Mientras el gobierno impulsa proscribir a Cristina, el Senado blindó a Karina Milei y Luis Caputo por el escándalo de la criptomoneda LIBRA

El oficialismo volvió a mostrar su doble vara. Mientras impulsaban con fuerza el proyecto de Ficha Limpia para impedir que Cristina Fernández de Kirchner pudiera competir en 2025, en el Senado decidieron bloquear la citación de Karina Milei y Luis Caputo por su rol en el escándalo de LIBRA, la criptomoneda promocionada por el propio presidente.

La supuesta búsqueda de transparencia no alcanzó para permitir que dos de las figuras más importantes del gobierno dieran explicaciones públicas. Caputo, como ministro de Economía, y Karina, como la arquitecta del armado político oficialista, quedaron a resguardo del Congreso, en una decisión que exhibió el miedo a que el escándalo escale aún más.

El caso LIBRA dejó miles de personas afectadas. La criptomoneda, respaldada públicamente por Javier Milei, se desplomó a los pocos días, generando pérdidas millonarias. La Justicia investigaba si hubo uso indebido de información pública, tráfico de influencias y hasta pedidos de coimas en el entorno presidencial.

Pese a la gravedad de las acusaciones, los mismos sectores que pedían “transparencia” y “reglas claras” para otros, se negaron a someter a los suyos al mismo estándar. La vara fue diferente cuando los nombres comprometidos eran los de Karina y Caputo.

Así, mientras la llamada Ficha Limpia se convertía en un instrumento para proscribir adversarios políticos, el blindaje oficialista evitaba que se avance en el esclarecimiento de un posible caso de corrupción con alcance internacional.

La lógica fue clara: perseguir a Cristina con fallos discutidos y evitar que se hable de lo que realmente preocupa en Casa Rosada. Transparencia, sí. Pero sólo cuando conviene.

Duro comunicado de la oposición ante el intento del gobierno de Javier Milei y el macrismo de impulsar la sanción de la llamada “Ley de Ficha Limpia” como parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.

El Partido Justicialista denunció que el gobierno de Javier Milei impulsa la sanción de la llamada “Ley de Ficha Limpia” como parte de una estrategia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, principal referente opositora al proyecto de ajuste, entrega y exclusión que lleva adelante el presidente libertario. En un comunicado titulado “No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, el PJ advirtió que se trata de una maniobra burda, disfrazada de institucionalidad, para excluir del juego político a quien representa el mayor obstáculo para el avance del modelo neoliberal.

“El PJ rechaza categóricamente este nuevo intento de exclusión política contra su presidenta”, expresa el documento, que recuerda que Cristina no sólo fue dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación, sino que continúa siendo “figura central del movimiento nacional y popular”. Según denuncian, el proyecto que el Senado se apresta a debatir fue redactado por los mismos sectores que históricamente legislaron “a espaldas del pueblo y al servicio del poder económico”.

Lejos de ser una política ética o transparente, el peronismo sostiene que esta iniciativa es la continuidad de una persecución judicial y mediática sistemática que busca eliminar a Cristina del escenario político por vías no democráticas. “Es la misma justicia que organizaba viajes secretos con los mismos medios de comunicación y los mismos empresarios a Lago Escondido”, recuerda el comunicado, que también apunta contra la impunidad con que se manejan las causas de corrupción que involucran a la familia Macri.

La “Ficha Limpia” no sería otra cosa que una legalización de la proscripción. El documento recuerda que ya se intentó sacar a Cristina de la cancha a través de una condena sin pruebas en la causa “Vialidad”, y que ahora se pretende completar esa operación con una ley hecha a medida. “Quieren sacarla de la cancha porque su presencia reaviva el recuerdo de que se puede vivir mejor”, señala el texto, en clara alusión al contraste entre el presente de ajuste y el pasado de ampliación de derechos.

Más aún, el PJ no elude recordar el intento de magnicidio contra la ex presidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuya investigación sigue estancada. “El atentado fue la expresión más brutal del odio alimentado durante años desde los medios hegemónicos, sectores del poder judicial y actores políticos que hoy impulsan esta ley”, advierten.

