A partir de este domingo, entrará en vigencia un nuevo ajuste en el transporte público y peajes, que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios.

Estos incrementos se enmarcan en la política de recorte de subsidios que lleva adelante el Gobierno Nacional, en línea con la inflación y con el objetivo de achicar la brecha con las tarifas nacionales, que hasta hace poco permanecían congeladas.

Nuevas tarifas desde junio

• Colectivos porteños: el boleto mínimo sube de $450,63 a $472,17.
• Subte: el pasaje pasa de $919 a $963, más del doble del costo de un colectivo.
• Peajes: en hora pico, las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo costarán $3.908,87 (antes $3.729,84) y la Illia sube de $1.550,63 a $1.625,06.

En los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad (como las líneas 6, 12, 39, 44, entre otras), se mantiene el esquema de actualización mensual que contempla un 2% fijo más la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En junio, la suba será del 4,8%, tras el 5,7% aplicado en mayo.

Se espera que la Provincia de Buenos Aires aplicará el mismo esquema: el boleto mínimo también se elevará a $472, alineándose con las tarifas de CABA.

Subte: la tarifa más alta

El subte sigue siendo el medio más costoso: el boleto trepa a $963, una diferencia superior al 100% respecto al colectivo. Para amortiguar el impacto, se mantienen descuentos de hasta el 65% con tarjetas bancarias, y pagos con QR desde billeteras virtuales como Mercado Pago, Modo, entre otras. Los pasajeros frecuentes y beneficiarios de tarifa social también acceden a rebajas progresivas según la cantidad de viajes.

Peajes: más caros

El aumento de peajes se atribuye a un plan de obras públicas que AUSA ya tiene en marcha. En horario no pico, los autos particulares pagarán $2.758,23 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $1.149,15 en la Illia.

Mientras los sectores populares ajustan en alimentos y combustibles, las clases medias y altas disparan el gasto en ocio, electrónica e indumentaria. Un país partido en dos modelos de consumo.

Según datos oficiales del INDEC, en abril las ventas en supermercados cayeron un 32% interanual en términos reales, reflejando el impacto de la crisis en el consumo básico. También se desplomó el gasto en combustibles, con una caída del 24%, mientras el precio de la nafta subió un 87,1% respecto al mismo mes del año pasado. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 41,4%, pero por debajo de la inflación, lo que indica una baja en la cantidad consumida.

En contraste, un informe del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, basado en datos del Banco Provincia, mostró que el consumo con tarjetas creció apenas un 1,1% interanual, pero con grandes diferencias entre rubros. Mientras los sectores populares reducen su gasto, la clase media y alta aumentó sus consumos en esparcimiento, gastronomía, indumentaria y electrónica. Solo en abril, restaurantes y hoteles crecieron un 70,9%, indumentaria y electrónica un 51%, y recreación y cultura un 47,8%.

El estudio detalla que quienes mantuvieron ingresos o se beneficiaron de la política económica actual aprovechan el dólar planchado, la apertura importadora y los planes de cuotas para acceder a bienes y servicios postergados. Mientras tanto, la mayoría de los hogares ajusta en lo básico, marcando un consumo de pura subsistencia: menos carne, menos nafta, menos changuito.

Así, los números revelan una Argentina partida en dos velocidades: unos que recortan lo esencial y otros que vuelven a gastar en placer y confort, alimentando una desigualdad cada vez más visible en los registros oficiales.

Con cifras que exhiben como trofeo, el Gobierno admite haber destruido casi el 10% del empleo público. El desguace estatal se profundiza con impactos críticos en salud, educación, ciencia y derechos sociales.

A 17 meses del inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei difundió con orgullo un balance lapidario: casi 48.000 trabajadores estatales fueron despedidos. El dato surge de un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quien además anunció que el recorte “se profundizará en los próximos meses”.

Según el documento, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el Estado nacional redujo su planta laboral en un 9,6%, con especial impacto en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas del Estado, donde la caída del personal alcanzó el 13,7% y 16,4%, respectivamente. El informe cuantifica el “ahorro” en 1.885 millones de dólares anuales, sin contemplar el costo social de semejante poda.

El ajuste no se limitó a despidos de planta: los contratos bajo Ley Marco se redujeron un 20%, mientras que el personal contratado bajo la modalidad de monotributo (LOYS) se desplomó en un 55%. A pesar de las advertencias de gremios, universidades y organismos internacionales sobre el deterioro del servicio público, el Gobierno insiste en que sólo se sostendrán “las áreas que cumplan una misión esencial”, sin definir qué significa esa categoría.

