Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump analiza acciones militares en Venezuela que incluyen desde ataques selectivos hasta la posible toma de los campos petroleros, una estrategia que, según analistas, apunta a controlar los vastos recursos energéticos del país sudamericano.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el gobierno estadounidense ha diseñado varios escenarios de intervención que van desde ataques a unidades militares que protegen a Maduro hasta operaciones especiales para capturarlo. Entre las alternativas más ambiciosas figura el control de la infraestructura petrolera y de aeródromos estratégicos, lo que permitiría a Washington asegurar influencia directa sobre la principal fuente de riqueza venezolana y una de las mas importantes del mundo.

Asesores cercanos al entonces presidente, como Marco Rubio y Stephen Miller, han presionado para adoptar medidas más agresivas, justificadas bajo la narrativa de una “guerra contra el narcotráfico”. La Casa Blanca busca incluso vías legales para eludir la autorización del Congreso, apoyándose en la posible designación de Maduro y altos mandos militares como líderes del llamado Cartel de los Soles. Esa clasificación abriría la puerta a operaciones militares bajo el paraguas de la lucha antidrogas.

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe. Actualmente cuenta con unos 10.000 efectivos distribuidos entre bases en Puerto Rico y buques de guerra, mientras el portaaviones Gerald R. Ford se dirige a la región con más de 75 aeronaves de ataque y unos 5.000 tripulantes. Bombarderos B-52 y B-1 también han sobrevolado las cercanías de la costa venezolana, en una clara demostración de fuerza.

Aunque Trump ha enviado mensajes ambiguos sobre una posible guerra abierta, sus declaraciones siguen marcadas por la retórica de que “los días de Maduro están contados” y por acusaciones de que Venezuela es un centro de narcotráfico hacia Estados Unidos. Bajo ese discurso, Washington intenta presentar una eventual intervención militar como una operación legítima de seguridad regional.

Advertencia de Lula

Desde América Latina, crecen las alertas ante una posible invasión. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su preocupación por la escalada de tensiones y advirtió que “los problemas políticos no se resuelven con armas, sino con diálogo”. Durante su gira por Asia, Lula ofreció mediar entre ambas partes y recordó que cualquier acción unilateral violaría la soberanía venezolana y el derecho internacional.

Mientras la Casa Blanca sostiene que las operaciones se centran en “narcoterroristas”, la magnitud del despliegue militar y el interés manifiesto por el control de los recursos energéticos venezolanos revelan una estrategia más amplia: utilizar el discurso antidrogas como justificación para intervenir en un país cuya riqueza petrolera sigue siendo clave en el tablero geopolítico mundial

La suspendida jueza Julieta Makintach enfrenta desde hoy un jury de enjuiciamiento que podría ponerle fin a su carrera en la magistratura, cargo que ocupa desde marzo de 2017. La magistrada queda en el centro de la polémica tras revelarse su participación protagónica en el documental “Justicia Divina”, un proyecto que busca narrar desde adentro el juicio en el que se analizaban eventuales responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. Makintach integra el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, encargado de ese debate, lo que abre sospechas de conflicto ético y de utilización de la función judicial con fines privados.

El juicio político comienza a las 9 de la mañana en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata. El primer testigo citado es el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien, junto a Cosme Iribarren, lleva adelante la acusación pública en el juicio que finalmente se suspende cuando se filtra el avance del documental.

Ferrari declara ante el jurado para reconstruir los hechos que rodean la filmación y la presunta participación activa de la jueza en el proyecto audiovisual, cuya existencia ya es considerada una falta grave por la Suprema Corte bonaerense, que ordena su suspensión preventiva.

Se espera que el proceso se extienda durante varias jornadas y que desfilen funcionarios judiciales, policías, personal técnico audiovisual y personas vinculadas a la producción del documental. El jury deberá decidir si Makintach continúa o no en su cargo, y si corresponde aplicar sanciones disciplinarias o la destitución definitiva.

La crisis económica profundiza el deterioro del tejido productivo: casi 30 empresas cierran por día y el empleo formal retrocede en todo el país.

Entre enero y junio de 2025, 3.647 empresas formales con al menos un trabajador registrado dejaron de operar en Argentina, según informó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto equivale a más de 20 cierres empresariales por día solo en el primer semestre.