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, tituló Clarín en su tapa. Hoy, con la Ley de Ficha Limpia, el oficialismo buscaría escribir el capítulo siguiente de esa hoja de ruta: borrar del mapa político a quien se atrevió a desafiar los intereses del poder económico.

Para el justicialismo, no se trata de una disputa personal ni de una jugada partidaria. “Cristina no representa solo una candidatura. Es sinónimo de un proyecto de país justo, inclusivo, con soberanía política, independencia económica y justicia social”, afirmaron. Por eso la persiguen, por eso la quieren proscribir: porque no se entrega, porque no se rinde, porque sigue representando a millones.

“No hay república posible con una justicia al servicio del poder económico. No hay democracia plena si se persigue a quien defiende al pueblo. No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, concluye el comunicado.

Mientras el gobierno habilita el ingreso de dólares sin control ni impuestos, avanza con despidos masivos, precarización laboral y un ajuste que golpea a quienes viven de su trabajo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su plan económico con una nueva tanda de desregulaciones que favorecen a los sectores más concentrados, mientras golpean de lleno a las y los trabajadores. Entre las últimas medidas que prepara el Ministerio de Economía se encuentra la creación de un régimen para el ingreso irrestricto de dólares sin necesidad de justificar su origen. En la práctica, significaría habilitar un blanqueo permanente para el capital no declarado, sin impuestos ni controles.

Este nuevo sistema permitiría legalizar fondos que podrían provenir de la evasión, el contrabando, la corrupción o incluso el narcotráfico. Lejos de fomentar inversiones productivas, lo que se habilita es un canal opaco para el ingreso de divisas sospechosas, violando estándares internacionales contra el lavado de dinero. En lugar de construir un sistema tributario más justo, se premia a quienes operaron al margen de la ley durante años.

Mientras tanto, las y los trabajadores padecen las consecuencias de un ajuste brutal. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 17.000 empleados estatales fueron despedidos solo en los primeros meses de 2024, y la cifra total desde el inicio del gobierno supera los 42.000. Este recorte afecta el funcionamiento de áreas esenciales como salud, educación, ciencia y políticas sociales. El discurso contra “la casta” termina siendo, en los hechos, un ataque directo contra el empleo público.

A esto se suma la reforma laboral incluida en el paquete fiscal aprobado recientemente en Diputados, que implica una fuerte flexibilización del mercado de trabajo. Entre otras cosas, se amplía el período de prueba, se reduce el costo de las indemnizaciones y se permite contratar “colaboradores” sin relación de dependencia formal. Todo esto debilita los derechos laborales y facilita la precarización, en un contexto donde los salarios ya han perdido más del 20% de su poder adquisitivo.

El impacto social de estas políticas ya es visible. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), el 55,5% de la población está por debajo de la línea de pobreza y la indigencia afecta al 17,5%. Más del 65% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres. En lugar de corregir desigualdades, el modelo económico actual las profundiza, apuntando contra los sectores más vulnerables mientras protege a los grandes capitales.

Un modelo para pocos

La Argentina que está diseñando el gobierno se orienta a facilitar negocios financieros sin control y a premiar a quienes se enriquecen desde la ilegalidad. Mientras se garantiza libertad absoluta para los dólares que vienen de cualquier parte, se limita la libertad de quienes trabajan, estudian o intentan sostener su vida cotidiana en un país cada vez más hostil. Por más que el discurso hable de libertad, en los hechos el modelo solo beneficia a unos pocos.

La ex presidenta recusó al juez, acusándolo de falta de imparcialidad y de intentar excluirla del proceso electoral mediante un fallo apresurado en la causa Vialidad.

Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. La exmandataria argumentó que el magistrado incurrió en una grave falta de imparcialidad al anticipar públicamente que el fallo será emitido antes de la feria judicial de julio, en plena campaña electoral. Para CFK, se trata de una jugada orquestada para dejarla fuera de la contienda electoral.