Mientras tanto, los efectos del vaciamiento ya se sienten: hospitales sin personal suficiente, proyectos científicos paralizados, oficinas de atención ciudadana cerradas y programas sociales desmantelados. La lógica, denuncian sindicatos y especialistas, responde a un plan ideológico de desarticulación del Estado como garante de derechos.

En paralelo, el Gobierno decidió triplicar los gastos reservados de inteligencia, mientras desfinancia áreas clave como salud, educación, ciencia y políticas de género. “Esta no es una reestructuración, es una demolición”, advirtieron desde ATE, que prepara nuevas medidas de fuerza ante lo que describen como una “ola de despidos arbitrarios y generalizados”.

Desde Casa Rosada, la narrativa es otra. El informe de Desregulación celebra el plan de despidos como un ejemplo de “eficiencia” y anuncia más motosierra: nuevas desvinculaciones y supresión de organismos considerados “innecesarios”.

Convocados por el Conicet y organizaciones científicas, investigadores y ciudadanos se movilizan este miércoles en defensa de la ciencia argentina. Denuncian recortes del 50% en la inversión estatal, salarios por el piso, parálisis en el ingreso de científicos y el éxodo forzado de jóvenes investigadores.

En un contexto de ajuste feroz sobre el sistema científico y tecnológico nacional, investigadores, becarios y trabajadores del sector marcharán este miércoles a las 13 hacia el Polo Científico en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna, tan contundente como urgente: “Sin ciencia no hay futuro”.

La protesta surge en respuesta a lo que desde distintos sectores ya definen como un “cientificidio”: recortes presupuestarios drásticos, paralización del ingreso a planta del CONICET, pérdida del poder adquisitivo de becas y sueldos, y un clima de hostigamiento discursivo que busca desprestigiar la labor científica.

La convocatoria, impulsada por numerosos institutos, universidades y colectivos de trabajadores de la ciencia, incluye una pieza audiovisual inspirada en El Eternauta, que apela a una memoria colectiva de resistencia ante lo que consideran una amenaza “tóxica” para el conocimiento nacional. La movilización principal será en Buenos Aires, pero se replicará en forma simultánea en ciudades de al menos ocho provincias.

El investigador del CONICET Alberto Kornblihtt advirtió en las últimas horas que “la situación actual no es una crisis más, es un intento deliberado de destrucción de décadas de desarrollo científico. Lo que está ocurriendo no es negligencia: es una decisión política que nos quiere borrar del mapa”.

Durante el primer trimestre de 2025, la inversión nacional en ciencia se redujo a la mitad respecto al año anterior, lo que significa un retroceso presupuestario a valores de 2005. Según un informe del Grupo de Estudios en Política Científica (EPC), la caída acumulada prevista para 2025 supera el 55% si se compara con la década anterior, incumpliendo además la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología sancionada por unanimidad en 2021.

Además de denunciar la paralización del sistema, los convocantes advierten sobre las consecuencias estructurales del desguace: deserción de jóvenes investigadores, cierre de líneas de trabajo, cancelación de proyectos internacionales y una creciente dependencia del conocimiento importado.

“No sólo están desfinanciando la ciencia. Están destruyendo el tejido institucional que la sostiene”, alertaron desde la Red Federal de Afectadxs por el Recorte en CyT. “No es un reclamo corporativo: es la defensa de un derecho social al conocimiento y al desarrollo”, afirmaron.

La marcha de este miércoles no será sólo una postal del malestar del sector. Será también, advierten los organizadores, un llamado a la sociedad para impedir que el país quede definitivamente a oscuras en materia científica y tecnológica.

Pese a la narrativa oficial, la caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.

Aunque el Gobierno insiste en mostrar signos de recuperación y desaceleración inflacionaria, la situación en los supermercados del país refleja una crisis que se agudiza. La caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios del INDEC, el 57,5% de las empresas reconoce que la baja demanda afecta gravemente su actividad, una cifra que viene en aumento y desmiente la narrativa oficial. En paralelo, un informe del MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) de la Universidad Nacional de Rosario señala que más de la mitad de los supermercadistas considera hoy la caída del consumo como su principal preocupación, frente al 36% que lo hacía a fines de 2023.

El ajuste del gasto familiar ante la pérdida de poder adquisitivo se traduce en una retracción del consumo que no encuentra piso. La consultora Radar Scanntech reportó en abril una caída del 1,5% respecto al mes anterior y un derrumbe del 10,5% interanual en ventas de supermercados y autoservicios. Lejos de estos números, los datos oficiales del Gobierno muestran una baja marginal del 0,1%, lo que para el sector no refleja con precisión el escenario que enfrentan día a día.

