Insultos y golpes de puño marcaron una sesión en la que se intentaba limitar los superpoderes de Javier Milei. Martín Menem la levantó para frenar el debate.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que había comenzado con la aprobación de la emergencia para Bahía Blanca, terminó en un escándalo cargado de gritos, empujones y hasta golpes de puño entre legisladores del oficialismo y sus aliados. El detonante fue la decisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, de impedir el tratamiento de dos emplazamientos impulsados por el bloque de Unión por la Patria (UP).

En medio del caos que reinaba en las inmediaciones del Congreso por la brutal represión contra jubilados, puertas adentro del recinto se vivieron escenas de tensión cuando la diputada Victoria Toloza Paz presentó dos iniciativas: la normalización de la Comisión de Juicio Político con Marcela Pagano como titular y la derogación de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó a Javier Milei en la Ley Bases. Ambas propuestas despertaron la furia del bloque libertario, que intentó boicotear la votación.

Sin embargo, un grupo de exlibertarios, liderado por Oscar Zago, junto a las diputadas oficialistas Pagano y Rocío Bonacci, decidieron permanecer en sus bancas para habilitar el debate, desatando la ira del resto del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Entre gritos e insultos, los libertarios exigieron que se levantaran para impedir el quórum. Ante la negativa, las diputadas fueron agredidas con agua. “Nos tiraron agua por pedirles que se levanten, esto es imperdonable”, denunció la diputada Celeste Ponce en redes sociales.

El escándalo escaló cuando Zago y el diputado libertario Lisandro Almirón se enfrentaron a golpes en los pasillos del Congreso. Almirón responde directamente a Martín Menem, quien se opone a que Pagano asuma la titularidad de la Comisión de Juicio Político.

La reacción de Menem fue inmediata: paralizó la sesión bajo el argumento de la falta de quórum, aunque el tablero registraba 128 presentes. Aprovechando la confusión, Menem dio por concluida la sesión y abandonó el recinto, desatando la indignación de los diputados de UP, entre ellos Máximo Kirchner, Carlos Castagneto e Itai Hagman, quienes le reclamaron que permitiera continuar con el debate.

La escena dejó en evidencia el desorden que domina al bloque oficialista y el escaso margen de maniobra que tiene el gobierno para frenar el debate parlamentario sin recurrir a maniobras desesperadas.

El proyecto proponía que los tres niveles del Estado coordinaran acciones inmediatas para asistir a los afectados, poniendo a disposición todos los recursos necesarios. Además, planteaba la creación de un Comité de Emergencia con la participación de especialistas.

En un episodio bochornoso y revelador de la falta de sensibilidad, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se unieron para impedir el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la emergencia en Bahía Blanca y establecer un plan integral de asistencia a las miles de familias afectadas por el devastador temporal del 7 de marzo.

La iniciativa, impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), proponía que los tres niveles del Estado coordinaran un plan de emergencia que asegurara la movilización inmediata de recursos y medidas concretas para atender la crisis. Entre sus puntos clave, el proyecto establecía la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por vecinos, trabajadores afectados, especialistas de organismos científicos como el CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales y la comunidad organizada. El objetivo de este comité era no solo responder a la emergencia inmediata, sino también implementar estrategias de prevención y reconstrucción a mediano y largo plazo, abordando las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales del desastre.

A pesar de la urgencia y la gravedad de la situación, los legisladores de LLA y el PRO decidieron bloquear el tratamiento del proyecto, priorizando su agenda política por encima de la necesidad de miles de personas que aún lidian con la destrucción de sus hogares y la pérdida de bienes esenciales. Este accionar provocó un fuerte repudio dentro y fuera del recinto.

La diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una coordinación efectiva de proyectos de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Sin embargo, Menem, lejos de mostrar la mínima preocupación ante la catástrofe, respondió con una frialdad alarmante: “Este es el juego de la Cámara de Diputados. Se vota o no se vota.”

