La producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual. El dato confirma la debilidad del sector, en un contexto de retracción generalizada de la actividad. Es una de las caídas en un mes más grandes de la historia reciente del país.
Pese al retroceso, el acumulado de enero a noviembre de 2025 exhibió un incremento del 2,0% respecto de igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación previos. Sin embargo, la tendencia de corto plazo volvió a mostrar señales negativas.
En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial presentó en noviembre una caída del 0,6% en comparación con octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,1% mensual.
El informe del Indec señala que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas se observaron en “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, 17,9%.
Desde que asumió al mando del país en 2023, el presidente realizó un recorte de más del 60 por ciento. La diputada nacional Julia Strada denunció en un informe cómo el gobierno de Javier Milei desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, y que por ello hay menos herramientas para combatir los incendios intencionales en la Patagonia.
En la Patagonia, cientos de brigadistas enfrentan cinco focos de incendios, el más feroz en Lago Epuyén (dos que van yendo, en lengua mapuche). La situación es gravísima, con más de 3 mil hectáreas arrasadas, decenas de evacuados e incontables pérdidas de animales y bosque nativo, además de al menos diez casas que ya son ceniza.
Tan grave como la aparición de seis granadas en las costas del lago chubutense. La decisión de investigar quiénes son los responsables de los incendios intencionales es política. E invertir en cómo y con qué herramientas combatir el fuego, también.
¿Sabés que hizo Milei para prevenir los incendios en nuestro país? NADA
1. Desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81,0% menos que en 2023, en 2025 70,8% menos y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse el 100% de lo presupuestado)… pic.twitter.com/AIYpj5gYeB
Desde hace años, con la temporada de fuego de cada verano auspiciada por quiénes lotearán en años los bosques arrasados para sus negocios inmobiliarios, urge como Estado dotar de más herramientas al Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Pero claro, Javier Milei se jacta de ser el topo del Estado que llegó para destruirlo.
En las últimas horas, la Diputada Nacional por Unión por la Patria, Julia Strada, acusó al gobierno de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023, fecha en que asumió Milei.
En su posteo en la red social X, la politóloga e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvo que Milei “desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023”.
Y que el gobierno libertario “en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023″.
Strada denunció que “en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2″.
No solo en el Sur
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) calificó de “crítica” la situación en 16 provincias frente al avance de los incendios forestales.
Ellas son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Con la estimación del dato de diciembre -que se conocerá el martes que viene- la consultora Equilibra calculó la inflación acumulada desde que Javier Milei es presidente y el dato se ubico en el 259%. Salvo dos o tres meses, la inflación mensual nunca dejó de bajar del 2%, aunque el presidente libertario haya asegurado que se estaba cerca de “inflación cero”. ¿Se está cerca?
En relación al gobieno de Alberto Fernández: ¿la inflación bajó mucho? Si se toma todo el gobierno del Frente de Todos, la inflación acumulada es de 380% pero en 4 años.
Además, los aumentos salariales, tanto en el sector privado como en el público, subieron por debajo de ese porcentaje, lo que explica buena parte del ajuste sobre la economía argentina.
Los datos oficiales correspondientes a noviembre de 2025 confirman que la economía argentina atraviesa una fase de marcada recesión y freno de la actividad, con fuertes caídas en dos sectores clave como la industria y la construcción, que registraron sus peores desempeños en más de un año.
La producción industrial manufacturera se desplomó8,7% interanual, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 4,7% frente a noviembre de 2024. En ambos casos, se trata de los mayores descensos desde mediados y fines del año pasado, lo que refuerza la señal de deterioro del nivel de actividad.
Según el informe del organismo estadístico, el índice de producción industrial también mostró una contracción mensual del 0,6% respecto de octubre, lo que evidencia que la caída no se limita a la comparación interanual sino que continúa profundizándose en el corto plazo. Aunque el acumulado de enero a noviembre todavía exhibe un crecimiento del 2%, este resultado responde en gran medida al arrastre estadístico de los primeros meses del año y no alcanza a revertir la dinámica contractiva reciente.
En el caso de la construcción, el retroceso mensual fue del 0,1%, confirmando un escenario de estancamiento que se suma a la caída interanual. Si bien el sector acumula un alza del 6,6% en los primeros once meses del año, noviembre marcó el mayor retroceso desde diciembre de 2024, cuando la actividad había caído más de 10%.
La magnitud del ajuste industrial queda en evidencia al observar la desagregación sectorial: quince de las dieciséis divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Entre las más relevantes se destacan “Alimentos y bebidas” (-7,8%), “Vehículos automotores y autopartes” (-23%), “Maquinaria y equipo” (-17,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-17,6%), “Productos de metal” (-18,6%) y “Productos textiles” (-36,7%). La única excepción fue la refinación de petróleo, con un incremento del 6,3%.