Despidos en el horizonte

La preocupación no se limita al consumo: el 17,8% de las empresas del rubro ya prevé reducir su personal, frente a un escaso 2,7% que planea incorporar nuevos trabajadores. El resto mantiene una postura expectante y cautelosa, sin decisiones concretas, a la espera de mayor claridad en el rumbo económico.

Además del desplome en la demanda, los supermercadistas denuncian otros factores que presionan la rentabilidad. El 23,3% señala el costo laboral como un obstáculo central, mientras que persisten fuertes tensiones con los proveedores. Tras la última devaluación del dólar oficial en abril, muchas listas de precios llegaron con aumentos considerados “injustificados” por la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA), lo que genera un efecto en cadena sobre precios finales y márgenes de ganancia.

Pese al respaldo público del ministro de Economía, Luis Caputo, a los supermercadistas, el conflicto continúa. El 57,7% de las empresas espera nuevos aumentos de precios de aquí a julio, y solo un 2,7% considera posible una baja en el corto plazo, a pesar de la estabilización parcial de la inflación.

Una brecha creciente entre relato y realidad

El discurso oficial se apoya en indicadores macroeconómicos que muestran cierta contención inflacionaria. Sin embargo, la economía real, la que se mide en cada ticket de compra y en cada góndola vacía, cuenta otra historia: la crisis del consumo no se detiene, el empleo en el sector empieza a resentirse, y la esperada recuperación aún no aparece en los hogares ni en los comercios.

Lejos de una reactivación, los supermercados viven un deterioro constante que amenaza con profundizarse. Mientras el Gobierno sostiene un relato de estabilización, la caída del consumo masivo y la tensión con proveedores anticipan un segundo semestre marcado por más recortes, menos empleo y un mercado interno cada vez más debilitado.

El tribunal apartó a la magistrada debido a que se hizo público que filmaba material a escondidas para una miniserie sobre el juicio más importante.

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes un giro inesperado tras la filtración de un tráiler que sacudió al Tribunal Oral N° 3 de San Isidro. El video, que mostraba a la jueza Julieta Makintach como protagonista de una serie documental titulada Justicia divina, provocó un escándalo inmediato y derivó en su salida del tribunal.

El material, presentado durante la audiencia por el fiscal Fernando Ferrari, dejó atónitos a todos los presentes. “Esto no es una entrevista, es un guión. Makintach ofició de actriz y no de jueza”, denunció Ferrari. Las imágenes provocaron lágrimas entre Gianinna Maradona y Verónica Ojeda, presentes en la sala.

El tráiler, de casi dos minutos, tenía una estética cinematográfica, con música dramática, imágenes en blanco y negro y frases impactantes como “Una historia que conmovió al mundo”. Mostraba a la jueza recorriendo tribunales, con primeros planos de su figura, mientras se intercalaban imágenes de archivo de Maradona, audios de la causa, recortes de noticieros y hasta extractos de expedientes judiciales. El documental planeado, según se supo, constaba de seis episodios de media hora y pretendía seguir a Makintach mientras reconstruía los hechos detrás de la muerte del astro.

El documental que no fue:
El tráiler que se mostró en la audiencia sobre la mini serie que realizaría Makintach, ahora ex jueza en el juicio por la muerte de Diego Maradona pic.twitter.com/S0km2gdWxt

— Riso Balvidares (@RisoBalvidares) May 27, 2025

El impacto en el juicio fue demoledor. Los abogados defensores pidieron uno tras otro la recusación de Makintach, acusándola de falta de imparcialidad y de comportamientos incompatibles con su rol. Rodolfo Baqué, defensor de una de las enfermeras imputadas, fue directo: “Me sacaste del juicio para hacer un documental”. Otros abogados cuestionaron el título del proyecto: “¿Qué tengo que pensar? ¿Que ya tenía una condena decidida?”, lanzó el representante del psicólogo Díaz.

Aunque Makintach intentó defenderse afirmando que no conocía el guión y que solo había dado una entrevista, las imágenes mostraban una puesta en escena difícil de justificar. Finalmente, la jueza aceptó su recusación diciendo: “No me puedo hacer cargo. Hago lugar a la recusación”.

El presidente del tribunal calificó la situación como “un bochorno mundial”, mientras que Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, fue lapidario: “Esto no es ni más ni menos que la imagen de la Justicia”. Con la salida de Makintach, el juicio deberá reorganizarse, en medio de una crisis que ya dejó marcada su credibilidad.

