Lejos de que el ajuste lo pague “la casta”, el gobierno libertario sigue descargando el peso del recorte sobre la clase media y trabajadora, sin actualizar salarios ni homologar paritarias.

En plena recesión, el gobierno nacional recorta subsidios a la energía en zonas frías y modifica el esquema de segmentación para seguir trasladando aumentos a los usuarios. Los ingresos no suben, pero las tarifas no paran de crecer.

Más de 150 mil usuarios afectados: fin de los subsidios en zonas frías

El gobierno nacional eliminó los subsidios energéticos para más de 150 mil usuarios residenciales que habitan en zonas con bajas temperaturas, principalmente en provincias del sur y del centro del país. Se trata de usuarios que hasta ahora accedían a tarifas diferenciadas por el mayor consumo necesario en invierno. La decisión fue oficializada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 90/2024.

Según informó el propio organismo, los hogares perjudicados son aquellos que no están registrados en el padrón de beneficiarios de subsidios. La quita impacta de lleno en familias que venían enfrentando aumentos acumulados en luz y gas, mientras sus ingresos siguen congelados.

Cambios en la segmentación: menos subsidios, más tarifa plena

A contramano de la promesa de campaña, el Ejecutivo modificó los criterios para definir quién accede a los subsidios y quién paga tarifa plena, endureciendo las condiciones para ser considerado un “usuario de bajos ingresos”.

A partir de ahora, para pertenecer al nivel 2 (segmento subsidiado), se deberá demostrar un ingreso inferior a $730.000 (1,77 canastas básicas) y cumplir con una serie de nuevas restricciones: no tener más de un inmueble, no poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad, ni embarcaciones o aeronaves. Esto reduce el universo de beneficiarios y empuja a más familias a pagar el costo completo del servicio, en un contexto donde la inflación no cede y los salarios están planchados.

Ajuste a los de siempre: el bolsillo popular sigue pagando la crisis

Desde que asumió Javier Milei, el discurso del “ajuste lo paga la casta” se diluyó frente a la realidad. Mientras se frena la homologación de paritarias y el poder adquisitivo se derrumba, el gobierno no deja de habilitar aumentos en servicios esenciales como luz, gas, transporte y prepagas.

La quita de subsidios en zonas frías y la nueva segmentación confirman que el ajuste no lo paga la casta, sino los trabajadores, los jubilados y la clase media, que ya venían golpeados por el tarifazo en marzo y los aumentos proyectados para julio.

En nombre del ajuste pero con una clara finalidad ideológica, Javier Milei, elimino por decreto el organismo que tiene como objetivos la investigación y divulgación de la obra del creador de la bandera y uno de los máximos proceres del país.

En un acto que ha generado una profunda indignación en amplios sectores de la sociedad y académicos, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto la disolución y fusión de organismos dedicados a la preservación y difusión de la historia argentina, en lo que se perfila como una ofensiva de revanchismo ideológico sin precedentes. El Decreto 346/2025, publicado en el Boletín Oficial, ordena la eliminación del Instituto Nacional Belgraniano, junto al Instituto Browniano y el Instituto Newberiano, tres pilares en la transmisión de la memoria de figuras fundacionales como Manuel Belgrano, Guillermo Brown y Jorge Newbery.

La medida, ejecutada de manera unilateral, ha sido interpretada como parte de un claro plan de vaciamiento cultural y aniquilación simbólica del pasado nacional, mientras el presidente enaltece a figuras como Thatcher. A estos cierres se suman el desmantelamiento del Instituto Juan Domingo Perón y de la Comisión de Homenaje al expresidente, lo que refuerza la idea de una avanzada contra las tradiciones históricas del país, especialmente aquellas que representan proyectos políticos populares y soberanos.

El Instituto Nacional Belgraniano, creado oficialmente durante el gobierno de Carlos Menem —a quien Milei ha elogiado como el “mejor presidente” desde la democracia—, venía cumpliendo desde 1944 una función clave en la investigación y difusión de la figura del creador de la bandera. Su eliminación, realizada en plena Semana de Mayo, ha sido calificada como un acto provocador y de desprecio hacia los símbolos patrios.

