La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, fijó nuevos precios para los biocombustibles que comenzarán a regir en marzo, y que impactarán en el precio de la nafta y el gasoil.

El precio de los combustibles volverá a subir en marzo, sumando más presión al bolsillo de los consumidores. El Gobierno fijó un nuevo incremento en los valores de los biocombustibles, lo que impactará directamente en el costo de la nafta y el gasoil, que ya habían registrado aumentos a principios de 2025.

Este miércoles, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó a través de las resoluciones 29 y 30 en el Boletín Oficial un incremento del 2% en los valores del bioetanol de caña de azúcar y de maíz—que se mezclan con la nafta—y del biodiesel, utilizado en combinación con el gasoil. A pesar de que la suba puede parecer moderada, su impacto en el costo final de los combustibles será más amplio, elevando aún más los valores en los surtidores.

Así, desde el 5 de febrero, el precio del bioetanol de caña de azúcar quedó en $717,88 por litro y el de maíz en $657,96 por litro, mientras que el biodiesel pasó de $1.085.887 a $1.107.605 por tonelada. Con estos nuevos valores, las petroleras actualizarán sus precios, afectando tanto a conductores particulares como al transporte de bienes y servicios, lo que podría derivar en un efecto inflacionario en otros sectores de la economía.

A pesar de que el Gobierno nacional postergó hasta marzo la actualización del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) para mitigar el impacto en los precios, la petrolera YPF aplicó un aumento del 2% en sus combustibles desde el 1° de febrero. Así, en la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper ya se ubica en $1.151 y el de premium en $1.422, valores que podrían seguir escalando con la nueva suba en los biocombustibles.

Los biocombustibles se utilizan de manera obligatoria en un 12% en la nafta y el gasoil, lo que hace que cualquier ajuste en sus costos encarezca la producción y se traslade a los consumidores. Según la Ley 27.640, el biodiesel, elaborado a base de aceite de soja, representa el 7,5% de cada litro de gasoil, mientras que el bioetanol se divide en partes iguales entre el producido a base de caña y el de maíz.

Este nuevo incremento refuerza la tendencia alcista en los precios de los combustibles, generando preocupación en los consumidores que, mes a mes, ven cómo el costo de llenar el tanque sigue subiendo sin freno.

Diputados de Unión por la Patria (UxP) denunciaron judicialmente por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la eliminación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  y piden que se dicte la medida de “no innovar” para que el financiamiento siga vigente.

“No se puede seguir naturalizando que el Poder Ejecutivo atropelle las leyes consagradas por el Congreso Nacional como este y otros tantos casos”, sostuvo el legislador de UxP Daniel Gollán en sus redes sociales donde informó sobre la denuncia, reseñó La Política Argentina.

La demanda contra el jefe de los mnistros llega semanas después de que el Gobierno nacional decidiera, mediante la Resolución 10/25 de la Jefatura de Gabinete desconocer y cortar el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecido mediante la ley 27.614 y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en la 27.738.

En el mundo de la ciencia y la tecnología entraron en alarma ante la inminencia de un decreto de Javier Milei para desguazar el Conicet y darle un golpe letal a la investigación científica argentina.

Una reunión de días pasados entre Daniel Salamone, titular del Coniect, con Federico Sturzenegger despertó las alarmas entre los científicos. El decreto buscaría reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador y modificar su esquema de financiamiento. No hay país desarrollado que tenga una política contra la ciencia y la tecnología.

Así como hizo Carlos Menem con la educación, que transfirió a las provincias, se habla de la provincialización del organismo. El Conicet tiene más de 26.000 agentes incluyendo investigadores de planta, personal técnico/profesional y administrativos. Entre los científicos temen que una descentralización podría generar la pérdida del abordaje de problemas nacionales y estratégicos, fragmentando la capacidad de respuesta del organismo. La motosierra ahora va contra el desarrollo científico del país.

El gobierno de Milei justificó la salida de la OMS con un ahorro de 10 millones de dólares anuales, pero la medida podría comprometer la salud pública y la cooperación internacional.

El gobierno de Javier Milei ha decidido retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida que podría tener consecuencias devastadoras para la salud pública del país. El anuncio, realizado por el portavoz presidencial Manuel Adorni, se formalizará mediante un decreto que firmará el presidente. Esta decisión no es aislada: en un gesto que recuerda a la política de Donald Trump, quien también retiró a Estados Unidos de la OMS, Milei parece seguir una estrategia de confrontación con los organismos internacionales.