El deterioro industrial de noviembre constituye la caída más profunda desde junio de 2024, cuando el sector había retrocedido más de 20%, lo que refuerza la lectura de un nuevo ciclo de enfriamiento económico.
En este contexto, el mercado aguarda la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), prevista para el 21 de enero. Los datos de octubre ya habían anticipado señales de agotamiento: si bien mostraron una suba interanual del 3,2%, también reflejaron una contracción mensual del 0,4%, anticipo de la debilidad que se profundizó en noviembre.
Otros indicadores refuerzan el diagnóstico recesivo. Durante noviembre, larecaudación impositiva cayó 6% en términos reales y las ventas minoristas se contrajeron 4,8%, confirmando el impacto del freno económico sobre el consumo y los ingresos fiscales. El principal dato positivo provino del sector agropecuario, que creció 12,3% interanual, aunque sin capacidad suficiente para compensar la caída del resto de los sectores.
Desde la consultora ACM señalaron que, si bien en el acumulado anual algunos segmentos vinculados a bienes de capital y a la oferta mostraron un desempeño relativamente mejor, persisten fuertes rezagos en las ramas más dependientes de la demanda interna, como textiles y productos de metal, que siguen entre los principales focos de debilidad.
Así, el cierre de 2025 aparece marcado por un deterioro creciente de la actividad, con datos que confirman una economía que se encamina hacia una fase de estancamiento prolongado. De cara a 2026, el desempeño sectorial y las definiciones de política económica serán claves para determinar si el freno actual deriva en una recuperación gradual o en una recesión más profunda y extendida.
El gobierno nacional dio de baja el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), la fuerza que Patricia Bullrich había presentado como una suerte de “DEA argentina” para investigar a los narcos rosarinos.
La decisión quedó plasmada este miércoles en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva, y expone el fracaso de una de las apuestas más promocionadas en materia de seguridad que intentaban emular a agencias foráneas.
El GEANRO había sido creado en mayo de 2024 y estaba integrado por agentes de inteligencia e investigación de las distintas fuerzas federales que operan en Rosario. Sin embargo, tras un año y medio de funcionamiento, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas. “Se les dio un año y medio y los resultados no fueron mucho mejores que lo que hace cada unidad de cada fuerza por separado”, admitió al portal La Política Online un funcionario nacional.
La falta de avances concretos terminó por sellar el destino de la brigada. “No tenía mucho sentido seguir trabajando de esa manera, entonces cada efectivo volverá a sus unidades para seguir trabajando en el Plan Bandera”, reconocieron desde el propio esquema de seguridad. En los hechos, la supuesta unidad de elite terminó siendo disuelta por ineficaz.
El GEANRO había sido pensado como una unidad investigativa antinarco al estilo de la DEA norteamericana, con actuación en las zonas más calientes de Rosario. Pero la coordinación entre distintas fuerzas volvió a demostrar ser un obstáculo difícil de superar, y la experiencia no logró romper las inercias ni mejorar el desempeño habitual de los organismos federales.
La disolución contrasta con el discurso oficial que acompañó su creación y se suma a una serie de anuncios rimbombantes que luego no se sostuvieron en la práctica. Mientras tanto, el gobierno busca despegarse del fracaso y remarcar la continuidad del Plan Bandera.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el GEANRO fue creado “en el marco de la emergencia” como un espacio acotado de coordinación investigativa entre cinco fuerzas federales y que ese objetivo “fue cumplido plenamente”. Según la versión oficial, su lógica de trabajo colaborativo fue absorbida por el Comando Unificado del Plan Bandera, que desde comienzos de 2025 concentra el intercambio de información criminal y las tareas investigativas.
La baja del GEANRO deja al descubierto otro retroceso en la política de seguridad del gobierno, que debió desactivar sin estridencias una estructura que había sido vendida como clave en la lucha contra el narcotráfico y terminó convertida en un nuevo papelón oficial.
La profunda retracción del mercado interno y la caída del consumo continúan golpeando al comercio argentino. En la Ciudad de Buenos Aires, esta crisis se vuelve cada vez más visible en las principales arterias comerciales, donde las persianas bajas y los locales desocupados se multiplican.
Durante el bimestre noviembre-diciembre de 2025, la cantidad de locales comerciales vacíos en CABA aumentó un26,9% interanual, en comparación con el mismo período de 2024. El dato surge de un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que registró 198 locales en venta, alquiler o cerrados, en un contexto marcado por el estancamiento del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.
Si bien frente al bimestre septiembre-octubre de 2025 se observó una baja del 20,5%, cuando el número de locales vacíos había trepado a 249, el retroceso no alcanza para revertir una tendencia estructural de debilitamiento del comercio minorista, directamente asociada a la contracción del mercado interno.