La tendencia se acentúa si se analiza el período completo desde la asunción del gobierno de Javier Milei: entre noviembre de 2023 y junio de 2025, 16.322 empresas cerraron sus puertas, lo que representa un promedio de 28 cierres diarios, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

Este colapso empresarial va de la mano con una fuerte destrucción de empleo. Solo en la Provincia de Buenos Aires, 88.460 trabajadores registrados perdieron su fuente laboral y 4.479 empleadores desaparecieron en el mismo lapso

A nivel nacional, sindicatos y centros de estudio estiman que más de 230.000 puestos de trabajo formales se perdieron desde fines de 2023.

Los sectores más afectados son la industria textil, la construcción, el comercio y los servicios. Casos emblemáticos como los despidos en Magnera, ILVA, Kimberly-Clark y Kenvue —más de 1.000 trabajadores afectados solo en el Parque Industrial de Pilar— reflejan el alcance de la crisis en el sector industrial

La mayoría de las empresas que cierran son pequeñas y medianas (PyMEs), que representan el 99,7% del total del sector privado formal. Su desaparición no solo destruye empleo, sino que debilita la cadena productiva nacional y reduce la capacidad del país para abastecerse con productos propios.

Las fuentes oficiales confirman una tendencia preocupante: el modelo económico actual está provocando un ajuste sobre el trabajo y la producción, con consecuencias sociales profundas en todas las regiones del país.

El Presidente reunió a líderes de ACIERA para orar en la sede del Gobierno Nacional, en un gesto que mezcla poder político, fe y propaganda. La escena, inédita, refuerza el avance de la lógica religiosa sobre las instituciones públicas.

En un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia, Javier Milei abrió la Casa Rosada a pastores evangélicos para realizar una “jornada de oración” en pleno despacho presidencial.
El encuentro coincidió —no por casualidad— con la primera reunión de su nuevo Gabinete, en un intento del mandatario de mostrar cohesión interna y apoyo espiritual tras semanas de tensiones políticas y renuncias.

Participaron su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien acompañó el acto calificándolo como “histórico”. Desde el Ejecutivo lo presentaron como un gesto de unidad nacional y afirmaron que “por primera vez, pastores de todo el país participaron de una jornada de oración en la sede del Gobierno”.

Sin embargo, el hecho encendió alarmas por la naturalización del discurso religioso dentro del Estado. La Casa Rosada, sede del poder político y símbolo de la república laica, fue escenario de una ceremonia confesional encabezada por un presidente que suele apelar al lenguaje mesiánico y espiritual para justificar decisiones políticas.

Más allá de la efusividad del acto, la convocatoria a líderes religiosos en el corazón del poder institucional marca un retroceso en materia de laicidad y un preocupante corrimiento de los límites entre Iglesia y Estado.
El Gobierno libertario, que se jacta de combatir “privilegios” y “corporaciones”, parece encontrar en el poder religioso un aliado ideológico y simbólico para sostener su discurso.

Mientras Milei habla de “libertad” y “meritocracia”, bendice su gestión bajo el lema de la fe. Una escena que, si la protagonizara un dirigente peronista, seguramente desata portadas indignadas y pedidos de explicaciones en todos los canales.

La Justicia negó a la Comisión Investigadora de Diputados el acceso al expediente sobre la criptomoneda impulsada por el propio Presidente, y también desestimó detener a dos empresarios involucrados. Una decisión que despierta sospechas por su oportunismo político.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi volvió a colocarse en el centro de la polémica al rechazar el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para acceder al expediente por el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, una causa que involucra directamente al presidente Javier Milei.

Según el magistrado, el Congreso “no tiene legitimación” para acceder al expediente, una interpretación que coincide palabra por palabra con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que lleva adelante la pesquisa. Ambos argumentaron que una apertura “irrestricta” de la información podría obstruir la investigación.

Sin embargo, la decisión genera más preguntas que certezas. ¿Por qué tanta reserva cuando el propio Presidente promocionó públicamente la moneda en redes sociales, provocando un alza artificial de su valor antes del desplome? ¿Y por qué se impide al Congreso ejercer su rol de control político?

Mientras tanto, De Giorgi también rechazó detener a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados por la querella como piezas clave del entramado financiero detrás de LIBRA. El denunciante, Martín Romeo, advirtió que ambos presentan riesgo de fuga —por tener pasaportes extranjeros y residencia en el exterior—, además de haber vaciado cajas de seguridad y eliminado archivos.

Aun así, el juez consideró que “no hay riesgos procesales ni peligro de fuga”, y que las medidas cautelares vigentes, como el congelamiento de activos, son “suficientes”. Incluso sostuvo que poseer doble nacionalidad “no puede interpretarse como un indicio suficiente”.

