El presidente definió a la situación como un “intento de golpe de Estado por parte de una violenta y antidemocrática oposición que quiere debilitar el gobierno de la libertad”. Picheto lo cruzo “es ridículo”.

El presidente Javier Milei denunció que Argentina está siendo víctima de un intento de golpe de Estado, el cual, según sus declaraciones, está siendo impulsado por los jubilados, la oposición y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En una conferencia de prensa, Milei aseguró que “sectores enquistados en el pasado” buscan desestabilizar su gobierno a través de protestas y maniobras políticas.

“Estamos enfrentando un ataque coordinado de aquellos que no quieren que Argentina avance. Los jubilados, manipulados por sectores de la oposición, y la AFA, con su estructura corrupta, están generando un clima de caos para frenar el cambio”, sostuvo el mandatario. Además, advirtió que su administración no cederá ante lo que calificó como “chantajes” y reafirmó su compromiso con las reformas económicas en curso.

Milei también suspendió el viaje que tenía planificado a España para recibir el premio “Escuela de Salamanca” por parte de la organización “El Club de los Viernes”. La entidad justificó la cancelación del viaje afirmando que el presidente debía permanecer en Argentina debido a “un intento de golpe de Estado por parte de una violenta y antidemocrática oposición”.

Tras la represión de la marcha de los jubilados que terminó con incidentes en la Casa Rosada, el oficialismo intensificó su discurso sobre una presunta desestabilización. La diputada libertaria Lilia Lemoine acusó a los mismos sectores que impulsaron la crisis del 2001 de intentar un golpe de Estado en la actualidad. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reforzó esta idea al señalar que “en los últimos días hubo una cantidad de movimientos políticos que apuntan a desestabilizar al gobierno”.

La respuesta de Miguel Ángel Pichetto

Sin embargo, las declaraciones de Milei y su entorno generaron una fuerte respuesta por parte de distintos sectores políticos. Miguel Ángel Pichetto calificó la idea de un golpe de Estado como “ridícula” y lo instó a gobernar con mayor responsabilidad. “No hay intentos de golpes de Estado, me parece ridículo”, sentenció el diputado, quien además criticó la implementación del Protocolo Antipiquetes por parte de la ministra Patricia Bullrich, advirtiendo que “el día que haya un muerto no va a ser igual”.

Pichetto también señaló que los jubilados son el sector más afectado por el ajuste económico del gobierno y pidió recuperar el diálogo político y la construcción de consensos. “Nunca vi golpes en la Cámara de Diputados, marca un golpe de decadencia y un plano interno quebrado en La Libertad Avanza”, sostuvo, haciendo referencia a las peleas dentro del bloque oficialista. Además, cuestionó la suspensión de la audiencia que debía tratar el DNU para cerrar el acuerdo con el FMI, exigiendo mayor transparencia en las negociaciones.

El debate en torno a las declaraciones del presidente sigue escalando, mientras la crisis económica y social en el país continúa profundizándose. En este contexto, las tensiones entre el gobierno y diversos sectores parecen ir en aumento.

La variación de precios de febrero, según la medición de EcoGo, se ubicaría en el 2,7%, marcando una aceleración de 0,5 p.p. respecto a enero (+2,2% mensual). Sobre este punto en particular, Rocío Bisang, economista de esta consultora, explicó que “lo que más traccionó fue la carne, que subió 7,8% -según su medición- similar al dato de CABA (7,7%)”, aclaró en declaraciones a Ámbito.

“El resto de las categorías se mantuvieron relativamente estables. De hecho, excluyendo carnes la inflación general nos da 1,8%”, señaló la especialista.

El BCRA mostró que los “gurúes” del mercado empeoraron la expectativa de inflación para el segundo mes del año tras el aumento de las carnes. En su último informe de marzo, los analistas estimaron que la inflación se ubicará en el 2,3% en febrero, una suba de 0,2 p.p por encima de la expectativa previa. Cuánto dará la cifra que publica el INDEC, que últimamente se está alejando cada vez más de la opinión de expertos y de la gente en la calle.

Es sabido que el INDEC está haciendo una trampa metodológica para favorecer al gobierno de Javier Milei y su discurso de desaceleración de la inflación. Sus autoridades, por presión del gobierno, decidieron no actualizar la canasta de bienes y servicios que miden lo que hace que las tarifas impacten menos. De ese modo, se subestima el registro inflacionario. Por eso, la gente siente que su bolsillo no le alcanza mientras el INDEC le asegura que todo está bajando.

Así lo anunció el dirigente Héctor Daer, acompañado por referentes sindicales como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Sergio Palazzo, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UTEP.

En un contexto de creciente deterioro social y económico, sumado a una ola de represión contra quienes protestan, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la inminente convocatoria a un paro nacional de 24 horas antes del 10 de abril. Así lo anunció el dirigente Héctor Daer, acompañado por referentes sindicales como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Sergio Palazzo, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UTEP.