Las palabras del presidente de la Cámara y la postura del PRO y LLA desataron indignación tanto entre legisladores como en la sociedad, que ve cómo el Congreso se convierte en un campo de batalla político en lugar de un espacio para resolver las urgencias del país. Mientras la oposición se enreda en maniobras para bloquear soluciones, las familias de Bahía Blanca siguen esperando la ayuda que les fue negada en el recinto.

Bajo un absoluto secretismo sobre el monto y las condiciones, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 por el cual busca el auxilio urgente del organismo multilateral de crédito.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para establecer un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca obtener fondos frescos de manera urgente, en un contexto en el que las reservas del Banco Central se desploman día a día debido a la intervención oficial para sostener un tipo de cambio cada vez más difícil de mantener.

El Gobierno justifica la firma del decreto en la necesidad de fortalecer la posición financiera del Banco Central, que aún arrastra reservas netas negativas y carece de acceso a financiamiento externo. Según el documento, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, se aplicó un fuerte ajuste fiscal, logrando reducir la inflación interanual del 211,4% en diciembre de 2023 al 2,2% en enero de 2025. Sin embargo, la reactivación económica sigue sin materializarse, y la pobreza, aunque en descenso, se mantiene en niveles críticos.

El FMI como salvavidas financiero del gobierno de Milei ¿O salvavidas de plomo?

El DNU detalla que el nuevo programa con el FMI permitirá:
✅ Cancelar deuda del Tesoro con el BCRA, liberando al Banco Central de la carga de letras intransferibles.
✅ Cubrir pagos de deuda del acuerdo firmado en 2022, evitando un default con el organismo.
✅ Refuerzos de reservas para contener la crisis cambiaria y reducir el riesgo país.
✅ Flexibilización del mercado cambiario, con el objetivo de comenzar a desmontar el “cepo”.

A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo de que las reservas aumentaron en USD 7.000 millones desde la llegada de Milei, los analistas advierten que el Banco Central sigue perdiendo divisas a diario para contener la disparada del dólar, lo que torna insostenible el esquema actual.

Fondos frescos, pero sin precisiones sobre el monto final

El DNU evita especificar el monto total del nuevo endeudamiento, lo que ha desatado especulaciones en el mercado. Según informes privados, la cifra podría oscilar entre USD 5.000 y USD 20.000 millones, con al menos USD 8.000 millones como fondos nuevos. Sin embargo, ni el decreto ni el Ministerio de Economía han brindado detalles sobre los intereses que deberá pagar el país por este nuevo salvataje.

Desde el gobierno defienden la decisión de no revelar detalles, argumentando que “discutir públicamente el acuerdo con el FMI podría generar volatilidad en los mercados”. Sin embargo, la oposición y algunos analistas cuestionan la falta de transparencia y advierten que el endeudamiento, sumado a la falta de reacción económica, podría comprometer aún más la estabilidad del país en el mediano plazo.

Mientras el gobierno busca cerrar este acuerdo clave, la pregunta sigue abierta: ¿serán suficientes estos fondos para evitar una nueva crisis, o solo postergarán el problema sin resolverlo de fondo?

Nadie la ve, excepto el presidente Javier Milei y sus trolls (pagos por el propio gobierno). Ahora, la prestigiosa consultora Manpower, especializada en empleo, ubicó a la Argentina en el último lugar en un ranking de expectativas de generación de puestos de trabajo.

Según la consultora, el país tiene “0% de expectativas” de crear trabajo y está tan mal como Perú, Guatemala, Puerto Rico o Panama.

Como Mauricio Macri en el pasado, el libertario Milei prometió una revolución de empleo que vendría gracias al ajuste fiscal, la desregulación y el endeudamiento externo. Esas recetas nunca dieron resultado en el país y parece que esta vez no será la excepción.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció desde Bahía Blanca una ayuda de 273.000 millones para normalizar el funcionamiento de esa ciudad tras la inundación que dejó como saldo 16 fallecidos. Es un monto 30 veces superior a lo propuesto por Javier Milei para la misma tragedia. Casa Rosada destinó solo 10 mil millones. Para los libertarios primero está el FMI…

“Esto no fue ni un castigo bíblico, ni una película de terror. Sino producto del cambio climático”, dijo Kicillof para empezar a marcar contrastes con Javier Milei y en alusión a la postura que del Gobierno nacional en materia ambiental.

