Fuentes del sector calificaron la medida como “propia de un país subdesarrollado” y advirtieron que “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”.

La industria naval argentina expresó una profunda preocupación y rechazo ante el Decreto 273/2025, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), habilitando la libre importación de barcos y maquinaria agrícola usada. La medida, celebrada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, fue calificada como “un gravísimo error” por referentes del sector, que advierten sobre sus consecuencias destructivas para el entramado productivo nacional.

Desde el astillero Federico Contessi, uno de los principales del país, no tardaron en manifestarse con firmeza. Su presidente, Domingo “Vito” Contessi, consideró que la medida “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”, y criticó al Gobierno por “repetir errores del pasado que ya demostraron su efecto devastador”.

Contessi recordó que decisiones similares tomadas en décadas anteriores, como la importación masiva de buques usados en los años ‘70, terminaron con astilleros cerrados, una flota ineficiente, y embarcaciones convertidas en chatarra en los muelles. “Diez años después de aquel decreto, el 50% de los buques estaban inutilizados y el 85% de las empresas quebradas”, advirtió.

Para la industria naval, esta apertura implica una competencia desleal frente a quienes invierten en nuevos desarrollos, desincentiva la producción nacional y precariza el sector. “Fomenta inversiones oportunistas y de corto plazo, frena la renovación tecnológica y nos expone nuevamente a tragedias con pérdida de vidas humanas”, denunció el empresario.

En contraste con este retroceso, la industria naval argentina había mostrado en los últimos años un fuerte crecimiento. En Mar del Plata, astilleros como Contessi y SPI alcanzaron récords de botaduras, generando empleo, innovación tecnológica y formación en oficios. Ese proceso, afirman, hoy está paralizado.

El decreto encendió alarmas porque, además de barcos, también permite la importación automática de maquinaria industrial usada de múltiples rubros, eliminando cualquier evaluación sobre la existencia de producción local. Para Contessi, esto es “dirigismo puro”, ya que el anexo del decreto define “cuáles industrias seguirán y cuáles desaparecerán”.

“Resulta paradójico que un gobierno que prometía impulsar la industria naval haga todo lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, se protege esta industria con leyes como el Jones Act. En cambio, en Argentina miramos el espejo de países subdesarrollados”, criticó.

Importante 👇

El Gobierno Nacional simplifica la importación de bienes de capital usados.

El Gobierno Nacional elimina una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 14, 2025

El Gobierno, por su parte, defendió la medida bajo el argumento de que simplificará procesos, reducirá costos para las empresas y facilitará el acceso a tecnología, especialmente para sectores estratégicos como el energético o minero. Sin embargo, desde el sector naval advierten que, lejos de representar una modernización, se trata de un retroceso histórico con impactos económicos, sociales y ambientales irreversibles.

“Hoy es un día de mucha tristeza para la industria naval argentina”, concluyó Contessi, visiblemente decepcionado por lo que consideran una política que atenta contra el desarrollo nacional.

Tras la devaluación impulsada por el Gobierno luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las empresas alimenticias no perdieron tiempo y mandaron sus listas de precios actualizados en línea con el nuevo valor del dólar.

Tras la devaluación del peso impulsada por el Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI y la reciente adopción de un esquema de flotación administrada del dólar –con una cotización oscilando entre los $1.000 y $1.400–, el escenario comercial se recalienta. La actualización de precios de referencia encendió una fuerte puja entre supermercados y empresas proveedoras, que ya se refleja en los alimentos más sensibles al tipo de cambio.

Las compañías de consumo masivo comenzaron a enviar nuevas listas con aumentos de entre 6% y 12%, presionadas –según argumentan– por el encarecimiento de insumos y materias primas dolarizadas, como el trigo, el girasol y el café. Entre los productos con mayores subas figuran los aceites, harinas, cereales y artículos de limpieza y cuidado personal.