El anuncio se da en medio de un clima de tensión creciente, marcado por la brutal represión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol, militantes de organizaciones políticas, sociales, gremiales e incluso contra el periodismo. La persecución y el uso de la violencia estatal han acelerado la decisión de la CGT, que hasta ahora había mantenido cautela frente al gobierno de Javier Milei.

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, anunció que van a convocar a un paro de 24hs para "antes del 10 de abril"🗣️ pic.twitter.com/5tD91NDjhH

— El Destape (@eldestapeweb) March 13, 2025

“El tiempo está llegando”, afirmó Daer en un auditorio colmado de militantes, dejando claro que el modelo de ajuste extremo y autoritarismo del gobierno libertario ha llegado a un punto de quiebre. Además, denunció la ofensiva del oficialismo contra derechos históricos, como la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal y el intento de imponer una narrativa negacionista que atenta contra la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

La CGT también repudió la justificación del gobierno sobre el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, enmarcado en una estrategia de criminalización de la protesta social. “Somos todos militantes. Militamos en la política, en el trabajo social y sindical porque creemos en la justicia social”, sostuvo Daer.

Ante el impacto devastador del ajuste sobre la industria, los salarios y el empleo, el sindicalismo se prepara para una medida de fuerza que promete ser masiva. El paro nacional se perfila como el primer gran enfrentamiento directo contra el modelo de Milei, que avanza con políticas de ajuste sin precedentes y una creciente represión contra la oposición social y política.

La convocatoria ya fue recibida con entusiasmo por las bases sindicales y sectores de la sociedad afectados por la crisis. Con cánticos de “unidad de los trabajadores”, el mensaje de la CGT es claro: la resistencia crece y el paro será un mensaje contundente contra el rumbo que lleva el país.

Un día después de la represión a los jubilados el gobierno de Javier Milei decidió aumentar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en más de 7.300 millones de pesos, de los cuales más de 1.600 millones serán “gastos reservados”.

Apenas un día después de la violenta represión contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar de manera desmedida los fondos discrecionales para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). A través de un decreto, se autorizó una ampliación presupuestaria de más de 7.300 millones de pesos, de los cuales 1.625 millones corresponden a gastos reservados, es decir, partidas cuyo destino no se hace público.

Esta maniobra refuerza el carácter opaco de los manejos financieros del gobierno en materia de inteligencia, mientras sectores vulnerables como los jubilados sufren ajustes y represión. En total, el nuevo presupuesto incluye 6.300 millones de pesos en gastos corrientes y 1.022 millones en bienes de capital, pero el foco está puesto en la exorbitante cifra de recursos discrecionales destinados a la SIDE, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas.

No es la primera vez que Milei intenta direccionar sumas multimillonarias a los fondos reservados de inteligencia. En julio del año pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el retorno del viejo esquema de espionaje estatal, dirigido entonces por Sergio Neiffert, hombre cercano a Santiago Caputo. Sin embargo, aquella medida fue rechazada por el Congreso, convirtiéndose en el único DNU anulado por el Poder Legislativo en la historia del país.

El nuevo incremento de fondos se oficializó a través del DNU 186/2025, publicado en el Boletín Oficial, que otorga al programa de Información e Inteligencia de la SIDE un “crédito” de 7.366.286.591 pesos, equivalentes a cerca de 7 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta asignación millonaria contrasta con los recortes aplicados en otras áreas esenciales y se produce en un contexto de fuerte represión estatal contra la protesta social.

En septiembre del año pasado, el Congreso ya había rechazado un intento similar de Milei de asignar 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, cuestionando la falta de transparencia y el uso desconocido de semejante cantidad de dinero. A pesar de ello, en apenas un mes, el organismo ya había ejecutado el 75% de esos recursos, evidenciando la rapidez con la que se consumen partidas de origen y destino inciertos.

Este nuevo aumento presupuestario, aprobado con total discrecionalidad y en un contexto de represión creciente, refuerza la estrategia de un gobierno que prioriza la expansión de los mecanismos de inteligencia y control, mientras ajusta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló serias irregularidades y sobreprecios en la adquisición de armamento y equipamiento para el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich (2016-2019), bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Las compras, en su mayoría realizadas sin licitación y mediante adjudicación directa a proveedores israelíes, habrían permitido pagar hasta cinco veces más por ciertos equipamientos, amparándose en la Emergencia de Seguridad declarada en 2016.