“Sin obra pública no hay solución a un tema como este. La respuesta a esta catástrofe es Estado presente y obra pública. Tenemos que tener un respuesta desde el Estado”, destacó en un mensaje al gobierno nacional que transfirió apenas 10.000 millones muy lejos de los 400.000 millones que costará la reconstrucción de la ciudad.

El gobernador bonaerense detalló 10 inversiones que realizará su gestión en Bahía Blanca, al tiempo que le pidió al Gobierno Nacional un compromiso mayor.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un ambicioso plan de reconstrucción para Bahía Blanca con una inversión de más de $273.000 millones, destinada a restaurar la infraestructura urbana y atender las necesidades de la población tras el devastador temporal del 7 de marzo.

Acompañado por el intendente Federico Susbielles y parte de su gabinete, Kicillof destacó que la obra pública será clave para recuperar la ciudad y garantizar su desarrollo futuro. “La reconstrucción de Bahía Blanca requiere inversiones extraordinarias, y desde la provincia estamos tomando la iniciativa con un plan integral que abarca desde infraestructura vial y sanitaria hasta asistencia directa a las familias afectadas”, afirmó el mandatario.

Así como estuvimos presentes desde el primer momento a través de todas las áreas de Gobierno para acompañar a los vecinos afectados por la catástrofe climática en Bahía Blanca, hoy iniciamos una etapa de normalización con diez medidas que anunciamos junto al intendente… pic.twitter.com/JoGzdzcZ3m

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 11, 2025

Un plan de infraestructura sin precedentes

La inversión anunciada contempla obras estratégicas para la ciudad, entre ellas:

• Reconstrucción del Canal Maldonado: Con un presupuesto de $80.000 millones, esta obra se pondrá en marcha de inmediato para mitigar riesgos de futuras inundaciones.
• Reparación de puentes sobre el Canal Maldonado: Se destinarán $15.000 millones para asegurar su funcionamiento y seguridad.
• Reparación de infraestructura urbana: Se creará un fondo especial de $75.000 millones para restaurar calles, alumbrado y servicios esenciales.
• Inversiones en pavimentación, desagües y alumbrado público: A través de OPISU, se invertirán $8.000 millones en mejoras urbanas.
• Reparación del Hospital Penna: Con $22.000 millones, se rehabilitarán sus instalaciones para garantizar una atención médica de calidad.

Medidas complementarias para la recuperación

Junto a la inversión en infraestructura, el gobierno bonaerense implementará un paquete de asistencia económica y social que incluye:

• Líneas de crédito blando del Banco Provincia para familias y comercios, con montos de hasta $10 millones para viviendas y $40 millones para empresas.
• Beneficios impositivos, con exención del impuesto inmobiliario urbano por un año y descuentos en el impuesto automotor.
• Subsidios no reembolsables de $800.000 para hogares de menores ingresos, beneficiando a 33.000 familias.
• Transporte público gratuito por 30 días para los ciudadanos afectados.

Un llamado al Gobierno Nacional

Durante el anuncio, Kicillof instó al presidente Javier Milei a destinar parte del nuevo acuerdo con el FMI a la reconstrucción de Bahía Blanca. “El Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad y trabajar junto a la provincia en la recuperación de la ciudad”, sostuvo.

Con esta fuerte inversión, la provincia de Buenos Aires busca no solo reparar los daños causados por la catástrofe, sino también fortalecer la infraestructura de Bahía Blanca para evitar futuras emergencias y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Mientras el gobierno presenta una reducción significativa de la pobreza, los datos de la UCA sugieren que esta recuperación es, en el mejor de los casos, parcial y engañosa.

