Según un informe el 54% de los argentinos usa créditos para productos de primera necesidad o compra de fiado. Además, el 93% de las familias tiene algún tipo de deudas.

La caída del poder adquisitivo en Argentina llegó a un punto inédito: el uso de tarjetas de crédito para adquirir alimentos básicos. El 54% de los hogares incurre en esta práctica en medio de la recesión económica que atraviesa el país y que se refleja, indefectiblemente, en la licuación de los ingresos.

El dato surge del último informe del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba realizado en todo el país. El trabajo consigna que el uso creciente de este medio de pago lleva a agotar los límites impuestos por los bancos, por lo que comienza a expandirse el pedido de fiado a los comercios de cercanía.

Según el informe, el 93% de las familias argentinas tiene algún tipo de deuda. Su composición es diversa: el 26% responde a las tarjetas de crédito, el 10% a préstamos familiares y el 9% a los bancos. Entre el resto de los factores restantes destacan los servicios privados como el internet o la telefonía móvil, que representan el 8%.

El factor crucial sobre el cual echa luz el registro remite a que la mayor parte de las deudas con tarjetas responde a la compra de alimentos, seguida por la carga de combustible (16%). El aumento del peso de los productos básicos relega a bienes que en otro tiempo eran más populares, como las prendas de vestir (11%) y electrodomésticos (5%), sector particularmente afectado por la recesión.

Endeudarse para poder comer

“La enorme mayoría de los argentinos tiene algún tipo de deuda. Lo más preocupante de la situación es que más de la mitad de las deudas con las tarjetas se explican por la compra de alimentos, y no porque haya subido el consumo, sino porque ya no alcanza con los ingresos del mes”, dijo a Sputnik German Romero.

El especialista calificó de “inédito” al fenómeno en cuestión.

“La compra en cuotas de carne u otros productos básicos no la habíamos visto nunca en estos niveles. Incluso la práctica del fiado encontró su techo: los clientes de mayor confianza de los comercios de cercanía suelen apelar a esta práctica para solventar los gastos más elementales“, remarcó.

El diagnóstico vertido por Romero halla su correlato en la experiencia de los investigadores. Consultado por el portal de noticias Sputnik, Isaac Rudnik, titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, apuntó que “en el último tiempo el endeudamiento de las familias se ha disparado. En los barrios populares el día 15 se considera ya como ‘fin de mes’, y ahí los jefes de hogar salen a buscar financiamiento para conseguir un plato de comida”.

El informe dirigido por Romero da cuenta del fenómeno. “Las ventas de comercios de alimentos, como carnicerías, cayeron un 29% en el último año. Por eso, en los últimos meses hemos detectado el cierre masivo de pequeños almacenes de cercanía, sobre todo en los barrios populares”, afirmó.

“El consumo de alimentos no depende exclusivamente de su precio. Factores como el drástico aumento en las tarifas de la energía o del transporte inciden en que las familias tengan menor margen para destinar a la compra de elementos básicos. El boleto de colectivo para viajar al trabajo es ineludible, y eso afecta la canasta familiar”, indicó el especialista.

Fuente: Sputnik mundo

Desde el próximo mes, un senador nacional ganará 9 millones de pesos, el equivalente a más de 8 mil dólares mensuales.

En el gobierno de Alberto Fernández, hasta 2023, un senador nacional ganaba en pesos el equivalente a 3 mil dólares por mes. ¿Qué pasó desde que llegaron Javier Milei y Victoria Villarruel a Casa Rosada? ¿Perdió o ganó la casta? La respuesta puede sorprender si se cree en la consigna libertaria de “no hay plata para nadie”.

Ganó la casta y por paliza. Desde el próximo mes, un senador nacional ganará 9 millones de pesos, el equivalente a más de 8 mil dólares mensuales.

Es decir, los senadores triplicaron sus ingresos medidos en dólares. Mientras, los jubilados no paran de perder poder adquisitivo y ganan por mes menos de 200 dólares. ¿Quién paga el ajuste?

La medida impacta en alrededor del 43% de la población argentina que utiliza gas envasado en garrafas para cocinar o calefaccionarse.