“Esto no tiene justificación alguna. Es una afrenta al patrimonio histórico y cultural del país”, denunció Felipe Pigna, historiador y especialista en la vida de Belgrano, quien subrayó que el Instituto ha producido material documental invaluable durante décadas.

La decisión ha generado estupor incluso entre referentes de otros institutos afectados. Diego Barovero, presidente del Instituto Yrigoyeneano, señaló: “Se trata de una medida infundada, arbitraria y técnicamente deficiente. Además, un decreto no puede anular lo establecido por ley, lo cual demuestra una preocupante improvisación jurídica”. También advirtió que esta medida responde a una estrategia sistemática de borrar de la memoria colectiva figuras como Hipólito Yrigoyen, a quienes Milei ha descalificado públicamente.

Historiadores como Hilda Sabato y Roy Hora también manifestaron su preocupación por la concentración de decisiones culturales en manos del Ejecutivo y por la falta de supervisión y control ciudadano. “Estas decisiones unilaterales reflejan una visión estrecha, sectaria y autoritaria de la cultura, concebida como campo de batalla antes que como un espacio plural”, alertó Hora.

Mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a anunciar la absorción de otros organismos como el Museo de la ex ESMA, omitió deliberadamente informar sobre el cierre de los institutos históricos, confirmando así que el ajuste no es meramente económico, sino que persigue una lógica de disciplinamiento ideológico.

La supuesta “racionalización del gasto público” con la que el Gobierno justifica estas acciones contrasta con los constantes viajes personales del Presidente al exterior, cuyos costos siguen siendo asumidos por el Estado y los gastos millonarios en tuiteros e “influencers” oficialistas. Lo que se presenta como “eficiencia” es, en realidad, una estrategia de erosión institucional que apunta a socavar la memoria histórica, vaciar el contenido simbólico de los próceres nacionales y borrar cualquier referencia incómoda de verdadero patriotismo para el relato oficialista.

Lo que está en juego no es solamente el destino de varios institutos: es el derecho colectivo a recordar, conocer y debatir nuestro pasado. Frente a este intento de clausura del pensamiento histórico, se alza una resistencia plural que exige revertir estas decisiones y defender la memoria como bien público.

El gremio de controladores aéreos anunció seis jornadas de medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales. Denuncian que el Gobierno mantiene congeladas las negociaciones con EANA.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que representa a los controladores aéreos de todo el país, anunció un plan de lucha que comenzará este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de mayo, con paros escalonados de entre tres y cuatro horas por jornada.

Las medidas de fuerza, que alcanzarán a vuelos internacionales y de cabotaje, podrían provocar demoras y cancelaciones en aeropuertos clave del país. El conflicto se desata por la falta de respuestas del Gobierno nacional y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) frente a los reclamos salariales del sector, en medio de una brutal licuación de ingresos y un congelamiento de las paritarias.

“Desde hace meses venimos exigiendo una recomposición real del salario, pero la negativa del Gobierno y la falta de voluntad de diálogo con EANA nos obliga a tomar estas medidas”, señalaron desde Atepsa. La organización remarcó que se garantizarán los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios y estatales, pero advirtió que los servicios comerciales regulares se verán gravemente afectados.

El plan de acción arranca este sábado con una interrupción de cuatro horas en los vuelos internacionales, de 13 a 17, y continuará el domingo de 19 a 22 en los servicios de cabotaje. Las jornadas de protesta no serán consecutivas, pero están calendarizadas hasta el último día del mes, en caso de no haber acuerdo.

La situación abre un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Javier Milei, que ya enfrenta paros en sectores estratégicos como el transporte, la industria electrónica fueguina, la salud y la educación. La motosierra no solo golpea el bolsillo de los trabajadores: ahora también pone en riesgo la operatividad aérea del país.

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El Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche declaró al presidente Javier Milei “persona no grata”, al considerar que durante su discurso del pasado 2 de abril puso en duda la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y avaló los argumentos de los ocupantes.

