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o jornadas más cortas en otros momentos, y abre la puerta a esquemas de jornada más extensos mediante acuerdos entre empresas y trabajadores. En la práctica, algunos analistas señalan que esto podría traducirse en jornadas más largas sin el pago tradicional de horas extra.

Otro punto que genera controversia es la ampliación del período de prueba. Con la nueva ley, las empresas podrán extenderlo hasta seis meses —e incluso más en pequeñas empresas—, lo que permite finalizar la relación laboral sin indemnización durante ese lapso. Para los sindicatos, esta medida aumenta la precariedad y facilita despidos tempranos.

La reforma también incorpora nuevas figuras de contratación, como la del trabajador independiente con colaboradores, que habilita a una persona a contratar hasta tres colaboradores sin establecer una relación laboral tradicional. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar emprendimientos y formalizar actividades. Sin embargo, críticos advierten que este esquema podría utilizarse para reemplazar empleos formales por vínculos más precarios, especialmente en sectores como plataformas digitales y servicios.

La aprobación de la reforma fue uno de los principales triunfos legislativos del Gobierno y se produjo en medio de fuertes tensiones políticas, protestas sindicales y paros convocados por centrales obreras. Organizaciones gremiales sostienen que los cambios implican un retroceso en derechos laborales históricos y anticiparon presentaciones judiciales para frenar su aplicación.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el empleo y atraer inversiones, el debate sigue abierto: si la flexibilización del mercado laboral impulsará nuevas contrataciones o si, por el contrario, consolidará un modelo con menos protecciones y mayor precarización para los trabajadores.

Más de 630 argentinos que quedaron atrapados en Medio Oriente lanzaron un desesperado pedido de ayuda para poder salir de la zona de guerra. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, algunos de ellos decidieron recurrir directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la esperanza de que pueda interceder para facilitar su regreso al país.

La mayoría de los argentinos varados se encuentra en Israel, Qatar y Emiratos Árabes, donde el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación masiva de vuelos complicaron la posibilidad de regresar a la Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 630 personas ya se contactaron con sedes diplomáticas para solicitar asistencia.

Sin embargo, varios de los afectados aseguran que la respuesta de la Cancillería y de las embajadas ha sido insuficiente, lo que generó incertidumbre y desesperación entre quienes permanecen en la región. En ese contexto, algunos argentinos decidieron enviar una carta abierta a Tapia, recordando el antecedente reciente en el que el titular de la AFA tras una serie de hábiles gestiones intervino para colaborar en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, la que se dio de manera exitosa.

Una de las varadas es Virginia Luca, quien se encuentra en Sharjah, en Emiratos Árabes, junto a su pareja. La mujer contó que su vuelo de regreso fue cancelado cuando comenzaron los bombardeos y relató que desde entonces viven una situación de total incertidumbre.

Según explicó, desde la embajada argentina les recomendaron que quienes no tengan un pasaje directo a la Argentina intenten trasladarse por sus propios medios a Omán o Arabia Saudita, desde donde todavía salen algunos vuelos. Sin embargo, las autoridades locales les indicaron que no se movilicen, lo que los deja sin saber qué decisión tomar.

“No tenemos nada. El planteo es esperar a ver si se abre el espacio aéreo o arriesgarnos a cruzar la ruta solos hacia Omán, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar conseguir un vuelo que podamos pagar”, relató Luca.

La mujer también denunció la falta de coordinación oficial. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos. Al no tener respuestas empezó un poco el sálvese quien pueda”, advirtió.

En ese marco, explicó por qué decidieron recurrir al presidente de la AFA:

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Por eso sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que quizás tenga contactos que puedan ayudarnos al menos a viajar juntos y protegidos hasta Omán, donde salen algunos aviones”.

Los argentinos varados aseguran que no piden que el Estado vaya a rescatarlos, sino que solicitan ayuda para organizar una salida segura de la región y evitar tener que desplazarse solos por rutas desconocidas en medio de un contexto de guerra. Mientras tanto, el reclamo continúa creciendo a la espera de una solución que les permita regresar al país.