El contraste no pasó inadvertido: si los involucrados fueran dirigentes peronistas, las detenciones ya estarían dictadas y el expediente filtrado a los medios. Pero cuando se trata de una causa que roza al Presidente libertario, la Justicia prefiere el silencio y la cautela.

Una vez más, la independencia judicial parece depender de quién es el acusado y de qué lado del mostrador se encuentra el poder.

Según los datos difundidos, los argentinos compran cada vez menos en supermercados y recurren con mayor frecuencia al crédito para financiar sus gastos básicos.

Un nuevo informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte sobre el deterioro sostenido del consumo interno y el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Según los datos difundidos, los argentinos compran cada vez menos en supermercados y recurren con mayor frecuencia al crédito para financiar sus gastos básicos.

Menos compras y ventas en retroceso

En agosto, las ventas de los autoservicios mayoristas se redujeron 8,4% interanual, con un leve repunte mensual inferior al 1%. En los supermercados, en cambio, se registró un aumento interanual marginal de 0,34%, acompañado por una baja mensual de 0,23%.

El informe de la UBA señala que, en julio, las ventas mayoristas se ubicaron 35% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron 27% por debajo. Hasta la fecha, ambos segmentos no logran recuperar los niveles de venta de comienzos de la actual administración.

Desde diciembre de 2023, los autoservicios mayoristas acumulan una contracción del 21%, lo que representa un aumento de más de dos puntos porcentuales respecto de mayo. En tanto, las ventas de los supermercados cayeron un 9% acumulado, ampliando también la caída en dos puntos respecto de ese mes.

Estas cifras —según la UBA— confirman la debilidad persistente del consumo interno y la baja probabilidad de recuperación de la demanda, afectando directamente al comercio y al poder de compra de los hogares.

Más crédito, menos efectivo

El estudio destaca además un fenómeno creciente: el uso del crédito como vía para sostener el consumo cotidiano. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la participación de las tarjetas de crédito en las compras de supermercados aumentó del 39% al 45%. En paralelo, el uso de tarjetas de débito cayó del 34% al 26%, y el efectivo del 20% al 16%. Solo las billeteras virtuales mostraron un crecimiento, al pasar del 7% al 13% del total de operaciones.

Esta dinámica revela que una porción cada vez mayor de los hogares se endeuda para acceder a productos de primera necesidad, como alimentos, artículos de higiene y limpieza. El informe de la UBA señala que esto ocurre en un contexto donde los salarios apenas superan la inflación, y una parte creciente del ingreso se destina al pago de servicios básicos.

Más morosidad y presión sobre los hogares

A la vez, la UBA advierte sobre un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo, que aumentó 147% desde el inicio del gobierno de Milei, al pasar de 2,5% a 6,2% del total en julio de 2025. Esto significa que no solo crece el uso del crédito, sino también las dificultades de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras.

Perspectivas: consumo débil y demanda en retroceso

El informe concluye que el deterioro de la demanda interna y del consumo de los hogares refleja un agotamiento de la capacidad de compra. La caída en las ventas, el incremento del endeudamiento y el aumento de la morosidad componen un cuadro de debilidad estructural del mercado interno, que, según la UBA, podría prolongarse en los próximos meses en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica.

El pueblo se equivoca, si solo se le ofrece a elegir opciones erradas, y erradas serán cuando la dirigencia que las ofrecen persigan la ambición de cargos de instituciones incuestionables en sus privilegios y concentración del poder.

Por Joshua Lentulus Aivazian.

Tras los resultados de la reciente elección legislativa nacional de octubre, y con la imprevisible victoria del oficialismo libertario, distintos sectores sociales y de la oposición se han planteado y exigido una autocrítica. No es la primera, ni tampoco será la última vez, que se plantee, surgida de la autopercibida hegemonía moral de la representación popular. Y es que la llamada ¨derecha¨, o neoliberalismo, se le ha adjudicado una condición elitista y malintencionada en sus políticas y medidas económicas, siendo estas determinadas por intereses conspirativos tras las sombras, como el círculo rojo o el imperialismo extranjero.

Y es que no se trata de un descubrimiento que genera indignación en la sociedad estos determinismos, sino de una lamentable condición de la política argentina. Los señalamientos hechos por la derecha sobre los contratos del gobierno kirchnerista con China, los alineamientos o simpatias políticas con gobiernos como los de Venezuela, Cuba y España, han provocado una reacción justificadora del lado del peronismo sobre estos lineamientos, forzando la contradicción de una simpatía por la esfera socialista del siglo 21 y la socialdemocracia europea, con los principios tercerposicionistas del justicialismo.

