Se cumplen 10 años de la primera marcha del movimiento Ni una menos, que en 2015 convocó a casi un millón de personas en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, donde se reunieron cerca de 500 mil. El movimiento visibilizó la violencia contra las mujeres y tuvo repercusión en muchos países del mundo, que se hicieron eco del reclamo del colectivo de mujeres y disidencias.  

Diez años después, hay notables avances en el tema pero muchas materias pendientes ya que la tasa de femicidios se redujo pero no de forma estructural. Para el gobierno de Javier Milei, en cambio, “la violencia contra las mujeres no existe, no hay una diferencia entre matar a un varón o a una mujer”.

Según estadísticas de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2024 hubo 247 víctimas letales de violencia de género. Es un caso cada 35 horas cuando hace 10 años había un asesinato cada 30 horas. Si se consideran víctimas directas de femicidio cada 100 mil personas, la tasa pasó de 1,12 en 2017 a 0,95 en 2024. Sin embargo, si se ven estadísticas de la evolución año a año (ver cuadro al final del artículo), se ven subas y bajas que no permiten pensar en una reducción clara de la violencia más extrema, reseñó AGENCIA PACO URONDO.

Femicidios en 2024

Según la Corte suprema, el año pasado se registraron 228 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado, que es el asesinato de alguien por su vínculo con la víctima directa. 

En la enorme mayoría de los casos (el 86%), el femicida y su víctima tenían un vínculo previo (el 42% convivía). Y entre los femicidas, más de la mitad son pareja o ex pareja de la víctima. 

Además, los asesinatos generan otras víctimas: sólo en 2024 se determinó que no menos de 204 niñas, niños y adolescentes perdieron a la persona que los tenían a su cargo. 

El gobierno de Javier Milei lo hizo. La motosierra hizo que muchos trabajadores del prestigioso hospital Garrahan tengan que manejar un Uber para poder llegar a fin de mes. En promedio, por ejemplo, los residentes ganan 700 mil pesos lo que alcanza como mucho para pagar un alquiler de tres ambientes en CABA. Así no se puede. Para el gobierno, “son privilegiados”.

Según explicaron desde el gremio ATE la situación de los trabajadores del hospital es muy difícil. “Algunos sectores, como los administrativos, ganan más haciendo horas de Uber que haciendo horas extra. Muchos compañeros vienen con su moto y cuando terminan laburan de Uber moto. También hay residentes que hacen changas en Uber”, reseñó La Política Online.

El informe de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) advirtió que los datos correspondiente al mes de mayo, fueron negativos: “La gente no tiene plata en el bolsillo”.

Las señales de alerta en el consumo se intensifican mes a mes. La crisis económica desatada por las medidas de ajuste del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sigue impactando de lleno en los bolsillos de la población, y se traduce en una nueva caída de las ventas minoristas: en mayo, se registró un retroceso del 4% en unidades vendidas en la ciudad de Córdoba, y del 7,2% a nivel provincial.

Según el relevamiento del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), no solo se desplomaron las ventas en los principales corredores comerciales y shoppings, sino que además la rentabilidad se redujo un 13% respecto al mismo mes del año pasado. “Los resultados del observatorio correspondiente al mes de mayo fueron negativos, tuvimos caída de ventas”, confirmó María Carlota Greco, directora general de la CCC.

Pese a un breve período de leve estabilidad entre diciembre y marzo, desde abril el consumo volvió a entrar en picada. “Volvimos a la caída de ventas, que es lo que nosotros no queríamos ni proyectábamos”, expresó Greco.

El crédito como salvavidas ante la falta de efectivo

En un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo, el uso de tarjetas de crédito se convirtió en el principal medio de pago, por encima del efectivo, incluso cuando este ofrece descuentos. “La gente no tiene plata en el bolsillo, entonces tiene que financiarse con la tarjeta, y más si ofrecen tres, seis o hasta doce cuotas sin interés”, explicó Greco.

