Diputados y senadores de Unión por la Patria pidieron ingresar a la casa de la ex presidenta sin pedir permiso a los jueces. Acusan al tribunal que la condenó de imponerle condiciones más duras que a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Legisladores de Unión por la Patria reclamaron a la Justicia poder visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio sin tener que solicitar autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla su prisión domiciliaria. El pedido, presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, denuncia un “trato excepcional y arbitrario” que –según afirman– vulnera el principio de división de poderes y los derechos parlamentarios.

“Tratar a Cristina Kirchner como una ciudadana con menos derechos que un genocida es una señal política preocupante del poder judicial argentino”, argumentaron los legisladores, que citaron tratados internacionales de derechos humanos para respaldar su postura.

En el escrito, los diputados y senadores aseguraron que cualquier legislador puede visitar sin restricciones a un detenido en prisión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de la líder del PJ, el tribunal impuso una lista cerrada de personas autorizadas, excluyendo a referentes políticos que –según ellos– tienen un rol institucional y representación democrática que no puede ser subordinada a la discrecionalidad judicial.

“El Congreso no pide permiso para ejercer su representación. Hacerlo implicaría abdicar de nuestras funciones ante otro poder del Estado”, señalaron. El planteo remite a una disputa más amplia entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial, al que acusan de actuar como brazo político de la oposición.

En contraste, los represores condenados por delitos de lesa humanidad y beneficiados con prisión domiciliaria no enfrentan restricciones similares, lo que alimenta las acusaciones de “doble vara judicial”.

El 7 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, celebrará una audiencia para definir si se sostiene o no el régimen de visitas impuesto a la expresidenta. Lo que está en juego, afirman desde el bloque peronista, no es sólo el derecho a ver a una dirigente, sino “la dignidad institucional del Congreso frente a un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponden”.

En medio de un marcado deterioro del mercado interno y un aumento sostenido de la desocupación, el Gobierno nacional calificó de “marginal” la suba del desempleo registrada en el primer trimestre de 2025, minimizando así una tendencia alarmante que afecta cada vez a más argentinos.

“El 0,2% (comparando con el primer trimestre de 2024) es una suba marginal, porque hay más argentinos que buscan trabajar, por cuestiones salariales”, argumentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Según el Gobierno, el incremento responde a una mayor participación laboral y no a la destrucción de empleo, una afirmación que contrasta con los datos oficiales.

El INDEC reveló que la desocupación trepó al 7,9% en los primeros tres meses del año, afectando a 1,1 millones de personas. Este es el nivel más alto desde que Javier Milei asumió la presidencia, y representa un salto de 1,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2024. Además, en tan solo tres meses, más de 300.000 personas perdieron su empleo, según las estadísticas oficiales.

Pese a ello, el Gobierno insiste en que se trata de una “cuestión técnica” derivada de una mayor cantidad de personas en búsqueda activa de empleo. Adorni incluso sugirió que la comparación adecuada es la interanual para evitar “distorsiones estacionales”, ignorando el fuerte impacto que las políticas económicas del oficialismo han tenido en el empleo formal.

El informe del INDEC también advierte sobre el aumento de la subocupación y la informalidad. La presión total sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados y trabajadores que buscan cambiar de empleo— alcanza ya al 29,7% de la población activa. En tanto, el 42% de los trabajadores se desempeñan en condiciones informales, sin aportes jubilatorios ni derechos laborales básicos.

Las mujeres continúan siendo las más afectadas, con una tasa de desocupación del 9% frente al 7% de los varones. Las regiones más golpeadas son el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con tasas del 9,1% y 7,4% respectivamente. También se observa una clara desigualdad según el tamaño de los aglomerados urbanos: las ciudades de más de 500.000 habitantes registran una desocupación del 8,5%, frente al 5% de los centros urbanos más pequeños.

A pesar de este panorama, el discurso oficial se enfoca en tecnicismos para relativizar los datos. Mientras tanto, el mercado interno continúa en franco retroceso, golpeado por la caída del consumo, el cierre de empresas y una economía que aún no encuentra señales claras de recuperación.

El gobierno de Javier Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento sistemático como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y Luis Caputo al Ministerio de Economía, la deuda pública argentina se incrementó en más de USD 35.463 millones, según datos del Instituto de Análisis de Gobierno (IAG). Este aumento refleja una estrategia oficial centrada en endeudarse para cumplir con metas del FMI, a costa de comprometer aún más la estabilidad financiera del país.

El aumento incluye tanto deuda en moneda extranjera como en pesos. A mayo de 2025, el stock de deuda bruta nacional ascendió a USD 461.019 millones, sin contar mecanismos adicionales implementados para engrosar reservas como: emisiones de deuda en dólares por hasta USD 1.000 millones mensuales, un nuevo REPO con bancos extranjeros por USD 2.000 millones, y la reactivación del BOPREAL, todo lo cual supone aún más deuda.