Sin embargo, las principales cadenas de supermercados decidieron rechazar de plano esos incrementos, en lo que describen como una “pulseada” cada vez más intensa con los proveedores. En este contexto, algunos mayoristas aseguran que trasladan sólo parte de las subas a las góndolas, y de forma gradual.

“Recibimos listas con aumentos, sobre todo en commodities. En promedio, hablamos de un 6 a 8%. Pero el traslado total a góndola tarda entre dos y tres semanas”, explicó Armando Farina, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. “Tratamos de promediar para evitar impactos bruscos en los consumidores”, agregó.

Desde el sector supermercadista advierten que no convalidarán remarcaciones que no se ajusten a la realidad del mercado, mientras que las alimenticias aseguran que sólo intentan reflejar parcialmente los mayores costos operativos.

Entre los proveedores que anunciaron nuevas listas figuran la Aceitera General Deheza y Bunge, con aumentos del 9% en aceites; SC Johnson, con subas en productos como Raid y Off; y Softys, que notificó incrementos en marcas como Babysec, Elite e Higienol.

La tensión crece y el conflicto por los precios promete extenderse mientras el dólar siga oscilando en una banda tan amplia. En el corto plazo, esta disputa impactará directamente en los precios finales al consumidor, aunque el traslado no será inmediato. En el fondo, lo que se discute es quién absorbe el costo de la nueva etapa económica.

Bullrich impulsó su candidatura, hoy la Justicia lo condenó por delitos sexuales contra menores. Germán Kiczka, exdiputado libertario, recibió una pena de 14 años por tenencia y facilitación de material de abuso infantil.

Después de más de tres horas de un tenso cuarto intermedio, el Tribunal Penal N°1 de Posadas retomó la audiencia pasadas las 22 horas del martes para dictar sentencia contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI). Germán, exdiputado provincial por el partido libertario Activar, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que su hermano mayor recibió una pena de 12 años.

Ambos fueron hallados culpables de consumir y distribuir imágenes y videos en los que niños y niñas eran sometidos a abusos sexuales, en muchos casos menores de 13 años. La resolución judicial estuvo en línea con los pedidos formulados por los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka.

Un fallo que marca precedentes

El exlegislador libertario, que hasta septiembre del año pasado integró la Cámara de Representantes de Misiones, fue considerado además responsable de facilitar el acceso a esos archivos, lo que agravó su condena en comparación con la de su hermano Sebastián, acusado también de un episodio de abuso sexual sin acceso carnal.

La lectura de la sentencia fue breve, pero cerró la jornada más extensa y agotadora de las doce audiencias que conformaron este juicio de fuerte impacto nacional. Inmediatamente después, los hermanos fueron esposados y trasladados a la Unidad Penal I de Loreto, ubicada a 60 kilómetros de la capital provincial. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer dentro de los próximos diez días hábiles.

Disidencia parcial y material probatorio

Las condenas fueron definidas por mayoría. Votaron a favor Gustavo Bernie, presidente del tribunal, y César Yaya, juez subrogante. En disidencia, la jueza Viviana Cuckla consideró que las penas debían ser menores: ocho años para Germán y seis para Sebastián. Además, propuso exculpar a este último del cargo de abuso sexual denunciado por una joven de 15 años en la localidad de Apóstoles.

Aunque los fundamentos aún no se conocen, todo indica que las penas se sustentan en la gran cantidad de material de abuso sexual infantil hallado durante los allanamientos a las viviendas de los hermanos, realizados entre febrero y agosto del año pasado. Parte de ese contenido fue exhibido durante las audiencias y resultó clave para sostener la acusación.

Alegatos, pedidos de clemencia y nulidades rechazadas

La jornada comenzó con demoras técnicas en la transmisión por YouTube. En primer turno, el Ministerio Público Fiscal expuso un extenso alegato donde dio por acreditada su teoría del caso, y solicitó penas de 15 años para Germán y 12 para Sebastián.

