YPF incrementó un 55% su presupuesto publicitario en los primeros tres meses de 2025, gastando más de $32.600 millones, según confirmó el sitio Chequeado tras una demanda judicial que obligó a la petrolera estatal a transparentar sus números.

Mientras el gobierno nacional insiste en un relato de austeridad extrema, recorte del gasto público y combate contra los privilegios de “la casta”, puertas adentro opera una lógica muy distinta. Bajo la coordinación de Santiago Caputo, el principal operador comunicacional de Javier Milei, YPF —la petrolera estatal más importante del país— se ha transformado en el principal sostén económico de la maquinaria mediática oficialista.

En lo que va del año, YPF ejecutó el mayor presupuesto publicitario desde su reestatización en 2012. Se trata de un gasto multimillonario destinado no a promover productos, ni a mejorar la eficiencia empresarial ni su posicionamiento en el mercado energético, sino a financiar una red de periodistas, portales digitales, cuentas en redes sociales y tuiteros militantes que operan como voceros del gobierno. La pauta oficial se concentra en medios y perfiles afines al oficialismo, muchos de ellos sin mayor alcance ni trayectoria, pero con un rol proselitista claro en la defensa del presidente y el ataque sistemático a cualquier crítica o sector opositor.

El contraste no podría ser más evidente: mientras se desfinancia la educación, la salud, la cultura y la ciencia en nombre de la eficiencia fiscal, se multiplican los recursos para sostener una red de propaganda informal pero bien aceitada, financiada con dinero público. Lejos de eliminar los vicios del pasado, el gobierno los recicla y los adapta a su lógica, con un nivel de cinismo preocupante.

La pauta no es transparente, no se rige por criterios técnicos ni por resultados medibles. Se distribuye discrecionalmente, por afinidad política, y busca condicionar la agenda pública a través de un blindaje mediático que maquille los costos del ajuste. Santiago Caputo, que no ocupa ningún cargo formal pero toma decisiones clave, administra estos fondos con total opacidad, convirtiendo a YPF en una suerte de “caja negra” al servicio del marketing libertario, un temor que se replica en otras áreas del Estado como ser la SIDE donde Santiago Caputo también tiene amplia influencia.

Paradójicamente, mientras se acusa a los periodistas críticos de ser “ensobrados”, el gobierno construye su propio sistema de favores mediáticos, donde la fidelidad política es premiada con pauta y visibilidad. Esta práctica no solo desmiente el discurso oficial, sino que reinstala uno de los peores hábitos de la política argentina: usar los recursos del Estado para sostener el poder, manipular la opinión pública y castigar la disidencia.

Los tres diputados de Osvaldo Jaldo, agrupados en el bloque Independencia, no están dispuestos a apoyar un nuevo veto de Javier Milei contra el aumento jubilatorio, si el Senado sanciona la ley y el Presidente decide rechazarla. Los gobernadores aliados toman distancia de la Casa Rosada porque el ajuste impacta cada vez más sobre las provincias.

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina respaldaron los vetos contra el aumento de haberes previsionales y el presupuesto universitario, los legisladores quieren mantener con firmeza su voto a favor de la recomposición de los ingresos de los jubilados esta vez, resaltó La Política Online.

El propio Jaldo avisó este fin de semana que los libertarios no podrán gobernar sin los gobernadores de las provincias, marcándole la cancha a la Casa Rosada de forma tajante. El mandatario tucumano participó, además, de la reunión en el Consejo Federal de Inversiones, donde sus pares se mostraron furiosos porque Milei “se roba los ATN”.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en concreto, en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025. No hay plata para los inundados, mientras crece la deuda externa argentina.

El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Vale recordar que el gobierno había apoyado la iniciativa ni bien se conoció la catástrofe que sufrieron miles de familias. Ahora, que pasó unas semanas, decidió vetar el proyecto. Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, no para de agrandar la deuda externa. Para algunas cosas, sí hay plata.

El diputado Leopoldo Moreau presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad y los jefes de Gendarmería, Policía Federal y PSA por los controles y requisas ilegales realizados durante la movilización en apoyo a Cristina Kirchner.

Este lunes, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau anunció que presentará una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y los máximos responsables de las fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina (PSA) .

La denuncia está relacionada con los operativos de seguridad desplegados el pasado 18 de junio , cuando miles de militantes llegaron desde distintas provincias al Paseo del Bajo porteño para acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse la confirmación de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad .

Moreau denunció que se llevaron a cabo controles abusivos, requisas ilegales de identidad y detenciones arbitrarias sobre manifestantes que arribaban en micros desde el Interior del país. A través de su cuenta de X, el legislador calificó como “ilegales” los operativos realizados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

“Yendo a Comodoro Py a presentar la denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los jefes de la Gendarmería, Policía Federal y PSA por los operativos ilegales del 18 de junio”, escribió Moreau.