La Secretaría de Energía desreguló el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) con el objetivo de promover la “competitividad de la oferta y la demanda y alentar su expansión” y propender de que el precio al consumidor final sea el resultante de los “reales costos económicos”.

De esta manera, a fin de desregular los precios del sistema, el Gobierno decidió elimina los “Precios Máximos de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas y estableció únicamente “precios de referencia”, sin un tope “que obstaculice la cobertura real de la variación experimentada en los costos”.

El objetivo de la medida, es “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado” y esta decisión “producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión produciendo una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.

Según detalló la Resolución 216/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, las normas que se regulen sobre el GLP deben propender a la competencia, “la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y la preservación del medio ambiente”.

GLP: cuánto costará la garrafa a partir de este decreto

El precio de referencia será el siguiente:

Garrafa de 10 kg: $8.500

Garrafa de 12kg: $10.200

Garrafa de 15kg: $12.700 (incluyendo impuestos).

Fuente: La voz de Tandil

La cruel medida se da en un contexto de recesión en que cada vez más personas se acercan a los parques y ferias para vender y hacer alguna diferencia para llegar a fin de mes.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizó este sábado por la mañana un operativo para “recuperar el espacio público” y desalojar “a más de 2 mil manteros que ocupaban el Parque Centenario”. Sin embargo, el desalojo implicó que los feriantes tampoco puedan montar sus clásicos puestos y hubo malestar y protestas en una jornada clave de ventas como es la antesala del Día de la Niñez.

“En un operativo con más de cien inspectores, operarios y policías de la Ciudad, el Gobierno porteño desalojó este sábado a más de 2 mil manteros que ocupaban el Parque Centenario, en Caballito. Los vecinos se quejaban porque convivían con el descontrol igual que los comerciantes registrados de las tres ferias que funcionan en el parque”, indicó el Gobierno porteño en un comunicado.

El desalojo, que tuvo la intención de “recuperar el espacio público”, comenzó pasadas las 5 de la mañana con empleados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de la Dirección General de Fiscalización y efectivos de la Policía de la Ciudad. También asistieron con el correr de la jornada el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“La semana pasada estuve en el Parque Centenario y entre los vecinos había un reclamo que se repetía: la usurpación del espacio público que hacen los manteros. Hoy a primera hora realizamos un operativo para impedir que se instalen y sacarlos del parque. Los que genuinamente quieran trabajar, tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo. En nuestra gestión, el espacio público es para los vecinos”, publicó Macri en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, el operativo salpicó también a los trabajadores de los tres históricos paseos comerciales, reconocidos por el propio Gobierno como la feria Manualista (ubicada en Av. Patricias Argentinas y Leopoldo Marechal), la feria Artesanal (en Av. Diaz Vélez y Campichuelo) y la feria Libros (en Franklin y Leopoldo Marechal.). “El gobierno de ciudad está con un operativo para sacar a los manteros que están alrededor del parque y no quiere que la feria legal arme los puestos. La policía dice que lo hacen a modo de precaución, pero hay internas con ferias y mercados desde siempre”, planteó un feriante en diálogo con Noticias Argentinas.

Frente a la imposibilidad de colocar la feria y trabajar, los puesteros realizaron una protesta en uno de los laterales del parque. “El Parque Centenario está todo cortado, básicamente porque no dejan que las personas laburen. Nunca dan una razón concreta del porqué del desalojo”, agregó el damnificado.  Por otro lado, explicó: “Los inspectores que vienen a ver qué venden y qué no venden, son bastante jodidos, son prepotentes y amenazan a los feriantes. Pero bueno, la gente está con bronca porque quieren laburar, porque no laburar hoy es un día perdido”.

Fuente: con información de El destape.

El gobierno de Javier Milei se jacta de haber resuelto el problema “del Banco Central” pero no hay evidencia en ese sentido. Todo lo contrario: las reservas netas están negativas en 3 mil millones de dólares. No alcanza para pagar un mes de importaciones.

Según información oficial, las reservas totales del Banco Central están en 26 mil millones de dólares, pero se incluyen los depósitos privados en dólares en los bancos (10 mil millones), el SWAP con China (18 mil millones) y un seguro por depósitos.