De esta manera la incertidumbre sigue ganando terreno. “En abril y mayo esa confianza se transformó en miedo, y eso ha retraído las ventas”, agregó.

Panorama provincial: la caída llega al 7,2%

En tanto, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) informó que, a nivel provincial, las ventas minoristas en comercios pymes cayeron un 7,2% interanual en mayo, aunque con una baja menor a la de mayo de 2024, cuando el retroceso había sido del 17,1%.

A diferencia de la capital, en el interior cordobés predomina el pago al contado (58%) frente al uso de tarjetas (42%), lo que según Fedecom muestra una “tendencia de consumo medido”.

Los once rubros relevados mostraron caídas, excepto Farmacia (+3,6%). Las mayores bajas se dieron en Indumentaria (-9,8%), Muebles y decoración (-10,1%) y Electrodomésticos (-8,9%), reflejando un freno contundente en el consumo de bienes durables y semidurables.

Trabajadores, pacientes y familias se concentraron frente al Obelisco para denunciar los recortes en salud pública, privatización encubierta y el discurso oficial que estigmatiza a quienes acceden a servicios médicos gratuitos.

Cientos de trabajadores, pacientes y familiares del Hospital Garrahan se movilizaron este miércoles hacia el Obelisco porteño para rechazar las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno libertario de Javier Milei y denunciar una creciente estigmatización contra quienes utilizan el sistema público de salud .

Bajo consignas como “no somos privilegiados, somos pacientes” , “salud no es privilegio, es derecho” y “ni un paso atrás en la salud pública” , los manifestantes reclamaron por recursos insuficientes, recortes en insumos y la progresiva exclusión de tratamientos considerados “costosos” .

El hospital, referente en pediatría y trasplantes infantiles, viene enfrentando desde hace meses dificultades para garantizar turnos, estudios especializados y medicamentos esenciales. Familiares de niños con patologías crónicas denunciaron que muchos deben afrontar gastos propios que antes cubría el Estado , lo que pone en riesgo su acceso a la atención médica.

Además, los trabajadores expresaron preocupación por la posible implementación de planes de copago selectivo o sistemas de co-pago encubierto , medidas que, según señalan, terminarían marginando a los sectores más vulnerables y profundizando las desigualdades.

La protesta también fue una respuesta directa al discurso de funcionarios de Milei que ha calificado como “privilegio” el acceso a prestaciones médicas gratuitas, algo que para los manifestantes confunde necesidad con beneficio y criminaliza a los más afectados .

“¿Quién decide quién se merece ser atendido?”, preguntaba uno de los carteles más compartidos durante la marcha. “La salud no puede ser moneda de cambio en una guerra ideológica”, agregó otro.

Este tipo de movilizaciones refleja el creciente malestar en torno a las reformas sanitarias impulsadas por el Ejecutivo, especialmente en un momento en que la demanda por atención médica sigue creciendo mientras los recursos se reducen .

El fotoperiodista estuvo casi tres meses internado tras haber sido herido durante la represión de una marcha frente al Congreso. Será trasladado al Hospital Rocca para su rehabilitación.

El fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido el pasado 12 de marzo durante una cobertura en Plaza Congreso, será dado de alta este martes del Hospital Ramos Mejía, donde permanecía internado desde entonces, e iniciará una nueva etapa de recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.

La información fue confirmada por la cuenta de Instagram “Justicia por Pablo Grillo”, que ha seguido su evolución desde el día del incidente. La familia del reportero gráfico celebró la noticia como un alivio en medio de un proceso que definieron como un “infierno”. En el mensaje publicado, agradecieron el acompañamiento recibido: “¡Gracias eternas por el cariño, el apoyo y acompañamiento!”.

Grillo, de 35 años, recibió un disparo de una lata de gas lacrimógeno en la frente, efectuado por un agente de Gendarmería Nacional mientras tomaba fotografías durante una movilización de jubilados frente al Congreso. Estuvo en terapia intensiva durante semanas y fue sometido recientemente a una cirugía por un cuadro de hidrocefalia.