En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei aseguró que su gestión logró que diez millones de personas salieran de la pobreza. Para respaldar su afirmación, citó a instituciones como la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica Argentina (UCA), argumentando que la pobreza, en términos de ingresos, había descendido del 56% al 33% en un semestre.

Sin embargo, los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentan un panorama mucho más complejo y matizado. Si bien confirman que la pobreza descendió en los últimos meses, también advierten que esta caída se debe a la corrección de un pico generado en el primer trimestre de 2024, en un contexto de devaluación, liberalización de precios y fuerte ajuste fiscal. Al observar indicadores más amplios, el informe enfatiza que la pobreza multidimensional —que mide acceso a salud, educación, empleo digno, alimentación, servicios y vivienda— aumentó interanualmente del 39,8% al 41,6%.

Este dato contradice directamente la narrativa oficial. Según el investigador de la UCA Juan Ignacio Bonfiglio, el cálculo gubernamental de pobreza se basa únicamente en los ingresos de los hogares y si estos alcanzan para cubrir una canasta básica. Sin embargo, advierte que un hogar puede superar este umbral sin garantizar el acceso a una alimentación adecuada, medicamentos o atención médica. Estas privaciones estructurales, según la UCA, no solo no se han reducido, sino que han empeorado en 2024.

Precarización en aumento

Otro punto que genera dudas sobre la supuesta mejora es la calidad del empleo. Aunque el informe de la UCA reconoce una recuperación en los niveles de ocupación, esta se ha dado principalmente en el sector informal y precario. La cantidad de trabajadores pobres creció al 29% en el tercer trimestre de 2024, por encima del 28,1% del mismo período de 2023, y los trabajadores sin aportes jubilatorios aumentaron del 35,8% al 36,7%.

Asimismo, el informe resalta que los niveles de consumo no reflejan una mejora real en el bienestar de la población. Mientras el gobierno destaca la reducción estadística de la pobreza e indigencia, la UCA subraya que persisten altos niveles de inseguridad alimentaria, dificultades para pagar deudas y para acceder a vivienda y servicios básicos. De hecho, el porcentaje de la población con al menos una carencia creció del 67,1% al 67,5%, y aquellos con tres o más carencias pasaron del 28,2% al 29,5%.

Pobre infantil e inseguridad alimentaria

El impacto sobre la infancia es aún más alarmante. La pobreza en niños, niñas y adolescentes alcanzó el 65,5% en el tercer trimestre de 2024, la cifra más alta en 20 años si se excluye el pico registrado durante la pandemia. La inseguridad alimentaria infantil también creció, afectando al 35,5% de los menores de 17 años, un dato que contradice la supuesta mejora en las condiciones de vida de la población.

En síntesis, mientras el gobierno presenta una reducción significativa de la pobreza, los datos de la UCA sugieren que esta recuperación es, en el mejor de los casos, parcial y engañosa. La mejora en los indicadores de pobreza por ingresos no se traduce en un mayor bienestar, ya que las condiciones estructurales de desigualdad y precarización persisten e incluso se han agravado. La contradicción entre el relato oficial y la realidad que muestran los informes de la UCA expone la necesidad de un análisis más profundo sobre la situación social del país.

El periodista Carlos Pagni reveló un escándalo que sacude a la Aduana y genera serias sospechas sobre el manejo de privilegios en el gobierno de Javier Milei. ¿Que había en las valijas no declaradas?.

El periodista Carlos Pagni reveló un escándalo que sacude a la Aduana y genera serias sospechas sobre el manejo de privilegios en el gobierno de Javier Milei. Según su denuncia, una orden “de arriba” habría impedido que se inspeccionara el equipaje de Laura Belén Arrieta, una militante libertaria vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), quien aterrizó en un vuelo privado proveniente de Miami con una cantidad indeterminada, pero considerable, de valijas y bultos de contenido desconocido.

De acuerdo con Pagni, las autoridades de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estaban preparadas para realizar un control, pero recibieron la instrucción de no intervenir. “Una orden superior dijo ‘no hay que mirar nada acá’”, aseguró el periodista, quien también advirtió que dentro de la Aduana dan el hecho por cierto y existe preocupación por la gravedad del episodio.