Así las cosas, el rojo es de 3200 millones de dólares. Si se considera que cada mes, el país importa productos y servicios por 4 mil millones de dólares, hoy no alcanza para hacer frente a un mes de pagos al exterior.

Según un estudio, aumentó la carga económica de los inquilinos para pagar el alquiler. Pero además, por quinto mes consecutivo, aumentó el costo de acceder a una vivienda.

Por quinto mes consecutivo el costo de acceder a una vivienda en la ciudad de Buenos Aires aumentó por encima de la inflación y lleva acumulado en lo que va del año un 114,4%. Así, un inquilino pasó de necesitar 2,8 salarios mínimos en mayo a 3,1 en julio para alquilar una propiedad de dos ambientes, lo que representa un incremento del 10,7% en la carga económica, sin contar el pago de expensas.

El dato pertenece a un informe elaborado por el Centro de Estudios Metropolitano a través del informe denominado “Monitor de Acceso a la Vivienda”.

Conclusiones del informe de alquileres de julio

• La cantidad de anuncios de alquiler permanente en dólares subió 6 puntos porcentuales, lo que trajo aparejado una suba de casi 4 puntos porcentuales en la totalidad de los anuncios de alquiler, incluyendo los temporarios. Así, se interrumpió la tendencia a la baja de alquileres publicados en dólares que se mantenía desde febrero.
• Por cuarto mes consecutivo, las expensas subieron más del 10%, alcanzando un pico del 16% en junio, con un incremento total de más de 70% en los últimos cuatro meses.
• Según la plataforma “A cuánto alquilo”, casi el 60% de los contratos se actualiza trimestralmente. Además, el 70% de los contrato actualiza el monto utilizando algún índice, mientras que el 30% restante se divide entre contratos dolarizados o que se renegocian en cada oportunidad.

En el último mes, el valor promedio del metro cuadrado para alquiler experimentó un aumento del 6%. Si observamos el último bimestre, el incremento alcanza casi el 30%. Cabe destacar que junio se ha consolidado como el mes con el mayor aumento en lo que va del año, con un incremento del 13%.

Fuente: Ámbito

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires apuntó a la gestión de Jorge Macri por la falta de insumos para atender patologías como la diabetes, entre otros cuestionamientos.

Se estima que en la Argentina un 10 por ciento de la población tiene diabetes, enfermedad crónica que sin control puede generar graves problemas de salud. Por ley, las personas que tiene alguna de las dos variedades del mal deben recibir insumos necesarios para controlar su cuadro, como tiras reactivas para medir la glucosa o medicamentos. Para los pacientes porteños que se atienden en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) acceder a estos productos es un verdadero calvario. Es que un relevamiento reciente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) determinó que en el 88 por ciento de estos centros hay faltante de los tratamientos necesarios. Ese es sólo un ejemplo de los problemas que existen en el primer nivel de atención sanitario en la Ciudad de Buenos Aires, donde desde que asumió el PRO los trabajadores de la salud denunció un ajuste creciente. La gestión de Jorge Macri no es la excepción, y en los últimos meses estallaron varios escándalos y denuncias, como el cierre de la terapia intensiva del Hospital Durand de mayo de este año o el reciente del laboratorio del Hospital Odontología Ramón Carrillo, denunciado por la agrupación ATE Hospitales, que vienen advirtiendo sobre las consecuencias de las consecuencias del ajuste del presupuesto para el área de salud desde hace más de 16 años, cuando asumió la primera gestión de Mauricio Macri.

El trabajo de, la AGCBA detectó “serias irregularidades” en el funcionamiento de la Unidad de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (UECNT), que atiende patologías de larga duración cuya evolución es generalmente lenta, representadas principalmente por enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. Los pacientes deben acercarse a los SeSACs, para recibir atención y los insumos, pero al parecer hay muchos problemas para cumplir con el programa. Además de la falta de insumos, el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial estableció que “un 55 por ciento de los centros consultados manifestaron que la modificación de los glucómetros, debido al cambio en la empresa licitante, generó grandes inconvenientes en la población asistida”. “Estas falencias dificultan el proceso de seguimiento de la enfermedad y su consecuente tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que son áreas que determinan el acceso a la posibilidad de mejorar sustancialmente de condiciones de una vida sana y buena alimentación”, alertó el reporte, que lleva la firma del auditor general Lisandro Teszkiewicz.

