Según especialistas se pierde un actor estratégico en momentos donde proliferan productos ultraprocesados, aditivos cuestionados y falsas promesas nutricionales en las góndolas.

En una nueva ofensiva contra los organismos técnicos y participativos del Estado, el gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), una institución clave para la seguridad alimentaria en el país. Lo que antes se decidía en un espacio federal, científico y plural, ahora queda en manos de unos pocos funcionarios y empresas, sin instancias de debate ni control ciudadano.

El desmantelamiento de la CONAL fue formalizado a través del decreto 538/2025, que modifica el Código Alimentario Argentino y transfiere la toma de decisiones al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de ANMAT, y al SENASA. Aunque estos organismos cuentan con experiencia técnica, lo que desaparece con esta medida es la arquitectura participativa y federal que aseguraba una regulación equilibrada y orientada al bien público.

Con un decreto inconsulto, Milei disolvió la CONAL y dejó afuera a las provincias.

Menos control sobre la sanidad e inocuidad de los alimentos y otro golpe al corazón del federalismo. Centraliza el poder y debilita la seguridad alimentaria. pic.twitter.com/7Mm9Iz1LR2

— Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) August 5, 2025

Durante décadas, la CONAL funcionó como un ámbito de construcción colectiva entre el Estado nacional, las provincias, la academia, sectores científicos y la industria. Allí se definían normas esenciales: qué puede considerarse alimento, bajo qué condiciones se produce y qué parámetros sanitarios debe cumplir para garantizar la salud de la población.

La eliminación de este espacio implica mucho más que una reestructuración administrativa: representa un retroceso en términos de transparencia, control social y resguardo del interés público frente a los intereses del mercado. El argumento oficial —”agilizar procesos” mediante plataformas como el SIFEGA— esconde el verdadero impacto: sin deliberación plural, el sistema alimentario argentino queda más expuesto a presiones corporativas y decisiones discrecionales.

Expertos y referentes del sector ya advierten las consecuencias: debilitamiento de los consensos sanitarios, pérdida de participación ciudadana y federal, y mayor opacidad en las decisiones regulatorias. Todo esto ocurre en un contexto donde proliferan alimentos ultraprocesados, aditivos controvertidos y estrategias publicitarias engañosas, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

La decisión de eliminar la CONAL no fortalece la protección de los consumidores. Al contrario: desarma uno de los pocos espacios donde confluyen ciencia, salud pública, producción y territorio para garantizar que lo que llega a nuestras mesas sea seguro. En nombre de la eficiencia, el gobierno está sacrificando derechos fundamentales.

Golpe a la ley de etiquetado frontal: más marketing, menos salud

Este ataque a la seguridad alimentaria no es aislado. En paralelo, el gobierno de Milei avanzó en la flexibilización de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021 con amplio consenso social y científico. La norma establecía sellos de advertencia para alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, y regulaba la publicidad dirigida a niñas y niños, así como la oferta de productos en entornos escolares.

La modificación de su reglamentación —pese a las advertencias de organizaciones especializadas como la Fundación Interamericana del Corazón— debilitó varios puntos clave de la ley. Se redujo la información disponible para los consumidores y se flexibilizaron las estrategias de marketing, incluyendo el uso de personajes y técnicas de manipulación visual que apelan especialmente a la infancia.

“Con estos cambios, retrocedemos en políticas diseñadas para prevenir enfermedades crónicas y combatir la obesidad infantil, que en Argentina alcanza niveles alarmantes”, alertan desde el sector sanitario.

¿Quién define ahora qué es seguro comer?

La eliminación de la CONAL y el vaciamiento de la Ley de Etiquetado Frontal responden a una misma lógica: debilitar el rol del Estado como garante de derechos, en beneficio de un mercado cada vez menos regulado. En lugar de fortalecer los controles, se desmantelan. En lugar de escuchar a la ciencia, se prioriza la rentabilidad.