Más deuda para cumplir con el FMI

El nuevo programa con el FMI implicó una suba en los compromisos de pago por USD 17.000 millones adicionales respecto al acuerdo de 2022, según explicó el investigador Hernán Herrera. La baja en el stock de deuda registrada entre abril y mayo fue solo aparente: se trató del pago de Letras Intransferibles al BCRA, lo que cambió deuda intraestatal por deuda con el FMI, mucho más exigente en términos de soberanía y condiciones.

En el último año, la deuda bruta en situación de pago normal creció USD 25.273 millones, debido principalmente al aumento de deuda en pesos (equivalente a USD 25.105 millones), mientras que la deuda en dólares apenas bajó USD 90 millones, según estimaciones privadas.

El riesgo detrás de la estrategia

Aunque algunos indicadores de deuda sobre PBI y reservas mejoraron levemente (por ejemplo, la deuda como porcentaje del PBI bajó del 100% al 70%), esto se logró mediante ingresos de divisas del FMI que inflaron artificialmente las reservas. De hecho, la deuda en moneda extranjera llegó a superar el 1.100% del nivel de reservas antes de caer a menos de 700%, aún una cifra alarmante.

El intento de reforzar reservas mediante licitaciones en dólares y flexibilización de restricciones a inversores externos tiene un costo elevado: más deuda, y mayor exposición a flujos volátiles de capital. A ello se suma un nuevo REPO de USD 2.000 millones con siete bancos internacionales, y la emisión de bonos en pesos suscribibles en dólares.

El aval del FMI y un déjà vu con el pasado

El FMI celebró estas medidas, calificándolas como “importantes avances” para la desinflación y la reconstrucción de reservas. Sin embargo, lo que desde Washington se aplaude, en Argentina revive recuerdos del pasado. La estrategia de Caputo hoy remite a su propio rol durante el gobierno de Mauricio Macri: en ambos casos, se recurrió al FMI para sostener reservas, sin controles de capital firmes y con mayor exposición al endeudamiento.

Antes del nuevo acuerdo con el FMI, el cronograma de pagos para los próximos 10 años era de USD 55.363 millones. Con el nuevo programa, la cifra asciende a USD 72.487 millones, incluyendo pagos por capital, intereses y sobrecargos, con vencimientos especialmente abultados desde 2028.

El gobierno de Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas. Pero esta política, lejos de resolver los desequilibrios de fondo, profundiza la dependencia financiera y posterga soluciones estructurales, al tiempo que Argentina se hunde en un espiral de deuda que amenaza su futuro económico constituyendo una pesada herencia para gobiernos futuros y para el país en su conjunto.

Se cae otra mentira del gobierno de Javier Milei que se cansó de repetir que todos los empleados públicos son “vagos”, que “no trabajan” o “no están formados” para su trabajo. Una evaluación realizada a casi 50 mil trabajadores estatales desmiente la narrativa libertaria.

Según datos oficiales, ya se tomaron 45.889 evaluaciones generales, de las cuales se aprobaron 43.047 y solo 2.842 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido. Es un nivel de aprobación del 94%. ¿Y ahora?

Aprobar la “Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, es un requisito obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional.

El líder del Frente Renovador reunió a su tropa en la antesala del armado electoral y lanzó señales unitarias. Pidió evitar mezquindades y advirtió sobre la necesidad de construir una estrategia sólida para enfrentar a Milei.

En un gesto que combinó respaldo, presión y advertencia, Sergio Massa reunió a los principales dirigentes del Frente Renovador para delinear su estrategia electoral y marcar su posición en la interna del peronismo. A pocas horas de que el PJ defina su hoja de ruta, el excandidato presidencial buscó condicionar el armado con un mensaje claro: “La unidad se construye con generosidad”.

Massa, principal socio político de Axel Kicillof en la Provincia, no evitó el pase de facturas. Reconoció que es “lógico” que el gobernador quiera liderar la campaña, pero cuestionó la falta de amplitud en el armado. Según trascendió del encuentro, el tigrense espera que sea el propio Kicillof quien proponga a los principales candidatos, aunque puso en duda que “tengan tamaño político” para afrontar una elección “doblemente nacionalizada”.

“El dilema es peronismo o Milei”, simplificó Massa ante sus dirigentes, trazando el eje que buscará instalar en la campaña. En el mismo tono, exigió ordenar el frente electoral desde lo legal y lo político: evitar impugnaciones, incorporar a todos los sectores y construir una junta electoral que evite el caos que generaría una interna sin PASO.

La convocatoria reunió a más de 230 concejales bonaerenses, 7 diputados nacionales del FR, 11 legisladores provinciales y 15 intendentes. También participaron dirigentes de peso en la estructura del massismo como Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro y Martín Marinucci.