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó este miércoles que más de la mitad de las fábricas del país registró caídas tanto en la producción como en las ventas. El relevamiento sectorial advierte un escenario cada vez más complejo para empresas de todos los tamaños, marcado por tensiones financieras y una creciente inquietud por el avance de las importaciones. En ese marco, el Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en 36,5 puntos en enero, lo que implicó una baja de 7,5 unidades respecto del informe anterior y confirmó un deterioro sostenido de la actividad fabril si se lo compara con el nivel más alto alcanzado hace dos años.

En relación con la dinámica productiva, el 53,3% de las compañías relevadas indicó que su volumen de fabricación se redujo durante el último trimestre. En paralelo, el 54,7% de las firmas reportó una contracción de la demanda interna, mientras que apenas el 13,3% señaló un incremento en los pedidos provenientes del mercado doméstico. La conducción de la UIA, encabezada por Martín Rappallini, difundió estos datos en medio de un clima de fuerte tensión entre el empresariado industrial y el gobierno nacional. La polémica se intensificó luego de que el presidente Javier Milei calificara como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, CEO de Techint, y como “Don Gomita Alumínica” a Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate. “Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes”, afirmó Rappallini este miércoles en declaraciones a Infobae en Vivo. Desde el sector fabril cuestionan los elevados costos de producción locales, que —según sostienen— reducen la competitividad frente al proceso de apertura comercial que impulsa el Poder Ejecutivo.

En el plano laboral, el informe señala que el 22,2% de las fábricas aplicó recortes en su dotación de personal. Dentro de ese grupo, la mitad avanzó con despidos directos, mientras que el resto optó por reducir turnos o implementar suspensiones temporales ante la caída de la actividad.

La retracción de la demanda interna volvió a aparecer como la principal preocupación para el 46,1% de las empresas industriales. A su vez, la inquietud por la competencia de productos importados pasó de niveles prácticamente inexistentes a representar el 19,4% de las respuestas, en un contexto de apreciación cambiaria que favorece el ingreso de bienes del exterior. El estudio también revela que el 45,6% de las firmas tuvo dificultades para cumplir con pagos de salarios, proveedores o servicios públicos. Frente a la falta de liquidez, muchas compañías debieron recurrir a endeudamiento de corto plazo o asumir mayores costos financieros por intereses derivados de atrasos acumulados, una situación que —según el informe— también atraviesan numerosas familias argentinas.

La industria automotriz registró en febrero una nueva caída interanual en su nivel de actividad y acumuló siete meses consecutivos de retroceso, en un contexto marcado por el freno de la producción, paradas programadas en plantas, una mayor apertura de importaciones y una demanda externa todavía débil.

Según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), durante febrero se produjeron 29.632 vehículos entre automóviles y comerciales livianos. El dato representó una contracción del 30,1% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 42.419 unidades, aunque mostró una mejora del 41,1% respecto de enero.

El gobierno de Javier Milei lleva adelante una política de ajuste y apertura de importaciones que está golpeando fuertemente el sector industrial, con cierre de fábricas y despidos de trabajadores. Lejos de preocuparle la situación, el gobierno celebra los cierres e insulta a los empresarios. No la ven.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe basado en datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo, en medio de un fuerte retroceso del aparato productivo durante la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con el Informe Sectorial #41 de la consultora Audemus, la industria argentina cerró el segundo año del actual gobierno en una “recesión profunda”, acumulando una caída promedio del 7,9% entre 2024 y 2025 respecto a los niveles de 2023.

El deterioro fue tan pronunciado que, entre 56 países relevados por la ONUDI, Argentina quedó solo por detrás de Hungría en términos de desplome industrial, consolidándose como uno de los casos más severos de contracción productiva a nivel global.

El contraste con la región es contundente. Mientras la industria argentina se hundía, economías vecinas como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) registraron expansiones sostenidas de su actividad manufacturera.