Lo que está en juego no es solo un modelo de gestión pública, sino la salud de millones de personas. Sin una regulación sólida, transparente y participativa, el acceso a alimentos seguros y de calidad deja de ser un derecho para convertirse en una cuestión de suerte.

información detallada sobre reuniones privadas, movilizaciones gremiales, y actividades de partidos opositores, pero omite cualquier referencia a La Libertad Avanza y sus funcionarios.

Una nueva tormenta política sacude al Gobierno tras la filtración de un documento interno de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que revela un presunto esquema de espionaje masivo sobre figuras de la oposición, gremios, jubilados y organizaciones sociales. El escándalo escaló rápidamente con la denuncia penal presentada por el diputado nacional Facundo Manes, quien apuntó directamente contra el asesor presidencial Santiago Caputo, acusándolo de estar vinculado a estas maniobras ilegales de inteligencia.

En respuesta al impacto político del caso, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso fue convocada de manera urgente para el próximo martes, con el objetivo de analizar el documento filtrado y exigir explicaciones a las autoridades responsables. Según trascendió, el informe —redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, una de las áreas que integra la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert— contiene información detallada sobre reuniones privadas, movilizaciones gremiales, y actividades de partidos opositores, pero omite cualquier referencia a La Libertad Avanza y sus funcionarios.

Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto. Se ve que para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Garrahan, pero le aumenta el sueldo a los “servicios”. Lo que sale a la luz sobre la SIDE es una vergüenza. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a… pic.twitter.com/Z40t5jtqKp

— Facundo Manes (@ManesF) August 3, 2025

Entre los espiados figuran dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, Wado de Pedro y Guadalupe Tagliaferri, así como también agrupaciones como el PJ bonaerense, La Cámpora, la UCR y la Coalición Cívica. También se detallan acciones de las centrales sindicales CGT y CTA, actividades culturales, y hasta convocatorias de jubilados y personas con discapacidad, previstas para los próximos días.

La denuncia de Manes sostiene que la SIDE documentó una reunión privada en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti, y solicita que este hecho se sume como prueba en la causa abierta contra Caputo por “amenaza coactiva”, tras su agresiva reacción durante la apertura de sesiones legislativas en marzo pasado. El legislador remarcó que estos reportes no solo constituyen una práctica antidemocrática, sino que también podrían configurar delitos graves tipificados en el Código Penal.

El titular de la Bicameral, Martín Lousteau, confirmó que el tema será incorporado formalmente al orden del día. Mientras tanto, crece la presión para que el Congreso cite a declarar a Santiago Caputo y Sergio Neiffert, en medio de una crisis que remite a los peores antecedentes de inteligencia estatal utilizados con fines políticos.

Mientras Economía pide no convalidar subas superiores al 4%, supermercadistas admiten remarcaciones inminentes y llaman a reemplazar primeras marcas por alternativas más baratas.

En un intento por frenar la inflación en plena campaña electoral, el gobierno nacional pidió a los supermercadistas que no avalen los aumentos de precios anunciados por las grandes proveedoras de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, desde el sector reconocen que los incrementos ya fueron informados y advierten sobre un escenario de ajuste silencioso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la Secretaría de Comercio, instó a no convalidar subas superiores al 4%, a pesar de que la devaluación acumulada supera el 14% en las últimas semanas. Las empresas, por su parte, enviaron listas con aumentos que van del 3% al 9%, lo que anticipa un impacto directo en el IPC de agosto.

En Rosario, el presidente de la Cámara de Supermercados, Sergio Casinerio, respaldó públicamente la postura del Gobierno y aseguró que no realizarán pedidos de productos que lleguen con aumentos. “Vamos a dar pelea”, dijo, aunque reconoció que “todavía no llegaron las listas, pero se habla de subas del 4%, 6% y 9%”.

El propio Casinerio admitió un cambio profundo en los hábitos de consumo. “La gente elige según el precio y su salario. Están apareciendo segundas marcas de PyMEs que reemplazan a las líderes”, señaló. Según su análisis, estas marcas alternativas crecieron en ventas y se consolidan como opción en un mercado donde el poder adquisitivo se achica mes a mes.