Luego fue el turno de las defensas. Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, representantes de Sebastián, insistieron en que su defendido requiere asistencia psiquiátrica. “Está probado que es un poliadicto y confesó. Se hizo cargo de todo”, expresó Paredes, quien imploró: “Es quizás la última oportunidad de recuperar su vida”. La respuesta del fiscal Glinka fue tajante: “El nene tiene 49 años. Ya tuvo demasiadas oportunidades”.

Por su parte, Gonzalo de Paula, abogado de Germán Kiczka, solicitó la absolución de su cliente bajo el argumento de que el material encontrado pertenecía a Sebastián. Además, ambas defensas presentaron pedidos de nulidad que fueron rechazados por el tribunal. Antes del último receso, Sebastián Kiczka pidió la palabra para rogar clemencia, en su último intento de evitar la condena. La decisión fue firme: ambos irían a prisión.

Nueva investigación por vínculos políticos

En una decisión adicional, el Tribunal resolvió remitir actuaciones para que se investigue a Leonardo Antonio Kiczka, padre de los acusados, por la posible comisión de delitos de acción pública. También ordenó investigar a Pedro Puerta, líder de Activar y excompañero de bancada de Germán Kiczka, lo que podría abrir una nueva causa judicial.

El exjuez Guillermo Rivarola será citado a indagatoria por omisiones investigativas en la masacre del Pabellón Séptimo y el caso de los palotinos

El juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria al exmagistrado Guillermo Rivarola por no haber investigado adecuadamente la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, donde murieron 65 presos tras una violenta requisa del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El exjuez, hoy de 86 años, deberá comparecer el próximo 20 de mayo.

El hecho, considerado un crimen de lesa humanidad, se investiga actualmente en el Tribunal Oral Federal N°5. En el banquillo están el entonces director del penal, Juan Carlos Ruiz, el exjefe de Seguridad Interior Horacio Galíndez, y el excelador Gregorio Zerda. Según Página/12, la acusación contra Rivarola apunta a que omitió denunciar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos sufridas por al menos 38 sobrevivientes del incendio.

La causa había comenzado como una investigación ordinaria, pero fue rápidamente desviada sin avanzar sobre las responsabilidades del SPF. “Omitió formular la correspondiente denuncia, encontrándose obligado a hacerlo”, sostuvo Rafecas en la resolución.

Rivarola ya había estado en el centro de la polémica por su rol en la causa de la masacre de los palotinos, ocurrida en 1976, poco después de ser designado juez por la dictadura de Videla. El periodista Eduardo Kimel lo había señalado en su libro La masacre de San Patricio por haber frenado la investigación ante el involucramiento de altos mandos militares. Esa crítica le valió una condena judicial que luego fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008.

Desde la organización Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebraron el llamado a indagatoria y reclamaron que también se revise el accionar de Rivarola en la causa de sus cinco mártires. Paralelamente, el juez Rafecas investiga si la Policía Federal Argentina tuvo responsabilidad directa en ese crimen como represalia por una bomba colocada por Montoneros en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal dos días antes.

Rivarola ingresó al Poder Judicial en 1956, fue nombrado fiscal por Isabel Perón y juez federal por la dictadura. En democracia, llegó a camarista. Ahora, casi medio siglo después, deberá rendir cuentas por haber encubierto crímenes cometidos desde el Estado.

El dato surge del relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, a través de la Encuesta Nacional Inquilina.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación —con un IPC de marzo que se ubicó en 3,7%—, la realidad que enfrentan millones de inquilinos en todo el país pinta un cuadro muy diferente. Según datos de la Encuesta Nacional Inquilina, realizada por Inquilinos Agrupados, el 30% de los inquilinos tuvo que abandonar su vivienda en marzo por no poder afrontar los aumentos en los alquileres.

Este fenómeno, que la organización describe como “desalojo económico”, ha ido en aumento: en diciembre de 2024, el porcentaje de inquilinos forzados a dejar su hogar por razones económicas era del 25%. Lejos de mejorar, la crisis habitacional se profundiza.