Derrumbe del tejido empresarial

Uno de los datos más preocupantes del informe es el desmantelamiento del entramado industrial. En apenas dos años 2.436 empresas manufactureras dejaron de operar, lo que equivale a la desaparición del 5% del total de firmas del sector.

La pérdida es particularmente grave por su carácter estructural: el estudio advierte que la cantidad de unidades productivas activas se encamina a perforar los mínimos históricos registrados durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

Según el análisis de Audemus, el fenómeno no puede interpretarse como un simple proceso de depuración empresarial.

“No se trata de una limpieza de ineficiencias, sino de un colapso productivo que afectó incluso a empresas con décadas de trayectoria”, señala el documento.

Entre los factores que explican este escenario aparecen la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos en dólares y la apertura comercial sin mecanismos de protección para la producción local.

Una sangría laboral que golpea a miles de familias

El derrumbe industrial tuvo un impacto directo sobre el empleo formal.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la industria expulsó 72.955 trabajadores registrados, lo que implica una reducción del 6% de la plantilla total del sector.

El informe destaca además que el empleo industrial cayó en 16 de los 24 meses de la actual gestión, evidenciando un proceso sostenido de destrucción de puestos de trabajo.

Incluso en los meses donde la actividad mostró leves rebotes técnicos, la contratación no se recuperó, reflejando que muchas empresas entraron en un modo de supervivencia, priorizando recortes de costos laborales para evitar el cierre definitivo.

Fábricas semivacías y sectores en alerta roja

La crisis también se refleja en la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial, que en 2025 promedió apenas 57,9%, el nivel más bajo de la última década si se excluye el año de confinamiento por la situación excepcional de la pandemia.

Algunos sectores registraron cifras históricamente críticas:

• Metalmecánica y textil, con niveles mínimos de actividad.
• Tabaco, químicos, caucho y plástico, con tasas inferiores incluso a las registradas en 2020.

Entre las ramas más afectadas se destaca la industria de cuero y calzado, donde la cantidad de empresas activas cayó 16,4% en el bienio analizado.

También sufrieron fuertes retrocesos confecciones y productos metálicos, golpeados por la caída del poder adquisitivo y el ingreso creciente de bienes importados.

En contraste, solo algunos sectores vinculados a exportaciones primarias lograron sostenerse, como la molienda de cereales y oleaginosas —que se recuperó tras la sequía— y la industria farmacéutica, cuya demanda suele ser menos sensible a las crisis económicas.

Señales de crisis productiva

El informe también advierte que la caída reciente de las importaciones de bienes de capital y de insumos industriales no responde a una sustitución productiva, sino a una falta de inversión y de actividad fabril.

Sin maquinaria nueva ni piezas intermedias para producir, los analistas señalan que la industria enfrenta un techo estructural dentro del actual esquema macroeconómico, marcado por un tipo de cambio que favorece el consumo de bienes externos pero debilita la competitividad de la producción local.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) refuerzan este diagnóstico: la industria manufacturera lideró la pérdida de puestos laborales en noviembre de 2025, con una caída mensual del 0,3% desestacionalizado.

La advertencia sobre la falta de política industrial

Para los analistas de Audemus, el factor que más preocupa hacia el futuro es la ausencia de una estrategia industrial activa.

Mientras muchas potencias mundiales volvieron a implementar subsidios, incentivos productivos y protección de sectores estratégicos, el modelo económico vigente en Argentina apuesta por una desregulación amplia del mercado.

El riesgo, advierte el informe, es que la pérdida de capital humano calificado —operarios que migran hacia la informalidad u otras actividades— vuelva mucho más lenta y costosa cualquier eventual reconstrucción del aparato productivo.

En ese escenario, la industria argentina enfrenta no solo una crisis coyuntural, sino también un proceso de desindustrialización que podría marcar el rumbo económico del país durante los próximos años.