La medida, la primera de una serie de desvinculaciones que el gobierno libertario planea llevar a cabo, muestra una peligrosa inclinación a aislar al país de los foros internacionales. A través de esta acción, se abren interrogantes sobre el impacto en la salud de la población argentina, que podría verse privada de los recursos y la cooperación mundial en momentos de crisis sanitarias. ¿Realmente Milei cree que esta decisión ayudará a mejorar la situación económica del país? ¿O solo está buscando dar un golpe de efecto que, en el mejor de los casos, solo ponga en riesgo la salud de millones de argentinos?

Además, el gobierno parece justificar esta decisión con un argumento financiero, mencionando que ser miembro de la OMS le cuesta al país alrededor de 10 millones de dólares anuales. Pero en tiempos de ajustes y promesas de austeridad, ¿realmente esta medida contribuirá a reducir los costos del Estado o es solo una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas más urgentes?

Y en el plano internacional, surge una inquietud aún más grande. Con este paso, Milei parece apostar por una relación más estrecha con gobiernos de tendencia autoritaria, como el de Trump. Pero la verdadera pregunta es: ¿cree el presidente que con este tipo de medidas el FMI, con sus históricas exigencias, le otorgará nuevos desembolsos con decisiones como esta… ?

A pesar de que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el incremento de tarifas, repentinamente decidió dar marcha atrás culpando al ente regulador por el “error”.

En una nueva muestra de desorganización y contradicciones, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un incremento en las tarifas eléctricas de hasta un 12% para usuarios de ingresos bajos y medios. Sin embargo, tras el fuerte rechazo que generó la medida, apenas unas horas después decidió retroceder y justificó el cambio alegando un “error” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El martes 4 de febrero, el ENRE oficializó los nuevos cuadros tarifarios, reflejados en las Resoluciones 119 y 120/2025, que establecían subas superiores a las previamente anunciadas por el Gobierno. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los aumentos resultaban mucho más altos de lo esperado, lo que generó malestar entre los usuarios.

Ante la reacción negativa, la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, salió a aclarar que la resolución del ENRE había sido un “error” y que se corregirían los valores. Según el Gobierno, la reducción de subsidios para hogares de ingresos bajos y medios debía aplicarse de manera escalonada durante todo el año, y no de forma abrupta en febrero como indicaba el documento oficial.

Este episodio deja en evidencia la falta de coordinación dentro del Ejecutivo y plantea interrogantes sobre la transparencia en la toma de decisiones. ¿Nadie revisa lo que se publica en el Boletín Oficial? ¿O si pasaba, pasaba? ¿La medida se retrotrajo ante el escenario electoral?. Ahora, se espera una nueva resolución para definir qué pasará finalmente con el precio de la electricidad.

“¿Para qué mierda está el Ministerio de Seguridad? ¿Qué tienen en la cabeza?”, apuntó Alonso contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

El actor Diego Alonso, conocido por su papel de “El Pollo” en la serie Okupas, denunció la falta de acción del gobierno nacional ante los incendios que devastan la Patagonia. Apuntó especialmente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de negligente por viajar a Disney en medio de la crisis.

Alonso fue entrevistado en LN+ y ahí hizo su descargo contra Bullrich y el presidente Javier Milei. “El Ministerio de Seguridad, ¿para qué mierda está? ¿Después de esto cuántos años vamos a esperar para que se sepa quién fue el que lo hizo? Ellos no lo pueden averiguar pero si insultás a alguno de los políticos en las redes te cae la policía en tu casa”

Fuertes criticas a Bullrich

El actor también puntualizó en el rol de la ministra de seguridad quien tiene a su cargo el Plan Nacional de Manejo del Fuego: “Te fuiste a Disney para que se junten los ratones con los ratones, dejémonos de joder”, disparó Alonso en diálogo con El Destape Radio. También destacó que “sus nietos la recordarán por dejar quemar la Patagonia, no por ir a Disney”.

El actor perdió su casa en El Bolsón a causa del fuego y criticó duramente al presidente Javier Milei, a quien tildó de “gordito mamarracho que se la pasa en Twitter” y “paparulo”. Además, rechazó que el desastre sea solo consecuencia del cambio climático y denunció que los incendios fueron provocados intencionalmente con bombas molotov. “Después sabremos por qué, pero ahora lo urgente es ayudar”, concluyó.

El presidente argentino elimina la obligación de las empresas de transporte de verificar permisos de viaje de menores y certificados de residencia.

El gobierno de Javier Milei tomó una decisión que genera fuertes críticas por su impacto en la seguridad de los menores de edad y el riesgo de facilitar la trata de personas. La Dirección Nacional de Migraciones eliminó la obligación de las empresas de transporte de verificar los permisos correspondientes para el traslado de menores en servicios internacionales.

La medida, oficializada a través de la Disposición 166/2025 en el Boletín Oficial, establece que las compañías de colectivos de larga distancia, aerolíneas y transportes marítimos ya no deberán pedir ni verificar la documentación que compruebe la autorización de viaje de menores ni los certificados de residencia de personas extranjeras radicadas en Argentina.