El escenario se agrava aún más cuando se observa el contexto laboral y financiero. El 9,2% de los inquilinos está desempleado, el 35,3% busca más trabajo, y el 67% manifiesta preocupación por la reducción de horas laborales. Además, el 65% se encuentra endeudado y el 48% presenta atrasos en pagos esenciales: el 51% en tarjetas de crédito, el 38% en alimentos y el 30% en alquiler.

Mientras tanto, los alquileres continúan por encima del promedio de inflación: en marzo aumentaron 5,3% en el Gran Buenos Aires, 10,2% en la Patagonia, 9,4% en el noroeste, y entre 4% y 8% en otras regiones del país. En contraste, el INDEC informó que en los últimos doce meses la categoría “vivienda y servicios básicos” registró un alza del 149%, muy por encima del promedio general de inflación anual, que fue del 55,9%.

Así, el supuesto alivio en los indicadores económicos oficiales contrasta con una realidad concreta e ineludible: para miles de inquilinos, la estabilidad no se traduce en bienestar, sino en desalojo, deuda y precariedad creciente.

Aunque Javier Milei arrasó en Santa Fe en las presidenciales de 2023, su espacio no logró repetir la hazaña en las elecciones del domingo.

Este domingo 13 de abril, los santafesinos acudieron a las urnas para elegir a los 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución provincial. Con el 87,99% de las mesas escrutadas, el frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se impuso con el 35,33% de los votos. En segundo lugar se ubicó Más para Santa Fe, con el 14,76%.

La Libertad Avanza (LLA), que se presentó por primera vez en la provincia con lista propia y sin alianzas, obtuvo el 13,97% de los sufragios, quedando en tercer lugar. Este resultado está por debajo de las expectativas generadas tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial de 2023, donde obtuvo el 62% de los votos en Santa Fe.

La estrategia de LLA en Santa Fe fue competir en solitario, sin alianzas con otras fuerzas políticas. La lista estuvo encabezada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, acompañado por Natalia Armas Belavi y Marcos Peyrano. ​

A pesar de haber sido oficializada como partido político en la provincia en octubre de 2024, y de haber superado ampliamente el umbral de afiliaciones requerido por la ley electoral, LLA no logró capitalizar el respaldo obtenido en las elecciones nacionales. ​

Este desempeño plantea interrogantes sobre la consolidación del espacio libertario en el ámbito provincial y su capacidad para replicar a nivel local el éxito obtenido a nivel nacional.​

La Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que esta medida no sólo es equivocada sino también hipócrita, y que responde a una lógica electoralista que prioriza los discursos fáciles y punitivos por encima de soluciones estructurales y humanas.

“Más oportunidades que penas”, es el mensaje central del documento difundido, donde se rechaza de plano la idea de resolver el complejo problema de la inseguridad juvenil con más cárceles. Desde los sectores religiosos que trabajan en las villas y barrios populares, con décadas de compromiso social en la línea de Carlos Mugica, señalan que los adolescentes no son los principales responsables de la criminalidad: “La droga no la fabrican los chicos de 13 a 15 años, ni la introducen en los barrios, ni se benefician con su venta”, advierten. Por el contrario, son víctimas de redes de adultos, muchas veces articuladas con sectores del poder, la justicia y las fuerzas de seguridad.

El texto denuncia con claridad el oportunismo político: “El poder político, en lugar de ofrecer una solución estructural sostenida, reacciona con parches que desgarran y perforan aún más el tejido social”. Así, desde la Pastoral Social, acusan al oficialismo de recurrir a discursos demagógicos, buscando rédito electoral a través de medidas que sólo profundizan la exclusión social.

En el documento, se pide un debate serio, a largo plazo, que incorpore las voces de especialistas y abandone las salidas simplistas. “La pena no mejora al sujeto; por el contrario, lo estigmatiza y lo margina aún más”, sostienen. Las estadísticas oficiales respaldan esta posición: en 2023, los menores de entre 0 y 15 años representaron solo un 4,74 % de los inculpados por robo de automotores y apenas un 0,64 % de los acusados de homicidio doloso.

