La nafta volvió a aumentar este martes a la madrugada. Las petroleras aplicaron un nuevo incremento promedio del 3%, lo que representa la quinta suba en apenas tres semanas. En total, el precio de los combustibles acumula cerca de un 8% en dos meses.

A diferencia de lo que ocurría antes, los aumentos ya no se notifican oficialmente, debido a una disposición del Gobierno nacional que derogó en junio la obligación de informar los cambios en los valores de los combustibles. Como resultado, un mercado que antes tenía cierta transparencia ahora carece de esa visibilidad, dejando a los consumidores sin referencias claras sobre la evolución de los precios.

Precios en alza constante

La nafta premium en las estaciones Shell era de $1.715 a fines de agosto. El 6 de septiembre pasó a $1.729; el 7, a $1.738; el 13, a $1.752; y con el aumento del 22 de septiembre trepó a $1.782.

El nuevo incremento se da en medio de una recesión profunda, con fuerte caída del poder adquisitivo y del consumo en supermercados.

Además, el último aumento oficializado fue el 29 de agosto, en el marco de la Ley 23.966 y del sistema de actualización trimestral vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, sucesivas postergaciones y decretos generaron que los ajustes se apliquen de manera irregular y sin comunicación oficial.

“Hace dos años que buscamos curros en las universidades, pero no encontramos nada”, admitió Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, dejando en evidencia que las denuncias reiteradas contra la universidad pública carecen de sustento.

Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias más conocido por su actividad en redes que por su gestión, reconoció públicamente que el Gobierno nunca encontró pruebas de los supuestos “curros” en las casas de estudio. “Hace dos años que buscamos curros en las universidades, pero no encontramos nada”, admitió, dejando en evidencia que las denuncias reiteradas contra la universidad pública carecen de sustento.

– ¿Y cuantos CURROS EN LAS UNIVERSIDADES detectaste?

*Ninguno.

El secretario de políticas universitarias del gobierno Alejandro Alvarez. Que esta destruyendo la universidad pública y acusándolas de CORRUPCIÓN.

Admite que NUNCA ENCONTRO NADA IRREGULAR. Confesión de parte. pic.twitter.com/bHSuANFUdT

— Joel (@Joepsi) September 19, 2025

La contradicción es flagrante: apenas días atrás, el propio Álvarez había acusado a rectores y docentes de percibir sueldos millonarios, con cifras fantásticas de hasta 35 millones de pesos. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si habían detectado algún desvío, su respuesta fue tajante: “No, nunca, curro, curro… no”.

El episodio desnuda un modus operandi ya conocido del gobierno de Milei: instalar acusaciones sin pruebas que luego se desmoronan. Ocurrió antes con los comedores comunitarios —donde se habló de miles inexistentes para justificar recortes— y ahora vuelve a repetirse con la universidad pública.

La polémica se agrava por el propio historial académico de Álvarez: en su paso por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA nunca aprobó una materia y ni siquiera logró superar el CBC, lo que plantea dudas sobre su idoneidad para conducir la política universitaria.

El caso se suma a una larga lista de denuncias fabricadas o inconsistentes, como las de supuestos desvíos en Capital Humano o en la ANDIS, que la justicia no comprobó, mientras los escándalos más sólidos involucran directamente a familiares del poder político, como la hermana del presidente y Lule Menem.

Lo que queda en claro es el patrón: usar acusaciones rimbombantes para desacreditar instituciones fundamentales, mientras la evidencia real brilla por su ausencia.

El gobierno de Milei, sin rumbo y a la defensiva, recurre a intervenciones financieras desesperadas. Ahora, el mandatario anuncia nuevos préstamos con el Tesoro de Estados Unidos para intentar cubrir la falta de planificación económica.

El Banco Central salió nuevamente al rescate del dólar y tuvo que vender US$678 millones, la cifra más alta desde la salida del cepo, para frenar la escalada de la divisa, que para personas cotizaba a $1.523,75.

Con reservas que rondan los US$39.259 millones y tasas de interés que rozan el 46% TNA en plazos fijos, la autoridad monetaria intenta retener pesos y contener la presión sobre el dólar. La maniobra evidencia la improvisación de un gobierno que, sin un plan macroeconómico serio, actúa a los tumbos mientras Milei promete soluciones mágicas antes de las elecciones de octubre.