Este escándalo ya está siendo comparado con el caso Antonini Wilson, el empresario venezolano apañado por los Estados Unidos, que intentó ingresar ilegalmente un maletín con 800.000 dólares en 2007, lo que desató un conflicto internacional. La falta de control sobre las valijas de Arrieta y la intervención de órdenes superiores despiertan interrogantes críticos: ¿qué traía en su equipaje? ¿Quién garantizó su paso sin inspección? ¿Se trata de un caso de tráfico de dinero o bienes irregulares?

Hasta el momento, el gobierno no ha dado explicaciones sobre este hecho, pero la denuncia de Pagni podría marcar el inicio de una investigación con impacto político.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos, reafirmo la filosofía libertaria y le quitó responsabilidad al Gobierno Nacional en la reconstrucción de la ciudad bonaerense devastada tras el fuerte temporal.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a dejar en claro la postura del Gobierno de Javier Milei respecto al rol del Estado, afirmando que este no debe involucrarse en la reconstrucción de Bahía Blanca tras el fuerte temporal que dejó graves destrozos en la ciudad bonaerense. En línea con la filosofía libertaria del oficialismo, insistió en que la obra pública debe quedar en manos del sector privado y que la administración nacional solo “acompañará en lo que pueda”.

“El Presidente fue muy claro: el Estado no debe hacerse cargo de las obras, sino los privados”, sentenció Francos en diálogo con Radio La Red, desligando a la Nación de cualquier obligación directa en la recuperación de la ciudad. Según su visión, la reconstrucción corresponde exclusivamente a la provincia de Buenos Aires y al municipio de Bahía Blanca, quienes deben presentar un plan concreto para afrontar la emergencia.

Si bien el Gobierno Nacional realizó una transferencia inicial de $10 mil millones en respuesta a un pedido del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la cifra representa una fracción de los daños estimados en $400 mil millones, según el intendente Federico Susbielles. Sobre la posibilidad de más ayuda, Francos se limitó a señalar que “no hay un monto establecido”, dejando en el aire el nivel de compromiso de la Nación en la reconstrucción.

Doble discurso en el manejo de recursos

Mientras el Gobierno sostiene que el Estado debe retirarse de la obra pública y que la reconstrucción de Bahía Blanca debe depender de fondos provinciales, municipales y del sector privado, destina multimillonarios recursos para subsidiar un dólar barato a expensas de las arcas publicas. Esta medida, contrasta con la falta de apoyo a la infraestructura crítica de una ciudad golpeada por la catástrofe.

La negativa a asumir la responsabilidad en la reconstrucción es una consecuencia directa de la política de ajuste del Gobierno, que busca reducir la participación estatal en todos los ámbitos, incluso en momentos de crisis. Pese a la magnitud de los daños y la urgencia de las obras, la administración de Milei se mantiene firme en su postura de que la inversión en infraestructura debe recaer en el sector privado, reforzando la idea de que el Estado debe ser desmantelado en todas sus funciones, sin excepciones.

Un nuevo gigante petrolero se suma al éxodo de empresas que abandonan el país a pesar de la narrativa del gobierno de Javier Milei. La multinacional Raizen inicio el proceso de venta de sus activos en el país. La empresa sociedad del holding brasileño Cosan y la angosajona Shell contrató a J.P Morgan para valuar y liquidar sus activos en el país. 

Lo concreto es que Raizen busca desprenderse de la refinería Dock Sud, la más antigua de Argentina con una capacidad de procesamiento de 100.000 barriles diarios; y de toda la red de estaciones de servicio, las poco más de 700 que operan bajo la marca Shell que representan el 18% de las ventas de combustible en el país. 

No es la primera empresa multinacional que se va por las políticas de Milei: ya lo hicieron ExxonMobil, HSBC, Mercedes-Benz, Equinor y pronto lo hará Telefónica. ¿No era un gobierno pro inversiones?