Compras directas y falta de transparencia

La auditoría detectó que casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) fueron realizadas sin compulsa de precios, evidenciando una selección discrecional de los proveedores por parte del Ministerio de Seguridad. Entre los casos más llamativos se encuentran:

• La adquisición de un sistema de seguridad fronterizo a la empresa israelí IAI ELTA por 35 millones de dólares.
• La compra de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, un precio un 138% superior a ofertas similares en el mercado, según un análisis de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
• Pagos injustificados por consultorías y servicios de capacitación que ya estaban contemplados en los contratos iniciales.

El rol de un lobbista israelí

La investigación también destaca la participación de Eitamar Barr, un empresario israelí vinculado a diversas contrataciones irregulares. Barr, identificado en registros oficiales con diferentes roles (asesor de ventas, particular interesado, representante de empresas israelíes), aparece como director de Issatec Technologies SA, una firma que recibió pagos millonarios del Ministerio de Seguridad sin justificación clara. Además, su nombre figura en los Panama Papers como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD.

Aumento descontrolado del gasto

El informe subraya que el uso de fondos del Ente Cooperador ACARA por parte del Ministerio de Seguridad creció un 1378% entre 2016 y 2019. Estos recursos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar pagos a Issatec y contratar servicios de consultoría sin justificación.

Además, la auditoría comprobó pagos adicionales fuera de convenio con Israel, como 325.000 dólares destinados a aumentar la altura de torres de vigilancia en el Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, evidenciando la inconsistencia del proyecto original.

Falta de respuesta oficial

El informe de la AGN, elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa, fue aprobado el 20 de noviembre de 2024, con una disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva. En sus conclusiones, la auditoría señala que la mayoría de los hallazgos se mantienen, ya que el Ministerio de Seguridad no logró justificar las irregularidades detectadas.

Desde el portal Ámbito intentaron obtener la versión de Patricia Bullrich y su equipo de comunicación, pero no obtuvo respuestas concretas. Por su parte, Eitamar Barr evitó responder a las consultas sobre su participación en las negociaciones.

La jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de la mayoría de los detenidos en la marcha de los jubilados, argumentando el ‘legítimo derecho a la protesta’ y señalando graves irregularidades policiales.

La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, ordenó la liberación inmediata de la mayoría de las personas detenidas en el Congreso de la Nación durante la Marcha por los Jubilados. La magistrada fundamentó su decisión en el “legítimo derecho a la protesta” y señaló graves irregularidades en el accionar policial.

En su fallo, la jueza destacó que “no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados”. Asimismo, mencionó que “fueron informadas como detenidas ciento catorce (114) personas en la órbita de la justicia de la Ciudad, por fuerzas policiales federales y de la Ciudad”.

Con especial énfasis, Andrade subrayó que “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades y a la libertad de expresión”. En esa línea, remarcó que estas libertades “adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores”.

La jueza recordó también que “los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna mediante la ley 27.700”.

Por otro lado, citó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/1985, que señala que “cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas”. Según esta postura, la libertad de expresión “requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento” y también garantiza “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

En ese sentido, Andrade subrayó que “la libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y criticar los actos de sus representantes”.

La jueza también recalcó que “en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.

El contundente fallo de la jueza Andrade se inscribe en la defensa de derechos fundamentales que, por más que a Milei y su junta les moleste, siguen vigentes.

La señal de noticias C5N capto el momento en que un policía arroja sospechosamente un arma en plena manifestación de jubilados. Mirá el video.

En medio de las reiteradas represiones que vienen sufriendo los jubilados durante sus protestas frente al Congreso, este miércoles se registraron nuevos incidentes que incluyeron un episodio escandaloso que generó indignación. Durante la manifestación, que contó con el acompañamiento de hinchas de diversos clubes de fútbol, se denunció que un efectivo policial intentó plantar un arma en medio del operativo.

El hecho quedó registrado en las cámaras del canal C5N, que transmitía en vivo los incidentes. En las imágenes se pudo observar cómo un uniformado dejó caer un arma de fuego y la pateó para posicionarla en el lugar donde se estaban produciendo los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Este hecho se sumó a la creciente tensión que se vive frente al Congreso, donde los jubilados vienen enfrentando una dura represión casi semanalmente mientras reclaman por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Por más que a Milei y su junta les moleste, la resistencia de quienes defienden sus derechos continúa creciendo, incluso con el respaldo de diversos sectores sociales que se suman a las protestas en rechazo al brutal ajuste económico que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.

Desde el inicio de la actual gestión de Gobierno, la motosierra y la licuadora recayeron con fuerza sobre los haberes jubilatorios, sector que también sufrió la represión en sus protestas, con un pico alcanzado en la manifestación de este miércoles.

La jubilación mínima en marzo se ubica en $279.121,71, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $349.121,71, que cobra casi el 70% de los incluidos en el sistema. La canasta básica para no ser pobre llega al millón de pesos.