La recusación se basó en declaraciones recientes de Lorenzetti durante una entrevista televisiva, donde sostuvo que el máximo tribunal buscará acelerar la resolución del caso. Para la defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, estas expresiones vulneran las garantías del debido proceso y evidencian una decisión política disfrazada de procedimiento judicial.

Los abogados recordaron que la causa Vialidad está plagada de irregularidades desde su origen: comenzó sin peritajes concluidos, se mantuvo abierta con jueces designados a dedo durante el macrismo y permitió la incorporación de pruebas cuando ya habían finalizado las audiencias, negando así el derecho a defensa. En ese marco, alertaron que la Corte no sólo avaló el proceso, sino que ahora parece querer apurarlo para interferir en el calendario electoral.

Cristina Kirchner anunció la recusación a través de sus redes sociales, y vinculó las declaraciones de Lorenzetti con amenazas previas y con un intento deliberado de proscripción. “Lo que dije en diciembre del 2022 sobre la voluntad de proscribirme, está ocurriendo ahora mismo”, advirtió.

Desde el Senado, la senadora Anabel Fernández Sagasti denunció el mismo operativo. Señaló que hay una clara intencionalidad política detrás del accionar de la Corte y que este tipo de maniobras judiciales atentan contra la democracia. En su intervención, remarcó que no se trata sólo de una persecución a CFK, sino de un modelo de disciplinamiento hacia toda la dirigencia que enfrente al poder real.

El intento de acelerar el fallo en medio del año electoral reaviva las denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial en causas contra referentes del peronismo. Para la expresidenta, lo que está en juego no es sólo su figura, sino el derecho del pueblo argentino a elegir sin condicionamientos ni proscripciones.

Mientras el Grupo de los 6 saluda el entendimiento con el FMI, crecen las señales de alarma por las consecuencias que puede traer un nuevo ciclo de endeudamiento y condicionamientos externos.

El reciente respaldo del Grupo de los 6 (G6) al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentado como una señal de apoyo a la “estabilidad” económica de Argentina. Sin embargo, el entusiasmo del núcleo empresarial más poderoso del país contrasta con las alertas que crecen en distintos sectores sobre los riesgos y condicionamientos que acompañan al acuerdo con el Fondo.

El G6 —integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Cámara Argentina de Comercio— celebró la aprobación legislativa del acuerdo y afirmó que la refinanciación de la deuda “abre las puertas al crédito y la inversión privada”. No obstante, esa mirada optimista omite deliberadamente el impacto social que podrían tener las medidas comprometidas ante el FMI.

Entre los puntos más cuestionados del acuerdo se encuentran la reducción del déficit fiscal, el recorte de subsidios y el ajuste en el gasto público. Para numerosos especialistas, estas políticas tendrán efectos recesivos, afectando sobre todo a los sectores más postergados. A eso se suma el uso previsto de los desembolsos del FMI: lejos de apuntalar la producción o el empleo, se destinarían en buena medida a intervenciones cambiarias, alimentando una lógica de estabilización financiera sin mejoras en la economía real.

Además, el historial del país con el FMI no genera precisamente confianza. Las experiencias previas con el organismo estuvieron marcadas por recetas de ajuste, crisis sociales y deterioro económico. La desconfianza hacia el Fondo sigue siendo fuerte en buena parte de la sociedad, que recuerda las consecuencias del endeudamiento y las condicionalidades impuestas.

En este escenario, el optimismo del G6 puede verse más como una expresión de intereses sectoriales que como una lectura realista de la situación del país. Mientras millones de argentinos enfrentan un presente de incertidumbre, caída del poder adquisitivo y deterioro del empleo, los elogios empresariales al acuerdo suenan ajenos, desconectados de esa realidad.

Más que festejar un pacto que refuerza la dependencia financiera y deja poco margen para una recuperación con inclusión, los líderes empresariales harían bien en acompañar políticas que apunten a un desarrollo sustentable y equitativo. Porque sin bienestar para las mayorías, no hay inversión que dure ni estabilidad que se sostenga.