A pesar de los retrocesos médicos que implicó el nuevo diagnóstico, su evolución ha sido favorable. Días atrás logró incorporarse por primera vez desde la agresión, sorprendiendo a sus familiares. “Fue increíble, sorpresivo. Se paró y nos saludó. La emoción fue inmensa”, relató su padre, Fabián Grillo.

El caso generó repercusión pública y reclamos de justicia por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. La cuenta que sigue su estado de salud también funciona como espacio de denuncia y visibilización del hecho.

Grillo continuará su rehabilitación con internación especializada, en lo que constituye un nuevo capítulo de su recuperación física y emocional.

Un reciente estudio del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que la inflación que perciben los argentinos es el doble de la que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Mientras las consultoras privadas estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo rondará entre el 1,8% y el 2%, el promedio de inflación mensual estimada por los encuestados fue del 4,23%.

Esta diferencia se sostiene en la percepción cotidiana de los consumidores. Desde mayo de 2023, la UTDT incorporó en su tradicional relevamiento una pregunta sobre la inflación esperada a 30 días, la cual ha mostrado una tasa de respuesta más alta que la estimación a 12 meses, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

“El promedio disminuyó de 4,55% en abril a 4,23% en mayo, mientras que la mediana se mantuvo en 3%”, detalló el informe. Estos valores contrastan con el dato oficial del INDEC, que midió una inflación minorista del 2,8% en abril y se espera que informe una cifra aún menor para mayo.

Si bien el estudio de la UTDT no lo menciona explícitamente, varios analistas advierten que una de las causas de la brecha entre la inflación percibida y la oficial radica en la desactualización de la canasta de consumo del INDEC. Esta canasta, con más de 20 años de antigüedad en su estructura base, no refleja adecuadamente los patrones de consumo actuales, especialmente el creciente peso de los servicios como internet, transporte y educación.

De hecho, la inflación percibida también muestra una tendencia más estable. En los meses previos, los encuestados estimaron subas del 4,25% en enero, 4,48% en febrero y casi 5% en marzo, lo que marca una desaceleración leve pero sostenida en la percepción.

Respecto a la inflación anual esperada, el estudio indica que el promedio nacional estimado para los próximos 12 meses se ubicó en 38,8%, con una mediana del 30%. Por regiones, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estimaron un 42,1%, en el Gran Buenos Aires un 40,8% y en el Interior un 37,3%.

Estos datos reflejan no solo una brecha persistente entre las cifras oficiales y las percepciones sociales, sino también la necesidad de revisar los instrumentos estadísticos con los que se mide la evolución de los precios en el país.

La Justicia ordenó la suspensión del DNU del gobierno nacional que restringía el derecho a huelga, un duro revés para el Ejecutivo en plena ofensiva judicial contra las protestas sociales.

La Justicia federal ordenó la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno de Javier Milei que establecía límites al derecho de huelga, considerando que su implementación viola principios constitucionales y convenios internacionales ratificados por Argentina.

El fallo, emitido por el juez Santiago Hernán Corso, respondió a una acción de amparo presentada por diversos sindicatos opositores que cuestionaron la constitucionalidad del decreto. Entre los reclamantes se encontraban sectores de la CGT, agrupaciones docentes, estatales y gremios de transporte.

En su resolución, el magistrado sostuvo que el DNU “intervino indebidamente en derechos colectivos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales”, y advirtió que no corresponde al Poder Ejecutivo modificar condiciones laborales esenciales mediante instrumentos de urgencia.

Este fallo representa un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Poder Judicial, en momentos en que el presidente Milei busca avanzar con reformas y medidas de ajuste bajo el argumento de la crisis económica. La decisión judicial, aunque provisional, pone en suspenso una de las principales herramientas de presión social y sindical en medio de un escenario de creciente descontento.