A partir de febrero de 2025, esta responsabilidad recae exclusivamente en el personal de Migraciones en los puntos fronterizos. Las autoridades justificaron la decisión alegando que “las nuevas modalidades de contratación de transporte y el check-in remoto hacen necesario liberar a las operadoras de estos controles”.

Una medida que facilita la trata de personas

Organizaciones especializadas en derechos humanos y seguridad infantil alertaron sobre las graves consecuencias de esta decisión. Al eliminar el control preventivo por parte de las empresas de transporte, se reduce una barrera clave para evitar la salida ilegal de menores del país.

Si bien las familias seguirán necesitando un permiso judicial o de una autoridad competente para viajar con menores, la falta de verificación por parte de las empresas de transporte podría aumentar el riesgo de que adultos malintencionados saquen del país a menores sin los permisos correspondientes.

La situación se vuelve aún más delicada en rutas fronterizas de alto tránsito, donde el personal de Migraciones suele estar desbordado, lo que podría llevar a controles deficientes.

Antecedente preocupante

El sistema anterior, aunque imperfecto, ofrecía una doble capa de control: las empresas verificaban la documentación antes del abordaje y los agentes de Migraciones realizaban una segunda revisión en la frontera. Ahora, esa primera barrera desaparece, dejando a menores en una situación de mayor vulnerabilidad frente al tráfico ilícito de personas.

Expertos en seguridad migratoria subrayaron que “las redes de trata suelen aprovechar grietas en los sistemas de control” y que esta medida “es un retroceso peligroso en la lucha contra el tráfico y la explotación de personas”.

Esta decisión de Milei, que prioriza la desregulación en un área tan delicada como el control migratorio, vuelve a poner en evidencia la falta de criterio y sensibilidad frente a cuestiones de seguridad y derechos humanos.

En lugar de reclamar por la inacción del Gobierno Nacional y gestionar mejor sus propios recursos, el gobernador Ignacio “nacho” Torres afirma que los incendios son culpa de “personas del conurbano bonaerense”.

Mientras los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas en la Patagonia y los brigadistas luchan sin descanso contra el fuego, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en lugar de centrarse en gestionar soluciones reales, decidió desviar la atención con acusaciones infundadas. En un discurso carente de pruebas y con un tono que parece guionado por el macrismo, Torres responsabilizó a “gente del conurbano bonaerense” por el inicio de las llamas que afectan a la provincia.

Sin ofrecer evidencia alguna, el gobernador del PRO afirmó que los responsables de los incendios “se amparan en falsas banderas para cometer delitos y usurpar tierras”, en un burdo y evidente intento por criminalizar a habitantes de la provincia de Buenos Aires. En contraste, Torres aseguró que las comunidades mapuches y tehuelches locales apoyan su gestión, trazando una división sin sustento entre “los buenos” y “los malos”, sin más argumento que su propio discurso.

Lejos de asumir la responsabilidad de reforzar políticas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales, Torres optó por instalar una narrativa que apunta contra sectores específicos de la población. Su declaración se suma a una estrategia discursiva cada vez más frecuente en sectores de la derecha, que buscan estigmatizar al conurbano bonaerense y desviar la atención de las falencias de gestión y la crisis económica en que se halla el país.

Mientras tanto, los incendios continúan avanzando y la falta de recursos para combatirlos sigue siendo una problemática urgente. En vez de invertir esfuerzos en coordinar ayuda efectiva y reforzar medidas de protección ambiental, el gobernador prefiere apelar a teorías sin pruebas y alimentar discursos de división con claro tinte de oportunismo político, sin aportar soluciones concretas a la crisis que enfrenta Chubut. Por su parte, lejos de colaborar con la provincia, desde el gobierno nacional continúan insistiendo en que no hace falta defender al medioambiente y que la agenda ecológica es parte del movimiento “woke” con el que Javier Milei busca librar una “batalla cultural”.

Por octava vez desde que inició su mandato, el presidente Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para participar de una nueva cumbre conservadora yanqui de la CPAC.

Argentina enfrenta una crisis sin precedentes con la mitad del país sumido en la oscuridad debido a apagones masivos y vastas regiones afectadas por incendios forestales que arrasan comunidades y ecosistemas. Sin embargo, ante la desesperación de miles de ciudadanos, el gobierno nacional permanece inactivo, sin ofrecer soluciones ni recursos para contener la emergencia. En este contexto crítico, el presidente Javier Milei ha decidido, por octava vez desde el inicio de su mandato, abandonar el país para asistir a una cumbre ideológica de grupos conservadores en Estados Unidos que no reportan ningún beneficio económico para Argentina.