En lo que va de la semana, las ventas alcanzan US$1.110 millones, un intento desesperado de mantener la divisa por debajo de la banda, mientras crecen las expectativas de devaluación y ajuste cambiario ante la evidente falta de estrategia.

Milei anuncia préstamo con el Tesoro de EE.UU.: “Estamos muy avanzados”

Desde Córdoba, Milei confirmó negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para un préstamo destinado a cubrir los vencimientos de deuda de 2026. “Estamos muy avanzados”, dijo, sin dar detalles sobre los montos exactos que superan los US$4.000 millones cada uno. La declaración, más que tranquilidad, refleja la precariedad fiscal de su gobierno y su costumbre de improvisar sobre la marcha.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó calmar a los bonistas negando un posible default y asegurando que los pagos próximos se realizarán. Pero las ventas récord de dólares y las tasas exorbitantes muestran que el gobierno solo actúa ante la urgencia, sin plan ni rumbo, mientras Milei juega a la política de parches en lugar de enfrentar los problemas de fondo.

Entre medidas improvisadas, anuncios sin respaldo y deuda que se acumula, la estrategia de Milei es clara: postergar lo inevitable mientras la economía se tambalea bajo su conducción errática.

La expresidenta se reunió con integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), en un encuentro donde se destacó el compromiso con la memoria y la soberanía.

Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Instituto Patria a excombatientes nucleados en el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). La reunión se dio en un contexto donde la disputa por la soberanía de las islas sigue siendo un tema de agenda nacional y de memoria histórica.

En el encuentro, la expresidenta conversó sobre la importancia de defender la causa Malvinas como un asunto de Estado y un pilar de la democracia argentina. Los integrantes del CECIM resaltaron la necesidad de mantener viva la memoria de los soldados caídos y de fortalecer las políticas de soberanía frente a los intentos de relativizar la cuestión por parte de sectores del oficialismo.

La reunión también sirvió para recordar el trabajo del CECIM en materia de derechos humanos, donde los excombatientes han vinculado la causa Malvinas con la lucha por justicia y memoria en el país. Cristina destacó el compromiso de los exsoldados que, a lo largo de los años, han denunciado la violencia militar en las islas y la manipulación política de la guerra.

Finalmente, la expresidenta agradeció la visita y sostuvo que la causa Malvinas “no puede desligarse de la democracia ni de los derechos humanos”, reafirmando el vínculo entre la soberanía, la memoria y la justicia.

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en el segundo trimestre a 132.000 personas, lo que representa al 7,7% de la población económicamente activa (PEA). Este nivel marca un aumento interanual, ya que en el mismo período de 2024 la tasa se ubicaba en 7,3%.

Este nivel marca un aumento interanual, ya que en el mismo período de 2024 la tasa se ubicaba en 7,3%, según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El reporte detalla que el desempleo sumó 7.500 personas más que el año pasado, cuando el total de desocupados era de 124.500. En relación con el primer trimestre de 2025, la tasa se mantuvo estable, con un comportamiento similar en los sectores de construcción e industria, que habían registrado una caída interanual.

Subocupación y brechas territoriales

La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— se ubicó en 10,3%, sin variaciones significativas.
Al combinar desocupación y subempleo por insuficiencia de horas, el indicador asciende al 18,1%, con fuertes diferencias territoriales: en la Zona Sur llega al 23,4%, mientras que en la Zona Norte baja al 12,2%.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

La desocupación afecta más a las mujeres (8,8%) que a los varones (6,7%). También se observan disparidades por barrio: en la Zona Sur, la tasa se eleva al 10,5%, superando con amplitud al promedio de la Ciudad.
Por edades, los extremos muestran menor participación laboral: 27,8% en los jóvenes de hasta 24 años y 26,8% en los mayores de 65, frente al 92,1% en la franja de 25 a 49 años.