El presidente Javier Milei fue declarado persona no grata en San Carlos de Bariloche, luego de que el Concejo Deliberante aprobara una resolución en rechazo a sus declaraciones sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. La iniciativa fue impulsada por los concejales Leandro Costa Bruten y Julieta Wallace, quienes denunciaron que el mandatario está “desmalvinizando la Argentina” y promoviendo la autodeterminación de los ocupantes británicos.

La decisión se tomó tras el discurso presidencial del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que Milei afirmó:

“Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (…), a punto tal que ellos prefieran ser argentinos”.

Estas palabras fueron interpretadas como una claudicación de los argumentos argentinos ya que pone la decisión de resolución del asunto en manos de los ocupantes implantados por Londres en 1833. Esta situación provoco una ola de críticas por parte de excombatientes, expertos diplomáticos, y sectores políticos que lo acusan de contradecir la posición histórica de la Argentina.

La resolución del Concejo fue aprobada por mayoría (8 votos a favor contra 3 en contra), aunque los concejales alineados con el oficialismo libertario se retiraron de la sesión antes de la votación. “Milei está entregando soberanía y alineándose con la narrativa colonial británica”, sostuvo Costa Bruten durante el debate.

En la misma jornada, se declaró de Interés Municipal al Memorial Museo Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur —aún no inaugurado— y se nombró Ciudadano Ilustre de Bariloche al veterano de guerra Pablo Carballo ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Argentina quien enfrento a la flota británica.

Además, la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas presentó una denuncia penal contra el presidente Milei. La acusación, encabezada por su titular Ramón Robles, incluye cargos por “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria”. Según el escrito, Milei adoptó una postura política “contraria a la Constitución Nacional y a la posición histórica sostenida por la Argentina”, al validar un supuesto derecho de autodeterminación que no aplica a los habitantes de las islas, conforme al derecho internacional y a las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU.

La declaración de persona no grata se convierte así en un fuerte mensaje político desde una ciudad profundamente identificada con la soberanía nacional, que busca reafirmar el compromiso con la causa Malvinas y repudiar cualquier intento de relativizarla.

La expresidenta hablará este domingo en el aniversario número 22 de la asunción de Néstor Kirchner. Su reaparición agita el mapa del peronismo en plena disputa por el liderazgo opositor.

Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá este domingo con un acto en la Ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 22 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. El evento, que se realizará en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, forma parte del “Encuentro de la Cultura Popular” y podrá seguirse en vivo por redes sociales. La actividad se enmarca bajo el lema: “El nacimiento de la Patria, a 22 años de Néstor Kirchner presidente”.

El regreso de la exmandataria se produce en medio de una creciente tensión interna en el peronismo. Su reaparición es leída como un gesto de reafirmación política, en un momento donde el kirchnerismo debate su conducción y estrategia. Cristina, alejada del centro de la escena desde diciembre, vuelve en una fecha cargada de simbolismo para recordar el legado de Néstor Kirchner y revitalizar su relación con la militancia.

Con Axel Kicillof proyectando autonomía desde la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei consolidando su agenda liberal, la palabra de Cristina será observada con atención por propios y ajenos. Su presencia podría significar un punto de inflexión para el peronismo, en busca de unidad y definición rumbo al 2025.

En medio de un clima de tensión y represión, el gobierno de Javier Milei se niega a aumentar las jubilaciones y amenaza con vetar cualquier iniciativa que busque mejorar la situación de los jubilados.

La situación de los jubilados en Argentina se torna cada vez más crítica, y la represión sufrida por ellos frente al Congreso es un claro reflejo de la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei. A pesar de las demandas de aumento en las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, la Casa Rosada presiona a gobernadores y diputados para boicotear cualquier intento de mejora. La oposición, que busca llevar al recinto un aumento del 7.2% en las jubilaciones, se enfrenta a un gobierno que ya ha anticipado su intención de vetar cualquier proyecto que comprometa su objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha dejado en claro que Milei no permitirá modificaciones al régimen previsional, argumentando que cualquier aumento se traduciría en un mayor déficit. Esta postura no solo ignora las necesidades básicas de los jubilados, sino que también refleja una falta de empatía hacia un sector de la población que ha sido históricamente vulnerable. Mientras el 27% de los jubilados percibe la mínima, que se encuentra congelada en 70 mil pesos desde que Milei asumió, el gobierno se niega a reconocer la urgencia de una solución.