El informe de la CAC detalla que los locales en alquiler crecieron un 2,2% respecto del bimestre previo y un 9,5% en términos interanuales, mientras que los locales en venta registraron subas aún más pronunciadas: 26,3% frente al período anterior y 33,3% en la comparación interanual. Estos datos reflejan la dificultad creciente de los comercios para sostener su actividad en un escenario de consumo deprimido.
La desocupación comercial avanza de manera desigual según las zonas de la ciudad. El relevamiento —que la CAC realiza de forma sistemática desde 2014— registró descensos bimestrales en avenidas como Santa Fe, Avellaneda, Córdoba, Rivadavia, Corrientes y Cabildo. Sin embargo, la Avenida Pueyrredón y la peatonal Florida mostraron incrementos en la cantidad de locales sin actividad, evidenciando el impacto de la crisis incluso en áreas tradicionalmente dinámicas.
También en La Plata
La situación no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata, el deterioro del mercado interno también se traduce en una fuerte suba de la vacancia comercial. Según datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), la cantidad de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o cerrados— aumentó160% interanual en el bimestre noviembre-diciembre de 2025. Aunque respecto a septiembre-octubre se registró una baja del 13,3%, el relevamiento identificó 13 locales desocupados en las principales zonas comerciales de la capital bonaerense.
Desde la CAC vinculan directamente el cierre de comercios con la retracción del consumo, que en noviembre cayó 2,8% interanual y 1,3% en términos desestacionalizados respecto de octubre. Si bien algunos indicadores muestran mejoras interanuales, estas se explican en gran medida por la baja base de comparación de 2024 y no logran traducirse en una recuperación sostenida del consumo cotidiano.
En este contexto, muchos comerciantes optan por cerrar sus locales ante la imposibilidad de sostener costos fijos y caída de ventas, mientras otros buscan reconvertirse hacia elcomercio electrónico, un canal que sigue creciendo pero que no logra compensar plenamente el deterioro del entramado comercial tradicional.
La persistencia de locales vacíos en las calles porteñas funciona así como un indicador visible del agotamiento del mercado interno, una crisis que impacta no solo en la actividad económica sino también en el empleo, la vida urbana y el tejido social.
Se trata del ex presidente de la entidad, Javier González Fraga, y el entonces vicepresidente Lucas Llach, por el megafraude en perjuicio del Estado por 300 millones de dólares.
La Justicia Federal ordenó el embargo e inhibición de bienes contra Lucas Llach y otros 18 exdirectivos del Banco Nación y del Grupo Vicentín, acusados de haber participado en una estafa millonaria contra la entidad pública durante el gobierno de Mauricio Macri. El perjuicio investigado supera los 300 millones de dólares.
La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N°10, en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de créditos al Grupo Vicentin en los últimos meses de la gestión de Cambiemos. Entre los imputados figuran el entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach, junto a otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la cerealera.
Según consta en el expediente, entre agosto y diciembre de 2019, funcionarios del Banco Nación y directivos de Vicentin habrían actuado de manera coordinada para permitir que las firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran al banco por un total de USD 304.328.665,75, una deuda que permanece impaga y de cobro incierto.
Estafa de Vicentin: González Fraga y Lucas Llach, ex directivos del Banco Nación
La resolución judicial detalla que, pese a que la deuda se encontraba vencida y exigible desde el 8 de agosto de 2019, los responsables omitieron intimar a las empresas y, por el contrario, autorizaron la liberación de fondos mediante múltiples transferencias, aun cuando el Banco Nación no estaba legalmente habilitado para hacerlo.
En ese período, se habrían realizado 125 transferencias por un total de $43.449.104.966 desde cuentas vinculadas a Vicentin. Además, el fallo menciona el otorgamiento irregular de 28 préstamos por USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, cuando la situación financiera del grupo empresario ya era crítica.
Ercolini sostuvo que el embargo tiene como objetivo asegurar un eventual decomiso, impedir que se consolide el beneficio del delito investigado y garantizar la reparación del daño causado al Estado, contemplando también la aplicación de multas y la responsabilidad solidaria de los imputados.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado citó a 26 exintegrantes de los directorios del Banco Nación y del Grupo Vicentin a prestar declaración indagatoria, acusados de haber participado en un fraude millonario contra la banca pública.
La causa vuelve a poner en el centro de la escena el vínculo entre el Grupo Vicentin y el gobierno de Cambiemos. Al respecto, el economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, afirmó que existió una connivencia política y empresarial que permitió a la compañía disponer de fondos que estaban depositados como garantía en la propia entidad, una maniobra que —según señaló— fue clave para consumar la estafa contra el Estado argentino.
Aunque el Gobierno negó un recorte directo, el cambio de la fórmula previsional y el congelamiento del bono funcionaron como una licuadora silenciosa sobre los haberes. En la comparación con el esquema anterior, los jubilados cobran hoy hasta un 25% menos de lo que deberían.
