El ajuste económico del Gobierno impactó de lleno en el consumo de fin de año: la canasta festiva volvió a encarecerse muy por encima de los ingresos y los comercios enfrentan diciembre con ventas débiles y márgenes al límite.

La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei dejó su marca en la previa de las fiestas. A días de la Navidad, el consumo permanece retraído, la oferta de productos estacionales se achicó y el aguinaldo perdió capacidad para sostener compras que hasta hace poco eran habituales en los hogares argentinos.

En los comercios barriales, tradicional termómetro del consumo popular, el panorama es elocuente. La mercadería navideña llegó más tarde, en menor cantidad y con rotación lenta. Pan dulces, budines y frutos secos ya no ocupan el centro de las góndolas, desplazados por una demanda cautelosa y bolsillos exhaustos.

El deterioro responde a una combinación conocida: salarios y jubilaciones que corren detrás de los precios, subas constantes en alimentos y un fuerte incremento en tarifas de servicios que drenó ingresos durante todo el año. En ese contexto, diciembre dejó de ser el mes de recuperación para convertirse en otro capítulo de supervivencia comercial.

Los datos acompañan la percepción del sector. Un relevamiento de la asociación Consumidores Libres indicó que la canasta navideña registró un aumento interanual del 35,9% respecto de diciembre pasado, sobre una base de 24 productos representativos. El salto contrasta con un salario mínimo que no alcanza los 335 mil pesos, consolidando el desfasaje entre precios e ingresos.

En grandes superficies, las subas fueron incluso más desparejas: oscilaron entre el 20% y el 45%, con picos muy superiores en artículos puntuales. Frutos secos como las avellanas casi duplicaron su valor, mientras que cortes tradicionales como el asado se encarecieron más de un 80% en un año. Productos emblemáticos de las fiestas, como pan dulces de primera marca o almendras, exhiben incrementos cercanos o superiores al 40%.

Con ese escenario, una canasta que a fines de 2024 rondaba los 133 mil pesos hoy se ubica cerca de los 181 mil. La cifra explica la prudencia de consumidores y comerciantes, que ajustaron expectativas ante un cierre de año sin repunte.

La respuesta del sector fue defensiva. Muchos negocios redujeron pedidos y ajustaron stocks para evitar sobrecostos financieros. Incluso los almacenes de barrio, que lograron captar parte de la clientela que dejó las grandes cadenas, eligieron operar con cautela y minimizar riesgos.

Desde el sector comercial señalaron que proliferaron las llamadas “canastas de emergencia”, versiones recortadas de la mesa navideña tradicional. Combos básicos con cinco productos se ofrecieron entre 6.000 y 9.000 pesos y concentraron la mayor parte de la demanda, en una señal clara del cambio de hábitos de consumo.

Las expectativas ahora se concentran en los últimos días de diciembre, aunque el optimismo es limitado. Estudios privados advierten que cerca de un tercio de los trabajadores registrados destinará el aguinaldo al pago de deudas. Con ingresos que no alcanzan a cubrir todo el mes, la Navidad llega atravesada por un ajuste que se siente en las góndolas, en las cajas y, sobre todo, en las mesas familiares.

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la principal entidad financiera pública del país, profundizando la colonización política del Banco Nación en plena ofensiva oficial contra el rol del Estado en el sistema bancario.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la incorporación de la exdiputada nacional Carolina Píparo al directorio del Banco de la Nación Argentina, en una decisión que refuerza el sesgo ideológico del Gobierno sobre una institución clave para el crédito productivo y el desarrollo federal.

La designación fue formalizada mediante el decreto 907/2025, firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial. Píparo asumió el cargo el 11 de diciembre tras la aceptación de la renuncia de Rodolfo Carvajal, y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, completando el período previsto por la Carta Orgánica del banco.

El movimiento se inscribe en una reconfiguración más amplia de la cúpula del Banco Nación. A través del decreto 903/2025, el Ejecutivo también formalizó las renuncias de Daniel Tillard a la presidencia y de Darío Wasserman a la vicepresidencia. En un giro interno, Wasserman fue promovido como nuevo presidente de la entidad, mientras que Tillard recibió un protocolar agradecimiento por los servicios prestados.

Más allá de la formalidad administrativa, las decisiones vuelven a poner en el centro del debate el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al Banco Nación. Mientras el discurso oficial insiste en achicar el Estado y desmantelar herramientas públicas de financiamiento, el Ejecutivo avanza en la ocupación política del directorio de la principal banca estatal, clave para el crédito a pymes, economías regionales y sectores estratégicos.

La llegada de Píparo —una dirigente identificada con el núcleo duro del oficialismo— no pasa desapercibida en un contexto de ajuste, recorte del crédito y señales persistentes de privatización encubierta. Traducido: menos banco público, más obediencia política. Vieja historia, con nuevo elenco.