Más que una defensa, estas reacciones significaron la sedimentación de una contradicción que fue nivelando los argumentos acusatorios de uno y otro bando. Y mientras el kirchnerismo definió su identidad política en su confrontación contra la derecha, los valores del movimiento peronista se iban convirtiendo en un ritualismo simbólico, reivindicador de un pueblo trabajador industrial extinto, que en su momento apoyaron y juraron lealtad por las tres banderas, y que ahora, persiguen en los retazos del dia a día una mínima estabilidad en su economía doméstica.

Junto a la ciega definición del rival político derechista, también se constituyó un viejo relato determinador de la identidad del pueblo al que se le hablaba. Las grandes prédicas populares sobre la lealtad histórica hacia quienes impulsaron la constitución de derechos sociales y laborales, fueron mermando su impacto identificatorio ante la realidad de las distintas elecciones, ejecutivas y legislativas, desde el 2015 en adelante. Convirtiendo al pueblo de una masa empoderada en su conciencia política, a una veleta que gira de acuerdo a la certeza de los vientos políticos de la dirigencia.

Esto nos lleva a otro error en el señalamiento de los responsables de la derrota del peronismo, y es el subestimar la voluntad de la elección individual del electorado como algo que se le debe recordar y señalar constantemente por la dirigencia y militancia. Ello rebaja a la militancia a un banner publicitario, y al electorado en un paciente impulsivo al que hay que recordarle cuáles deben ser sus intereses representados en su voto. La pregunta es, ¿lo que “Fuerza Patria” ofreció en estas elecciones, representaba la realidad de los intereses inmediatos del electorado?.

La campaña de Fuerza Patria estuvo compuesta mayoritariamente por consignas pesimistas sobre la situación presente, y la futura que iba a acontecer, de continuar gobernando el mileismo. Pero la realidad es que estas elecciones no definían la continuidad del actual gobierno en el ejecutivo, sino la renovación de las dos cámaras del Congreso Nacional, que había demostrado la debilidad de los mecanismos institucionales de peso y contrapeso frente a un ejecutivo inflexible. Se buscaba que dicho conflicto sea traspasado al interés popular, cuando, en su defecto, las leyes, sean decretadas o vetadas, dependían de la voluntad del ejecutivo, más que del legislativo, para su realización efectiva. ¿Y el poder judicial? la institución con la mayor imagen negativa, y también el único poder que no se encuentra determinado en la ocupación de sus cargos por el voto popular, se conformaba a su histórico rol de velador de sus propios intereses, justificando la existencia de gobiernos de facto e inconstitucionales.  

Esta situación presente ha hecho retomar la vieja discusión sobre la supremacía ejecutiva del sistema presidencialista, y la necesidad institucional de activar mecanismos jurídicos de control interno como el juicio político. Ello había sido propuesto por el jefe de bancada de Unión por la Patria (UxP), el senador por la provincia de Formosa José Mayans, en el recinto del congreso, argumentando la ilegalidad de la propuesta del presidente Milei de privatizar la energía nuclear. Sin embargo, el interés político pareciera perseguir y conservar esa supremacía presidencial, en lugar de limitarla con nuevas formas de participación ciudadana.

A lo que nos lleva a la conclusión en que si el electorado tomó una decisión arriesgada al votar a un declarado “exterminador” del futuro que vino a destruir la obra pública y al Estado, por la especulación de unas huérfanas esperanzas en que la macroeconomía se estabilice, fue debido a una emulación del actuar de nuestra dirigencia en sus propias decisiones en los armados electorales. El pueblo se equivoca, si solo se le ofrece a elegir opciones erradas, y erradas serán cuando la dirigencia que las ofrecen persigan la ambición de cargos de instituciones incuestionables en sus privilegios y concentración del poder.

El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), confirma lo que muchos en el sector venían advirtiendo: la recesión se consolidó y el tejido productivo nacional atraviesa una situación crítica.

Con ventas en caída, salarios depreciados y costos en alza, seis de cada diez pequeñas y medianas empresas ya trabajan sin generar ganancias.

Según el relevamiento, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y la utilización promedio del aparato productivo cayó al 54,6%, un nivel considerado alarmante por debajo del umbral del 60% que se asocia a una economía en funcionamiento saludable. En la industria, la utilización fue de apenas 54,7%, lo que evidencia la fuerte subutilización de la capacidad instalada y la parálisis del mercado interno.