En el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, las jubilaciones fueron uno de los blancos centrales de la motosierra. Si bien el Ejecutivo no aplicó un recorte nominal directo sobre los haberes, la decisión de modificar por decreto la fórmula de movilidad previsional derivó en una pérdida concreta y acumulada que, según distintos análisis, ya alcanzó hasta un 25% respecto de lo que los jubilados hubieran cobrado de haberse mantenido el esquema anterior.
Más adelante, el impacto se explicó a partir del cambio dispuesto vía DNU 274/2024, mediante el cual el Gobierno reemplazó la fórmula que combinaba salarios y recaudación por una actualización atada exclusivamente a la inflación. Esa modificación, presentada como una medida “neutral”, implicó en los hechos que los haberes crecieran menos que bajo el régimen previo, especialmente en un contexto de recuperación parcial de ingresos y actividad. La comparación entre ambos esquemas dejó en evidencia que, hacia fines de 2025, las jubilaciones deberían haber sido alrededor de un 25 a 27% más altas sin el cambio impuesto por Milei.
En el mismo tono, otro factor clave del ajuste fue el congelamiento del bono previsional. El refuerzo de $70.000, que alcanzó a millones de jubilados y pensionados, permaneció fijo mientras la inflación continuó licuando su valor real. De este modo, incluso quienes percibieron el bono vieron deteriorarse su ingreso total mes a mes, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Finalmente, por más que Milei y su junta insistieron en negar un “recorte”, los números mostraron otra cosa: el ajuste existió, fue deliberado y tuvo consecuencias directas sobre los ingresos de los jubilados. No se trató de una poda explícita, sino de una estrategia de licuación sostenida, que volvió a colocar el peso del programa económico sobre quienes menos margen tienen para resistirlo.
Según la consultora Focus Market, los precios de los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra el martes 6 de enero, registran un alza de hasta el 33% en comparación con el año pasado.
El gasto promedio alcanzará los $59.500 por obsequio, de acuerdo con el informe. Esta cifra representa un 25% más que en 2025, cuando el costo promedio alcanzó los $47.460.
El reporte arrojó que la proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% de las familias regalará juguetes, categoría cuyos precios subieron por debajo de la inflación. El 20% adelantó que comprará indumentaria y el 14% libros didácticos.
Al analizar la variación de precios por debajo de la inflación, el director de Focus Market, Damián Di Pace, opinó que “esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave”.
La ola de suspensiones se produjo en plena semana de fiestas, cuando miles de familias tenían previsto viajar para reencontrarse en Navidad y Año Nuevo.
La aerolínea low cost Flybondi protagonizó una de las mayores crisis operativas de la temporada alta al cancelar 165 vuelos entre el 21 y el 27 de diciembre, lo que afectó de manera directa amás de 31.000 pasajeros en todo el país. La ola de suspensiones se produjo en plena semana de fiestas, cuando miles de familias tenían previsto viajar para reencontrarse en Navidad y Año Nuevo.
Según datos surgidos de los sistemas de reservas y de la programación oficial presentada ante el sistema aeronáutico nacional, las cancelaciones se concentraron especialmente durante Nochebuena y Navidad, aunque se extendieron a lo largo de toda la semana. Solo entre el 24 y el 25 de diciembre se dieron de baja 32 vuelos, profundizando el colapso operativo y la bronca de los usuarios.
El malestar de los usuarios se trasladó rápidamente a redes sociales y a las terminales aéreas. Mensajes como “Desapareció mi vuelo de la reserva” o “Hasta Papá Noel se quedó sin viajar” se multiplicaron en los canales oficiales de la empresa, mientras cientos de pasajeros permanecían varados sin respuestas claras ni soluciones inmediatas.
Las cancelaciones alcanzaron tanto vuelos de cabotaje como internacionales y afectaron a los principales aeropuertos del país, Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, así como a destinos turísticos clave como Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú, Ushuaia y El Calafate, además de rutas regionales hacia Florianópolis y Río de Janeiro.
No se trata de un hecho aislado. Es el segundo año consecutivoen el que Flybondi enfrenta severas complicaciones operativas durante las fiestas de fin de año. La reiteración de estos episodios vuelve a poner en cuestión la capacidad técnica y de gestión de la compañía, dirigida por Mauricio Sana, cuya administración ya se encuentra bajo la observación de los organismos de control.
Con 165 servicios cancelados en apenas siete días, la crisis deja abierta una señal de alarma de cara a la temporada de verano. Los pasajeros afectados pueden exigir, según la normativa vigente, la devolución del dinero, la reprogramación del vuelo o la cobertura de alojamiento y gastos, aunque en la práctica muchos debieron pasar las fiestas lejos de su destino y sin soluciones inmediatas.