El militante libertario Carlos Alberto Ficarra Toledo, se presentó el pasado miércoles 28 de mayo en el Alvear Palace Hotel de Recoleta y pidió la suite presidencial. ante la negativa alegó tener explosivos en su auto y un detonador dentro de un libro.

Carlos Alberto Ficarra Toledo, un fervoroso defensor de “las ideas de la libertad” y seguidor incondicional del presidente Javier Milei, protagonizó un insólito y alarmante episodio en el icónico Hotel Alvear. El hombre, de 34 años, se presentó el 28 de mayo en el lujoso establecimiento de Recoleta exigiendo la suite presidencial. Ante la negativa del personal, reaccionó asegurando estar dispuesto a volar el lugar y alego tener explosivos en su vehículo y un detonador oculto en un libro.

El hecho activó un protocolo de emergencia con la intervención de un escuadrón antibombas de la Policía de la Ciudad. Aunque la amenaza resultó falsa, el operativo mantuvo en vilo al hotel por más de una hora. Al ser reducido y detenido, Ficarra fue encontrado portando documentación judicial vinculada a una excarcelación reciente, concedida bajo caución juratoria.

Lejos de ser un desconocido, el militante libertario posee un largo historial judicial. Está vinculado a causas por narcotráfico, violación de medidas procesales e intimidación pública. Su primera imputación data de 2016, cuando fue acusado junto a su hermano de integrar una red de distribución de drogas entre Salta y Mar del Plata. Desde entonces, su prontuario incluye reincidencias, arresto domiciliario incumplido, y nuevos delitos relacionados al transporte de sustancias ilegales y amenazas públicas.

Sin embargo, lo que vuelve aún más llamativa su figura es su militancia política y su exposición en redes sociales. Ficarra se autodefine como “Liberal Libertario” y se muestra como un apasionado admirador de Javier Milei. En Instagram, X, Threads y Facebook se presenta como empresario guiado por Dios y republica constantemente contenido a favor del presidente, incluyendo selfies con una gorra con simbología libertaria, imágenes del lanzamiento del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, y fotos con referentes libertarios como Iñaki Gutiérrez.

También ha realizado donaciones al canal de streaming La Misa del influencer libertario Daniel Parisini (“El Gordo Dan”), con mensajes efusivos de admiración al mandatario:

“JAVO, Emperador Milei, nacido para pulverizar récords! Eres el titán supremo de la Tierra… ¡Vamos por todos, General!”

Este fervor no es aislado: Ficarra suele publicar textos religiosos, mensajes de tono mesiánico y frases como “A muerte con Milei”, dejando entrever una fusión de fe, fanatismo y política que se proyecta también en sus acciones más extremas.

La última publicación que hizo en redes sociales, antes de su detención, mantiene el mismo tono delirante y paranoide que caracteriza muchos de sus posteos:

“Estoy secuestrado mal. Sin agua, sin comida y con menores de edad. Encerrado. Asustado. Con una bomba pegada al pecho. Necesito paz”.

El caso de Carlos Ficarra Toledo deja al descubierto un fenómeno más amplio: el surgimiento de militantes radicalizados que, en nombre de la libertad y la lucha contra la “casta”, cruzan peligrosamente la línea entre activismo político y amenaza pública.

Francos anticipó que vetarán toda ley que busque mejorar los ingresos de jubilados y personas con discapacidad. A la par, el Ejecutivo destinó casi $30.000 millones a inteligencia y espionaje.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno de Javier Milei vetará cualquier iniciativa del Congreso que busque mejorar los ingresos de jubilados o declarar la emergencia en el área de discapacidad, en medio de una crisis social profunda y creciente presión parlamentaria.

“El Ejecutivo va a vetar” esas leyes, dijo Francos en declaraciones radiales, argumentando que “no hay recursos” y señalando que el sistema previsional “no es sostenible”. La decisión fue anticipada justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para debatir reformas clave en esas áreas, impulsadas por bloques opositores y respaldadas por organizaciones sociales.