La Justicia federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el destino de los lingotes de oro enviados al exterior durante la gestión de Luis Caputo, luego de que el organismo se negara de manera reiterada a brindar esa información y alegara una “reserva total” sin fundamentos suficientes.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este lunes un fallo de primera instancia y dio lugar al amparo presentado por la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. El tribunal consideró que el BCRA vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación al negar sistemáticamente los datos requeridos.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V sostuvo que la autoridad monetaria no logró justificar de manera concreta por qué ocultó información clave sobre el envío de lingotes de oro fuera del país. Según el fallo, la negativa oficial se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” que impidieron verificar si la reserva invocada era legítima.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, afirmaron los magistrados. La Cámara recordó además que el Banco Central también se había negado a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino del oro.

El reclamo judicial se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban precisiones sobre los envíos de lingotes al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión de esa información podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y advirtió que “la configuración de alguna de las excepciones legales no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

El tribunal remarcó que es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño real a un interés protegido, algo que el Banco Central no hizo. También subrayó que la información reclamada está vinculada a “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o que, en su defecto, explique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden divulgarse, dónde se encuentra actualmente el oro y de qué manera su difusión podría afectar al sistema financiero. Las costas del proceso fueron impuestas al Banco Central.

¿Se terminaron los dibujos de Marco Lavagna en el INDEC? Con esa ironía, muchos consultores miraron los datos del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que finalmente mostró una disminución del 0,4% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada. Todas las consultoras estaban marcando la caída brutal de la economía real (no financiera), solo le faltaba reconocerlo al INDEC…

Sin embargo, el indicador mantuvo una variación positiva en la comparación interanual. En el decimo mes del año, el EMAE creció 3,2% frente al mismo mes del año anterior, impulsado por el desempeño de la mayoría de los sectores que integran el indicador. Ahora, los rubros que más crecen son intermediación financiera, impuestos y pesca. Todo el resto, en caída libre.

Del 3,2% que “creció la economía” según el INDEC, el 1,32 puntos porcentuales lo explica intermediación financiera que se da por los intereses altísimos actuales, que solo benefician a los banqueros y perjudican a la economía real. Eso explica por ejemplo, que la industria cayera casi 3% interanual. Los bancos ganan plata y los que producen, pierden. Esa película ya se dio en Argentina.

El gobierno de Javier Milei y otro papelón en el Congreso. A pesar de tener muchos más diputados y senadores ya sabe qu no podrá evitar la aprobación del Capítulo XI del Presupuesto que incluye el financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. El ministro de interior, Diego Santilli, había prometido que estarían los números pero fracasó en su debut como “negociador con los gobernadores”.

Ahora, Milei está analizando sacar un decreto para anular las dos leyes. Esto sucedería una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto y comience el receso legislativo.

Milei declaró el domingo que no va a vetar el Presupuesto y que reasignará partidas para cumplir con la meta del déficit cero. Pero en ningún momento dijo -ni le preguntaron- si aplicará las leyes que intentó derogar.

Luego del fracaso en Diputados, el oficialismo ensaya un repliegue táctico en Casa Rosada, con negociaciones delegadas y un clima de desconcierto que expone las fisuras del armado libertario.

El Gobierno nacional inició una revisión contrarreloj de su estrategia legislativa tras la derrota sufrida en la Cámara de Diputados, un revés que dejó al descubierto improvisación política y falta de control sobre sus propios aliados. La reacción oficial llegó con una nueva reunión de su mesa chica en Casa Rosada, mientras el Presidente optó por correrse de las negociaciones directas.

El encuentro fue encabezado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un contexto marcado por el malestar interno y la necesidad de redefinir el camino para intentar cerrar el año con la aprobación del Presupuesto. La ausencia de Javier Milei y de Karina Milei volvió a ser leída como una señal de distanciamiento del manejo fino del Congreso, en uno de los momentos más sensibles para el Ejecutivo.

El traspié legislativo del miércoles pasado, cuando el oficialismo no logró imponer un artículo incorporado a último momento, desarmó la hoja de ruta que el Gobierno daba por segura. La maniobra, impulsada desde la cúspide del poder, terminó naufragando ante el retiro de apoyos de gobernadores que hasta entonces habían acompañado la agenda libertaria.

En Balcarce 50 admiten, en voz baja, que la derrota alteró los planes y expuso una conducción errática. Las versiones sobre un eventual veto presidencial, la conveniencia del texto con media sanción y los pasos a seguir se contradijeron durante varios días, reflejando un oficialismo sin línea clara y con dificultades para ordenar su propio discurso.

Mientras el Presidente destacó públicamente la media sanción obtenida y volvió a insistir con el mantra del déficit cero, puertas adentro el clima fue de incertidumbre. La decisión de forzar un capítulo conflictivo sin acuerdos previos terminó por dinamitar una sesión que el Gobierno pretendía mostrar como un triunfo político.