En ese contexto, Cristina Kirchner denunció persecución judicial y cuestionó las restricciones impues

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional aprobó un nuevo crédito por US$ 300 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Este lunes, el Gobierno nacional anunció una nueva operación de endeudamiento para inyectar dólares al Banco Central. Se trata de un préstamo por US$ 300 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) , formalizado mediante el decreto 421/2025 , publicado en el Boletín Oficial.

Según se detalla en el texto oficial, los fondos están destinados al “Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar. Fase II” , cuyo objetivo general es “apoyar la ejecución de la Prestación Alimentar para contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social” .

Pese a la justificación social del programa, en la práctica este movimiento implica un ingreso de divisas frescas para las bajas reservas del Banco Central , que vienen bajo presión en los últimos meses.

La Prestación Alimentar forma parte del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, que ya había ampliado el rango etario de beneficiarios, incluyendo ahora a jóvenes de hasta 17 años .

Por su parte, el Banco Central señaló que la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” , y que su incidencia será “acotada y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

Además, la Oficina Nacional de Crédito Público dio el visto bueno al préstamo, indicando que “el costo financiero del préstamo de referencia es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

El Presidente celebró la ofensiva militar impulsada por Donald Trump contra Irán y volvió a calificar al país persa como “enemigo de la Argentina”. En el contexto de una tensión creciente a nivel global, el Gobierno profundiza su alineamiento ideológico y geopolítico con Washington y Tel Aviv.

En medio de la creciente tensión internacional tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, el presidente Javier Milei salió a respaldar abiertamente la ofensiva ordenada por la administración de Donald Trump. A través de sus redes sociales, el mandatario también reafirmó su alianza estratégica con Israel y calificó al régimen iraní como “enemigo de la Argentina”.

El respaldo de Milei se expresó en una serie de publicaciones compartidas durante la madrugada del domingo, entre ellas un mensaje del ministro de Defensa, Luis Petri, quien agradeció al Presidente “por estar del lado correcto de la historia” y justificó el ataque con el argumento de combatir el terrorismo.

“Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes”, sostuvo Petri, en referencia al atentado a la AMIA.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni, el empresario Marcos Galperín y la embajada de Israel en Buenos Aires replicaron y celebraron el respaldo argentino a la ofensiva estadounidense. “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, escribió Galperín en X, en una frase que el propio Milei difundió desde su cuenta personal.

La posición del Presidente ratifica una orientación internacional sin matices ni diplomacia: la subordinación total al eje EE.UU.-Israel. “Soy aliado de Israel e Irán es enemigo de Argentina”, declaró Milei en una entrevista reciente en LN+, donde defendió el ataque “preventivo” de Tel Aviv y denunció una “demonización” del Estado israelí por parte de “la izquierda y los medios”.

Las declaraciones ocurren tras su reciente visita a Jerusalén, donde fue recibido por Benjamin Netanyahu, rezó en el Muro de los Lamentos, y anunció el traslado de la embajada argentina a esa ciudad, en una decisión que rompió décadas de neutralidad diplomática.

Con su respaldo explícito a una escalada bélica que amenaza con desestabilizar aún más Medio Oriente, Milei refuerza una agenda de política exterior centrada en afinidades ideológicas antes que en intereses estratégicos nacionales. Mientras los principales países de América Latina evitan pronunciamientos extremos y llaman a la cautela, Argentina opta por el aplauso a una ofensiva militar que, lejos de garantizar la paz, multiplica los riesgos de una guerra regional.

Mientras el Gobierno celebra una inflación mensual de “un dígito bajo”, los servicios públicos básicos aumentaron más de un 10% en junio. La factura energética ya se lleva más del 12% del sueldo promedio.

Lejos del discurso oficial que insiste en mostrar una economía “ordenada” y una inflación “controlada”, los servicios públicos esenciales experimentaron en junio un nuevo salto de dos dígitos que golpea directamente a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos para un hogar tipo aumentó un 10,6% solo en el último mes. El relevamiento expone que el gasto mensual en electricidad, gas, agua y transporte llegó a $183.496, cuando en mayo era de $166.559.

El ajuste tarifario responde tanto a incrementos directos en los cuadros tarifarios como a la suba estacional del consumo de gas y electricidad. En junio, el gas natural aumentó 3,5% en su cargo fijo y 2,5% en el variable; el agua subió por actualización tarifaria y ajustes mensuales; y la electricidad hizo lo propio con un alza del 3,3% en el cargo fijo y 2,8% en el variable.

En transporte, mientras el Gobierno nacional se jacta de “haber frenado la maquinita”, los boletos de colectivos interjurisdiccionales aumentaron un 7% en junio. El promedio ponderado de transporte trepó 5,8% en el mes.

Pero la radiografía del ajuste se vuelve aún más brutal cuando se observa la evolución desde diciembre de 2023: mientras el IPC acumuló una suba del 150%, la canasta de servicios públicos creció 561%. El gas fue el más afectado, con un insólito 1482% de aumento, seguido por el transporte (729%), el agua (343%) y la electricidad (316%).