Radiografía del empleo en la Ciudad

• Distribución por sectores: el 73,5% del empleo se concentra en Servicios, 14,6% en Comercio y 10,9% en Industria y construcción.
• Condición laboral: el 72,6% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia; sin embargo, el 28,4% no recibe aportes jubilatorios de sus empleadores, lo que representa una caída de 2,3 puntos en la cobertura interanual.
• Origen del desempleo: entre quienes perdieron su empleo, el 89,6% de asalariados y el 81% de cuentapropistas lo atribuyó a causas laborales.

El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado por la Justicia a realizar una serie de sanciones tras haber publicado en redes sociales amenazas de muerte contra dirigentes sociales y sindicales.

El Tribunal Oral Federal N°5 dispuso que Chediek deberá donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan, además de entregar otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez. La sentencia también incluye la realización de tareas comunitarias durante un año y la obligación de pedir disculpas públicas en TikTok.

La denuncia fue presentada por Juan Grabois y Roberto Baradel, luego de que el empresario difundiera mensajes intimidatorios contra ellos, así como contra Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano, en diciembre de 2023.

En esos videos, Chediek advertía que quienes protestaran contra el gobierno de Javier Milei podían ser víctimas de disparos o agresiones, llegando incluso a amenazar directamente a Grabois: “Te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente… Llevá matafuegos y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

El juez Daniel Rafecas concluyó que Chediek “excedió ampliamente la libertad de expresión” y que sus mensajes buscaban generar temor. La denuncia fue respaldada por Argentina Humana, el CELS y Suteba, organizaciones que intervinieron frente a la difusión de los discursos de odio en redes sociales.

Con la nafta premium superando los $1.600 y sin obligación de avisar aumentos, Milei le entrega a las petroleras un cheque en blanco mientras el bolsillo de los argentinos no da más.

Este lunes arrancó con sorpresa en las estaciones de servicio de todo el país: los usuarios se encontraron con un nuevo cuadro tarifario que llevó el litro de nafta premium por encima de los $1.600. El incremento se aplicó sin aviso previo, luego de que el Gobierno derogara la obligación de informar al público sobre los aumentos.

La actualización de precios estuvo impulsada por la suba del dólar y los impuestos a los combustibles líquidos. En los últimos 45 días, la nafta y el gasoil acumularon un alza del 5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hasta un 6% en distintas provincias.

En CABA, el litro de nafta súper se ubica desde los $1.372, la premium en $1.619 y el gasoil llega a $1.553. En otras regiones del país, los valores son incluso más elevados. Según informó El Día de La Plata, las estaciones de YPF ya remarcaron durante el fin de semana con estos nuevos precios.

La medida deja al consumidor a ciegas: el propio Gobierno eliminó en junio la plataforma Precios en Surtidor, creada durante la gestión de Mauricio Macri para transparentar el costo de los combustibles en más de 5.000 estaciones del país.

Mientras tanto, desde el sector señalan que la suba golpea fuerte al consumo. “El enfriamiento es particularmente visible en la movilidad. La circulación de vehículos en rutas y ciudades se redujo en comparación con meses anteriores, lo que impacta en la demanda de combustibles y en las ventas de estaciones de diferentes regiones”, advirtió el portal especializado Surtidores.

El Gobierno de Milei se vio obligado a promulgar la Ley de Discapacidad, pero insiste en poner en duda su financiamiento mientras la Justicia lo frena por haber suspendido miles de pensiones de manera ilegal.

El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso revirtiera el veto de Javier Milei. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, no obstante, volvió a poner en duda el financiamiento de la medida y acusó a la oposición de “atacar al equilibrio fiscal”.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley”, afirmó Francos, dejando en claro que el oficialismo buscará condicionar su implementación. Incluso llegó a deslizar que antes de pensar en nuevas pensiones habría que “resolver si las que se dieron fueron bien otorgadas”, en línea con las auditorías que derivaron en la suspensión masiva de beneficios a personas con discapacidad.

En paralelo, la Justicia volvió a ponerle freno al ajuste. El Juzgado Federal 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas y pagar los haberes retenidos, al considerar que el procedimiento fue irregular y vulneró derechos. El fallo, firmado por el juez Guillermo Díaz Martínez, también prohibió continuar con las auditorías hasta que se aclare el mecanismo legal para realizarlas.