Además, la Pastoral advierte que, en el caso de que se apruebe esta baja, no existen dispositivos adecuados en las provincias para alojar ni contener a los menores. Las cárceles actuales, sostienen, son espacios donde reina la violencia institucional y la posibilidad de reinserción es prácticamente nula.

La Comisión llama a todos los sectores —Estado, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, clubes y ciudadanía— a comprometerse con una verdadera “cultura del cuidado” que garantice educación, salud, trabajo y espacios de contención para jóvenes y adolescentes. La respuesta no es más castigo, es más comunidad, más justicia social y más dignidad.

“La baja de imputabilidad no tiene efectos disuasorios. No queremos más cárceles para jóvenes, queremos más escuelas, más clubes, más docentes con salarios dignos”. “Esto es determinante porque, como nos recuerda el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”, concluye el comunicado.

En una insólita maniobra para deslegitimar el paro general, el gobierno de Milei utilizó las estaciones de trenes para difundir un video que acusa a los sindicatos de “atentar contra la República”.

En la antesala del tercer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei, el oficialismo respondió con una nueva ofensiva comunicacional: difundió un video en estaciones de trenes que tilda la medida de fuerza como un “ataque a la República” y acusa a la central obrera de “extorsionar” a los trabajadores.

“El video, que apareció en las pantallas del sistema ferroviario metropolitano, afirmaba: ‘La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denunciá al 134’”, en una clara muestra del intento del gobierno por desacreditar la protesta sindical y fomentar la delación anónima.

El mensaje fue replicado por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales, quien lo acompañó con su habitual firma: “Fin”. No es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza recurre a este tipo de recursos. Ya lo había hecho con carteles en el transporte público durante el tratamiento de la Ley Ómnibus y en otras jornadas de protesta.

Un paro nacional con amplio alcance

Pese al intento de deslegitimación, el paro tiene fuerte impacto en el país. La medida comenzó a las 00:00 y se extiende por 24 horas. Afecta al transporte público, el sector aeronáutico, actividades portuarias y distintos servicios públicos y privados. Es el tercer paro general contra el gobierno de Milei, que en apenas cuatro meses ya enfrentó dos movilizaciones masivas organizadas por la CGT y numerosas protestas de sindicatos y organizaciones sociales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el impacto en la movilidad es notable:

• Trenes, subtes y premetro: completamente paralizados.
• Transporte marítimo y fluvial: sin actividad, por adhesión del Centro de Patrones.
• Vuelos: afectados por la adhesión de gremios aeronáuticos como APA, APLA y UPSA.
• Colectivos: funcionan con normalidad, ya que la UTA no se plegó al paro.

Además de los gremios de transporte, adhieren sindicatos docentes, bancarios, estatales y de la sanidad, así como organizaciones sociales y de trabajadores informales.

Una ofensiva contra el derecho a protestar

La difusión de un número de denuncia como el 134, utilizado históricamente para reportar delitos de trata o violencia laboral, ahora aparece en manos del gobierno como herramienta para desalentar la participación en medidas gremiales. Desde distintos sectores advirtieron que esta política busca criminalizar el derecho a huelga y fomentar la persecución contra los sindicatos.

Lejos de apaciguar el clima social, la ofensiva discursiva del gobierno profundiza la confrontación con el movimiento obrero, que reclama paritarias libres, aumentos de emergencia, freno a los despidos y una política económica que no recaiga sobre los sectores más vulnerables.

En un comunicado, la central obrera cuestionó el rumbo económico del gobierno libertario, al que calificó de “mercantilista, monetarista y financiero”.

Desde las 00:00 de este jueves comenzó el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se extenderá por 24 horas y afecta el normal funcionamiento de varios servicios, entre ellos el transporte público, el sector aeronáutico y actividades portuarias. La medida de fuerza se da en rechazo al modelo económico del gobierno de Javier Milei, al que la central obrera acusó de aplicar un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables mientras favorece al sistema financiero.

“El costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”, expresó la CGT a través de un comunicado.