¿Quiénes integran el G6?

El llamado “Grupo de los 6” (G6) está conformado por las principales entidades empresarias del país: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Cámara Argentina de la Construcción. Representan a los sectores más concentrados de la economía y, con frecuencia, operan como una voz articulada del poder económico local.

En medio del aumento de la pobreza y los recortes sociales, el presidente sorprendió al afirmar que el Papa seguía de cerca la situación de los sectores más vulnerables y que mantenía contacto con Pettovello.

Durante una entrevista televisiva, Milei aseguró que el Papa Francisco “tenía un especial cuidado con los vulnerables” y que “me llamaba muchas veces para hablar del tema”. Según el Presidente, el líder de la Iglesia Católica también se habría comunicado con su ministra de Capital Humano: “Tenía contacto con Sandra Pettovello y le pedía reportes”.

La afirmación generó desconcierto por parte de distintos sectores, en un contexto donde la gestión de Pettovello está bajo fuerte cuestionamiento por el ajuste brutal en políticas sociales, la caída de los comedores populares y la situación crítica de personas con discapacidad.

Milei también recordó el primer llamado del Sumo Pontífice, quien interrumpió una nota que el mandatario estaba dando para ponerse en contacto, y especificó que Pettovello le enviaba informes del detalle de la situación de manera quincenal. “Fue muy afectuoso. Después lo visité en Roma, le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa y me pidió que cuidara por los más vulnerables”, afirmó

Mientras se registran niveles alarmantes de pobreza y hambre, el Gobierno insiste en justificar su política de motosierra con promesas de eficiencia y transparencia que no se ven reflejadas en la realidad. Las palabras de Milei sobre el Papa parecen más un intento de legitimar su modelo de exclusión con respaldo espiritual que un dato verificable.

Las subas, que rondan el 6%, afectan a los boletos de colectivos, subtes y las tarifas de peajes, impactando directamente en el bolsillo de los usuarios.

Desde el 1° de mayo, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires es más caro. El Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aplicaron aumentos en las tarifas de colectivos, subtes y peajes, en el marco de un esquema de actualización mensual que combina un 2% fijo más la inflación del mes anterior.

Colectivos

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasó de $426,21 a $450,63, lo que representa un aumento del 5,7%. En la Provincia de Buenos Aires, la tarifa mínima se elevó a $451,01, con una suba del 5,9%. Las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional mantienen sus tarifas sin cambios.

Subtes y Premetro

El pasaje de subte se incrementó de $869 a $919, mientras que el Premetro ahora cuesta $321,65. Para quienes no tienen la tarjeta SUBE nominalizada, el costo del subte asciende a $1.461,21 y el del Premetro a $511,42.

Peajes

Los peajes también registraron aumentos. En hora pico, las tarifas en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo subieron de $3.528,70 a $3.729,84, y en la autopista Illia de $1.467,01 a $1.550,63. En hora no pico, los valores son de $2.631,90 y $1.096,52, respectivamente.

La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista emitió un mensaje por el 1° de mayo en el que calificó la jornada como “difícil” para las grandes mayorías nacionales.

En el marco del Día del Trabajador, Cristina Fernández de Kirchner expresó su preocupación por la situación económica y social que atraviesa el país. En un mensaje difundido este 1° de mayo, señaló que se trata de una jornada especialmente compleja “para las grandes mayorías nacionales”, debido a la “pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios”, que, según remarcó, “hoy se encuentra en los niveles del 2001”.

La expresidenta también cuestionó la “intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo”, en referencia a las políticas laborales y económicas implementadas por la actual administración.

En su mensaje, Cristina Kirchner hizo un llamado a la unidad: “En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso”. Además, evocó el ideal de una nación con movilidad social ascendente, donde las nuevas generaciones pudieran aspirar a una vida mejor: “Y así poder volver a soñar con un país donde la movilidad social ascendente permitió que, durante décadas, los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos”.