Por el ajuste de Javier Milei, el principal hospital pediátrico del país atraviesa una crisis sin precedentes. Más de 200 profesionales se fueron por los bajos salarios y la falta de respuesta oficial. “Hay riesgo de vida para los chicos”, denunció Norma Lezana, secretaria general de los profesionales del hospital.

Mientras el presidente Javier Milei se reúne con figuras del negacionismo sanitario como Robert Kennedy Jr., el Hospital Garrahan —referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad— vive una situación crítica. “Nos están llevando a todos a una situación muy límite”, denunció Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

“El hospital está en una situación prácticamente de colapso”, alertó Lezana. Según la dirigente, ya se fueron más de 200 profesionales del equipo de salud, incluidos médicos de planta, residentes y becarios, debido a la crisis salarial y la falta total de respuestas por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. “No hay concursos para cubrir las vacantes. Los equipos se desarman y no se reemplaza a nadie”, explicó.

La gravedad de la situación quedó expuesta este lunes, cuando los residentes —cuyos salarios rondan los 700 mil pesos por jornadas de hasta 60 horas semanales— comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Como resultado, desde las 16 hasta las 8 de la mañana siguiente no hay guardias cubiertas. “Ayer hubo médicos que quedaron solos a cargo de 30 pacientes internados. Son chicos en cuidados intensivos y moderados, que en otros lugares estarían en terapia”, relató Lezana.

Según denunció, la dirección del hospital ignoró los pedidos de contingencia: “No suspendieron cirugías, no derivaron pacientes. No hicieron nada. A las 4 de la tarde respondieron que se arreglen como puedan”. Por esa desidia, presentaron una denuncia penal contra las autoridades del hospital por abandono de persona.

Lezanano dejó dudas: “Nos están llevando a todos a una situación muy límite. No se puede pretender que un médico viva con 700 mil pesos. Tienen que trabajar después con aplicaciones, sin dormir. No dan más”.

Frente al colapso, hoy se realizará una asamblea en el hospital con participación de todos los sectores: profesionales, residentes, becarios y conducción intermedia. El objetivo es exigir una solución urgente, pero también apuntar más allá del conflicto salarial. “Estamos pidiendo una ley que blinde el financiamiento del Garrahan. Hay chicos y chicas que no encuentran atención en ningún otro lugar, ni siquiera en el sistema privado”, subrayó Lezana.

En paralelo, el gobierno nacional evita el tema. Mientras se multiplican los reclamos y las denuncias, el secretario de Salud Mario Lugones se mostró más interesado en la agenda internacional de la OMS y los protocolos ante una catástrofe nuclear, que en garantizar la atención médica a los niños y niñas de su propio país.

La empresa Molinos Rio de la Plata anunció despidos y rebajas salariales, dos medidas drásticas que desde la firma fueron justificadas por “la caída de las ventas”. 

La profunda recesión económica y el desplome del consumo ya impactan de lleno en el corazón del sector alimenticio. Molinos Río de la Plata, una de las compañías más emblemáticas del país y parte del poderoso Grupo Pérez Companc, anunció un fuerte ajuste que incluye despidos y recortes salariales. La firma justificó estas medidas en la caída sostenida de las ventas y en un contexto de precios regulados por debajo del incremento de costos.

Desde la planta ubicada en Esteban Echeverría, la Comisión Interna denunció que la empresa puso en marcha un proceso de reducción de personal que “deja la operación en la ilegalidad” y compromete seriamente la seguridad laboral. “Quieren producir lo mismo con menos trabajadores, lo que pone en riesgo la salud de quienes permanecen y condena al desempleo a cientos de familias”, alertó Luciano Greco, delegado gremial.

Según el gremio, la empresa pretende recortar adicionales salariales de convenio y achicar la planta de personal, afectando a unos 200 puestos de trabajo. Estas decisiones, afirman los trabajadores, se dan en un contexto de creciente precarización, donde incluso se estarían ocultando denuncias de accidentes laborales ante la ART y desconociendo licencias médicas.

La empresa, por su parte, informó que atraviesa un delicado momento financiero. En su último balance, reportó una pérdida neta de $5.460 millones durante el primer trimestre del año. Molinos explicó que esta caída se debe a un consumo interno deprimido y a que los precios de sus productos aumentaron apenas un 8,4% interanual, frente a una inflación del 55,9%, mientras que sus costos escalaron un 24% en el mismo período.