Los datos dejan en evidencia un fenómeno cada vez más evidente: la inflación real no está en el supermercado, sino en las boletas que llegan a fin de mes. Según el informe, en junio la canasta de servicios públicos representó el 12,7% del salario promedio registrado ($1.445.000), con el transporte como el rubro más pesado, explicando un 36% del gasto total.

A pesar de este panorama, el Estado sigue cubriendo un 46% del costo total de las tarifas mediante subsidios, aunque el acceso a estos beneficios es cada vez más desigual.

Mientras el Gobierno de Javier Milei proclama “equilibrio fiscal”, la realidad de los hogares argentinos —en especial en el conurbano— muestra que ese equilibrio se sostiene a costa de un tarifazo encubierto que no se ve en los números del INDEC, pero que se siente con fuerza en cada factura.

En su programa emitido este sábado, la conductora centenaria Mirtha Legrand se refirió a la marcha realizada en Plaza de Mayo en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aclaró: “La gente no la olvida”.

La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho, Bullrich -por la ministra de Seguridad- dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo pero eran muchísimas más”, afirmó. Se cree que más de 500 mil personas marcharon en respaldo a la ex presidenta, quien se encuentra detenida en una causa judicial absolutamente irregular. La justicia no quiere que sea candidata en las próximas elecciones, porque podía ganarle a Milei.

Ante un sorpendido José Espert, Legrand continuó: “¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente”.

En el estudio realizado entre el 7 y el 9 de junio, sólo un 19,9 % de los consultados admitió tener ahorros en dólares. De ese grupo, apenas el 12,2 % se mostró dispuesto a blanquear sus fondos bajo el nuevo régimen presentado por el gobierno, a pesar de que esa medida ocupa un lugar central en la agenda económica para el segundo semestre. La gente no le cree a Javier Milei y no está dispuesta a arriesgar su patrimonio personal.

Según la consultora Córdoba, el 55 % de los ahorristas afirmó que “de ninguna manera va a gastar sus ahorros sólo porque se lo pide el gobierno”, y el 57,8 % coincidió con la frase “lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden” .

Al mismo tiempo, el sondeo indagó con un guiño político: el 45,4 % apoyó la premisa “cuando los ministros de Milei traigan sus dólares del exterior, voy a gastar los míos”.

La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

Diputados de distintos bloques opositores redoblaron la presión sobre el Congreso Nacional para que intervenga con urgencia ante lo que definen como un nuevo capítulo de la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei, en tándem con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

El proyecto para anular el decreto fue impulsado por legisladores de Unión por la Patria (UxP), quienes alertan sobre el grave retroceso institucional que implica esta medida, incompatible —según afirman— con los principios del Estado de derecho. “Este decreto otorga facultades a la Policía propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático”, advirtió la diputada Mónica Macha, quien denunció que la norma permite requisas sin orden judicial ni sospecha de delito, configurando “una carta de impunidad muy fuerte”.

Macha vinculó el contenido y el momento de la publicación del decreto con la movilización en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad. “Es coherente en la lógica del Gobierno que esto se publique el mismo día de la manifestación en Plaza de Mayo”, afirmó, y recordó que varios manifestantes fueron demorados por la Policía Federal. “Estas prácticas nos remiten a los peores recuerdos de la dictadura”, advirtió.

La diputada también destacó que el rechazo al decreto no se limita a su bloque: “Este atropello generó ruido en varios espacios parlamentarios, lo que abre la posibilidad de articular una respuesta legislativa más amplia”. Para Macha, se trata de “otro ataque a la democracia en un contexto de creciente debilitamiento institucional”.

Desde otros sectores, también se alzaron voces críticas. El diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, confirmó que su espacio presentó un proyecto de derogación y alertó: “Está en juego la vigencia del sistema democrático”. Carbajal aseguró que el Gobierno está avanzando hacia la construcción de un “Estado policial” y señaló que el decreto contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.

Además de impulsar la vía legislativa, el bloque de Carbajal también elevó un reclamo a instancias internacionales, dada la preocupación que genera el impacto del decreto en el sistema de garantías constitucionales.

Qué establece el decreto 383/2025

La norma firmada por Milei, Francos y Bullrich reformula las funciones de la Policía Federal, redefiniéndola como una fuerza de prevención e inteligencia criminal orientada a delitos federales y complejos. Entre otros puntos polémicos, permite el ciberpatrullaje en redes sociales sin autorización judicial, autoriza requisas personales y vehiculares sin orden judicial, y formaliza tareas de inteligencia en el marco de políticas del Ministerio de Seguridad. También propone cambios en el sistema de formación de agentes, incorporando perfiles universitarios y adoptando “estándares del FBI”, según detalla el texto oficial.

Frente a este escenario, la oposición busca acelerar el tratamiento del proyecto de nulidad, con el objetivo de contener lo que consideran un avance autoritario sin precedentes desde el retorno de la democracia. “Podemos tener diferencias en muchos temas, pero coincidimos en defender la democracia”, concluyó Macha, confiada en que el Congreso podrá revertir la medida.