Ahora, con el calendario legislativo en contra, la Casa Rosada intenta recomponer vínculos y ajustar la táctica para evitar nuevos tropiezos. La apuesta es aprobar el Presupuesto y avanzar luego con otras reformas, aunque el episodio dejó una advertencia clara: sin consensos mínimos, el relato de autoridad choca una y otra vez contra la realidad del Congreso.

El Gobierno bonaerense avaló un nuevo aumento del control vehicular obligatorio, que acumula tres subas en menos de doce meses y vuelve a encarecer un trámite ineludible para circular.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo incremento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una medida que impacta de lleno en el bolsillo de los automovilistas y se suma a la seguidilla de ajustes aplicados durante el último año. El aumento comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026 y eleva el costo del trámite obligatorio a casi 100 mil pesos.

Según la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, la tarifa de referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de $97.057,65, con IVA incluido, lo que implica un alza superior al 20% respecto del valor vigente hasta ahora. Ese monto funciona como base para el resto de las categorías, que se calculan en función del mismo esquema.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial consolida el tercer aumento en menos de un año. En julio pasado, la VTV ya había registrado un salto superior al 25% en comparación con febrero, mientras que, doce meses atrás, el costo del control técnico era poco más de la mitad del valor actual.

Desde el área de Transporte justificaron el ajuste en los mecanismos previstos en el contrato de concesión, que vinculan la tarifa al salario del personal del sistema de verificación. Sin embargo, la actualización vuelve a trasladar de manera automática los costos a los usuarios, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y sin alternativas para quienes necesitan el trámite para circular legalmente.

El nuevo aumento refuerza las críticas al esquema vigente, que combina servicios privatizados, subas periódicas y un control obligatorio que no contempla la situación económica de los conductores, convertidos una vez más en la variable de ajuste de las políticas oficiales.

El consumo masivo registró en noviembre un nuevo retroceso, con una marcada caída en las ventas de supermercados que volvió a poner en evidencia la debilidad del poder de compra de los hogares.

La baja se verificó tanto en la comparación mensual como interanual, aunque el acumulado anual aún se sostuvo en terreno positivo. En contraste, el e-commerce fue el único canal que mostró crecimiento sostenido y generalizado en todos los rubros.

Según el informe de Scentia, las ventas de consumo masivo cayeron 1,8% respecto de octubre y retrocedieron 0,1% en la comparación interanual. Pese a este desempeño negativo, el acumulado de los primeros once meses del año mostró un crecimiento del 2,2%.

La medición mensual volvió a señalar un freno en el consumo, mientras que la comparación interanual mostró un escenario de virtual estancamiento. En términos de volumen, noviembre se ubicó en torno al 85,3% del nivel de enero de 2023, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste acumulado en los últimos dos años y de las persistentes dificultades para recuperar los niveles previos.

El informe indicó además que la caída se produjo en un contexto de desaceleración de los aumentos de precios, aunque esta mejora inflacionaria no alcanzó para recomponer las cantidades vendidas. La dinámica volvió a mostrar que la moderación de la inflación todavía no se traduce en una recuperación efectiva del consumo de los hogares.

Canastas con fuertes contrastes

En la comparación interanual de noviembre, la canasta total mostró una leve variación negativa de 0,1%, aunque el comportamiento por rubros fue muy dispar. Alimentación creció 2% y perecederos 2,5%, mientras que bebidas sin alcohol retrocedieron 3,2%, al igual que limpieza de ropa y hogar. En sentido contrario, bebidas con alcohol avanzaron 1,4%, lo mismo que higiene y cosmética, mientras que desayuno y merienda registró una suba marginal del 0,1%.

En el acumulado del año, la canasta total exhibió un crecimiento del 2,2%, con subas en perecederos (6,7%), alimentación (4,9%), impulsivos (4,6%), cosmética e higiene (2,7%), desayuno y merienda (1,5%), limpieza de ropa y hogar (1,5%) y bebidas con alcohol (1,7%). En contraste, bebidas sin alcohol acumuló una caída del 2,5%.

Desempeño dispar

El desempeño del consumo mostró diferencias marcadas según el canal de venta. En los autoservicios self service, las ventas cayeron 2,4% interanual en noviembre y acumularon una baja del 2,8% en el año.

La situación fue más severa en los supermercados de cadena, donde la canasta total se desplomó 7,2% interanual en noviembre. Las mayores caídas se registraron en bebidas con alcohol (-19,1%), bebidas sin alcohol (-8,9%), limpieza de ropa y hogar (-8,1%), impulsivos (-7,6%) y alimentación (-7,4%). En el acumulado de 2025, la baja fue del 5,3%, con descensos especialmente pronunciados en bebidas con alcohol (-16,9%) y bebidas sin alcohol (-13,4%).