Con la modificación de la fórmula de movilidad mediante el DNU 274/2024, el Gobierno aseguró que no perderían ingresos pero todo fue para peor. Al ajuste que sufrieron por la motosierra, que principalmente golpeó a jubilados, se suma el cambio en la fórmula que le agregó una pérdida del 7%. En total, perdieron un 30%. Milei lo hizo.

Los diputados Oscar Zago y Lisandro Almirón se agarraron a trompadas adentro del recinto mientras la Policía reprimía jubilados en la calle. En una maniobra muy turbia, el oficialismo logró salvar a Javier Milei de una comisión de juicio político.

El legislador del MID quería votar la ratificación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político, como pretendía el peronismo. Los libertarios lograron sacarlo de su banca entre provocaciones y agravios y se desató la trifulca. Rocío Bonacci, sentada junto a la periodista e increpada por Celeste Ponce y Lilia Lemoine, le arrojó un vaso de agua a la cosplayer.

En medio de la gresca, el presidente de la Cámara, Martín Menem, aprovechó para contar a los presentes y levantó la sesión por falta de quórum. Los libertarios, al borde de un ataque de nervios.

Mientras el reportero Pablo Grillo se encuentra en estado crítico tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno, la ministra libertaria lo descalificó y defendió la brutalidad policial.

La brutal represión desatada frente al Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas dejó un saldo alarmante: al menos 21 heridos y 150 detenidos. Entre las víctimas, el fotorreportero Pablo Grillo sufrió una herida grave en la cabeza tras el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal. Mientras Grillo lucha por su vida en el quirófano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lejos de condenar el accionar de las fuerzas bajo su mando, optó por descalificar a la víctima y justificar la violencia estatal.

“Es un militante kirchnerista y está preso”, sentenció Bullrich en LN+, reduciendo a Grillo a una etiqueta política y minimizando la brutalidad sufrida. La ministra no solo falseó la situación del fotógrafo, quien estaba trabajando al momento de ser atacado, sino que además no estaba detenido, sino hospitalizado en estado crítico.

La represión fue feroz y desmedida. Testigos relataron que la policía disparó indiscriminadamente contra los manifestantes, incluyendo a jubilados y periodistas que cubrían la movilización. “Vi que Pablo se cubría con unas maderas, como si fueran vallas. Luego lo vimos caer con un agujero en la frente”, contó el fotógrafo Juan Manuel Foglia. Las imágenes muestran cómo el gas lacrimógeno llovió sobre la multitud, dejando un saldo de varios heridos con traumatismos craneales y lesiones severas.

Lejos de retroceder, Bullrich utilizó el episodio para endurecer su discurso represivo. “Vinieron preparados para matar”, afirmó sin pruebas, asegurando que los manifestantes intentaban “tomar el Congreso”. Con esta estrategia, la ministra busca fabricar un enemigo interno para justificar el uso desmedido de la fuerza.

La violencia policial no se limitó al ataque contra Grillo. Una jubilada de 87 años también fue brutalmente golpeada por un agente de la Policía Federal. La mujer cayó desmayada en la vereda y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Argerich. Mientras tanto, los efectivos mantuvieron su cordón de seguridad sin brindar asistencia.

A pesar de los videos que documentan las agresiones policiales, Bullrich sostuvo que “se secuestraron armas de fuego y miguelitos”, insinuando un complot para desestabilizar al gobierno. La manipulación mediática alcanzó su punto álgido cuando un policía fue filmado dejando caer un arma en la plaza, un intento burdo de justificar la represión con pruebas plantadas.

El saldo de la jornada es aterrador: además de los 21 heridos, hay decenas de detenidos de manera arbitraria. Organismos de derechos humanos, como el CELS y la CTA Autónoma, denunciaron la detención ilegal de manifestantes y la violencia policial desatada contra ciudadanos que solo exigían mejores condiciones de vida para los jubilados. “Hay un nene y una nena alcanzados por gases. Hay un fotógrafo en estado crítico. Hay una jubilada golpeada por la policía. Esto es terrorismo de Estado”, denunció el CELS.

Lejos de retroceder, Bullrich prometió endurecer las medidas represivas, impulsando una “ley antibarras” que prohibiría la participación de hinchas de fútbol en manifestaciones públicas. Su mensaje es claro: cualquier oposición será catalogada como un peligro para la democracia y enfrentada con violencia estatal.

La represión del Congreso es un punto de inflexión. La estrategia de Bullrich de criminalizar la protesta y estigmatizar a las víctimas es una amenaza latente para la libertad de expresión y los derechos humanos en Argentina. Pablo Grillo, ahora en coma, es un símbolo de cómo el gobierno elige la violencia antes que el diálogo. La historia lo demostrará: el Estado no protege a sus ciudadanos, sino que los persigue, ataca y busca sacarlos de la ecuación de cualquier forma posible.