La falta de quórum en la Cámara de Diputados se ha convertido en un obstáculo significativo para la oposición, que intenta avanzar con proyectos que beneficien a los jubilados. La estrategia del gobierno es clara: boicotear el quórum para evitar que se discutan iniciativas que incomoden a la administración de Milei. Esta táctica no solo demuestra la falta de voluntad política para abordar las necesidades de los jubilados, sino que también evidencia un desprecio por el proceso democrático y la voz de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos.

La responsabilidad de esta crisis recae directamente en Javier Milei y su gobierno, que han optado por un camino de ajuste y represión en lugar de buscar soluciones que garanticen el bienestar de los jubilados. La lucha por un aumento de emergencia y la defensa de los derechos de los jubilados no solo es una cuestión de justicia social, sino también un llamado a la dignidad de quienes han contribuido al país durante toda su vida. La sociedad no puede permitir que la represión y el ajuste se conviertan en la norma; es hora de exigir un cambio y poner fin a esta política que desatiende a los más vulnerables.

La eliminación de aranceles a productos electrónicos importados encendió la protesta en Tierra del Fuego. Los gremios denuncian que la medida destruye el empleo industrial y entrega el mercado a empresas extranjeras.

Tierra del Fuego amaneció paralizada por completo este miércoles en respuesta al brutal ajuste del gobierno nacional sobre la industria electrónica. La decisión de eliminar aranceles e impuestos internos para productos importados desató un paro general encabezado por la UOM, ASIMRA y otros gremios, que advirtieron que la medida pone en riesgo más de 6000 puestos de trabajo.

El epicentro de la protesta se concentra en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde se ubican las principales plantas de ensamblado de celulares, televisores y aires acondicionados del país. En 2024, la producción fueguina superó los 5,5 millones de celulares, lo que da dimensión del impacto que tendría la apertura indiscriminada del mercado.

“Están desmantelando el régimen industrial fueguino”, denunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, al criticar la eliminación del 16% de arancel que protegía la producción nacional. A su vez, la senadora Cristina López alertó que “las medidas responden a exigencias del FMI y no a las necesidades del país”.

La protesta incluye una amplia articulación sindical: además de la UOM y ASIMRA, se sumaron ATE, La Bancaria, ATSA, Judiciales, docentes, remiseros y choferes de colectivos. El único gremio exceptuado fue el de Petroleros, por encontrarse bajo conciliación obligatoria.

La medida oficial fue publicada esta semana en el Boletín Oficial y permite la importación directa y con baja carga impositiva de celulares, televisores y aires. El Gobierno justifica el cambio con el argumento de que hará “más accesible la tecnología” para los consumidores, pero en Tierra del Fuego lo ven como una sentencia de muerte al entramado productivo que sustenta a miles de familias.

“Es una competencia desleal que destruye el empleo”, afirmaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Las empresas más afectadas son Newsan y Mirgor, que concentran más del 87% de la producción local.

El paro incluye un acto central frente a la planta de Mirgor, donde se leerá un documento que convoca a todas las fuerzas políticas y sociales a “defender la industria nacional y el trabajo argentino”.

El gobernador Gustavo Melella también expresó su rechazo: “Esto pone en riesgo no solo la economía fueguina, sino la estabilidad social de toda la provincia. Vamos a estar del lado de los trabajadores”.

Mientras el Ejecutivo avanza con su plan de “modernización” basado en importaciones, Tierra del Fuego responde con una contundente señal de resistencia que pone en evidencia los costos humanos y productivos de las decisiones libertarias.