Los autoservicios independientes mostraron un comportamiento diferente: en noviembre crecieron 2,8% interanual, aunque acumularon una leve caída del 0,2% en el año. En tanto, el canal mayorista volvió a mostrar un fuerte deterioro, con un desplome del 7,6% interanual y una baja acumulada del 5,5%.

El e-commerce volvió a destacarse como el canal de mejor desempeño. En noviembre, la canasta total creció 13,2% interanual y acumuló una suba del 12,3% en lo que va de 2025, con incrementos en todos los rubros relevados.

En medio del ajuste a la educación, las jubilaciones y la ciencia, el Gobierno destina casi $10.000 millones a remodelar la casa del embajador en Estados Unidos.

Mientras el Gobierno nacional profundiza un severo ajuste sobre áreas sensibles como la educación pública, el sistema previsional y el financiamiento científico, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incorpora una partida cercana a los $10.000 millones destinada a la remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial argentina en Washington.

La iniciativa presupuestaria, presentada por el Poder Ejecutivo como una hoja de ruta basada en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal, incluye dentro del artículo 11 un proyecto bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Según el texto oficial, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El gasto se ejecutará bajo un esquema plurianual que comenzará en 2026. Para ese ejercicio se prevé una asignación de 5.388 millones de pesos, lo que representa un avance físico proyectado del 57,14% del total. En 2027 se sumarán otros 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, mientras que la finalización de los trabajos está prevista para 2028, con una última partida de 188,6 millones.

El detalle figura en la planilla anexa denominada “Contratación de Obras de Inversión con Incidencia en Ejercicios Futuros”, bajo el proyecto 40 —Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington— y el Programa 2 de Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales. Este artículo habilita la contratación de obras cuya ejecución excede el ejercicio financiero 2026.

La decisión convive con recortes y congelamientos presupuestarios en otras áreas del Estado, en un contexto donde el propio Gobierno justifica el ajuste como inevitable para “ordenar las cuentas”. No se trata de una sede consular ni de un espacio de atención a la comunidad argentina en el exterior, sino de una vivienda destinada exclusivamente a la representación política.

En los fundamentos del Presupuesto no se detallan los alcances específicos de la obra ni se desagrega el destino de los fondos. Tampoco se explicitan informes técnicos que den cuenta de riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia edilicia que justifiquen una inversión de semejante magnitud. Desde la Cancillería no se difundió información pública sobre el estado del inmueble ni sobre la urgencia de la intervención, lo que sugiere que se trata mayormente de gastos de carácter estético.

El proyecto también plantea interrogantes en materia de control y transparencia. Las obras realizadas en el exterior presentan mayores dificultades para el seguimiento administrativo y la auditoría, ya que combinan normativa argentina con regulaciones locales. En un escenario de ajuste generalizado, los organismos encargados del control también operan con recursos limitados.

No es la primera vez que la residencia diplomática en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016 durante la gestión macrista se incluyó una remodelación de la embajada y la residencia oficial por un monto de 3,5 millones de dólares. La propiedad se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una zona donde viviendas de características similares se comercializan hoy entre 1,7 y 1,9 millones de dólares, un dato que vuelve a poner en discusión la razonabilidad del gasto.

Así, mientras se recortan recursos destinados a políticas sociales, educativas y científicas, el Presupuesto 2026 prioriza una inversión millonaria en la residencia del embajador argentino en Estados Unidos, dejando expuesta una vez más la distancia entre el discurso del ajuste y las decisiones concretas de gasto.

En 2024, durante los primeros meses de Javier Milei en la Casa Rosada, el Astillero Contessi inauguró una nueva nave industrial pensada para la construcción de buques pesqueros. Fue una fuerte inversión – prevista en tiempos de gobierno peronista – con la que los Contessi apostaban a un futuro productivo.

Sin embargo, las políticas del gobierno libertario llevaron a una fuerte contracción de la industria y, ahora, esa nave se alquila para grandes eventos. La Argentina de Milei…

Contessi es, después de SPI Astilleros, la fábrica de barcos más importante de Mar del Plata. SPI es el más grande y con mayor crecimiento. Además es líder en construcción y reparación de buques. Contessi, en tanto, tiene más de 70 años de trayectoria y se especializa en barcos pesqueros. Ambos son pilares de la industria naval argentina.

“Hace menos de un año había tres buques en construcción y todo lo que se escuchaba era el sonido del trabajo. Hoy la nave está vacía”, dijo Domingo Contessi para explicar la decisión de su empresa. Según explicó, la decisión apunta a sostener la estructura y preservar al personal mientras se espera una reactivación.

Desde el 18 de diciembre, funciona en la nueva nave la muestra inmersiva “Puertas a Mundos”, luego de que la empresa decidiera alquilar la instalación a la productora NA para evitar que la falta de trabajo profundice la crisis del sector.