El contraste con otras prioridades del oficialismo generó inmediato repudio: mientras el Gobierno se niega a asistir a sectores vulnerables, aumentó sustancialmente las partidas para la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE. En lo que va del año, ya destinó casi 30 mil millones de pesos a ese organismo, de los cuales 8 mil millones corresponden a gastos reservados, bajo el amparo de su nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Las denuncias por espionaje ilegal, seguimientos a opositores y periodistas no han hecho más que multiplicarse.

Francos justificó la decisión en “la relación activa-pasiva del sistema jubilatorio”, y condicionó cualquier mejora a una hipotética reforma laboral y tributaria futura. “No podemos pagar lo que no tenemos”, sostuvo, aunque evitó responder sobre el desvío de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, en beneficio de la especulación financiera.

Justamente, uno de los casos que más compromete ese fondo es el default del Grupo Albanesi, deudor principal de un bono internacional por USD 350 millones, del cual el FGS es el mayor acreedor. La empresa acaba de dejar impagos USD 19,5 millones en intereses y su pasivo total supera los USD 1.000 millones.

En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue señalado por la oposición por utilizar activos del FGS para frenar la suba del dólar, comprometiendo la sustentabilidad del sistema previsional mientras se niega asistencia directa a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores del sector.

Las centrales sindicales, agrupaciones de discapacidad y bloques opositores ya evalúan estrategias judiciales y legislativas para frenar lo que consideran una “política de ajuste brutal y discriminatoria”, que castiga a los más vulnerables mientras protege intereses del poder financiero y del aparato de inteligencia.

El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones. Endurece las condiciones de ingreso y permanencia, y habilita el cobro a extranjeros en hospitales y universidades.

Bajo el paraguas del DNU 366/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una reforma de fondo en la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de acceso y permanencia para personas extranjeras y habilitando el arancelamiento en servicios públicos clave como salud y educación superior.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine las categorías migratorias —transitorio, temporario, permanente— y subordina el acceso a derechos fundamentales a la condición legal de residencia. Aunque mantiene la obligación de garantizar atención médica en casos de emergencia y el derecho a cursar niveles obligatorios, la novedad está en lo que excluye: las universidades podrán cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente y el sistema de salud quedará restringido a quienes no acrediten seguro o paguen por adelantado.

“Por fuera de los supuestos establecidos… sólo se brindará atención contra la presentación de un seguro o el pago previo del servicio”, reza el texto en referencia a los hospitales públicos. En paralelo, las universidades estatales tendrán vía libre para cobrar por la educación de extranjeros sin residencia permanente.

La política de expulsión también se recrudece. La Dirección Nacional de Migraciones podrá revocar residencias precarias si considera que se han “desnaturalizado los motivos” que las justificaron. Además, el trámite no implicará derecho alguno a una resolución favorable ni contará como antecedente para obtener la ciudadanía.

Las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno exigen a los extranjeros demostrar ingresos suficientes y carecer de antecedentes penales, incluso para casos de reunificación familiar. Sólo los hijos de argentinos conservarán automáticamente el estatus de residentes permanentes.

Organizaciones de derechos humanos y gremios universitarios ya expresaron su rechazo. “Es un retroceso brutal. Se criminaliza la pobreza y se vuelve a una visión selectiva y utilitarista del migrante”, señalaron desde la Cátedra de Migraciones de la UBA. En tanto, asociaciones de profesionales de la salud alertaron que la medida pondrá en riesgo la vida de miles de personas que hoy acceden a controles, tratamientos y cirugías en hospitales públicos.

La Argentina, que en 2004 fue ejemplo global con una ley migratoria basada en derechos humanos, se aleja ahora de aquel paradigma. Con el DNU 366/2025, la política migratoria adopta una lógica punitiva y excluyente, en línea con el proyecto de Estado mínimo que impulsa el oficialismo.