También informó una caída en la compra de productos de limpieza —con excepción de la lavandina— y un vuelco hacia el consumo de carne de cerdo y pollo por sobre la vacuna, ante el encarecimiento sostenido de esta última.

En paralelo, las principales cadenas ya están aplicando los aumentos, en un contexto donde el gobierno intenta postergar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones clave. Pero ni el llamado oficial a la “racionalidad empresaria” ni el congelamiento de precios parecen detener una tendencia que se profundiza: más recorte, menos marcas y un consumo en modo supervivencia.

Agrupaciones de personas con discapacidad se movilizarán en todo el país para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denuncian una crisis estructural en el sector y exigen una respuesta urgente del Estado.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del área y organizaciones de derechos humanos realizarán este martes una jornada nacional de protesta tras el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso. La convocatoria principal será frente al Congreso Nacional, desde las 11.30, y se replicará en plazas de distintas ciudades del país.

La medida incluirá también la suspensión de actividades vinculadas al sector, en señal de alerta por lo que consideran una situación crítica agravada por el desfinanciamiento, la falta de políticas públicas y el aumento de la precariedad.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades convocantes, denunció que el veto presidencial “no responde a un criterio de austeridad, sino de exclusión”. “Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores, no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, señalaron en un comunicado.

Los manifestantes exigen al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida y atienda de manera urgente las demandas del sector, que incluyen desde la actualización de aranceles para prestadores hasta el acceso a pensiones no contributivas y dispositivos de apoyo para una vida autónoma.

“¿Cómo se transita una vida digna sin trabajo, sin ingresos y sin apoyos?”, plantearon desde las organizaciones. También remarcaron que muchas personas con discapacidad perciben ingresos muy por debajo del umbral de pobreza, como los $28.000 mensuales en los talleres protegidos, y que numerosos prestadores están al borde del cierre por falta de financiamiento.

La protesta apunta a visibilizar lo que califican como una política de abandono estructural. “El desafío real es construir una sociedad donde nadie quede excluido ni solo”, concluyeron.

El organismo reveló que el Banco Central intervino con más de US$ 3.000 millones en contratos de dólar futuro durante julio para contener la corrida cambiaria, y advirtió que estas operaciones deben ser “limitadas y temporales”.

Aunque aprobó la primera revisión del acuerdo por US$ 20.000 millones con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia contundente al Gobierno de Javier Milei: reveló que el Banco Central intervino con más de US$ 3.000 millones en contratos de dólar futuro durante julio para contener la corrida cambiaria, y advirtió que estas operaciones deben ser “limitadas y temporales” para evitar mayores desequilibrios a futuro.

El dato surge del staff report publicado por el FMI, que monitoreó la evolución económica del país entre abril y julio. Aunque el organismo reconoció avances en el plan económico libertario, manifestó preocupaciones sobre el manejo cambiario, la acumulación de reservas y las intervenciones del BCRA en los mercados de futuros.

“Las intervenciones en el mercado de contratos a futuro deberían ser temporales y limitarse a condiciones desordenadas del mercado”, advirtió el FMI, remarcando que no deben sustituir otras herramientas clave de política monetaria para controlar la liquidez y la volatilidad de tasas de interés.

Un recurso riesgoso en medio de la presión cambiaria

El FMI estimó que la posición neta abierta del BCRA en contratos a futuro (NDF) creció hasta los US$ 5.000 millones en julio, mientras que en junio era de US$ 1.909 millones. Esto implica una intervención de más de US$ 3.000 millones en solo un mes, en un contexto de tensiones cambiarias y una suba del 13% en el tipo de cambio.

Aunque estos contratos se liquidan en pesos y no afectan directamente las reservas internacionales, el organismo advirtió que pueden generar pérdidas significativas en el balance del Banco Central, y alterar las expectativas del mercado si se convierten en una herramienta recurrente.