En el cierre, Massa pidió preparar propuestas concretas sobre empleo, seguridad y producción, y fue categórico: “El peronismo será digital o no será”. La frase resume su apuesta por aggiornar la militancia y al mismo tiempo ordenar el juego político: menos rosca, más estrategia. Y, sobre todo, menos egos.

Sin respuestas oficiales y frente a salarios por debajo de la línea de pobreza, los trabajadores del principal hospital pediátrico del país realizan una nueva medida de fuerza. Acusan al Gobierno de Milei de mentir y buscar el vaciamiento del sistema de salud.

El personal del Hospital Garrahan inició este miércoles un nuevo paro general en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a lo que consideran un “plan deliberado de desmantelamiento” del sistema público de salud por parte del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza comenzó a las 7 de la mañana y fue acompañada por un festival solidario que se extenderá hasta las 22. “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país”, señaló Alejandro Lipcovich, delegado de ATE y secretario general de la Junta Interna.

El reclamo central es que el salario básico ascienda a $1.800.000, monto que, según los trabajadores, apenas cubre las necesidades mínimas ante la pérdida del poder adquisitivo. “Nos quieren hacer creer que un salario de $380.000 es digno, cuando no alcanza ni para la canasta básica”, denunció Lipcovich.

Desde ATE también desmintieron las afirmaciones de funcionarios que aseguraron que la mayoría del personal del hospital es administrativo: “Representan apenas el 10% del total, y los datos son oficiales”, remarcaron.

Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, advirtió que el conflicto se profundizará: “El plan de lucha sigue. Esto no es solo por salario: es por la defensa del hospital y del sistema público. El gobierno quiere vaciar el Garrahan, pero se encuentra con una resistencia que crece cada día”.

La protesta suma respaldo social y visibiliza las consecuencias del ajuste aplicado sobre uno de los sectores más sensibles: la salud infantil. Mientras el presidente Milei insiste con el recorte del gasto público como “único camino posible”, trabajadores esenciales denuncian abandono y falta de interlocución real con las autoridades.

El riesgo país es un indicador de la multinacional financiera de Morgan Stanley que define cuán riesgoso es el país para los mercados financieros y el endeudamiento. Cuanto más alto riesgo país, más cara es la deuda que un país puede tomar. De allí que Javier Milei esperaba una cifra por debajo de 450 puntos, pero sigue en 700. ¿El mercado financiero ve que el modelo de Luis Caputo no funciona?

El modelo libertario se basa básicamente en el endeudamiento porque no genera dólares genuinos gracias a las exportaciones mientras suben las importaciones y crece el turismo en el exterior. Sin deuda, habrá colapso.

Los mercados saben con claridad que la estrategia oficial de un dólar a 1000 pesos es insostenible, como se vio en los últimos días cuando la divisa norteamericana empezó a moverse al alza. ¿Todos descuentan que habrá una devaluación luego de las elecciones?

El gobierno impulsó un plan de ajuste que incluye el cierre de al menos 30 sucursales del Banco Nación en todo el país durante los próximos meses.

Fuentes oficiales del Banco de la Nación Argentina confirmaron que ya se activó un plan de reestructuración que prevé el cierre de al menos 30 sucursales en distintas provincias durante este primer semestre del año.

La medida fue comunicada internamente por la alta dirección del banco y alcanza principalmente a oficinas con bajo movimiento operativo y presencia minoritaria de clientes , en un contexto de acelerada digitalización de los servicios financieros.

Según explicaron desde el banco, el objetivo es “racionalizar la red de atención al público” y reducir gastos operativos en un escenario de alta inflación y ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Aunque no se dio a conocer oficialmente el listado completo de sucursales afectadas, trascendió que zonas rurales y pequeñas localidades de provincias como Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Formosa y Santa Cruz serán las más impactadas por los cierres.

Este movimiento implica también reubicaciones de empleados , aunque desde los sindicatos advierten que “la excusa de la modernización termina muchas veces en despidos encubiertos”.

El Sindicato Bancario ya expresó su preocupación ante la medida y exigió reuniones urgentes con la conducción del Banco Nación para analizar “el impacto laboral y social” de los cierres.

Además, legisladores de distintos bloques políticos criticaron la decisión, señalando que “aleja al Estado del interior profundo” y reduce el acceso a servicios bancarios esenciales en zonas ya marginadas del sistema financiero.

Mientras tanto, el Banco Nación asegura que redoblará esfuerzos en la promoción de canales digitales y atención remota , aunque persisten dudas sobre la accesibilidad de estas herramientas en regiones con baja conectividad y alto índice de informalidad financiera.

La familia del niño Ian Moche, de 12 años y con autismo, presentó una denuncia formal contra el presidente Javier Milei por promover discursos de odio tras un posteo en redes sociales donde se burlaba del menor.