La Justicia de Uruguay decretó el concurso y embargo de Rampla Juniors, un club que administran Foster Gillett y su socio Guillermo Tofoni bajo el formato de Sociedad Anónima Deportiva (SAD). La Justicia Uruguay constató deudas por cientos de miles de dólares que superan el activo del club. Gillett es el socio de Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata. Su propuesta se presentaba como “el futuro del fútbol”.

El club está atravesado por problemas financieros y se encuentra bajo la lupa de los organismos de control. En tanto -según publica la web Doble Amarilla-, el escándalo surge en medio de una investigación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) contra Gillett y Tofoni por presunto lavado de activos, una causa que agrega tensión al escenario institucional y económico que atraviesa la entidad.

Como parte de la decisión, Gillett y Tofoni fueron desplazados de manera inmediata y se convocó a una Junta de Acreedores para el 22 de septiembre, instancia clave para definir los pasos a seguir en el proceso concursal y evaluar la situación patrimonial del club.

Ya no lo dice más, pero hasta hace 30 días Verón presentaba el acuerdo con Gillet como una revolución y el “futuro del fútbol” mientras el gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri se sumaban a la euforia. Ya nadie explica qué pasó con la plata de Gillet y por qué Estudiantes vendió a Cristian Medina a Botagofo y recibió solo 100 mil dólares. Además, por qué debió salir a vender a su figura Santiago Ascacibar nada menos que a Boca por menos de 4 millones de dólares. Ahora se quedó sin entrenador – cansado de los contratiempos – y deberá enfrentar la Copa Libertadores en crisis.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, admitió que la baja del riesgo país está siendo más lenta de lo que esperaba el Gobierno y atribuyó esa situación a factores políticos y a la percepción de los mercados. “Bajar el riesgo país es más difícil de lo que se cree”, afirmó el funcionario.

Durante una disertación en un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, Caputo explicó que, a pesar de las medidas económicas adoptadas por la gestión de Javier Milei, el indicador que elabora JPMorgan Chase no cayó como se esperaba.

Las declaraciones se dieron en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales en medio de tensiones por la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, el riesgo país argentino subió 3,7% y cerró en 588 puntos básicos.

“El mercado sigue priceando un riesgo kuka”

Caputo sostuvo que el comportamiento del indicador no responde únicamente a variables económicas. Según explicó, los inversores aún incorporan en sus cálculos la posibilidad de cambios políticos en el país.

“Sacamos un bono hace dos semanas que vence dentro del mandato de Javier Milei y salió al 5,89%, unos 230 puntos básicos por encima del Tesoro estadounidense. El mercado implícitamente sigue priceando un ‘riesgo kuka’ de casi 300 puntos básicos”, afirmó.

Para el ministro, esa percepción política explica por qué el riesgo país se mantiene elevado aun cuando el Gobierno asegura haber mejorado los indicadores macroeconómicos.

“Es más difícil de lo que vos creés”

Caputo también cuestionó a economistas y analistas que, según dijo, fueron cambiando sus críticas a medida que el Gobierno fue cumpliendo metas económicas.

“Antes decían que el problema era que no comprábamos reservas. Ahora que compramos, dicen que tenemos que hacer una colocación internacional. No, esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que pasó es que es más difícil de lo que vos creés”.

El ministro remarcó que el Ejecutivo superó metas de acumulación de divisas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. “Habíamos quedado en comprar alrededor del 5% del volumen diario y estamos comprando más del 30%, sin afectar el precio”, aseguró.

Resultados económicos y desconfianza política

Caputo insistió en que la gestión económica ya mostró resultados, pero que el mercado todavía no refleja plenamente esos cambios en el riesgo país.

“Después de dos años podemos mostrar resultados. Este Gobierno, sin violar la propiedad privada, sin default ni planes Bonex, bajó el gasto 30% en términos reales y terminó con cinco puntos de déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que los mercados no reaccionan únicamente a los fundamentos económicos. “Ojalá los activos financieros se guíen solo por los fundamentos. En el corto plazo influye más la posición técnica y, en países como el nuestro, también el factor político”, explicó.