A pesar de haber logrado un leve repunte del 6,1% en volumen de ventas, la compañía no logró sostener su rentabilidad, lo que derivó en un fuerte ajuste que ahora impacta directamente en sus trabajadores.

En un país donde la crisis golpea transversalmente a la industria, el caso de Molinos Río de la Plata evidencia que ni las empresas más grandes y consolidadas son inmunes al deterioro económico. El conflicto laboral abierto en sus plantas no solo expone el drama del empleo en la Argentina actual, sino que también refleja cómo la política económica nacional y la caída del consumo están erosionando la capacidad productiva de sectores clave.

La central obrera presentó un amparo para frenar el decreto que amplía al extremo las actividades “esenciales” y limita el derecho constitucional a la protesta. “Quieren borrar la huelga de un plumazo”, advirtieron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical para frenar el decreto del gobierno de Javier Milei que busca restringir el derecho a huelga al declarar como “esenciales” a una lista ampliada de actividades. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

La ofensiva contra la huelga quedó oficializada la semana pasada con la publicación del Decreto 340/2025, que impone nuevas condiciones para las medidas de fuerza, exigiendo un funcionamiento mínimo del 50% al 75% en una veintena de actividades. Desde el sector sindical lo interpretan como un intento de vaciar de contenido el principal instrumento de protesta del movimiento obrero.

“El decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, había señalado la CGT en un comunicado que anticipaba el paso por los tribunales. La central obrera remarcó que dará la batalla “en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, recordó que la Justicia ya se había pronunciado contra intentos similares contenidos en el DNU 70/2023. “Están reiterando lo mismo. Pretenden cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de ejercer medidas de acción directa”, señaló.

La norma firmada por Milei incluye como esenciales a sectores estratégicos como salud, educación, energía, telecomunicaciones, transporte, aduanas, internet y hasta el cuidado de menores, con lo cual deja bajo un régimen restrictivo a casi toda la estructura de servicios del país. Para la CGT, la decisión representa un retroceso en derechos laborales y una violación directa a convenios internacionales firmados por Argentina.

La jugada oficialista, que busca blindarse frente a eventuales paros nacionales en medio del creciente malestar social, ya generó un nuevo frente judicial con el sindicalismo organizado. Desde la central obrera confían en que la Justicia volverá a frenar el intento libertario de imponer por decreto el silenciamiento de la protesta social.

El gobierno de Milei redujo drásticamente los montos de las becas Pogresar en un 44%, utilizadas por sectores de bajos ingresos para reducir la desigualdad educativa.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En lo que va de su gestión, ya fueron recortados 500 mil beneficiarios del programa Progresar, una política pública clave para garantizar el derecho a la educación de jóvenes de sectores populares.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), además de la brutal reducción en la cobertura, el poder adquisitivo de las becas se desplomó un 44%, producto del congelamiento de los montos y la aceleración inflacionaria. Esta combinación de recortes y licuación se traduce en un ahorro fiscal acumulado de casi 90% en términos reales hasta fin de 2024, una cifra que revela con claridad hacia dónde se dirige el plan de ajuste.

A pesar de que el presupuesto 2025 proyecta alcanzar a 1,5 millones de estudiantes, en 2024 el programa apenas llega a un millón, incluso contando con una asignación presupuestaria mayor en términos reales. Lejos de revertir la situación, el CEPA advierte que el ajuste continuará: para este año se estima una reducción adicional del 18% y no se descartan nuevos recortes en el número de beneficiarios.

El valor real de la beca también cayó de manera dramática: mientras que para equiparar el poder adquisitivo de abril de 2015, un estudiante debería recibir hoy $127.186 mensuales, actualmente perciben solo $35 mil, un monto que queda muy por debajo de cualquier umbral de dignidad educativa.

El desfinanciamiento del programa y el achicamiento de su alcance son una muestra más de que el ajuste no es “parejo”, sino que recae de forma directa y desproporcionada sobre quienes más necesitan del Estado para garantizar derechos básicos como la educación.

El programa Progresar, creado en 2014, tiene como objetivo brindar apoyo económico a jóvenes de entre 18 y 24 años que estudian y pertenecen a hogares con ingresos bajos, siendo un instrumento fundamental para reducir la desigualdad educativa. Actualmente se compone de tres líneas: Progresar Obligatorio (secundario), Progresar Superior (niveles terciario y universitario), y Progresar Trabajo (formación profesional).

Con los actuales recortes, la política educativa inclusiva que representaba Progresar está siendo vaciada, en el marco de un plan de ajuste que, una vez más, golpea primero y más fuerte a los sectores populares.