Reunión del Colegio de Auditores y Auditoras Generales junto a los Directores y Directoras que integran el organismo. pic.twitter.com/rdi13z3Kqq

— Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (@auditoriacaba) August 7, 2024

“Estas situaciones las venimos padeciendo hace un tiempo, las condiciones siguen empeorando”, recalcó al respecto de lo que pasa en los CeSACs de la Ciudad de Buenos Aires el enfermero Héctor Ortiz, referente de la agrupación ATE Hospitales. “La falta de insumos genera muchos problemas, no es fácil trabajar en el sistema de salud porteño”, agregó Ortiz, que por estas denuncias se enfrentó a la gestión de Jorge Macri, que intentó recientemente quitarle los fueron sindicales para sancionarlo. En ese sentido, Ortiz recordó que en pandemia esta falta de elementos “generó la muerte de muchos enfermeros y enfermeras, que hicieron un gran esfuerzo y nunca fueron reconocidos”. Respecto a la falta de medicamentos, afirmó que “cada día se pone peor, y con Fernán Quirós a la cabeza, que lleva dos gestiones al frente del Ministerio de Salud, es un maltrato enorme y permanente, además de un desguace total y la persecución a quienes se animan a denunciar estas cosas”.

Ajuste presupuesto

Hace unos días, para visibilizar el constante ajuste que existe en el sector de salud por parte de la actual gestión, ATE Hospitales confirmó que está cerrado el laboratorio del Hospital Odontología Ramón Carrillo, “evidencia el abandono del GCBA en materia de salud pública, el cual venimos denunciando permanentemente durante años”. En este sentido, Ortiz le dijo a Data Gremial que “este deterioro no empieza hoy, con Jorge Macri, sino que comenzó hace 16 años con su primo Mauricio, y han planificado el desguace delos hospitales y centros de atención porteños”. Como prueba de esto, el referente sindical sostuvo que el gobierno de Aníbal Ibarra “un 22 por ciento de su presupuesto destinado a salud, y a partir de allí fue bajando progresivamente en todas las gestiones del PRO”. Hoy, con Jorge Macri, el presupuesto “está por debajo de un 15 por ciento”.

Para Ortiz, “esto está totalmente planificado, nosotros vemos días como se deteriora el sistema, perdimos la ropa de trabajo que nos deberían dar, la comida y el refrigerio que hoy tenemos que pagar, la falta de recursos humanos es permanente y la enfermería lo sufre permanentemente”. Esto hace que en algunos hospitales haya salar con 30 pacientes y un trabajador del sector enfermería. Esto coincide con lo que marca la auditoria: “No es el primer informe sobre salud donde surgen fallas e irregularidades que afectan de manera directa el acceso a los servicios por parte de vecinas y vecinos”.

🏥Htal. De Odontología Ramón Carrillo

Servicio de Laboratorio#CERRADO

Evidencia el abandono del #GCBA en materia de salud pública, el cual venimos denunciando permanentemente durante años. Exigimos a @FernanQuirosBA apertura inmediata y el normal funcionamiento del servicio. pic.twitter.com/7hZxkziwbi

— Agrupación Hospitales de la Ciudad (@AteGcba) July 31, 2024

“Tampoco es la primera gestión del gobierno del PRO. Hace más de 16 años venimos observando que el engranaje funciona de la misma manera, desprotegiendo a los y las ciudadanas”, ratificó el informe. “Estamos hablando de la salud, pilar fundamental para poder desarrollarnos como personas, trabajar, estudiar y gozar de una vida sana. Entonces está claro que no son errores, es una gestión planificada con el objetivo de descuidar y desfinanciar la salud pública porteña”, insistió.

Fuente: Data Gremial

A comienzos de mayo del presente año, la oficina del primer ministro israelí Netanyahu, hizo pública la circulación de unas imágenes hechas por I.A. del proyecto Gaza 2035.