Por eso, concluyó, la percepción de los inversores sigue incorporando ese componente: “El ‘riesgo kuka’ está y sigue estando”.

El presidente anunció el cambio a través de sus redes sociales luego de meses de versiones sobre la salida del ahora exministro. El nombramiento del actual fiscal porteño se definió en el marco de la disputa por el poder entre la hermana del mandatario y el asesor presidencial.

Tal como se rumoreaba en los pasillos de la Casa Rosada en los últimos días, el presidente Javier Milei anunció este miércoles la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia de la Nación y su reemplazo por Juan Bautista Mahiques. La decisión se oficializó a través de la cuenta del mandatario en la red social X, donde agradeció al ahora exfuncionario por “más de dos años de incansable trabajo” y dio la bienvenida a su sucesor.

Detrás del nombramiento de Mahiques hubo una larga y sorda puja entre Karina Milei y Santiago Caputo por imponer en el cargo gente propia, una disputa que finalmente se decantó en favor de la hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia. El asesor sin cargo oficial impulsaba el nombre del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pero la balanza se inclinó una vez más hacia la influencia de Karina en el armado político del Gobierno.

Cúneo Libarona estuvo al frente del ministerio desde el inicio de la gestión libertaria hace poco más de dos años y desde hacía meses se venía especulando con su salida. De hecho, se daba por descontado que el cambio se produciría tras las elecciones legislativas de octubre pasado, pero desde la Casa Rosada le pidieron que continuara hasta poder ordenar la transición. Durante ese tiempo se gestó un nuevo capítulo de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, que terminó con un nuevo triunfo de la primera.

Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.

El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.

VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu

— Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se desempeña actualmente al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Es hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, quien recientemente se apartó de la sala que tiene a su cargo una de las causas que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Resta confirmar si también será designado como segundo del Ministerio el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Karina Milei.

La cartera de Justicia acumula varios pendientes estructurales que se espera que Mahiques, por sus aceitados vínculos políticos, pueda destrabar. El Gobierno no logró nombrar jueces, fiscales ni defensores en los últimos años, lo que dejó un número creciente de cargos vacantes en distintos tribunales del país. Como resultado de esa parálisis, hoy existen más de 200 pliegos judiciales que todavía no fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado para su tratamiento, una situación que impacta especialmente en la Justicia federal y nacional, donde numerosos juzgados funcionan con subrogancias o cargos interinos.

La crisis del consumo y el freno de la actividad siguen profundizando una ola de despidos que se expande por todo el país y golpea con fuerza al sector del comercio y la industria alimenticia.

ChangoMás acelera el ajuste: estiman hasta 300 despidos

La cadena de supermercados controlada por Dorinka, del grupo del empresario Francisco de Narváez, inició un nuevo plan de ajuste que podría alcanzar entre 200 y 300 despidos en todo el país, según estimaciones de fuentes mercantiles.

El viernes pasado fueron notificados 11 trabajadores de la sucursal de la capital de San Juan, mientras que en La Pampa también hubo cesantías, incluso entre personal jerárquico. Los gremios provinciales ya intervienen para verificar las condiciones de las desvinculaciones y exigir precisiones sobre el pago de indemnizaciones.

Desde los sindicatos advierten que el recorte “llegará a todo el país” y que la cifra final podría superar ampliamente las primeras estimaciones. “Como mínimo fueron tres empleados por tienda y la empresa tiene más de 90 sucursales”, señalaron fuentes del sector. Muchos de los despedidos serían trabajadores con poca antigüedad, especialmente de líneas de cajas.

Desde la Casa Rosada no se ve. San Juan, capital: entre los supermercados Libertad y Changomás hubo 50 despidos, desde diciembre último. Los más recientes fueron el pasado viernes 27/2, cuando Changomás despidió a 11 empleados. Motivo? Caída del consumo. pic.twitter.com/OjKYabsACL

— David Correa (@davidcorreatv) March 3, 2026

El antecedente inmediato no es alentador: en mayo de 2024 la firma ya había despedido al menos 152 empleados en ocho sucursales, también bajo el argumento de la caída de ventas. Hoy, con 93 sucursales y unos 8.600 trabajadores, la compañía vuelve a aplicar un ajuste más profundo, en un contexto de retracción del consumo que afecta a todo el rubro supermercadista.