El gobierno recorta un área clave de memoria, verdad y justicia. La Secretaría será reducida a Subsecretaría y el 30% del personal será despedido. También habrá un golpe contra Cultura y la historia nacional.

En una nueva ofensiva contra las estructuras estatales que preservan la memoria histórica y garantizan derechos fundamentales, el gobierno de Javier Milei anunció la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido del 30% de su planta de trabajadores.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia habitual en Casa Rosada. Con tono celebratorio, el funcionario afirmó que “se recortará un 40% de la estructura” y que los despidos implicarán un “ahorro de 9 mil millones de pesos anuales”. Adorni volvió a cargar contra la función pública, al sostener que la Secretaría pasará a “defender todos los derechos humanos, no los de un sector ideológico partidario”.

La medida es parte de un ajuste sistemático que ya dejó 45 mil estatales en la calle en apenas un año y medio de gestión. En el caso del área de Derechos Humanos, el recorte adquiere un carácter simbólicamente grave: representa el vaciamiento deliberado de políticas ligadas a la memoria, los crímenes de la dictadura y la reparación histórica.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión y sostuvo que “el contexto actual exige medidas urgentes”. Según el funcionario, ya se produjeron 405 despidos en el área, lo que representa el 44% del personal recibido.

Golpe a la cultura y la historia nacional

El ataque no se detiene en Derechos Humanos. En paralelo, el gobierno libertario anunció también una intervención directa en instituciones culturales, con cambios profundos en su estatus jurídico y autonomía.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) perderá su autarquía y pasará a estar bajo control centralizado, lo que habilita recortes directos y despidos. Lo mismo ocurrirá con organismos como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, el Palacio Libertad (ex CCK) y la CONABIP (Bibliotecas Populares).

Además, el Ejecutivo impulsa una reorganización de los institutos históricos, que incluye la disolución de varios organismos clave. Se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que absorberá al Instituto Sanmartiniano, al Evita (transformado en museo), y fusionará al Yrigoyeneano con el Rosas. En tanto, los institutos Browneano, Belgraniano y Newberiano serán directamente eliminados.

Con esta decisión, el gobierno desarma instituciones encargadas de preservar la memoria y construir identidad nacional, mientras avanza en su plan de ajuste sin contemplaciones, incluso a costa de la historia, los derechos y la cultura del país.

Mientras se discute en el Congreso una mejora para las jubilaciones, el presidente Milei advierte que vetará cualquier proyecto que “rompa el equilibrio fiscal”. Las y los jubilados siguen siendo las principales víctimas del ajuste.

Este martes, la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de proyectos que buscan recomponer los haberes de jubiladas y jubilados, gravemente deteriorados por la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el oficialismo ya anticipó que, en caso de aprobarse, el presidente vetará cualquier ley que implique una mejora real para el sector.

Los bloques opositores intentan avanzar con una fórmula de movilidad más beneficiosa que la impuesta por el Ejecutivo vía DNU, y promueven además la restitución de la moratoria previsional, eliminada por el Gobierno, y la creación de una jubilación proporcional para quienes no llegan a los 30 años de aportes.

Mientras tanto, el Gobierno de La Libertad Avanza desplegó un operativo de presión sobre los gobernadores y bloques aliados para impedir que se alcance el quórum o se vote en contra de los intereses de la Casa Rosada. Aún así, el descontento por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables crece también dentro del Congreso.

En paralelo, organizaciones de jubilados se concentran todos los miércoles frente al Congreso para exigir una recomposición de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y el cese del desfinanciamiento del PAMI, que afectó prestaciones esenciales. ¿La respuesta? gases y palos para nuestros abuelos y abuelas mientras la sociedad entera mira por tv en vivo todo lo que pasa frente al Congreso.