Por Joshua Lentulus Alvazian

Bajo el título “De la crisis a la prosperidad: un plan para la transformación de la Franja de Gaza de la agresión iraní al eje moderado”, se muestran imágenes que reflejan una visión utópica de la Franja de Gaza. Esta “utopía”, se plantea a sí misma como la superación del presente conflicto, una vez que Israel consiga la victoria y control absoluto de un territorio reducido a escombros.

Es interesante observar los detalles de esta ciudad, que es difundida desde su utilidad estratégica en lo económico y comercial, antes que lo humanitario, fragmentando el ordenamiento político de un pueblo, y por ende, destruyendo toda su soberanía. En ella se proyecta una economía industrial y comercial de vehículos eléctricos, baterías y tecnologías ecológicas, sustentado con energía solar y eólica, mientras que por sus cosmopolitas avenidas se ostentan torres de cristal futuristas, definidas como “arquitectura moderada”. 

No es la paz que surge del perdón, sino del orgullo de tener razón una vez que sea ganada una guerra lo que manifiesta la “utopía” israeli. No se proyecta ninguna construcción de viviendas, escuelas u hospitales, mientras que se propone la tercerización de la ayuda humanitaria por los países árabes aliados, en las llamadas “zonas seguras”. En ellas se encontrarían el pueblo palestino, viviendo en el blanqueo urbano de la precariedad del asistencialismo. En donde la vida es estimada en la gratitud al vencedor de no aniquilar por completo a la población.

Ello refleja la agónica extensión de una moral moderna del sometimiento del hombre hacia la prosperidad económica y el progreso permanente, siendo definido el progreso en la actualidad, como el desarrollo de las tecnologías ecológicas para salvar al planeta. “Salvar al planeta”, se convirtió en el reemplazo de la humanidad como el objetivo de la prosperidad económica, mientras que la “libertad” comercial significa el desarraigo definitivo de un pueblo bajo el “plan Marshall” del sionismo.  

La propuesta se pretende demostrar como el resultado supremacista de los labradores del desierto, que, al erradicar la violencia palestina con la paz de las fosas comunes, buscan establecer el consenso en el reconocimiento de los espectadores cosmopolitas del mundo, siempre selectivos al poder recortar y señalar desde la distancia quienes son “racionales y humanos” y quienes “intolerantes radicalizados”. Mientras que en la cercanía, la vigilancia, el cautiverio, el terror y las torturas han sido los medios predilectos para imponerse por la fuerza bruta, acusando de terrorismo a la reacción ante la injusticia de vivir en un cautiverio zoológico. 

En estos guetos posmodernos, el medio israelí Ynet comunica que “los palestinos de Gaza formarán la “Autoridad de Rehabilitación” que gestionará las “zonas seguras” y garantizará que estén libres de la “ideología de resistencia radical”. La propuesta fragmentaria de una política sin soberanía económica , ni capacidad de autodefensa, nos hace remontar a la administración política de la mayor expresión de la barbarie de la  modernidad científica  del siglo XX, el nazismo. Ellos crearon los “judenrat”, que eran asambleas de judíos encargados de la administración de los guetos. Sus integrantes, que a los ojos compasivos de la comodidad histórica presente, eran justificados por la necesidad de la supervivencia en ese momento, siendo casualmente, el argumento de uno de los personajes más infames de esos consejos, el empresario Mordechai Chaim Rumkows, encargado de dirigir el gueto de Lodz, quien excusaba su despotismo y complicidad con que evitaba que las matanzas fueran peores.

Hoy, somos testigos de un sedentarismo moral, en donde los relatos reemplazan a los hechos en la comodidad de no exigir acciones que reivindiquen la verdad de la vida, en la resistencia de su cultura, pueblo y fe. Permitiendo que todo ello sea gestionado por otros, como la economía por los colaboracionistas árabes, la seguridad por Israel y la cultura por occidente, siendo la paz la ausencia del otro en su verdad a través de la soberanía organizada en cada uno de esos medios. Hace años que la ultima soberanía de la que dispone el pueblo palestino es el de la violencia y la fe, ambas, acusadas de terrorismo en el relato, de quienes en los hechos llevan ya exterminados a mas de 39.090 palestinos.