Críticas al modelo económico y al desmantelamiento del Estado

En un tono crítico, la central obrera cuestionó el rumbo económico del oficialismo, al que calificó de “mercantilista, monetarista y financiera”, y denunció que el “ansiado equilibrio fiscal” se logró “a través del desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y del abandono de la obra pública”.

“Todo esto profundizó el desequilibrio social, debilitó el federalismo al desfinanciar a las provincias, deterioró las economías regionales y agudizó el centralismo”, remarcó el texto.

La CGT advirtió que el actual gobierno “degrada la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y desarrollo nacional”, al tiempo que mostró “insensibilidad frente a los problemas de la gente”.

Denuncia por represión y atropello institucional

En otro tramo del comunicado, la organización sindical denunció “actos de represión salvaje e injustificada”, así como la “violación permanente de los acuerdos institucionales”. También acusó al gobierno de desfinanciar áreas clave como educación y salud, abandonar la obra pública, despreciar a las minorías, ajustar a los jubilados e imponer límites a la negociación colectiva.

“La Argentina se ha convertido en un ejemplo burdo de fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el ‘sálvese quien pueda’”, expresó la central.

Reclamos concretos

Entre los principales reclamos que motivan la medida de fuerza, la CGT exige:

• Paritarias libres y homologación de los convenios colectivos de trabajo
• Aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones
• Actualización del bono
• Fin de la represión a la protesta social
• Incremento del presupuesto en salud y educación
• Un plan de desarrollo industrial con foco en las PYMES
• Cese de los despidos en el sector público y privado
• Un plan nacional de empleo

Además, la CGT rechazó la privatización del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y de “todas las empresas y organismos públicos amenazados”, y reclamó una política exterior alineada con los intereses nacionales. También reivindicó la soberanía sobre las Islas Malvinas y repudió “el alineamiento automático con decisiones foráneas” y los condicionamientos del FMI.

Qué servicios se ven afectados

El paro afecta a varios sectores clave:

• Transporte público: no funcionan trenes, subtes ni premetro.
• Aeronáutica: se espera cancelación de vuelos por la adhesión de gremios como APLA, APA y UPSA.
• Sector marítimo, fluvial y pesca: el Centro de Patrones garantizó la medida.
• Colectivos: funcionarán con normalidad, ya que la UTA no adhiere al paro.

La crisis en el sector de la construcción se agudiza con despidos masivos en dos fábricas emblemáticas de cerámicos y ladrillos, dejando a más de 130 trabajadores sin empleo en plena recesión.

Cerámica Fanelli, con más de 100 años de trayectoria en la localidad platense de Los Hornos, despidió a al menos 30 operarios como parte de una reestructuración forzada por el derrumbe de la obra pública y la paralización de la construcción privada. La firma había anunciado importantes inversiones en 2023, pero hoy enfrenta una caída abrupta de la demanda que la obligó a frenar su producción.

“Me llamaron después de trabajar para avisarme que estaba despedido. Me negué a firmar y después me llegó el telegrama a casa”, contó uno de los trabajadores afectados.

Desde el gremio FOCRA buscan frenar los despidos y plantearán en una reunión con la empresa la alternativa de suspensiones temporales. Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los trabajadores.

El panorama no es mejor en Cerro Negro, ubicada en Olavarría, donde 100 empleados fueron desvinculados tras el cierre de la línea de pisos. La empresa, que forma parte del grupo Sociedad Comercial del Plata, justificó la decisión alegando “pérdidas continuas” por el desplome de las ventas en el rubro de la construcción. La medida generó una fuerte respuesta sindical y motivó la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó una conciliación obligatoria por 15 días.

El ajuste oficial y la falta de medidas que amortigüen el impacto en la industria han comenzado a desmantelar la estructura productiva del sector ladrillero y ceramista, históricamente vinculada al desarrollo de la vivienda y la obra pública. Las recientes cesantías no solo golpean a fábricas centenarias, sino que dejan a cientos de familias al borde de la vulnerabilidad social.