AJUSTE A LOS JUBILADOS: EL PLAN DE MILEI EN MARCHA

Desde el inicio de su gestión, Milei avanzó con una serie de decisiones que perjudicaron directamente a las y los jubilados. A continuación, un repaso de las principales medidas que muestran cómo el ajuste recayó sobre quienes más lo necesitan:

• Veto al aumento por ley aprobado en el Congreso: En junio, el oficialismo vetó la ley sancionada por Diputados y el Senado que establecía un aumento por encima del índice de inflación. “No voy a permitir que se rompa el equilibrio fiscal”, dijo Milei al anunciar el veto.
• Eliminación de la moratoria previsional: Mediante el DNU 70/2023, el Gobierno eliminó la posibilidad de que miles de personas sin 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación, profundizando la exclusión de mujeres y trabajadores informales.
• Medicamentos y recortes en el PAMI: El Ejecutivo redujo el acceso a medicamentos gratuitos, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas. Además, se desfinanciaron convenios con clínicas y prestadores, lo que provocó demoras en turnos médicos, estudios y tratamientos.
• Nueva fórmula de movilidad impuesta por decreto: Milei reemplazó la fórmula anterior por una actualización mensual por IPC, pero sin ningún tipo de aumento compensatorio por la pérdida acumulada durante los primeros meses del año. Como resultado, las jubilaciones mínimas perdieron más de un 20% frente a la inflación.

Lejos de ofrecer soluciones, Milei redobló la apuesta y ratificó que vetará cualquier ley que implique un aumento del gasto previsional. En su habitual tono provocador, aseguró que la oposición quiere “reventar el país” y repitió que “el déficit cero no se negocia”.

La amenaza de veto presidencial no solo ratifica el rumbo del ajuste, sino que expone el desprecio del Gobierno por los sectores más castigados por la crisis. Las jubilaciones mínimas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo.

En este contexto, la sesión en Diputados pone en evidencia el contraste entre el cinismo del oficialismo y la urgencia de millones de personas que apenas sobreviven. Por más que a Milei y su junta les moleste, la pelea por los derechos de los jubilados sigue viva.

Advierten que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar importantes obras hídricas, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

Las graves inundaciones que afectaron recientemente al norte de la provincia de Buenos Aires fueron, en gran medida, inevitables debido a la intensidad de las lluvias. Sin embargo, el impacto pudo haberse mitigado con obras de infraestructura adecuadas que favorezcan el escurrimiento del exceso de agua. Es precisamente ese tipo de obras las que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo mediante el decreto 1381/01, nació para hacer frente a los daños de la gran inundación que ese año azotó zonas productivas de Buenos Aires. Desde entonces, se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) destinado a vehículos automotores.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, este fondo fue clave para impulsar proyectos como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Estas obras, aunque con interrupciones, continuaron en la gestión de Alberto Fernández.

La llegada de Milei a la Casa Rosada significó un virtual cierre del grifo del fideicomiso: las obras hídricas fueron prácticamente paralizadas, pero el ingreso de fondos jamás se interrumpió. Según datos oficiales, solo en 2024 el Fondo registró ingresos por 98.538 millones de pesos —93.403 millones provenientes directamente de los bolsillos de automovilistas y transportistas—, mientras que a fines de 2023 ya acumulaba un saldo de 85.129 millones de pesos, equivalentes a más de 75 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Pese a tener esa suma a disposición, no se ha dado ninguna explicación oficial sobre la drástica reducción en la inversión en infraestructura. Además, al tratarse de un fideicomiso no auditado, el gobierno tiene libertad para redirigir esos recursos sin rendición de cuentas clara, lo que abre interrogantes sobre su uso actual.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desactivó numerosos fideicomisos en el último año, el de Infraestructura Hídrica se mantiene activo. Liquidarlo implicaría un ingreso inmediato al Tesoro, pero también eliminaría la vía de recaudación que representa el impuesto específico sobre combustibles. Así, el gobierno mantiene una fuente de fondos sin destino preciso ni ejecución visible.

En definitiva, mientras miles de hectáreas permanecen bajo agua y la amenaza climática persiste, no hay razones técnicas ni financieras que justifiquen la paralización de obras vitales. Salvo, claro, que los fondos estén siendo utilizados con otros fines, lejos del objetivo original del fideicomiso.