El magistrado advirtió sobre “el peligro de la demora” en la restitución de los haberes, al tratarse de un colectivo vulnerable que no puede esperar indefinidamente una resolución. La medida cautelar fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo de Catamarca, quienes denunciaron la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, por establecer requisitos más restrictivos y regresivos para acceder a una pensión por discapacidad.

La decisión dejó a miles de chicos y chicas sin un lugar donde encontrar apoyo en medio de la crisis social y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares.

Después de perder por amplio margen la elección en la Provincia de Buenos Aires frente a Axel Kicillof, el gobierno de Javier Milei avanzó con una medida que fue leída en los territorios como un castigo directo: el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), espacios gestionados por Sedronar y organizaciones sociales que brindaban contención y acompañamiento a jóvenes con consumos problemáticos.

La decisión dejó a miles de chicos y chicas sin un lugar donde encontrar apoyo en medio de la crisis social y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares. El argumento oficial fue la existencia de “irregularidades”, pero trabajadores y referentes comunitarios desmienten esa versión y denuncian un vaciamiento deliberado. Señalan que la motosierra de Milei apuntó selectivamente a los dispositivos vinculados a movimientos sociales, mientras los ligados a sectores eclesiásticos permanecieron abiertos.

“El cierre de las CAAC es condenar a la juventud más vulnerable a quedar a merced de las drogas y del narcomenudeo. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos porque funciona”, advirtió Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo.

La medida generó críticas desde las provincias, las organizaciones sociales y también desde la Iglesia, que ya en junio había advertido que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

En Santa Fe, la diputada socialista Varinia Drisun calificó la decisión como “un golpe mortal a las políticas públicas de salud” y acusó al Gobierno nacional de precarizar a la Sedronar, desfinanciar el sistema de salud y desmantelar espacios estratégicos como el Hospital Nacional Laura Bonaparte.

En los barrios, el cierre se vive como una represalia que no solo debilita la política pública contra las adicciones, sino que también clausura uno de los pocos espacios de esperanza y cuidado. Allí donde antes había talleres, comidas compartidas y escucha, ahora queda solo un portón cerrado.

La crisis de la industria siderúrgica en Argentina entró en una fase crítica. Esta semana, Ternium (la mayor productora de acero del país, perteneciente al Grupo Techint) confirmó otros 200 despidos en su planta de San Nicolás.

El conflicto entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya lleva más de quince días de paro, con crecientes tensiones. El líder sindical Abel Furlán denunció que Paolo Rocca impulsa un “ajuste” en medio de balances millonarios y salarios que el gremio asegura se ubican por debajo de la línea de pobreza. “No vamos a aceptar que Rocca nos pague el salario que quiera”, afirmó en un acto masivo en la Plaza Mitre.

Una industria en retroceso

La UOM insiste en que los despidos responden directamente a las medidas de fuerza gremiales, pero el trasfondo es más amplio: la siderurgia argentina se enfrenta a una combinación de caída de la demanda interna, paralización de la construcción, y los aranceles al acero impuestos por la administración Trump, que golpearon de lleno a Ternium.

La planta de San Nicolás opera con altos niveles de capacidad ociosa y, según Rocca, las trabas comerciales externas “impactarán en la rentabilidad y los costos de todo el sector”. Aunque el Gobierno gestiona excepciones en Washington, los avances han sido nulos y las tensiones empresarias crecen.

Rocca, la UOM y la política

Mientras los sindicatos denuncian precarización, Rocca empieza a trasladar su malestar al terreno político. El exsenador Ernesto Sanz, cercano al empresario, calificó al Gobierno de Milei como “amateur”, y el diputado Miguel Pichetto cuestionó en el Congreso al jefe de Gabinete por la falta de resultados frente a los aranceles estadounidenses.

El derrumbe siderúrgico se convierte así en un campo de batalla múltiple: los trabajadores enfrentan despidos y pérdida de poder adquisitivo, las empresas reclaman reglas claras y apoyo estatal, y el Gobierno queda atrapado entre presiones internas y externas.

En paralelo, en los círculos del poder económico —con Rocca y Magnetto como voces de peso en la AEA— se reaviva un temor: que la parálisis industrial y el malestar social terminen abonando el terreno para el retorno del peronismo.