La presión de costos es otro factor que agrava el deterioro. El 88% de las empresas enfrentó aumentos generalizados y el 74% debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas sufrió fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el colapso de la demanda interna.

“El consumo se derrumba y las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos”, advirtió el presidente de ENAC, Leo Bilinski, quien alertó que el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año ante un escenario de demanda deprimida y costos que no dejan de crecer.

El impacto también se siente en el empleo: solo el 17,1% de las empresas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos escalan al 28,8%, con un saldo negativo de casi 3 puntos porcentuales en el empleo pyme durante el trimestre.

El endeudamiento se ha vuelto un mecanismo de supervivencia más que una herramienta de inversión: el 21,3% de las firmas se financió para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos. A esto se suman demoras e incumplimientos en los pagos: el 59% de las pymes denuncia retrasos por parte de sus clientes y el 47% reporta más morosidad, lo que genera asfixia de liquidez. En promedio, las pymes cobran a 37 días, pero deben pagar a proveedores en 30.

Las expectativas hacia el futuro refuerzan el clima de pesimismo. Tres de cada cuatro empresarios (76%) creen que la economía seguirá empeorando, y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según la ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.

El Presidente encabezó un encuentro con mandatarios provinciales para buscar consensos sobre las reformas laboral y tributaria, y avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026.

Con la intención de restablecer el diálogo político con los gobiernos provinciales, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en lo que el oficialismo presentó como el inicio de una “nueva etapa de acuerdos políticos y fiscales”.

El encuentro comenzó pasadas las 17 horas en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de todo el Gabinete nacional, incluidos Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Karina Milei y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó que el objetivo es “acelerar las reformas estructurales” y definir consensos sobre el Presupuesto 2026.

Entre los mandatarios presentes se encontraron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. En cambio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no fueron convocados, por decisión del Ejecutivo.

Los reclamos patagónicos dominaron la primera parte del encuentro. Los gobernadores Torres y Vidal insistieron en la eliminación de las retenciones al petróleo crudo convencional, un pedido que también compartieron las operadoras del sector. “Las empresas se comprometen a reinvertir todo el ahorro fiscal para aumentar la producción”, explicó Torres antes del ingreso a Balcarce 50.

Más adelante, el Presidente propuso avanzar en un pacto político para aprobar el Presupuesto 2026 junto con las reformas laboral y tributaria, que el oficialismo considera esenciales para “generar empleo y estabilidad macroeconómica”. Según fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete, Milei sostuvo que el nuevo escenario tras la victoria electoral brinda condiciones favorables para impulsar su paquete de leyes.

Por su parte, los gobernadores plantearon ajustar el superávit fiscal proyectado (del 1,5% al 0,9% del PBI) para destinar más fondos a obras públicas y transferencias federales. Desde el Gobierno, admiten que evalúan esa posibilidad como un gesto para reconstruir el consenso político y recomponer la relación institucional con las provincias luego de meses de tensión y recortes.

El oficialismo riojano revirtió los resultados provisorios que daban ganador al espacio libertario. La carga de datos se había detenido el domingo, cuando el Gobierno celebraba el triunfo.

Mientras avanza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, una de las primeras sorpresas llegó desde La Rioja, donde los resultados se revirtieron y el peronismo provincial terminó imponiéndose sobre La Libertad Avanza (LLA).

El domingo por la noche, el Gobierno había mostrado resultados parciales que favorecían ampliamente al partido de Javier Milei, y la provincia llegó a “pintarse de violeta” en los mapas oficiales. Sin embargo, la carga de datos fue detenida, y el panorama cambió una vez completado el conteo provisorio.

Este martes, al finalizar el recuento, la lista Federales Defendamos La Rioja, que responde al gobernador Ricardo Quintela, se impuso por una mínima diferencia de 0,3%, con el 43,57% de los votos contra el 43,27% de LLA.

A pesar de la paridad, cada espacio se quedó con una banca: Gabriela Pedrali ingresará por el peronismo riojano, mientras que Gino Visconti lo hará por los libertarios. La diferencia final fue de solo 621 votos, una de las más ajustadas en la historia reciente de la provincia.

El recuento definitivo será ahora clave en ocho provincias: Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro. En todas ellas, los márgenes estrechos podrían alterar la distribución de bancas y modificar el mapa político surgido del comicio legislativo.