Ian Moche, activista desde los 10 años en defensa de las personas neurodivergentes, fue objeto de un ataque público por parte de Milei luego de que el Presidente retuiteara una publicación del perfil “Hombre Gris”, uno de sus seguidores más influyentes.

En dicha publicación, se mostraban imágenes de Ian junto a figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa y el periodista Paulino Rodríguez , acusándolo de haber sido “utilizado políticamente” . Al retuitearla, Milei agregó un mensaje aún más agresivo:
“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla”.

Ante esto, la familia decidió presentar una acción judicial bajo el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez , exigiendo que Milei elimine la publicación y se abstenga de realizar mensajes similares en redes sociales , al considerar que viola “de forma manifiesta el principio del interés superior del niño”.

En su denuncia, Ian detalló que lleva más de dos años realizando tareas de difusión y concientización social sobre el autismo , y aseguró que este tipo de actitudes del Presidente “generan estigma y legitiman el bullying hacia niños y jóvenes con discapacidad”.

Además, incluyó en la presentación una fuerte crítica contra Diego Spagnuolo , director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , quien durante una reunión en marzo de 2024 le habría manifestado al menor y a su madre que “si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado”.

Prontuario de burlas de Milei

La denuncia también recuerda otros episodios donde el Presidente utilizó el desprecio hacia personas con discapacidad como recurso político. Entre ellos, se destacan:

• El uso de una imagen generada con inteligencia artificial donde se mostraba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos asociados al síndrome de Down.
• Cambios en la ANDIS que pretendían modificar la nomenclatura oficial con términos ofensivos como “idiota”, “débil mental” e “imbécil” .
• Frases directas como “¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?” , dirigidas personalmente al propio Ian durante una reunión institucional.

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la actitud reiterada de Milei frente a las personas con discapacidad, calificada por especialistas y organismos como una política de exclusión disfrazada de ajuste.

Un repaso por los puntos centrales del expediente que sustenta la condena a la vicepresidenta revela que ninguna de las acusaciones más graves fue comprobada durante el juicio oral .

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad ha generado un fuerte debate no solo en el ámbito político, sino también en el judicial. Lo que muchos expertos han señalado es que detrás del veredicto hay un conjunto de acusaciones que, según múltiples testimonios y pericias, nunca fueron comprobadas durante el juicio oral ni contaron con pruebas fehacientes que las respaldaran .

Lo que se conoce como las “20 mentiras de la causa Vialidad” son imputaciones que formaron parte del expediente pero que no pudieron ser demostradas en sede judicial . Estas supuestas irregularidades, que involucran decisiones de gestión kirchnerista, han sido puestas en duda por abogados defensores, técnicos, auditores y ex funcionarios que participaron del proceso. A continuación, un desglose de las principales falsedades:

• NK y CFK asignaron fondos a Santa Cruz de manera ilegal : Falso. No existe norma que limite cómo distribuir fondos públicos. Además, las obras viales eran necesarias y justificadas por el estado de emergencia vial de la provincia.
• El presupuesto fue diseñado arbitrariamente : También falso. Se cumplió con todos los controles legales y financieros. La elaboración contó con intervención técnica y legal.
• El Congreso tuvo participación marginal : No. Las leyes de presupuesto fueron debatidas y aprobadas por mayoría legislativa, incluso con votos de la oposición.
• Legisladores fueron obligados a votar afirmativamente : Mentira. Testimonios de Margarita Stolbizer y otros confirman que no hubo presión alguna. Incluso diputados opositores votaron a favor.
• NK y CFK usaron DNU para beneficiar a Báez : Falso. Todos los DNU fueron convalidados por el Jurado de Enjuiciamiento y tenían carácter general.

Otros puntos cuestionados incluyen el uso de un fideicomiso creado por De la Rúa , utilizado por todos los gobiernos posteriores; la ausencia de injerencia política en las decisiones administrativas; y el hecho de que CFK nunca ordenó aumentar partidas a Báez en 2015 , sino que las redujo. Asimismo, se demostró que CFK no se reunió con Báez el 30 de noviembre de 2015 , ya que ese día estaba en un acto público en Río Negro transmitido en vivo.

Finalmente, uno de los puntos más polémicos fue la acusación de sobreprecios millonarios en las obras adjudicadas. Sin embargo, la única pericia seria realizada descartó esta hipótesis . Además, se probó que las demoras estaban debidamente justificadas y que las obras no se hicieron bajo el gobierno de Macri, generando el verdadero daño al Estado .

En síntesis, las 20 mentiras de la causa Vialidad reflejan un entramado acusatorio construido más sobre bases políticas que sobre pruebas concretas. La condena a CFK se sustenta en imputaciones que no fueron validadas ni corroboradas durante el juicio , lo que plantea serias dudas sobre su legitimidad jurídica y su posible uso como herramienta de persecución política.