El jefe de Estado libertario viajará nuevamente el 19 de febrero a Washington DC para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en un intento por consolidarse como un referente de la derecha internacional. Mientras tanto, brigadistas y voluntarios luchan contra los incendios con recursos insuficientes y millones de argentinos padecen cortes de luz sin respuestas del gobierno que solo pide aguantar y no usar aire acondicionado.

Desde la Casa Rosada no descartan que Milei busque reunirse con figuras clave del gobierno republicano, incluyendo a Donald Trump y al empresario Elon Musk, a quien ha defendido recientemente de críticas internacionales. En su primera actividad oficial tras regresar de un viaje previo a EE.UU., Milei aprovechó un acto por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto para volver a respaldar a Musk y elogiar a Trump, dejando en claro sus prioridades políticas.

Mientras el país sufre apagones y crisis ambientales sin respuestas oficiales, Milei ha utilizado su plataforma en redes sociales para atacar al progresismo y reforzar su alineamiento con sectores ultraconservadores. En una publicación reciente, defendió a Musk y lanzó amenazas contra sus opositores con mensajes cargados de agresividad ideológica. La falta de acción gubernamental frente a la crisis interna, contrastada con su constante atención a la política internacional de derecha, ha profundizado la indignación en amplios sectores de la sociedad.

Para este 2025, Milei también tiene previsto otro viaje internacional, esta vez a Israel en marzo, donde recibirá el “Premio Nobel Judío” por su apoyo al régimen genocida de Israel. Así, mientras el país enfrenta múltiples crisis sin liderazgo ni respuestas concretas, el presidente continúa priorizando su agenda personal en el extranjero, dejando a la deriva a los argentinos que sufren las consecuencias de su inacción.

La idea que se maneja es que se deje de fabricar vehículos en la Argentina y que se comience a importar directamente desde México.

La crisis en la industria automotriz argentina se profundiza con la inminente salida de Nissan del país. La automotriz japonesa se suma a una creciente lista de empresas que achican sus plantas, suspenden proyectos o directamente abandonan Argentina ante la falta de políticas productivas y un contexto económico adverso.

La planta de Santa Isabel en Córdoba, donde se fabrican las pickups Nissan Frontier y Renault Alaskan, se encuentra en una situación crítica. Según información proveniente de autopartistas y del sindicato SMATA, el fin de la producción de Nissan en Argentina parece inevitable. La imposibilidad de competir con los costos de México y Brasil, la nula estabilidad macroeconómica, la apertura indiscriminada de importaciones y la falta de una estrategia industrial clara han sido factores determinantes en la decisión de la automotriz de cesar su actividad en el país el 31 de diciembre de 2025.

El impacto es devastador para el empleo: 600 trabajadores de la planta de Santa Isabel verán comprometidos sus puestos de trabajo. La cancelación del Proyecto H60E, que contemplaba una inversión de 200 millones de dólares para la producción de nuevos modelos en Argentina, aceleró la decisión de Nissan de abandonar la producción local. Mientras tanto, el proyecto seguirá adelante en México y Tailandia, dejando al país fuera del mapa productivo de la marca.

La producción de la pick-up Frontier/Navara y su gemela Renault Alaskan lleva meses en crisis, con reducciones drásticas en la producción: de 35 mil unidades anuales a solo 12 mil. El plan original de 2017 contemplaba la fabricación de tres pickups en Santa Isabel, pero la cancelación de la Clase X de Mercedes-Benz, sumada a la baja demanda, profundizó la crisis. Con la retirada de Nissan, Renault quedaría con el control total de la planta, aunque la continuidad de sus propios modelos Logan, Sandero y Stepway también es incierta, dado que la producción en Brasil de estos vehículos ya se encuentra en su fase final.

El retiro de Nissan no es un hecho aislado, sino parte de una crisis generalizada en la industria automotriz argentina. La combinación de políticas erráticas, costos elevados y falta de previsibilidad está empujando a las grandes automotrices a reducir o eliminar su presencia en el país. En Santa Isabel, el clima laboral es tenso, con personal suspendido y programas de actividad reducidos, que contemplan semanas enteras sin producción y suspensiones rotativas. El gremio SMATA ya ha tomado medidas de fuerza y ha advertido sobre las consecuencias de este colapso.

El caso de Nissan es un reflejo de lo que está ocurriendo en toda la industria automotriz argentina. Las terminales y autopartistas están en crisis, con recortes de personal, cierre de proyectos y reducción de inversiones. Sin una estrategia industrial clara, el país está perdiendo su capacidad productiva en un sector clave para la economía y el empleo. La incertidumbre reina en el sector, y el futuro de la producción automotriz en Argentina es cada vez más sombrío.