Cierre del frigorífico San Roque en Morón: 140 familias sin trabajo

La crisis también impacta con fuerza en la industria cárnica. El frigorífico Ganadera San Roque cerró definitivamente su planta en Morón y despidió a sus 140 trabajadores, alegando caída del consumo interno y un fuerte incremento de las importaciones.

La empresa encuadró las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Los telegramas comenzaron a llegar mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el conurbano bonaerense, donde el sector ya venía golpeado por suspensiones y conflictos.

La Anónima y otras cadenas, en alerta

La situación también genera inquietud en La Anónima, cadena con fuerte presencia en la Patagonia, que enfrenta una caída de ventas de hasta el 25% y problemas financieros vinculados al aumento de la morosidad en su tarjeta propia. En los últimos meses redujo decenas de puestos de trabajo y no se descartan nuevas medidas.

En paralelo, otras firmas del sector como Cencosud —propietaria de Vea y Easy en Argentina— avanzaron con cierres de sucursales y despidos en distintas provincias. También se registran recortes en Libertad y ajustes en distintas plazas del interior.

El panorama general muestra un escenario de ajuste extendido, con empresas que reducen estructuras, aplican “dotaciones mínimas” y avanzan en despidos como respuesta a la caída del consumo. La preocupación crece entre los trabajadores y sus representantes gremiales, que advierten que el costo de la crisis vuelve a recaer, una vez más, sobre el empleo formal en todo el país.

Organizaciones políticas y especialistas jurídicos solicitaron formalmente que el presidente sea citado a indagatoria en la causa que investiga el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei.

Un grupo de organizaciones políticas y profesionales del derecho presentó un escrito ante la Justicia para que el presidente Javier Milei sea citado a declarar como imputado en la causa que investiga la conocida como estafa de Libra, un expediente judicial que sigue su curso tras denuncias de maniobras fraudulentas en torno a esa presunta operación engañosa.

La solicitud formal, que fue elevada ante el juez a cargo de la investigación, argumenta que existen elementos de prueba suficientes como para que Milei explique su rol y posibles vínculos con los hechos que se investigan, y sostienen que su declaración ante la Justicia resulta clave para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Quienes impulsan el pedido señalaron que la investigación ya acumula indicios y testimonios que involucran a diferentes actores vinculados al caso Libra, en el que se denunciaron ofrecimientos de inversión con carácter de estafa y daños económicos a múltiples inversores particulares. En ese marco, consideran que la declaración de figura central de la vida política actual permitirá esclarecer puntos nodales de la causa.

El escrito judicial también menciona la necesidad de que Milei explique si tuvo algún tipo de participación, conocimiento o vínculo con personas o estructuras señaladas en la causa, así como su postura sobre las acusaciones que se han formulado en torno a las operaciones de Libra, que nuevamente volvieron al centro del debate público tras el avance de la investigación.

La presentación se produce en un contexto en el que la causa Libra sigue sumando pedidos, apelaciones y actuaciones judiciales, y ahora amplía el foco hacia figuras de relevancia pública, lo que eleva la expectativa sobre cómo se desarrollará el proceso en los próximos pasos procesales.

Quienes solicitaron la citación a indagatoria sostienen que la transparencia y el acceso a la verdad son fundamentales para reconstruir la confianza de los damnificados en el sistema judicial y para que se determinen con claridad las responsabilidades de todas las personas involucradas, sin importar su posición actual o pasada.

La decisión de avanzar con la citación de Milei quedará en manos del juez interviniente, quien evaluará los argumentos aportados y definirá si corresponde avanzar con la audiencia de indagatoria o si se requieren más elementos probatorios antes de dar ese paso procesal.