Recomendaciones del FMI: disciplina, reservas y claridad monetaria

El informe técnico del FMI instó al Gobierno a:

• Fortalecer la acumulación de reservas con un cronograma más claro de compras de divisas.
• Evitar el uso excesivo de instrumentos financieros que no corrigen los desequilibrios de fondo.
• Avanzar en mayor claridad sobre el régimen monetario y cambiario a mediano plazo.
• Perfeccionar el esquema de metas monetarias para anclar expectativas de inflación.

Pese a los elogios por el rumbo económico general, el FMI fue enfático en que las intervenciones en el dólar futuro no deben convertirse en una política sistemática, dado el alto grado de vulnerabilidad macroeconómica.

El padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo lanzó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual y cuestionó el rumbo adoptado por el presidente Javier Milei. “No hay estabilidad ni crecimiento”, sentenció.

En un artículo publicado en su blog personal, titulado “Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimiento”, Cavallo expresó su decepción con los resultados del plan libertario. Si bien reconoció que el salto cambiario de diciembre de 2024 no provocó un nuevo brote inflacionario, afirmó que tampoco logró lo más importante: reactivar la economía ni consolidar un clima de confianza.

Lejos de su anterior respaldo parcial al ideario de Milei, el “padre de la Convertibilidad” advirtió que su propia expectativa de un shock estabilizador se frustró. “No acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, admitió, en una autocrítica que reforzó su actual visión negativa.

Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimientohttps://t.co/V7wQ7GDFfG

— Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) August 1, 2025

Uno de los principales blancos de sus críticas fue el cepo cambiario, cuya continuidad —aunque parcial— considera el mayor obstáculo para la recuperación. Según Cavallo, las restricciones a la libre disponibilidad de divisas siguen generando desconfianza, ahuyentan inversiones productivas y alimentan las expectativas de nuevas devaluaciones. “Los capitales productivos son muy sensibles al riesgo de quedar atrapados si no pueden salir cuando lo necesiten”, advirtió.

Además, apuntó contra la falta de reglas claras en materia monetaria y cambiaria, señalando que muchas decisiones del gobierno son “difíciles de comprender y explicar”, lo cual, según sostuvo, alimenta aún más la percepción de inestabilidad.

Respaldado en los principios de la Escuela de Chicago, Cavallo insistió en que sin un marco normativo previsible y sin una apertura total del mercado cambiario, será imposible atraer inversiones ni generar las condiciones para el crecimiento. “Que no haya ninguna restricción para la compraventa de monedas extranjeras es un requisito indispensable para que la economía funcione con competencia de monedas a la peruana”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que mientras persista el actual esquema de controles, la economía seguirá atrapada en un ciclo de estancamiento, con tasas de interés elevadas, desconfianza generalizada y sin señales concretas de reactivación. En su visión, el experimento libertario está fracasando en sus objetivos fundamentales: lograr estabilidad y generar crecimiento.

El presidente Javier Milei habló en una cena en Puerto Madero que “la calle debería estar llena de cadáveres” si la gente no llegara a fin de mes. Fue en el marco de la cena de la Fundación Faro de Agustín Laje, una creación de Santiago Caputo y su hermano para recaudar fondos. Se vio a muchos empresarios que ganan mucha plata con la timba financiera…

A Milei se lo notó muy errático, como sedado: “No se dan cuenta de lo que dicen, sería bastante complicado caminar por las calles si no se llegara a fin de mes”.

Esta semana, el gobierno mostró en profundidad cuál es su modelo de país. Por un lado, vetó un aumento a jubilados y la declaración de emergencia de las personas con discapacidad. Mientras, le cedió dos mil millones de dólares de retenciones a la Sociedad Rural, que reúne a las familias más ricas de Argentina. Además, por la timba financiera, muchos bancos lograron ganancias extraordinarias. Ganadores y perdedores…

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó este martes en Comodoro Py una denuncia penal que sacudió al corazón del oficialismo: acusó por rebelión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y atentados contra el orden público a varios referentes del universo libertario, entre ellos Javier Negre, director del medio ultramileísta La Derecha Diario.