Finalmente, concluyó su mensaje con una apelación a la fe y al compromiso patriótico: “Recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la Patria”.

El presidente Javier Milei defendió a su principal asesor, Santiago Caputo, tras el incidente en el que este último fue acusado de intimidar a un fotorreportero durante un acto oficial.

Este miércoles, Javier Milei brindó su respaldo incondicional a Santiago Caputo, su principal asesor, luego del incidente ocurrido durante un acto oficial en el que Caputo fue señalado por intimidar a un fotorreportero. El presidente calificó a su asesor como una “mente brillante” y calificó el incidente de “marginal” y de “mentira deliberada” las versiones que indicaban que Caputo había agredido físicamente al periodista.

El incidente tuvo lugar cuando Caputo, acompañado de dos personas, se acercó al fotorreportero en cuestión, le dio dos palmadas en el pecho y, según testigos, le dijo algo al oído. Varios periodistas presentes en el acto confirmaron los detalles del suceso, aunque no hubo una denuncia formal por agresión física.

Pese a las acusaciones, Milei defendió a su asesor, restando importancia al hecho y descalificando las versiones sobre violencia física, llamándolas “mentiras”. “Es una mentira deliberada que Caputo haya agredido a alguien”, aseguró el mandatario, reafirmando la confianza que tiene en su equipo cercano.

Sin embargo, la defensa de Milei generó controversia, ya que muchos sectores consideran que el acto de intimidación es grave, especialmente en un contexto donde las relaciones entre el gobierno y la prensa se encuentran tensas. La defensa de Milei a Caputo se suma a otros episodios en los que el asesor ha estado vinculado a situaciones conflictivas, como amenazas a diputados opositores y su vinculación con la SIDE y la oficina recaudadora de impuestos.

El hecho se enmarca dentro de una creciente preocupación sobre el control de la libertad de prensa en el país, especialmente a medida que aumentan los casos de presiones hacia los medios y sus periodistas. La postura del presidente, al respaldar públicamente a Caputo, se interpreta por muchos como una nueva muestra de tolerancia hacia el accionar de sus asesores y una falta de compromiso con los derechos de los periodistas.

Trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron masivamente para rechazar las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Este miércoles 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador, miles de manifestantes colmaron las avenidas del centro porteño bajo la consigna “El trabajo es sagrado”, convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT). La movilización exigió la reapertura de paritarias, denunció el ajuste exigido por el FMI y rechazó las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La jornada estuvo marcada por una fuerte presencia policial y la aplicación del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad. Cordones de efectivos, vallas reforzadas y un tránsito colapsado transformaron la zona en un caos vehicular, dejando al Metrobús como única vía habilitada.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, afirmó que “la convocatoria es muy buena y refleja el hartazgo de la gente”, denunciando el congelamiento de paritarias y el descontrol de precios. “No puede haber un plan económico que hunda los salarios mientras libera los mercados”, remarcó.

La movilización culminó en Paseo Colón al 800, frente al Monumento al Trabajo, donde se colocó una ofrenda floral y se leyó un documento con fuertes críticas al Gobierno, cuestionando el ajuste impuesto en acuerdo con el FMI.

Emergencia en discapacidad: una lucha urgente

En paralelo a la marcha, un importante grupo de personas se concentró para declarar la emergencia en discapacidad, demandando medidas concretas para mejorar la situación de este sector que enfrenta múltiples desafíos. Cientos de personas se reunieron para visibilizar las carencias y la creciente marginalización de quienes tienen discapacidad en Argentina.

La falta de recursos y la escasa atención estatal han generado una situación crítica, donde muchos no cuentan con los apoyos necesarios para acceder a servicios básicos. Además, los reclamos incluyen la adecuación de espacios públicos, mayor acceso a la educación inclusiva y la garantía de una atención médica de calidad, elementos esenciales para una integración real.

La declaración de emergencia en discapacidad se presenta como una urgente necesidad de atención por parte del Gobierno, que, según los manifestantes, sigue desoyendo las demandas de este sector vulnerable.