El culto a los resultados instrumentales ha opacado los principios del orden moral. Los espíritus se han tornado en fantasmas, y la historia en una propaganda, profanando la vida en su potencial, para restringirla en su utilidad, ¿de que sirven quienes viven en el desierto y no construyen torres de cristal ni manejan coches eléctricos? sirven para sus familias, hijos y hermanos, por quienes lloran en el desierto moral de la posmodernidad.

Se trata del hijo de un militar condenado, que habría alentado la realización del encuentro en el penal de Ezeiza.

Mientras la investigación sobre la polémica visita de seis diputados de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza sigue su curso, la Iglesia Católica ha tomado una medida drástica contra el sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien estaba vinculado con esta actividad. Olivera Ravasi ha sido apartado de la Diócesis de Zárate-Campana debido a sus actitudes y expresiones antidemocráticas y contrarias al testimonio cristiano.

En un comunicado oficial, la Conferencia Episcopal informó que la decisión de separar al sacerdote se basó en “numerosas quejas fundadas” sobre sus posturas y comportamientos, que se oponen a los principios cristianos, particularmente en el contexto de su asociación con los represores y la falta de alineación con las posiciones del papa Francisco. Con medida, la Iglesia marcó su desaprobación hacia cualquier forma de negacionismo o justificación de la dictadura militar y su represión.

Olivera Ravasi, de 47 años, es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. El sacerdote ha sido señalado por promover el acercamiento de los legisladores libertarios a figuras de la represión como Alfredo Astiz y Antonio Pernías. Esta asociación ha generado preocupación sobre la infiltración de ideologías antidemocráticas en instituciones religiosas y políticas.

La fundación que Olivera Ravasi dirige, San Elías, se presenta como un bastión de la “contrarrevolución cultural y espiritual”, con un lema que busca desacreditar la historia y el testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado. Este tipo de movimientos y discursos son especialmente peligrosos en una democracia, ya que buscan revisar y justificar actos que han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional y por las propias instituciones de la Iglesia.

Semanas después de la polémica reunión en la cárcel de Ezeiza, el papa Francisco recibió durante más de una hora a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada. Es, además, nieta de la Madre de Plaza de Mayo Esther Balestrino de Careaga, víctima de los “vuelos de la muerte”, luego de su desaparición, tras la infiltración de Astiz en el grupo de Madres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz.

Desde la organización denunciaron que la Policia Federal ingresó de manera violenta a un comedor popular que funciona en el barrio de Constitución.

Este miércoles, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Policía Federal realizó un allanamiento violento en su sede del barrio porteño de Constitución, ubicada en la calle Pedro Echagüe 1587, donde se desarrollaba un comedor comunitario. La medida judicial, llevada a cabo por orden del juez Julián Ercolini, ha generado un profundo rechazo por parte de la organización.

En un comunicado, la UTEP expresó: “Denunciamos el insólito allanamiento en la sede central de la UTEP que se está produciendo hoy en Constitución”. La organización afirmó que la Policía Federal ingresó al lugar con violencia, buscando información sobre una cooperativa desconocida que, según indicaron, ni siquiera tiene domicilio en el sitio allanado.

La UTEP también subrayó la incongruencia de la situación, señalando que en un barrio donde el narcotráfico actúa con impunidad, la policía y la justicia optan por perseguir a quienes están brindando asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad. “En el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ‘la justicia’ persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento”, destacaron en su comunicado. Además, denunciaron que el allanamiento forzó la suspensión de diversos servicios comunitarios, como peluquería, atención médica, asesoramiento legal y psicológico.

El allanamiento se produjo apenas días después de una gran jornada de movilización de la UTEP el pasado 7 de agosto, lo que llevó a la organización a concluir su comunicado con un mensaje de resistencia: “No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares”.

El incidente se inscribe en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones sociales y las fuerzas de seguridad, en un momento en el que las demandas de los sectores más vulnerables parecen ser abordadas con mano dura en lugar de con diálogo y políticas inclusivas.