La presentación judicial, según confirmaron fuentes a Noticias Argentinas, fue realizada a título personal y quedó en manos del juez Sebastián Casanello, con intervención de los fiscales Franco Picardi y Guillermo Marijuan. Desde Ámbito aclararon que la denuncia no involucra formalmente su rol como titular del Senado, aunque el impacto político es inevitable.

La respuesta de La Derecha Diario no se hizo esperar: acusaron a Villarruel de utilizar el sistema judicial como herramienta de venganza, tras haber sido “expuesta por sus traiciones contra Milei”.

Lejos de calmar las aguas, la movida judicial encendió aún más la interna que desde hace semanas divide al Gobierno. La denuncia llega tras una serie de desplantes: a Villarruel le bloquearon el ingreso al acto de La Rural encabezado por el Presidente y el diputado José Luis Espert la tildó directamente de estar “fuera del proyecto”. La fractura ya no es silenciosa: se tramita en tribunales y a plena luz del día.

Según detalla la denuncia, Bausili declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial que pasó de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, lo que representa un aumento superior al 880%.

Una grave denuncia por presunto enriquecimiento ilícito sacude al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tras conocerse que su patrimonio creció un 880% en apenas un año. La presentación judicial, radicada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, expone cifras que ya encendieron las alarmas en el ámbito político y económico.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social”, quien apunta contra Bausili por inconsistencias en sus declaraciones juradas y vínculos directos con sectores del poder económico. Según el documento, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, una cifra que, a todas luces, desborda los ingresos legales de cualquier funcionario público.

“El incremento no guarda proporción con los ingresos habituales ni está debidamente respaldado por antecedentes patrimoniales u operaciones comerciales conocidas”, sostiene la denuncia, a la que tuvo acceso la periodista Vanesa Petrillo (C5N). Este crecimiento súbito y descomunal despierta sospechas no sólo por su magnitud, sino también por el contexto: Bausili mantiene lazos históricos con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió años de negocios en el sector financiero.

Otro dato que refuerza el escándalo: en su declaración de 2024 figuran acciones por más de $400 millones en Pampa Holding SA, una empresa estrechamente vinculada al poder económico concentrado y con nexos con el propio Caputo.

El denunciante pidió una pericia contable integral para analizar la evolución patrimonial del titular del BCRA en los últimos cinco años, con el objetivo de contrastar sus activos declarados con los ingresos lícitos que percibió y determinar la legalidad de ese incremento extraordinario.

La explosiva denuncia ya genera repercusiones en el escenario político y podría abrir una nueva etapa de tensión institucional, en momentos en que se discute la transparencia y el rol de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos.

El Presidente rechazó por decreto las leyes que preveían mejoras en haberes previsionales y ayudas por discapacidad. El Gobierno ratificó su prioridad fiscal y mantendrá los valores definidos antes de la votación en el Congreso.

El presidente Javier Milei vetó este lunes dos leyes clave impulsadas por la oposición: una que establecía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y otra que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de que las iniciativas “afectan el equilibrio fiscal” y representan “una amenaza directa al superávit” que el Ejecutivo considera pilar central de su programa económico.

Tras el veto, los haberes jubilatorios recibirán en agosto únicamente el aumento del 1,6% anunciado previamente por el Gobierno, en base a la inflación informada por el INDEC. De este modo, la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que el haber máximo se mantendrá en $2.114.561,35.

También continuará vigente el bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Aquellos que superen ese monto, pero no lleguen a $384.243,50, recibirán un refuerzo proporcional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $321.394,80 con el bono incluido, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $289.970,45.

En cuanto al proyecto vetado sobre discapacidad, incluía la creación de una pensión no contributiva específica, mayores transferencias a prestadores y la declaración de emergencia hasta 2026. La medida fue rechazada también por razones fiscales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las leyes aprobadas por el Congreso constituían un “intento de desestabilización institucional”. En paralelo, distintas organizaciones de jubilados y personas con discapacidad anticiparon movilizaciones para exigir que se revierta el veto.